El fiscal federal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio de ocho represores que actuaron, durante la última dictadura militar, en el centro clandestino de detención conocido como "El Vesubio", a quienes imputa alrededor de 160 privaciones ilegales de la libertad, torturas y más de una docena de homicidios agravados por alevosía.

En un dictamen de 52 carillas presentado al juez Daniel Rafecas y al que Télam tuvo acceso, el fiscal quiere sentar en el banquillo de los acusados al ex mayor del Ejército Pedro Durán Sáenz, jefe del "Vesubio"; al ex general Héctor Gamen; el ex coronel Hugo Pascarelli y los ex penitenciarios Ramón Erlan, José "Paraguayo" Maidana; Roberto "Sapo" Zeolitti; Diego "Palacio" Chemes y Ricardo "Pájaro" Martínez.

Todos ellos fueron oportunamente procesados por el juez federal Daniel Rafecas por gravísimas violaciones a los derechos humanos, en una medida confirmada por la Cámara Federal; y que fue la base sobre la cual Delgado basó su requisitoria de elevación a juicio.

En su escrito el fiscal explicó "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional".

En ese sentido, afirmó que "no se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976".

A partir de entonces "se afirmó que resultaba imperativo recomponer el orden social porque se veía alterada la paz y la tranquilidad del país; de manera que surge con nitidez que el objetivo real era desatar una feroz represión tendiente a despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto", enfatizó Delgado.

Recordó que el centro clandestino, "donde reinaba el terror", según describió; estaba emplazado "irónicamente" en un "lindo terreno", con "grandes eucaliptos" y la finca agrupaba tres viviendas "todas en una sola planta y con aspecto colonial derivado de las rejas, el color blanco de las paredes y las arcadas de la fachada".

El centro clandestino de detención conocido como "El Vesubio" funcionaba en la avenida Ricchieri y Camino de Cintura, en la bonaerense localidad de La Matanza.

En su dictamen, Delgado analizó luego las situaciones de cada una del centenar y medio de víctimas y recordó que los tres ex jefes militares se desempeñaban como "Jefe del Centro de Detención", Durán Sáenz; en tanto Pascarelli actuaba como Jefe del área 114 al momento de los hechos y Gamen, como Segundo Comandante de la Brigada de Infantería X -en l subzona 11- y Jefe de la Central de Reunión de información.

El fiscal explicitó claramente las imputaciones cuando afirmó que "la norma material fue el desarrollo de una ordenada, jerárquica e ilegal maquinaria debidamente aceitada para cumplir acabadamente con el cometido fijado: el aniquilamiento del oponente a un precio conocido de antemano por todos los integrantes de la estructura".

Finalmente, reiteró que "la estructura del "Proceso de Reorganización Nacional" en la denominada "Lucha Antisubversiva" fue una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada" donde "fueron implementados grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad, que operaban desde los diversos centros clandestinos de detención desde los cuales se llevó a cabo el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte".

Los hechos por los cuales Delgado efectuó su pedido se ventilan en la "megacausa" en la que se investigan los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y fue reabierta tras la derogación y posterior declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

El Vesubio, según la información que figura en el "Nunca Más", era un predio perteneciente al Servicio Penitenciario bonaerense, en cuyo casino de oficiales se instaló la dirección del centro clandestino.

Al Vesubio se accedía por una calle de tierra que daba a la Autopista Ricchieri a través de una tranquera; otro acceso era por Camino de Cintura a través de un jardín con plantas de adorno y árboles, además contaba con pileta de natación.

Las construcciones fueron demolidas en 1980, consistían en tres casas antiguas, tipo colonial, con tejas rojas.

La ’Enfermería’, "estaba ubicada en el hall central con tres o cuatro celdas de torturas, de pequeña dimensión, divididas con tabiques de aglomerado revestidas con telgopor y ’decoradas con cruces svásticas’.

En cada una de ellas una cama de hierro sin colchón y un barril lleno de agua".

La ’Jefatura’ era una "casa de tres dormitorios, baño, sala de reuniones del personal con una cocina instalada".

Finalmente, estaban las ’Cuchas’ y ’Sala Q’, que era un "edificio donde los detenidos permanecían acostados y esposados al zócalo, separados unos de otros por tabiques de madera, aproximadamente de un metro de alto. La ’Sala Q’ era una habitación prefabricada, contigua, donde se alojaban detenidos más antiguos".

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