El viernes pasado la hija del inspector retirado de la policía, Ricardo Medina, fue a visitar a su padre como todos los viernes. Esperó unos minutos frente al portón principal y después otro tanto al pie del alambre de púas, la primera frontera que separa a la cárcel de Domingo Arena del exterior. Todo iba bien hasta que la mujer policía que la revisaba encontró dos cds escondidos entre su ropa. Los discos estaban codificados y los guardias los confiscaron. Inmediatamente, requisaron la celda de Medina y se llevaron su computadora. Ante la duda, se llevaron también las de José Gavazzo y Gilberto Vázquez, dos ex oficiales de inteligencia.

El juez que lleva la causa ya adelantó que tenían más de mil archivos, algunos de ellos codificados. Según la prensa local, Medina y sus compañeros hacían un seguimiento de sus juicios y también de la fiscal, su esposo y de funcionarios de alto nivel como el hermano del presidente y secretario de la Presidencia, Jorge Vázquez. La hija de Medina se adelantó a su cita con la Justicia y aclaró que no se trataba de una operación de contrainteligencia, sino que simplemente compilaban información de Internet. Pero los reclusos tienen prohibido conectarse a la web y los familiares no pueden ingresar información sin permiso.

El error de Silvana Medina o el acierto de la policía destapó un debate en Uruguay, muy similar al que se vivió en esta orilla después de la muerte del prefecto Héctor Febres. “Nunca obtuvimos una explicación del presidente de por qué era necesario darle beneficios a este tipo de gente”, sostuvo uno de los coordinadores del Serpaj, Guillermo Payseé. “Después de todo, las fuerzas armadas nunca renegaron de los crímenes y las atrocidades que cometieron durante la dictadura”, agregó. Como recordó Payseé, la cárcel especial para represores se construyó con el aval presidencial en medio de un hermetismo casi total. El único que por entonces salió a justificar la medida fue el subsecretario de Defensa José Bayardi. “Gobernar es administrar tensiones”, dijo el funcionario, otorgándole credibilidad a la versión que sostenía que Vázquez había cedido a una presión de los altos mandos castrenses.

Lo cierto es que una semana antes de que la Justicia aprobara los primeros procesamientos de militares y policías en septiembre de 2006, el ejército ya había comenzado a construir una cárcel al lado de uno de sus cuarteles. Tanto los mandos castrenses como el Ministerio del Interior dicen que no es una prisión vip. Sin embargo, tiene una capacidad máxima de 16 reclusos, todos en celdas individuales de tres metros por dos metros, tres baños y un comedor grande con nueve mesas y dos heladeras. Para hacer su estadía más placentera, los familiares de los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos pueden llevar todos los muebles que quieran: cama, televisor, minibar, mesa y sillas. Eso sí, el cable va por cuenta de sus antiguos compañeros. Según publicó el diario uruguayo El País -y nunca desmintieron los militares-, el ejército paga la cuenta del cable de todos los reclusos, aun de los policías retirados. Empapados de noticias, los detenidos no tienen problemas en buscar letra para disfrazar sus viejos argumentos y venderlos como nuevos a quienes quieran escucharlos.
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