En un fallo de dos carillas, conocido esta mañana y al que Télam tuvo acceso, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun admitieron que el Máximo Tribunal en materia penal se expida, ya que el recurso cumple con los requisitos que exige la ley y se dirige "contra una sentencia equiparable a la definitiva".

Ello obedece, explicaron los magistrados, a que el rechazo de la excarcelación "restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final, ocasionando un perjuicio de imposible reparación ulterior, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata".

El 7 de este mes Cavallo sufrió su quinto procesamiento y un embargo de 431 millones de pesos, esta vez por el secuestro y la aplicación de tormentos a 292 prisioneros, siete de los cuales fallecieron, que se hallaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

La medida la tomó el juez federal Sergio Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, en el marco de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

Con anterioridad el magistrado ya había procesado a Cavallo, junto a otros camaradas de armas, por el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, del escritor y periodista Rodolfo Walsh y dos causas por apropiación de bienes de cautivos de la ESMA.

El último procesamiento se tomó en el expediente "principal" donde el juez Torres analizó cada uno de los casos puntuales entre los que se halla el de Elena Holmberg, secuestrada el 20 de diciembre de 1978 y cuyo cadáver fue hallado en el Delta del Río de la Plata.

"Encuentro reunidos los extremos necesarios como para tener por acreditada la materialidad" de los hechos analizados "como así también la responsabilidad que en relación a ellos le cupo" a Cavallo, escribió Torres en uno de los párrafos de la extensa resolución que supera las 250 carillas.

El magistrado sostuvo que "quedó debidamente acreditado que los comandantes en Jefe de la Armada Emilio Massera y Armando Lambruschini ordenaron un modo de combatir al terrorismo, consistente en aprehender a sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio y someterlos a tormentos".

Esa práctica tenía como propósito "obtener información", explicó Torres, quien señaló que posteriormente el destino de los cautivos podía ser la puesta a disposición de la Justicia, del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), "o bien eliminarlos físicamente".

Para oponerse a la libertad de Cavallo -quien actuaba bajo el mote de "Sérpico" en el centro clandestino de la ESMA- el magistrado recordó que los hechos que se le imputan son considerados crímenes de "lesa humanidad" y, por ende, imprescriptibles.