Arg - Causa R9: empieza el juicio sin Nicolaides | Corrientes |
El jefe del Ejército estará ausente del proceso que se le sigue por
desaparición de personas, aunque ello no detiene el debate para otros
cinco imputados.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar mañana a tres ex miembros del Regimiento de Infantería 9 y tres ex gendarmes por secuestros, tormentos y dos desapariciones forzadas, en el primer juicio oral en el interior del país por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar mañana a tres ex miembros del Regimiento de Infantería 9 y tres ex gendarmes por secuestros, tormentos y dos desapariciones forzadas, en el primer juicio oral en el interior del país por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El caso particular es que uno de los seis imputados, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Cristino Nicolaides, estará ausente en el debate al permanecer en grave estado de salud, internado en terapia intensiva en Córdoba capital, donde además cumple una condena de 25 años de prisión con arresto domiciliario por otras desapariciones de personas.
El Tribunal resolvería a las 8.30, cuando comenzará el juicio en la sala federal ubicada en Pellegrini al 900, si es que lo separa de este debate y posterga su juzgamiento, aunque ello no paralizaría el proceso para el resto de los acusados, según fuentes de la causa.
“Está postrado y sería una carga para los jueces no apartarlo de este juicio, es posible que se postergue su situación para otro debate, por separado”, relató una fuente judicial. Por su lado, la querella estaría de acuerdo con esta definición porque de lo contrario algunos debates del juicio podrían trasladarse a Córdoba, con el Tribunal constituido allí, lo que dificultaría el normal desarrollo del proceso.
De todas maneras, el debate comenzará para el resto de los imputados porque las acusaciones están realizadas en forma individual, sobre cada uno de ellos. Según explicaron voceros judiciales, la ausencia del ex Jefe del Ejército no tiene por qué paralizar el proceso.
Además de Nicolaides, están imputados los ex capitanes Juan Carlos De Marchi, Rafael Barreiro y Horacio Losito, y los ex gendarmes Carlos Piriz y Roberto Reynoso, quienes estaban detenidos en Campo de Mayo y el penal de Marcos Paz y fueron trasladados a una cárcel de Resistencia, Chaco, la semana pasada.
La causa, caratulada “De Marchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada”, expediente 460/04, fue inicia en 2004 por familiares de los jóvenes correntinos desaparecidos entre 1976 y 1983, Rómulo Artieda y Ramón Vargas.
La querella y la defensa irán al debate con iguales cantidades de testigos, cuarenta cada uno, entre ellos, 25 ex prisioneros que denunciaron haber sido secuestrados, encarcelados y torturados en el Regimiento 9, ubicado por la avenida Costanera de la capital provincial.
La defensa aportó, por su parte, a una decena de ex conscriptos que certificaría que algunos de los acusados se habían retirado del Ejército antes de las desapariciones de Artieda y Vargas, con la intención de desvincular de la causa a los imputados.
Mientras los querellantes, Diego Vigay, Ramón Leguizamón y Carlos Domínguez Henaín, pretenden avanzar para lograr la pena máxima de prisión, la defensa plantearía el primer día la nulidad del juicio.
Ese pedido, en caso de plantearse, podría provocar el pase del Tribunal a un cuarto intermedio este primer día luego de que los jueces constaten los presentes y lean las acusaciones.
El abogado Jorge Buompadre, defensor de De Marchi y Barreiro, espera una respuesta del Tribunal a un reciente pedido de suspensión del juicio al sostener que se “afectó el derecho a la defensa” durante el tiempo que esos acusados fueron alojados en Buenos Aires, “a mil kilómetros de distancia”.
Tanto el Tribunal como la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo largo de la investigación que lleva más de tres años, rechazaron varios pedidos de nulidad de la causa y de excarcelación para los procesados al sostener las pruebas recolectadas en la etapa de instrucción que, en su mayoría, fueron aportadas por la querella en base a testimonios y documentos.
El abogado viene de generar una gran polémica cuando, en declaraciones a radio La Red, el jueves pasado, acusó al Tribunal de actuar en base a requerimiento del Ministerio de Defensa de la Nación, con lo cual quiso decir bajo presiones políticas, además de criticar duramente a los jueces porque -según él- afectaron el derecho a la defensa de los imputados al trasladarlos a Buenos Aires.
