El Rosario de Galtieri y Feced

por Carlos del Frade
 

Capítulo 3
Feced, el hombre que vivió y volvió de la muerte

El principal responsable de las 520 desapariciones producidas en la provincia de Santa Fe estaba vivo dos años después de su muerte oficial aunque gozaba de libertad como consecuencia de las complicidades del ministerio del Interior de la Nación, en manos del alfonsinista Antonio Troccoli, y del gobierno justicialista de la provincia de Santa Fe, encabezado por José María Vernet y su ministro de Gobierno, el ingeniero Eduardo Cevallo.

Agustín Feced, imputado de 270 delitos de lesa humanidad, era, además, un cuadro surgido e impulsado desde la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional y un protegido de los principales empresarios de la región: Arturo Acevedo, fundador de Acindar; la familia Paladini y Alberto Gollán, ex intendente de la dictadura en 1971 y propietario de Canal 3, primero, y LT 2, después.

La causa que inició el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en 1983, y que recién llegó a la justicia federal rosarina en 1986, contiene 49 cuerpos de información producida por militares y policías donde abundan listas de desaparecidos, tumbas NN en el cementerio La Piedad, y decenas de nombres que colaboraron en el genocidio.

La supuesta muerte de Feced determinó el cierre de la causa.

Quedaron sin indagar desde Díaz Bessone a Galtieri, pasando por militares, policías y empresarios que produjeron las 350 desapariciones que hoy registra la historia social rosarina.

La demostración científica que se hizo en torno a una ficha del hotel Ariston, en la que se comprobó la firma y la letra de Feced dos años después de su muerte oficial, abre las puertas para distintos tipos de movimientos.

En lo judicial, la gran posibilidad de reabrir la causa, a fin de que los familiares de las víctimas conozcan el destino de sus seres queridos y, en caso de declararse la desaparición de las personas como un delito de ejecución permanente, la condena de los desaparecedores, más allá de las leyes de punto final, obediencia debida e indulto.

En lo político, la exigencia de respuestas a las autoridades de aquellos primeros años de la democracia recuperada, municipales, provinciales y nacionales.

Ante los últimos “descubrimientos” en el edificio de la ex Jefatura de Policía, es necesario imponer un criterio de racionalidad para no repetir momentos dolorosos a los familiares de las víctimas y encauzar los esfuerzos para hacer comparecer a todos aquellos que señala con claridad, los 49 cuerpos de la causa Feced.

En este punto también es necesario remarcar la urgencia de exigir un posicionamiento político de la justicia federal rosarina: debe responsabilizarse en corregir los errores que sirvieron para garantizar la impunidad a los desaparecedores.

La otra puerta que comenzó a abrirse es el conjunto de declaraciones que realizan los hijos y familiares de los represores. Este es también un mérito de la presión de los organismos de derechos humanos y una consecuencia del crecimiento del grado de conciencia política y social de la sociedad para entender mejor el presente a través del conocimiento de lo que pasó entre los años setenta y ochenta.

He aquí, entonces, el resultado de una investigación periodística de más de cinco años de duración y una guía de sugerencias para los abogados de los organismos de derechos humanos sobre quiénes deberían ser citados a declarar sobre los hechos que ocurrieron en Rosario y Santa Fe en los tiempos del terrorismo de estado.



La muerte oficial de Feced

Agustín Feced estaba en Formosa el 21 de julio de 1986, a pesar de que se encontraba detenido, procesado e imputado por 270 delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario y Santa Fe, cuando era el interventor de la Unidad Regional II de la Policía.

Sin embargo, la justicia federal rosarina confió en las autoridades del Hospital Militar de Campo de Mayo y le perdió el rastro. La historia oficial indica que murió, fue velado y enterrado en la capital formoseña.

Por primera vez en los últimos trece años, un medio periodístico rosarino se llegó hasta la ciudad del noreste argentino, fotografió la supuesta tumba del ex comandante y verificó las contadicciones que abren interrogantes en torno a su final.



La historia oficial

El folio 5.228 de la causa federal 47.913 refleja el acta de fallecimiento de Feced. A las 3.30 de la madrugada del 21 de julio de 1986 murió como consecuencia de un paro cardíaco respiratorio no traumático. El certificado fue expedido por el doctor Fernando Chalup y participaron como declarante Mario Raúl Méndez y como testigo Martha Beatriz Acosta.

El 15 de diciembre de 1989, los miembros de la Cámara Federal en lo Penal de Rosario declararon “el sobreseimiento definitivo en la presente causa, por extinción de la acción penal, respecto del imputado Agustín Feced”.

Sin embargo, en el último folio de la causa, el 10.239, Francisco Oyarzábal, hermano de un desaparecido y fusilado en Los Surgentes el 17 de octubre de 1976, provincia de Córdoba, insistía en solicitar el verdadero paradero de Feced. Oyarzábal se había hecho eco de que el ex comandante fue visto con vida en Paraguay. La justicia federal rosarina desestimó el pedido.



El camino de la muerte

El acta de defunción marca una hoja de ruta. El último domicilio era Monroe 4760, en Capital Federal. Pleno corazón de Villa Urquiza, frente a la plaza Marcos Sastre. Una casa de dos plantas, reciclada, prolija y alquilada hace unos cuatro meses por alguno de los hijos de Feced a sus actuales moradores que dicen desconocer el apellido.

“Era un muy buen hombre. Acá lo quería todo el barrio. Tenía un Valiant cremita y con él se fue a morir a Formosa”, dice Anselmo Florencio Miranda, vecino del último domicilio de Feced.

