Uru - No habrá impunidad sobre el Cóndor | Operación Cóndor , Paraguay , Uruguay |
La justicia uruguaya, comienza a
correr el velo de impunidad sobre la desaparición de los uruguayos Gustavo
Edison Insaurralde Meliar y Nelson Rodolfo Santana Scotto.
La acción criminal, y constituye un típico caso del Operativo Cóndor, que comienza en el seguimiento y detención ilegal de los mismos en el Paraguay a cargo del III Departamento de Investigaciones, con participación directa del II Departamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Paraguay, de la "Jefatura de Area 234", del Servicio de Inteligencia del Estado Argentino, y del Servicio de Inteligencia del Ejército del Uruguay.
La intervención judicial será determinante para determinar el grado de responsabilidad conjunta de los organismos de inteligencia de los estados paraguayo, argentino y uruguayo en su más alto grado de involucramiento. Indudablemente una de los primeros responsables a ser llamados será el ex mayor Carlos Calcagno del ejército uruguayo, y deberá contar también con la concurrencia de los ex integrantes del "G2" paraguayo que aún están con vida como el ex general Guillermo Clebsh, residente en la ciudad de Asunción del Paraguay. Así también podrá contar con la concurrencia del ex director de Política y Afines del III Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, comisario Alberto Buenaventura Cantero, también residente en la ciudad de Asunción del Paraguay, quien, según la prensa paraguaya habría integrado o tenía muy buen conocimiento de un selecto grupo de trabajo junto a los fallecidos ex coronel Benito Guanes Serrano, ex coronel Galo Escobar, y los posiblemente con vida ex teniente 1ro. Angel Spada, ex sargento Juan Carlos Camicha, José Montenegro, Alejandro Stada y el propio ex mayor Carlos Calcagno.
Así también la justicia uruguaya deberá localizar y llamar al ex capitán de corbeta del ejército argentino José Abdala, el ex capitán de fragata Lázaro Sosa del ejército paraguayo, el ex teniente 1ro. José Montenegro y Juan Manuel Berret muy posiblemente del SIDE argentino.
Del mismo procedimiento judicial, será posible echar luz sobre las desapariciones de los argentinos secuestrados en los mismos prodecimientos y que muy posiblemente recibieron el mismo trato, como son, Marta Dora Landi Gill, Alejandro José Logolusso, hasta el día de hoy desaparecidos, y el sobreviviente José Nell.
También será de cardinal importancia que la justicia uruguaya se coordine con los distintos juzgados tanto en la Argentina, a cargo del Juez Canicova Corral, como en el Paraguay, con el Juez Gustavo Santander Dans, quienes, cada cual a su vez, reúnen causas referentes a violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de estado en el cono sur, y específicamente dedicados al desentrañar el llamado operativo cóndor, como organización criminal de alcance multinacional para seguir, secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a luchadores y luchadoras antidictatoriales durante los años setentas. Comparto la información proveída la Asociación de ex presos políticos del Uruguay.
Federico Tatter.
La Justicia citó a testigos para el próximo martes
El Ejecutivo excluyó de la impunidad desapariciones de Santana e Inzaurralde
Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana fueron secuestrados en Paraguay en 1977. El coronel Carlos Calcagno participó de sus torturas en Asunción. Fueron trasladados en un avión de la ESMA a Buenos Aires según evidencian documentos de los "Archivos del Horror". Pudieron haber sido luego "repatriados". El caso nunca había sido presentado ante la Justicia uruguaya.
La
jueza Graciela Gatti inició indagatoria
El Poder Ejecutivo decidió que el
caso de desaparición de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde,
secuestrados en Paraguay en 1977 y posiblemente trasladados a Uruguay, no está
incluido en la Ley de Caducidad y la Justicia Penal comenzará a instruir la
causa la próxima semana.
La denuncia por el secuestro de
los dos uruguayos había sido presentada ante la jueza penal de 7º Turno, doctora
Graciela Gatti, quien ya retomó el expediente y citó para el próximo martes al
abogado Pablo Chargoñia y al denunciante William Inzaurralde (hermano del
desaparecido).
Para el día miércoles también
fueron convocados ante la magistrada el miembro de la Comisión de Derechos
Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, y el periodista del semanario Brecha, Samuel
Blixen, quien encontró pruebas sobre el traslado de Santana e Inzaurralde en
Paraguay.
En 1992, Blixen y el fallecido
dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Hugo Cores, pudieron
ubicar en los llamados "Archivos del Horror" un documento que evidencia el
traslado de los dos uruguayos y la participación en el hecho del coronel
uruguayo Carlos Calcagno Gorlero.
Los "Archivos del Horror"
compuesto por documentos de inteligencia de la dictadura del general Alfredo
Stroessner, habían sido descubiertos en una localidad fuera de Asunción por el
abogado Martín Almada, y con ellos se confirmó la coordinación represiva militar
en el denominado "Plan Cóndor".
¿"Repatriación
forzada"?
En los archivos paraguayos consta
que Santana e Inzaurralde fueron detenidos en una prisión de Asunción el 28 de
marzo de 1977, donde fueron torturados hasta el 16 de mayo, cuando se los
trasladó junto a otros detenidos argentinos inicialmente a Buenos Aires en un
avión de la marina de ese país.
Los documentos demuestran que el
coronel Calcagno, por entonces jefe de Contrainformaciones del Ejército
uruguayo, estuvo presente en las sesiones de torturas y aportó a Paraguay
antecedentes sobre los dos detenidos y sobre varios grupos opositores de la
dictadura.
La participación de un avión de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el traslado de los dos uruguayos,
genera hoy nuevas interrogantes cuando en otras causas judiciales sobre la
represión de la dictadura se ha confirmado la conexión de la marina argentina
con los represores uruguayos.
El caso Santana-Inzaurralde nunca
había sido presentado ante la Justicia Penal uruguaya, hasta que la confirmación
del llamado "segundo vuelo" del centro de torturas Orletti y la presunción de
traslados posteriores, impone la hipótesis de que ambos uruguayos también hayan
sido devueltos a Uruguay.
En 1976 la dictadura coordinó en
Argentina el secuestro de medio centenar de militantes del PVP exiliados en
Buenos Aires. La mitad de ellos fue traída ese julio en un "primer vuelo" y
terminaron procesados por la Justicia Militar. El resto, traído en el "segundo
vuelo" el 5 de octubre permanece desaparecido. *
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