Sánchez de Lozada encara ya en una corte de distrito federal del estado de Maryland un juicio civil presentado por familiares de víctimas de las violentas manifestaciones en 2003 durante su segundo gobierno.

Emisarios del Gobierno boliviano han adelantado que Sánchez de Lozada sería acusado de "genocidio" en Bolivia. La calificación no encajaría en la legislación estadounidense, por lo que se estaría cambiando a "ejecuciones extrajudiciales".

Si Bolivia presenta la solicitud, ésta será analizada por el Departamento de Estado. Si éste encuentra razones para su extradición, el expediente pasaría al Departamento de Justicia para su curso judicial.

Pero el Departamento de Estado puede frenar el proceso durante meses y hasta indefinidamente si resuelve que el pedido tiene una motivación política. Es una decisión unilateral, para la cual no escucha a las partes interesadas.

Howard Gutman, abogado de Sánchez de Lozada, dijo que el ex presidente era un perseguido político de Morales.

"Cualquier esfuerzo del gobierno de Morales para presentar cargos contra el ex presidente simplemente sería una mayor demostración de su persistente campaña política de perseguir a sus opositores y abusar del sistema legal boliviano", afirmó.

Fuentes diplomáticas dijeron que Morales no tomaría una acción en tanto el Congreso de Estados Unidos no apruebe una extensión de las preferencias comerciales andinas que permiten a Bolivia vender productos sin aranceles en el mercado estadounidense por unos 300 millones de dólares y mantener más de 50 mil empleos directos en ese país.


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