Varias veces fue a pescar con el ex comandante hasta la capital norteña. Miranda tiene plaquetas del Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, escudos de Gendarmería y otras chucherías que Feced le dejó de recuerdo. “Un día me prestó 160 mil pesos y me dijo que no me preocupara porque él me conocía muy bien”, se confesó Miranda. Recordó que “él solo recuperó el regimiento 11 cuando lo tomaron los peronistas” y que “vivió como quince años en esta casa de acá al lado”. Sobre la guerra de Malvinas le dijo que “el león estará viejo pero siempre es león, tenía razón”, reflexionó el viejo amigo del mayor responsable del terrorismo de estado en Rosario.

Aseguró que “el comandante nunca compraba nada, siempre alquilaba”. Para él, “los cuatro hijos que tuvo nacieron allá en Formosa”.

Nunca lo notó enfermo ni “demente senil” como figuraba en el informe de los médicos de Gendarmería Nacional y que consta en la causa federal.



La tumba inventada

“Comandante Mayor de Gendarmería Nacional, Agustín Feced. Falleció el 21 de julio de 1986. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y comunican a sus amistades que sus restos fueron inhumados ayer a las 17.30 desde casa velatoria España 742, al cementerio San Antonio”, fue el texto que apareció en la página 18 de la edición del 22 de julio de aquel año en el diario “La Mañana”, de Formosa.

El cementerio, inaugurado a principios de los años ochenta, está ubicado al oeste del centro formoseño y se llega por caminos de tierra y ripio. No hay grandes nichos y abundan las tumbas en tierra apenas señaladas con cruces de madera.

Trece años después de la muerte oficial, este cronista fue el primero que llegó hasta allí.

El Registro Oficial del cementerio tiene una sola persona ingresada el 21 de julio de 1986. “Nombre del arrendatario, Esquivel de V., Rosalía. Nombre del extinto: Gavilán, Pedro” y nadie más.

En un cuaderno viejo, sin embargo, aparece el registro que dejó Ramón Giménez, actual titular de la delegación formoseña de la Dirección Nacional de Vialidad y yerno de Feced. En esas hojas amarillas figura Feced como enterrado en el Panteón de GN, Gendarmería Nacional.

Está a menos de cien metros de la oficina del casero. Lote rural 73.

Cuatro filas de nichos. Arriba, a casi tres metros de altura, el número 25 exhibe el nombre del máximo asesino de la historia rosarina. Hay un florero de aluminio ladeado y flores de plásticos abandonadas “desde hace mucho tiempo”, como opinó el encargado municipal del cementerio.

“Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos, con todo cariño”. Nada más.

Llama la atención la ubicación de la tumba. Arriba de todo. Acompañada de otra, en el nicho 20, pero que data de la segunda mitad de la década del noventa. A la izquierda del observador no hay ninguna más, tampoco por debajo. ¿Por qué?

“No tengo la menor idea cómo levantaron el cajón hasta ahí”, dice el cuidador del cementerio.

Explica que “recién hace un par de años trajeron los elevadores para subir los cajones. No se cómo hicieron para subirlo hasta allá”, dice.

Le digo que según el diario lo enterraron a las cinco y media de la tarde.

“No puede ser”, me dice. “Si todo el mundo sabía que se trabajaba de 8 a 13 y que después solamente quedaba un casero. Salvo que haya traído tres escaleras y mucha gente para subirlo hasta ahí”, me refuta desde el sentido común.

Y agrega, “se ve que hace rato que no viene nadie”.



Sepelios y otros servicios

En un caserón moderno, de tejas rojas y azules que hace esquina en San Martín al 1300 vive, según el acta de defunción, la testigo de la muerte de Feced, Martha Acosta. Hay tres automóviles nuevos y de lujo, una Isuzu 4 x 4, un Peugeot 306 Blanco y un Sportage Grand. Mucho dinero. La madre de Martha atendió al cronista. Dijo que su hija trabaja en una casa de sepelios, la de calle España, junto a Mario Méndez, el otro declarante en el acta de defunción. “Ella es empleada pero es como si fuera gerente o algo así”, dice la señora. Asegura que “siempre salen de testigos pero nunca conocen a las personas”.

La cochería se llama “San Francisco” y está en España 441. En el vidrio de la puerta se informa que se atienden a afiliados del Pami, Unión Ferroviaria y Gendarmería.

Sobre la pared izquierda de la sala de espera hay varios cuadros.

Uno de ellos es la carta de agradecimiento que Gendarmería le envió al dueño del negocio, Eduardo Navarro, por “los servicios prestados”. Está fechada en 1980. Al lado hay una serie de dibujos de centurione romanos y un tercero exhibe el certificado del Ministerio de Defensa de la Nación que hace referencia a un curso realizado por el ubicuo Navarro.

La señora de Navarro reconoce que los dos testigos de la muerte del ex comandante “son empleados de acá pero no le van a recordar nada porque nunca concocen a los muertos”, dice con cierto nerviosismo. Y reafirma que “acá se hace el servicio pero nadie conoce al muerto.

“¿Así que va a escribir un libro sobre el comandante?”, pregunta Navarro. “Yo lo conocí. Era un hombre bueno. Murió en Buenos Aires”, dice con soltura. Como si no hubiera escuchado nada segundos atrás.

-¿Cómo dice eso?. Si Usted dice que lo conoció y acá está constatado que lo velaron ustedes ...-le digo mostrándole el acta de defunción.

-¿Sabe lo que tiene que hacer?. Ir hasta lo del “Pelo” Giménes que es el yerno y ahí tendrá todas las respuestas que busca -se desentiende Navarro, el hombre al servicio de Gendarmería y realizador de cursos del Ministerio de Defensa de la Nación.

Pero Giménez y su mujer, una de los cuatro hijos de Feced, no están. Se fueron a Buenos Aires.



Impunidades y contradicciones

- La justicia federal rosarina, desde 1984 hasta la fecha de la muerte oficial de Feced, lo tenía procesado, imputado de 270 delitos de lesa humanidad y bajo prisión preventiva rigurosa.

