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Arg - Entra en su etapa final el primer juicio a una cúpula militar, tras la anulación de las leyes del perdón
Arg - Crean una oficina para respaldar causas por desaparición forzada
Arg - Una testigo protegida denunció el robo de documentos sobre la desaparición de su esposo
Ex-police chaplain goes on trial for deaths, disappearances during Argentine dictatorship
Arg - Piden elevar la causa contra el represor Benjamín Menéndez a juicio
Arg - Comisión para proteger testigos
Un tribunal español condenó a Scilingo a 1.084 años de prisión
Arg - Para Sabsay, con la nulidad de los indultos a represores podrían retomarse muchas causas
Arg - Piden juicio oral para varios represores
Arg - Habrá un Tribunal exclusivo para juzgar a los represores
Arg - Protección a testigos en juicios contra represores de la dictadura
Arg - Bignone recusó a un juez por el robo de bebés
Arg - Prisión Domiciliaria para Joaquín Guil
Arg - Rechazan liberar a represor procesado por crímenes durante la dictadura
Arg - Cada vez falta menos para juzgar a los represores de la dictadura en Rosario
Arg - Bejas prometió celeridad en las causas de la dictadura militar
Arg - El infierno que diseñó Galtieri
Arg - Denuncian que la inacción de la Justicia amenaza con dejar a represores en libertad
Arg - Causa Brusa: revocaron la prisión preventiva y domiciliaria del represor Nicolás Correa
Arg - Procesan a cuatro bonaerenses
Coordinaran organismos para acelerar los juicios
Arg - Inician querella criminal por desaparición de trabajador yerbatero durante la dictadura
Arg - La justicia mendocina citará a declarar a Videla
Arg - Juzgados por todos sus crímenes
Proyecto para Agilizar las Causas contra Represores
Arg - Juicio contra represores: Preocupa la desprotección de testigos
Arg - Otro revés para represores procesados por violaciones a los derechos humanos
Arg - Para darle cuerda al reloj judicial
Arg: Reabren causa contra 8 ex jefes navales por desapariciones
Arg: Empresa debe indemnizar viuda de desaparecido
Mattarollo aportará su testimonio en la causa por la Masacre de Trelew
La Justicia confirmó que Videla debe ser juzgado en Argentina por delitos de lesa humanidad
Slaking a thirst for justice
Triple A: el lunes notificarán a Isabel de la nueva orden de captura en su contra
ARGENTINA: JUICIO A LOS DECRETOS DE ANIQUILAMIENTO
Detienen al ex jefe de la Casa Militar
Juicio al Turco Julian
Juicios a los militares en Uruguay?
Ocho represores presos por El Vesubio

Julio 29, 2007

Arg - Entra en su etapa final el primer juicio a una cúpula militar, tras la anulación de las leyes del perdón

Es contra diez represores acusados del secuestro y desaparición de montoneros durante la denominada “contraofensiva”. Desde el viernes, el juez Ariel Lijo está en condiciones de dictar su fallo, con un plazo máximo de 40 días. Antes, el magistrado viajará a España para tomar un último testimonio.

El juicio contra diez ex represores por el secuestro y desaparición de militantes montoneros entre 1979 y 1980 entró en su etapa final y el juez federal a cargo de la causa, Ariel Lijo, viajará a España para tomar declaración a una sobreviviente y luego emitirá veredicto.

Las audiencias públicas en las que se escuchó a testigos del caso finalizaron el viernes último al inicio de la feria judicial de invierno en el Palacio de Justicia porteño, por lo cual Lijo quedó ya en condiciones de dictar su fallo, con un plazo máximo de 40 días.

Antes, el magistrado viajará a España para tomar testimonio a la sobreviviente Silvia Tolchinsky, quien junto a otros militantes montoneros exiliados intentó volver al país entre fines de 1979 y principios de 1980 para participar de una bautizada "contraofensiva" contra la dictadura.

Todos fueron interceptados y secuestrados, en un hecho por el cual ahora se juzga al entonces general Cristino Nicolaides y a otros nueve acusados, en el primer juicio a una cúpula militar desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el 2003.

Junto a Nicolaides, están acusados los ex jefes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, coroneles Jorge Arias Duval, Pascual Guerrieri y Julio Bellene, entre otros.

El proceso se sustancia en base al viejo Código procesal penal, por lo cual no se trata de un juicio oral y público con un tribunal de tres miembros, sino de un proceso escrito con un único juez, Lijo.

El magistrado accedió sin embargo a un pedido para que las últimas audiencias de testigos fuesen públicas, que se concretaron desde el 10 de julio pasado en el Palacio de Justicia, en la misma sala donde se realizó el juicio a las ex Juntas militares de la dictadura.

Ahora Lijo tendrá 40 días para emitir un veredicto en la causa en la cual ya tiene un pedido fiscal de 25 años de prisión para los ex represores por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, torturas y reducción a la servidumbre.

Además de los ex jefes militares se juzga a Santiago Hoya, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Julio Héctor Simón y Antonio Simón.

Julio Simón ya fue condenado a prisión perpetua en otra causa por delitos de lesa humanidad y está detenido en la cárcel de Marcos Paz mientras que los demás acusados gozan de arresto domiciliario por ser mayores de 70 años.

La causa investiga lo ocurrido a Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carvajal, Lía María Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker, además de Silvia Tolchinsky, única sobreviviente ya que todos los demás permanecen desaparecidos.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado del caso por las objeciones recibidas por parte de la Cámara Federal a raíz de su decisión de detener a dos ex jefes montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía.

El juez los acusó como supuestos partícipes necesarios del secuestro de los militantes, por haber sido los impulsores del operativo de vuelta al país, pero luego fueron liberados y esos cargos quedaron desestimados.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=69788&id=165867&dis=1&sec=1

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Julio 28, 2007

Arg - Crean una oficina para respaldar causas por desaparición forzada

La dependencia surgió por una inquietud de la Corte Suprema de Justicia. La medida responde a los reclamos públicos del presidente Kirchner, de mayor celeridad en la tramitación de causas por violaciones a DD HH cometidas durante la última dictadura

La Corte Suprema de Justicia creó la Unidad de Asistencia y Seguimiento de las causas penales en las que se investiga la desaparición forzada de personas ocurrida antes del 10 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia a la Argentina.

La nueva dependencia fue creada para dar "la más rápida satisfacción de las necesidades que plantean los magistrados a cargos de dichas causas en materia de personal, equipamiento y adecuación de espacios y elementos para la celebración de audiencias y otros actos de similar naturaleza".

La medida parece en consonancia con los reclamos públicos del presidente, Néstor Kirchner, de mayor celeridad en la tramitación de causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, cuyo coletazo más saliente fue el pedido de juicio político contra jueces de la Cámara de Casación Penal, entre ellos su titular, Alfredo Bisord.

http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268529762/1230/Crean-una-oficina-para-respaldar-causas-por-desaparici%F3n-forzada/

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Julio 6, 2007

Arg - Una testigo protegida denunció el robo de documentos sobre la desaparición de su esposo

Télam Una mujer, que cuenta con protección por ser testigo en el Juicio por la Verdad que se sigue en La Plata, denunció que desconocidos ingresaron a su casa y destrozaron documentación vinculada a la desaparición de su esposo durante la última dictadura militar, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de Felisa Marilaf, esposa de un obrero gráfico desaparecido durante la última dictadura militar, quien ya había sufrido un ataque intimidatorio el 10 de junio último, cuando desconocidos la mantuvieron cautiva dentro de un automóvil.

Según denunció la mujer en la comisaría primera de La Plata, cuando se hallaba ausente de su casa, en el microcentro platense, desconocidos ingresaron a la misma y "destrozaron y se llevaron documentación valiosa".

Los papeles destruidos se referían a la desaparición de su esposo, Hugo Iglesias, obrero gráfico que trabajaba en el vespertino La Gaceta de la Tarde.

Los desconocidos sustrajeron además documentación vinculada al secuestro que sufrió Marilaf en 1978, cuando estuvo detenida en el centro clandestino La Cacha. La mujer es testigo protegida por ser denunciante ante el Juicio por la Verdad, que desde 1998 se sigue en los tribunales federales de La Plata.

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Julio 5, 2007

Ex-police chaplain goes on trial for deaths, disappearances during Argentine dictatorship

The Associated Press
Published: July 5, 2007


LA PLATA, Argentina: A former police chaplain went on trial Thursday, the first Roman Catholic cleric to be prosecuted on charges of complicity in deaths and disappearances during Argentina's 1976-83 military dictatorship.

Christian Von Wernich, 69, wore a bulletproof vest and a priest's collar as he appeared behind a reinforced glass shield in a federal courthouse in La Plata, the capital of Buenos Aires province.

The shouts of "assassin!" from some 200 leftists and human rights activists protesting outside could be heard in the chamber as a clerk read charges accusing Von Wernich of collaborating with state security agents and covering up crimes in seven deaths and 42 cases of illegal imprisonment.

The prosecution said it would call survivors to testify that Von Wernich collaborated with police torturers and provided security agents with information he obtained from prisoners while providing "spiritual assistance" at clandestine detention centers.

Von Wernich, who was arrested in 2003, made no statement Thursday. His lawyer has vehemently rejected the charges.

Nearly 13,000 people are officially listed as killed or missing in the dictatorship's crackdown on dissent, known as the "Dirty War." Human rights groups say the toll is closer to 30,000.

Scores of former state security agents and their civilian allies have been called to testify in investigations after the Supreme Court in 2005 annulled a pair of 1980s amnesty laws sheltering agents of the dictatorship from prosecution.

In the last trial held at the federal courthouse in La Plata, former police investigator Miguel Etchecolatz was convicted of genocide last year and sentenced to life imprisonment. That trial was marred by the disappearance of the chief prosecution witness, torture survivor Jorge Julio Lopez, who remains missing.

The head of the three-judge panel, Carlos Rozanski, said the court was taking unprecedented steps to protect prosecution witnesses in Von Wernich's trial.

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Arg - Piden elevar la causa contra el represor Benjamín Menéndez a juicio

Lo solicitó el Serpaj en el marco de la la causa que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad en la ex División de Inteligencia de la policía cordobesa, con el ex general como principal acusado· Sería la primera vez que llegan a juicio hechos cometidos en esa dependencia policial.

La filial cordobesa del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) pidió hoy a la Justicia Federal que eleve a juicio la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la ex División de Inteligencia de la Policía provincial, cuyo principal acusado es el ex general Luciano Benjamín Menéndez.

María Elba Martínez, abogada de organismos de derechos humanos, indicó que se trata de la investigación por los tormentos a los que fue sometido Raúl Ernesto Morales por su presunta vinculación con la organización Montoneros, cuando estuvo detenido en esa dependencia de la policía cordobesa durante la dictadura.

El principal acusado es el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, aunque también figura Miguel Ángel Gómez, el "cocinero" de la D-2, imputado como "coautor y ejecutor de delitos de imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas".

Martínez explicó que Menéndez está procesado en esta causa como "inductor de los citados delitos y autor mediato de imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas", hechos que han sido tipificados como "delitos de lesa humanidad de carácter imprescriptibles".

Tras recordar que se trata del "primer caso que va a juicio" por los delitos cometidos en esa dependencia policial, que funcionaba en la céntrica sede del Cabildo Histórico, la abogada precisó que corrió vista a la jueza federal Cristina Garzón de Lascano para que eleve a juicio esta causa.

http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=152400&ID_Seccion=33

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Arg - Comisión para proteger testigos

REAN UNA COMISION PARA PROTEGER A LOS TESTIGOS QUE DECLAREN CONTRA REPRESORES

– Lo anunció el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reafirmó que el Estado nacional "garantiza la seguridad" de todos los testigos judiciales, en especial de aquellos que deben declarar en el juicio contra el ex capellán Christian Von Wernich, que comenzará mañana en La Plata • El miedo de aquellos que tienen que brindar su testimonio se incrementó con la desaparición de Jorge Julio López.

"El Estado garantiza la seguridad de los testigos, y en especial, de los que asistan al juicio al ex capellán Von Wernich", afirmó Fernández en declaraciones realizadas en la Casa de Gobierno.

Aproximadamente 130 testigos, entre los que figuran Héctor Timerman, Adolfo Pérez Esquivel y el obispo Miguel Heysane, declararán en el juicio oral y público contra el ex capellán de la policía bonaerense, acusado de numerosos delitos cometidos durante la última dictadura.

El sacerdote, quien fue confesor del ex jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) por siete homicidios y 41 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, informó Télam.

