El caso más delicado es en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la capital que deberían terminar este año las megacausas de la ESMA -el principal centro de detención clandestino de la Armada por donde pasaron más 5 mil personas- y el Primer Cuerpo de Ejército que controlaba las "patotas" militares en la Capital, el Gran Buenos Aires y La Pampa, entre otras.

El problema provocó quejas en organizaciones de derechos humanos.

Un camarista y un juez que pidieron no ser identificados y el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat, ya advirtieron al Gobierno que en el TOF 5 "se producirán importantes demoras" . Para evitarlas, propusieron que se debe reasignar las causas o crear un séptimo tribunal oral en la Capital, entre varias alternativas. Además, el TOF 6 estaría por pasarle dos causas más por conexidad al TOF 5.

En un detallado informe que Auat envío al procurador general de la Nación, Esteban Righi, alertó que ese tribunal tiene a la espera 6 causas, luego de recibir 4. "La acumulación de la gran mayoría de las causas más relevantes del país en un mismo tribunal oral conspira contra la pretensión de lograr sentencias definitivas en un período razonable", escribió Auat en un informe al que Clarín accedió en exclusiva.

Por esas y otras razones, el fiscal Auat opinó que "parece conveniente pensar en la posible reasignación de la causa ESMA a otro tribunal oral", medida que debería tomar la Cámara Nacional de Casación a partir de un nuevo sorteo que, por ejemplo, excluya el TOF 5.

Además, Auat explicó las otras razones del retraso que sufrirán las más importantes de estas 300 causas abiertas en el país, como por ejemplo el excesivo uso de apelaciones por parte de los casi 1.000 militares y ex agentes de seguridad investigados. La causa ESMA tuvo 500 apelaciones ante la Cámara Federal.

Rápido de reflejos, Righi ordenó a todos los fiscales -hace dos semanas- elevar las causas a juicio aunque existan apelaciones ante cámaras federales o la de Casación.

De todos modos, dos jueces federales advirtieron informalmente al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, y al Consejo de la Magistratura de esta situación de estancamiento. Pero hasta ahora no hubo una respuesta institucional.

El Gobierno había acusado al renunciado presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi, por haber retrasado la megacausa ESMA.

Luego la presidenta Cristina Kirchner pidió a la Justicia acelerar esas 200 causas en el discurso que pronunció ante la asamblea legislativa el 1ø de marzo. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad son una de las banderas del kirchnerismo.

Hace dos semanas renunció Bisordi, una de las principales trabas según el Gobierno, pero ahora hay otros problemas con este enorme proceso judicial que tuvo su hito cuando la Corte Suprema de Justicia declaró en el 2005 la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Esa decisión, más la determinación del Congreso de declararlas nulas, permitió que por denuncias de organismos de derechos humanos o particulares se abrieran o reabrieran 850 expedientes en todo el país, agrupados en casi 200 causas lo que constituye el proceso judicial más grande de la historia del país.

http://www.clarin.com/diario/2008/03/24/elpais/p-00601.htm