Arg - La Armada apunta a los jueces (Caso Febres) | Febres |
Por Adriana Meyer
No saben si dijo “Feliz Navidad” o bajó por alguna chimenea, pero ya no caben dudas de que el represor Héctor Febres vivió sus últimos diez años como si estuviera en libertad, cuando, en teoría, debieron ser de encierro por la prisión preventiva que le había dictado la Justicia. Entre las fotografías que fueron secuestradas en la investigación por su asesinato hay una que lo muestra disfrazado de Papá Noel, con fecha 24 de diciembre de 2000. Por otra parte, Página/12 pudo saber que el juez federal Sergio Torres no fue el único magistrado que firmó autorizaciones para las vacaciones que el represor pasó en la base naval de Azul.
No saben si dijo “Feliz Navidad” o bajó por alguna chimenea, pero ya no caben dudas de que el represor Héctor Febres vivió sus últimos diez años como si estuviera en libertad, cuando, en teoría, debieron ser de encierro por la prisión preventiva que le había dictado la Justicia. Entre las fotografías que fueron secuestradas en la investigación por su asesinato hay una que lo muestra disfrazado de Papá Noel, con fecha 24 de diciembre de 2000. Por otra parte, Página/12 pudo saber que el juez federal Sergio Torres no fue el único magistrado que firmó autorizaciones para las vacaciones que el represor pasó en la base naval de Azul.
En el informe que el jefe de la Armada, Jorge Godoy, le envió a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en un intento de deslindar su responsabilidad por los traslados de Febres al Arsenal Naval Azopardo, ubicado en Azul, durante los veranos de 2003, 2004 y 2005, el almirante destacó que pudieron concretarse porque fueron autorizadas por la Justicia. Godoy reforzó sus dichos con los respectivos comprobantes, de los que surge que tres colegas de Torres también habilitaron esos permisos: María Servini de Cubría, Jorge Urso y Guillermo Montenegro, quien ya no habita los tribunales de Comodoro Py sino el gabinete de Mauricio Macri. En el caso de Urso, la autorización fue para el período abril a junio de 2003.
La jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, evalúa citar a declaración indagatoria a Godoy, y por eso está reconstruyendo la cadena de mandos y las reglamentaciones internas. En este sentido, uno de los documentos a los que tuvo acceso la magistrada es un registro de audiencias de la Armada, del que surge que el ex jefe de los marinos, almirante Carlos Marrón, le habría concedido una entrevista al prefecto, que estaba procesado por delitos de lesa humanidad. A su vez, Febres conservó una agenda de 1989 de la que surge que sus contactos con los marinos que reprimieron junto con él en la ESMA seguían vigentes. Aparecen desde Emilio Massera hasta Jorge “Tigre” Acosta, pasando por Francis Whamond. Los investigadores están recopilando esta información en un legajo especial denominado “permanencia de Febres en dependencias de la Armada Argentina”.
Este diario informó que Febres conservó sus armas durante los primeros cinco años que estuvo en su encierro VIP. En septiembre de 2003 entregó una pistola Bersa, un revólver Ruger, un 32 largo, un 38 largo, una escopeta 12/70 y ocho cajas de cartuchos. “El material recepcionado está en buen estado”, escribió la Prefectura.
Está pendiente la ampliación de la indagatoria del prefecto Angel Mario Volpi, que está detenido y procesado como partícipe del homicidio de Febres. Fue Volpi quien pidió volver a estar frente a la jueza porque cuando fue convocado por primera vez no respondió preguntas ni hizo descargo alguno. Pero luego de manifestar su voluntad de hablar surgieron problemas vinculados a su salud que impidieron que declarara. Los que también pidieron volver a ser indagados son otros prefectos que estaban en la sede Delta y que fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario. Daniel Arellano, Víctor Sosa, Roberto Elías Cherey y Julio Ozuna ahora pretenderían mejorar su situación en la causa, luego de que sus defensores accedieron al expediente tras el levantamiento del secreto. El quinto prefecto imputado, Rodrigo Olazábal, ya pasó por el juzgado.
Mientras tanto, los sobrevivientes querellantes y sus abogadas volvieron esta semana al Consejo de la Magistratura, donde presentaron denuncias contra el juez Torres y los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 5.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99022-2008-02-16.html
La jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, evalúa citar a declaración indagatoria a Godoy, y por eso está reconstruyendo la cadena de mandos y las reglamentaciones internas. En este sentido, uno de los documentos a los que tuvo acceso la magistrada es un registro de audiencias de la Armada, del que surge que el ex jefe de los marinos, almirante Carlos Marrón, le habría concedido una entrevista al prefecto, que estaba procesado por delitos de lesa humanidad. A su vez, Febres conservó una agenda de 1989 de la que surge que sus contactos con los marinos que reprimieron junto con él en la ESMA seguían vigentes. Aparecen desde Emilio Massera hasta Jorge “Tigre” Acosta, pasando por Francis Whamond. Los investigadores están recopilando esta información en un legajo especial denominado “permanencia de Febres en dependencias de la Armada Argentina”.
Este diario informó que Febres conservó sus armas durante los primeros cinco años que estuvo en su encierro VIP. En septiembre de 2003 entregó una pistola Bersa, un revólver Ruger, un 32 largo, un 38 largo, una escopeta 12/70 y ocho cajas de cartuchos. “El material recepcionado está en buen estado”, escribió la Prefectura.
Está pendiente la ampliación de la indagatoria del prefecto Angel Mario Volpi, que está detenido y procesado como partícipe del homicidio de Febres. Fue Volpi quien pidió volver a estar frente a la jueza porque cuando fue convocado por primera vez no respondió preguntas ni hizo descargo alguno. Pero luego de manifestar su voluntad de hablar surgieron problemas vinculados a su salud que impidieron que declarara. Los que también pidieron volver a ser indagados son otros prefectos que estaban en la sede Delta y que fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario. Daniel Arellano, Víctor Sosa, Roberto Elías Cherey y Julio Ozuna ahora pretenderían mejorar su situación en la causa, luego de que sus defensores accedieron al expediente tras el levantamiento del secreto. El quinto prefecto imputado, Rodrigo Olazábal, ya pasó por el juzgado.
Mientras tanto, los sobrevivientes querellantes y sus abogadas volvieron esta semana al Consejo de la Magistratura, donde presentaron denuncias contra el juez Torres y los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 5.
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