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Juan Carlos De Marchi, capitán retirado del Ejército. Ex presidente y aún directivo de la Sociedad Rural de Corrientes. Sus camaradas lo apodaban “El Electricista” por su buen manejo de la picana eléctrica durante las sesiones de tortura. Era jefe de inteligencia del área militar 231. Fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel común.
Julio Rafael Manuel Barreiro, coronel retirado del Ejército. Estuvo en actividad en el Regimiento de Monte Caseros hasta su detención. Fue condenado a prisión perpetua como coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.
Fuertes condenas para los represores de la Causa RI9, la mas compleja del país y con matices que deberían observarse para encarar este tipo de procesos. Perpetua para Barreiro, 25 años para el ex-Presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, el ex-Capitán De Marchi, y lo propio para el histriónico Losito, Coronel en actividad al igual que Barreiro. El "Astíz correntino", el Comandante (RE) Raúl Reynoso, purgará 18 años de prisión, y Píriz, el obediente suboficial podrá regresar con su familia tras su inesperada absolución.
Arg - Cadena perpetua para Barreiro en el primer juicio oral en Corrientes por crimenes de la dictadura | Amenazas , Corrientes |
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al ex militar por delitos de lesa humanidad. Hubo penas de entre 18 y 25 años para otros tres acusados y resultó absuelto un ex suboficial. Hubo incidentes cuando Cecilia Pando insultó y amenazó a los jueces.
El tribunal condenó al ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos De Marchi a 25 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada. La misma pena recibió el teniente coronel Horacio Losito.
Ross es el abogado de Reynoso, el único gendarme imputado en la Causa RI9. Culpó indirectamente al fallecido Arrúa al minimizar el poder de decisión de "el Astíz correntino", y recurrió para graficarlo a una frase de su cliente: "Arrúa nos tenía en un puño".
Insistió una y otra vez con argumentos varios en la inexistencia de autonomía por parte del ex-Jefe de Inteligencia de la Gendarmería Nacional. "Reynoso no se manejaba solo cuando hacía inteligencia" dijo, reconociendo que efectivamente hacía ese trabajo, pero responsabilizando hacia arriba en la escala de mandos.
Quiere que sea tenida en cuenta la predisposición de su cliente y cierra con el mismo respeto por las víctimas con el que alegó, sin golpes bajos, negándose a asimilarse a su cliente.
El miércoles 6 de Agosto será un día histórico para Corrientes, el debate en la megacausa “Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”, que la comunidad y los medios de comunicación rebautizaron como Causa RI9, llega a su fin.
La sentencia se leerá en la mañana y se cerrará un largo ciclo de impunidad, y allí mismo nacerá un nuevo tiempo en nuestra sufrida provincia, con más y mejor institucionalidad democrática y con mayores posibilidades de superar un pasado tenebroso que hacía incierto el futuro, y por todo ello es un problema que los actores del presente debemos resolver.
Empezaron la réplicas de los abogados defensores de la Causa RI9, o las dúplicas, como se prefiera. En primer término inició el dúo que defiende a De Marchi y Barreiro, los Dres. San Emeterio y Buompadre.
San Emeterio, acaso incapaz de volver sobre sus pasos acerca de su enfoque ideológico de la Causa sin correlato con los hechos, como le señalaran los fiscales y las querellas, realizó de entrada una reivindicación del "Operativo Independencia", aquel primer ensayo de la aplicación de la "doctrina francesa" según Marie Monique Robin, en la que más que un combate lo que se iniciaba es un mega ensayo para aprender a torturar y aplicar lo obtenido por este medio como arma para ganar la guerra. La guerra moderna o "antisubversiva" por supuesto, aquella cuya principal arma es la Inteligencia Militar y la tortura, no ya los tanques y los aviones, como dice Robin.
Horacio Losito
El Ejército realizaba campañas de "acción cívica" en el año 1976, con el objetivo declarado de "acercar las fuerzas armadas a la sociedad civil", detrás de estos operativos que incluían pintar escuelas y arreglos en instituciones estatales, según se refiere, se escondían los "otros operativos", los destinados a tomar prisioneros políticos. Gladys Hanke, reconocida militante gremial del SUTECO, asociación adherida a CETERA, fue una de las víctimas de estos operativos que se hicieron en el interior provincial.
