Jorge Cabrera, también conocido como Andrés Cabrera, o por su alias El Barba tiene hoy 60 años, 1,60 metros de estatura, cabello canoso y bigote negro y fue señalado ante la Justicia Federal por Costanzo como “el especialista en torturas” de la patota de Feced. El que aplicó sus técnicas sobre Tito Mesziez, al igual que sobre Cambiasso y Pereira Rossi. Que de lunes a viernes era empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y los fines de semana se convertía en un inofensivo vendedor de pororó en Parque Sunchales. Al menos, hasta el año 2000.

Los dichos de Costanzo ante el juez Angelini fueron la ratificación de la entrevista publicada por Rosario/12 en la que declaró que “Cabrera alias El Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y (Jorge) Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiasso y Pereira Rossi dentro del camioncito en Boulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda”, había dicho Costanzo, quien además apuntó al entonces responsable de la Defensoría, Norberto Nicotra, como quien le dio empleo.

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Preocupado por el paso de Cabrera por el Estado, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI en el Frente Progresista) solicitó se informe sobre el ingreso y actuación en la administración pública provincial de Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino de detención Quinta de Funes.

Gutiérrez pidió también “la fecha de ingreso a la administración pública provincial, el listado de funciones asignadas, las fechas de ingreso, cese y responsables de las reparticiones administrativas en donde el represor Cabrera hubiere prestado servicios durante la vigencia de su relación laboral con el Estado provincial, especificando particularmente las tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la provincia”.

Además, la diputada del ARI quiere saber si el represor “continúa en la actualidad percibiendo haberes o remuneraciones de cualquier naturaleza o cumpliendo funciones en la administración pública provincial, y en caso negativo, se detalle la fecha y las causales de la extinción del vínculo laboral”.

En la misma línea, la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) interpuso una presentación ante el Juzgado Federal Número 4 de Rosario, solicitando la indagatoria y detención de Cabrera consignando que “a partir de las declaraciones de Costanzo, detenido con prisión domiciliaria, y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de inteligencia mexicana, es posible determinar la participación de Cabrera en la ‘Operación México’ en enero de 1978, que tenía por objeto secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la Ciudad de México”. Los documentos de inteligencia mexicanos constituirían prueba determinante para acreditar la responsabilidad penal de Jorge Cabrera, quien habría ingresado a México bajo la identidad de “Carlos Alberto Carabetta”.

En su comunicado HIJOS recuerda que “el proyecto criminal de ‘Operación México’ fue impulsado por Leopoldo Galtieri, entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército y autor intelectual del centro clandestino de detención que funcionó en Quinta de Funes. Luego de que los militares argentinos fueran expulsados de México, acusados de espionaje ilegal, inmediatamente el centro clandestino de detención de la Quinta de Funes fue desmantelado y sus presos trasladados a otro centro”.

Para HIJOS es grave que Cabrera haya sido empleado público y “la gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante el terrorismo de Estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales. Esto muestra cómo las instituciones bajo la dirección del poder político cómplice, en contados casos sirvieron de refugio de aquellos que fueron responsables del plan genocida instaurado por el último gobierno de facto”.