Los actores responsables, según los testigos, son el ejército, la policía y los paramilitares, y todos ellos en connivencia los unos con los otros.

En Colombia existen 9.000 desaparecidos registrados en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) desde 1982, aunque la cifra real podría rebasar los 30.000, según se desprende del fallo del tribunal.

En el documento emitido se culpa al Estado colombiano 'por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa'.

También se acusa al Estado por participar en la creación y ser cómplice de grupos paramilitares, a los que ahora se les ofrece impunidad mediante instrumentos legales, en referencia a la Ley de Justicia y Paz promulgada por el actual Gobierno, en la que se ofrece ventajas penales a los desmovilizados.

Además, se responsabiliza a los gobiernos electos de haber utilizado la desaparición forzada como 'arma política' para eliminar a la disidencia, y a unidades del ejército, policía y de seguridad del Estado de perpetrar crímenes de lesa humanidad.

En un primer grupo de testimonios, 28 personas afirmaron que las víctimas 'habían sido perseguidas por su pertenencia a organizaciones de izquierda', tales como el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica o la Juventud Comunista Colombiana.

En otras categorías se recogen, por un lado, ocho testimonios identificados con movimientos sociales, sindicales, feministas y estudiantiles, y por otro se distingue un tercer género de víctimas sin filiación política, pero que vivían en zonas bajo control de las fuerzas ilegales.

En el veredicto también se hace patente la responsabilidad directa de los grupos paramilitares, así como a los terratenientes, grupos empresariales y multinacionales que los financiaron, y al Gobierno estadounidense por el apoyo a políticas militares del colombiano que han recrudecido el conflicto.

El Tribunal exige al Gobierno que cumpla su mandato constitucional de proteger a los ciudadanos y que se adhiera de inmediato a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que aún no ha entrado en vigor.

Por otro lado, se demanda enjuiciar a los responsables de desapariciones forzadas por medio del Código Penal y de acuerdo con las normas internacionales, y no por medio de leyes de excepción, así como se exige la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación independiente de estos crímenes.

La constitución de este Tribunal Internacional de Opinión estuvo apoyada por la Asfaddes, el Proyecto Justicia y Vida (organización cristiana vinculada con los derechos humanos) y el senador Alexander López, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).

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