Se constituyeron en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luís Alen; la directora de Salud Mental de esa dependencia, Victoria Martínez, quien se encuentra a cargo del Plan Nacional de Contención y Asistencia a Testigos y Querellantes en Juicios por el Terrorismo de Estado; asimismo el especialista en casos procesales vinculados con los Derechos Humanos, Ciro Anichiarico; la especialista María José Guembe, del Programa Verdad y Justicia (a cargo de Marcelo Saín), que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

"Corrientes es la primera provincia del interior del país en la que se constituirá este programa integral de asistencia psicológica a los testigos, a fin de evitar situaciones revictimizadoras que surgen a partir de reactualizar situaciones traumáticas como fueron las torturas y los delitos cometidos por la dictadura", explicó Victoria Martínez, quien llegó desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con parte de su equipo, conformado por las psicólogas Juliana Serritella, Julia Hugues y Anabel Alcaide, quien también forma parte del programa de
Sitios de Memoria y el Archivo de la Memoria.

En las oficinas de Belgrano 1260, funcionarios y expertos en las diferentes disciplinas, coordinaron acciones con el subsecretario Pablo Vassel, el subsecretario de Gobierno y Justicia, Ernesto Meixner y el asesor de la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia, Martín Vique, quienes prestaron apoyo institucional y operativo para el exitoso desarrollo del programa de protección a testigos.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia se puso a total disposición de las tareas encaradas, mediante los aportes del área de Promoción y Protección de la Salud, a cargo de Aníbal Alegre y de Salud Mental, cuyo responsable es Gustavo Gómez.

"Se va a propender a la protección integral de todos los testigos, como así también a querellantes, peritos, jueces y fiscales comprendidos en el proceso y a fin de evitar una situación como la vivida en el caso Febrés, garantizamos la seguridad de los testigos tanto de la querella (serán cuarenta) como de la defensa (en un número similar)", señaló Vassel.

En ese sentido, detalló que el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia dispondrá de toda la capacidad operativa de la Policía en el marco de la protección de los participantes en el juicio.

Por su parte, Victoria Martínez, explicó que el plan de protección y asistencia psicológica de testigos, "tiene como objetivo la contención, a fin de evitar que el costo emocional de reactualizar situaciones dolorosas y tener en frente a quien los haya torturado o secuestrado, no paralice a los testigos".

"Corrientes cuenta con recursos y capacidad para garantizar el buen desenvolvimiento de este programa", indicó, al tiempo que explicó que se trata de una "estrategia psicojurídica", toda vez que "es necesario que los testigos conozcan la dimensión y el alcance que tendrán sus testimonios para el esclarecimiento de los casos".
"La colaboración es indispensable, porque no se trata de situaciones individuales o particulares, sino de una experiencia colectiva que contribuye a la memoria histórica: está comprobado que el silencio traumatiza aun más las consecuencias de este tipo de casos, pues se transmite a las siguientes generaciones con consecuencias aun peores", reflexionó la especialista.

PRENSA-SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PROVINCIA DE CORRIENTES