Aníbal Fernández recordó hoy que, con el objetivo de proteger testigos e imputados en causas judiciales -en especial en casos de secuestros y contrabando de drogas-, ya está en funcionamiento un programa que es coordinado por el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín.

El programa de protección fue dispuesto mediante la ley 25.764 y consiste, entre otras cuestiones, en la "custodia personal o domiciliaria, alojamiento temporario en lugares reservados, cambio de domicilio, asistencia para trámites o en la reinserción laboral y suministro de documentación nueva". (APF.Digital)

http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=88096

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Un tribunal español condenó a Scilingo a 1.084 años de prisión

Pero la pena de cumplimiento efectivo por 30 asesinatos será de 25 años de cárcel.


Juan Carlos Algañaraz MADRID. CORRESPONSAL
jcalnaraz@clarin.com


El Tribunal Supremo español aumentó en 444 años de prisión la condena al ex capitán de fragata Adolfo Scilingo elevando su sentencia de 640 años a 1.084 años por treinta delitos de asesinato, uno de detención ilegal y complicidad en otros 255 delitos de detención ilegal. Scilingo fue detenido en España en 1997 y sometido aquí a un largo juicio.

El 19 de abril de 2005 la Audiencia Nacional Española, máxima instancia judicial en delitos de terrorismo, condenó a Scilingo a 640 años de cárcel por detención ilegal y torturas cometidas por el ex oficial cuando prestaba servicios en el centro de detención ilegal y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue la primera de este tipo de sentencias aplicando la jurisdicción universal por delitos de lesa humanidad.

La novedad de gran trascendencia es que el Supremo, el mayor órgano jurisdiccional en España, consideró ayer para aumentar el castigo a Scilingo las acusaciones particulares contra el ex capitán de fragata.

Marta Bettini de Francese -hermana del actual embajador argentino en España Carlos Bettini-, y otros familiares de desaparecidos interpusieron acusaciones donde relataban el secuestro, torturas y desapariciones de sus familiares.

La señora Bettini de Francese testimonió durante el juicio contra Scillingo que entre 1976 y 1977 fueron asesinados su hermano y su abuela, mientras que desaparecieron su esposo el teniente de corbeta retirado Jorge Devoto y su padre, el profesor de Derecho Antonio Bettini.

Scilingo había llegado voluntariamente a España el 6 de octubre de 1997. En sus primeros testimonios ante el juez Baltasar Garzón confesó que había participado en dos "vuelos de la muerte" donde fueron arrojados al mar vivos desde un avión de la Marina de Guerra Argentina, treinta secuestrados desaparecidos.

Aunque después se retractó, fue condenado entonces por causar las treinta muertes "con alevosía", detención ilegal torturas.

El tribunal impuso a Scilingo treinta condenas de 21 años y otras dos de cinco años cada una. Las acusaciones reclamaron a ese tribunal que se castigara a Scilingo como responsable de todos los hechos en los que había participado.

El Supremo, ante el pedido de las acusaciones particulares sobre otros delitos de Scilingo, aceptó su responsabilidad y aumentó la pena en 444 años. También estableció, de acuerdo a la legislación penal vigente, que Scilingo deberá cumplir un límite máximo efectivo de la condena de 25 años.

http://www.clarin.com/diario/2007/07/05/elpais/p-01401.htm

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Julio 2, 2007

Arg - Para Sabsay, con la nulidad de los indultos a represores podrían retomarse muchas causas

Ante el inminente fallo de la Corte Suprema que podría declarar la inconstitucionalidad del decreto de Menem que benefició al ex general Riveros, el constitucionalista explicó que ahora “todo se retrotrae al estado anterior y puede continuar el proceso”. Además, señaló que se tratan de "delitos de lesa humanidad imprescriptibles y que no pueden ser objetos de perdón”.

Frente a la proximidad de la decisión de la Corte Suprema que podría declarar en las próximos días la nulidad del indulto al ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, el constitucionalista Daniel Sabsay explicó que ahora podrán retomarse muchas causas.

En declaraciones a TN, el especialista señaló que “si las causas estaban abiertas, se retoman”. “Todo se retrotrae al estado anterior y puede continuar el proceso, es lo que estaban buscando quienes plantearon esta nulidad”, dijo.

Respecto a la polémica decisión del ex presidente Menem de indultar tanto a militares como jerarcas guerrilleros, dijo que se trataba de “delitos de lesa humanidad, imprescriptibles que no pueden ser objetos de perdón”.

Según informó hoy el diario Clarín, la Corte declarará en los próximos días la inconstitucionalidad de los indultos a los represores firmados por el ex presidente Carlos Menem en 1989.

Ese año, el ex presidente firmó el decreto 1002, que indultó a militares procesados por homicidios, privaciones ilegales de libertad y otros delitos, en 30 causas.

La decisión del máximo tribunal será en la causa iniciada contra quien fuera comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, en un fallo que podría firmarse el martes 10 o el 17 de julio, según informa en su edición de hoy el diario Clarín.

El caso Riveros será el antecedente para derribar a todos los beneficiados por el decreto 1002. Ellos fueron, entre otros, los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides; los generales Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy y el mencionado Riveros.

Riveros estaba acusado de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas durante la dictadura. Su caso fue emblemático porque la Justicia de primera instancia declaró inconstitucional el indulto, pero ese fallo fue revocado por la Cámara Federal de San Martín. Luego, la Cámara de Casación Penal volvió a declarar inconstitucional el indulto y el caso llegó a la Corte.

La decisión de la Corte Suprema terminará de dar forma a un proceso judicial que ya suma -según cifras de los últimos meses- más de 950 procesos penales en trámite por distintos crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1976 y 1983. En esa cantidad de expedientes, se registran detenciones de más de 200 represores. Y se investigan torturas, secuestros y homicidios en 498 centros clandestinos de detención ilegal.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66705&id=159792&sec=1&dis=1

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Junio 30, 2007

Arg - Piden juicio oral para varios represores

Actuaron en los campos clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco durante la última dictadura militar. En la lista están Raúl Guglielminetti y Julio "el turco Julián" Simón, entre otros.


Un fiscal solicitó a la Justicia Federal elevar a juicio oral la causa que se les sigue al ex agente de inteligencia, Raúl Guglielminetti, y a otros represores que actuaron en los centros clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco, informaron ayer fuentes tribunalicias.

El requerimiento fue realizado por el fiscal Federico Delgado ante el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa que involucra a Guglielminetti y a una docena de ex policías, ex gendarmes y a un ex integrante del servicio penitenciario, quienes actuaron en esos centros durante la última dictadura.

La solicitud alude a Guglielminetti y a los también procesados ex policías Samuel Miara, Juan Falcón, Raúl González, Eduardo Kalinec, Eufemio Uballes, Luis Donocik, Roberto Rosa, Oscar Rolón y Julio "el turco Julián" Simón; a los ex gendarmes Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y al ex penitenciario Juan Carlos Avena.

En un dictamen de 40 carillas -al que tuvo acceso Télam- el representante del Ministerio Público analizó lo ocurrido en esos centros de detención y tortura, que el juez Rafecas parangonó con los campos de concentración del nazismo, durante la dictadura militar.

Delgado responsabiliza a cada uno de los involucrados por varias decenas de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos, entre otros delitos que los tratados internacionales y la Corte Suprema de Justicia califican de "lesa humanidad".

El fiscal explicó "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional".

Sostuvo que "no se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia".

En su pedido, el representante del ministerio público señaló que "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder" en marzo de 1976 "con el deliberado objetivo de despolitizar y ’normalizar’ un momento de la historia que se percibía como ’amenazante’ para el orden social vigente".

"Se trató de la feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil", dijo Delgado y añadió que "en la Argentina en la época que tratamos el soberano no era otro que la junta militar y sus dependientes jerárquicos".

La "perversa connivencia de un marco normativo ilegal y brutales prácticas que lo convertían en una fachada que velaba la crueldad y pretendía proporcionar una envoltura jurídica que aspiró a ocultar la naturaleza del régimen", también mereció el análisis del acusador.

El fiscal fundamento el pedido en la necesidad de juzgar a quienes "en forma coordinada y como parte de la ’maquinaria estatal del terror’ materializaron aquellas mandas de secuestrar, encerrar furtivamente, atormentar física y psíquicamente, eventualmente ’controlar’ tras la liberación y ’negar al otro’".

Describió luego pormenorizadamente la actividad que se cumplía en cada uno de los centros clandestinos de detención donde "la práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" donde "los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas".

Añadió que los imputados "al implantar el terror en la mente de sus víctimas, neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas que les permitiera ofrecer respuestas coincidentes a los interrogatorios a que serían sometidos".

A Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", le imputó 75 casos de secuestros y torturas, 56 de ellas agravadas; a Miara, Rosa, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik y a Rolón los responsabilizó por los mismos delitos en 25 oportunidades; a Simon por 23 hechos y a Cardozo, Pereyra Apestegui y Avena, por 14 veces.

Delgado sostuvo que "la estructura del ’Proceso de Reorganización Nacional’ en la denominada ’Lucha Antisubversiva’ construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada, a través de Zonas, Subzonas, Areas y subáreas cada una de las cuales tenía asignada una estructura militar responsable".

"A la vez fueron implementados distintos grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad, que operaban desde los diversos centros clandestinos de detención desde los cuales se llevó a cabo el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", añadió.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66510&id=159447&sec=1&dis=1

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Junio 27, 2007

Arg - Habrá un Tribunal exclusivo para juzgar a los represores

(AW). Una resolución de la Cámara de Casación Penal dispuso hoy que el Tribunal Oral Federal número 5 se dedique de manera exclusiva a preparar los juicios orales por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar que gobernó al país a partir de 1976.

Buenos Aires, 26 junio de 2007 (Agencia Walsh). La Cámara de Casación Penal dispuso hoy que el Tribunal Oral Federal número 5 de esta capital se dedique en forma "exclusiva" a preparar los megajuicios orales por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

Según fuentes judiciales, esta medida debería acelerar el inicio de esos procesos orales puesto que liberó al tribunal de intervenir en todos aquellos expedientes que habían sido elevados a juicio con anterioridad a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Esos procesos serán derivados a otros tribunales y así el Tribunal intervendrá solamente en los juicios contra represores que investigaron en primera instancia los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres, de acuerdo con lo informado hoy en los Tribunales porteños.

En la causa que investiga los crímenes del Primer Cuerpo ya fueron elevados a juicio varios legajos que analizaron los hechos cometidos en diversos centros clandestinos de detención, y antes de fin de año podría agregarse a los mismos los crímenes cometidos en los campos de concentración "El Olimpo", "Vesubio" y "El Banco".

El TOF5, es el mismo tribunal que condenó a 25 años de prisión al represor Julio Simón alias "el turco Julián", y está integrado por los jueces Luis Di Rienzi, Andrés Federico Gordo y Ricardo Farías.

En el debate oral por los hechos cometidos en el Primer Cuerpo intervendrá el fiscal Félix Crous, mientras que en el juicio por la ESMA, la representación del Estado estará a cargo de la fiscal Mirna Goransky.

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

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Junio 20, 2007

Arg - Protección a testigos en juicios contra represores de la dictadura

(168 Horas – miércoles 20 de junio de 2007) Alberto Linares, titular del Centro de Protección de Asistencia a la Víctima de la Provincia de Buenos Aires, dijo que la oficina a su cargo tiene por objeto acompañar y contener a "toda víctima de la provincia de Buenos Aires".

Explicó que "hemos abordado testigos de causas de juicios ordinarios y juicios por crímenes de lesa humanidad". Agregó que "cuando la persona tiene la necesidad de entrevistarse con el juez, con el fiscal, cuando tiene una necesidad de salud o de seguridad, nosotros hacemos la gestión en el ámbito correspondiente".

En diálogo con una emisora, señaló que cuando una persona ha sido agredida por un agente del Estado, "tiene toda la reticencia de que alguien que pertenece a esa misma fuerza esté hoy custodiándolo en la puerta".

Linares indicó que se trata de "algo natural", por lo que en esos casos se hace uso de "mecanismos alternativos". Con respecto a los juicios contra represores de la dictadura, el funcionario aseguró que a los testigos se les brinda una especial dedicación debido a que son personas que tienen que revivir, en un ámbito público, momentos terribles que han vivido hace 30 años, lo que constituye un hecho "muy traumático y complejo".

El Centro tiene sede en La Plata, calle 48 Nº 726 primer piso; los teléfonos son (0221) 427-2400 ó (0221) 427-4004 y el correo electrónico es cpv@gba.gov.ar

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Arg - Bignone recusó a un juez por el robo de bebés

El ex presidente de la dictadura cuestionó el sistema de subrogancias.

