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Eduardo llambí pide cárceles vip para sus camaradas
El represor de la ESMA gestionó ante el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, el traslado de Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y otros detenidos por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Marcos Paz.
Un represor de la Esma está haciendo lobby para que sus camaradas presos en Marcos Paz sean trasladados a cárceles vip. Su nombre es Eduardo Rodolfo Llambí y, aunque está denunciado de haber formado parte de los vuelos de la muerte, se reunió con el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, para pedirle por Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y otros detenidos por delitos de lesa humanidad. El vicealmirante Llambí forma parte del Foro de Almirantes Retirados y, hasta hace tres años, ocupó el cargo de Comandante de Operaciones Navales de la Armada.
Nilda Garré recibió el descargo del jefe del Ejército con asiento en Bahía Blanca por la fuga del represor Corres. La ministra dijo que "la solidaridad corporativa perturba la reconciliación de la institución militar con la sociedad civil"
Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa, la ministra ordenó que se reduzcan al mínimo los contactos entre integrantes de la Fuerza y los acusados por delitos contra los derechos humanos.
En una reunión que duró unos 50 minutos y arrancó a las 17:45, la titular de la cartera de Defensa escuchó y dijo que pondrá a consideración el informe sobre el hecho preparado por el jefe del Quinto Cuerpo del Ejército, general Oscar Gómez.
Representantes de organizaciones políticas y sociales se manifestaron frente al Juzgado Federal de Bahía Blanca, con carteles que decían “lo dejaron escapar”, en referencia al fugado represor. Por su parte, la delegación local de la Asociación Permanente por los DD.HH., pidió que se tomen medidas contra el magistrado de la causa.
El acto que se inició pasadas las 11.15, y que contó con la participación de concejales locales, y de representantes de organizaciones políticas y sociales de Bahía Blanca, se realizó frente al Juzgado Federal, ubicado en la calle Alsina al 300, en pleno centro de esta ciudad bonaerense.
Es el cabo de la comisariía de Bahía Blanca Pablo Carbajal. Lo ordenó el juez de la causa luego que el agente justificara que no colaboró en el escape de Julián "Laucha" Corres, que estaba preso por crímenes de lesa humanidad
Según fuentes de la causa, al otro efectivo arrestado por la fuga de la dependencia policial de Bahía Blanca, el oficial inspector Juan Carlos Lastra, se le denegó la excarcelación.
Según adelantó hoy el diario Infobae en su edición digital, a propósito de este caso y mediante una resolución, "el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos instruyó a los cuerpos policiales para que no alojen en sus dependencias a este tipo de acusados".
Por Diego Martínez
Los dos jefes de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal pasados a disponibilidad tras la fuga del represor Julián Corres fueron detenidos ayer por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Se trata del comisario Gustavo Ariel Scelsi y del subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Dos de sus subordinados describieron que ambos, pero sobre todo Voros, mantenían una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores. Los privilegios incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes.
BUENOS AIRES, jul. 30 (UPI) -- El testimonio del inspector Juan Carlos Lastra, detenido por la fuga del represor Julián Corres, confirmó los privilegios con los que contaba el ex teniente coronel del Ejército.
"De la declaración del agente a cargo de la guardia surge que la libertad de movimientos de los represores estaba garantizada desde la cúpula de la fuerza que debía custodiarlos. Es inminente la citación a indagatoria del comisario Gustavo Scelsi, que el sábado fue pasado a disponibilidad".
Por decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los ministros Aníbal Fernández y Sergio Massa decidieron ofrecer una recompensa de 150 mil pesos para quién aporte datos que ayuden a la captura del ex militar, acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia, los policías relevados son los dos oficiales a cargo de la dependencia y otros nueve efectivos que se encontraban en servicio el día en que se fugó Corres.
Asimismo, otros nueve uniformados quedaron en disponibilidad, luego del operativo realizado por el departamento de Delitos Complejos de Seguridad Aeronáutica.
BUENOS AIRES (AFP) — El ex represor argentino Julián Corres se fugó el sábado de una dependencia policial de Bahía Blanca (680 km al sur de la capital argentina), donde aguardaba ser sometido a juicio oral acusado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, informó el fiscal de la causa.
Corres, alias 'Laucha', fue señalado por víctimas de la dictadura como el torturador de una carcel clandestina conocida como 'La escuelita' que funcionó en Bahía Blanca en dependencias del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército.
Buscan cubrir el "vacío legal" contra los acusados de delitos de lesa humanidad.
Por: Armando Vidal
En su reciente congreso partidario, los peronistas modificaron la carta orgánica para incluir una cláusula sobre los candidatos del PJ. Estipula ahora que no podrán serlo aquellos acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad.
