Proyecto Desaparecidos: Notas

Nuncamas.org vuelve a la red

2008-05-04T16:08:33Z

El sitio http://www.nuncamas.org/ está funcionando nuevamente.

Arg - Puthod: "Volví a revivir lo que había vivido 32 años atrás"

2008-04-30T17:52:42Z

donde fue tratado por su estado de salud debido a sus problemas diabéticos y cardíacos. Previo a prestar declaración ante el fiscal Martín Socca, quien investiga el caso, dio detalles sobre su secuestro. Luego, dará una conferencia de prensa. “Estoy tranquilo. Vivo. Era mi gran preocupación”, afirmó el dirigente de derechos humanos, Juan Puthod, en declaraciones a Radio 10. Y agregó: “Volví a revivir lo que había vivido hace 32 años atrás”. El dirigente de los derechos humanos, Juan Puthod, abandonó esta mañana una clínica privada de Zárate, Puthod dio detalles sobre el secuestro: “Me pegaron. Estoy bien. Fue un golpe de entrada, después el trato fue bueno”. “Me vino todo a la memoria. un momento muy jodido para mi, para mi familia, para todo el mundo”, confesó el dirigente de derechos humanos. Y agregó: “El único temor era que me mataran”. Finalmente, relató que antes de este episodio ya había recibido amenazas. Puthod abandonó a las 9.50 la clínica "La Virgen del Carmen" y se dirigió a la Casa de la Memoria, en Pinto 869 de Zárate, y de allí se trasladó a la Fiscalía. Tras declarar ante el fiscal ofrecerá una conferencia de prensa, en la citada Casa de la Memoria. http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=102690&id=224874&dis=1&sec=1

CCR Demands Release of Homeland Security Report on Rendition Victim

2008-04-30T17:40:35Z

One Page "Summary" of Report Called "Absurd" WASHINGTON, DC - April 28 - Today, the Center for Constitutional Rights (CCR) sent a formal letter to the Office of the Inspector General (OIG) of the Department of Homeland Security (DHS) in response to the single page Unclassified Summary of the OIG’s report released on the case of Maher Arar, the Canadian citizen and rendition victim sent by the United States to be tortured in Syria more than five years ago. The letter states, “More than four years since the OIG inspection began, the release of the one-page Unclassified Summary is wholly inadequate,” especially as compared to the Canadian public inquiry, which released two public reports after a lengthy investigation. Citing an article in Harper’s magazine, the letter further states that the delay of the OIG report’s release has been reportedly “due to efforts by very senior Department of Justice (DOJ) officials to suppress it, under the pretext that it would harm defending against Mr. Arar’s case, but more pointedly because it would expose ‘serious misconduct’… The continued delay in releasing Report OIG-08-18 calls into serious question the independence of the DHS OIG.” Mr. Arar said, “By suppressing the Report and issuing one page of publicly available information, this U.S. administration adds insult to injury. This ‘summary’ raises more questions than answers about the government’s behavior, and does not answer the central question— why I was sent to Syria to be tortured. ” [Mr. Arar will not be speaking to the press.] “This so-called summary is absurd: once again, the U.S. is covering up illegal acts and preventing those responsible from being held accountable,” said Maria LaHood, Senior Staff Attorney at the Center for Constitutional Rights. “We demand that the full report of the Inspector General be made public in the name of transparency and justice.” For more on Mr. Arar’s case, go to www.ccrjustice.org and enter the search term “Arar.” The Center for Constitutional Rights is dedicated to advancing and protecting the rights guaranteed by the United States Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Founded in 1966 by attorneys who represented civil rights movements in the South, CCR is a non-profit legal and educational organization committed to the creative use of law as a positive force for social change.

