Principalmente, los proyectos apuntan a la necesidad de pagar recompensas a militares que puedan aportar datos sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado de la década del '70 y a la creación de una nueva Cámara de Casación Penal. El objetivo es repartir el trabajo de los tribunales y abarca también reformas procesales para acelerar los procesos que se llevan a cabo en el interior del país.

Desde la agrupación Justicia Ya, Luis Bonomi, que además es querellante en la causa ESMA, manifestó que "no hacen falta nuevas herramientas para acelerar los juicios. Es una cuestión de decisión y de que los tribunales encargados de llevar a cabo las investigaciones tengan una mayor exigencia, cosa que parece que desde el gobierno no quieren entender y siguen presentado proyectos".

Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada de la Liga por los Derechos del Hombre, cree que "es inadmisible ética y moralmente pagarle a alguien que participó de esos hechos para que brinde datos sobre detitos de lesa humanidad".

En tanto, Rodolfo Yanzón, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos aseguró que "hay una contradicción en el propio gobierno nacional porque al mismo tiempo que pide acelerar los tiempos a los jueces para condenar a los represores, se demoran en el nombramiento de los magistrados".

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