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Horacio Losito

El Ejército realizaba campañas de "acción cívica" en el año 1976, con el objetivo declarado de "acercar las fuerzas armadas a la sociedad civil", detrás de estos operativos que incluían pintar escuelas y arreglos en instituciones estatales, según se refiere, se escondían los "otros operativos", los destinados a tomar prisioneros políticos. Gladys Hanke, reconocida militante gremial del SUTECO, asociación adherida a CETERA, fue una de las víctimas de estos operativos que se hicieron en el interior provincial.

Gladys empezaba a militar políticamente adhiriendo al Partido Auténtico y en medio de estas acciones cívicas recibió la visita de una delegación de hombres al mando de Losito. La llevaron a la Comisaría de Goya luego de demorarla en la casa de su madre todo un día. "Nunca pensé que militar políticamente en favor de los humildes fuera un delito" dijo.

Miguel Nievas y Patricia Bernardi del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) brindaron su testimonio como expertos, explicando muy didácticamente el procedimiento por medio del cual se logró la identificación de Rómulo Artieda, tras la exhumación de su cuerpo del Cementerio de Empedrado.

Con prolijas animaciones de PowerPoint y claras explicaciones que incluían desde el objeto de estudio hasta la metodología empleada, Nievas primero, y Bernardi después, describieron al Tribunal su trabajo.

Antes, el Dr. Buompadre quiso dejar constancia de que no habían participado en la elaboración de la prueba, por lo que no prestaban su consentimiento a la inclusión de la misma. En rigor de verdad, mal pudo participar de la elaboración de una prueba en un juicio del que no formaba parte, cual es la averiguación de identidad de cuatro cadáveres NN, donde no había a priori ningún indicio de que pudiera alguno de ellos tratarse del cadáver de Artieda.

En una jornada sorprendente, tanto para la querella como para los imputados, los testigos de la defensa reconocieron al RI9 como lugar de detención y echaron por tierra la defensa de De Marchi, quien sostenía que no podía ser culpable de lo que se le acusa debido a que se había retirado del Ejército. Sus víctimas lo ubicaban a De Marchi mucho después de la fecha de su supuesto retiro, pero ahora sus propios testigos ratifican lo que aseveraban los ex-detenidos.

En un juicio que se lleva a cabo en la provincia de Corrientes, ex detenidos y un ex soldado reconocieron a los acusados como responsables de torturas. Otra vez un cura.

     Las últimas audiencias del juicio que investiga el funcionamiento de un centro clandestino de detención en el ex Regimiento 9 de Corrientes, dejaron en claro que, más allá de la estrategia de la defensa de dilatar el proceso, hay una verdad que busca salir a la luz. La historia, esta vez, parece decidida al romper el cepo puesto por casi treinta años de impunidad.

La estrategia de la defensa de los represores en ésta etapa del debate cobra forma. Acusar a los testigos de "falso testimonio" aún sin fundamentos para amedrentar a futuros declarantes. A Midón, por ejemplo, se pretendió imputar falso testimonio por una valoración subjetiva respecto del voltaje de la picana que lo torturó.

El Dr. Hugo Midón, víctima del grupo de tareas del centro clandestino de detención que funcionó en el ex-Regimiento 9 "Coronel Pagola", declaró que fue torturado en primera instancia en la Jefatura de Policía por efectivos del Ejército, a través de la picana eléctrica. Pensó allí que no existía dolor mayor en el mundo que el provocado por ése instrumento de tortura (invención argentina como el dulce de leche, la birome o el colectivo).
Midón experimentó un domingo cualquiera de fines de 1975, a las 8 de la mañana aproximadamente, el traslado a un lugar descampado que él sospecha que puede ser Santa Catalina o Loma Pelada, donde le harían saber, en el interior de un Unimog, que se puede sufrir aún mas, que el dolor de la picana puede ser acrecentado, bien sea por la deducción que él mismo hace (aumento del voltaje) o por la complementación de "accesorios", entre otros la cama metálica, el aumento del amperaje y el agua en el cuerpo para aumentar la conducción eléctrica, configurando el método de tortura conocido como "la parrilla". "Calculo que eran 220 volt. los que me aplican" dice Midón, para diferenciar la picana que se le aplicó en la Jefatura de Policía de la que sufrió en este lugar donde la tortura cobra una dimensión inusitada.