EU rendition flight appeal rejected

2008-04-30T17:33:04Z

The government has rejected calls from Europe's human rights watchdog to step up efforts to prevent American "rendition" flights using Irish airports. The call came in a report published by the Council of Europe's Human Rights Commissioner Thomas Hammarberg. He urged Dublin to "take effective measures" to prevent "extraordinary renditions" taking place "through Irish territory and airspace". But in a formal response to the report, the Irish government rejected the need for more pro-active checks, saying "categoric" US assurances of no rendition flights using Irish territory are enough. http://ukpress.google.com/article/ALeqM5gx55JKQxlXSiWBRBMQu1i-p3_ZZQ

Corte analizará caso de desaparición forzada en Guatemala

2008-04-30T17:30:04Z

Guatemala, 30 abr (PL) Organizaciones guatemaltecas presentarán hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la detención ilegal y desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija, ocurrida hace 18 años en el departamento de Quiché. El 29 de agosto de 1990 efectivos del ejército y miembros de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil llegaron a la comunidad de Santa Clara, en el municipio de Chajul, y capturaron a 86 personas. Los detenidos fueron trasladados a la base militar en Santa María Nebaj, donde fueron vistas por última vez las dos mujeres, de las cuales no se ha vuelto a tener noticias. “Este caso será llevado a la Corte por la falta de acceso a la justicia en Guatemala”, declaró a Prensa Latina el dirigente del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto. El coordinador del Programa de Justicia y Reconciliación de CALDH lamentó que más del 99 por ciento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno no hayan sido investigados. Uno de los ejemplos más palpables -dijo- es que de las 900 exhumaciones realizadas, sólo los responsables de dos o tres crímenes han sido condenados, lo cual demuestra el nivel de impunidad con respecto a las violaciones de los derechos humanos. Esta situación ha llevado a los familiares de las víctimas y entidades defensoras de las prerrogativas ciudadanas a recurrir a otras instancias, afirmó Soto. La Corte se encuentra reunida esta semana en Honduras, y además del caso de Guatemala, analizará la detención ilegal de Juan Carlos Bayarri, ocurrida en 1991 en Argentina, y el secuestro y asesinato a manos de militares del indígena colombiano Escué Zapata. http://www.prensa-latina.cu/article.asp?ID=%7BCBB922C2-B1FE-4760-9EC4-4C2A74656C23%7D) acl/car

Arg - Las hipótesis que siguen por la desaparición de Puthod

2008-04-30T17:24:51Z

Vanina es hija del dirigente de derechos humanos cuyo paradero se desconoce desde ayer. En diálogo con Radio 10 contó que su papá tenía una afección cardíaca, pero cree que el hecho puede estar relacionado con su militancia Sus familiares confirmaron que no saben nada de Evaristo desde ayer a las 18, cuando tendía que asistir a un programa de radio, "pero nunca llegó". Sobre el estado de salud del militante en derechos humanos, indicó que sufre de una afección al corazón y que, por ese motivo, "siempre se mantiene comunicado". Vanina, su hija, dialogó con Radio 10 e hizo saber que los investigadores trabajan en distintas hipótesis. Aunque no quiso profundizar sobre ese punto, dejó entrever que el hecho pudo estar relacionado con su militancia en derechos humanos. Un primo del hombre, cuyo paradero se desconoce, abonó esta última hipótesis al revelar que "hace un año atrás había recibido amenazas". En declaraciones radiales dijo: "Esto fue denunciado porque fue violentada la entrada a la Casa de la Memoria". Según su apreciación, "se lo llevaron de ese lugar". Juan Evaristo Puthod tiene 49 años, es padre de tres hijos, y según su primo "estuvo detenido seis años por cuestiones ideológicas". http://www.infobae.com/contenidos/377711-0-0-Las-hip%C3%B3tesis-que-siguen-la-desaparici%C3%B3n-Puthod

