Este fallo, calificado de histórico por los familiares de las víctimas, indica que el destacamento estaba adscrito al SIN y que dependía de la Presidencia de la República.

Señala que Colina realizaba torturas, eliminación y desaparición de personas como parte de una estrategia antisubversiva, aplicada en Lima y en provincias, en los primeros años del gobierno de Fujimori (1991-1993).

Considera, además, que Fujimori -hoy procesado en la Corte Suprema por este y otros hechos de violación de los derechos humanos- recibía los informes sobre dicho destacamento del entonces jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, ya que el propio ex mandatario había dispuesto, ilegalmente, que fuera esa instancia la que se encargara de la lucha contra la subversión.

La participación que el tribunal le imputa a Salazar dentro del accionar de Colina es sumamente destacada, a tal punto que la condena que le impuso es de 35 años de prisión, la más alta que ha sido impuesta a un general en la historia del país.

Esto hace pensar que la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, en los próximos meses, podría ser, inclusive, tan severa como esta.

EN JAQUE. Para la abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gloria Cano, este fallo es importante en relación con el proceso al ex presidente porque establece, por primera vez en la historia judicial, que su gobierno aplicó una política de violación sistemática de los derechos humanos.

"Esto es justicia, esto no es venganza", fueron las palabras de Raída Cóndor, madre de uno de los estudiantes desaparecidos. Mientras que Gisella Ortiz, hermana de otra de las víctimas, indicó que, si bien es una sentencia que devuelve la esperanza de que no habrá más impunidad, recordó que aún faltan las sentencias a otros imputados.

La matanza de La Cantuta ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando miembros de Inteligencia del Ejército irrumpieron en las instalaciones de ese centro de estudios llevándose con ellos a nueve estudiantes y a un profesor, a quienes ultimaron extrajudicialmente y, luego, incineraron y enterraron.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó también su satisfacción por este fallo. Sin embargo, ninguno de los abogados de los condenados quiso declarar a la prensa luego de conocerse la sentencia.

La lectura del fallo, emitida por la sala que preside la magistrada Inés Villa Bonilla, duró aproximadamente 10 horas. Uno de los puntos que esta también destacó fue que las víctimas no tenían relación alguna con grupos subversivos.

Las personas condenadas apelaron la resolución, que será enviada a la Corte Suprema de Justicia, la que en los siguientes meses podría reducir, ratificar o incrementar la sentencia impuesta.

http://www.peru21.com/p21impreso/Html/2008-04-09/imp2politica0877491.html