El dictador Reynaldo Benito Bignone recusó ayer a uno de los magistrados del Tribunal oral que lo juzgará por su responsabilidad en el robo de bebés durante la última dictadura militar porque ejerce el cargo el subrogancia.

La presentación fue realizada ante el Tribunal oral Federal número 6 y apuntó directamente al juez sobrogante Jorge Gorini cuyo apartamiento fue solicitado por Bignone.

Ese tribunal será el encargado de llevar adelante el proceso oral contra Bignone y otros represores acusados de haber sustraído ilegalmente hijos de madres desaparecidas durante la última dictadura militar.

En su presentación Bignone cuestionó el sistema de subrogancias implementado por el Consejo de la Magistratura al calificarlo de "manifiestamente inconstitucional".
En este sentido recordó que el artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación establece que "nadie podrá ser juzgado por otros jueces" que los designados de acuerdo con la Carta Magna.

Hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia estableció que el sistema de subrogancias es inconstitucional pero aclaró que para evitar nulidades masivas en las investigaciones los magistrados designados bajo ese sistema seguirán en sus cargos durante el plazo de un año.
Esta investigación fue elevada a juicio oral y público por el juez federal Guillermo Montenegro quien imputó a los represores Bignone, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge "el Tigre" Acosta y Héctor Febres.

http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/nacionales/20070620_005926.php

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Arg - Prisión Domiciliaria para Joaquín Guil

El ex jefe de la Policía de Salta está imputado por homicidio calificado doblemente agravado por la muerte de presos políticos. Declaró ayer ante la jueza federal jujeña Graciela Coma en la causa abierta por la masacre de Palomitas.

SALTA. El ex jefe de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quedó detenido en su domicilio después de declarar ayer ante la jueza federal jujeña Graciela Coma en la causa abierta por la Masacre de Palomitas.

"El arresto domiciliario se otorgó al imputado como beneficio por su edad -tiene 70 años-", dijo esta mañana Tania Nieves Kiriaco, abogada de agrupaciones de derechos humanos.

La letrada explicó que ayer en la noche la magistrada ordenó la detención preventiva de Guil en Gendarmería como imputado por "homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos ó más personas".

"Sin embargo a última hora de la noche, los abogados del ex policía apelaron la medida y se le otorgó la prisión domiciliaria", dijo Kiriaco.

A Joaquín Guil se lo acusa de haber participado directamente en los sucesos que terminaron en el fusilamiento de 12 presos políticos.

En el juicio por la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, también están imputados los militares Hugo César Espeche, Carlos Mulhall y Miguel Gentile.

Kiriaco indicó que los familiares de las víctimas de la Masacre de Palomitas tienen la sensación que "ésta causa se dilató en el tiempo para beneficiar a Guil con la prisión domiciliaria".

http://www.radiosalta.com/noticia.php?idn=206923

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Junio 9, 2007

Arg - Rechazan liberar a represor procesado por crímenes durante la dictadura

La Cámara Criminal Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón. Se le atribuyen 183 casos de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos a personas en centros clandestinos de detención

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La Cámara en lo Criminal Federal rechazó otorgar la libertad al represor Oscar Rolón, procesado por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar en la órbita del Cuerpo I del ejército, a pesar que lleva detenido más de dos años sin condena

Según fuentes judiciales el tribunal confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón, a quien se le atribuyen 183 casos de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos a personas en los centros clandestinos de detención "El Atlético", "El Banco" y "El Olimpo".

La defensa había reclamado la libertad basada en la ley 24.390, que establece el término de dos años como el plazo máximo de encarcelamiento sin sentencia definitiva, pero la Sala I de la Cámara afirmó que "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo del imputado".

El juez federal Daniel Rafecas consideró que, si recupera la libertad, Rolón eludirá el proceso que se le sigue y, al revisar la resolución la Cámara sostuvo que, en casos como los que involucran al imputado, la concesión de la libertad no es automática ni opera por el mero paso del tiempo.

La Sala I expuso, además, que otorgamiento del beneficio podría impedir el progreso de la investigación reabierta luego que, en agosto de 2003, el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah destacaron que la actividad en los centros clandestinos de detención en los que habría actuado Rolón "no fue simultánea, sino que cuando uno de ellos se cerraba, los detenidos que allí se encontraban eran trasladados al que le siguió en orden cronológico".

El Atlético, sito entre Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba de esta ciudad, funcionó desde mediados de 1976 a diciembre de 1977; El Banco, en Autopista Ricchieri y el Puente 12, en la localidad bonaerense de La Matanza, hasta mediados de 1978 y El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, de Capital Federal, desde agosto de 1978 hasta principios del año siguiente.

Cavallo y Farah recordaron que muchos de los detenidos y torturados continúan como "desaparecidos" y que "faltan elementos probatorios para determinar el destino de las personas que originariamente habían sido privadas de su libertad".

Los camaristas evaluaron que Rolón habría mantenido "contacto directo" con las víctimas, lo que "permite suponer que conoce los aspectos de la última fase (desaparición de personas) de las maniobras delictivas".

En la hipótesis que el procesado cuente con tal información podría entorpecer la investigación, con el objeto de evitar que se conozca el destino real de las víctimas de los hechos que se le imputan, analizó el tribunal.

Los camaristas también tuvieron en cuenta que, desde que se emitió la orden de captura de Rolón, en octubre de 2003, hasta que fue detenido por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal, permaneció un año y medio prófugo de la justicia.

Ello "representa un parámetro para presumir la existencia de peligro de evasión", concluyeron Cavallo y Farah para confirmar la resolución que prorrogó la prisión preventiva.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268522337/

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Junio 2, 2007

Arg - Cada vez falta menos para juzgar a los represores de la dictadura en Rosario

El fiscal Ricardo Vázquez le pidió al magistrado Federal Germán Sutter Schneider la elevación a juicio de una causa que involucra a militares, en la participación del centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes.


La sensación de que se va a hacer justicia con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, está cada vez más cerca. Así lo sienten, por lo menos, los organismos de Derechos Humanos que, desde hace años, trabajan incansablemente para que los delitos cometidos durante el último golpe militar de 1976 no queden impunes.

La novedad, ahora, es que luego de un largo tiempo de espera, el fiscal federal Ricardo Vázquez le solicitó al juez Germán Sutter Schneider la elevación a juicio de la causa Pascual Guerrieri, que investiga la responsabilidad de 15 militares sospechados de haber participado en el centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes.

Además del ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, serán juzgados por 14 secuestros, seguidos de torturas y muerte Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña y Eduardo "Tucu" Constanzo. En una segunda etapa, está previsto que también se juzgué a Luciano Jáuregui, Carlos Sfulcini y Walter Pagano, quienes también se desempeñaron en el citado centro clandestino de detención.

Según informó la agrupación H.I.J.O.S. en un comunicado, el juez deberá ahora resolver si están dadas las condiciones para elevar a juicio la causa de la Quinta de Funes. En el mismo documento los militantes indican que “el histórico momento del primer juicio oral que se realizará a los responsables del terrorismo de estado en Rosario y la zona, podría estar comenzando a fines de este año o principio de 2008”.

http://www.notiexpress.com.ar/news.cgi?accion=vernew&id=8454

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Junio 1, 2007

Arg - Bejas prometió celeridad en las causas de la dictadura militar

Dispuesto a explicarle a la sociedad sus sentencias y con la convicción de que acelerará las investigaciones en contra de los represores que actuaron en la última dictadura militar, Raúl Daniel Bejas juró ayer como juez federal subrogante Nº 1, cargo que dejó el cuestionado Jorge Parache. “No sólo los familiares de desaparecidos, sino la sociedad y la historia piden la celeridad en las causas de la dictadura. Y en esa dirección tenemos que ir”, sentenció en diálogo con la prensa. También se definió como un “perfeccionista" continuo. “Hay que cambiar no sólo la dinámica del Juzgado sino los funcionarios (con la rotación) para que transmitan sus experiencias en otras áreas”, anticipó.

Con un perfil mediático y de apertura a la sociedad, Raúl Daniel Bejas asumió ayer como juez federal subrogante Nº 1, cargo que dejó el cuestionado Jorge Parache tras 22 años de ocupar esa función. El primer desafío que afrontará Bejas a partir de las 7 de hoy serán las cientos de causas reactivadas por las denuncias de las víctimas de los años sangrientos de la última dictadura militar y en este sentido el entusiasta sucesor de Parache prometió celeridad a los expedientes para llegar de una vez por todas al juicio oral y público a los represores.

“No sólo los familiares de desaparecidos, sino la sociedad y la historia piden la celeridad en las causas de la dictadura. Y en esa dirección tenemos que ir. Creo que las causas de derechos humanos, las de naturaleza alimentaria, contenido social, las que requieren prestación médico-asistenciales urgentes a niños y ancianos y; las previsionales, tienen la urgencia que el caso requiere”, definió a minutos de prestar juramento ante el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl Mender.

Con la presencia de presidentes de algunos partidos políticos con personería nacional, magistrados de la Justicia Federal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y funcionarios del PE provincial, Raúl Daniel Bejas juró ayer a las 18.18 en el Salón de Actos del edificio de Tribunales Federales, en Las Piedras al 400. Bejas, conocido también por su trayectoria como apoderado en el Partido Justicialista, se desempeñaba como vocal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Mender estuvo acompañado por el resto de los integrantes de la CFA: Ricardo Sanjuán, Marina Cossio de Mercau, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Wayar.

Luego, le tocó el turno a María Alicia Noli, quien asumió como vocal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. En su caso, fue el presidente del Tribunal Oral, Gabriel Eduardo Casas, quien le tomó juramento. Noli integra ahora ese tribunal con Casas y Carlos Jiménez Montilla. En ambos casos, los funcionarios judiciales juraron por “la Patria y vuestro honor” (no por Dios) “para administrar bien y legalmente la Justicia”.

En estos términos, Bejas dialogó con la prensa:

-Usted también asumió como juez con competencia electoral. ¿Esto le genera algún compromiso en particular desde su militancia en el PJ?

- No. Yo vengo de una militancia política en el PJ. Y hoy (por ayer) invité a los presidentes de los partidos políticos con personería nacional por la militancia y el compromiso social que ellos representan y para reivindicar la participación activa y con una proyección de ideas continuas. Y el problema es un error de entendimiento de sectores interesados. La política es el arte de construir, los errores los cometen los hombres.

- Habló de un reordenamiento funcional del Juzgado Nº1

- Es la dinámica o la impronta que le quiero imponer al Juzgado que parte de un perfeccionamiento continuo. Vengo de una escuela de perfeccionamiento continuo producto de mi paso y permanencia en la universidad. Hay que cambiar no sólo la dinámica sino funcionarios (con la rotación) para que transmitan sus experiencias en otras áreas. Esto no tiene que ver con los cuestionamientos en el Juzgado.

-¿Mantendrá la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Norberto Véliz?

(Silencio)……Es una buena pregunta… En principio sí.

-¿Y cuál es su opinión de los fiscales federales?

-Los conozco y sé de sus capacidades

- ¿Cuál será su trato con la prensa?

- Los jueces no hablan solo por sus sentencias, tienen una proyección social y por ende, la obligación de escuchar a la ciudadanía. Las sentencias no sólo deben ser asequibles o entendibles para los litigantes o abogados, sino que en función de esa proyección social, deben ser explicadas a la sociedad. Así que no tengan dudas que en las sentencias de trascendencia social seré el primero en explicarlas. Es mi deber y obligación.

-¿Cuál es su proyección como magistrado?

- He concursado para el cargo que dejó vacante el destituido Felipe Terán y lo voy a hacer para el cargo del Juzgado Federal Nº1.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34927

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Arg - El infierno que diseñó Galtieri

PIDIERON ELEVAR A JUICIO ORAL LA CAUSA "QUINTA DE FUNES"


El pedido lo impulsó el fiscal federal Vázquez al juez Sutter Schneider. Hay connotados represores comprometidos.

Por José Maggi

Los tribunales federales de Rosario serán escenario del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos: es que el fiscal federal Ricardo Vázquez, le solicitó al juez federal Germán Sutter Schneider que eleve a juicio la causa Pascual Guerrieri, conocida como Quinta de Funes, en referencia al centro clandestino de detención. Además de su máximo responsable, el ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, serán juzgados en los próximos meses por 14 secuestros, seguidos de torturas y muerte Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña y Eduardo "Tucu" Constanzo.

