Pero, mientras se mantiene ese reclamo de unificación, los querellantes y letrados abrumaron con sus pruebas a Febres, que el 14 de diciembre último iba a decir su última palabra ante el tribunal. Luego se le comunicaría la condena. El tiempo potencial es porque el procesado no llegó a pronunciar su descargo ni se pudo dictar sentencia. Aquél apareció muerto en la base Delta de Prefectura.

Los forenses indicaron que el occiso había fallecido por la ingesta de 93 miligramos de cianuro. Según la viuda y los dos hijos, aquél no tenía intención de suicidarse. La jueza Sandra Arroyo Salgado no detectó ninguna carta de despedida como la que se halla en estos casos. Esos familiares apuntaron al prefecto que vigilaba al preso, Angel Volpi, que quedó detenido igual que su jefe Rubén Iglesias.

Lo primero que saltó a la vista -y tiene que ver lateralmente con la investigación del crimen- fueron las relajadas condiciones que gozaba Febres. Dos ambientes con vista al río, dos líneas de teléfono, computadora con Internet, TV con DVD, chofer y otras prebendas. Algunas de éstas dificultan ahora la investigación, como la inexistencia de un registro de visitas. No se puede saber quién y cuándo entró allí.

La magistrada habría detectado que gente de Prefectura cambió la escenografía del crimen y que la computadora del envenenado fue sacada y devuelta con archivos borrados. La pesquisa habría encontrado ciertas pistas de que aquél manifestaba intención de hablar ante el Tribunal, aclarando su rol en la entrega de bebés nacidos en cautiverio. El prefecto sacaba y distribuía esas criaturas de la ESMA, de las cuales sólo se recuperaron a Juan Cabandié y Victoria Donda. La confesión podía ayudar a ubicar a otros jóvenes, revelar responsabilidades en ese tráfico y en la desaparición de las madres.

Arroyo Salgado entendió que no hubo suicidio sino asesinato, y lo atribuyó a parte de la institución que había dado a Febres un lugar de lujo para 'contenerlo' y evitar su quiebre ante al justicia. La hipótesis es que cuando eso se puso en riesgo, se tomó la decisión de empastillarlo. El lugar VIP y la ulterior muerte han desprestigiado más al bando represor, que aún tiene oficiales en actividad en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El 5 de octubre de 2005 hubo varios oficiales del Ejército vistiendo uniforme en el acto de Plaza San Martín, donde se pidió la libertad de Jorge R. Videla y se justificó la represión ilegal.

Acusaciones videlistas

La jueza dictó el procesamiento de Iglesias y Volpi por homicidio, y en cambio liberó a los familiares de Febres, si bien los acusó de encubrimiento agravado. En paralelo, perdió su cargo el entonces jefe de Prefectura, Carlos Fernández, quien podría ser citado a indagatoria. Fernández tuvo en contra no sólo este episodio sino también la responsabilidad de haber ordenado la represión contra los empleados del Casino.

No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que la resolución judicial en el caso Febres es de gravedad inusitada. Está sosteniendo que en las fuerzas de seguridad puede haber grupos organizados para matar con tal de preservar los secretos del terrorismo de Estado.

Debe ser por eso que los que defienden lo actuado durante la dictadura salieron a impugnar a la jueza. Entre otras, reapareció Cecilia Pando, la titular de Afyappa, el sello que clama por la libertad de Videla, los detenidos en la causa ESMA, el ya condenado Miguel Etchecolatz, etc.

En una nota del 24 de diciembre último, la esposa del mayor retirado Rafael Mercado, afirmaba sobre el envenenamiento: 'No se trata de cerrar la cuestión, pero todo crimen necesita un motivo. Y el motivo debería ser indagado entre quienes han salido ganando con esta muerte. Las únicas que han sacado dividendos de esta situación, y en consecuencia las principales sospechosas del crimen, son las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos, que encontraron el motivo perfecto para exigir a la justicia el traslado de los detenidos a cárceles comunes'.

Es increíble: Pando acusa a Abuelas de Plaza de Mayo de ser las responsables del crimen. A la justicia que habría 'comprado' la postura de organizaciones humanitarias la llama 'marioneta' y 'prostituta', 'por entregarse servilmente a los inconfesables intereses de estos grupos políticos alineados con el extremismo terrorista'.

Lo que esta cara visible del videlismo no quiere entender es que la jueza también se guió por el criterio de indagar entre quienes salieron ganando con el envenenamiento. Y concluyó en que bien pudo ser una patota de Prefectura conectada con quienes quieren ocultar los delitos de lesa humanidad de la ESMA.

Hablando de esos delitos, 'La Nación' (6/1) se lamentó que 'en una sentencia cuyos fundamentos sorprenden por su ligereza, la Sala I de la Cámara Federal porteña dictaminó que los crímenes cometidos por miembros de la agrupación terrorista Montoneros no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, por lo que se encuentran prescriptos'. Otro revés judicial para los represores.

Otras malas noticias

Ante las laxas condiciones en la base Delta, que favorecieron la muerte de Febres, el juez federal Sergio Torres ordenó el traslado de quince represores a cárceles comunes. El lote recaló en Marcos Paz, excepto tres que fueron al Hospital Naval por reportarse enfermos. El resto, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge 'Tigre' Acosta, están en aquel establecimiento federal en territorio bonaerense.

No hace falta abundar en los merecimientos de estos criminales para estar allí. Se sabe que la ESMA fue el mayor centro de aniquilamiento de los 500 que funcionaron durante la dictadura. Y que Astiz, además de secuestrador de las dos monjas francesas y otras personas en la Iglesia de la Santa Cruz, terminó rindiéndose ante los ingleses en las Georgias del Sur sin haber disparado un tiro.

Pando también pide por la libertad de estos sujetos. Dice de ellos: 'y 15 oficiales de la marina, que en la década del 70 arriesgaron su vida para defender a la patria de la agresión terrorista, hoy están detenidos como presos comunes en la cárcel de Marcos Paz'. En rigor sus condiciones en ese lugar son mejores que las de los presos comunes, cosa que ya ocurría con Etchecolatz, Von Wernich y Cozzone (ver revista Viva, 16/12/2007).

Los letrados del ex Grupo de Tareas han pedido que sus defendidos vuelvan a sedes de la Armada. Alfredo Solari y Juan Aberg Cobo dijeron que 'permanecer en una cárcel civil implica un tratamiento indigno, degradante y persecutorio'.

Afortunadamente para la mayoría de la sociedad, esos represores van a seguir en Marcos Paz. Y sobre ellos hubo nuevos pedidos de elevación de causas a juicio, en el país e incluso en el extranjero.

'Tigre' Acosta ya estaba procesado por el apoderamiento de valiosos terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, y hacer desaparecer a sus legítimos dueños. Ahora será juzgado por el robo de un departamento, un auto y una biblioteca (¿leería este monstruo?).

El 28 de diciembre último los generales Luciano B. Menéndez y Antonio D. Bussi fueron notificados de que se elevó a juicio la causa donde se los había procesado por las desapariciones en 1976 del ex senador justicialista de Tucumán, Claudio Vargas Aignasse y el militante de Vanguardia Comunista, Guillermo Pedro Rubio.

Videla y el ex almirante Emilio E. Massera están entre los 61 militares requeridos por la justicia italiana a fines de diciembre. Desde Roma pidieron sus detenciones y extradición para juzgarlos por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina, durante el llamado 'Plan Cóndor'. Lástima que Italia no se ponga firme también con EEUU, a quien debieran pedirle la prisión de Henry Kissinger, uno de los que dieron luz verde a ese operativo represivo en el Cono Sur

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