Se trata del ex titular del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, desaparecido el 15 de junio de 1977, cuando se suponía que iba hacia una reunión con el ex secretario de Planificación Económica Guillermo Walter Klein.

Según su familia, Casariego de Bel se oponía a firmar documentos relacionados con la compra, por parte del Estado, de la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIADE). Casariego se negaba a reconocer a la Italo como una empresa de capitales extranjeros, lo que finalmente ocurrió luego de su desaparición y permitió así aumentar la cotización de la firma.

"Mi padre estaba muy amargado en los últimos meses y había comentado en mi casa que los bienes de la Italo no valían más de 8 millones de dólares y que se estaba por cometer un fraude", dijo ayer la hija de la víctima, María Casariego, junto al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. La empresa fue adquirida por el Estado, ocupado de facto por la dictadura, en el equivalente en francos suizos a 394,5 millones de dólares, cuando su valor no superaría los US$ 120 millones. Duhalde definió a Martínez de Hoz como "cuadro esencial del proyecto terrorista de la dictadura".

La presentación que hará el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Alén, pedirá ser parte querellante en la causa que lleva el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga los crímenes ocurridos en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército. Además, se pedirán las detenciones de Klein y del ex secretario de Hacienda Juan Alemann.

Casariego, español de nacimiento, habría sido secuestrado por una "patota" de Inteligencia del Ejército en el marco de una supuesta investigación sobre el financiamiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ya prácticamente inexistente en 1977. Habría sido torturado junto con los también desaparecidos editor periodístico Rafael Perrota y contador Julio Gallego Soto.

"Casariego de Bel desapareció como consecuencia de su negativa a avalar documentos que favorecieran la posición de la CIADE. Toda la operatoria que culminó en la adquisición de la misma por parte del Estado nacional fue producto de un complot urdido por personajes vinculados con la Italo, que, aprovechando los cargos que detentaban en el gobierno de la dictadura terrorista, forzaron la aprobación de un acuerdo que sólo trajo beneficios al grupo económico al que pertenecían", dice el escrito que hoy se presentará en Tribunales.

La Secretaría de Derechos Humanos recordó que Martínez de Hoz era presidente de la Italo -tal el nombre con el que se conocía popularmente a la firma-, cargo al que renunció el 28 de marzo de 1976 para hacerse cargo del Ministerio de Economía tras el golpe de Estado que cuatro días antes había derrocado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

http://www.clarin.com/diario/2008/03/26/elpais/p-01301.htm