“Es un ejército de 120 mil personas, la mayoría proveniente de las sucesivas purgas, exonerados y represores”, puntualizó la abogada Guadalupe Godoy al referirse a la supuesta intención de Scioli de coordinar las actividades de las agencias privadas con la policía, según información publicada por el diario Hoy de La Plata.

Durante la entrevista, los organismos que integran Justicia Ya! le recordarán que en las primeras horas de la desaparición de López el Ministerio de Seguridad provincial admitió que aún quedaban en la Policía Bonaerense nueve mil agentes egresados durante la gestión de los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y le señalarán que doce de ellos acaban de ser nombrados por su ministro Carlos Stornelli como jefes departamentales. Además, pondrán en conocimiento del gobernador las irregularidades del caso López, que involucran en forma directa a los policías bonaerenses que participan de la investigación. Y le solicitarán que esa fuerza quede al margen del caso y la exoneración de esos agentes.

Mientras las agrupaciones que integran el colectivo Justicia Ya! preparaban la tradicional marcha, que se realizó ayer entre las plazas Moreno y San Martín, desde la gobernación informaban que no habían recibido ninguna solicitud de audiencia y decían desconocer ese espacio y sus organizaciones. Hacia el mediodía les informaron que “el gobernador tenía una agenda muy apretada” y que anoche iba a participar de una cena en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Les ofrecieron mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y con la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho. Justicia Ya! La Plata ya había decidido que “por la índole de los temas a tratar” sólo aceptaría reunirse con el gobernador, así que rechazó la propuesta. Al finalizar la marcha hicieron público el documento que piensan darle hoy a Scioli y los HIJOS de Mar del Plata pensaban intentar acercarle una copia mientras el gobernador participaba del cumpleaños 90 de Mariano Mores con gente de la farándula. Enterados de esta última iniciativa, los tiempos se aceleraron en la gobernación y decidieron fijar la entrevista para hoy a las 16.30.

Dos horas antes de la marcha que todos los meses recorre La Plata en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia les informaron que el gobernador recibirá a Justicia Ya!, cuyas organizaciones son querellantes en la causa por el secuestro y la desaparición del testigo que con su testimonio contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99177-2008-02-19.html

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Los que ocultaron las pruebas
    
Por Adriana Meyer

La causa madre por la desaparición de Jorge Julio López no registra, a un año y cinco meses, avance alguno. Pero, en cambio, si prospera la denuncia penal que hizo el fiscal federal Sergio Franco contra una veintena de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a los que acusó de haber frustrado pruebas esenciales para dar con el testigo desaparecido: el juez federal Arnaldo Corazza decidió que los llamará a prestar declaración indagatoria. Así lo había pedido el fiscal y las citaciones serían inminentes, según aseguró a Página/12 una alta fuente judicial. El daño causado no es menor, porque en el expediente hay numerosos indicios que relacionan a represores presos en esa cárcel con sospechosos del caso.

Franco imputó a los penitenciarios por haber obstaculizado el allanamiento del 23 de marzo del año pasado a la cárcel de Marcos Paz porque comprobó que, entre otras irregularidades, aparecieron líneas telefónicas nunca informadas por el SPF que utilizaban los represores, y los libros de guardia que debían reflejar las visitas que reciben estaban “plagados de falsedades y omisiones”.

Escribió el fiscal: “Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes”. Y pidió al juez que investigue las “irregularidades con las líneas telefónicas a disposición de los internos” detenidos por violaciones a los derechos humanos, y las “irregularidades en la inscripción en el libro en donde se asientan las visitas a esos detenidos”. Franco acusó a catorce miembros del SPF, incluidos los dos últimos jefes de Marcos Paz, de haber cometido “falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad”.

En el juzgado de Corazza avanzaron en tal sentido, y en los próximos días serán llamados 19 agentes, que probablemente deban declarar bajo esos mismos cargos. Los acusados tendrán que explicar por qué informaron que la línea que usaba Etchecolatz estaba, en realidad, en el módulo de Enfermería, o por qué aparecieron cinco líneas usadas por los represores que el SPF ocultó durante los procedimientos judiciales; y cómo es posible que aparezcan en el libro de guardia tres personas con el mismo número de documento. Por esos días la hipótesis principal del caso apuntaba a una banda mixta de represores retirados y en actividad con vínculos con los que están presos, que habrían sido los secuestradores de López.

Este diario publicó los detalles de los dos allanamientos a la cárcel, en marzo y en junio, y describió el trato preferencial que las autoridades del penal daban a los represores. A los pocos meses el jefe de Marcos Paz, Hugo Sosa, fue relevado del cargo por el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne. “Es bueno que se reactive esto porque así se puede seguir para arriba, y si Iribarne no se va al Vaticano podría tener que dar explicaciones en este caso”, especuló uno de los investigadores de la causa.