Un Tribunal Internacional de Opinión acusa a Colombia por crímenes de Estado

2008-04-30T17:20:57Z

Un Tribunal Internacional de Opinión sobre la Desaparición Forzada en Colombia consideró que en este país andino se cometen crímenes de Estado al incumplir el deber de proteger a la población expuesta al conflicto. El veredicto del tribunal, constituido por cuatro juristas de Estados Unidos, Bélgica, Canadá y Líbano, además de dos colombianos, fue difundido hoy tras haberse reunido durante tres días en el Senado de la República, en Bogotá, donde se escucharon 47 testimonios de desapariciones forzadas durante los últimos 30 años. Los actores responsables, según los testigos, son el ejército, la policía y los paramilitares, y todos ellos en connivencia los unos con los otros. En Colombia existen 9.000 desaparecidos registrados en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) desde 1982, aunque la cifra real podría rebasar los 30.000, según se desprende del fallo del tribunal. En el documento emitido se culpa al Estado colombiano 'por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa'. También se acusa al Estado por participar en la creación y ser cómplice de grupos paramilitares, a los que ahora se les ofrece impunidad mediante instrumentos legales, en referencia a la Ley de Justicia y Paz promulgada por el actual Gobierno, en la que se ofrece ventajas penales a los desmovilizados. Además, se responsabiliza a los gobiernos electos de haber utilizado la desaparición forzada como 'arma política' para eliminar a la disidencia, y a unidades del ejército, policía y de seguridad del Estado de perpetrar crímenes de lesa humanidad. En un primer grupo de testimonios, 28 personas afirmaron que las víctimas 'habían sido perseguidas por su pertenencia a organizaciones de izquierda', tales como el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica o la Juventud Comunista Colombiana. En otras categorías se recogen, por un lado, ocho testimonios identificados con movimientos sociales, sindicales, feministas y estudiantiles, y por otro se distingue un tercer género de víctimas sin filiación política, pero que vivían en zonas bajo control de las fuerzas ilegales. En el veredicto también se hace patente la responsabilidad directa de los grupos paramilitares, así como a los terratenientes, grupos empresariales y multinacionales que los financiaron, y al Gobierno estadounidense por el apoyo a políticas militares del colombiano que han recrudecido el conflicto. El Tribunal exige al Gobierno que cumpla su mandato constitucional de proteger a los ciudadanos y que se adhiera de inmediato a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que aún no ha entrado en vigor. Por otro lado, se demanda enjuiciar a los responsables de desapariciones forzadas por medio del Código Penal y de acuerdo con las normas internacionales, y no por medio de leyes de excepción, así como se exige la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación independiente de estos crímenes. La constitución de este Tribunal Internacional de Opinión estuvo apoyada por la Asfaddes, el Proyecto Justicia y Vida (organización cristiana vinculada con los derechos humanos) y el senador Alexander López, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA). http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/tribunal_internacional_opinion_colombia_estado_2432693.htm

Guate - Presentan argumentos sobre inconstitucionalidad en caso de desapariciones

2008-04-30T17:18:14Z

POR PRENSA LIBRE.COM 11:34 | 29/04/2008 Una vista pública se celebró hoy en la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se dieron a conocer los argumentos en el caso de inconstitucionalidad que fue planteado por Felipe Cusanero, ex patrullero civil sindicado de la desaparición de seis personas en Chuatalum, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Según la defensa de Cusanero, su procesamiento es una violación ya que no se puede aplicar la retroactividad de la ley. Los querellantes, mientras tanto, indicaron que es necesario dar con el paradero de las víctimas y acusaron a Cusanero de intentar entorpecer el juicio que inició en marzo pasado y que fue suspendido debido a este recurso. Cusanero era jefe de las desaparecidas Patrullas de Autodefensa Civil, y se le acusa de la desaparición de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López Chajchaguín, Encarnación López López, Santos Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí, de 1982 a 1984. La CC tiene tres días para pronunciarse sobre este recurso. http://www.prensalibre.com/pl/2008/abril/29/235105.html

