-Cuando la presidenta Cristina Fernández en su discurso del pasado 1 de marzo en el Congreso habló de Derechos Humanos, no mencionó los indultos de Menem -que están vigentes-, ni hizo referencia al secuestro de Julio López. ¿Qué reflexión te merece?

No es casualidad que no haya nombrado a Julio López ni a los indultos. Ha dado por concluido ambos temas diciendo que “la justicia se tiene que ocupar”. Lamentablemente, ya que el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones para anular los indultos a los genocidas y así aliviarle la tarea a los jueces, o compensar su inactividad.

No sólo “no habló” de López, si no que, lo peor, es que “no hace nada” por López, ni siquiera por acelerar la causa que investiga su desaparición. Tanto este gobierno como el anterior han apoyado a los servicios de inteligencia en la causa. La Policía Federal, la SIDE y el Servicio Penitenciario Federal dependen del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo. Vía su actuación lo convierte en cómplice de este encubrimiento. También el gobierno de la provincia de Buenos Aires encubre a la Bonaerense, la otra fuerza que está haciendo todo lo posible para que nada se sepa del paradero de López.

-Lo más grave, nos parece, fue la comparación que hizo la presidenta de los delitos comunes con los de lesa humanidad. ¿Qué te generó?

Desde todo punto de vista, incluido el jurídico, es una aberración la comparación, porque un genocidio no es la suma de delitos comunes. No pueden ser tratados nunca como la misma cosa. La comparación implica que el gobierno no va a aceptar ninguna reforma de las leyes de procedimiento penal que permita castigar a todos los responsables del genocidio. Cristina en este tema ha sido más explícita que su marido. Con el presidente Kirchner era más difícil rebatir su verdadera política, ya que la envolvía en un muy buen doble discurso. Pero la presidenta deja todo más claro.

Cuando dice que “todos los juicios tienen que terminar en cinco años”, está proponiendo un nuevo Punto Final. Con la orden a los fiscales de “apurar los juicios” para “no perder tiempo”, como dijo recientemente el procurador general de la Nación, Esteban Righi, hay una trampa. Porque no se trata de ir más rápido a costa de elevar las causas “vengan como vengan”, incompletas, porque así ya sabemos el resultado: se va a condenar a muy pocos represores. Además, investigar a reducidos grupos de represores hace perder el eje de que se trata de un genocidio, y por ende, de que hay que perseguir a todos los que participaron en la cadena de responsabilidades. De esta forma estamos al borde de que la política del gobierno lleve a la impunidad de muchos y grandes genocidas.

Te doy un ejemplo. La causa de Campo de Mayo se ha desmembrado en centenares de expedientes, ahora el juez quiere elevar a juicio oral uno de ellos en el que sólo están involucrados tres represores del máximo nivel, entre ellos Reynaldo Bignone. Pero se los está acusando sólo por una víctima y sólo por privación ilegal de la libertad, por lo que en caso de resultar condenados lo serán con una pena menor. ¡Cuando hay muchos otros compañeros que estuvieron en Campo de Mayo y muchos más represores que actuaron en él! Este mecanismo se reproduce en todos los tribunales del país.

-A su vez Cristina reveló que de 992 personas involucradas en violaciones a los derechos humanos, solamente están en proceso 342, de las cuales sólo una tercera parte o menos está en cárceles comunes, otras en institutos militares y otros con arresto domiciliario. ¿Por qué hay tan pocos genocidas procesados?

992... ¡De dónde sacó ese número! Si hubo 500 campos de concentración ¿quiere decir que actuaron sólo dos represores por cada Campo? La señora presidenta seguramente saca ese número de los imputados por los fiscales. Dice: “Como ya están procesados 300, sólo faltan 600 y listo el problema”. ¡No es así! Hay muchos más que 992 que participaron del genocidio. Te cuento otro caso que desmiente estos números. En La Plata están por elevar a juicio la causa de la “Comisaría 5ta.”, donde hemos identificado a 145 represores. Sin embargo sólo 9 de ésos irán a juicio oral. ¿Y el resto? Incluso entre los acusados hay policías hoy en actividad. No sé si me explico...

Seguro. Por eso hay que movilizarse este nuevo 24 de marzo.

Este 24 tiene que ser igual a todos los anteriores: hay que reclamar el fin de la impunidad de ayer, pero también el fin de la impunidad de hoy. Está claro que el gobierno no quiere ajustar cuentas con los genocidas. Tienen que cuidarlos porque los necesitan para reprimir. Por eso vamos a la marcha con estas consignas principales: “No a la impunidad de ayer y de hoy” y “Basta de represión y patotas contra los que luchan”.

Entrevistó Juan Carlos Giordano