El cerco había comenzado a cerrarse un año atrás cuando el magistrado federal Nº4 Sutter Schneider, decidió dar por cerrada la instrucción de la causa, y pidió se expresara la fiscalía que por entonces ocupaba Griselda Tessio, quien dejó el cargo sin hacerlo. Fue recién ahora, en tiempos del fiscal Vazquez el que decidió pedir la elevación a juicio en el marco del primer expediente reabierto en 2004, tras comenzar como un juicio por la verdad histórica. El tiempo trasncurrido también ameritó que Sutter Schneider prorrogue la detención de Guerrieri a un cuarto año.

El caso de los también encartados Luciano Jáuregui (ex general), Carlos Sfulcini (abogado, en libertad) y Walter Pagano (otrora agente de Inteligencia del Ejército) quedará para una segunda etapa porque aún restan medidas judiciales por adoptar.

Pero este trámite de elevación a juicio demandará tiempo: el magistrado, deberá notificar a las querellas y las defensas. Y antes del inicio de las audiencias públicas los vocales del tribunal oral tendrán que analizar la causa. Alli comenzará la conformación del tribunal oral encargado de juzgarlos: el camarista Omar Digeronimo se excusara por haber sido instructor, al igual que el juez de instrucción Carlos Vera Barros en caso de ser convocados, al igual que la camarista Laura Inés Cosidoy.

Solo quedarían en pie Venegas Echagüe y Otmar Paulucci, por lo cual seguramente serán convocados conjueces: primero ex jueces federales que estan obligados a estar a disposción del tribunal, para luego dar apsoa al listado de abogados de la matrícula.

Cabe recordar que la última vez que Guerrieri estuvo en Rosario frente al juez fue en marzo pasado cuando fue indagado por "asociación ilícita"

Lo ocurrido en Quinta de Funes es conocido, pero bien vale recordar que dos de las denunciantes de esta causa como la actual diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez y Cecilia Nazábal, señalaron que pro este centro de detención pasaron: "Pedro Retamar, "el tío";Estela Hilbrand de Del Rosso; Jorge Novillo, "Ignacio"; Carlos Laluf, "Nacho"; Marta María Forestello, "Lala"; Miguel Angel Tossetti, "Leopoldo"; Fernando Dante Dussex, "Juan" --esposo de Cecilia--; Liliana Nahs de Bruzzone; Eduardo Toniolli; Raquel Negro; Oscar Daniel "Foca" Capella; Ana María Gurmendi, "la Gringa"; Rena Lloveras; Tere; Pipa y Juana".

Por los asesinatos de todos ellos ahora serán juzgados estos primeros cuatro represores, iniciando asi un camino lento y moroso hacia la justicia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-8774-2007-06-01.html

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Arg - Denuncian que la inacción de la Justicia amenaza con dejar a represores en libertad

Capital Federal - Hoy por la mañana durante una conferencia de prensa realizada por las Abuelas de Plaza de Mayo, este organismo expresó su preocupación por la decisión de la justicia de liberar a un represor, ex servicio de inteligencia de la Gendarmería Nacional, y presunto responsable de la apropiación de un joven hijo de desaparecidos. Víctor Enrique Rei espera el juicio oral desde hace seis meses, sin embargo hasta el momento, la justicia aun no ha decidido, siquiera, qué tribunal lo juzgará.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 decidió el pasado 24 de mayo el cese de la prisión preventiva de Víctor Enrique Rei tras haber pasado tres años detenido en una unidad de la Gendarmería. Si bien los jueces fundaron esta decisión en el Pacto de San José de Costa Rica, omitieron considerar que este mismo tratado dispone la obligación del Estado argentino de llevar a juicio y sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad, por lo que esta resolución pone en riesgo el cumplimiento de este deber, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificada por la Corte Suprema argentina.
Se trata de una nueva decisión relacionada con las alarmantes demoras de los tribunales para juzgar a los responsables del genocidio cometido durante la última dictadura militar. De hecho, la investigación se cerró el año pasado, luego de que la jueza federal María Servini de Cubría ordenara un procedimiento por el cual el Banco Nacional de Datos Genéticos pudo establecer que el joven apropiado por Rei era en realidad el hijo de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval, ambos desaparecidos.

El pasado 20 de abril, otro Tribunal Oral Federal Nº 6, que había sido sorteado para realizar el juicio oral contra Rei, se declaró incompetente y remitió la causa al TOF 5, argumentando un dudoso criterio de conexidad con otro juicio en el que también se dirimirá la responsabilidad de otros acusados de sustracción de una bebé durante la dictadura militar. De esta manera, este juicio se suma a la larga lista de los que tendrá que realizar ese Tribunal, que ya tiene a su cargo los casos por los crímenes cometidos en la ESMA y en el marco del Primer Cuerpo del Ejército.

Sin embargo, la competencia del Tribunal 5 aún no quedó firme a pesar de que la elevación a juicio fue decidida en diciembre del año pasado. Lo paradójico es que los tribunales demoran medio año en decidir quién debe realizar un juicio mientras que se trata de un caso cuyas audiencias podrían realizarse en sólo una semana.

La preocupación de Abuelas de Plaza de Mayo se basa en que la decisión del Tribunal 5 de liberar a Rei pone en riesgo la realización del juicio oral, ya que los propios antecedentes del imputado dejan serias dudas de que se presente ante el requerimiento judicial.

Todo un personaje siniestro

De hecho, Víctor Rei fue parte de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería Nacional, y en ése carácter fue uno de los militares entrenados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Fuerte Gulick, en Panamá, desde donde se establecieron las estrategias de torturas, represión clandestina y desaparición de personas en Argentina, así como en muchos otros países de América Latina. Por esa participación, Rei fue nombrado miembro honorario de la “Rama de Inteligencia Militar del Ejército de Estados Unidos”.

Participó también del denominado Operativo Independencia en Tucumán bajo el mando de los represores Adel Edgardo Vilas y Domingo Bussi en 1975, y tal como se probará en el juicio también tuvo una participación activa en la inteligencia de los grupos de tareas que llevaron adelante la represión ilegal durante la dictadura militar. Así lo reconoció él mismo en el juicio a las juntas realizado en 1985.

Por otro lado, tanto la querella como la fiscalía tendrán que ofrecer, cuando el tribunal lo establezca, las pruebas que llevarán al juicio para acusar a Rei. Muchas de esas pruebas son declaraciones de testigos, cuya seguridad también se pone en crisis con la liberación del imputado.

Según se informó durante la conferencia de prensa, estos y otros argumentos expondrá la querella de Abuelas de Plaza de Mayo al recurrir esta decisión del Tribunal, que pasará a ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Instancia duramente cuestionada en estos últimos meses desde el poder político a raíz, justamente, de las demoras en la tramitación de los juicios por casos similares a este.

En ese sentido, las Asociación Abuelas de Plaza de Mayo señaló que "comparte el principio de que la privación de la libertad de las personas sin condena debe ser dramáticamente limitada, pero deja en claro también que es el sistema de justicia el responsable de las demoras que generan prolongadas prisiones preventivas, por lo que son los jueces quienes deben asumir su responsabilidad cuando estas privaciones de derechos se prolongan violando otros derechos humanos".

En definitiva, Abuelas la postura del organismo es firme e ireductible: exige a la justicia la realización urgente del juicio oral contra Rei para determinar la verdad y restablecer la justicia, así como del resto de los juicios pendientes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

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Mayo 29, 2007

Arg - Causa Brusa: revocaron la prisión preventiva y domiciliaria del represor Nicolás Correa


El conjuez de Santa Fe Leandro Corti que tramita la causa Brusa firmó el jueves pasado la resolución para revocar la prisión preventiva y domiciliaria del suboficial del Ejército, Nicolás Correa, y este lunes fueron notificadas las partes. La decisión se basó en que el procesado por el presunto delito de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales, violó en reiteradas oportunidades durante el 2006 las disposiciones de la justicia. De este modo, deberá permanecer entre las 8 y 17 horas en el Patronato de Liberados de esa ciudad y las horas restantes en su domicilio de barrio Candioti.

Corti decidió el jueves pasado revocar la prisión preventiva y domiciliaria del procesado y detenido ex suboficial, de 70 años, quien deberá permanecer entre las 8 y 17 horas en el Patronato de Liberados de la provincia de Santa Fe y las horas restantes en su domicilio de barrio Candioti, puesto que violó en varias oportunidades la prisión preventiva y domiciliaria en el 2006.

Si bien la resolución encontró algunas resistencias entre los defensores de Correa que, en todo momento, argumentaron que el preso tiene serios problemas de salud, sobre todo coronarios, los argumentos no fueron sólidos.

Fuentes de la querella indicaron que habían pedido la cárcel común, “puntualmente que sea alojado en el penal de Coronda ya que la violación de la prisión domiciliaria es muy grave”, según informó Notife.

Cabe recordar que Correa se retiró del Ejército en 1976 mientras se desempeñaba en el Destacamento 122 de Inteligencia de Santa Fe, y diversos testimonios lo señalan como el jefe de un grupo que se dedicaba a torturar detenidos. Actualmente, está procesado por el presunto delito de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales; y junto a otras ocho personas, entre civiles, ex policías, ex militares y hasta un ex juez federal, espera que la causa se elevada a juicio oral.

http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=59059

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Mayo 26, 2007

Arg - Procesan a cuatro bonaerenses

Fue la prisión clandestina cercana a La Plata donde desaparecieron 150 prisioneros, entre ellos los chicos de la Noche de los Lápices. La semana pasada detuvieron a sus cuatro máximos responsables, ahora procesados.

El juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, ordenó las detenciones y ahora los procesamientos.

A comienzos de 1976, alrededor de La Plata empezó a funcionar uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia de Buenos Aires. La jerga policial lo llamó “Sección de Cuatrerismo” o “Pozo de Arana”.

Por allí pasaron unos 150 detenidos-desaparecidos, entre ellos los alumnos de la Noche de los Lápices. La justicia de La Plata detuvo la semana pasada, después de mucho insistir, a cuatro de los máximos responsables del lugar. Ahora acaba de dictar los procesamientos en el marco de la primera investigación profunda sobre los crímenes cometidos en Arana. Entre los procesados está el jefe del Destacamento y el de la Brigada de Investigaciones de La Plata, uno de los represores que además trabajó codo a codo con el ex capellán de policía Christian von Wernich.

Las detenciones y procesamientos de los cuatro comisarios retirados de la bonaerense corrieron por cuenta del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, en base a un pedido elevado a fines de año por el fiscal Sergio Franco, en una causa que se había paralizado en 1986 con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En este caso, Corazza confirmó las detenciones y procesó a todos prima facie como partícipes necesarios de privación ilegal de la libertad y torturas, en concurso real. Con los procesamientos impuso además embargos de un millón y 500 mil pesos, de acuerdo al caso.

Los cuatro procesados son Miguel Kearney, comisario general retirado, nacido en Ameghino el 5 de setiembre de 1936; Rubén Oscar Páez, comisario general retirado, nacido en Ramallo el 27 de agosto de 1935; Bernabé Jesús Corrales, comisario general retirado, nacido en Pehuajó el 23 de noviembre de 1936 y, finalmente, a Pedro Antonio Ferriole, comisario inspector retirado, nacido en Pilar el 31 de enero de 1934. De acuerdo a la investigación, a los aportes de testimonios surgidos de la Conadep y de las audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, la justicia logró reconstruir las funciones de cada uno durante los primeros años de la dictadura, cuando estuvo en funcionamiento el Destacamiento de Arana.

De acuerdo a esa lectura, todos formaron parte de un grupo de tareas que se encargaba de detener y trasladar a los secuestrados. Por el lugar que ocuparon en la cadena de mandos de la policía bonaerense tuvieron, de acuerdo a la resolución, “conocimiento de la ilicitud del sistema”, impartieron órdenes y aportaron medios materiales para los procedimientos. Uno de los casos emblemáticos es el de Kearney. Ni los ex detenidos ni los que investigan la causa olvidan sus funciones en Arana. Kearney fue jefe del destacamento durante el tiempo que estuvo en funcionamiento desde comienzos de 1976, aunque nada de eso figura en sus papeles de servicio, como sucede en muchos otros casos. Los legajos lo dan como parte del personal de la Brigada de Investigaciones, desde el 17 de enero de 1979.

Un dato importante es que Arana dependía técnicamente de la Brigada de Investigaciones donde de hecho prestaba servicios para la misma época el resto de los procesados. Páez era el jefe de la Brigada, Corrales fue su segundo y Ferrioles lo sucedió tiempo después. Uno de los datos más curiosos indica un ascenso que recibió justamente Páez durante el funcionamiento del centro clandestino. Según su foja, el 3 de febrero de 1977 recibió un ascenso de Comisario de Seguridad a Comisario Inspector por “méritos extraordinarios”. Para entonces, aun comandaba la Brigada de Investigaciones. Lo hizo hasta el 2 de diciembre de 1977.

