Prólogo

Cuando en reunión del secretariado decidimos por unanimidad impulsar la nueva edición del INFORME CONADEP CÓRDOBA sentimos las sensación de cumplir finalmente con una responsabilidad insoslayable: aportar con este trabajo para que las futuras generaciones conozcan acerca del terrorismo de estado, las arbitrariedades del poder, la alevosía de los crímenes, fomentando así la valoración del sistema democrático y, profundizando sus principios, como la mejor manera de desarrollarnos en una sociedad libre y con igualdad de oportunidades para todos. Y es que en las metas trazadas por quienes, reunidos en torno a un dolor muy particular venimos trabajando desde hace ya más de dos décadas, está la difusión de nuestros testimonios del horror; porque estamos convencidos que de esta manera contribuimos a que no se repita la ignominia que deriva del autoritarismo, para que nunca más ningún ciudadano en este país deba atravesar por semejantes circunstancias.

Esta es nuestra responsabilidad mayúscula por los seres queridos víctimas de la irracionalidad. Porque entendemos la acción de mantener viva la memoria como una manera más de luchar contra la impunidad que, tras leer los testimonios de este Informe, no se entiende como todavía persiste para los asesinos y sus cómplices.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA, constituida en Asociación Civil, es una organización singular. Se conformó a partir de la espontánea reunión de familiares de víctimas de la represión política desatada desde 1974 en adelante. Se acentuó la participación cuando a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 se institucionaliza la represión, centralizada desde el propio Estado y sus organismos; hasta ese momento, eran adjudicados estos actos represivos, traducidos en asesinatos a mansalva, secuestros y torturas, a estructuras paralelas llamadas “paramilitares”, como “la triple A” o el “comando libertadores de América”.

Esas terribles circunstancias vividas por los familiares que se encontraban en lugares comunes (comisarías, puertas de cárcel, juzgados, despachos oficiales, arzobispado), forjaron la conciencia de padres, hermanos, esposas, respecto a la necesidad de unirse. “Hay que hacer algo”, se escuchaba cada vez con mayor insistencia. Y así los encuentros casuales frente a algún organismo público para efectuar averiguaciones, ante la inexorable falta de respuestas, se transformaron en reuniones planificadas. Primero en casas de familia, parroquias e iglesias solidarias con esta causa. Después se organizó el funcionamiento de manera regular en locales cedidos hasta llegar a tener una sede propia como ocurre por estos días. 

Han transcurrido muchos años de lucha que han dejado su mella: hoy FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA, es una institución reconocida en la defensa de los derechos humanos, con objetivos muy claros como la lucha contra la impunidad a través de la continua denuncia de los atropellos y arbitrariedades que se cometen y la difusión del horror de la dictadura.

A nuestra organización EL INFORME CONADEP CÓRDOBA la toca muy de cerca. Hasta la constitución de la Delegación Córdoba de CONADEP allá por 1984, era FAMILIARES la depositaria del mayor archivo de Córdoba sobre los casos de secuestros, desapariciones y otros actos ilegales perpetrados por las fuerzas de seguridad. Aunque elemental, por los escasos medios con que contábamos, fue ofrecido a la CONADEP y sirvió de base para las investigaciones que, en mejores circunstancias y con el apoyo político que significaba ser un organismo oficial, profundizó un gran trabajo de quienes integraron la Delegación Córdoba, sus secretarios y funcionarios. La ardua tarea desempeñada hasta septiembre de 1984 importó, sin embargo, no pocos desvelos: no faltaron las consabidas amenazas y hostigamiento de los grupos de tareas que alcanzaron su punto máximo con el atentado al domicilio del Dr. Barraco Aguirre, hecho todavía impune.