Sostienen que militares sí recibían órdenes de Fujimori

2008-04-30T17:15:45Z

El jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno entre 1991 y 1994, el general EP (r) Alberto Ríos Rueda, reconoció que recibió órdenes de Alberto Fujimori, en clara contradicción con la tesis del abogado del ex presidente, quien asegura que nunca dictó órdenes a miembros del Ejército. Sin embargo, Ríos aclaró que no podía asegurar que Fujimori haya dictado órdenes a militares de alto rango durante sus viajes a provincias o en el marco de la lucha contrasubversiva. Además, negó haber sido “hombre de confianza” del ex presidente. Por su parte, Fujimori ratificó que en 1991 Sendero Luminoso sí era una “amenaza” para el país, y que para lograr la adhesión de la población visitaba provincias y entregaba ayuda. Asimismo negó que sus periplos hayan tenido fines electoreros en base a un origen económico ilícito. El jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno entre 1991 y 1994, el general EP (r) Alberto Ríos Rueda, reconoció que recibió órdenes de Alberto Fujimori, en clara contradicción con la tesis del abogado del ex presidente, quien asegura que nunca dictó órdenes a miembros del Ejército. Sin embargo, Ríos aclaró que no podía asegurar que Fujimori haya dictado órdenes a militares de alto rango durante sus viajes a provincias o en el marco de la lucha contrasubversiva. Además, negó haber sido “hombre de confianza” del ex presidente. Por su parte, Fujimori ratificó que en 1991 Sendero Luminoso sí era una “amenaza” para el país, y que para lograr la adhesión de la población visitaba provincias y entregaba ayuda. Asimismo negó que sus periplos hayan tenido fines electoreros en base a un origen económico ilícito. El jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno entre 1991 y 1994, el general EP (r) Alberto Ríos Rueda, reconoció que recibió órdenes de Alberto Fujimori, en clara contradicción con la tesis del abogado del ex presidente, quien asegura que nunca dictó órdenes a miembros del Ejército. Sin embargo, Ríos aclaró que no podía asegurar que Fujimori haya dictado órdenes a militares de alto rango durante sus viajes a provincias o en el marco de la lucha contrasubversiva. Además, negó haber sido “hombre de confianza” del ex presidente. Por su parte, Fujimori ratificó que en 1991 Sendero Luminoso sí era una “amenaza” para el país, y que para lograr la adhesión de la población visitaba provincias y entregaba ayuda. Asimismo negó que sus periplos hayan tenido fines electoreros en base a un origen económico ilícito. El jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno entre 1991 y 1994, el general EP (r) Alberto Ríos Rueda, reconoció que recibió órdenes de Alberto Fujimori, en clara contradicción con la tesis del abogado del ex presidente, quien asegura que nunca dictó órdenes a miembros del Ejército. Sin embargo, Ríos aclaró que no podía asegurar que Fujimori haya dictado órdenes a militares de alto rango durante sus viajes a provincias o en el marco de la lucha contrasubversiva. Además, negó haber sido “hombre de confianza” del ex presidente. Por su parte, Fujimori ratificó que en 1991 Sendero Luminoso sí era una “amenaza” para el país, y que para lograr la adhesión de la población visitaba provincias y entregaba ayuda. Asimismo negó que sus periplos hayan tenido fines electoreros en base a un origen económico ilícito. http://www.correoperu.com.pe/paginas_nota.php?nota_id=67359&seccion_nota=1

Ex coronel asegura que Fujimori ordenaba recoger dinero del SIN

2008-04-30T17:12:04Z

Miércoles, 30 de Abril del 2008 - 11:59:49 (RPP) El ex coronel del Ejército en situación de retiro y ex subjefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno durante el mandato de Alberto Fujimori, César Enrique Burga Colchado, aseguró que el ex mandatario ordenaba recoger dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al personal militar de la casa de Pizarro. Durante el interrogatorio efectuado por los abogados de la parte civil, Burga Colchado explicó que Fujimori daba la orden al jefe de la Casa Militar y este delegaba a un oficial para recoger dichos fondos. Así también, develó la existencia de una caseta de interceptación telefónica en Palacio e incluso dijo haber visto al coronel Roberto Huamán Azcurra acudir a la sede de gobierno para efectuar labores de "barrido electrónico", un procedimiento que evita acciones de interceptación. A la vez, dejó entrever que el ex presidente tenía conocimientos de estas actividades. El ex coronel dijo desconocer que Fujimori haya ordenado el encierro de su entonces esposa, Susana Higushi, en Palacio de Gobierno. También negó tener información sobre una orden de Fujimori que dispuso la liberación de los detenidos durante el autogolpe de 1992. Frente a estas declaraciones, el presidente de la sala, Cesar San Martín, señaló que el testigo debía limitarse a responder preguntas relacionadas al tema de juzgamiento, es decir, los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. http://www.rpp.com.pe/detalle_123344.html