Arg - La defensa de Patti presentará ante la Corte Suprema una impugnación por el desafuero | Represores |
El abogado Silvio Duarte dijo que lo harán en las próximas horas porque “no somos picaneros y está mal desaforado”. Consideró que, con esa decisión, la Cámara de Diputados viola dos artículos de la Constitución. El ex subcomisario volvió a quedar detenido el jueves en el penal de Marcos Paz luego de perder su banca.
Para acusar a Ruckauf
Los familiares de los trabajadores desaparecidos reclaman que se reactive la investigación. El objetivo es sentar entre los acusados al ex ministro, a un ex gerente de la Mercedes y a José Rodríguez de Smata.
Por Adriana Meyer
“La causa no está muerta, aunque corre riesgo, y la salvamos si la sociedad y los medios se comprometen, porque es muy difícil pelear contra semejantes corporaciones.” La advertencia y la exhortación fueron expresadas por Florencia Arietto, que representa a los familiares de los desaparecidos que trabajaban en Mercedes Benz durante la dictadura. La abogada se refería a la investigación judicial de la represión que sufrió la comisión gremial interna de esa empresa. “El desafío es sentar en el banquillo a Carlos Ruckauf, a José Rodríguez y a Juan Tasselkraut”, agregó en alusión al ex ministro del Trabajo del gobierno de Isabel Perón, al secretario general de Smata y al ex gerente de producción de la fábrica, respectivamente.
“Nunca antes sentí tanto miedo”
Fue a verificar sus condiciones de detención en Marcos Paz. Estuvo, entre otros, con Etchecolatz, Astiz y Von Wernich. “Se consideran secuestrados por el poder político y están convencidos de su buena actuación durante la dictadura”, describió.
Arg - Para Aníbal Fernández, Patti no asumirá porque Diputados no dará el quórum que necesita | Represores |
Lo incriminaron hace más de dos meses, pero el juez Villafuerte Ruzo aún no lo llamó.
Por: Gustavo Yarroch
En los organismos de derechos humanos hay preocupación. Una preocupación que crece a medida que pasan los días y no se registran novedades importantes. Es que, a dos meses de que el represor Eduardo Constanzo lo denunciara como agente de los servicios secretos de la última dictadura, el ex arquero Edgardo El Gato Andrada todavía no fue citado a declarar por la Justicia. Después de incriminarlo en una nota con radio LT 8 de Rosario, Constanzo declaró ante el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo que Andrada integró "la patota" que secuestraba gente en Rosario. Constanzo también denunció ante ese magistrado que Andrada participó del operativo que terminó con la desaparición y la muerte de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, en 1983. Villafuerte Ruzo es quien lleva adelante la investigación de los casos de Cambiaso y Pereira Rossi, por lo que la supuesta participación de Andrada en secuestros de la dictadura pasó a formar parte de esa misma causa.
9-4-2008
La diputada Victoria Donda presentó una iniciativa para inhabilitar a ocupar cargos públicos a aquellos vinculados al "terrorismo de Estado".
En la sala José Luis Cabezas, de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Victoria Donda Pérez brindó una conferencia de prensa para presentar un proyecto de ley para inhabilitar a personas acusadas de delitos de lesa humanidad a ocupar cargos públicos.
El ex comisario se negó a declarar en un caso en el que está imputado de secuestro. Hubo enfrentamientos entre partidarios del ex intendente de Escobar y defensores de los derechos humanos. Quiere su banca.
REPUDIO. Cuando Patti se retiró del Juzgado, el vehículo que lo trasladaba fue atacado por manifestantes.
Lo resolvió la Cámara Federal porteña, por haber “prestado colaboración” a dos prófugos para que “eludieran el accionar de la Justicia”. El ex intendente de Escobar los habría ayudado en julio de 2003, en el marco de una causa por el secuestro y asesinato de militantes montoneros.
Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio, Interpol detuvo ayer al mediodía al teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, “jefe de guardias” del centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, según admitió ante la Justicia, y administrador de la picana eléctrica bajo el alias Laucha, según declaraciones de sobrevivientes que recién en 1999 conocieron la identidad del torturador. Según consigna el diario Página 12, Corres, cordobés, rubio, tez blanca, ojos claros, clase 1952, egresó del Colegio Militar a fines de 1974, con especialización en inteligencia. Fue destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 21 en Las Lajas. Luego de una comisión en Tucumán, en octubre de 1975 llegó con el grado de subteniente al Cuerpo V bahiense. Fue destinado al Departamento II Inteligencia que encabezaba el coronel Aldo Mario Alvarez, secundado por el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes. A fines de 1976 fue destinado al Regimiento de Infantería 19 en Tucumán, donde actuó como “jefe de sección, en operativos”, admitió. La Justicia tucumana nunca lo investigó.