- Sin embargo, tal como lo reveló este diario en la edición del pasado 8 de octubre, el ex comandante estaba en libertad y volviendo de vacaciones, en aquella noche del robo a los tribunales.

- Hacia fines de 1985 se encontraba detenido en el Hospital de Campo de Mayo de Buenos Aires donde se le practicó una operación de corazón.

- No obstante, se fue a Formosa, se instaló en la capital, desarrolló distintas actividades y planificó su futuro en Paraguay, como le confesó a personas íntimas.

- Todo eso mientras, supuestamente, era el máximo asesino de la historia rosarina y estaba bajo la custodia de las fuerzas armadas, de seguridad, de la justicia federal y de la responsabilidad política del ministerio de Gobierno de Santa Fe, en ese entonces a cargo del ingeniero Eduardo Cevallo.

- Las contradicciones del relato oficial de la muerte son ostensibles.

- Murió a la 3.30 del lunes 21 de julio. Fue velado en la cochería San Francisco cuyo dueño que conoció y quiso a Feced confesó que, según entendía, había muerto en Buenos Aires.

- Según el diario “La Mañana” del martes 22 de julio, fue inhumado a las 17.30 en el cementerio San Antonio. Sin embargo no había personal municipal después de las 13.00.

- No está registrado oficialmente como ingresado al cementerio.

- Su tumba, a tres metros de altura, sin ninguna relación lógica con las otras, demuestra una ubicación que no cierra según el relato del actual encargado sobre el horario en que supuestamente se hizo el entierro, inexistencia de personal para elevar el cajón e insuficiencia de medios para lo mismo.

- También es una contradicción el hecho de una tumba cristiana para un hombre que se definía como agnóstico. Además, una de las personas más próximas al ex comandante dijo que “El Viejo no fue velado”.

- El juez español Baltasar Garzón procesó y pidió la captura internacional de Agustín Feced como uno de los 98 militares, policías y civiles argentinos que todavía están vivos.



El pensamiento de Feced

El ex comandante mayor de Gendarmería, interventor de la policía rosarina entre abril de 1976 y mayo de 1978, declaró el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por aquel entonces vivía en Monroe 4760, en Capital Federal.

Allí describió la burocracia del terrorismo de estado: “Se confeccionaban partes y se enviaban al Comando del II Cuerpo de Ejército porque actuábamos bajo control operacional, en dichos partes, se hacían constar los secuestros de elementos diversos, las muertes si las había y una relación sucinta de los hechos”.

Aseguró que los cadáveres “se remitían a la Morgue de la Asistencia Pública que en ese tiempo estaba en Rioja y Balcarce de esa ciudad (por Rosario) y allí se efectuaba un reconocimiento médico y se los dejaba para que los fueran a buscar los familiares; no se hacían autopsias, y no intervenía por tales muertes autoridad judicial alguna”.

Recibía órdenes del “destacamento de inteligencia del II Cuerpo”, al principio a través del “señor general (Alfredo) Sotera, actualmente retirado y posteriormente lo reemplazó en el año setenta y siete el teniente coronel (Pascual) Guerrieri”.

Agregó que “de cada uno de los tipos de procedimientos realizados, están los partes archivados en la policía de Rosario, ahí está todo, todo”.

Diferenció que “las declaraciones” que consideraban necesarias las tomaban los policías del Servicio de Informaciones en “prosecución” de la actividad “de represión a la subversión”.

Para su particular visión de la capacidad mobiliaria del Servicio de Informaciones y la Alcaidía de mujeres de la propia jefatura, Feced señaló que “era un lugar muy cómodo, atendido con médicos, enfermeras, servicio sanitario, se respetaba el régimen alimenticio, se cuidaba lo sanitario, todo, buenas camas, buen alojamiento”, dijo en un tono cínico y en el marco de una creciente impunidad.

Terminó diciendo que venía, en ese momento, “una etapa de venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur, en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires...Varela, y lo mató un terrorista extranjero”.



La revelación: Feced estuvo en Rosario dos años después de muerto

El 29 de julio de 1988 Agustín Feced estuvo alojado en la habitación 111 del Hotel Ariston, según figura en la ficha personal que firmó el propio ex comandante de Gendarmería y fue constatada a través de una pericia caligráfica encargada por este periodista.

Feced había muerto, según la historia oficial, el 21 de julio de 1986. De aquí en más se abre un profundo espacio para la revisión política y judicial de todos aquellos que permitieron el cierre de la causa que explicaba el funcionamiento del terrorismo de estado en la zona del Gran Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe.

El periodista rosarino Claudio De Luca, un reconocido trabajador de prensa de los medios alternativos de la ciudad, le acercó la ficha del hotel al autor de esta nota en ocasión de la presentación del libro “Desaparecidos, desocupados”.

Después de tres años de recolección de datos, escritos personales de Feced y verificación caligráfica a través de una pericia elaborada por un intachable y prestigioso profesional del foro local, se llegó a la conclusión de la autenticidad del documento.

La ficha exhibe el nombre del ex interventor de la policía rosarina entre 1976 y 1978, “Feced, Agustín”, procedente de Buenos Aires, su documento de identidad verdadero con el punto mal puesto, de profesión militar y su firma.

El dato revelador que quiebra la historia oficial de la muerte y posterior cierre de la causa 47.913 está en el reverso de la ficha. La entrada está fechada el 29 de julio de 1988.

Dos años después de muerto.



El informe caligráfico

El informe pericial caligráfico está compuesto por una presentación del trabajo a realizar; el llamado “estudio global y compulsa de escrituras dubi - indubitables”; “estudio analítico de cartas auténticas y de ficha dúbita. Cotejo”; macrofotografía parcial de la ficha dúbita; macrofotografías de las cartas auténticas; examen global y analítico de las firmas auténticas y dudosa y su cotejo; y macrofotografía de la firma obrante en la ficha dúbita. También contiene un examen macro y microscópico del “8” perteneciente a “88” del reverso de la ficha dúbita; macrofotografía del “3” superpuesto; microfotografía del número “3” superpuesto al número “8” con las correspondientes señalizaciones y la microfotografía presentada deliberadamente sin marcaciones.