Arg - Bussi sí puede declarar y se viene otra ronda de indagatorias

2008-04-30T17:09:01Z

En mayo, el ex gobernador de facto sería llamado nuevamente a declarar por los crímenes de lesa humanidad. El médico forense de la Justicia Federal, Raúl Asial, aseguró que el represor Antonio Domingo Bussi sí está en condiciones de declarar en su domicilio donde cumple arresto domiciliario. “Se constataron que las patologías cardíacas, respiratorias y psiquiátricas se encuentran estables”, señaló en su último informe firmado el 21 de abril pasado. Ahora, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, prepara otra ronda de citaciones para el ex gobernador de facto en el marco de varias causas. Aún no se sabe el estado de salud de Menéndez. Después de que la última indagatoria tuvo que ser suspendida por razones de salud del ex gobernador de facto, el último informe médico forense indica que el represor Antonio Domingo Bussi sí está en condiciones de someterse en su domicilio a las preguntas de la Justicia Federal en el marco de las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. “En el examen médico practicado se constató que las patologías cardíacas, respiratorias y psiquiátricas se encuentran estables en virtud de la medicación y del control médico que recibe”, expresa el informe firmado el 21 de abril pasado por el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Asial, y al que tuvo acceso primerafuente. En el escrito, Asial también sugiere que en caso de que se concreten nuevas indagatorias esté presente personal médico y de enfermería. Bussi fue examinado por el médico oficial en la vivienda de su hijo, el legislador Ricardo Bussi, ubicado en un country de Yerba Buena, donde cumple arresto domiciliario desde diciembre pasado. Según el informe, en esa oportunidad, el ex gobernador de facto manifestó padecer de insomnio, fatiga fácil, falta de aire y depresión. Asial realizó el control médico luego de que el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, había suspendido su visita -fijada para el 14 de abril pasado-al country de Yerba Buena para tomarle declaración a Bussi, el marco de la causa en la que se investiga la muerte de los dirigentes de Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Francisco y Arturo Arancibia, durante la última dictadura militar. El magistrado tomó la medida tras conocer un primer informe médico (efectuado a horas de su visita) que indicaba que Bussi sufría de una insuficiencia respiratoria por lo que no podía someterse a una declaración judicial. Por la causa de los Arancibia, Bejas también había citado (para el 15 de abril pasado) al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien también faltó a la cita. Un día antes, llegó un informe del hospital militar de Córdoba a la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal confirmando que el represor se encontraba internado como consecuencia de una “neumomía bilateral”. Sin embargo, hasta ayer el juez Bejas no había recibido un nuevo parte médico para conocer el actual estado de salud de Menéndez. Con el informe de Asial en la mano, Bejas prepara ahora una nueva ronda de indagatorias para ambos represores y en el marco de varias causas pendientes por los delitos de lesa humanidad. Se supo que la próxima citación a Menéndez se fijaría para el 15 de mayo y a Bussi, el 16 de mayo. http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=41986

