El gobierno expresó "satisfacción por la forma en que el Alto Mando del Ejército ha resuelto el día de hoy la situación del general Gonzalo Santelices", en una nota leída por el ministro de Defensa, José Goñi.

El abogado activista de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, dijo que Santelices participó en el asesinato de 14 opositores en octubre de 1973, en el marco de la llamada "caravana de la muerte", en alusión a una comitiva castrense despachada desde Santiago a ciudades del norte y sur del país para agilizar juicios, y que dejó a su paso más de un centenar de disidentes asesinados.

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/7396773.html



        


Izurieta, que leyó un comunicado, dijo que "el gesto de lealtad" de Santelices de renunciar cuando aun no existe una resolución judicial que presuma de su responsabilidad en las ejecuciones, "lo ennoblece y prestigia".

En el 2002, Santelices declaró en el juicio que investiga los asesinatos de la "caravana de la muerte", y precisó que al paso de la comitiva por Antofagasta, 1.370 kilómetros al norte, cuando era subteniente, le correspondió sacar a 14 prisioneros políticos de la cárcel, trasladarlos a una desértica quebrada, y ponerlos delante de un pelotón de fusileros.

La filtración hace un par de semanas de la declaración judicial de Santelices y la presión de activistas de los derechos humanos culminaron el lunes con su renuncia.

Izurieta criticó la filtración de la información y en su comunicado dijo que ello "produce daño a la honra de las personas y a la imagen de una institución fundamental de la República".

Santelices "fue en un camión del Ejército de Chile a la cárcel pública de Antofagasta, eligió a 14 presos políticos, los maniató, les puso las vendas, los lanzó como animales arriba del camión, los condujo a la quebrada del Way, a las afueras de Antofagasta y ahí puso a los 14 presos frente al pelotón de fusilamiento", afirmó Gutiérrez.

El caso de la "caravana de la muerte" fue el primero por el cual Pinochet fue desaforado, detenido y procesado, aunque luego fue sobreseido por la Corte Suprema porque según los jueces la salud mental del ex dictador no le permitía defenderse adecuadamente en el juicio, en el que fueron encausados otros militares.

No es el único caso de renuncia de un general activo por su participación en violaciones a los derechos humanos. El general de ejército Hernán Ramírez Hald se apartó de las filas cuando se conoció su vinculación al asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en 1982. Fue condenado finalmente a 800 días de prisión remitida, con firma periódica en los tribunales, por encubrir el asesinato de Jiménez.

Unos 500 militares, incluidos 50 generales, están enjuiciados y/o condenados por crímenes de lesa humanidad.