Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, subrayó que ambas propuestas deben ser duras y exigir alcances máximos, debido a que los legisladores “intentarán quitar y mover” postulados. Por ello, agregó, realizar movilizaciones sociales en todo el país será fundamental.

El anteproyecto de ley federal consta de 19 artículos en cuatro capítulos, algunos de los cuales establecen que las autoridades deben “decretar la amnistía en favor de todas las personas contra las cuales se haya ejercitado o pueda ejercitarse acción penal ante tribunales federales y locales por delitos derivados de su participación real o supuesta en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o participación en movimientos armados”.

Otros postulados plantean la presentación de desaparecidos y que se garantice la integridad física y la libertad de personas perseguidas por su participación real o supuesta en los actos mencionados.

Asimismo, propone crear una Comisión Especial Permanente (CEP), cuyo objetivo será instrumentar el cumplimiento “pleno e irrestricto” de la ley de amnistía. Dicho órgano estaría conformado por un representante de las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal, por los presidentes de las comisiones de garantías fundamentales del Senado y la Cámara de Diputados, un representante de la Suprema Corte y ocho miembros del FNCR. Los gastos para su funcionamiento serían cubiertos por el gobierno federal.

La CEP también podría “realizar inspecciones en centros de readaptación social, casas de detención y arraigo, campos militares, centros administrativos de detención, retenes militares o cualquier otro lugar donde se presuma que puede encontrarse algún desaparecido”.

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