Junto a Jorge Saravia Acuña, Julio Cesar Barozzi y Orlando Romero en inmediaciones del Club San Martín de nuestra ciudad desaparecía el abogado de los ladrilleros. Cacho nació en Corrientes el 1° de marzo de 1946. Cursó su escuela primaria en el Colegio Salesiano y la terminó en el Colegio de los Capuchinos en Concordia (Entre Ríos). En el marco de la "Causa RI9" la declaración de Carlos Achar señala a De Marchi y Barreiro como sus asesinos.

Escuchamos a diario que desde ciertos medios de "comunicación" (siempre los mismos), se dice que hay una justicia tuerta, que solo observa los crímenes cometidos por un "bando" en la década del "70, y que omite juzgar a los guerrilleros que "pusieron bombas".

En Corrientes nadie ha logrado decirme dónde concretamente se pusieron esas bombas, cual de ellas, si las hubiera, las arrojó Rómulo o el "Mono" Vargas, de qué se los acusó concretamente, aún hoy no lo sabemos.

Con los dos primeros testimonios los que fueron señalados fueron De Marchi y Losito. Uno acusado de graves vejámenes, el otro hasta el momento, solo de ser parte del Grupo de Tareas.

Esa voz...

En el primer testimonio, una ex-detenida que actualmente tiene 67 años de edad relató el horror que le tocó padecer desde el 14 de septiembre de 1976. La detuvieron en su casa efectivos de la Policía Federal quienes la trasladaron a esa dependencia por Avenida Costanera, refiriéndole que a la noche vendría el personal del Ejército a interrogarla.

14/02/2008 - Comenzó la ronda testimonial de ex prisioneros en el marco del juicio que se sigue contra los delitos de lesa-humanidad cometidos por ex represores. En diálogo con FM Total, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel, analizó la declaración de los imputados registrado el martes pasado. Rechazó la estrategia de Losito que recurrió al pretexto de "obediencia debida" y dijo que ante las nulidades presentadas y no admitidas se esperan audiencias con maniobras llenas de "chicanas" por parte de la defensa.

Marta Angélica Alvarez, una cordobesa de 67 años detenida en 1976, denunció que fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por parte del ex capitán Juan Carlos De Marchi. Aunque contó que nunca le vio la cara, explicó que lo reconoció por "su voz, su perfume" y por los comentarios que le acercaban los soldados.

La sala judicial estaba colmada y ruidosa. El presidente del jurado se abrió paso con dos gritos secos y potentes: "silencio señores". Se hizo silencio,  pero no era un silencio completo sino un silencio zumbón, como alterado por un panal de abejas invisibles que de pronto invadieron el lugar. Con disimulo, una señora se miró las piernas en actitud de ahuyentar a quien posiblemente podía dejarle su aguijón de recuerdo; otro señor mayor, muy atildado,  movió sus bigotes de lado a lado mientras se espantaba la cara con un gesto que pretendía a todas luces escapar de cualquier posibilidad de ridículo. Es que en esa sala tan sólo estaban los jueces, los fiscales, los abogados de muy distinta estofa, el público, los guardias, los acusados y los testigos. No había abejas volando ni ovejas pastando en los campos de Corrientes.

La cuarta jornada empezó con demoras, los defensores presentaron un nuevo recurso que retrasó el inicio del debate y obligó al Tribunal a diferir los testimonios previstos para la jornada "hasta nuevo aviso".

En el nuevo planteo, el codefensor de De Marchi y Barreiro Dr. San Emeterio, en una particular interpretación legal, planteó que los delitos de desaparición forzada son delitos continuados que cesan al momento de la liberación y deben tratarse jurídicamente en el lugar en que fueron liberados, por lo que los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención que funcionó en el RI9 no tenían porqué declarar en ésta causa.

“Yo quisiera declarar pero no se de qué se me acusa” dijo luego de que reconoció haber escuchado en la primer jornada la extensa acusación de mas de seis horas con detalles muy fuertes de lo que alegan los testimonios obrantes en la Causa RI9.

