En total son siete detenidos y están presuntamente relacionados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quienes el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reclama como militantes suyos desde su desaparición, el 25 de mayo de 2007.

Por esa misma acusación fueron implicados el subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, y su ex chofer, el agente Ángel Reyes Cruz, aprehendidos la mañana del viernes por las mismas fuerzas federales, informó en entrevista telefónica Gerardo Francisco López Thomas, abogado defensor de Hernández, quien dijo que su cliente con su ex chofer fueron trasladados vía aérea a la ciudad de México.

Allí, agregó, rendirán su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Ambos, subrayó, son señalados en la averiguación previa de tener alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas.

Destacó que los siete detenidos del sábado, entre ellos Romeo Ruiz, director de Servicios Periciales, y Ricardo Canseco, subdirector técnico administrativo de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como dos peritos y tres agentes de la PME, uno identificado como Édgar Toledo El Chiapas, fueron también trasladados al Distrito Federal para rendir igualmente su declaración.

“El agente del Ministerio Público me confirmó que ya habían llegado (al Distrito Federal)”, señaló López Thomas, y anunció que analizará la averiguación previa para conocer debidamente las acusaciones contra su defendido y presentar pruebas de descargo para lograr su libertad, aunque reconoció que el Ministerio Público Federal puede consignar o decretar el arraigo por determinado periodo a Hernández Hernández mientras continúa con las investigaciones.

Apenas el jueves, Ruiz Ortiz deslindó a su gobierno de la desaparición de los miembros del grupo armado, y se sumó a la demanda de familiares y de organismos civiles para que sean presentados con vida.

El EPR ha responsabilizado a los gobiernos federal y estatal de la desaparición de sus militantes y ha detonado explosivos en instalaciones de Petróleos Mexicanos en Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala, además del de un centro comercial de esta capital, para demandar su presentación con vida.

Horas antes, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca inició una queja por la detención del subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández, y solicitó medidas cautelares para que sea respetada su integridad física y sicológica.

Heriberto Antonio García, el ombudsman estatal, dijo que la queja fue presentada por la hermana del detenido, Guadalupe Hernández Hernández, y ante esto se abrió el expediente CDDH/445/(01)/OAX/2008.

Dijo que la queja fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por estar señalados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

A causa de esto, dijo, los visitadores adjuntos de la CNDH Rosa María Coraza, Ramón Vásquez Díaz y Pedro Rey Armendáriz se encuentran ya en Oaxaca para dar seguimiento al caso.

http://www.jornada.unam.mx/2008/04/27/index.php?section=politica&article=014n1pol