Las conclusiones del examen global de la pericia caligráfica son que “las concordancias expuestas y numeradas permiten interpretar la irrebatible personalidad escritural de las firmas sometidas a pericia; siendo indiscutible que tanto auténticas como dúbitas pertenecen al puño y letra del señor Agustín Feced”.

Y se agrega que “equivalente autoría responde al anverso de la Ficha de Ingreso al Hotel Ariston y a las cartas utilizadas para este cotejo pericial caligráfico”.

En relación a la fecha del documento, se señala que “al número 8 final con arranque y terminación sobre el lado izquierdo se le escribe encima el número 3, dibujado con cuidado, lentitud y reducida presión del bolígrafo con coloración de menor intensidad y espesor del trazo”.

A efectos de “hacer concordar el lateral derecho del 8 puesto originalmente, se adosa en su curvatura superior derecha, un suplemento cuya distinta textura puede apreciarse en forma directa y fundamentalmente con el examen microscópico. También se enmienda el giro inferior del 3 con intención de igualar los espesores laterales”.

El informe termina diciendo que “deliberadamente se acompañan microfotografías y macrofotografías en las que la apreciación directa permite objetivar todo cuanto se expresa y marca sin que llegara a provocar duda por inducción visual. La realidad muestra que el número 3 ha sido superpuesto al número 8”, concluye en forma contundente.

Feced estuvo en Rosario dos años después de muerto.



La dimensión política de Feced

Hijo del director de escuela pública, el español Blas Feced, Agustín nació el 11 de junio de 1921, en Acebal y antes de ingresar a la Gendarmería Nacional trabajó como docente en Colonia “El Ombú”, en Arroyo Seco.

Su primera actuación contra “la subversión peronista” fue en noviembre de 1960, cuando distintos grupos de la resistencia tomaron el Batallón 11 de Infantería, en Rosario. Feced al mando de una docena de hombres reconquistó el lugar.

La segunda aparición fue en ocasión del segundo Rosariazo, en setiembre de 1969, en apoyo a la represión que había comandando el entonces teniente coronel Leopoldo Fortunato Galtieri, encargado de un batallón de Corrientes. En 1970, Feced fue nombrado, por primera vez, jefe de la Unidad Regional II de Policía.

Ya por entonces estaba casado con Martha Abal y tenía cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.
Hasta el advenimiento de la primavera democrática de la mano de Héctor Cámpora, el comandante estuvo en Rosario combatiendo a la subversión, primero al Ejército Revolucionario del Pueblo y luego del asesinato de Aramburu, a Montoneros. Fue la obsesión de su vida y el sello que lo identificaría ante las fuerzas armadas argentina, paraguaya y chilena.



De Brandazza a la Triple A

El 28 de noviembre de 1972 participó del secuestro, torturas y muerte de Angel Brandazza, como lo reconoció el ex agente de policía Angel Farías, ahora extrañamente incluido en la lista de pedidos de captura internacional que realizara el juez español Baltasar Garzón.

El propio Farías admitió ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Santa Fe, presidida por el entonces diputado justicialista Rubén Dunda, que “Feced torturaba con su propia gente, hacía trabajos por las suyas”.

Desde 1974 a principios de 1976, Feced volvió a la clandestinidad. Tenía otro nombre bajo el cual recibía el sueldo y la jubilación y se desplazaba por toda la región del litoral argentino.

El 11 de setiembre de 1984, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, declaró que estuvo “escondido, tres años en Misiones, diez condenas a muerte por los tribunales populares de la FAR y el ERP, en aquel tiempo el ERP era dueño de Rosario, después aparecieron los Montos”.
Aseguró que estuvo exiliado dentro de su propio país, agradeció al Ejército Argentino “que nunca le quitó el apoyo” y dijo pertenecer a un organismo que no identificó. Gracias a eso pudo mantener a la familia “allá lejos y un auto viejo, necesario para seguir peleándolos” y así descubrió “la cárcel del pueblo de Campana” y el ERP de Resistencia que “se había extendido hasta Oberá”.

Le llegaron a ofrecer el mando de la Triple A, desde el seno de la administración de María Estela Martínez de Perón, pero no aceptó porque no era un cargo público, si no subterráneo.



Interventor de la policía rosarina

A los pocos días del golpe del 24 de marzo de 1976, el coronel Reinaldo Tabernero, Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, comunicó que por decreto 183 del poder ejecutivo, “ha sido nombrado para desempeñar el cargo de delegado interventor en la Unidad Regional 2 de la Policía”.

Hasta marzo de 1978 dirigió los destinos de lo que llamó la “comunidad informativa rosarina”, tres mil hombres a su disposición. Aunque respondía a las órdenes de los titulares del Comando del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri, la realidad es que Feced y “su policía”, como a él le gustaba definir a su grupo operativo, manejaba la represión en la región.

La Conadep verificó 270 delitos de lesa humanidad atribuidos a Feced, pero su nombre apareció en centenares de causas más, no solamente en la provincia de Santa Fe si no en otras del litoral. Por aquellos días, los empresarios más caracterizados de la región, dueños de acerías y frigoríficos, se ufanaban de su amistad y buscaban congraciarse con periódicas invitaciones a cenar. Algunos de esos industriales hoy lideran diferentes grupos de grandes y medianas firmas, tanto a nivel provincial como nacional.



