Un policía admite que custodió detenidos
ilegales en 1 y 60
Jesús Alberto Rivero dijo que los prisioneros estaban vendados y esposados a
las camas, y que el Ejército era el encargado de trasladarlos. En tanto, el
Tribunal anunció que está dispuesto a citar a los jefes del “Pozo de Banfield”.
Por L. Miguel, F. Martínez y V. Wiman (Secretaría de Prensa)
LA PLATA (13ago03).-
El policía Jesús Alberto Rivero admitió que, durante su paso por el Cuerpo de
Infantería de la Policía provincial, custodió a detenidos ilegales que eran
traídos por personal del Ejército. Rivero señaló que vio cómo se llevaban a los
prisioneros y los traían al día siguiente, pero afirmó que no sabía que se los
sacaba para torturarlos en otro centro clandestino. “Lastimados no venían”,
dijo.
El efectivo, quien hoy tiene 49 años y está en actividad, estuvo en la
dependencia durante tres años, entre abril de 1976 y fines de 1978.
Rivero reconoció la presencia de detenidos ilegales “con los ojos vendados y
esposados a las camas” en el lugar. Según el policía, a los prisioneros “los
traían y se los llevaban personas del Ejército”.
Una de las prácticas frecuentes en el Cuerpo de Infantería fue trasladar
temporalmente a los detenidos a un centro clandestino en Arana para someterlos a
sesiones de torturas. Cuando los jueces interrogaron a Rivero sobre este punto,
el policía respondió: “Yo veía que se llevaban gente y la traían al día
siguiente, pero no sé a dónde se los llevaban”.
No obstante, pese a haber reconocido que en varias oportunidades custodió a los
detenidos, dijo que “se encontraban bien; lastimados no venían”.
El policía ingresó a la dependencia cuando estaba comandada por el hoy comisario
retirado Mario Pacheco, en 1976. A los pocos meses, Pacheco fue reemplazado por
José Clemente Forastiero.
Ambos se negaron a declarar en el Juicio por la Verdad en junio de 1999. Habían
sido citados para declarar sobre su participaron en el ataque a la casa de Diana
Teruggi y Daniel Mariani, el 24 de noviembre de 1976, que terminó en el
asesinato de los habitantes de la casa y la desaparición de Clara Anahí Mariani,
de tres meses de edad.
En ese operativo participó personal militar y policial, incluyendo a varios
efectivos del Cuerpo de Infantería de la policía provincial. Hoy, los jueces
preguntaron a Rivero si había sido parte del procedimiento o había oído
comentarios al respecto. El testigo negó las dos cosas. Sin embargo, recordaba
la muerte del policía Osvaldo Sconza, aunque dijo que ignoraba la causa. Sconza
murió durante el ataque a la casa. “En ese momento bajaban a muchos compañeros”,
manifestó Rivero.
Después de su paso por la dependencia de 1 y 60, el policía empezó a prestar
servicios en la comisaría 8º. No obstante, ingresó a fines de 1978, cuando el
centro clandestino de detención estaba dejando de funcionar.
Rivero no aportó mucha información en este sentido. “Con los años me enteré que
hubo (detenidos ilegales), por comentarios de los compañeros”, dijo, y añadió
que en 1978 “venía personal del Ejército, pero no para traer detenidos. Venían a
la noche para cuidar la terraza por si había un ataque terrorista”.
Al final de la audiencia, el juez Schiffrin calificó la declaración del policía
como “fragmentaria y, en algunos puntos, poco explicable”.
Los jefes del “Pozo de Banfield”
“La disposición del Tribunal es citar a los jefes de la Brigada” de Banfield,
aseguró el juez Leopoldo Schiffrin cuando finalizó la audiencia en la que
declaró Jorge Osvaldo Gambero, esposo de la desaparecida María Elena Iannotti.
Iannotti fue secuestrada en la carpintería “San Martín” de Merlo, provincia de
Buenos Aires, el 14 de septiembre de 1977, junto a los hermanos Antonio Domingo
y José Eduardo Moreno Delgado, ambos sobrevivientes.