Esos datos no surgieron únicamente de la foja de servicio de los represores, porque parte de sus funciones reales no aparecían. La justicia reconstruyó roles y lugares con numerosos testimonios que dieron cuenta de esa estructura y de la participación de cada uno en los centros. Jorge Julio López, el ex detenido político cuyo testimonio sirvió para condenar al ex comisario general Miguel Etchecolatz el año pasado en La Plata y quien se convirtió ahora en otro desaparecido, también declaró contra Kearney y los hombres de Arana. López estuvo detenido en ese lugar, como estuvieron Pablo Díaz y Jorge y Raúl, los hijos de Hebe de Bonafini, hoy desaparecidos. Entre quienes permitieron dar cuenta de los roles de los represores, el informe puntilloso de Corazza retoma por ejemplo una declaración del Juicio por la Verdad sobre Corrales, a quien la justicia ubica desde el 25 de noviembre de 1977 y hasta el 5 de enero de 1979 como segundo de Páez en la Brigada de Investigaciones. Corrales era uno de los que “concurría a Arana en muy pocas oportunidades, pero los oficiales que estaban allí lo nombraban bastante como si fuera el Jefe”.

Finalmente, en la causa aún existe un pedido pendiente sobre el lugar. El fiscal Franco pidió rastrillajes porque supone que allí también se quemaron cuerpos. La resolución de Corazza integra un testimonio en ese sentido. Se trata de la declaración de Francisco Domingo Fanjul en el Juicio por la Verdad. Allí mencionó una charla con Roberto Grillo, un ex empleado de la Policía en 1978 o 1979. Grillo les dijo, según Fanjul, que su función en Arana era la de “tratar de hacer desaparecer los cadáveres”, quemándolos en fosas mediante el encendido de gomas de automóviles rociadas con gasoil. De acuerdo a los investigadores, ése era el sistema que habrían encontrado para que no se sintieran olores llamativos.

http://www.26noticias.com.ar/procesan-a-cuatro-bonaerenses-40882.html

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Coordinaran organismos para acelerar los juicios

Con la misión de acelerar los juicios

El Programa Verdad y Justicia coordinará todos los organismos del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos y funcionarios vinculados con los juicios contra los represores. Será coordinado por Marcelo Saín.

Por Victoria Ginzberg

El gobierno nacional creó un programa especial que coordinará todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos de los juicios contra los represores. El organismo estará a cargo de Marcelo Saín, hasta ahora interventor de la Policía Aeroportuaria, y dependerá de la Jefatura de Gabinete. La iniciativa apunta a que haya una sola dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de todas las tareas relacionadas con estas investigaciones y sea el nexo con el Poder Judicial.

El Programa Verdad y Justicia –ése es su nombre– surge, por un lado, a raíz de la desaparición de Julio López, testigo central en el juicio contra Miguel Etchecolatz, y las amenazas y amedrentamientos sufridos por otras personas que deben declarar en los juicios o por los funcionarios judiciales que llevan los procesos adelante. Pero además, la apertura masiva de investigaciones contra represores que se realizaron a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida hizo que fuera necesario ordenar y agilizar esos expedientes. Actualmente hay más de 250 acusados presos, en cárceles o en sus casas, y más de mil causas abiertas en todo el país. Pero hasta ahora, en esta nueva etapa, sólo se realizaron dos juicios orales.

La tarea central en este proceso es del Poder Judicial y de hecho la semana pasada cinco miembros de la Corte Suprema se reunieron con el procurador, Esteban Righi, y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, para comenzar a pensar en mecanismos que permitan que los juicios relacionados con los crímenes de la última dictadura no terminen de concretarse en el 2050. Con el mismo espíritu, se presentó la semana pasada en el Congreso una iniciativa elaborada por dos ex miembros de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes: Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio.

El programa creado ayer involucra a las diferentes dependencias del Ejecutivo que intervienen en el proceso de juzgamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de investigación de las amenazas a testigos y funcionarios. A través de este organismo se canalizarán, por ejemplo, los pedidos que los jueces o fiscales encargados de estos casos hacen al Gobierno, ya sea una petición a las diferentes fuerzas de seguridad (policías de las diferentes provincias, Policía Federal, Gendarmería o SIDE) o una solicitud de reasignación de recursos.

La forma de implementación de los juicios sobre terrorismo de Estado –sobre todo luego de la desaparición de López– es una de las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había elaborado hace varios meses una serie de documentos con propuestas para subsanar las que consideraban deficiencias en diferentes organismos con responsabilidades en el tema: el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Casación.

Ayer, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró un “acierto” la creación de este programa y destacó otras medidas tomadas en el último tiempo como la implementación de un ámbito dentro de la Procuración para la organización de los fiscales y la decisión de la Corte de dar impulso a algunos juicios del interior del país mediante la resolución de conflictos generados por la existencia de causas sin juez y el nombramiento de vacantes de jueces en algunas provincias. El CELS destacó que estará “atento a que el desarrollo de este nuevo programa contribuya efectivamente a la urgente realización de los juicios orales y a la protección de víctimas y testigos”.

El decreto que pone en marcha este nuevo organismo tiene la firma del presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, e Iribarne.

“El juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad –dice la norma en sus considerandos– es un proceso que sentará bases profundas para el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabildad democrática. El compromiso del Gobierno con la verdad y la justicia debe ser materializado mediante la implementación de medidas adecuadas a la complejidad y la especificidad de este proceso”.

Según figura en el decreto, los objetivos del Programa Verdad y Justicia son:

- Coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

- Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares.

- Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.

- Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la protección de las personas involucradas en las investigaciones.

Para llevar a la práctica estos aspiraciones, el programa realizará un “seguimiento integral” de las pesquisas sobre el terrorismo de Estado y en “un plazo de 90 días” tendrá que tener listo un “diagnóstico de los hechos de amedrentamiento que hayan sufrido los testigos o funcionarios, “identificando posibles autores y modus operandi y estableciendo un mapa de riesgo de la situación”. Otra misión de Saín será la de “proponer un plan de protección de víctimas, testigos, defensores y funcionarios y coordinar con los organismos competentes o eventualmente proveer en forma directa las medidas de protección necesarias”. Además, tendrá facultades para realizar tareas de investigación e inteligencia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85508-2007-05-25.html

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Mayo 19, 2007

Arg - Inician querella criminal por desaparición de trabajador yerbatero durante la dictadura

CASO NERI PEREZ

La familia de Neri Pérez, sindicalista yerbatero desaparecido del Establecimiento Las Marías durante la última dictadura militar, inició una querella criminal en el Juzgado de Posadas para que se investigue su alojamiento en centros clandestinos de detención en Misiones, según surge de declaraciones recientes en otras causas similares. Pidieron al juez federal en turno que se agilicen investigaciones al respecto.


Desde la presentación de la denuncia por la desaparición de Pérez, todos los jueces de la jurisdicción se habían excusado de tomar la causa argumentando relaciones personales con propietarios del Establecimiento Las Marías, y otras razones previstas en el Código Penal.

Así el juez primigenio, Juan Ángel Oliva, y una decena de conjueces rechazaron hacerse cargo del proceso, por lo que tomó el puesto el abogado Tomas Chalup.

De todos modos, los familiares de Pérez presentaron la querella criminal ante el Juzgado Federal de Posadas, pidiendo que se tome información de otras causas donde existen declaraciones recientes que hacen alusiones a la desaparición del sindicalista yerbatero, en otras causas similares ya que la actividad yerbatera, sector donde se produjeron las desapariciones, se desarrolla en el norte de Corrientes y sur de Misiones.

Así, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, decidió unir esta querella a la causa madre que investiga desapariciones en Misiones, causa caratulada como Caggiano Tedesco Carlos, Molina Javier y otros, sobre Asociación Ilícita agravada por torturas y Homicidio Calificado.

Los abogados de la familia Pérez, Ramón Enriquez, Fernando Canteli y Rafael Pereyra Pigerl, argumentaron que en varias causas que investiga ese juzgado existen declaraciones que confirman la denuncia de que Neri Pérez fue secuestrado del establecimiento Las Marías y trasladado a centros clandestinos de Misiones.

"Se pidió celeridad en analizar esta querella criminal" señaló a momaarandu.com Hilda Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos, entidad que acompañó esa presentación.

Neri Pérez, trabajaba desde el año 1968 en el establecimiento Las Marías, en la ciudad de Virasoro, también territorio correntino. Era delegado de los tractoristas ante la Federación de Trabajadores Rurales de la República Argentina hasta que el 2 de junio de 1977 fue secuestrado de manera clandestina y arrancado de su domicilio particular.

http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=66810

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Arg - La justicia mendocina citará a declarar a Videla

Es en el marco de la causa que investiga la desaparición de Héctor Fagetti y el secuestro y tortura de Jorge Verón durante el gobierno de Isabel Perón. Como medida previa a la citación, un juez de San Rafael solicitó a la Policía Federal que establezca el domicilio del dictador.

El juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, citará a declarar al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, en la causa que investiga por la desaparición de Héctor Fagetti, y el secuestro y tortura sufridos por Jorge Verón en el gobierno de Isabel Peron, se informó oficialmente hoy.

En una medida previa a la citación, Acosta dispuso que la Policía Federal establezca el domicilio de Videla para citarlo a declarar como imputado.

"Se trata de una medida previa porque creemos que estaría con arresto domiciliario en el barrio porteño de Palermo", dijo Acosta, a cargo de la causa sobre la desaparición de personas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando Videla se desempeñaba como jefe del Ejército.

En declaraciones a Télam, el magistrado dijo que lo citará a comparecer ante el Juzgado Federal, algo que ocurriría "según el tiempo que demande" la ubicación de su paradero.

Videla, de 81 años de edad, cumple prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad y quedaría vinculado en la misma causa en la que está imputada, entre otros, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, cuya extradición desde España fue pedida por Acosta.

El ex Jefe Militar deberá responder por dos casos de desaparecidos: el del estudiante Héctor Aldo Fagetti, quien tenía 24 años y militaba en la Juventud Peronista cuando fue detenido el 24 de febrero de 1976 y supuestamente liberado con un acta falsa el 10 de marzo; y el de Jorge Verón-menor de edad- quien también fue detenido y secuestrado ese mismo mes de febrero.

Por esos hechos se hallan imputados además el diputado nacional del PJ Carlos Ruckauf, el ex senador nacional Antonio Cafiero, y el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62568&id=150459&dis=1&sec=1

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Mayo 18, 2007

Arg - Juzgados por todos sus crímenes

Organismos de Derechos Humanos agrupados en Justicia Ya! Buenos Aires, fundamentó ante la Cámara Federal San Martín el pedido de ampliación de indagatoria a los asesinos del Negrito Avellaneda por la desaparición de 32 compañeros, el asesinato de tres y la privación ilegal de libertad de otros 39.

El Dr. Jorge Brioso representante de la familia Avellaneda, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del Partido Comunista en la causa donde se investiga el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda, afirmó "Venimos a pedir que se aceleren todas las investigaciones para que los asesinos del Negrito Avellaneda sean juzgados por todos sus crímenes, porque no se cometieron delitos individuales, todos los compañeros fueron victimas de un plan de exterminio que sólo puede ser juzgado y condenado si se abandona el paradigma jurídico liberal de pensar en víctimas y asesinos individuales"

Iris Avellaneda, la madre del Negrito, recordó que en estos días su hijo cumpliría 48 años (tenía 14 años en 1976) y afirmó "que si estuviera con nosotros estaría pidiendo justicia para sus compañeros de cautiverio". De eso se trata estrictamente, de que haya justicia para los compañeros.

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Mayo 17, 2007

Proyecto para Agilizar las Causas contra Represores

Para terminar antes del 2057
Por Eduardo Tagliaferro

“Los indultos seguirán la misma suerte que las leyes de obediencia debida y punto final. No hay manera de respetar el derecho consuetudinario internacional al que ha adherido la Corte Suprema”, afirmó ayer el jurista Ricardo Gil Lavedra al presentar públicamente el proyecto suscripto por el bloque de senadores de la UCR para agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos. En una rueda de prensa, de la que también participó el jurista Andrés D’Alessio, los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales defendieron la iniciativa y adelantaron que esperan el acompañamiento del oficialismo para su propio tratamiento.