La carta a Harguindeguy

“Motiva la presente, solicitarle, si se diera la oportunidad, se me destinara a alguna provincia no importante, en función de jefe de policía”, le escribió al Ministro del Interior, general de división Albano Harguindeguy, el 14 de agosto de 1978, desde Buenos Aires.

“Obedece esto, mi general, a que hasta hoy no he podido adaptarme a la inactividad que me afecta mucho espiritualmente. De este tema conversé la semana pasada con el Comandante del II Cuerpo, general Galtieri y le formulé el mismo pedido, dentro de la jurisdicción del II Cuerpo”, sigue el texto de la carta.

“Aquí en Buenos Aires, sigo revistando en jefatura 2 (Batallón 601), pero me pagan y no me emplean, dándome la sensación de que me tienen como una reliquia. Necesito urgentemente trabajar; es la primera vez que pido trabajo, no importa dónde sea”, pide en un tono personal.
Dice que irá a Formosa “a verlo con el mismo motivo al general Colombo, amigo personal”.

Le dieron un trabajo especial. En marzo de 1979 fue enviado a Chile, en el marco de las negociaciones que a fines de diciembre del 78 había comenzado el cardenal Samoré y que luego siguió el propio Papa Juan Pablo II.



Procesado, detenido y en libertad

El 31 de enero de 1984, Agustín Feced fue detenido en Rosario. Estuvo en el Hospital de Granadero Baigorria, en el destacamento de Gendarmería y luego en el Hospital Español. La orden de la justicia federal era que nadie podía visitarlo. No se cumplió.

Fue trasladado al Hospital de Campo de Mayo en Buenos Aires y a fines de 1985 operado del corazón. Previamente los médicos y psiquiatras de Gendarmería habían diagnosticado demencia senil para que no volviera a declarar ante los tribunales federales rosarinos. Igualmente pesaba sobre él la prisión rigurosa. Tampoco se cumplió.

Fue a Formosa, una vez más y planeaba radicarse definitivamente en Paraguay. Fue allí donde, supuestamente, se enfermó y llegó a la capital formoseña para morir el 21 de julio de 1986.

La justicia federal rosarina y nacional, el ministerio de gobierno de la provincia de Santa Fe y la cartera del Interior nacional, fueron responsables de la violación sistemática de la prisión rigurosa que Feced, en forma notoria, no cumplió. Estuvo en Corrientes, Rosario, Buenos Aires, Formosa y Paraguay sin que haya habido una sola advertencia.

El informe pericial que este diario hoy publica en forma exclusiva revela, por primera vez, algo que la justicia federal no quiso investigar en su momento: los dichos de algunos sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Rosario que dijeron verlo justamente en Paraguay.

Hoy se sabe, con precisión científica, que Feced, dos años después de muerto, estuvo en el Hotel Ariston, el mismo que eligió, desde los años setenta para alojarse durante algunas noches especiales.



La última morada en Buenos Aires

Avenida Corrientes 2466, Capital Federal, fue la dirección que consignó Feced en la ficha del Hotel Ariston el 29 de julio de 1988.

Allí funciona, en la actualidad, “Mc Dany”, una perfumería que se instaló hace unos cuatro meses atrás. Antes era el local comercial de una vaquería, según le dijo a este diario el encargado de la empresa.

Sobre el negocio se levantan las oficinas de diez pisos del edificio que tiene entrada por Corrientes 2470, de la firma “Farbman Propiedades”.

El portero del lugar no recuerdan ningún nombre parecido a Feced y no hay referencias en torno al ex comandante de Gendarmería.

Ninguno de los hijos que tienen domicilio en Capital Federal se relacionan con la dirección que quedó reflejada en el documento del Ariston.

¿Por qué Feced puso esa dirección?

¿Quién era la otra persona que se hospedó con él en aquellas horas terminales de julio de 1988?.
Son preguntas, por ahora, sin respuestas.



Responsabilidades varias

La causa 47.913, la llamada causa Feced, es un mapa de los lugares que nunca quiso visitar la justicia federal rosarina ante la sutil presencia de la administración que encabezaba José María Vernet y tenía al ingeniero Eduardo Cevallo como ministro de Gobierno. La aparición de papeles en la Jefatura de Policía repite la necesidad de revisar políticamente la actuación de aquellos jueces y de las entonces autoridades de la débil transición democrática. No hubo secuestro de documentación y si, sin embargo, abundaron los formales pedidos a la policía y al ejército. Tampoco se hacían repreguntas y nadie se encargó de hacer respetar el estado de “prisión rigurosa” del mayor asesino de la historia rosarina, Agustín Feced. Un simple repaso de responsabilidades judiciales que evidencian la urgencia de la reapertura de la causa, como ya señalaron distintos sectores sociales, gremiales y judiciales.



Señora de ojos vendados

La causa Feced se inició el 28 de abril de 1983 en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Recién tres años después, el 23 de mayo de 1986, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se hizo cargo de la misma.

No es un detalle menor marcar que el 10 de diciembre de 1983 se hicieron cargo de la administración provincial las autoridades de la democracia. Y que los jueces volvieron a jurar fidelidad a la Constitución Nacional.

La primera observación que realizaron los integrantes de la Cámara Federal es que "no aparecen, ni entre las medidas efectuadas ni entre las proyectadas, las de recepcionar declaración a quienes ejercían el comando y el sub comando del II Cuerpo de Ejército, pese a que reiteradamente se menciona en las declaraciones del personal policial que actuaba bajo control operacional de ese comando, siendo esta circunstancia el argumento que expresamente se utiliza en las resoluciones del Consejo Supremo para dejar en libertad a distintos imputados".

A pesar de esa mención crítica a la construcción de la impunidad que venían haciendo los militares, brigadieres y almirantes que formaban el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la realidad histórica de la justicia federal local fue que no pudieron citar ni a los comandantes como tampoco a los responsables de la Quinta de Funes, La Calamita, las dos Fábricas Militares y el propio Feced.