Gladys empezaba a militar políticamente adhiriendo al Partido Auténtico y en medio de estas acciones cívicas recibió la visita de una delegación de hombres al mando de Losito. La llevaron a la Comisaría de Goya luego de demorarla en la casa de su madre todo un día. "Nunca pensé que militar políticamente en favor de los humildes fuera un delito" dijo.
Miguel Nievas y Patricia Bernardi del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) brindaron su testimonio como expertos, explicando muy didácticamente el procedimiento por medio del cual se logró la identificación de Rómulo Artieda, tras la exhumación de su cuerpo del Cementerio de Empedrado.
Con prolijas animaciones de PowerPoint y claras explicaciones que incluían desde el objeto de estudio hasta la metodología empleada, Nievas primero, y Bernardi después, describieron al Tribunal su trabajo.
Antes, el Dr. Buompadre quiso dejar constancia de que no habían participado en la elaboración de la prueba, por lo que no prestaban su consentimiento a la inclusión de la misma. En rigor de verdad, mal pudo participar de la elaboración de una prueba en un juicio del que no formaba parte, cual es la averiguación de identidad de cuatro cadáveres NN, donde no había a priori ningún indicio de que pudiera alguno de ellos tratarse del cadáver de Artieda.
Las últimas audiencias del juicio que investiga el funcionamiento de un centro clandestino de detención en el ex Regimiento 9 de Corrientes, dejaron en claro que, más allá de la estrategia de la defensa de dilatar el proceso, hay una verdad que busca salir a la luz. La historia, esta vez, parece decidida al romper el cepo puesto por casi treinta años de impunidad.
El Dr. Hugo Midón, víctima del grupo de tareas del centro clandestino de detención que funcionó en el ex-Regimiento 9 "Coronel Pagola", declaró que fue torturado en primera instancia en la Jefatura de Policía por efectivos del Ejército, a través de la picana eléctrica. Pensó allí que no existía dolor mayor en el mundo que el provocado por ése instrumento de tortura (invención argentina como el dulce de leche, la birome o el colectivo).
Midón experimentó un domingo cualquiera de fines de 1975, a las 8 de la mañana aproximadamente, el traslado a un lugar descampado que él sospecha que puede ser Santa Catalina o Loma Pelada, donde le harían saber, en el interior de un Unimog, que se puede sufrir aún mas, que el dolor de la picana puede ser acrecentado, bien sea por la deducción que él mismo hace (aumento del voltaje) o por la complementación de "accesorios", entre otros la cama metálica, el aumento del amperaje y el agua en el cuerpo para aumentar la conducción eléctrica, configurando el método de tortura conocido como "la parrilla". "Calculo que eran 220 volt. los que me aplican" dice Midón, para diferenciar la picana que se le aplicó en la Jefatura de Policía de la que sufrió en este lugar donde la tortura cobra una dimensión inusitada.
Escuchamos a diario que desde ciertos medios de "comunicación" (siempre los mismos), se dice que hay una justicia tuerta, que solo observa los crímenes cometidos por un "bando" en la década del "70, y que omite juzgar a los guerrilleros que "pusieron bombas".
En Corrientes nadie ha logrado decirme dónde concretamente se pusieron esas bombas, cual de ellas, si las hubiera, las arrojó Rómulo o el "Mono" Vargas, de qué se los acusó concretamente, aún hoy no lo sabemos.
Arg - De Marchi y Losito los más implicados, también fueron mencionados Barreiro y Reynoso. | Corrientes |
Esa voz...
En el primer testimonio, una ex-detenida que actualmente tiene 67 años de edad relató el horror que le tocó padecer desde el 14 de septiembre de 1976. La detuvieron en su casa efectivos de la Policía Federal quienes la trasladaron a esa dependencia por Avenida Costanera, refiriéndole que a la noche vendría el personal del Ejército a interrogarla.
Arg - Se reanudó el juicio y ya esperan maniobras llenas de "chicanas" de la defensa (RI9) | Corrientes |
Arg - El testimonio de una sobreviviente complica a los ex militares acusados por violación a los DD.HH | Corrientes |

En el nuevo planteo, el codefensor de De Marchi y Barreiro Dr. San Emeterio, en una particular interpretación legal, planteó que los delitos de desaparición forzada son delitos continuados que cesan al momento de la liberación y deben tratarse jurídicamente en el lugar en que fueron liberados, por lo que los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención que funcionó en el RI9 no tenían porqué declarar en ésta causa.
