Brasilia, 29 mar (PL) La Policía Federal queda a partir de hoy a disposición del Ministerio de Defensa para cumplir una sentencia judicial referida a la localización de los restos de miembros de la Guerrilla de Araguaya, asesinados por el régimen militar brasileño.
La decisión fue informada por el ministro de Justicia, Tarso Genro, al titular de Defensa, Nelson Jobim, que solicitó la colaboración de la Policía Federal para poder compilar información y cumplir una decisión judicial relacionada con el caso de esos desaparecidos.
Según la asesoría de prensa de Defensa, las Fuerzas Armadas buscan actualmente esas informaciones para entregarlas al departamento jurídico del ministerio que se propone cumplir con el plazo de 120 días fijados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Lo exigido por el STJ es conocer el lugar donde están los restos mortales de los guerrilleros para que sean sepultados donde determinen sus familiares y recoger el testimonio de los militares que participaron en aquel episodio.
El Gobierno brasileño creó en 2003 una comisión interministerial para conocer lo ocurrido a los miembros de la guerrilla e identificar el lugar donde escondieron sus cuerpos pero el grupo concluyó entonces que los documentos fueron destruidos por los militares.
La búsqueda de los desaparecidos por los militares es uno de los temas más candentes de Brasil y cobró actualidad cuando el 25 de diciembre último la Abogacía General de la Unión (AGU) recomendó al ministerio de Defensa develar cómo fueron aniquilados los tres destacamentos de esa guerrilla entre 1972 y 1975 después de ser infiltrada.
El pedido respondió a la decisión de la jueza federal de Brasilia, Solange Salgado, que exigió al gobierno identificar, localizar y rescatar los restos mortales de 58 militantes del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y varios campesinos desaparecidos en Sierra Pelada.
El ministro (magistrado) jefe de la AGU, José Antonio Dias Toffoli, encaminó entonces la solicitud al ministro de Defensa, Nelson Jobim, para que éste haga cumplir la decisión judicial a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas (Aeronáutica, Marina y Ejército).
Los desaparecidos de Araguaya son reclamados por sus familiares desde que entró en vigor la Ley de Amnistía en 1979 y transcurrieron varios procesos judiciales mientras la Secretaría de Derechos Humanos y una comisión de la Cámara buscaban en vano indicios.
En 28 años de esfuerzos los familiares sólo identificaron en 1996, en el cementerio de Xambioá, los restos de la profesora María Lucía Petit, víctima de aquella operación que formó parte de las acciones perpetradas en Brasil contra los movimientos de liberación nacional.
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