Insistió con el concepto de que la acusación no “es clara”, “todos conocemos distintas formas de tortura…eh…o podemos imaginarlas (sic)”…“pero no se los detalles ni del tipo de torturas ni las supuestas víctimas” aún cuando reconoció haber leído la causa y, sabido por todos es, que en la misma hay testimonios muy claros, con descripciones del tipo de torturas y narrados en primera persona. Reconoce además que se lo acusa de torturas de éste modo, lo que contradice lo expuesto inicialmente.

12/02/2008 - Así lo confirmó a FM Total, Eduardo Ferreyra, uno de los cinco testigos que debían comparecer ante la Justicia hoy. Según se pudo saber el Tribunal debate  el pedido de nulidad del proceso presentado ayer por la defensa. En tanto, antes del incio del juicio volvieron a concentrarse los manifestantes defensores de los derechos humanos y los que apoyan a los imputados  Hubo tensión entre Gendarmería y allegados a ex dictadores que pretendían entrar a la sala relató un periodista de corrientesonline.com

12/02/2008 - El móvil de corrientesonline.com tomó contacto con un manuscrito redactado por el Capitán De Marchi, donde agradece el apoyo que sus familiares y amigos les brindan “a través de la televisión”. Además destaca el acompañamiento de las familias y la religión, que son “blancos de todos los terroristas”, y también, señala que tiene asumido “el resultado de la sentencia”. Se despide diciendo que irá donde lo lleve Dios.

12/02/2008 - En el marco del juicio en el que se juzga a Represores correntinos que colaboraron con el genocidio llevado adelante a partir de 1976, la querella rechazó el pedido de nulidad planteado por la defensa de los imputados y la separación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de su cuerpo. Sostienen que dicha solicitud se realizó fuera de los plazos que establece el Código Penal. Además descartaron otros argumentos por “improcedentes”.

Realmente el día 05/02/08 no va a pasar a la historia de Corrientes como un día más. A varios les va a quedar ese sentimiento dado los últimos acontecimientos. Por distintos motivos pero a unos cuantos les va a quedar grabado.
Ese día, y por primera vez, fueron sentados en el banquillo de los acusados para ser juzgados como grupo de tareas del Ejército. El mismo grupo que operaba en el Área 233 comandada por el general Cristino Nicolaides, bajo la directa mirada del capitán Demarchi, entre otros, que en esos años en que imperó la Dictadura cívico - militar, actuaban sintiéndose dueños de vida y hacienda en todo el ámbito en que operaban.

Este es el primer caso a ser juzgado en el interior del País en lo que hace a delitos de lesa humanidad.
Y esta es la primera vez en que la Justicia mirará detenidamente a un Centro Clandestino de Detención (CCD) como lugar en que se practicaron aberraciones, torturas, desapariciones y muerte de detenidos políticos.

El abogado que defiende al militar retirado acusado de varios delitos cometidos durante la última dictadura militar, Juan Carlos De Marchi, Jorge Buompadre, atacó ayer la elevación a juicio de la causa que busca establecer las responsabilidades que le cabrían a los miembros de las Fuerzas Armadas que habrían ejecutado actos de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería 9 (RI9) durante la última dictadura militar.

Concretamente expuso que De Marchi no pudo haber tenido participación en la desaparición de Rómulo Artieda, dado que su cliente no pertenecía más al Ejercito Argentino al momento de ser detenido el militante político.
Este planteo debería ser atendido por el tribunal que integra la Cámara Federal. Pero también hay otras falencias importantes.

Si bien la causa está trabada en Paso de los Libres, recobraría impulso. Contiene denuncias por desapariciones, torturas y persecuciones. Se menciona a Adolfo "Toco" Navajas Artaza, uno de los dueños.

La apertura del juicio a un grupo de militares, entre los que se encuentra el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Corrientes, abrió expectativas con respecto al trámite de la causa "Las Marías" que se sustancia en Paso de los Libres, en la vecina provincia.