Gambero, de 74 años, contó hoy que su esposa era tesorera del Partido Comunista
en Merlo y que había ido hasta la carpintería a dejar unas publicaciones del
partido a los hermanos Moreno. Ocho hombres de civil a bordo de una camioneta
con cúpula, un Fiat 600 color rojo y un Fiat blanco se presentaron en el local
justo cuando Iannotti estaba allí. Los secuestraron a los tres y los alojaron en
el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones
de San Justo, donde estuvieron los primeros nueve días de detención.
Luego, según contó Gambero conforme a los testimonios de sobrevivientes, los
tres fueron llevados al “Pozo de Banfield”, la sede de la Brigada de
Investigaciones de esa localidad. Allí se perdió el rastro de María Elena, quien
fue vista también por los sobrevivientes Liliana Zambano y Nieves Luján Acosta.
Los hermanos Moreno Delgado, que están citados para la próxima semana,
estuvieron en Banfield 21 días y fueron trasladados a la Comisaría 3° de
Valentín Alsina, donde obtuvieron la libertad al cabo de otros 15 días de
detención ilegal.
Hoy, al referirse a los represores que actuaron en el secuestro de su esposa,
Gambero dijo apesadumbrado: “Jamás podía pensar que estos señores, que son seres
humanos, pudieran hacer esto, por una opinión, por un diario”.
Según relató el esposo de la desaparecida, un juez federal del partido de San
Martín de apellido Guitar o Vitar realizó una investigación sobre el secuestro
de María Elena, en plena dictadura. Ese magistrado determinó el uso de los tres
vehículos y hasta las patentes de ellos. La investigación quedó trunca, contó
Gambero, cuando el auto Fiat de color blanco que participó del operativo fue
hallado “en la comisaría de Jardín Botánico, en Buenos Aires” y se averiguó el
nombre de su propietario: Rodolfo Riente. Según contó el testigo, no se supo
nada acerca de esa persona.
El hombre narró que hizo decenas de gestiones ante organismos estatales e
internacionales por el paradero de su mujer. Y, como le ocurrió a otros
familiares de víctimas, fue informado por el Comando en Jefe del Ejército —en la
firma del Comandante de la Subzona Capital Federal, general José Montes— que su
esposa no estaba detenida.
Gambero también contó que en el “Pozo de Banfield” estuvo detenido el luchador
conocido popularmente como “Yolanka”, cuyo apellido es Catanese, y Raul Hayt, un
trabajador del Parque Pereyra Iraola.
En el final de la declaración, el juez Schiffrin informó que el tribunal citará
“a los jefes” de la Brigada de Banfield. Antes de comenzar la audiencia, el
magistrado había saludado y dicho que “hoy es un día que tiene connotaciones
especiales para todos”, posiblemente en referencia a la media sanción que dio
anoche la Cámara de Diputados al proyecto de nulidad de las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida.
Comisaría 8°: un oficial visitaba calabozos
Por otro lado, el actual comisario Ernesto Ricardo Carrizo declaró sobre su
trabajo en la comisaría 8° de La Plata. Dijo que comenzó a prestar servicios en
esa dependencia en febrero de 1978 como radiooperador y que también cumplió la
función de anotar detenidos en el libro de novedades.
El libro de la 8° fue secuestrado por la Cámara hace unos años y allí se
hallaron nombres de detenidos-desaparecidos que eran “liberados” de la
dependencia policial y puestos a disposición del “Área Operacional 113”. Algunos
fueron enterrados como NN en el Cementerio de La Plata y sus restos, entregados
veinte años después por la Cámara a los familiares.
Carrizo declaró además que visitaba los calabozos, siendo entonces un oficial
recién salido de la Academia. Contradijo así la tesis del “área restringida”
habitualmente expresada por los policías que prestaron servicios en comisarías
que funcionaron como centros clandestinos, incluida la 8°. “Me tocaba hacer
inspección de calabozos, cada dos horas”, contó el policía.
