Conclusiones

El análisis de los 1.193 casos de desaparición forzada de personas a partir del 11 de septiembre de 1973 hasta el 14 de noviembre de1989, fecha de la última desaparición permite establecer los siguientes hechos:

Del total de 1.193 casos de detenidos-desaparecidos, la responsabilidad de 1.040 casos (87,17%) corresponde a detenciones efectuadas con participación del Conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros, Policía civil y Servicios de Seguridad, fundamentalmente la DINA. En esta cifra se consideran 31 casos, con actuación de civiles armados (ex-dueños de tierras, miembros de grupos de extrema derecha, etc.) acompañando a Carabineros. Asimismo, son considerados 15 casos de chilenos detenidos en el extranjero y trasladados a Chile, en los cuales existen antecedentes para afirmar que hubo participación de agentes del Estado chileno.

Finalmente, existen en Chile 115 casos de detenidos desaparecidos en los cuales no existe información (Sin datos) sobre los autores de la detención, no obstante por las características sospechosas de los casos, éstos incriminan a agentes del Estado.

Existen solamente 3 casos de detención efectuada por civiles como única fuerza operativa, pero se tiene la certeza de que las fuerzas policiales estaban en conocimiento de los hechos.

El total de detenidos desaparecidos en Chile asciende en definitiva a 1.158 casos.

Existen 25 casos de chilenos detenidos y desaparecidos en Argentina, cuya responsabilidad corresponde a las Fuerzas Armadas y policiales de dicho país. También existen 10 casos de chilenos detenidos en el vecino país, que no se tiene información (Sin datos) sobre los autores de la detención (se presume que fueron FF.AA. Argentinas). En ambas situaciones no existen hasta este momento responsabilidad probada de agentes del Estado Chileno.

La primera conclusión general es que el carácter de la represión es fundamentalmente estatal, realizada por agentes o personas al servicio del Estado o bajo su aquiescencia. Se puede concluir que en el caso de Chile, no hay participación de grupos paramilitares independientes o ajenos al Estado, como fue el caso en otros países.

Del conjunto de las víctimas de desaparición forzada, se infiere que la represión tuvo un carácter fundamentalmente político en contra de determinadas organizaciones políticas y sociales y en contra de una generación de personas que impulsaron los procesos políticos de cambio social.

La pregunta inicial de este trabajo se planteaba si el método represivo de la desaparición forzada de personas, practicado en Chile durante la dictadura militar corresponde a excesos individuales (extralimitación de funciones) por parte de agentes del Estado o corresponde a una nueva forma de represión política denominada terrorismo de Estado.

Para responder a esta interrogante, se elaboró la hipótesis general de que la desaparición forzada de personas corresponde a un método represivo de nuevo tipo, de eliminación física, ocultamiento del cuerpo de las víctimas y de generación de terror.

Asimismo, que por sus efectos, este método alcanza no solamente a los familiares directos de los afectados, sino que también a los círculos próximos de éstos y a determinados sectores de la sociedad civil.

De acuerdo a los datos recopilados sobre 1.193 casos de personas detenidas-desaparecidas, el análisis de la información nos permite confirmar la hipótesis general presentada.

En efecto, la desaparición forzada de personas corresponde a un método represivo de nuevo tipo, no empleado hasta ese momento a tan amplia escala en nuestro país, en contra de opositores políticos.

En el análisis de los casos se puede ver claramente que en la práctica de la desaparición forzada de personas en Chile existen dos grandes períodos.

El primero corresponde al año 1973, se caracteriza por los inicios de dicha práctica. En muchos casos se trata de ejecuciones con ocultamiento de los cuerpos, pero sin una idea preconcebida de utilizar esto con otras funciones. Los autores de estas muertes son principalmente miembros del Ejército y Carabineros.

En el segundo período, las desapariciones obedecen a una planificación central de los servicios de seguridad. En las detenciones existe información previa del detenido. Este será torturado con el objetivo de que entregue información que permita involucrar a otras personas, detenerlas y seguir con el ciclo. En determinados casos el aniquilamiento de un detenido y el ocultamiento de su cuerpo, está fríamente calculado con antelación. Aunque para los servicios de seguridad la "peligrosidad" de un detenido puede estar dada por su militancia política existen otros factores que inciden en la ejecución del detenido.

Para cumplir con estos objetivos criminales existe todo un aparato de infraestructura que va desde los grupos operativos que detienen en las calles, a los grupos de guardia y vigilancia y los grupos de interrogación y tortura, existiendo compartimentación entre ellos.

En esta labor delictual dichos grupos tienen el apoyo del Estado que como institución proporciona medios, recursos e infraestructura. También existe relación con otros actores sociales, tales como periodistas de algunos medios de comunicación y en determinados momentos contarán con la impunidad que les otorgan ciertos jueces.