El primer proceso judicial contra represores en el interior del país, se puso en marcha el martes pasado con el propósito de dilucidar hechos suscitados en aquélla oscura época en el ex Regimiento 9, donde funcionó un "centro clandestino de detención y exterminio".

Supieron ser los dueños de la vida y los bienes de los detenidos, hoy no se los ve tan altivos, mas allá de los "viva la patria" que le gritan sus acólitos y que ellos agradecen con sonrisas. ¿Cual Patria, la contratista o la financiera? les gritó un familiar de desaparecidos, en obvia alusión a los que se beneficiaron económicamente con la dictadura militar. Algunos testimonios nos describen mejor a los imputados. Los que refieren a violaciones sexuales aberrantes, no se publican por no haber sido consultadas las víctimas y para preservar la intimidad de éstas y sus familias.

Por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes

A las 7.30 hs. aproximadamente llegaron los reos, en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal que ingresó un porcentaje de la parte trasera para evitar que descendieran a la vista de la prensa y por razones de seguridad.
Uno a uno fueron descendiendo Piriz, Barreiro, Reynoso, Losito y De Marchi escoltados por agentes penitenciarios, esposados como corresponde a los presos comunes y sin privilegios de ningún tipo.

Minutos después ingresó la prensa, y poco a poco, los familiares y amigos de los imputados y de la querella, entre los que se encontraban Taty Almeida presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Ángela Boitano de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. También se encontraban presentes Diputados nacionales, familiares de Artieda y Vargas, María José Guembe del programa Memoria, Verdad y Justicia y el Dr. Pablo Vassel, el Padre Coqui Arroyo y la hermana Pelloni, la nieta recuperada y actual Diputada Victoria Donda entre otros.

Por C. R.
desde Corrientes

Los casos que se tomaron en cuenta en la acusación contra los cinco represores son los de Rómulo Artieda, Jorge Hugo Trainer, Ramón Aguirre, José Pedro Almirón, Marta Angélica Alvarez, José Arnaldo Gómez, Ramón Félix Villalba, Rogelio Domingo Tomasella, José Luis Núñez, Gladys Meza Herrero de Trainer, Miguel Angel Miño, Zoilo Pérez, Eduardo Francisco Ferreira, Juan Ramón Vargas y Hugo Bernardo Midón.

Las mujeres de los represores, acompañadas por Cecilia Pando, encabezaron las provocaciones dirigidas a los familiares de las víctimas. Hubo incidentes dentro del juzgado y en la calle. En la audiencia se leyó la acusación, se reforzó la imputación por asociación ilícita y la imprescriptibilidad de los delitos.

Por Carlos Rodríguez
desde Corrientes

En un marco de tensión permanente entre los familiares y amigos de las víctimas -acompañados por integrantes de las organizaciones de derechos humanos- y un grupo de personas que apoyó de viva voz a los represores -entre las que destacaba la activista Cecilia Pando- se leyó ayer la acusación en el juicio oral por crímenenes cometidos durante la dictadura militar en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad. Los acusados son el capitán retirado del Ejército Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, el oficial de la misma fuerza Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso, quienes estuvieron presentes en la sala para escuchar cómo se los incriminaba por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por 15 de las decenas de personas que estuvieron cautivas en un galpón del RI-9 que funcionó como centro clandestino de detención. Se dijo que los cinco acusados presentes, el también imputado en ausencia general retirado Cristino Nicolaides, otros represores ya fallecidos y algunos que todavía no pudieron ser identificados por sus víctimas formaron “una empresa criminal creada por la dictadura militar” para desarrollar “una actividad delictiva en forma clandestina”. Es el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en el interior del país.

Telam

Para este miércoles está prevista la lectura de las acusaciones por parte de la querella, después de que la fiscalía presentara su acusación por la desaparición de dos personas y distintas violaciones a los DD.HH. Tras los incidentes de ayer, reinaba la calma en la capital provincial.

El juicio que le sigue la justicia federal de Corrientes a cinco militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, se reanudó esta mañana con la lectura de las acusaciones por parte de la querella.

