Luego de la anulación por parte del Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes tomó la decisión de la reapertura de las causas iniciadas en el año 1984. Es así que en el mes de noviembre del año 2003 la familia de Vicente Víctor (Cacho) Ayala presentó la querella criminal por su desaparición, ocurrida el 16 de febrero de 1976, junto a otros tres compañeros, quienes son Julio Barosi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Diego Romero, ante  el Juzgado Federal de Corrientes con el patrocinio de los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Dres. Ramón C. Leguizamón y Diego J. Vigay. En esta causa se hallan involucrados personal policial comandados por Diego Ulibarrie, actualmente detenido.

En éste mismo sentido, el día 24 de Marzo de 2004, los familiares de Rómulo Gregorio Artieda,  presentaron también querella criminal por la desaparición del mismo, y en razón de que existen sobrados elementos probatorios de que Rómulo Gregorio Artieda fue visto con vida en el Ex- Regimiento de Infantería 9 "Coronel Pagola" de Corrientes (Ex -RI9), lugar que funcionaba como Centro Clandestino de Detención (CCD), ésta última presentación judicial se convirtió de hecho en una "megacausa", ya que los diversos testimonios aportados por ex - detenidos liberados, no sólo permitió comprobar fehacientemente la calidad de CCD del Ex -RI9 sino que además esos testimonios abrieron la puerta para la incorporación en la causa de otros familiares de desaparecidos, también en calidad de querellantes, en virtud de que de dichas testimoniales se pudo comprobar el paso por ese CCD de otros compañeros, hoy desaparecidos, como Ramón Vargas y Fernando Piérola.

La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes es actualmente parte querellante de ésta causa, acumulada en una sola, denominada "Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada; Expte. N° 276/04 , en la que el Juez Federal Carlos Soto Dávila, en fecha 6 de octubre de 2004 dictó la orden de detención de 12 uniformados, 9 de ejército y 3 de Gendarmería Nacional.

De éstos doce uniformados quedan detenidos tan sólo algunos, ya que el General Cristino Nicolaides ya se encontraba cumpliendo arresto domiciliario, Aguiar está fallecido y el Oficial Carlson no está detenido, por lo que hacen su presentación espontánea el día 12 de octubre, Juan Carlos Demarchi, los Coroneles en actividad Losito y Barreiro, el por entonces Sargento Cárdenas, Piris y los gendarmes Reinoso, Cruz y Zanek (estos dos últimos fueron excarcelados).

Luego de designar como abogado defensor al Defensor Oficial Dr. González Cabañas los integrantes del Ejército se negaron a declarar y solicitaron su excarcelación la que les fue denegada, los de Gendarmería son patrocinados por el Abogado de la Fuerza , el Dr. Ross y actuaron en sintonía con los anteriores, siéndoles concedidas la excarcelación a Cruz y Zanek y denegada al Comandante de Gendarmería Nacional Raúl Reynoso, en todos los casos la Resolución del Juez en los que denegó la excarcelación fue ratificada por  la Cámara de Apelaciones.

Posteriormente dos de los integrantes del Ejército, Juan Carlos Demarchi y Barreiro reemplazaron a el defensor oficial por un conocido abogado de nuestra ciudad, el Dr. Buompadre.

Actualmente la Causa Judicial se halla en una etapa decisiva, ya que se ha dado el cierre de instrucción y la elevación a juicio cuya fecha de inicio fue fijada el 5 de febrero de 2008 a las 8,30 hs., desglosada, ya que se investigan en ella los casos de Artieda y Vargas solamente,  pero constituyéndose así en una de las causas judiciales más avanzadas y con más imputados de relevancia, así como una de las pocas en que se juzga a los integrantes del Grupo de Tareas de un Centro Clandestino de Detención.