El Grupo anunció que ofrecerá una “una respuesta sobre su admisibilidad en noviembre, próxima fecha de reunión”, informó Heredia a DyN.

El Grupo de Trabajo subrayó en sus últimas “Observaciones Generales”, emitidas poco antes de la visita a la Argentina, que “toda desaparición de una persona del no se conozca su suerte, no importa si fue cometida por un agente del estado, o paramilitares o grupos o si el Estado se encuentra o no en un régimen democrático, es una desaparición forzada de personas mientras no se sepa su paradero".

El caso gira en torno a la desaparición de Torres, un ciudadano chileno que desde pequeño vivió en Chubut, donde hacía “changas” y desarrollaba algunas actividades solidarias con niños desamparados.

La Corte Suprema confirmó en 2007 que Torres es un desaparecido en democracia: “el hecho del proceso se encuadra en la figura de desaparición forzada de personas, que se encuentra prevista en la Convención Interamericana incorporada por ley 24.820 a la Constitución Nacional”.

El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y la disidencia de Carmen Argibay, destaca que “no puede soslayarse los compromisos asumidos por el país en su carácter de parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La causa está a estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no pronunció un fallo definitivo.
En Chubut, cuatro policías que fueron indagados por la desaparición de Torres fueron desvinculados de la causa por la jueza local Eva Parcio. (DyN)

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