Al contrario, las desapariciones forzadas se han incrementado como parte de su política represiva con el pretexto de combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada, aunque su objetivo es criminalizar la lucha social.

Resaltó que este supuesto combate al crimen organizado ha significado la militarización del país y el acoso constante de parte de militares y agentes policíacos hacia la población, principalmente, los luchadores sociales, defensores de derechos humanos y hacia toda persona que sea opositora a su régimen.

Consideró que esta estrategia “ha sido la herramienta más sucia y efectiva para este gobierno, a través de la cual puede encarcelar injustamente y desaparecer personas sin ninguna orden de aprehensión y, lo peor de todo, bajo ningún cargo”.

Mientras el gobierno dice  estar “combatiendo” fuertemente al narcotráfico los agentes policíacos siguen siendo asesinados por la delincuencia organizada, los narcotraficantes  siguen sin ser aprendidos y la delincuencia sigue creciendo.

Sin embargo, agregó, “el gobierno de Felipe Calderón aún tiene el descaro de asentar que en nuestro país todo esta bien, que existe la democracia y que se respetan los Derechos Humanos. ¡Que mentira! pues a un año de su gobierno tan solo en el estado de  Oaxaca se han dado los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.

Citó como ejemplo la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, registrada el 25 de mayo del 2007; a las que se suman los casos de las indígenas triquis Daniela Ortiz Ramírez, de 14 años de edad y Virginia Ortiz Ramírez, de 20 años de edad, quienes están desaparecidas desde el 5 de julio del 2007; el indígena chatino, Lauro Juárez, de quien se desconoce su paradero desde el 30 de diciembre del 2007.

En ninguna de las cinco desapariciones el gobierno estatal y federal se ha dado solución a las exigencias de sus familias de presentarlos con vida, ni tampoco han realizado operativos de búsqueda para dar con su paradero.

A nivel nacional, mencionó el caso del defensor de derechos humanos y miembro de la fundación Diego Lucero, Francisco Paredes Ruiz, quien fue desaparecido en el estado de Michoacán el 26 de septiembre del 2007.

Finalmente, dijo que estas seis desapariciones son la muestra fehaciente de que el gobierno no esta cumpliendo con los tratados y convenios internacionales de respeto a los derechos humanos y de no practicar la desaparición forzada de personas,  los cuales solo se  han quedado en el discurso y han servido únicamente para dar una buena imagen de este hacia el exterior.

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