Tampoco se consiguió secuestrar la documentación de todos los archivos de la Jefatura de Policía, entre otras cosas porque no se pidió. Solamente se solicitaban, en forma periódica, a lo largo de los 49 cuerpos que componen el expediente, informes que eran contestados de acuerdo a los tiempos de los policías de la ya entonces División Informaciones.



Obediencia debida y falta de tiempo

El 22 de Junio de 1987, se produjo el desprocesamiento de los principales torturadores del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, por efecto de la ley 23.521, de obediencia debida. Feced ya estaba oficialmente muerto desde el 21 de julio de 1986 en Formosa, lejos, muy lejos del Hospital Militar de Campo de Mayo y del territorio santafesino, a pesar de tener “prisión rigurosa”.

La doctora Ester Andrea Hernández, integrante de la Cámara Federal Penal de Apelaciones de Rosario, fue una de las que se opuso a las leyes de punto final y obediencia debida del alfonsinismo. En 1996 admitió que los jueces de la ciudad debieron abocarse “antes” a la causa Feced. Reconoció también que se había trabajado con intensidad en el verano de 1987, después del punto final y en la antesala de la obediencia debida. Cuando se promulgó, “la causa quedó falta de sustento” y produjo, como consecuencia, que quedaran en libertad “la gente que tenía una mayor atribución en la autoría de los hechos que se investigaban”.

Hernández dijo que las respuestas que dieron lo militares que llegaron a declarar fueron “demasiado prolijas, armaditas”, pero “el problema fue el tiempo escaso que se tenía”. Y también agregó que “era difícil encontrar testigos”.

Más allá de los dichos de la doctora Hernández, en la propia causa quedaron señalados una serie de hechos que marcan la triste historia del poder judicial rosarino durante el terrorismo de estado, tanto en lo provincial como en lo federal.

Entre 1976 y 1983, en los tribunales provinciales rosarinos se denunciaron 98 casos de chicos NN. Muchos de ellos fueron recuperados por sus padres cuando salieron del cautiverio o volvieron del exilio, pero decenas de esos bebés se encuentran, todavía, en calidad de desaparecidos. No hubo ninguna investigación judicial en este sentido.

Y en la justicia federal, entre 1976 y 1980, existen 703 pedidos de hábeas corpus sin contestar. Elocuente muestra de la valentía de aquellos jueces. Ahora tienen la oportunidad para reivindicarse.



El muerto vivo apunta al corazón de la política provincial y nacional

Feced estaba vivo dos años después de muerto. Así lo demostró una pericia caligráfica sobre una ficha del Hotel Ariston de Rosario del 29 de julio de 1988, entregada por el periodista Claudio De Luca. De tal forma se verificó, científicamente, los dichos de decenas de sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Servicio de Informaciones que, además, quedaron consignados en la causa federal.

Desde el 31 de enero de 1984, cuando se presentó ante los tribunales federales, Feced estuvo en estado de prisión rigurosa y nunca dejó de estarlo.

Sin embargo, hasta aceptando la historia oficial de su muerte, sus permanentes viajes a Formosa y al Paraguay, lo convierten en un claro símbolo de lo permisivo que era el poder judicial y político de la naciente democracia argentina.

Justicia federal rosarina, ministerio de Gobierno santafesino, fuerzas armadas y de seguridad nacionales, Ministerio del Interior del gobierno alfonsinista; todos ellos, fueron burlados por el ex comandante de Gendarmería con llamativa facilidad más si se tiene en cuenta que estaba acusado de 270 homicidios en la provincia y otras regiones del litoral.

También en lo político se impone una profunda revisión sobre las huellas y los movimientos del más temible muerto vivo de la historia reciente de estos arrabales.



Hasta finales de los años ochenta la policía tenía datos sobre desaparecidos

Los 49 cuerpos que componen la causa federal 47.913, la llamada “causa Feced”, contienen listas de detenidos y desaparecidos entre los años 1976 y 1979, elaboradas entre 1984 y 1989 (ver facsímiles). Eso significa que existían archivos que podían ser consultados en forma permanente. La investigación que ahora llevará a cabo el doctor Carlos Carrillo puede develar las dos puntas del secuestro de personas: origen y destino. En esos archivos encontrados en el entrepiso de la Jefatura pueden estar las fichas policiales y en ellas quiénes pidieron el secuestro de las personas y adónde se enterraron los cuerpos de los desaparecidos por medio del denominado “grupo castigo”, eufemismo que usaba el grupo de tareas comandado por Feced para identificar a los matadores, a los encargados de los “traslados”.



Algunas listas

Entre los folios 2.374 y 2.376 de la voluminosa causa Feced, aparece una primera lista de personas detenidas a partir de 1974 hasta diciembre de 1978 y una columna de aquellas que “no registran antecedentes”, la mayoría de las cuales se encuentran en calidad de desaparecidos.

Entre ellos Daniel Gorosito, José Oyarzábal, Alberto Tion, Osvaldo Vermeulen, Segio Jalil y Beinkelman. Todos vistos en las mazmorras del Servicio de Informaciones, San Lorenzo y Dorrego, y posteriormentes fusilados. Oyarzábal y Jalil, por ejemplo, en Los Surgentes, el 17 de octubre de 1976.

Los documentos están firmados por el entonces Teniente Coronel Auditor, Edgardo Raúl Semberoiz, como secretario del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y por el Brigadier Mayor Luis María Fages, presidente del mencionado consejo.

Esas listas fueron elaboradas por la policía provincial y elevadas al tribunal militar a principios de los años ochenta.

El 26 de mayo de 1984, el entonces Comisario Principal Roberto Scardino, al mando de la División Informaciones de la policía rosarina, envió una lista al juzgado federal número 1 a cargo del doctor Pedro Tiscornia.