Pero nada hubiera sido posible sin el testimonio que en forma masiva brindaron la víctimas del horror. Diariamente se volcaron al local de la calle Catamarca los familiares de desaparecidos, testigos de secuestros y detenciones, sobrevivientes e campos de concentración y muchos ciudadanos que, de manera espontánea, ofrecieron su declaración ante la CONADEP, para así contribuir a echar luz sobre el período más oscuro de la historia de esta provincia. De esta manera se pudo tener una idea de la magnitud de la represión ilegal en Córdoba, de la responsabilidad de algunos personajes como el general Menéndez y de la crueldad con que actuaban; se hizo público que la pesadilla de Auschwitz se repetía en “La Perla” cuarenta años después, aquí a unos pocos kilómetros de la capital, camino a las sierras. Se supo de la D-2 (Dirección de Inteligencia) y sus actividades en el Cabildo, justo al frente de la Catedral; la opinión pública conoció de las aberraciones cometidas en esa dependencia de la policía de la provincia, de los gritos de los torturados que hasta llegaban hasta la iglesia mayor y de la mirada a un costado por parte de las cúpulas eclesiásticas. Conocimos las circunstancias precisas de las ejecuciones de prisioneros en la Unidad Penitenciaria de Barrio San Martín, con la burda justificación oficial de “muerte por intento de fuga”.

Dos décadas después, cuando algunos personajes reacomodados a la nueva situación política se presentan como “defensores de los derechos humanos”, nosotros recordamos a los compañeros que dieron todo de sí en esta lucha. Son algunos de los que fundaron esta organización y que hoy ya no están entre nosotros. Con ellos compartimos muchas tensas jornadas de trabajo y tuvimos la suerte de caminar las calles de Córdoba toda vez que alguna fecha vinculada a los derechos humanos nos convocó. Vaya para ellos nuestro reconocimiento y gratitud por su entrega en el trabajo y su empecinamiento en soñar un país mejor.

De la lectura de este INFORME, podrán sacarse algunas conclusiones sobre los fundamentos ideológicos de la brutal represión encarada por la dictadura militar y el proyecto político subyacente detrás de semejantes actos delictivos. También será posible al lector común conocer en detalle y por descarnados testimonios, qué es eso del “terrorismo de estado” y la situación de absoluta indefensión que genera en los ciudadanos inermes. También los ubicará en un modo distinto al de hoy, en pleno apogeo de la “guerra fría”, con un imperio, Estados Unidos, empecinado en combatir de cualquier forma todo intento de proyecto independiente en sus países sometidos, sin escatimar esfuerzos en alentar el surgimiento de gobiernos dictatoriales que asolaron Latinoamérica durante las décadas ’60 y ’70. Fue evidente la participación norteamericana en los distintos movimientos destinados a quebrar el orden institucional de nuestros países instruyendo a las fuerzas armadas en tareas de represión interna en escuelas dependientes del Pentágono. Se conoció que, en las reuniones de la Junta Interamericana de Defensa, se coordinaban las acciones tendientes a homogeneizar en toda América Latina los dictados de la “ideología de la seguridad nacional”. No caben dudas de la responsabilidad que le cabe a las fuerzas armadas argentinas en estos trágicos acontecimientos, cuyo punto máximo se alcanzó en la última dictadura, toda vez que, apoyadas por minorías antidemocráticas representantes de claros intereses sectoriales, tomaron por asalto el poder en forma reiterada desde 1955.

Y este INFORME servirá también para ratificar nuestro compromiso con la demanda de JUICIO Y CASTIGO a todos los responsables del genocidio en la Argentina; servirá para la reflexión de la clase política que, por sus vacilaciones, en pleno período democrático, cayó en la trampa de la extorsión cuando dictó las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, durante el gobierno del presidente Alfonsín, y los decretos de indulto del presidente Menem. Los objetivos declarados de estas aberraciones jurídicas (“reconciliación”, “un futuro sin resentimientos”) jamás se alcanzaron; estos traspiés que sufrimos quienes simplemente clamamos justicia, lejos de atenuar nuestra lucha, la acrecentaron. Hoy, muchos de los jerarcas militares (Videla, Massera, Bignone, Nicoláides) están presos; el delito de apropiación de menores, no había sido contemplado dentro de las leyes que consagraron la impunidad de los genocidas; hoy cobra vigencia el brazo de la justicia que, aunque tímidamente, en materia de derechos humanos se está haciendo sentir en Argentina. 