Arg - Revocan fallo que permitía la libertad del represor Molina

2008-04-30T17:05:46Z

La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió revocar el fallo que establecía el cese de la prisión preventiva del represor Gregorio Rafael Molina. Por otra parte, Molina está detenido en otra causa en la que se investiga una violación a una de las detenidas que estuvo en cautiverio en el centro clandestino “La Cueva”. Vale recordar que esa detención se produjo, simultáneamente a la disposición que ahora ha revocado la Cámara de Casación. Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dispuso el cese de la prisión preventiva del represor Gregorio Rafael Molina bajo caución real de 50 mil pesos. En contra dicha resolución interpusieron recurso de casación el Fiscal General Daniel Eduardo Adler y los doctores Fernando Román González y Carlos Gabriel Tirrelli, representantes del querellante Colegio Público de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, con el patrocinio letrado del doctor Alfredo Jozami. El Fiscal General manifestó que “el fallo cuestionado había omitido tratar cuestiones expresamente invocadas por el Ministerio Público, tales como la gravedad de los delitos atribuidos, lo cual se encuentra expresamente previsto en el art. 3 de la ley 24.390 como uno de los fundamentos para oponerse a la libertad del imputado”. Señaló que “hubo dilaciones indebidas por parte de la defensa de Molina, lo cual llevó al juzgado instructor a formar seis incidentes para resolver los planteos y así no retrasar aún más el trámite”. Agregó que “la omisión abarcaba también la existencia de riesgos procesales invocados por el Ministerio Público, los cuales pondrían de manifiesto el equívoco en la concesión de la libertad. También mencionó la etapa procesal en la que se encuentra la causa seguida contra el imputado”. Por su parte, la querella sostuvo que “se había hecho una errónea aplicación de la ley 24.390 referente a la obligación de pedir prórroga impuesta al fiscal, la no valoración del monto temporal, la falta de valoración de las circunstancias que dan cuenta de la complejidad del caso y la gravedad del delito, y la ausencia de valoración de la petición fiscal”. Hizo mención a los mismos argumentos que habían sido expuestos por el señor Fiscal General, y concluyó que debía revocarse la decisión recurrida y disponer que Molina continuase en detención. La Juez Ana María Capolupo de Durañona y Vedia dijo que la decisión mediante la cual se dispuso el cese de la prisión preventiva de Molina, “desconoce los contundentes argumentos invocados por el Fiscal General y por los representantes de la querella, motivo por el cual debe ser revocada”. Y remarcó que “los recurrentes invocaron la existencia de riesgos procesales concretos que deben ser neutralizados mediante la detención del imputado. En este sentido dijeron que ‘la peligrosidad procesal debía presumirse fundadamente en tanto dos principales testigos de cargo de la acusación (Sras. Marta García de Candeloro y Leda Barreiro) sufrieron amenazas y han requerido custodia por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de sendas causas que tramitan por ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2”. En tal sentido, subrayó que “con cita de precedentes de esta cámara, hicieron mención a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, diciendo que ‘Próximos a la realización del debate oral que dilucidará la suerte procesal del encausado, y tomando en cuenta la experiencia reciente en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad en el ámbito nacional, pudiendo existir un riesgo concreto para los testigos que conduzca a la impunidad de los responsables, resulta necesario rechazar el pedido de libertad efectuada’. Del mismo modo, señalaron las dilaciones en que habría incurrido la defensa, motivo por el cual la demora en la tramitación no podía ser aprovechada por el imputado, al tiempo que remarcaron la gravedad de los delitos atribuidos a Molina”. Remarcó que “existen circunstancias que llevan a concluir acerca de la existencia del riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia. Por lo tanto, entiendo que la decisión impugnada se ha apartado de la doctrina reciente en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Mientras que Alfredo H. Bisordi se manifestó en contra de la decisión de Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, el Juez Gustavo M. Hornos compartió los fundamentos de la señalada Jueza. Con los votos de María Capolupo de Durañona y Vedia, y Gustavo M. Hornos se resolvió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos el Fiscal doctor Daniel Eduardo Adler, y por los doctores Fernando Román González y Carlos Gabriel Tirrelli, representantes del querellante Colegio Público de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, con el patrocinio letrado del doctor Alfredo Jozami, y consecuentemente revocar la resolución del Tribunal Oral, conformado por el tribunal oral esta conformado por la jueza Tortorella (jueza de Necochea que se jubilara hace muy poco), y los conjueces Juan Carlos París y Raúl Begué. Por otra parte, Molina está detenido en otra causa en la que se investiga una violación a una de las detenidas que estuvo en cautiverio en el centro clandestino “La Cueva”. Vale recordar que esa detención se produjo, simultáneamente a la disposición que ahora ha revocado la Cámara de Casación. Los delitos que se imputan a Gregorio Rafael Molina son los homicidios calificados de los Dres. Jorge Candeloro y Norberto Centeno, 41 privaciones de la libertad y tormentos aplicados a las personas que estaban bajo su guarda en cautiverio y violaciones reiteradas a las mujeres detenidas. Además sufrieron sus torturas el resto de los abogados de la Noche de las Corbatas, como también mujeres embarazadas y menores de edad La causa se encuentra en el Tribunal Oral comenzando el procedimiento para el juicio oral y por tan solo 50 mil pesos y un domicilio en la ciudad de Mar del Plata, recuperó la libertad, en una decisión que fue votada positivamente por los Dres. Paris y Begué y en oposición a la libertad del represor por la Dra Torterolla. Cabe recordar que los Jueces que integran el Tribunal Oral Federal, Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra fueron recusados por la defensa de Molina, debiendo intervenir los conjueces mencionados. El Juez Castellanos resolvió “elevar las presentes actuaciones para su tratamiento en juicio oral y público en orden a los delitos de: Homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas (2 hechos), privación ilegitima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos) e imposición de tormentos a los presos agravado por ser estos perseguidos políticos (38 hechos)”. En la causa son querellantes entre otros Ledda Barreiro de Muñoz, Marta García de Candeloro, Julio D’Auro, Martín Fresneda y la APDH local, quienes cuentan con el patrocinio del Dr. César Sivo. Gregorio Molina desarrolló su actividad como Suboficial Mayor durante la última dictadura militar en la Base Aérea de Mar del Plata, precisamente en el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Cueva”, varios testigos se presentaron a lo largo de la instrucción y reconocieron fotografías del imputado, como el rostro de quien fuera uno de sus torturadores al que sus compañeros llamaban Charly, durante su trágica estadía en ese CCD. Algunos de los testimonios expresan que “Charly” era uno de los guardias que entraba junto con la patota a la sala de torturas “…estaba ahí de guardia porque era la única persona que entraba cuando a uno lo llevaban a tortura porque si no nos venían a buscar y nos entregaban al grupo que venía pero esta persona entraba y salía con nosotros”. En varios de los testimonios se manifiesta además que Molina continuaba con las torturas al retirarse el grupo de tareas, violaba a las mujeres y realizaba simulacros de fusilamiento con los detenidos. A Gregorio Molina se le imputa el haber matado, como consecuencia de la aplicación de tormentos, a los Dres. Norberto Oscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, y la participación en la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y apremios ilegales a Tomás Fresneda (desaparecido), Salvador Arestín (desaparecido), Raúl Hugo Alais (desaparecido), María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda (desaparecida, embarazada de 7 meses), Marta García de Candeloro, Eduardo Salerno, Luis Rafaghelli, Martín Garamendi, Luis Serna, Julio D’ Auro, Maria Luisa Bidegain, Margarita Ferre, Maria Eugenia Vallejo, Marita Otero, Jorge Porthe, Martínez Teco, Rubén Starita, Virginia Piantoni, Ángel Cirelli, Alejandro Canaves, José Fardin, Guillermo Gómez, Gustavo Soprano, Eduardo Miranda, Marcelo Garrote, Lucia Martín, Luis Demare, Jorge Toledo, Mercedes Longh, Cristóbal Domínguez, Néstor Fazzio, Alberto Yansen, Ramón Fleitas, Rubén Rodríguez, Carolina Jacue Guitian, Susana Jacue Guitian, Leda Barreiro de Muñoz y Alberto Muñoz. Algunas de las victimas mencionadas fueron secuestradas entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en lo que se conoce hoy como “La Noche de las Corbatas”. http://www.0223.com.ar/detalleNoticia.php?idNoticia=13402

