La demanda contra México fue interpuesta el pasado 15 de marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José (Costa Rica), informó hoy la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este es el primer caso sobre crímenes del pasado contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos en México que la CIDH lleva a ese tribunal, informó hoy la comisión en un comunicado.

La CIDH tiene el derecho de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si observa que los Estados hacen caso omiso a las recomendaciones que ha establecido previamente en el informe de fondo, que debido a la denuncia cursada no ha sido publicado aún.

México aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.

En su demanda, la CIDH se refiere a la detención ilegal de Radilla Pacheco por una unidad militar en el estado de Guerrero hace casi 34 años y a la desaparición forzosa de este mexicano desde entonces, sin que se haya esclarecido su paradero hasta ahora.

La CIDH alega que los hechos han quedado impunes y tampoco se ha reparado a los familiares de Radilla Pacheco por los daños producidos "como consecuencia de la pérdida de un ser querido y la prolongada denegación de la justicia".

El gobierno de México creó en noviembre de 2001 el Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a los Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que estudió el caso de Radilla Pacheco en marzo de 2008.

No obstante, la CIDH considera que México no ha cumplido con las "recomendaciones sustantivas" contenidas en el informe de fondo de la comisión y ha llevado el caso ante la Corte Interamericana.

En su demanda, la CIDH se refiere a la petición presentada el 15 de noviembre de 2001 por Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) sobre el caso de Radilla Pacheco.

En su petición las dos organizaciones alegan que Radilla Pacheco antes de su desaparición desarrolló labores de apoyo social a la comunidad de Atoyac, en el estado de Guerrero.

El día de su detención viajaba en autobús junto a su hijo cuando fue detenido por un retén militar y llevado al cuartel de la localidad, donde habría permanecido por aproximadamente un mes sometido a tortura.

Inicialmente los familiares de la presunta víctima no querían denunciar los hechos por temor a represalias del Estado, si bien emprendieron la búsqueda de Radilla Pacheco.

Transcurrido un tiempo, la familia interpuso numerosas denuncias ante distintas instancias, la primera en 1990 y la última en 2001.

Los peticionarios manifiestan que a pesar de las denuncias hasta el momento no se han producido diligencias encaminadas a investigar los hechos.

Las dos organizaciones aducen que hay un retraso injustificado en la investigación de los hechos, pues han transcurrido doce años desde la primera denuncia (hasta la presentación del caso ante la CIDH) y cerca de tres años desde la creación de la Fiscalía Especial para investigar los delitos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femossp).

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