Tras retomar las diligencias procesales tendientes a cubrir con un velo de justicia a las heridas producidas por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno Militar desde el Golpe del `76, la defensa de los represores Losito, Barreiro, De Marchi y Piriz solicitaron la nulidad del juicio basándose esencialmente en la incompetencia “territorial” del Juzgado ya que los detenidos fueron liberados fuera de Corrientes y el pedido de separación de parte de la querella, ya que no fueron víctimas directas.

Por su parte, la querella rechazó de pleno estos argumentos, argumentando que la formalidad del pedido es extemporánea, es decir, fuera de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, además señalaron que por más que se separe a la Sub Secretaria de Derechos Humanos y demás organismos de la misma índole de la querella, los fiscales están en condiciones formales de continuar con el juicio.

Al finalizar la exposición tan bien fundamentada por ambas partes, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio para deliberar sobre la validez de los argumentos y la continuidad o nulidad del juicio.

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