Protestan en Italia por liberación de ex represor uruguayo

2008-04-30T15:04:27Z

Roma, 29 abr (PL) Representantes de los familiares de los 25 italianos desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor protestaron hoy aquí por la liberación del ex militar uruguayo Jorge Tróccoli. Cristina Mihura, portavoz de los familiares de las víctimas, solicitó a los abogados considerar la presentación en Roma de una denuncia penal para que sean investigadas las responsabilidades específicas. Tróccoli, un ex agente de la inteligencia militar, fue detenido en Italia desde diciembre del 2007 por violación de derechos humanos durante la dictadura en su país. El también capitán de navío retirado, que esperaba en cárcel romana para ser extraditado a Uruguay, fue liberado la pasada semana por una corte de apelaciones italiana, tras cumplir el plazo establecido para mantenerlo bajo arresto. Según Mihura, la reclamación desde Montevideo llegó incompleta y fuera del término previsto. El arresto del ex represor en Italia formó parte de una orden de captura emitida por un juez italiano contra unos 140 ex militares latinoamericanos implicados en torturas y desapariciones. Durante la Operación Cóndor, realizada en las décadas del 70 y 80 del pasado siglo, miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas en varios países de América Latina. http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B374D4602-BCBD-4267-AE93-05BB4A9BD2BE%7D&language=ES

