En una resolución de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Martín Iruzun y Eduardo Farah ratificaron, de esa manera, la prórroga de la prisión preventiva dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas al considerar que, en caso de recuperar la libertad, Maidana intentará entorpecer la investigación y eludir el accionar de la justicia.

Los magistrados recordaron que, en esta investigación, se procuran "esclarecer crímenes cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones, en el marco de un aparato represivo clandestino instaurado por las máximas autoridades nacionales que contemplaba, deliberadamente, la impunidad de los autores de los ilícitos".

En ese sentido, Farah puntualizó que Maidana "se habría encontrado involucrado con la ejecución inmediata" de los hechos investigados, ya que "se encargó durante todo el tiempo en que funcionó 'El Vesubio' de custodiar a los detenidos, contribuir a sus torturas y mantenerlos en condiciones infrahumanas", lo que llevó a cabo "ocultando su identidad".

"El consecuente contacto directo que habría mantenido con las víctimas es una circunstancia que permite suponer que conoce los aspectos de la última fase de las maniobras delictivas (desaparición de las personas originariamente privadas de su libertad)" explicó el camarista.

Por ese motivo, en caso que se concediese su libertad, Maidana podría "entorpecer la investigación" para "evitar que se conozca el destino real de las víctimas de los sucesos que se le imputan" y para lograr que "el reproche penal no resulte eventualmente agravado", sostuvo Farah.

Por su parte, Irurzun coincidió con su colega en la "concurrencia de riesgos procesales" atento lo cual afirmó que están dadas las "condiciones que se exigen para habilitar el dictado de la prórroga" de la prisión preventiva.
"El Vesubio" era uno de los centros clandestinos de detención -a los que Rafecas parangonó con los campos de concentración del nazismo- que funcionaron durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" instaurado por los jerarcas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976.

Ese centro estaba ubicado en la intersección de la autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en la provincia de Buenos Aires, en jurisdicción del Comando zona 1, subzona 1.1, a cargo de Juan Bautista Sasiain; y estaba bajo la conducción de Pedro Durán Sáenz, auxiliar de inteligencia del Comando de la X Brigada de Infantería.

La investigación por los hechos ocurridos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército es una de las "megacausas" por gravísimas violaciones a los derechos humanos reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

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