El comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca, Pedro Hernández Hernández, y el policía de esa corporación Ángel Cruz Reyes, El Chicharrón, sí detuvieron a los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, pero nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público, según se desprende de las declaraciones de un funcionario de la procuraduría de justicia de esa entidad.

Autoridades del Poder Judicial de la Federación informaron que lo anterior consta en la orden de arraigo 12/2008 que solicitó el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), como parte de la indagatoria que se sigue por la desaparición de las mencionadas personas.

El testigo de la Procuraduría General de la República, de quien por razones de seguridad se omitió su nombre, pero de quien se específica que labora en la procuraduría estatal, manifestó tener conocimiento de que sí existió una orden para detener a los eperristas tras haberse iniciado una averiguación previa en su contra, derivado del conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

Sin embargo, ni Alberto Cruz ni Reyes Amaya fueron puestos a disposición del Ministerio Público pues, según el testigo, el comandante y Cruz Reyes intentaron extorsionarlos, y después ya no se supo nada del paradero de los subversivos.

Indicaron que de acuerdo con la orden de arraigo, en ella también se hace referencia a que el informante aseguró ante el agente del Ministerio Público Federal, que los citados policías estaban involucrados en diversos secuestros en Oaxaca.

Eso fue el motivo por el cual la SIEDO pidió la orden de arraigo, para indagar a fondo qué fue lo que pasó con los eperristas y otras víctimas de plagio, ilícitos de los cuales se les acusa a los uniformados, quienes son presuntos responsables de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

Las autoridades consultadas señalaron que hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha solicitado alguna nueva orden de arraigo o de aprehensión contra otras autoridades de Oaxaca.

Cabe mencionar que los indicados fueron detenidos y presentados el pasado 26 de abril, por militares y policías federales, quienes los trasladaron a la Ciudad de México junto a siete personas más que posteriormente se dejó en libertad bajo las reservas de ley.

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