Insistió con el concepto de que la acusación no “es clara”, “todos conocemos distintas formas de tortura eh o podemos imaginarlas (sic)” “pero no se los detalles ni del tipo de torturas ni las supuestas víctimas” aún cuando reconoció haber leído la causa y, sabido por todos es, que en la misma hay testimonios muy claros, con descripciones del tipo de torturas y narrados en primera persona. Reconoce además que se lo acusa de torturas de éste modo, lo que contradice lo expuesto inicialmente.
Ese día, y por primera vez, fueron sentados en el banquillo de los acusados para ser juzgados como grupo de tareas del Ejército. El mismo grupo que operaba en el Área 233 comandada por el general Cristino Nicolaides, bajo la directa mirada del capitán Demarchi, entre otros, que en esos años en que imperó la Dictadura cívico - militar, actuaban sintiéndose dueños de vida y hacienda en todo el ámbito en que operaban.
Este es el primer caso a ser juzgado en el interior del País en lo que hace a delitos de lesa humanidad.
Y esta es la primera vez en que la Justicia mirará detenidamente a un Centro Clandestino de Detención (CCD) como lugar en que se practicaron aberraciones, torturas, desapariciones y muerte de detenidos políticos.
Concretamente expuso que De Marchi no pudo haber tenido participación en la desaparición de Rómulo Artieda, dado que su cliente no pertenecía más al Ejercito Argentino al momento de ser detenido el militante político.
Este planteo debería ser atendido por el tribunal que integra la Cámara Federal. Pero también hay otras falencias importantes.
La apertura del juicio a un grupo de militares, entre los que se encuentra el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Corrientes, abrió expectativas con respecto al trámite de la causa "Las Marías" que se sustancia en Paso de los Libres, en la vecina provincia.
El primer proceso judicial contra represores en el interior del país, se puso en marcha el martes pasado con el propósito de dilucidar hechos suscitados en aquélla oscura época en el ex Regimiento 9, donde funcionó un "centro clandestino de detención y exterminio".
Supieron ser los dueños de la vida y los bienes de los detenidos, hoy no se los ve tan altivos, mas allá de los "viva la patria" que le gritan sus acólitos y que ellos agradecen con sonrisas. ¿Cual Patria, la contratista o la financiera? les gritó un familiar de desaparecidos, en obvia alusión a los que se beneficiaron económicamente con la dictadura militar. Algunos testimonios nos describen mejor a los imputados. Los que refieren a violaciones sexuales aberrantes, no se publican por no haber sido consultadas las víctimas y para preservar la intimidad de éstas y sus familias.
A las 7.30 hs. aproximadamente llegaron los reos, en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal que ingresó un porcentaje de la parte trasera para evitar que descendieran a la vista de la prensa y por razones de seguridad.
Uno a uno fueron descendiendo Piriz, Barreiro, Reynoso, Losito y De Marchi escoltados por agentes penitenciarios, esposados como corresponde a los presos comunes y sin privilegios de ningún tipo.
Minutos después ingresó la prensa, y poco a poco, los familiares y amigos de los imputados y de la querella, entre los que se encontraban Taty Almeida presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Ángela Boitano de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. También se encontraban presentes Diputados nacionales, familiares de Artieda y Vargas, María José Guembe del programa Memoria, Verdad y Justicia y el Dr. Pablo Vassel, el Padre Coqui Arroyo y la hermana Pelloni, la nieta recuperada y actual Diputada Victoria Donda entre otros.
desde Corrientes
Los casos que se tomaron en cuenta en la acusación contra los cinco represores son los de Rómulo Artieda, Jorge Hugo Trainer, Ramón Aguirre, José Pedro Almirón, Marta Angélica Alvarez, José Arnaldo Gómez, Ramón Félix Villalba, Rogelio Domingo Tomasella, José Luis Núñez, Gladys Meza Herrero de Trainer, Miguel Angel Miño, Zoilo Pérez, Eduardo Francisco Ferreira, Juan Ramón Vargas y Hugo Bernardo Midón.
Las mujeres de los represores, acompañadas por Cecilia Pando, encabezaron las provocaciones dirigidas a los familiares de las víctimas. Hubo incidentes dentro del juzgado y en la calle. En la audiencia se leyó la acusación, se reforzó la imputación por asociación ilícita y la imprescriptibilidad de los delitos.
