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Andrés Gaudin. 27 Mar, 2008
Desaparecen autores y testigos de violaciones a derechos humanos
Asesinatos, suicidios inducidos, secuestros, cientos de amenazas de muerte, ocultación de testigos y pruebas, son parte del arsenal que los sectores militares de ultra derecha, vinculados a la última dictadura argentina (1976-83), están desplegando para obstruir los juicios por violación a los derechos humanos y la comparecencia de declarantes que podrían sellar su suerte en los estrados judiciales.
“Lo que está ocurriendo es aterrador y hay
que verlo en conjunto: en una prisión sacaban a pasear a un ex jefe
policial, asesino, porque dicen que estaba deprimido; de López nunca se
supo nada; la Armada envenenó a uno de los suyos, y ahora hay un
‘suicidio’ en un hotel militar. Al parecer, a esta gente no le hacen
mella ni la democracia ni el discurso oficial”, dijo Claudio Pandolfi,
abogado de las familias de dos víctimas de la represión policial.
Un
aluvión de hechos registrados o conocidos en las últimas semanas es lo
que preocupa a Pandolfi y a los organismos defensores de los derechos
humanos, y ha puesto en estado de alerta a la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, titular de un gobierno que ha hecho de la
defensa de los derechos humanos una cuestión de Estado.
Mensaje macabro
El
10 de diciembre del 2007 apareció muerto en su celda de un presidio
militar el ex prefecto de guardacostas Héctor Febres, sindicado como
uno de los más sádicos represores de los años de dictadura y figura
central en el tráfico de niños nacidos en cautiverio. Lo habían
envenenado con una dosis de cianuro. Ese día —y para muchos analistas
fue un mensaje más que una casualidad— Fernández de Kirchner asumía la
presidencia.
En más de una ocasión Febres había dicho a sus
familiares que se sentía abandonado por sus compañeros de armas, lo que
les hizo temer a éstos que, a la hora de testimoniar en la causa por la
apropiación de bebés nacidos en cautiverio —debía hacerlo el 13 de
diciembre, tres días después que apareciera muerto—, pudiera ventilar
los nombres de otros oficiales implicados en ese y otros delitos.
“Por
temor a la delación de muchos de sus pares, sus carceleros optaron por
darle a Febres un tratamiento especial: no estaba alojado en una celda
sino en un apartamento con cocina, teléfono celular, dos computadoras,
televisor y videocasetera, y hay fotos que lo muestran veraneando,
junto a su esposa, en una playa de la costa atlántica”, denunció la
presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Menos
de tres meses después, el 25 de febrero, apareció muerto en un hotel de
la Fuerza Aérea el teniente coronel del Ejército Paul Alberto Navone.
Al igual que Febres, debía declarar ante un juez tres días después,
también por una causa vinculada con el tráfico de bebés en un hospital
militar del interior del país. La Justicia sigue investigando la causa
de su muerte.
http://www.noticiasaliadas.org/article.asp?lanCode=2&artCode=5555
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