Col - Ordenan captura de 15 militares por masacre de San José de Apartadó | Colombia |
Marzo 27 de 2008
La decisión fue provocada por el testimonio de Jorge Luis Salgado, un ex paramilitar que acusó a los uniformados de asesinar, en asocio con las Auc, a los 3 niños y 8 adultos.
La masacre en la comunidad de paz ocurrió el 21 de febrero del 2005.
Ese día, los cuerpos mutilados y decapitados quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio tapar.
Todas
las víctimas eran miembros de un grupo que se declaró neutral dentro
del conflicto armado colombiano y que venía pidiendo afanosamente
protección especial.
Aunque, desde un comienzo, testimonios
indicaron que los responsables de estos hechos eran miembros de la
Brigada XVII del Ejército y hombres bajo el mando de Diego Murillo,
'Don Berna', esta es la primera vez que alguien que estuvo en las filas
de los verdugos narra la historia.
"Ninguno de nosotros
sabíamos hasta dónde llegábamos, solo que teníamos que ir a la vereda
La Resbalosa y recorrer la zona en compañía del Ejército", dice el ex
'para'.
En la mira, tres subtenientes
Su
testimonio, acaba de precipitar varias decisiones de fondo en este caso
emblemático que ya llegó a tribunales internacionales.
Hace 12
días, la Fiscalía le envió una comunicación al comandante del Ejército,
general Mario Montoya, en la que le solicita que ordene, a quien
corresponda, las capturas de 15 miembros activos de ese cuerpo armado
que en el 2005 estaban asignados al área de los hechos.
En la carta, la Fiscalía advierte que inicialmente los uniformados serán escuchados en indagatoria.
Pero
uno de los in vestigadores le aseguró a EL TIEMPO que se ordenó su
detención "porque existen indicios suficientes para presumir su
responsabilidad en los hechos de Apartadó".
En la lista que recibió el general Montoya hay tres subtenientes, cuatro sargentos y ocho cabos.
Ya
en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el
capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El
oficial, varias veces mencionado dentro del expediente, optó por
guardar silencio durante toda la diligencia de indagatoria que se le
adelantó hace unos meses.
Y aunque su defensa alegó plena
inocencia, la Fiscalía optó por acusarlo de homicidio en persona
protegida, concierto para delinquir y terrorismo, en calidad de coautor.
El
operador de radio del Héroes de Tolová, Adriano José Cano Arteaga, le
aseguró a la Fiscalía que el grupo de Gordillo había salido a patrullar
varias veces con los paramilitares.
Cayó 'Cobra'
Su
testimonio y el de Jorge Luis Salgado David permitieron que, hace diez
días, un fiscal especializado les dictara medida de aseguramiento a los
dos ex jefes 'paras' señalados de participar activamente en la masacre.
Se
trata de Joel José Vargas Flórez y de José Clímaco Falco, alias
'Cobra', el hombre que supuestamente degolló a la pequeña Natalia, de 5
años.
Y mientras la Fiscalía les define la situación jurídica
a los militares implicados, abogados de familiares de las víctimas
están pidiendo acceso a los testimonios 'paras' sobre los desgarradores
hechos de hace tres años.
Salgado David, por ejemplo, cuenta que el padre de la niña degollada les suplicaba de rodillas que no mataran a los menores.
Además, que la niña creyó que se trataba de un paseo y le guardó a su hermanito una muda de ropa para el viaje.
"Le decía adiós con la manito", recuerda el ex 'para'.
Y
añade que la violencia del ataque fue con tal sevicia que cuando se
topó con el cadáver de un hombre, presunto guerrillero, casi trasboca.
"Quedó
partido, destrozado por el estómago (...) se le veian las tripas y una
cosa blanca. Yo me había comido una jamoneta y me dieron ganas de
vomitar".
Protección para testigo
Hoy, paradójicamente, Jorge Salgado David, está pidiendo protección.
Un
grupo de desmovilizados ha intentado asesinarlo en al menos dos
ocasiones porque se está negando a entrar a 'las Águilas Negras', grupo
paramilitar emergente con tentáculos en todo el país.
Por suerte, las autoridades ya están tras la pista de los hombres que lo quieren matar.
San José: una comunidad de paz
La masacre ocurrida en el 2005 en San José de Apartadó, y la
situación de señalamiento y de estigmatización que derivó de ese hecho
en esta comunidad de paz, es uno de los casos que ONG han llevado ante
estrados internacionales para acusar al Estado colombiano de no
trabajar por la defensa de los derechos humanos.
