La desaparición de catorce trabajadores de la ex fábrica Mercedes Benz en 1977 fue parte de un plan para desactivar y eliminar a la comisión interna de Mercedes Benz, de perfil combativa y opositora del todavía titular de SMATA, José Rodríguez. Los "beneficiarios" de ese exterminio deben rastrearse en la empresa, en SMATA y en el mismísimo ministerio de Trabajo del gobierno peronista comandado por Carlos Ruckauf, quien ordenó la aniquilación de los "elementos subversivos" en las fábricas. La complicidad de la conducción sindical queda evidenciada en las solicitadas, firmadas por su secretario general, en las que se exhortaba a no dejarse "engañar por la guerrilla fabril". La periodista alemana Gaby Weber resumió el plan criminal: "El horror de la dictadura en las fábricas fue para aumentar la productividad. Queremos que las violaciones a los Derechos Humanos se conviertan en un mal negocio".

Tal como hicieron saber las organizaciones de Derechos Humanos que participaron de la Conferencia de prensa, el fiscal Federico Delgado, que interviene en la causa, reconoce la complicidad de la empresa y SMATA como instituciones pero niega que existan los elementos objetivos requeridos para imputarlos aún por "asociación ilícita".

Sin embargo, hay elementos que parecen hablar por sí solos. En la causa aparece acreditado el pago mensual que recibía el sindicato por parte de la Mercedes Benz. Casualmente o no, la empresa realizó un pago días después del secuestro de dos de los delegados de la combativa comisión interna que funcionaba en la fábrica. Una vez más, volvieron a reclamar que se investiguen las cuentas en el exterior de Ruckauf y Rodríguez, de quien fue su primer defensor en esta causa el hoy Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

Por otra parte, se encuentra probado que la empresa donó un aparato de neonatología al hospital que funcionaba en Campo de Mayo, lugar donde funcionó una maternidad clandestina. Además, varios de los activistas secuestrados en la planta fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en esa repartición militar. Tampoco debería perderse de vista, tal como denunciaron los organismos de Derechos Humanos, la pista de los niños apropiados. El gerente Juan Ronaldo Tasselkraut y su hermano fueron denunciados por haberse apropiado de hijos de desaparecidos. Esa denuncia la investiga el juez Claudio Bonadío.

Por su parte, la causa por la desaparición de los catorce obreros se instruye en los Tribunales de San Martín. El juez Daniel Rafecas se había declarado incompetente. Sin embargo, los organismos criticaron su decisión ya que la competencia judicial no queda reducida únicamente a los crímenes cometidos en Campo de Mayo ya que tres de los trabajadores no fueron vistos en ese campo de exterminio. "Vamos a dejar a por lo menos tres personas sin justicia", enfatizaron.

Represión a los trabajadores

La abogada Myriam Bregman, de Justicia YA!, relacionó la represión desatada en la Mercedes Benz durante la dictadura con la que padecieron días atrás los trabajadores de la textil Mafissa.

"Para nosotros esto no es una cosa del pasado. Este 18 de abril desalojaron la fábrica Mafissa, que tiene ocho asesinados por la Triple A en sus puertas y 15 desaparecidos durante la dictadura militar. Y ahora, los mismos empresarios que escribían libros elogiando a Jorge Rafael Videla vuelven a atacar a sus trabajadores", denunció Bregman en alusión a Jorge Curi (padre), fiel defensor del genocidio perpetrado en la Argentina.

La integrante del colectivo Justicia YA! tejió la unión entre la policía bonaerense como la fuerza encargada de la represión a los obreros de la planta de la Plata y como la fuerza separada de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López. "Lamentablemente la separaron de esa causa pero la mandaron a reprimir Mafissa". Además, agregó: "Tenemos que denunciar esa represión que dejó 18 personas detenidas durante el fin de semana y que hoy siguen sin trabajo".

Causa contra Mercedes-Benz por desapariciones en Argentina comenzará en EEUU
La causa abierta contra la automotriz Mercedes-Benz por su supuesta implicación en la desaparición de varias personas durante la última dictadura militar en Argentina (1973-1986) comenzará este año en Estados Unidos, una vez que se solucionen los trámites administrativos.

Fuente: Terra Actualidad - EFE

Así lo explicó hoy a Efe la periodista alemana Gabriela Weber, que investigó y publicó un libro sobre el tema y ya intentó que la Justicia argentina condenara al gerente de producción de la empresa, Juan Ronaldo Tasselkraut; al ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf; y al secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), José Rodríguez.

El proceso no avanzó en Argentina y ahora Weber confía en que la Justicia estadounidense les declare culpables del secuestro y desaparición de al menos 14 obreros en un juicio que tendrá lugar en San Francisco.

'En Argentina y Alemania no ha habido avances del caso, mientras que en Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos no sólo no prescriben sino que vemos una posibilidad de conseguir Justicia, por más peso económico y político que tenga la empresa', sostuvo Weber.

Sobre el caso, la periodista aclaró: 'nosotros nos basamos en una ley (estadounidense) de 1789, sobre violaciones a los derechos humanos'.

Varias asociaciones estadounidenses ya se han comprometido a financiar a los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos, que no pedirán una indemnización.

En caso de que los jueces decidan fijar algún importe de compensación para los afectados, estos se conformarán con los 220.000 pesos (unos 70.000 dólares) que fija la ley argentina para tales casos, manifestó Weber.

'Las desapariciones se hicieron por dinero, para aumentar la productividad eliminando a la oposición. Ahora queremos que la violación de los derechos humanos se convierta en un mal negocio', apuntó la periodista en rueda de prensa.

Los representantes de los familiares y la periodista aportarán de nuevo las pruebas que ya presentaron en Argentina, donde el ex presidente Néstor Kirchner se comprometió a crear una comisión de investigación, pero 'no hizo nada', consideró Weber.

Según aseguró hoy, disponen de documentos que demuestran que la empresa pagaba al sindicato para que secuestrara a los obreros opositores, así como la donación de un aparato de neonatología por parte de Mercedes-Benz al hospital militar de Campo de Mayo, que podría haberse usado para los hijos de los desaparecidos que luego eran entregados a familias apropiadoras.

Además, explicó que el propio Tasselkraut y su hermano tienen hijos adoptados ilegalmente, pero la Justicia no ha hecho nada contra ellos.

Weber añadió que un informe sobre la relación de la automotriz con el régimen, pagado por la propia empresa, concluyó que uno de los desaparecidos estaba vigilado y que la firma facilitó sus datos personales, lo que 'ponía en riesgo su seguridad'.

Según datos oficiales, durante la dictadura argentina desaparecieron 18.000 personas, aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.