También en la tarea de la desaparición forzada se cuenta con el respaldo de gobiernos y Fuerzas Armadas extranjeras, quienes se prestan ayuda mutua para detener o eliminar ciudadanos "peligrosos". Esta situación quedó evidenciada con el caso de los 119 y la "Operación Cóndor".

Este método, aparte de constituir una práctica represiva de homicidio, conlleva una estrategia de generación de terror hacia los familiares directos, amigos y conocidos de la víctima. De tal manera su alcance va mucho más allá del afectado llegando hasta la comunidad.

Se confirma a partir del total de casos estudiados que la desaparición forzada de personas en Chile, a partir de 1973 hasta el fin del régimen militar, fue un método represivo practicado por agentes del Estado. La finalidad consistió en el aniquilamiento de las víctimas y la generación de terror hacia la comunidad. Además, la motivación de esta práctica por parte de los agentes del Estado tiene una clara racionalidad política, ya que casi el 70 % de las víctimas corresponden a militantes políticos

Esta práctica, aparte de ser un método de aniquilamiento y terror, constituye una nueva forma de violación de Derechos Humanos y un nuevo crimen político que asegura la impunidad de sus autores y el manto del olvido.

Las dificultades encontradas en el presente trabajo fueron por falta de información existente sobre los casos particulares de las víctimas y, asimismo, por falta de una metodología que defina la diferencia entre un "detenido-desaparecido" y un "ejecutado político" o muerto.

Consideramos que el criterio para definir esa situación lo constituye el indicador de intencionalidad del hecho de ocultación del cuerpo. La ocultación del cuerpo de una víctima por parte de sus víctimarios revela el próposito de impunidad. Independientemente de que un cuerpo aparezca, ya sea accidentalmente o por información recibida, existiendo la evidencia de intencionalidad de ocultación de los restos, corresponde a un caso de detenido-desaparecido y no de ejecutado político.

Una de las dificultades de este trabajo ha sido la conceptualización de la noción de terrorismo de Estado, ya que los diversos tipos conocidos históricamente no dan cuenta de nuevas realidades para el caso latinoamericano. Sin embargo, existen patrones comunes que hacen posible explicar las experiencias de la historia reciente de América Latina. El concepto aislado de terror es muy difícil de manejar dada la variedad y complejidad de campos en los cuales se sitúa.

Sobre el sujeto de estudio de la desaparición forzada de personas, cabe señalar que constituye la violación de Derechos Humanos más global que se conozca, a la vez de constituir un conjunto de delitos. La desaparición contempla un conjunto de violaciones de los Derechos Humanos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a expresarse libremente, el derecho a la libre circulación de las personas, el derecho de reunión, etc.

Sabido es que la desaparición contempla un conjunto de delitos, tales como el secuestro o privación ilegal de la libertad, la tortura física y sicológica, en algunos casos violaciones, y tratos crueles y degradantes, el homicidio premeditado o ejecuciones, la ocultación del cuerpo, etc.

Actualmente no existe una tipificación jurídica que sancione el conjunto de estos delitos. Todavía no se define si la desaparición forzada podría constituir un crimen de lesa humanidad en la legislación internacional o incorporarse al código penal de los países en particular.

Otro elemento a considerar es el daño provocado a los familiares y amigos de la víctima. La pérdida de un ser querido o sea su muerte es un hecho normal en todas las sociedades humanas. El rito del duelo como acto universal constituye un proceso natural de despedida de un ser querido. En cambio, la pérdida abrupta de un ser querido mediante una desaparición forzada es un hecho traumático muy difícil de superar, ya que la incertidumbre de la vida o la incertidumbre de la muerte del secuestrado acompañan por un largo tiempo a los familiares.

Finalmente, el cuadro presentado por este trabajo no puede ser interpretado como un fenómeno aislado de las otras violaciones de Derechos Humanos. La visión de conjunto permite ver la real dimensión del fenómeno e insertarlo en el contexto histórico del país y en la región.

Uno de los elementos que llama la atención sobre la determinación por parte de los agentes del Estado de aniquilar totalmente al "enemigo interno", es que no existe ninguna justificación del punto de vista de la "seguridad del Estado".

Los militares tenían perfectamente controlada la situación y los grupos que se mantenían activo no tenían la fuerza material para resistir al Ejército. Entonces, ¿Por qué aniquilar a un "enemigo" que no es peligroso y que está casi controlado? ¿Por qué tanta barbarie y tanta crueldad contra un "enemigo" que no está preparado para una "guerra"? ¿Existía de antemano la idea de aniquilar al adversario?

Probablemente una de las cuestiones más preocupantes del problema la constituye el tema de impunidad absoluta que existe no solamente en Chile, sino en el conjunto de los países afectados de América Latina.

Resulta inquietante que, existiendo los testimonios de familiares y sobrevivientes, y las pruebas, no se haga justicia, se intente olvidar la situación o aplicar leyes de punto final para amnistiar o proteger a los culpables. Muchos de esos culpables siguen en servicio activo en sus instituciones y gozan de plena libertad.