“Hoy por hoy la única forma de ser sometido a un enjuiciamiento con motivo de una acusación que atribuye la comisión de un delito, en virtud de las normas constitucionales y convencionales internacionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, es por un juicio que se realice mediante una audiencia oral y pública”, argumentaron los camaristas Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi en contra de la pretensión de los represores. Agregaron que “la responsabilidad de los jueces sólo puede hacerse efectiva cuando sus actos son públicos, es decir, cuando los ciudadanos pueden asistir al debate y a la lectura de la sentencia”.

El Tribunal Oral tucumano rechazó así el pedido que había hecho el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz con el argumento de que los imputados no necesariamente debían someterse a un juicio oral. Según la defensa de Bussi y Menéndez, la ley que estableció los Tribunales Orales en 1992 permitía -para los procesos en trámite o relacionados con hechos anteriores a ese fecha- escoger por el sistema escrito.

Tras el rechazo al planteo de los represores, ahora sólo resta que las partes ofrezcan la prueba del caso y revisen la documentación de la causa. Cumplido ese trámite se podrá fijar la fecha para la realización de las audiencias orales y públicas.

El caso llegó al Tribunal Oral tucumano a fines de 2007, cuando el juez federal Daniel Bejas dio por finalizada la etapa de instrucción de la causa en la que Bussi y Menéndez están acusados y con prisión preventiva por la desaparición de Vargas Aignasse.

En su resolución, Bejas acusó a los dos represores de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de lesa humanidad. Ambos tienen, además, prisión preventiva en otras causas en las que se investigan desapariciones de personas cuando Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, dependiente del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.

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