Por Carlos Rodríguez
desde Corrientes
En un marco de tensión permanente entre los familiares y amigos de las víctimas -acompañados por integrantes de las organizaciones de derechos humanos- y un grupo de personas que apoyó de viva voz a los represores -entre las que destacaba la activista Cecilia Pando- se leyó ayer la acusación en el juicio oral por crímenenes cometidos durante la dictadura militar en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad. Los acusados son el capitán retirado del Ejército Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, el oficial de la misma fuerza Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso, quienes estuvieron presentes en la sala para escuchar cómo se los incriminaba por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por 15 de las decenas de personas que estuvieron cautivas en un galpón del RI-9 que funcionó como centro clandestino de detención. Se dijo que los cinco acusados presentes, el también imputado en ausencia general retirado Cristino Nicolaides, otros represores ya fallecidos y algunos que todavía no pudieron ser identificados por sus víctimas formaron “una empresa criminal creada por la dictadura militar” para desarrollar “una actividad delictiva en forma clandestina”. Es el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en el interior del país.
Para este miércoles está prevista la lectura de las acusaciones por parte de la querella, después de que la fiscalía presentara su acusación por la desaparición de dos personas y distintas violaciones a los DD.HH. Tras los incidentes de ayer, reinaba la calma en la capital provincial.
El juicio que le sigue la justicia federal de Corrientes a cinco militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, se reanudó esta mañana con la lectura de las acusaciones por parte de la querella.
La Justicia Federal de Corrientes comenzó a juzgar hoy a seis represores, entre los que se encuentra el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, por los delitos de tormentos y desaparición forzada de personas cometidos durante la última dictadura.
Una corrida por las calles correntinas se provocó luego de que se produjera un feroz enfrentamiento entra la agrupación defensora de los derechos humanos, integrada por hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, y un grupo católicos, entre los que había familiares y amigos de los represores juzgados.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar mañana a tres ex miembros del Regimiento de Infantería 9 y tres ex gendarmes por secuestros, tormentos y dos desapariciones forzadas, en el primer juicio oral en el interior del país por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Arg - La Subsecretaría de Derechos Humanos consensuó junto a la Nación un programa de protección a testigos del ex RI9 | Corrientes |
Iniciada como está la "cuenta regresiva" para el inicio del debate oral de la megacausa RI9, es necesario recordar qué se investiga allí. Quienes son los acusados y cuales sus víctimas. Cuál la acusación concreta.
Ramón Vargas
Rómulo Artieda
Respecto de quienes son los acusados y de qué se los acusa puede inferirse de la carátula: “Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”.
Las víctimas que corrieron la peor suerte son Ramón Vargas y Rómulo Artieda, pero una treintena de sobrevivientes del horror también podrán decir lo suyo, exponer las torturas que se les infligió y que forman parte de la acusación
Primero fue una solicitada con la firma de integrantes de las “familias patricias” de Corrientes, rayana en la apología del crimen. Rayana o incursa, de todos modos ningún fiscal actuó de oficio en el tema para dilucidarlo.
Luego una seguidilla de “Opinión de lectores” en distintos medios locales, sendas solicitadas pagas a media página y la columna dominical de un tal García en un medio local, que no conforme con expresar sus ideas filo-dictadura aprovechó el generoso espacio que le brinda este medio (quizás coincidiendo con su línea de pensamiento) para transcribir una nota del propio Capitán De Marchi donde se autocalifica de “prisionero de guerra” (sic).
Clarisa Sobko, hija de Elida Goyeneche de Sobko, secuestrada en Goya hace 30 años por fuerzas de seguridad dependientes del área militar 233, declaró que familiares de desaparecidos y las agrupaciones de Derechos Humanos de Corrientes pedirán a la justicia que eleve la causa Goya a juicio oral, como lo hizo con la causa ex Regimiento 9.
16 de enero
Jueves 6 comenzaron las actuaciones por la Causa RI9
Como parte de la instrucción complementaria de la Causa RI9 el Tribunal Oral se constituyó hoy 6 de diciembre a las 10,40hs. con alguna demora en un allanamiento que en principio estaba previsto para las 9 hs., en dependencias de la Policía de la Provincia de Corrientes a efectos de proceder al secuestro de los legajos prontuariales que la dictadura confeccionara a sus víctimas.