Uno de los médicos responsables de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo durante la última dictadura militar no se presentó el martes pasado a su declaración indagatoria. Se trata de Norberto Atilio Bianco, quien actualmente vive en Paraguay pero estuvo en la Argentina durante Semana Santa. Sin embargo, al no existir ningún pedido de detención o prohibición de salir del país por parte del juez Martín Suares Araujo, el represor regresó sin inconvenientes a su lugar de residencia.
Se trata de un acusado por la ejecución de doce prisioneros en julio de 1976, en lo que se conoció como la Masacre de Las Palomitas. Tras probar que violó su prisión domiciliaria, la Justicia pidió su arresto, pero la orden aún no fue cumplida.
Por Nora Veiras
El represor ex capitán de la Armada, Jorge "el Tigre" Acosta, señaló que su alojamiento en el pabellón de "lesa humanidad" del penal de Marcos Paz, por gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, le provoca "efectos psicofísicos que me suenan a tormentos".
Iba a ser indagado en una causa por violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención el Pozo de Arana. Pero sufrió una "crisis hipertensiva" y los agentes del Servicio Penitenciario decidió detenerse en el hospital Vélez Sarsfield para que fuera atendido.
La capital
27 de marzo
Posadas. (movisocialmisiones.com.ar). Un ex docente denunció que Enrique Walantus, actual asesor previsional de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones, quien durante la última dictadura militar se desempeñaba como secretario general del Consejo General de Educación de la provincia fue uno de los firmantes de la cesantía de 4 docentes que fueron separados de sus cargos por "razones de seguridad" en agosto de 1976.
Andrés Gaudin. 27 Mar, 2008
Desaparecen autores y testigos de violaciones a derechos humanos
Asesinatos, suicidios inducidos, secuestros, cientos de amenazas de muerte, ocultación de testigos y pruebas, son parte del arsenal que los sectores militares de ultra derecha, vinculados a la última dictadura argentina (1976-83), están desplegando para obstruir los juicios por violación a los derechos humanos y la comparecencia de declarantes que podrían sellar su suerte en los estrados judiciales.
La abogada Viviana Beigel llevó ante la Justicia Federal escritos donde figuraría la firma del actual subsecretario de Seguridad.
Mendoza | 25.03.2008
La abogada Viviana Beigel presentó ante hoy ante el juzgado federal de Walter Bentos documentación donde figura la firma -aseguró- de Carlos Rico en los oficios de traslado de detenidos del departamento de inteligencia policial D2 hacia la penitenciaría, en febrero de 1976, en la agonía del gobierno de Isabel Perón.
El ex agente de Inteligencia había admitido haber ejecutado a tres desaparecidos e incluso hizo un croquis sobre una fosa clandestina.
A fines de abril, el ex agente de Inteligencia del Ejército Ricardo Oliveros aportó detalles ante la Audiencia Nacional de Madrid sobre los crímenes cometidos durante la dictadura en Mar del Plata. Una semana después confesó haber asesinado a tres personas desaparecidas y dio precisiones sobre la presunta ubicación de fosas clandestinas cerca de esa ciudad. Ayer, el represor volvió a declarar, pero esta vez -siguiendo los pasos del ex marino Adolfo Scilingo- se rectificó de sus dichos y aseguró que no mató a nadie, sino que se autoincriminó para quedar detenido y de ese modo ponerse a salvo de “servicios secretos argentinos” y hasta de las FARC, que supuestamente lo persiguen.
Un día después de ser escrachado por los organismos de derechos humanos de Tucumán, el gobernador José Alperovich le solicitó ayer la renuncia como asesor del Ministerio de Economía al oficial retirado del Ejército Luis Edgardo Ocaranza, supervisor militar del Departamento de Inteligencia (D2) de la policía provincial y responsable durante la última dictadura del centro clandestino que funcionó en la Jefatura Central de Policía, donde se hacía llamar Alberto Frías.
Es en el caso del secuestro de un funcionario de Economía en 1977.
Por: Lucio Fernández Moores
El Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pedirá hoy a la Justicia la detención del ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz por su presunta vinculación con la desaparición de un funcionario que trabajaba bajo su órbita en 1977.
/ por Pedro Pesatti
En 2003, el Canal Plus de Francia, sacudió la opinión pública de ese país con el documental “Escuadrones de la muerte” de la realizadora Marie-Monrique Robin. La investigación periodística pone en evidencia la estrecha vinculación de militares franceses con sus pares de Argentina, Chile y Brasil durante las dictaduras que poblaron América Latina en los años setenta
Alonso criticó la aplicación del decreto 886/05 del Poder Ejecutivo que habilita a los ex militares que hubieran estado destinados en el teatro de operaciones de Malvinas al cobro de la pensión equivalente a tres jubilaciones mínimas, y que permitiría la inclusión de "represores".