Arg - Otros represores a la sombra

2008-04-30T14:42:08Z

Por José Maggi Tres represores que participaron activamente en el centro de detención que funcionaba en la ex Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu, están presos desde el último viernes. Se trata de Jorge Walter Pérez Blanco, jefe del servicio de calle del Destacamento de Inteligencia del Ejército; Ariel Porra, alias el Puma y de Alberto Pelliza, quien según Eduardo "Tucu" Constanzo era quien arrojaba detenidos en los llamados "vuelos de la muerte". Porra -conocido en el ambiente futbolístico- y Pérez Blanco -ex docente de la Facultad de Medicina quien desató una fuerte polémica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) al cobrar una indemnización- fueron trasladados a la sede local de la Prefectura mientras a Pelliza se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por consejo médico. Los tres se abstuvieron de declarar. La detención del trío se produjo en el marco de la causa "Jordana Testoni sobre Privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio" en la que se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionaba en la ex Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu", durante la última dictadura militar, a partir de una solicitud interpuesta por los querellantes Juan Rivero y Ramón Verón, patrocinados por Gabriela Durruty. La orden de detención fue realizada por el juzgado federal Nº 4 de Rosario a cargo del juez Marcelo Martín Bailaque y correspondió en primera instancia a Porra como Pérez Blanco luego "de ser indagados por la comisión de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, cometidos contra Juan Antonio Rivero, Ramón Verón, Adriana Arce, Olga Cardozo, Ariel Morandi, Susana Miranda e Hilda Moyano, aplicación de tormentos contra todos ellos y los homicidios de Morandi y Miranda", según informó la abogada Gabriela Durruty. En tanto Pelliza no pudo ser indagado por razones de salud. No obstante "la orden de detención ya se efectuó", explicó Durruty Estos detenidos se suman a Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Pascual Guerrieri, Eduardo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, contra quienes la querella requirió la elevación a juicio oral y público. En este juicio será importante el testimonio de Olga Moyano, enfermera de 51 años, quien recuerda claramente el rostro de su captores a pesar de los 30 años transcurridos desde mayo de 1978. Entonces junto a Susana Miranda y Ariel Morandi, dos enfermeros que también trabajaban en el sanatorio Plaza -se encuentran desaparecidos-, compartió el encierro. Fue hasta finales de junio del mismo año, aunque ella se quedó hasta mediados de agosto del 78 cuando cumplió 21 años. Su testimonio es importante porque es quien más tiempo estuvo detenida en el centro clandestino de detención que funcionara en la "Domingo Matheu", tiempo en el que escuchó las voces de su carceleros y aprendió a descubrir sus rasgos físicos. Olga describió ante Rosario/12 a "el Puma, un morochón no muy alto, de contextura robusta, muy gordito, de bigotes y pelo crespo y se la pasaba gritando todo el tiempo. Y siempre estaba con Carlitos, que era mucho más histérico, de cutis blanco, corriendo para un lado y para el otro. A pesar de los 30 años que pasaron tengo imágenes en la cabeza. El Puma y Aldo llevaron a Nadia (Susana Miranda) que estaba conmigo el día que desaparecieron". Sobre Pelliza, alias Armando, Constanzo recordó que vivía en Deán Funes 1729/31. "Ese era otro que era igual que yo, pero era del grupo que iba en el avión donde yo no iba. La verdad es que quería ir pero nunca me llevaron. Es uno de los integrantes del grupo que arrojaba gente del avión. El que manejaba todo ahí era el teniente coronel Marino González que vive en Santa Fe, alias Pepe. Fíjese que yo denuncio ante Sutter Schneider la desaparición de los enfermeros del Sanatorio Plaza, que los secuestra el teniente coronel Riegé, y digo cómo los llevaron, dónde los llevaron, qué auto me hicieron manejar a mí, qué capitán iba con nosotros. Y lo único que ha hecho el juez es hacerme coautor a mí", se había quejado Constanzo en su declaración ante este diario el 11 de enero de 2008. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-13336-2008-04-29.html

Dado por “desaparecido” un periodista eritreo encarcelado en el desierto del mar Rojo

2008-04-30T14:39:35Z

P-ES.- El periodista eritreo Tura Kubaba, quien trabajaba para el servicio de radio en lengua kunama del Gobierno, ha sido dado por desaparecido en las cárceles estatales en el Mar Rojo donde estuvo retenido sin juicio durante dos años, ha informado Reporteros Sin Fronteras (RSF). [29-04-2008] Eritrea se beneficia del silencio internacional para encarcelar periodistas, afirma RSF, organización que sitúa al Gobierno de Asmara como uno de los máximos violadores de la libertad de prensa del mundo, superando a Corea del Norte y Cuba. Kubaba fue arrestado a fines del 2006 y retenido con otros 2.000 prisioneros hasta que fue trasferido a una ubicación desconocida en el 2007. RSF sostiene que al menos 16 periodistas están encarcelados desde que el Gobierno de Eritrea lanzó en el 2001 una campaña contra la libertad de prensa que afectó también a los medios públicos. http://www.periodistas-es.org/pes/artigo.asp?cod_artigo=3207