En ese momento, Santelices recién había terminado la escuela militar con el rango de subteniente de blindados.

El gobierno recriminó al Ejército no haberle entregado esta información.

"Afirmo que dichos antecedentes no fueron informados por los canales institucionales del Ejército al Ejecutivo, tanto en el ascenso a general de brigada en el año 2003 como a general de división en 2007", dijo el miércoles el ministro de Defensa, José Goñi.

El Ejército expresó el malestar frente a esta situación: "asignar posibles responsabilidades a través de los medios, vía publicación de expedientes, o por el sólo mérito de haber pertenecido a determinada unidad, no contribuye en nada a lograr la justicia que todos anhelamos" dijo el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta.

El caso de Santelices ha generado un fuerte debate en Chile tanto sobre si se debió presionar su baja como si el gobierno realmente desconocía sus antecedentes.

"Hay gente que tuvo que obedecer órdenes y por eso hay que ver las circunstancias en las que la persona actúa", opinó el secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo Cristián Contreras.

El ex jefe de la institución militar Juan Emilio Cheyre, que junto a Bachelet -en ese momento ministra de Defensa- ascendió en 2003 a Santelices, desmintió la versión del gobierno.

"Siempre puse todos los antecedentes en conocimiento de las autoridades pertinentes, de acuerdo a un sistema claramente establecido", dijo.

"Naturalmente que el gobierno conocía sus antecedentes, más aún en este caso en que había sido sobreseído en un caso de derechos humanos", dijo el ex titular de Defensa Jaime Ravinet.

"Es bastante obvio que los antecedentes estaban a la vista al momento de sus ascensos. No entiendo cómo hoy día es justificación para avalar la renuncia del general y ayer no lo fue para negar un ascenso. A lo mejor hay un cambio de doctrina", dijo el diputado oficialista Jorge Burgos al diario El Mercurio.

Los medios chilenos recordaron que durante su mandato el ex presidente Ricardo Lagos, antecesor de Bachelet, propuso diferenciar la responsabilidad de los subordinados de aquellos que planificaron la represión, dieron órdenes y dirigieron la ejecución de crímenes con pleno discernimiento.

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán Tapia -quien interrogó a Santelices en el marco de las investigaciones de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura- apoyó al militar.

"De no cumplir con esa orden, era muy posible que lo hubieran asesinado como lo hicieron con tantas otras personas. Santelices no tenía responsabilidad criminal en el caso. El gran responsable es Pinochet", dijo Guzmán Tapia este jueves.

El senador socialista y oficialista Carlos Ominami discrepa: Santelices "no puede escudarse en órdenes superiores para haber terminado asociado de alguna manera a una masacre. Un oficial con honor tiene que correr el riesgo de que le apliquen la pena de muerte", dijo.

Santelices, quien nunca fue condenado por el hecho, explicó que "era impensado no cumplir una orden de un superior".

"Como consecuencia del impacto que tuvo lo vivido por mí a los 20 años de edad, me propuse trabajar firmemente en el Ejército en pro de la enseñanza de valores y principios basados en la verdad y honor militar, así como en la enseñanza de los DDHH".