De hecho, desde
el 2002, esta comunidad del Urabá antioqueño tenía medidas cautelares
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El
organismo internacional le había exigido al Gobierno colombiano medidas
para preservar la vida e integridad de los miembros de esa comunidad de
paz.
Hoy, más de tres años después de los hechos, este caso y el
de otros 170 asesinatos cometidos desde 1997 en San José de Apartadó,
se encuentran en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en Washington.
El caso deberá pasar luego a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, que deberá fallar.
Además,
informes de algunos de esos crímenes han sido enviados a la Corte Penal
Internacional, al Parlamento Europeo, a la Oficina de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a otros organismos
internacionales.
Los uniformados requeridos
En la carta enviada al general Mario Montoya, la Fiscalía solicita
las capturas inmediatas de los subtenientes Alejandro Jaramillo
Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán.
También
figuran los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry
Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González.
Además, los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor
Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas,
Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.
Extraoficialmente se supo que ya se hicieron efectivas cinco capturas.
Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El
oficial tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al
Batallón Vélez de Carepa (Antioquia), que realizaron la operación
'Fénix' durante los días en los que ocurrió la masacre.
Para el organismo investigador "es claro e innegable su presencia en circunstancias de tiempo y lugar".
Por eso, se le negó la libertad provisional y permanece tras las rejas desde noviembre del año pasado.
En
su contra rezan varios testimonios que señalan que el oficial acordó
patrullajes conjuntos con 'paras' del bloque 'Héroes de Tolová', que se
desmovilizó en medio del proceso de paz con el Gobierno.
Uno de
los testigos es Adriano José Cano, quien fue radioperador de esa
facción 'para', quien contó a la Fiscalía que, luego de la masacre, el
capitán recriminó a los 'paras' por lo que habían hecho.
"Les
dijo que fue una embarrada muy grande", sostuvo, y agregó que los
militares no hicieron nada para evitar el crimen ni para perseguir a
los responsables.
El ahora ex 'para' aseguró que los miembros de
las Auc eran los guías del Ejército, pero cuando llegaron a las
viviendas de los campesinos "entraron a las casas, intimidaron,
torturaron y mataron" usando machetes y armas de fuego.
Casos con miembros de la Fuerza Pública involucrados
JAMUNDÍ
El pasado 18 de febrero, el coronel
Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, y 14
de sus hombres fueron condenados por un juez de Cali por el asesinato
de diez policías y un informante en zona rural de Jamundí (Valle del
Cauca).
La condena se conocerá el próximo 21 de abril, pero se
estima que no estará por debajo de los 25 años. En el caso del coronel,
quien al parecer planeó el hecho, no se descarta una pena de 40 o 60
años.
RETOMA PALACIO DE JUSTICIA
La Fiscalía ordenó la captura del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a
mediados de julio del 2007, en el proceso por la desaparición de Carlos
Rodríguez y Cristina Guarín, empleados de la cafetería del Palacio de
Justicia, y de Irma Franco, guerrillera del M-19.
Dentro del proceso
por los desaparecidos fueron capturados los sargentos (r) Antonio
Jiménez y Ferney Causalla, miembros, para la época, del B2 del
Ejército, que participó en la retoma del Palacio.
MASACRE DE MAPIRIPÁN
El Coronel Lino Sánchez fue condenado a 40 años de prisión por la
masacre, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en ese
municipio del Meta y que dejó más de 49 muertos. La misma condena la
recibieron como coautores indirectos los sargentos Juan Carlos Gamarra
Polo y José Miller Urueña Díaz,
En el 2003, la Fiscalía llamó a
juicio al general Jaime Alberto Uscátegui, pero fue absuelto en
noviembre del año pasado por un juez de Bogotá.
u.investigativa@eltiempo.com.co
En la masacre murieron Luis Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo Deyner Guerra. También Alfonso Bolívar, su esposa Sandra Graciano, Natalia y Santiago, hijos de la pareja, y Alejandro Pérez. Jesús Abad Colorado - Archivo / EL TIEMPO
Para la Fiscalía es claro que la acción de San José de Apartadó buscaba imponer el miedo y el terror entre los civiles de esa comunidad. Jesús Abad Colorado - Archivo / ELTIEMPO
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-03-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4037973.html
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