Allí “se detallan las personas que se encontraron detenidas en el período del 06 al 31 de marzo de 1977, indicándose en primer término la fecha de ingreso a esta División Informaciones, a continuación el apellido y nombre, la fecha de egreso y su destino posterior”, señala el texto policial.

Agregaba que “en todos los casos, los detenidos que ingresaban a esta dependencia -por actividades subversivas o en averiguación de las mismas- eran puestos a disposición del Comando del II Cuerpo de Ejército “Teniente General Juan Carlos Sánchez”; dicho organismo disponía en cada caso su libertad o el traslado a otro lugar de alojamiento, según se especifica”.

Estas listas figuran en las fojas 3.084 y 3.085 de la causa bajo el sello de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y las fojas 918 y 919 del Juzgado de Instrucción Militar 52, con asiento en el Comando del II Cuerpo de Ejército.

Una tercera “nómina de personas que permanecieron detenidas en División Informaciones U.R.II”, según la particular forma de titular de la policía rosarina, exhibe 108 nombres y domicilios de detenidos entre el 2 y el 24 de enero de 1977.



Las referencias de la causa Feced

Los casi 11 mil folios de la causa Feced contienen precisiones sobre las cuales habrá que volver para no repetir caminos ya recorridos y buscar ausencias informativas todavía pesadas.

- Cada detención era informada por escrito.

- Se producían tres informes, antes y después de las detenciones.

- Hasta 1987, la policía seguía ofreciendo precisiones sobre los procedimientos realizados desde 1976 en adelante.

- Tanto el ejército, como gendarmería y prefectura tenían documentación que, bajo el rótulo de secreto, describían organigramas y fundamentos de las operaciones "antinsurgentes".

- Hay registros de NN en el cementerio La Piedad.

- Existirían los libros de memorandum de las guardias de la alcaidía que reflejan la existencia de los detenidos.

- Existen libros de guardias en los hospitales y en la Maternidad que refieren a la atención de los pacientes que traían las fuerzas de seguridad.

- Existen fichas elaboradas por el Comando del II Cuerpo de Ejército sobre cada uno de los detenidos.

- Existen registros de defunciones por muerte violenta.

- Existen 703 documentos de hábeas corpus presentados en los tribunales federales y provinciales.

- Existen nóminas completas de médicos policiales que elaboraron partidas de defunciones y firmaron certificados de nacimiento en cautiverio.

- Existe reconocimiento de las fuerzas de seguridad sobre el personal que intervino durante la dictadura. La mayoría de los integrantes siguió y continúa en actividad.

- Se demuestra la subordinación de las fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas, especialmente, al ejército. Los oficiales y suboficiales de este arma ni siquiera resultaron imputados, cuando sobran las citas en decenas de testimonios.

- Existen documentos de los procedimientos clandestinos de parte de las fuerzas conjuntas como metodología utilizada y auspiciada por el Comando del II Cuerpo de Ejército.

- Existen listas de detenidos elaboradas por todas las fuerzas participantes en la represión.

- Existen fichas internas que reflejan la salud de los internados en las distintas unidades carcelarias.

- Establece números precisos sobre detenidos durante los dos primeros años de la dictadura en Rosario.

- Establece la segura presunción sobre 98 casos de chicos que fueron denunciados como robados durante el secuestro y posterior cautiverio de sus padres.

- Aparecen nombres de empresas, comercios, talleres para automóviles y compañías de seguro que sugieren el destino del denominado botín de guerra.



Informe sobre desaparecedores rosarinos

“Rosario constituye el lugar en donde más torturados hubo”, sostuvo en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en octubre de 1984. Fueron reconocidos diez centros clandestinos de detención: Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía, San Lorenzo y Dorrego; Fábrica Militar Domingo Matheu, nueva sede de la jefatura; La Calamita, Granadero Baigorria; La Quinta de Funes; Escuela Magnasco, Ovidio Lagos y Zeballos; La Intermedia, en La Ribera; el albergue de solteros de Acindar, en Villa Constitución; Comando del II Cuerpo de Ejército, en Córdoba y Moreno; Batallón 121 y Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán.

A estos lugares hay que sumarles las llamadas “casas seguras” en distintos lugares de la ciudad y la región, donde eran torturados los detenidos que luego eran derivados a los grandes centros clandestinos. Los desaparecedores se dividían en grupos para hacer su tarea. El denominado “grupo castigo” era el encargado de enterrar a los fusilados y muertos en la tortura. El cuerpo 35 de la causa Feced contiene las listas de tumbas NN del cementerio La Piedad registradas entre 1976 y fines de 1983. Allí deberán hacerse las exhumaciones (ver facsímiles).

Para conocer la verdad histórica, los jueces federales tendrán que hacer comparecer a todos los integrantes del Servicio de Informaciones y oficiales del Comando del II Cuerpo de Ejército que figuran en las listas de imputados de los organismos de derechos humanos y en las propias causas federales nunca investigadas en profundidad.



La geografía del horror

"La Delegación Santa Fe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, creada por resolución de fecha 8 de mayo de 1984 a instancias de la solicitud elevada por distintas organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos y por partidos políticos, se constituyó el día 1º de julio e inició sus gestiones, por distintas motivaciones, el día 20 de julio del mismo año", comienza diciendo el informe firmado en setiembre de 1984, por los doctores Israel Esterkin, Manuel Blando, Ricardo Pegoraro, el pastor Hugo Urcola, José Emilio Madariaga, Fidel Toniolli y Alberto Gabetta.

Indica el informe que "en esta área el número de desapariciones fue menor, comparada con otras zonas del país, por ejemplo el caso de Tucumán, Córdoba, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lugares en que la proporción a los casos de secuestros, a la inversa que aquí, es mucho menor el número de sobrevivientes liberados de los centros de detención clandestinos. Lo que se hace necesario destacar es que Rosario constituye el lugar en donde más torturados hubo, torturas de todo tipo con una gran cuota de ensañamiento en forma sistemática que en muchos casos se transformaron en asesinatos".