El testigo señaló que las personas que estaban detenidas no estaban vendadas y
que en una oportunidad le ofreció un té a una detenida y a su esposo. A la mujer
la describió “flaquita, como desnutrida”, dijo que era rubia y que tendría unos
30 años. Su marido tenía barba y era alto.
“Después me dijeron que aparecieron muertos dentro de un auto, carbonizados, en
Florencio Varela”, relató. Uno de los jueces estableció que se trataría de Lucía
Swica y Jorge Caravelos, quienes “salieron” de la comisaría 8° el 20 de julio de
1978. Así está consignado en el libro de la 8°, en un registro firmado por el
propio Carrizo, quien hoy reconoció su firma.
Carrizo, quien hoy tiene 45 años y se desempeña en la Dirección General de
Investigaciones de la Policía bonaerense, contó que en una oportunidad el
Ejército trajo dos camiones cargados de obreros detenidos en el Barrio
Monasterio de La Plata (calles 13 y 80).
“Calculo que eran unos cien, todos con cascos amarillos. Entraron todos
apretados en los pasillos de los calabozos. Yo me preguntaba para qué detener
gente obrera. Hasta el día de hoy no lo entiendo”, afirmó el policía, y señaló
que fueron liberados el mismo día.
Durante ese operativo, comentó Carrizo, policías de la seccional subieron a la
terraza a reforzar la vigilancia, junto a oficiales del Ejército. Entre los
primeros, mencionó al peluquero de la seccional Eleodoro Ramón Ferreyra, quien
en abril pasado declaró ante la Cámara.
El policía también recordó nombres de otros detenidos de la 8°: Patricia Pérez
Catán, Patricia Rolli y su padre, y Néstor Daniel Torrillas, todos liberados.
Y tuvo buena memoria, lo que no es común entre los policías que declaran en el
Juicio, para recordar a sus compañeros de trabajo: los oficiales y suboficiales
Darío Inchausti, Santamaría, Pajón, Franchioni, Blanco, Darío Maciel, Raúl
Ponce, Gielonardo, Lucero y Jasa (estos dos últimos ya declararon). Carrizo
también señaló que durante 1977 en la puerta de la comisaría había vallas y la
calle 7 estaba cortada.
Matrimonio desaparecido
En otro orden, declaró María Inés Longobardi, en el marco de la causa en la que
se investiga la desaparición de Violeta Graciela Ortolani, ocurrida el 14 de
diciembre de 1976. Ortolani estaba embarazada de siete meses cuando fue
secuestrada. Pocos meses después, también desapareció su marido, Edgardo Garnier.
Hoy, Longobardi contó que se enteró del secuestro de su amiga por una carta que
Edgardo le envió a la familia de su esposa.
“Él, después de hacer muchas gestiones, se volvió a su pueblo en Entre
Ríos.Cerca de la fecha probable del parto, fue a un regimiento o una dependencia
policial para saber si había información sobre su bebé”, señaló Longobardi, y
agregó: “Se despidió diciendo que iba a buscar a su hijo. Y no se supo más de
él”.
La testigo indicó que cerca de diez años una joven se acercó a la familia
Garnier, porque creía que podía ser la hija del matrimonio desaparecido. Según
contó la testigo, se hicieron estudios de compatibilidad genética, pero dieron
negativos “porque faltaban muestras de familiares directos de Violeta”.
Hoy, la abogada de la APDH La Plata, Marta Vedio, pidió a los jueces que “previa
consulta con el Banco Nacional de Datos Genéticos, se disponga la toma de una
muestra del cadáver de la madre de Violeta, para volver a hacer el estudio”.
Participantes
De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio
Reboredo; el fiscal Carlos Dulau Dumm; el defensor oficial ad hoc Jorge Cozzi y
las abogadas Alicia Peralta y Marta Vedio, de la APDH La Plata..
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