La presentación fue realizada al conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que confirmó la resolución de Oyarbide sobre la inconstitucionalidad del indulto que Carlos Menem había otorgado a Martínez de Hoz, al considerar que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

En el escrito, la Secretaría solicitó también que Martínez de Hoz sea alojado en una cárcel común y que no se le conceda "ningún privilegio", a partir de la gravedad de las imputaciones que se formulan, indicó la Secretaría a través de un comunicado.

El subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, sostuvo que Martínez de Hoz fue el "jefe civil del terrorismo de Estado".

Sostuvo que la dictadura se valió de crímenes de lesa humanidad para "disciplinar a la sociedad e imponer el plan económico que benefició a los sectores del capital concentrado a los que Martínez de Hoz representaba, cuyas consecuencias aún padecen los argentinos".

De esta forma, con su embate hacia la única gran figura de la última dictadura que permanece en libertad, el Gobierno moviliza una cuestión polémica, como es la discusión sobre las responsabilidades de civiles en las acciones de la dictadura.

Alén señaló que la Secretaría también ha querellado a Martínez de Hoz por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, un funcionario de carrera del Ministerio de Economía que se negó a avalar la estatización de la empresa Ítalo.

El fallo de la Cámara Federal contra Martínez de Hoz, de 82 años, también alcanza al ex presidente Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, aunque tiene menor incidencia sobre ellos porque ya se encuentran cumpliendo arresto domiciliario por la comisión de delitos de lesa humanidad. (NA)

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