En la presentación pública, el ex decano de la Facultad de Derecho destacó que en la actualidad hay 1004 sumarios abiertos por violaciones a los derechos humanos. Gil Lavedra tomó la posta y señaló que “esa cantidad de casos no se puede resolver solamente con el Código Penal”. Luego de recordar que a dos años de la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final hubo sólo dos procesos con condenas –el del ex subjefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar, Miguel Angel Etchecolatz, y el del represor Julio Simón, conocido como el “Turco Julián”–, el jurista subrayó que “a este ritmo necesitaríamos entre 50 o 60 años para realizar todos los juicios”.

En palabras de Gil Lavedra, el principal objetivo de la iniciativa es “poder cerrar esta etapa del modo más rápido posible, ya que es una necesidad de las víctimas, que hace treinta años que reclaman justicia, tanto como de los victimarios sobre los que pesa una acusación, como de la sociedad que necesita cerrar con justicia el pasado”.

Gil Lavedra reivindicó la derogación de las leyes denominadas de impunidad o de olvido, así como “la voluntad política de este gobierno en el tema derechos humanos”, pero señaló que “es inadmisible que no hubiera una sola política pública de cómo llevar adelante estos juicios”. En su defensa de la iniciativa legislativa, Gil Lavedra la calificó como “un camino que debe hacerse si queremos que los juicios no sean algo declamativo, sino algo palpable”.

Luego de la presentación pública del proyecto, Sanz especuló que “fuera girado a la Comisión de Justicia y a lo sumo a la de Presupuesto”. También comentó que había hablado con la titular de la Comisión de Justicia para implementar “audiencias públicas para debatir la iniciativa”. “No quisiera pensar que lo van a cajonear”, concluyó.

En diálogo con este diario, un legislador del oficialismo destacó que “el trámite normal de funcionamiento de este año es nada”. Para que no queden dudas, subrayó: “No conseguís quórum ni a palos”. Al margen del proyecto del radicalismo, el oficialismo destaca que “el problema de la Cámara de Casación es claramente político”. Algo que minutos antes había reconocido el propio Sanz cuando afirmó que el proyecto “no va a modificar la conducta de algunos jueces”.

El proyecto de ley contiene cinco artículos. El central de ellos, el primero, establece que los juicios se desarrollarán por el Código Penal y por 18 disposiciones especiales. Todas ellas apuntan a la economía de tiempos y de diligencias. Se destaca que esto se realizará en las causas por delitos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983. Esto incluye el período anterior al golpe militar del 24 de marzo de 1976.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-85092-2007-05-17.html

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Arg - Juicio contra represores: Preocupa la desprotección de testigos

La Plata - Se cumplen ocho meses de la desaparición de Jorge Julio López y los testigos que deben declarar en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, siguen sin seguridad.

Esa es la preocupación que manifestó a Radio Provincia Nilda Eloy, una de las querellantes en el juicio contra Etchecolatz.
Sostuvo que "las condiciones de seguridad no se han modificado desde el juicio anterior, seguimos con los represores libres, sin haber modificado ninguno de los puntos que podrían transmitir seguridad real a los testigos".
En ese marco, dijo que ya desde el año pasado se demostró que las amenazas contra el Juez Rozansky se hicieron desde teléfonos del Servicio Penitenciario y hoy se repiten: "eso es la impunidad".

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Mayo 16, 2007

Arg - Otro revés para represores procesados por violaciones a los derechos humanos

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue al rechazar las presentaciones efectuadas, en distintas causas, por los defensores de Benjamín Menéndez, Rádice y Alberto González.

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final al rechazar planteos de ex miembros de las fuerzas armadas procesados por violaciones a derechos humanos durante la última dictadura militar.

Según confirmaron hoy fuentes judiciales, la decisión fue tomada por la Sala III del tribunal al desestimar las presentaciones efectuadas, en distintas causas, por los defensores de Jorge Rádice y Alberto González y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.

En los casos de Rádice y González el tribunal coincidió con la solución adoptada en su momento por la Sala II de la Cámara Federal de esta capital en los hechos que tuvieron como víctimas a detenidos desaparecidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La decisión que involucró a Menéndez y otros ex integrantes del ejército, está vinculada con el caso "Brandalisis", de privaciones de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas en el centro clandestino "La Perla", en Córdoba.

Los camaristas Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi recordaron la resolución tomada por la Corte Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Simón".

En esa causa, contra el represor Julio (el Turco) Simón, el máximo tribunal consideró "impostergable" la supresión de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y remover obstáculos normativos para la persecución de crímenes contra la humanidad.

Los camaristas agregaron, además, que, por tratarse de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles y pueden seguir investigándose aún a décadas de su comisión.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62345&id=149936&dis=1&sec=1

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Arg - Para darle cuerda al reloj judicial


Cinco jueces de la Corte, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el procurador general, Esteban Righi, se reunieron en busca de mecanismos que permitan organizar y acelerar los procesos.


Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, salió raudamente de su despacho cerca del mediodía con una computadora portátil colgando del hombro y se fue hasta otra oficina del cuarto piso de Tribunales. Allí, una cumbre juntó a cinco jueces supremos con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien impulsa la coordinación de iniciativas para acelerar las causas sobre crímenes de la dictadura. El encuentro fue el paso inicial para el armado de un programa de trabajo sobre los expedientes contra represores. El alto tribunal ya estudia sus propios mecanismos para apurar las investigaciones y organizar los juicios orales en puerta.

Los escollos en las causas sobre violaciones a los derechos humanos fueron tema en la sobremesa de un almuerzo reciente en el que se encontraron Righi y Lorenzetti. Así surgió la idea de una suerte de plenario que se concretó ayer con la intención de hilar fino en la búsqueda de una solución a un problema que hoy exhibe un dato elocuente: desde la anulación de las leyes de impunidad, hace dos años, sólo fueron condenados por los crímenes dictatoriales los ex policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón, conocido como el Turco Julián. Un ingrediente que agrava las circunstancias es la desaparición de Julio López, junto con las amenazas a testigos, jueces y fiscales.

El mismo día que el presidente Néstor Kirchner reiteró el pedido para que se anulen definitivamente los indultos (ver página 4), los jueces se reunieron en el despacho de Carmen Argibay. Además de la “anfitriona” y Lorenzetti, asistieron Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. A Ri-ghi lo acompañaron los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. El principal dilema se centra en qué herramientas concretas pueden utilizar la Corte, la Procuración y la cartera judicial, en plan de apurar los juicios, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y que asume como propio el Gobierno.

En esta conversación inicial surgió, según relataron tres participantes, un esbozo de los grandes obstáculos en los expedientes contra represores, además del más conocido referido al embudo que se produce en la Cámara de Casación Penal. En cuestiones organizativas se planteó, por ejemplo, la posibilidad de unificar procesos en lugar de hacer juicios separados con un único imputado, algo que no sólo incrementa el trabajo de los tribunales, sino que implica una situación de desgaste, exposición y padecimiento para los testigos (muchos de ellos sobrevivientes y familiares de desaparecidos). También se mencionó la necesidad de evitar que un mismo tribunal sustancie más de una megacausa, como ocurre con ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, ambos en el Tribunal Oral 5.

A esto se suma un complicado escenario en el interior del país: en algunas provincias los jueces se fueron inhibiendo de intervenir por distintas razones –desde parentesco, amistad o hasta enemistad con los imputados– o fueron apartados, o recusados, o bien los tribunales permanecen vacantes. Así las investigaciones quedaron paralizadas en lugares como Salta, Chaco y Formosa.

En la reunión en la Corte se acordó que desde el alto tribunal y el Poder Ejecutivo cooperen con una tarea de diagnóstico y seguimiento “caso por caso”. Identificar las razones puntuales que demoran cada causa, dicen, permitirá determinar las medidas a adoptar.

Sobre la protección de testigos, este año el CELS reclamó ante la Comisión Interamericana que el Estado adopte medidas para resguardar a más de 4500 personas. Iribarne explicó que por una resolución de su cartera todo pedido de un juez para dar protección es incorporado de inmediato al Programa Nacional de Protección de Testigos. En el máximo tribunal no descartan crear un programa o secretaría específicos para abordar el asunto de las demoras y dilaciones en estos juicios. Esto podría proporcionar un “lugar” de referencia donde jueces, querellantes o testigos puedan recurrir ante las dificultades. En el Gobierno se estudia crear un ámbito que funcione como nexo con el Poder Judicial.

Proyecto radical

El ex ministro de Economía y candidato presidencial Roberto Lavagna presentará hoy en el Senado una iniciativa elaborada por los juristas radicales Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio para agilizar las causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos. El proyecto de dos ex camaristas del Juicio a las Juntas apunta a establecer disposiciones especiales para aquellas “causas por delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”, con el fin de que puedan ser resueltas con mayor celeridad. Entre otras “disposiciones especiales”, el texto menciona la posibilidad de concentrar en un solo tribunal todas las causas cuyas víctimas hayan padecido cautiverio en el mismo centro clandestino de detención, o de que el juez a cargo de la causa disponga que se tramite un solo expediente por “razones de economía procesal y mayor facilidad de investigación”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85046-2007-05-16.html

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Abril 24, 2007

Arg: Reabren causa contra 8 ex jefes navales por desapariciones

Un conjuez del fuero federal de Bahia Blanca reabrió la causa contra ocho ex jefes de la Armada en la dictadura militar por desaparecidos y torturas dentro de la base naval Puerto Belgrano, que había pasado 18 años paralizada.

Fuentes judiciales informaron hoy a DyN que los ex jefes navales de nuevo imputados son los almirantes retirados Luis María Mendía, Julio Torti, Antonio Vañek, Juan José Lombardo, Juan Malugani, Raúl Marino, y los capitanes de navío Edmundo Nuñez, Zenon Bolino.

Entre ellos, Mendía y Vañek ya cumplen prisión preventiva domiciliaria por encontrarse procesados en otras causas por delitos de lesa humanidad.

Los ocho oficiales superiores de la Armada en 1989 estaban imputados por 42 hechos de privación ilegal de la libertad y torturas e iban a prestar declaración indagatoria, pero el entonces presidente Carlos Menem los indultó mediante el decreto 1002/89.

Desde 2005 los titulares de los juzgados federales uno y dos, Alcindo Alvarez Canale y Luis Dardanelli Alsina, se inhibieron y excusaron, respectivamente, ante los requerimientos del fiscal Hugo Cañón, hasta que el 13 de febrero último fue nominado el conjuez Eduardo Tentoni, abogado conocido en el foro bahiense.

Una vez que estuvo al frente del juzgado federal uno, Tentoni primero reabrió el expediente, lo renúmero como 4/07, y abrió el proceso para determinar si tramitará por el Código Penal vigente por entonces o el actual, luego de lo cual deberá resolver si declara inconstitucionales los indultos. (DYN)

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Arg: Empresa debe indemnizar viuda de desaparecido

Telam

Califican como “antecedente importante” el fallo que obligó a una empresa a indemnizar a la viuda de un desaparecido durante la dictadura


Representantes de organizaciones de derechos humanos elogiaron la decisión al considerar que la resolución puede replicar en otros casos similares. "Es importante que la Justicia tenga en cuenta estos hechos donde el secuestrado desaparece en un trayecto donde no hay elementos de prueba", apuntaron.

Representantes de organizaciones de derechos humanos calificaron como "un antecedente importante", el fallo judicial que obligó a una empresa a indemnizar a la viuda de un delegado desaparecido durante la última dictadura militar al considerar que puede replicar en otros casos similares.

En la resolución dada a conocer ayer, la Corte Suprema bonaerense entendió que a Oscar Orlando Bordiso, quien fue secuestrado el 18 de junio de 1977 cuando se dirigía desde la empresa Siderca a su domicilio, le corresponde la indemnización establecida por la entonces vigente ley de accidentes de trabajo.

Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explicó a Télam que "es importante que la justicia tenga en cuenta este tipo de hechos donde efectivamente el secuestrado desaparece en un trayecto donde no hay elementos de prueba".

Rosenblum destacó el fallo judicial como un "antecedente importante" ya que, según la dirigente "en la zona norte del Gran Buenos Aires las empresas han tenido una participación activa en el señalammiento de delegados gremiales que han desaparecido.

"Es importante que la Justicia siga ubicando secuestro y desaparición como delito de lesa humanidad", y por lo tanto, no prescriptible.

En tanto, Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos señaló a Telam que el fallo es "interesante porque se encuentra responsable a una empresa" por la desaparición de un empleado y representa "una punta interesante para plantear la responsabilidad empresaria", en la desaparición de miles de trabajadores.

Calvo admitió que el caso puede ser utilizado en otras causas, aunque advirtió que "la reparación económica no es suficiente" y los culpables "tendrían que pagar su responsabilidad penal".

Por su parte, fuentes del grupo Techint, al que pertenece la firma Siderca, ante una consulta de Télam, informaron que aún no han tomado decisión de los pasos a seguir con respecto al tema.