Aunque en materia de impunidad, nuevos hechos nos demostraron cuanto resta todavía: la voladura de la Embajada de Israel y del edificio de la A.M.I.A., con más de 120 víctimas, aún no tiene responsables y es por todos conocido la participación de miembros de fuerzas de seguridad en semejantes atentados.

Para el caso particular de Córdoba, esperamos la concreción de esta justicia que reclamamos alcance a todos, en forma ciega, como corresponde. Y mientras tanto, apoyamos todas y cada una de las causas abiertas en tribunales extranjeros y la consideración del delito de genocidio como “lesa humanidad”, no reconociéndose fronteras para su juzgamiento. Así podemos ver cómo, a partir de las medidas adoptadas por el Juez español Baltasar Garzón, y los procesos abiertos en Suecia, Francia, Suiza, Italia y Alemania, el país se ha convertido en una gran cárcel, pues arrecian los pedidos de captura internacionales para los represores; y no es un dato menor esta realidad, pues a partir de Pinochet ha dado un vuelco total todo lo concerniente a la impunidad de los tiranos latinoamericanos.

Servirá la lectura de este INFORME a la dirigencia política cordobesa ? En 1984 la primera edición de este INFORME corre por cuenta de la Municipalidad; Ramón Mestre era el intendente. Y en 1997, ya como gobernador, el propio Mestre saludó al general Menéndez y compartió con él un palco en un acto oficial.. También el intendente Martí o el gobernador Angeloz y sus funcionarios se cruzaron más de una vez con el siniestro personaje en actos públicos; y algunos, sin ningún pudor, hasta justificaron su proceder. Y más recientemente la increíble actitud del diputado nacional Roggero, montando un gran operativo de prensa para su viaje a Madrid a difamar el trabajo del juez Garzón y defender la “territorialidad” de la justicia. Y la Legislatura Provincial? Debieron transcurrir trece años para que los legisladores declaren persona no grata al general Menéndez. Desde ya que esta lectura les será provechosa.

Esta nueva edición incluye entre sus páginas reproducciones de los trabajos presentados por un grupo de destacados artistas plásticos de Córdoba en la muestra organizada por FAMILIARES junto a organismos hermanos como ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Delegación Córdoba e H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) denominada “A VEINTE AÑOS DEL GOLPE” y que se realizó en marzo de 1996 en el Instituto Goethe. Se mostró cómo desde una expresión artística es posible alzar la voz en defensa de la libertad, en oposición a los atropellos a los derechos humanos conculcados por la dictadura.

Que este esfuerzo, entonces, sirva para que juntos construyamos un futuro mejor, con justicia, libertad y equidad en la distribución de la riqueza que todos producimos. Y si algún lector desea una participación más activa en esto de luchar contra la impunidad, para que los anhelos de JUSTICIA se conviertan por fin en realidad, le proponemos se sume a la difusión de los hechos aquí descriptos y la promoción de los derechos humanos en el ámbito donde le toque desenvolverse.
Córdoba, septiembre de 1999.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS




EL INTERROGATORIO

A veces me pregunto: ¿Cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino, mirar a los hijos en los ojos, dar la mano? A veces me pregunto: ¿Podrán sembrar alguna planta. acariciar a un perro, cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, darles los buenos días al vecino? A veces me pregunto: ¿Podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad para sus pagos, perdonar a sus deudores, alimentar proyectos de futuro, levantar una casa? A veces me pregunto: ¿Recordarán los nombres y las fechas, verán algunos rostros, sabrán qué hacían los domingos, cómo amaban la vida, como cantaban diariamente? A veces me pregunto: ¿Podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos? ¿Olvidarán que a algunos los lanzaron al mar como sembrando peces doloridos, a otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre y a todos los cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá de la muerte? A veces me pregunto si logran el olvido. Confieso que yo ni un sólo día he dejado de pensarlo y que exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos; devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así de dedicaron a prostituir la vida.

