Los abogados de organismos de derechos humanos Martín Fresneda y Claudio Orosz explicaron a La Voz del Interior que se intenta repetir en Córdoba lo que se hizo en otras jurisdicciones, de manera particular en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

“Está a discusión acumular las causas por ‘campos’. En Buenos Aires, por ejemplo, están las de la Esma (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), Campo de Mayo, el Primer Cuerpo de Ejército o el circuito Camps”, explicó Orosz.

¿En Córdoba cómo se traduciría esto? Se podrían enumerar para ello los hechos ocurridos en La Perla, la D-2, la Penitenciaría (UP1), Campo de la Rivera e Hidráulica, entre otros.

“Muchos de los casos individuales de estas distintas causas se están tramitando. Lo que se pretende hacer es, por un lado, coordinar el avance y, por otro, tener criterios de unificación. La cuestión es que cuando se llegue al Tribunal Oral, las causas estén unificadas”, dijo Orosz.

Afirmó, por caso, que todos los hechos que se ventilan por delitos de lesa humanidad perpetrados en La Perla “se van a acumular en uno solo”.

Hasta ahora ha sido elevado a juicio oral y público el caso “Brandalisis”, que tiene procesado, entre otros, a Luciano Benjamín Menéndez, por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flora Palacios y Raúl Cardozo, quienes fueron ultimados en un simulacro de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, en diciembre de 1977.

Este juicio, que debe ventilar el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, arrancaría a fines de junio o principios de agosto próximos; luego se abrirían las puertas para elevar a proceso oral otros casos ya avanzados en la instrucción.

Allí se inscriben el homicidio, en 1977, del estudiante del Colegio Monserrat Diego Hunziker (entre los procesados se anota el ex represor y ex carapintada Ernesto Barreiro); y la causa Bruno Laborda (Enrique), el coronel del Ejército que a mediados de 2004 confesó haber participado de aplicación de tormentos y asesinato a prisioneros del terrorismo de Estado en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército.

Avalancha de trámites “Hoy debemos tener un criterio mancomunado entre las querellas y el Ministerio Público Fiscal, de acumulación de causas”, insistió Fresneda.

Indicó que ello lo puede disponer, incluso, el propio Tribunal Oral. “De acuerdo a los criterios de conexidad objetiva y subjetiva, el Tribunal puede preguntar a la jueza qué causas están para elevar a juicio y acumularlas”, completó.

En Córdoba hay unos 100 imputados, militares, policías y civiles, por delitos aberrantes cometidos durante los años de plomo; 50 de ellos están detenidos, algunos con arresto domiciliario, como es el caso del represor Menéndez.

Los letrados precisaron que en los Tribunales Federales de Córdoba hay alrededor de 1.500 casos en averiguación por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983. “Por cada víctima estaríamos hablando de tres hechos: privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato”, agregó Fresneda.

Al aludir a las “causales de conexidad” como criterio procesal, Orosz dijo que en muchos hechos participa siempre el mismo imputado. “Por eso vamos a apoyar que las causas más avanzadas de La Perla las juntemos a todas, y las que vienen más retrasadas que vayan en otro ‘paquete’, pero que no haya tantos juicios”, coincidieron los abogados.

En este escenario, hay un dato que no es menor: la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, se pronunció por la “acumulación” de causas para evitar repetir el desfile de testigos por las audiencias orales y públicas y no “exponerlos a situación de riesgo”, luego de antecedentes graves en esa materia, como la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio que terminó con la condena por genocidio de Miguel Etchecolatz.

”Máquinas de impedir”. A 32 años del golpe de Estado de marzo de 1976, Orosz y Fresneda tuvieron gestos de reconocimiento, por su labor en estos años, tanto para la jueza Garzón de Lascano cuanto para la fiscal López de Filoñuk. Sin embargo, distinta fue la evaluación sobre los tribunales de alzada.

“Así como en Capital Federal hubo un juicio ejemplar a las Juntas (militares del proceso), en la gran mayoría de las localizaciones en el interior del país la Justicia Federal fue una máquina de impedir”, lanzó Orosz.

El abogado puntualizó que en Córdoba, “concretamente”, el proceso contra Menéndez tuvo sucesivas trabas de parte de la Cámara Federal de Apelaciones.

Aseguró que cuando los querellantes y la Fiscalía plantearon la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y del indulto (rechazado en primera instancia por la jueza de Instrucción), “la actual composición de la Cámara Federal demoró dos largos años” para resolver al respecto.

“Después de que la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) dijo que las leyes eran inconstitucionales, recién la Cámara Federal se animó a decir que eran inconstitucionales”, apuntó Orosz.

Elogios y críticas. Fresneda ponderó lo realizado por Garzón de Lascano y López de Filoñuk, pero criticó la actitud “corporativa” de otros estamentos judiciales.

“Hay una actitud corporativa de una institución acostumbrada a resolver otros conflictos”, puntualizó.

Y continuó: “Hoy tenemos un problema muy grave en la Argentina, que es resolver las causas de los derechos humanos, y lo que nosotros acusamos es la dinámica de la Justicia. Una dinámica que tiene a funcionarios que pertenecieron a una época en que entendían que estas causas estaban solidificadas en cuestiones políticas; así le quitaban el valor y la credibilidad jurídica”, dijo.

Con todo, comentó que aquella actitud “corporativa” no debe opacar “a la gente que tiene un buen desempeño” en la Justicia Federal.

“López de Filoñuk es una fiscal que ha buscado y sigue buscando reconciliar a la Justicia Federal con la sociedad argentina”, dijo Fresneda.

Desde otra perspectiva, el abogado de organismos de derechos humanos rescató “el esfuerzo que realizan la jueza Garzón de Lascano y los equipos que ella armó”.

“Si usted nos pregunta dónde estuvieron las demoras, no caben dudas. La respuesta es: en la Cámara Federal de Córdoba”, remató Orosz.

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