El pasado martes lo aprobó la comisión de Derechos Humanos, que encabeza el bonaerense Remo Carlotto, en una reunión sin taquígrafos y de visibles apuros porque el secretario de la comisión hacía circular expedientes para la firma de asuntos que todavía no se habían discutido.

Para los diputados oficialistas, el hecho de haber sido tratado por la Cámara con otra composición de miembros le daba al trámite una celeridad especial, criterio que los diputados opositores, obviamente, no compartían.

Tenso clima para una comisión de Derechos Humanos en la que la palabra indemnización, reemplazada en el nombre de la ley por la de "beneficios", parecía tener mayor significado que la del dolor "que nos hermana", como precisó la diputada independiente Norma Morandini, una de las voces que marcó las diferencias. "Por hablar del precio no hablamos del valor", sintetizó.

Según los que se oponen -y las críticas que recibió la iniciativa ya en 2005-, la ley beneficiaría sólo a aquellos que tuvieron oportunidad de irse del país en plena dictadura, pero no a los que sufrieron "exilios" de otro tipo, como mudanzas obligadas al interior, pérdida de familiares, del empleo o de amigos.

Falta el tilde favorable de la comisión de Presupuesto, luego el plenario del cuerpo y después la aprobación del Senado. Pasos de una ley en la que los números tienen hasta ahora mucho mayor peso que las palabras.

http://www.clarin.com/diario/2008/04/14/elpais/p-01202.htm