Hamlet Lima Quintana 




Creación de la Delegación Córdoba 

Por resolución de fecha dieciséis de febrero del corriente año, la COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, crea en la provincia, la Delegación Córdoba, fijando en la misma resolución sus atribuciones y funciones: 


Esta delgación Córdoba inicia sus actividades en la primera quincena del mes de marzo, integrada por los siguientes miembros: 

Presidente Arq. Luis Rebora 

Coord. Area de denuncias Dr. Rodolfo Barraco Aguirre 

Coord. Area Administrativa Dr. Albino Serafín 

Coord. Area Verificación y Procedimientos:
Dr. Rubén Arroyo 
Rvo. Padre José Naguib Nasser 
Pastora Nélida Richie 
Rabino Felipe Yafe 
Presb. Ignacio Osvaldo Sahade 
Arq. Bernardino Taranto 
Esc. Narciso Ceballos 
Ing, Ángel Manzur 
Gustavo Monayar


Asimismo la Delegación se estructuró en tres áreas en las que se desempeñaron los miembros de la Comisión, los Secretarios y Funcionarios que a continuación se indican: 


AREA DENUNCIAS 

Secretaria:
Dra. María Elena Mercado 

Funcionarios: 
Miguel Apontes 
María Pía Annone 
Luis López 
Mirta Mansilla 
Erio Vaudagna 

Area Verificación y Procedimientos: 
Secretario: Dr. Francisco Lucas Delgado 

Funcionarios: 
Dr. Carlos A. Mahieu 
Dr. Oscar Motta 
Dra Patricia del Valle Tasso 
Area administratitiva

Encargado: Sr. Jorge Galante 

Funcionarios: 
Arq. Silvia Chaves 
Sr. Felipe Sipowicz 
Sr. Ramón Oscar Alderete 

Córdoba, 27 de septiembre de 1984.




LA POLÍTICA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN CÓRDOBA 

El Decreto 187/83 del Poder Ejecutivo Nacional, que creó la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, señala en sus considerandos la necesidad de satisfacer el «interés legítimo» de la sociedad civil de intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos en los que desaparecieron miles de personas «sin que esa intervención interfiriera con la actuación de los órganos constitucionales competentes para investigar o penar estos hechos, o sea los jueces». En cumplimiento de ese propósito central, la Delegación Córdoba de esa Comisión, adoptó desde el momento en que comenzó su actividad una metodología destinada a procurar la recepción de denuncias, testimonios y otros elementos probatorios de los hechos de detención o secuestro seguidos de la desaparición de las víctimas, con la mayor precisión posible respecto de la materialidad de los acontecimientos en sí y sus circunstancias, así como de sus presuntos autores y elementos materiales utilizados. 

Este requerimiento de precisión, tendiente por una parte a evitar un innecesario desgaste jurisdiccional en casos de denuncias carentes de verosimilitud o seriedad y, por otra, a facilitar la acción de los órganos judiciales competentes, hizo que la tarea de la Delegación no se limitara a la recepción pasiva de denuncias, si no que, por el contrario, debiera ser complementada por procedimientos de verificación, desarrollados en el marco de sus facultades. Para esta actividad se contó con la colaboración de la población en general, la de distintas instituciones representativas- en particular los organismos defensores de derechos humanos - y la de los poderes públicos, materializada en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, del Departamento Ejecutivo Municipal y la Universidad Nacional de Córdoba, que pusieron a disposición de la Comisión la documentación y dependencias de sus respectivas jurisdicciones. 

Fue así como, en cada caso, individualizados los hechos y reunida la prueba documental y testimonial que acreditaba su existencia y circunstancia, se procedió a elevar a la justicia las correspondientes denuncias con miras a su investigación por el poder constitucional. De esta manera se logró avanzar en el esclarecimiento de numerosos episodios de notoria repercusión. Entre ellos, a título de ejemplo, pueden señalarse: la denuncia sobre la muerte de Amelia Nélida Insaurralde en la Prisión Militar del Campo de La Ribera, que en su momento se pretendió presentar como resultado de un suicidio; el reconocimiento de la existencia de los centros clandestinos de detención, tortura, muerte y enterramientos de La Perla, Malagueño, o «La Perla Chica» y Campo de la Ribera; y la comprobación de detenciones en condiciones de virtual secuestro, con aplicación sistemática de tormentos y resultados de muertes por tortura o fusilamiento en la Cárcel Penitenciaria (U.P.1) de la Ciudad de Córdoba y en el Departamento de Inteligencia (D-2, ex Informaciones) de la Policía de la Provincia. 