Arg - La increíble historia de un torturador de la dictadura que trabajó en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe | Represores |
De la redacción de El Litoral
La diputada Alicia Gutiérrez (ARI en el Frente Progresista) firmó un pedido de informes sobre el ingreso y actuación en la administración pública provincial de Jorge Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino Quinta de Funes y por su participación en el `Operativo México'.
14.02.2008 | 11:58
El ex jugador de fútbol Edgardo Andrada fue incriminado por el represor Eduardo Constanzo como integrante de una patota que secuestraba militantes políticos durante la época del terrorismo de Estado en Rosario.
Andrada, apodado "el Gato", se desempeñó como arquero en Rosario Central, Colón y Vasco Da Gama de Brasil. En la actualidad, es coordinador de las divisiones inferiores del equipo rosariono. En Brasil Pelé le hizo un gol histórico: el número mil en la carrera del crack brasileño.
Arg - Le concedieron el beneficio de prisión domiciliaria al represor salteño Hugo Espeche. | Represores |
Por Diego Martínez
El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Alvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.
Tras recibir la denuncia, las autoridades de la subsecretaría informaron del caso a los jueces que tienen a su cargo las causas contra el ex ministro, para que verifiquen si violó el arresto domiciliario.
No obstante, fuentes del ministerio de Defensa y de la Justicia Federal explicaron que si bien Harguindeguy estuvo preso durante un tiempo, por la causa del "Plan Condor", fue excarcelado el año pasado.
Por Diego Martínez
Cinco comisarios retirados de la policía de Mendoza que el gobernador Celso Jaque incorporó en cargos estratégicos del Ministerio de Seguridad tomaron cursos “contrasubversivos” durante la última dictadura. El subsecretario Carlos Rico también los impartió. Entre sus alumnos sobresalió Eduardo Smaha, preso por secuestrar, torturar y desaparecer al poeta y militante montonero Paco Urondo. Mientras los organismos de derechos humanos locales y el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja mendocina, Ricardo Puga, solicitaron la destitución de los cinco agentes adoctrinados para “erradicar a la delincuencia subversiva”, el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la remoción de Rico y de Aníbal Gómez, director de Logística, porque “carecen de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado”
Mariú Carrera, familiar de desaparecidos, junto a integrantes de organismos de defensa de los Derechos Humanos, se presentó esta mañana a la justicia federal en Mendoza y radicó una denuncia penal contra el Subsecretario de Seguridad de la provincia, Carlos Rico. En la misma se denuncia al funcionario del ministerio de seguridad por asociación ilícita por crímenes de lesa humanidad.
Dos días después, el 28 de abril de 1977, como para resarcir su descortesía, Massera invitó a Branca a navegar por el río de la Plata en su lujoso yate, travesía durante la cual el empresario se ausentaría para siempre. Tres meses más tarde, la madre del empresario Isolina Margarita Maltaneri de Branca, presentó un recurso de hábeas corpus a favor de su hijo desaparecido, pero para entonces los pundonorosos soldados que enviaron a sus reclutas sin abrigos ni pertrechos a enfrentar a la Royal Navy en las islas Malvinas ya estaban subastando las propiedades del ausente.
Arg - Respaldan la decisión de separar de sus cargos a militares vinculados a la dicictadura | Represores |
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La asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas respaldó la decisión de la ministra de Defensa, Nilda Garré, de separar de sus funciones en organismos de la Armada a marinos retirados, por su vinculación con violaciones a los derechos humanos.
Un represor detenido por delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) figura como 'consejero' del jefe de la Armada en el Centro de Estudios Estratégicos, informó hoy el diario Página/12.
Se trata del contraalmirante retirado Roberto Pertusio, quien aparece en la página web del centro como consejero del jefe de la Armada, Jorge Godoy, y como autor de diversos cuadernos académicos de la institución que abordan asuntos militares, según pudo comprobar Efe.
Por Nora Veiras
Uruguay: durante un allanamiento en la casa de un ex represor encuentran datos de una fiscal | Represores , Uruguay |
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El represor, que declaró en el Juzgado
Federal de Paraná en la causa que se le sigue al ex general Ricardo Trimarco por
la desaparición de bebés en el Hospital Militar, formuló importantes
revelaciones en una entrevista realizada en el programa "Trascendental" de LT 8
de Rosario y publicada en el diario Rosario12 |
Fecha: 12/01/2008 18:25:00 
15:44
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Comparándose con un jerarca nazi, el ex presidente de facto durante la última dictadura militar en la Argentina Reynaldo Bignone solicitó de manera insólita, que la Cámara Nacional de Casación Penal ponga fin al "Nüremberg argentino", al reclamar que se anule un procesamiento en su contra por crímenes de lesa humanidad.
