La justicia italiana pide captura de 140 represores

Italia , Operación Cóndor
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LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR


Casi un "dream team" de la represión


Videla, Massera, el uruguayo Bordaberry y el chileno Contreras son
algunos de los 140 represores a los que la Justicia italiana pidió su
captura y extradición por la desaparición de 25 ciudadanos de esa
nacionalidad en el marco del Plan Cóndor. En Argentina, esa causa se
elevó a juicio oral y público hace menos de un mes.



Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dos de los 61
argentinos requeridos por la Justicia italiana.


A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa
Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el lunes
la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia
sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las
dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del '70, como el ex
presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio
Massera , el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de
la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana
pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa
nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola
trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur
de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro
del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.



"Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de
tantos países, que da una idea acabada de la coordinación represiva y
de la investigación que se realizó", celebró desde España el abogado
Carlos Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos
Humanos de Madrid consideró que la medida tendrá "un efecto de
repetición y contagio" y contribuirá a "acelerar los juicios" en
nuestro país.



Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del
Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las
investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las
denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en
América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen
abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos
regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el
marco de la Operación Cóndor , presuntamente ideada por el ex dictador
chileno Augusto Pinochet.




El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen
italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco
Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés
Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina.
También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y
Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro
Logoluso, detenidos en Paraguay.



El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández
Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la
Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur
de Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una
cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración
indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.



El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7
bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32
uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el
dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle
completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que
en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y
detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el
Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la
búsqueda e informar a los países de origen de los represores.



En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con
una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de
investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres
­que subrogó en esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro,
actual secretario de seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri­
consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a
juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la
Operación Cóndor , incluidos los generales Cristino Nicolaides,
Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y
Antonio Domingo Bussi.



"La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a tener
un efecto de repetición y contagio en los países afectados por las
dictaduras", advirtió Slepoy. "Las medidas adoptadas por juzgados de
distintos países como Italia, España y Francia dan una idea fehaciente
de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los
tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del mundo",
concluyó.



No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la
Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua a
los marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Jorge Vildoza
(prófugo de la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto
Héctor Febres (quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión
VIP de Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que
fueron vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en 2000, la
Justicia italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales
Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros.

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