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Abril 17, 2007

Mattarollo aportará su testimonio en la causa por la Masacre de Trelew

El subsecretario de Derechos Humanos era miembro de la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires y defendía a una de las asesinadas el 22 de agosto en la base Almirante Zar, en Rawson. “Nos preocupaban no sólo los 19 detenidos, sino los más de 100 que habían intentado fugarse y se encontraban en el penal ", relató.

El subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, adelantó hoy detalles que mañana expondrá ante el juzgado federal de Trelew, a cargo de la investigación de la Masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972, en la que fueron fusilados 19 presos políticos bajo la dictadura encabezada por Alejandro Agustín Lanusse.

Mattarollo era miembro de la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires y defendía a María Angélica Savelli, una de las asesinadas el 22 de agosto en la base Almirante Zar, en Rawson.

Antes de declarar ante el juez de la causa, Hugo Sastre, el funcionario relató a Télam la experiencia que vivió con un grupo de abogados entre el día de la fuga de los presos políticos de la cárcel de Trelew, el 15 de agosto, y la masacre ocurrida una semana después.

"Ni bien nos enteramos que nuestros defendidos habían sido trasladados a la base Almirante Zar -después del intento de fuga-, decidimos viajar porque nos pareció que había que preservar la vida de ellos", recordó.

El equipo de abogados estaba compuesto por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde -quien hoy declaró en la causa-, Rodolfo Ortega Peña -asesinado por la Triple A-, Carlos González Garland -declaró ayer-, Pedro Galin, Miguel Angel
Radrizzani Goñi y el propio Mattarollo.

"En el sur nos encontramos con los abogados Hipólito Solari Irigoyen y Mario Amaya y mientras almorzábamos en el Hotel Provincial de Rawson una comisión militar detuvo a Amaya, quien fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo, y a nosotros nos llevaron unas horas a una comisaría", recordó el funcionario.

Esos días intentaron ver al juez Jorge Quiroga, quien formaba parte de un fuero especial, "pero nunca fuimos recibidos", dijo, por lo que presentaron escritos en el que pedían una revisación médica de todos los detenidos.

"Nos preocupaban no sólo los 19 detenidos, sino los más de 100 que habían intentado fugarse y se encontraban en el penal de Rawson", relató Mattarollo. Los días transcurrieron entre conferencias de prensa denunciando la situación, reuniones con familiares de presos políticos y apoderados de los detenidos, tras las cuales consideraron que las gestiones estaban agotadas por cuanto no recibían respuesta de la Justicia.

"Tampoco nos dejaban ingresar al penal de Rawson, ni mucho menos a la base Almirante Zar, siendo abogados de los detenidos, entre quienes estaba el sindicalista Agustín Tosco", resaltó.

Ante esa situación los abogados resolvieron regresar a la Capital Federal Aires "en dos remises porque no había vuelos" y al llegar a la frontera entre Río Negro y Buenos Aires fueron detenidos por fuerzas de seguridad y luego de una conferencia de prensa liberados.

"Cuando llegamos a la Capital, el 22 de agosto, horas antes se había producido el fusilamiento -recordó Mattarollo- y la Asociación Gremial de Abogados destruida con una bomba".

Ante ello, acotó: "Tuvimos que hacer una conferencia de prensa en la calle, en el vestíbulo de una mueblería que ya no existe más".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=59264&id=143679&sec=1&dis=1

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La Justicia confirmó que Videla debe ser juzgado en Argentina por delitos de lesa humanidad

El ex dictador era requerido por la justicia germana por los crímenes cometidos en perjuicio de una ciudadana de nacionalidad alemana durante la última dictadura. La Cámara de Casación confirmó hoy que el represor debe ser procesado en nuestro país.

La Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó hoy que el ex dictador Jorge Rafael Videla debe ser juzgado en Argentina por los delitos de "lesa humanidad" cometidos en perjuicio de una ciudadana de nacionalidad alemana durante la última dictadura.

El ex dictador era requerido por la justicia germana por los hechos que damnificaron a Elisabeth Kaseamnn y que, en la Justicia argentina, son investigados por el juez federal Daniel Rafecas en la causa por los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=59264&id=143722&dis=1&sec=1

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Abril 13, 2007

Slaking a thirst for justice

http://www.economist.com/world/la/displaystory.cfm?story_id=9017531
The Economist
14 April 2007

BUENOS AIRES AND SANTIAGO

A generation later, in both Argentina and Chile, the courts are dealing with the
perpetrators of past atrocities


FOR the past 31 years, Viviana Díaz, a small, gentle woman now in her 50s, has
devoted her life to finding out what happened to her father, Victor Díaz López,
a former leader of Chile's Communist Party. Following the bloody coup against
Salvador Allende's left-wing government in 1973, he became one of the military
regime's most wanted men. After nearly three years in hiding, he was finally
picked up by the DINA, the secret police of Chile's dictator, General Augusto
Pinochet. His family never saw him again.

He was one of the many thousands who perished under the dictatorships that ruled
many parts of Latin America in the final phase of the cold war in the 1970s and
1980s. A quarter of a century after the last successful military coup in Latin
America, the region has moved on, with democracy for the most part firmly
established. But in many countries, the past still poses some searching
questions. Peace or justice? Retribution or reconciliation? Find the truth,
however painful, or prefer the ease of forgetting?


Many argue for moving on rather than re-opening old wounds. Others reply that
without justice there can be no healing and no guarantee of the rule of law. No
group feels this more keenly than the relatives of the "disappeared" -- those
kidnapped by the state and taken to secret detention centres. Their tortured
bodies, dumped in the sea or buried in unmarked graves, were rarely if ever
found until well after the dictators departed. Unidentified remains are still
turning up.


In most countries in the region where abuses occurred under authoritarian rule
-- Guatemala (where 200,000 died in a civil war between military dictatorships
and left-wing guerrillas), Brazil, Mexico and Uruguay -- the process of dealing
with the crimes of the past has barely begun. To a lesser extent, that applies
to El Salvador too (see article).


The process has gone furthest in Argentina and, especially, Chile. That marks a
change. In Chile, some 3,000 people were killed or "disappeared" at the hands
of Pinochet's regime. But the dictatorship's amnesty for its own crimes
outlived it. Only recently have most families learned the fate of their loved
ones.


Take Mr Díaz's case. His family learnt of his arrest through an anonymous phone
call. Then silence. After four months of searching, Ms Díaz and her mother, a
washerwoman, met a woman recently released from Villa Grimaldi, a secret
detention centre. She had a message for them from Marta Ugarte, another of the
many communist leaders interned there. Ugarte's wrists had broken after she was
strung up from the ceiling and her breasts were burned with a blow-lamp. She
wanted them to know that neither she nor Mr Díaz would ever get out alive.


For years, Ms Díaz staged demonstrations, petitioned the pusillanimous courts
and badgered officials. But she was met only with death threats, repeated
arrest and continuing silence. When democracy returned to Chile in 1990, the
government set up an independent inquiry into the "disappeared". Even then, the
perpetrators could not be brought to justice. It was not until Pinochet's arrest
in London in 1998 in response to an extradition request from Spain, and the
British House of Lords' rulings that he lacked immunity under international
law, that Chile's judges began to grow much bolder.


In a series of landmark rulings, Chile's Supreme Court removed most of the
obstacles to trying the dictatorship's crimes. In 1999 it declared
"disappearances" to be a continuing crime until death is proved. That meant
they were not covered by the 1978 amnesty. In December 2006 it ruled that
because Chile was in a situation of internal conflict after the 1973 coup, the
Geneva Conventions applied. Serious violations of those conventions were war
crimes and crimes against humanity, for which a statute of limitations could
never be invoked, it said. Nor could they be subject to amnesty, it ruled last
month.


According to Chile's Interior Ministry, 148 people, including nearly 50 military
officers, have already been convicted for human-rights violations during the
17-year dictatorship. Over 400 more, nearly all from the armed forces, have
been indicted or are under investigation. Pinochet was himself facing trial on
several charges, including murder, torture and tax evasion, when he died in
December at the age of 91.


It was as a result of one of these investigations that Ms Díaz finally learnt of
her father's fate. Last month a man known (because of his size) as "the
Elephant", who led the Lautaro brigade, a previously unknown elite unit of the
DINA, tearfully confessed to murdering Victor Díaz at a barracks in Santiago in
1977 by asphyxiating him with a plastic bag, while cyanide was injected into his
veins. His body, weighed down by a railway sleeper, was then thrown into the sea
from a military helicopter. The truth, however painful, has brought her peace,
says Ms Díaz.


Trials and tribulations in Argentina


In Argentina, at least 13,000 people (and perhaps as many as 30,000)
"disappeared" or were killed during the military dictatorship of 1976-83.
Unlike Chile's, Argentina's military regime collapsed in confusion, following
defeat in the Falklands war. The first act of the democratic government of Raúl
Alfonsín in 1983 was to annul the amnesty rushed through by the junta just
before it fell. A truth commission -- the world's first -- provided the
material for investigations by prosecutors, one of whom was Luis Moreno Ocampo,
now chief prosecutor of the International Criminal Court in The Hague. Nearly
500 people, including nine members of the four successive juntas, were charged.
Argentina thus became the first country to put its own military rulers on trial.
The army argued that it had been forced to act by large-scale guerrilla
violence. As in Chile, Argentina's military government had at first enjoyed
considerable civilian support.


Repeated barracks rebellions in protest against the prosecutions forced Mr
Alfonsín to buckle. He approved a "full-stop" law halting new investigations,
followed by another of "due obedience" which exonerated those who claimed to
have been following orders -- a defence dismissed in the Nuremberg trials after
the second world war. His successor, Carlos Menem, issued pardons to 277 of
those already convicted or indicted, including nearly 40 generals and several
guerrilla leaders.


Argentines still argue about these pragmatic decisions. Public opinion was
certainly against them, and the thirst for justice was huge. One crime was not
covered by the various amnesties and pardons -- that of taking away the babies
of mothers who gave birth in captivity, and giving them to couples in the
security forces to bring up as their own. The real mothers were then killed or
"disappeared". According to the "Grandmothers of the Plaza de Mayo", who from
1977 demonstrated on the square of that name in Buenos Aires, some 500 babies
were stolen in this way, only 87 of whom have so far been traced.


Pinochet's London arrest emboldened judges in Argentina too. Soon afterwards,
General Jorge Videla, the junta president of 1976-81, was put on trial on
charges of appropriating babies. For this, General Videla was sentenced to
eight years imprisonment. He had already received a life sentence in 1985. His
subsequent pardon was quashed by a judge last September on the ground that he
was guilty of crimes against humanity and could never be pardoned. Because he
is aged over 70, General Videla is now under house arrest.


In 2005 Argentina's Supreme Court annulled the "full-stop" and "due obedience"
laws as being unconstitutional. That has paved the way for the prosecution of
other junta crimes. Of the 772 people, nearly all in the military or secret
police, now facing charges or investigations, 260 are in pre-trial detention
(including 71 under house arrest), 46 are on bail, 41 are on the run, and 109
are dead, according to the Centre for Legal and Social Studies, a human-rights
group. Five people have so far been convicted, including two on "disappearance"
charges. The government expects another half-dozen trials to take place this
year. Years of further trials lie ahead.


These prosecutions are backed both by the current Peronist president, Néstor
Kirchner, whose government includes several former followers of the Montonero
guerrillas, and by public opinion. Unlike armies in many other Latin American
countries, the army in Argentina is no longer much respected. In opinion polls
70% of respondents approved of the court's annulment of the amnesty laws. No
new prosecutions are being brought against former guerrillas. The government
argues, with questionable logic, that they were not guilty of crimes against
humanity and are thus subject to the statute of limitations.


But prosecuting Isabel Perón, the third wife of Juan Perón, the country's
revered populist leader, is a step too far for many Argentines. On Perón's
death in 1975, Isabel, a former cabaret dancer, succeeded him. Amid growing
economic chaos and violence between the guerrillas and right-wing death-squads,
she signed decrees in 1975 authorising the eradication of all "subversive
elements". Some say that the Argentine Anti-communist Alliance (known as the
"Triple A"), a government-backed death-squad, was responsible for at least
1,500 killings during her 20-month presidency.


Since her release from prison by the Argentine junta in 1981, Mrs Perón has
lived in Spain. She claims ignorance of abuses during her rule. But in January
she was arrested in Madrid at the request of an Argentine judge investigating
the "disappearance" of a Peronist militant in February 1976. Four days later, a
second warrant for her arrest was issued by another judge on charges relating to
the "Triple A" killings. Aged 75 and said by her lawyers to be suffering from
manic depression, Mrs Perón has been released on bail while awaiting the
outcome of extradition proceedings. Few expect them to succeed.