A la vez, en los numerosos casos aún no elevados a la Justicia por no haberse completado la recopilación de elementos probatorios, circunstancia debida tanto a los límites impuestos por el tiempo como la complejidad de las causas y el deliberado ocultamiento o destrucción de documentación por parte de los responsables de este verdadero genocidio, el material reunido hasta el presente ha sido remitido a la Comisión Nacional para su entrega al Poder Ejecutivo Nacional, que conforme se ha informado públicamente ya, determinará los mecanismos a seguir para la continuidad de la tarea iniciada por este organismo. 

De esta manera, de los numerosos testimonios y denuncias receptados, de los procedimientos practicados y de las investigaciones realizadas por la Justicia en su consecuencia, surge la convicción de que el drama de los desaparecidos en la Argentina -y en Córdoba en particular- fue el resultado de una política sistemáticamente aplicada y no de presuntos «excesos» individuales cometidos por elementos fuera de control. 

Por ello es que, en la mayoría de los casos, la desaparición forzada de personas ha respondido a la misma secuencia. Esta comienza por la detención -regular o irregular, pero practicada por personal dependiente del Estado- transformada luego en secuestro por el confinamiento de la víctima en un centro clandestino; continúa con la aplicación de tormentos; en gran número de ellos, culmina con la muerte y la inhumación clandestina; y termina, finalmente, con la destrucción de toda documentación probatoria. Cuando se conozcan en su totalidad las normas -de las que recién una mínima parte ha tomado estado público- que revelan la actividad terrorista del Estado, el país podrá tener la evidencia completa y definitiva de esta planificación, a la vez que reconocerá su identidad y estirpe en el decreto nazi de «noche y niebla» cuya instrumentación explicaba Hoffmann en 1942 escribiendo en sus instrucciones:

«Puesto que la finalidad de este decreto es dejar a los familiares, amigos, y conocidos del preso en la incertidumbre acerca de su paradero, no se les permitirá ningún contacto con el exterior; por la misma razón no podrán escribir cartas, ni recibir visitas o paquetes, etcétera». 

O en el más sintético bando del mariscal Keittel, jefe del alto mando alemán: 
«a) los presos desaparecerán sin dejar rastro; b) No podrá brindarse ninguna información sobre el lugar dónde se encuentran, ni sobre su destino». 

A todo este accionar tenebroso, que no sólo buscó el aniquilamiento psíquico y físico de las víctimas, sino también extender sus consecuencias a la angustia e incertidumbre de los familiares - de las madres, esposas, hijos, que vanamente recurrieron a todos los organismos del Estado en búsqueda de una respuesta - se sumaban los actos de pillaje de sus ejecutantes: sustrayendo cuanto objeto de valor encontraran en las viviendas de donde se llevaban los detenidos; extorsionando a los familiares para que pagaran rescates por los secuestrados; violando mujeres y robando vehículos, que utilizaban en sus andanzas. 

Es por ello que la invocación de una «guerra», como justificadora de este horror, resulta un eufemismo que groseramente pretendió ocultar el verdadero rostro del accionar terrorista del Estado. Dejamos librado al juicio de la opinión pública si todos los hechos que pasamos a describir pueden quedar comprendidos en el marco del concepto que supone una confrontación bélica o si, por el contrario, se trata de una mera actividad represiva, aunque además ilegal, organizada por organismos estatales y con características de «banda» o asociación ilícita dada la modalidad operativa. 

A los efectos de sistematizar mejor el presente Informe, se la ha dividido en los siguientes capítulos: 

I-Secuestros 
II-Torturas 
III-Muertes 
IV-Inhumaciones clandestinas
V-Menores
VI-Saqueos
VII-Anexos
Reflexiones Finales