Durante una conferencia de prensa en esta ciudad, el titular del Grupo de Trabajo, el mexicano Santiago Corcuera, hizo un repaso de la actuación de la comisión en la Argentina, que se extendió entre el 21 de julio y hoy, lapso en el cual mantuvo reuniones con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de organismos no gubernamentales.

Consultado por DyN respecto de las asignaturas pendientes que tiene el Gobierno sobre la materia, Corcuera respondió: "El esclarecimiento de casos pendientes o abiertos en nuestros registros. Tenemos unos tres mil casos, cuando se dice que pudieron llegar a 30 mil (durante la última dictadura). Quisiéramos que se nos proporcionara información precisa para poder cerrar esos casos", remarcó.

"Que se continúen los esfuerzos, para que sirva de ejemplo para otros países que no están desplegando este tipo de esfuerzos. Esa es una asignatura pendiente", insistió el funcionario de Naciones Unidas.

En igual sentido, agregó que "los esfuerzos de identificación de restos tendrán que seguir adelante para poder vincularlos con familiares de los desaparecidos, para que esa persona confirme que en efecto, ya conoce cuál fue la suerte que corrió su familiar".

"De los casos sin registro, estamos muy interesados en que se aclaren, porque se refieren a la verificación del cumplimiento de la Declaración (sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas)", de 1992, contenida en la Convención del mismo nombre, que el Estado argentino aprobó en noviembre de 2007, a través de la ley 26.298, añadió.

Al mismo tiempo, Corcuera se mostró "complacido" con los esfuerzos en materia judicial, "tanto desde la perspectiva de procuración de justicia, como desde la administración de justicia propiamente dicha".

Sin embargo, no pasó por alto que "la inactividad procesal de tantos años (a raíz de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos a jefes militares y guerrilleros) causó mucho daño, y eso debe ser tomado como ejemplo por países que mantienen la política de no hacer nada. Debemos apurarnos. Esa asignatura también se debe cumplir", agregó.

El parte de prensa del Grupo de Trabajo consignó que la oficina "recibió para su consideración 3.445 casos de desapariciones forzadas en la Argentina. Aún tiene 3.303 casos pendientes de esclarecimiento sobre el paradero o la suerte de las víctimas de dichos casos. Sin embargo, el Grupo de Tareas está consciente de que el número de desapariciones durante la etapa del llamado terrorismo de Estado de los años 1976-1983 pudo ascender a un número cercano a los 30 mil", destacó.

De los 142 casos resueltos, Corcuera destacó que "en 2007 se logró determinar la suerte de 55 víctimas de desaparición forzada, gracias a la información proporcionada con el Gobierno".

En ese contexto, valoró el "alto grado de profesionalismo y los altos estándares científicos" del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha venido colaborando en la tarea de identificación de restos de desaparecidos.

Respecto de la situación del albañil Jorge López, visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, el representante de la ONU dijo que "se trató de una muy mala noticia. Estamos muy preocupados", enfatizó.

Y atribuyó la responsabilidad de la desaparición "muy posiblemente, a ex agentes del Estado".

Como parte de su actividad en la Argentina, el Grupo de Trabajo visitó los centros clandestinos de detención de la ESMA, en Buenos Aires, y La Perla y D-2, en la provincia de Córdoba.

"Nos quedamos sin habla. Tuvimos una sensación espantosa, por lo frío del lugar. Está bien que (esos centros clandestinos ahora) se establezcan como lugares de memoria", respondió Corcuera al ser consultado por esta agencia sobre su impresión durante la recorrida.