Sus dichos fueron respondidos ayer por una carta del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, quien defendió el plan para proteger físicamente no sólo a testigos, sino a los abogados, jueces y fiscales de la causa.
La misiva generó una inmediata respuesta por parte de Buompadre.
El Tribunal estará constituido por los jueces Víctor Alonso (presidente), Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro (vocales).
http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/noticia.php?i=138488
El Tribunal resolvería a las 8.30, cuando comenzará el juicio en la sala federal ubicada en Pellegrini al 900, si es que lo separa de este debate y posterga su juzgamiento, aunque ello no paralizaría el proceso para el resto de los acusados, según fuentes de la causa.
“Está postrado y sería una carga para los jueces no apartarlo de este juicio, es posible que se postergue su situación para otro debate, por separado”, relató una fuente judicial. Por su lado, la querella estaría de acuerdo con esta definición porque de lo contrario algunos debates del juicio podrían trasladarse a Córdoba, con el Tribunal constituido allí, lo que dificultaría el normal desarrollo del proceso.
De todas maneras, el debate comenzará para el resto de los imputados porque las acusaciones están realizadas en forma individual, sobre cada uno de ellos. Según explicaron voceros judiciales, la ausencia del ex Jefe del Ejército no tiene por qué paralizar el proceso.
Además de Nicolaides, están imputados los ex capitanes Juan Carlos De Marchi, Rafael Barreiro y Horacio Losito, y los ex gendarmes Carlos Piriz y Roberto Reynoso, quienes estaban detenidos en Campo de Mayo y el penal de Marcos Paz y fueron trasladados a una cárcel de Resistencia, Chaco, la semana pasada.
La causa, caratulada “De Marchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada”, expediente 460/04, fue inicia en 2004 por familiares de los jóvenes correntinos desaparecidos entre 1976 y 1983, Rómulo Artieda y Ramón Vargas.
La querella y la defensa irán al debate con iguales cantidades de testigos, cuarenta cada uno, entre ellos, 25 ex prisioneros que denunciaron haber sido secuestrados, encarcelados y torturados en el Regimiento 9, ubicado por la avenida Costanera de la capital provincial.
La defensa aportó, por su parte, a una decena de ex conscriptos que certificaría que algunos de los acusados se habían retirado del Ejército antes de las desapariciones de Artieda y Vargas, con la intención de desvincular de la causa a los imputados.
Mientras los querellantes, Diego Vigay, Ramón Leguizamón y Carlos Domínguez Henaín, pretenden avanzar para lograr la pena máxima de prisión, la defensa plantearía el primer día la nulidad del juicio.
Ese pedido, en caso de plantearse, podría provocar el pase del Tribunal a un cuarto intermedio este primer día luego de que los jueces constaten los presentes y lean las acusaciones.
El abogado Jorge Buompadre, defensor de De Marchi y Barreiro, espera una respuesta del Tribunal a un reciente pedido de suspensión del juicio al sostener que se “afectó el derecho a la defensa” durante el tiempo que esos acusados fueron alojados en Buenos Aires, “a mil kilómetros de distancia”.
Tanto el Tribunal como la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo largo de la investigación que lleva más de tres años, rechazaron varios pedidos de nulidad de la causa y de excarcelación para los procesados al sostener las pruebas recolectadas en la etapa de instrucción que, en su mayoría, fueron aportadas por la querella en base a testimonios y documentos.
El abogado viene de generar una gran polémica cuando, en declaraciones a radio La Red, el jueves pasado, acusó al Tribunal de actuar en base a requerimiento del Ministerio de Defensa de la Nación, con lo cual quiso decir bajo presiones políticas, además de criticar duramente a los jueces porque -según él- afectaron el derecho a la defensa de los imputados al trasladarlos a Buenos Aires.
Sus dichos fueron respondidos ayer por una carta del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, quien defendió el plan para proteger físicamente no sólo a testigos, sino a los abogados, jueces y fiscales de la causa.
La misiva generó una inmediata respuesta por parte de Buompadre.
El Tribunal estará constituido por los jueces Víctor Alonso (presidente), Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro (vocales).
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