Ante los argumentos de CEJIL, el Alto Tribunal cuestionó al agente estatal acerca de cuáles habían sido los esfuerzos del Estado para investigar las violaciones a los derechos humanos una vez finalizada la dictadura. El abogado panameño Jorge Federico Lee contestó que no era posible que agentes estatales presentaran denuncias contra el mismo Estado y aseveró que las desapariciones forzadas no eran de conocimiento público.

CEJIL replicó que quizás el Dr. Lee no hubiese conocido sobre las desapariciones forzadas, pero que la sociedad panameña sí estuvo enterada. El Alto Tribunal indicó a las partes que tienen hasta el 3 de marzo para presentar sus alegatos por escrito. Posteriormente, la Corte analizará el caso y dictará sentencia.

http://www.critica.com.pa/archivo/02012008/nac05.html