La nueva Jefatura

El informe de la Conadep rosarina estableció que “a veces el secuestrado no llegaba al Servicio de Informaciones, sino que podía ser destinado a algunos lugares de detención menores que existían en esta zona”. Entre ellos la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”, ubicada en Lagos al 5200. “Era allí donde el general Leopoldo Fortunato Galtieri en persona, a la sazón comandante del II Cuerpo de Ejército, en algunas ocasiones interrogó personalmente a los detenidos”, dice el informe.

Uno de los sobrevivientes del lugar que desde el viernes es la nueva sede de la Jefatura de Policía de Rosario, relató que “hacia fines de junio vino al lugar Galtieri. Hay enormes preparativos de orden y limpieza. Ese día nos hicieron bañar y nos dieron mate cocido con azúcar y pan. El Comandante entrevista a cada uno personalmente. Se enoja y golpea la mesa furioso, me pregunta si se quién es él...Me dice que es la única persona que puede decidir sobre mi vida y ha decidido que yo viva”.

También llegaba el segundo comandante, el general Arturo Jáuregui, para entrevistar a los detenidos políticos. El centro clandestino de detención de la Fábrica Militar estaba al mando del entonces teniente coronel Gargiulo, ex interventor de la UOM rosarina. Otro de los tenientes coroneles a cargo del lugar fue Enrique Jordana Testoni, en abril de 1977.

El 13 de setiembre de 1984, los integrantes de la Conadep llegaron hasta la Fábrica Militar. Identificaron los lugares señalados y descriptos por los sobrevivientes. El lugar de alojamiento, sobre una calle sin nombre, más conocida como Paredón Sur; la cocina como sala de espera; la habitación contigua donde se torturaba y “una vieja caballeriza, adonde eran alojados los detenidos que se encontraban hacinados, en pésimas condiciones de salubridad, sufriendo todos ellos las consecuencias de los tormentos y sin tratamiento médico alguno”.



Los responsables del Servicio de Información

Las causas federales que buscan establecer la verdad histórica del destino de los desaparecidos en Rosario podrán avanzar en la medida que se tome declaración a los integrantes del Servicio de Informaciones entre 1976 y 1983, y que se verifiquen los documentos y listas que figuran en la causa Feced. También será importante que un familiar directamente afectado pida la reapertura de la causa a partir del descubrimiento que publicó este diario sobre la vida de Feced dos años después de muerto.

El expediente 46.392 que contiene la causa iniciada por Sergio Shilman, secuestrado el 24 de agosto de 1979, presenta una lista de oficiales, suboficiales y agentes del Servicio de Informaciones que desde 1976 trabajaron en la fuerza y participaron de los grupos de tareas comandados por Feced.

Algunos de esos oficiales fueron retirados de la fuerza como Ramón Ibarra, José Lo Fiego, Carlos Moore, José Carlos Scortechini, César Peralta y Alberto Vitantonio. Pero otros siguen en actividad, como Alberto Antegiovanni, hasta hace poco titular de la División Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. O Antonio Tuttolomondo, hoy titular de una comisaría rosarina. Otros retirados y en plena actividad a través de empresas de seguridad privada como Mario Marcote. Ellos saben quiénes integraban el grupo “castigo”, aquella estructura de las tres patotas que funcionaban en el Servicio de Informaciones y que estaba destinada a enterrar a los fusilados y los que se quedaban en las sesiones de tortura. Uno de los principales conocedores es el entonces comisario Roberto Scardino que hasta el año 1987 elaboró los informes que remitió a la justicia federal rosarina.



Una visión del infierno

Olga Cabrera Hansen sobrevivió a las mazmorras de San Lorenzo y Dorrego. Y además de poseer una memoria prodigiosa, describió con claridad las sensaciones vividas en el Servicio de Informaciones.

“La primera impresión que te daba era que si, era un infierno, un infierno de locos. No se cómo el Dante habrá pintado el infierno, pero era de gente muy loca. Donde se entraba vendado. Antes de acceder a él, porque ocupaba la ochava de Dorrego y San Lorenzo y accedías por San Lorenzo. Ahí te tapaban los ojos y te llevaban al servicio de informaciones, a ciegas, había una escalera ,se subía a empujones, como podías, y lo primero que recibías eran tremendos golpes”, sostuvo.

A la hora de pensar lo mejor de estar allí abajo, remarcó: “la fuerza que te da el conjunto, cómo se te recibía.

Cuando bajaba alguien después de la sala de tortura era contenido, abrazado, calmado, bañado, limpiado, atendido por los demás que ya habían pasado por lo mismo. Yo pienso que todo eso se sobrelleva porque estás con otros”.

Hoy, la doctora Olga Cabrera Hansen sigue defendiendo las causas sociales desde su escritorio de abogada.



Las tumbas NN

El 19 de enero de 1987, Alberto Calderón, por entonces director general de Defunciones y Cementerios, envió las “planillas de inhumaciones de NN registrados desde el 17 de marzo de 1976 al 29 de diciembre de 1983 en el cementerio La Piedad, debiendo señalarse que en el cementerio El Salvador no se registraron inhumaciones de NN durante tal período”.

Así quedó establecido en los folios 7103 y siguientes del cuerpo 35 de la causa Feced.
En esas tumbas NN, donde hay cuerpos de ambos sexos y cuya principal causa de fallecimiento es “muerte violenta”, está gran parte de la verdad que la cobardía de los asesinos, por ahora, oculta a los familiares de las víctimas. Las mismas que, por estas horas, con obstinación y profundo amor buscan entre los papeles mugrientos que los herederos de los desaparecedores han esparcido y descubiertos en los últimos días.