Seis ex militares, entre los que se encuentra el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La Justicia Federal de Corrientes comenzó a juzgar hoy a seis represores, entre los que se encuentra el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, por los delitos de tormentos y desaparición forzada de personas cometidos durante la última dictadura.

Un grupo de ultracatólicos que rezaban frente a los Tribunales en apoyo a los juzgados por crímenes de lesa humanidad se agredieron con integrantes de la agrupación HIJOS. Fueron separados por la Policía

Una corrida por las calles correntinas se provocó luego de que se produjera un feroz enfrentamiento entra la agrupación defensora de los derechos humanos, integrada por hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, y un grupo católicos, entre los que había familiares y amigos de los represores juzgados.

El jefe del Ejército estará ausente del proceso que se le sigue por desaparición de personas, aunque ello no detiene el debate para otros cinco imputados.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar mañana a tres ex miembros del Regimiento de Infantería 9 y tres ex gendarmes por secuestros, tormentos y dos desapariciones forzadas, en el primer juicio oral en el interior del país por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Un amplio despliegue de solicitadas, declaraciones mediáticas de la defensa y correos de lectores de un tal García (como siempre con seudónimo) enmarcados claramente en la estrategia de defensa de quienes son acusados de ser los ejecutores del Terrorismo de Estado en Corrientes, vienen señalando un tema de números que es conveniente aclarar.

La justicia federal de Corrientes comenzará a juzgar el martes a un grupo de uniformados entre los que se encuentra el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Es el primer proceso en el que se debatirá el funcionamiento de un "centro clandestino de detención y exterminio" en el interior del país.

En un importante medio radial de la ciudad de Corrientes, que será escenario del juicio más importante del interior del país en materia de derechos humanos violados por la dictadura militar, caratulada “Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos” pero conocida en la ciudad como la "Causa RI9", el abogado del ex-presidente de la Sociedad Rural de Corrientes Capitán (RE) Juan Carlos De Marchi sostuvo que la Asistencia Integral a Testigos de reciente creación “es un proceso ilegal, porque el Código Procesal Penal prohíbe la comunicación con terceras personas durante el debate. El testimonio lo va a dirigir el psicólogo”, concluyó.

A lo largo de la jornada, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, junto a otros organismos del Gobierno provincial y expertos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pusieron en marcha el programa integral de asistencia y contención psicológica para testigos del juicio por los crímenes del ex Regimiento de Infantería 9. En ese marco, mañana -miércoles 30 de enero- desde las 10, el titular de esta oficina del Estado ofrecerá una conferencia de prensa junto a su par de la Nación, Luís Alen.

Iniciada como está la "cuenta regresiva" para el inicio del debate oral de la megacausa RI9, es necesario recordar qué se investiga allí. Quienes son los acusados y cuales sus víctimas. Cuál la acusación concreta.

 
Ramón Vargas
 Rómulo Artieda
 

Respecto de quienes son los acusados y de qué se los acusa puede inferirse de la carátula: “Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”.
Las víctimas que corrieron la peor suerte son Ramón Vargas y Rómulo Artieda, pero una treintena de sobrevivientes del horror también podrán decir lo suyo, exponer las torturas que se les infligió y que forman parte de la acusación

Primero fue una solicitada con la firma de integrantes de las “familias patricias” de Corrientes, rayana en la apología del crimen. Rayana o incursa, de todos modos ningún fiscal actuó de oficio en el tema para dilucidarlo.

Luego una seguidilla de “Opinión de lectores” en distintos medios locales, sendas solicitadas pagas a media página y la columna dominical de un tal García en un medio local, que no conforme con expresar sus ideas filo-dictadura aprovechó el generoso espacio que le brinda este medio (quizás coincidiendo con su línea de pensamiento) para transcribir una nota del propio Capitán De Marchi donde se autocalifica de “prisionero de guerra” (sic).

Clarisa Sobko, hija de Elida Goyeneche de Sobko, secuestrada en Goya hace 30 años por fuerzas de seguridad dependientes del área militar 233, declaró que familiares de desaparecidos y las agrupaciones de Derechos Humanos de Corrientes pedirán a la justicia que eleve la causa Goya a juicio oral, como lo hizo con la causa ex Regimiento 9.

16 de enero