As the experiences of Chile and Argentina show, each country has to find its own
way of dealing with past atrocities in accordance with its own particular
circumstances and history. Sometimes, it may take a whole generation for
society to be ready to learn the truth, as in Germany after the second world
war. At other times, an amnesty, which may later be unpicked or annulled, may
help to secure peace.


The rise of international human-rights law has helped those who argue that in
cases involving the worst crimes justice must never be sacrificed to peace.
Where conflict continues that principle may be hard to apply. Its proponents
say justice is essential not just as an end in itself but to deter future
tyrants. Until recently, most could expect to get off scot-free. Increasingly,
other countries may follow the road pioneered by Chile and Argentina.

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Enero 19, 2007

Triple A: el lunes notificarán a Isabel de la nueva orden de captura en su contra

La ex presidenta deberá presentarse a las 10 en la Audiencia Nacional de Madrid, donde le informarán oficialmente de la medida del juez Oyarbide. Según afirmaron fuentes españolas, no quedará detenida. La viuda de Perón está en libertad provisional por otra causa, que investiga la desaparición de un joven semanas antes del golpe de 1976.

La ex presidenta María Estela Martínez de Perón será notificada el lunes de que también existe una orden de procesamiento y captura en su contra lanzada por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que investiga los crímenes cometidos por la organización terrorista de ultraderecha Triple A durante su gobierno.

Isabel deberá presentarse a las 10 en la Audiencia Nacional de Madrid, ocasión en la que el juez de instrucción Juan del Olmo le informará sobre este segundo pedido de arresto. De acuerdo a fuentes españolas, la ex presidenta no quedará detenida.

Desde hace cinco días, Isabel está en libertad provisional, luego de una orden similar emitida por un magistrado mendocino que investiga la desaparición de un joven semanas antes del golpe de 1976.

El juez Oyarbide dictaminó anteayer una nueva orden de procesamiento y captura internacional contra la viuda de Perón, de 75 años, bajo la acusación de estar implicada en los asesinatos cometidos por la Triple A, el grupo parapolicial de derecha que actuó durante el gobierno de Isabel.

Este procedimiento se suma al que ya tiene abierto la ex presidenta argentina en la Audiencia Nacional de España, tras ser detenida el viernes en su domicilio de las afueras de Madrid en cumplimiento de otro pedido de captura y extradición cursado por el juez mendocino Héctor Acosta, que investiga el secuestro y desaparición de un joven en febrero de 1976 y la detención ilegal y tortura de un menor de edad.

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien tomó declaración la semana pasada a la viuda de Perón dictaminó su libertad provisional con la obligación de comparecer cada quince días ante la justicia, tras considerar que "no hay riesgo a fuga y constatar su avanzada edad y delicado estado de salud".

Una vocera de la Audiencia explicó a Télam que "la ex presidenta ya está bajo jurisdicción española para ser extraditada a la Argentina, por lo que la nueva causa se acumula a la anterior".

Además, el juez Juan del Olmo, quien llevó la primera petición de extradición, estará toda la semana en el exterior en comisión rogatoria por un caso de terrorismo islámico.

Clarín

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Noviembre 15, 2006

ARGENTINA: JUICIO A LOS DECRETOS DE ANIQUILAMIENTO

Qué hay detrás del pedido de captura de Isabelita

Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg. Página 12. Argentina. 5 de noviembre de 2006.

La medida de un juez de Mendoza contra la ex presidenta, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero avivó la polémica sobre la responsabilidad de quienes firmaron los decretos de "aniquilamiento" de 1975. Algunos juristas creen que acusarlos es un avance. Otros dicen que es alinearse con las excusas que usan los represores.

La decisión de un juez federal de Mendoza de ordenar la detención de María Estela Martínez de Perón y sus ministros por la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, ocurrida antes del golpe militar, generó reacciones variadas e instaló un debate. Algunos juristas e integrantes de organismos de derechos humanos creen que es positivo que se acuse penalmente a quienes firmaron los decretos de aniquilamiento de 1975, antesala del terrorismo de Estado. Otros advierten que esa medida puede estar alineada con los argumentos que usan los represores para negar su responsabilidad en los crímenes, como lo hicieron en el Juicio a las Juntas. Y hay quienes ponen en duda que de aquellos decretos hubiera surgido una orden para instrumentar un plan criminal.

El jueves último la Justicia pidió por primera vez la detención de Isabelita y de casi todos los que la acompañaron en su presidencia. El juez mendocino Raúl Héctor Acosta planea indagarlos por la desaparición de Fagetti Gallego, en febrero de 1976. La resolución abarca a Italo Argentino Luder, por entonces presidente provisional del Senado, Carlos Ruckauf, quien era ministro de Trabajo y Antonio Cafiero, ex ministro de Economía. Ellos y varios otros ex funcionarios quedaron imputados por haber firmado los decretos 2070/71/72 en los que se llamó a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos".

Apenas se conoció la decisión del juez, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo que le parecía "espectacular" porque apunta a "una parte de la historia tapada, negra, oscura, donde empezó el horror". Mabel "Tati" Almeida, de Madres Línea Fundadora, cuyo hijo Alejandro desapareció en junio de 1975, confesó una "tremenda emoción" y graficó: "Es la punta del ovillo". "Esta palabra tremenda que es ‘desaparecido’ ya la empezábamos a usar las madres antes del golpe militar", recordó Almeida.

El abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, alienta "que se avance sobre las responsabilidades que pueden haber tenido los integrantes del gobierno de Isabel Perón en la represión previa al 24 de marzo de 1976, fundamentalmente en Tucumán", donde se inició la intervención del Ejército con el primer decreto de aniquilamiento. Pero a la vez el letrado sugiere tener en cuenta que "algunos militares suelen admitir que todo lo que ocurrió durante la dictadura realmente ocurrió, los centros clandestinos, las torturas, las desapariciones y las muertes, diciendo que fue dentro de la legalidad de los reglamentos militares y los decretos de Isabel Perón". "No descarto –advierte Yanzón– que la decisión del juez Acosta, a quien denuncié por haber participado en apremios ilegales contra un detenido, se trate de una operación tendiente a forzar el debate que quieren los militares."

El juez Acosta tuvo pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Fue, además, testigo propuesto por el banquero Raúl Moneta ante el jury que terminó en la destitución del juez federal Luis Leiva, quien había investigado el vaciamiento del Banco de Mendoza.

"Al gobierno de Isabelita le cabe una responsabilidad y que se lo juzgue es parte de un proceso histórico, va más allá del juez", evalúa Carlos Slepoy, quien impulsa en España las causas por los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina. "Con los decretos se ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, que contaban con un poder absoluto, pero el plan criminal ya estaba diseñado desde antes. Es patético que los militares quieran escudarse en esos decretos, no justifica su accionar", agrega el abogado.

Años atrás, Slepoy pidió al juez español Baltasar Garzón que citara a Isabel Perón a declarar como imputada. La ex presidenta fue convocada en 1997, pero como testigo. La situación generó un gran revuelo, igual que el testimonio mismo de la viuda de Perón. Le dijo al magistrado que había llegado a la presidencia por mandato de Dios y que no decidía por sí misma, sino que le ordenaban lo que tenía que hacer. Al represor Emilio Massera lo definió como una excelentísima persona.

Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destaca que "los jueces que investigan la desaparición forzada de personas tienen la responsabilidad de realizar investigaciones serias que no banalicen los principios de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que está claro que los hubo antes del golpe". "Pero en el caso puntual de Mendoza –define el experto– no comparto la idea de que el decreto de aniquilamiento significara una orden del Estado para matar y desaparecer personas, sino más bien para limitar o destruir la capacidad de las organizaciones guerrilleras. Habría que demostrar la causalidad entre el decreto y el caso particular."

"Me parece absurdo interpretar los famosos decretos como una orden para instrumentar un plan criminal", dice Ricardo Gil Lavedra, ex camarista del Juicio a las Juntas. "Era un gobierno civil débil, que no controlaba a las Fuerzas Armadas. Que le hizo numerosas concesiones para ‘combatir la subversión’ pero no tenía dominio sobre esos sucesos. Sostener que tiene responsabilidad en el terrorismo de Estado es peculiar, lo que no quiere decir que durante ese gobierno no se sucedieran hechos de ese tipo. Operaba la Triple A, el primer vestigio del terrorismo de Estado", analiza el jurista. "Hubo responsabilidad política –dice Gil Lavedra– pero sólo se podría hablar de responsabilidad jurídica si supieron que la firma de los decretos era la llave para la represión ilegal."

El ex camarista recuerda que "durante el Juicio a las Juntas se discutió qué significaba aniquilar" y apunta que "es una terminología militar que no implica el aniquilamiento físico". "En el juicio, los militares decían que habían sido mandados por el gobierno que derrocaron, pero está claro que el plan lo implementaron las Fuerzas Armadas", concluye.

Si los decretos de Isabelita aludían a aniquilar el "accionar" de organizaciones o a aniquilar "a las personas" es, a entender del secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, una discusión absurda. "No veo la diferencia, y si hubiera querido establecerla hubieran hablado de neutralizar, por ejemplo. Esto se debe analizar en el marco de un contexto de época", advierte el funcionario. Binstock ve con buenos ojos que "la Justicia cite a quienes considere necesario para analizar esta situación, que de ningún modo debe ser un justificativo para los militares". Pero considera también que "todavía falta una reflexión autocrítica de peronistas y radicales sobre aquel período".

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Agosto 20, 2006

Detienen al ex jefe de la Casa Militar

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Desaparecidos: detienen al ex jefe de la Casa Militar
de Menem
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Clarin, 18 de agosto de 2006. Se trata del general
retirado Jorge Rearte. Fue por orden del juez federal
de Formosa. El ex jefe de la Casa Militar durante el
gobierno de Carlos Menem, el general retirado Jorge
Rearte, fue detenido ayer en una causa por violaciones
a los derechos humanos durante la última dictadura
militar. Rearte está acusado de secuestros y torturas
en la provincia de Formosa en perjuicio de unas 30
personas, varias de las cuales permanecen
desaparecidas.

Rearte, que encabezó la Casa Militar entre 1992 y
1994, contaba con un pedido de detención librado en su
contra el 7 de junio, pero recién ayer se presentó en
el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería
Nacional, en el barrio porteño de Retiro.
Automáticamente quedó detenido a disposición del juez
federal Marcos Quinteros, de la ciudad de Formosa.

De acuerdo con fuentes judiciales y de la Gendarmería,
Rearte había sido operado recientemente en una
rodilla. Al parecer, ese sería el motivo de por qué no
fue detenido antes. En los próximos días será
trasladado ante el juez Quinteros, quien lo indagará
por los hechos que se le imputan.

El ex funcionario de la Casa Rosada, que por ese rol
cumplió tareas en estrecha cercanía del ex presidente
Carlos Menem, fue el Jefe de Operaciones del
Regimiento de Infantería de Monte 29. En esa época,
Rearte era mayor del Ejército.

Según el organigrama de la represión ilegal de la
guerrilla, ese regimiento tuvo mando sobre el centro
clandestino de detención conocido como "La Escuelita",
que funcionó en un destacamento policial de Colonia
San Antonio, en las afueras de la ciudad de Formosa.

Fuentes judiciales no descartaron que en los próximos
días puedan llegar a ser imputados en esta causa el ex
jefe del Ejército Cristino Nicolaides y el ex jefe del
II Cuerpo de Ejercito, el general retirado Ramón Díaz
Bessone, también ex secretario de Planeamiento durante
la dictadura. Ambos están procesados con prisión
preventiva por el Plan Cóndor, próximo a ser elevado a
juicio.

Rearte, riojano como el ex presidente Menem, ya había
sido indagado el año pasado —y llegó a estar detenido
también— pero finalmente se le dictó una falta de
mérito porque su imputación se basaba únicamente en el
testimonio de una de sus víctimas y éste no pudo ser
corroborado por otros testigos.

Sin embargo, desde entonces se recibieron más
declaraciones testimoniales de víctimas que
involucraron a Rearte en los delitos investigados.
Entre otros testigos, declararon Ana Peña, que estuvo
detenida junto al ex gobernador justicialista Vicente
Joga; Nelly Daldovo; Antolín Figueredo; Carlos Sotelo;
Nelly Bogarín; Exaltación Medina; Rodolfo Acosta; Juan
Pernochi; y Victorio Tomás.

Según se desprende del fallo del juez Quinteros, pocas
horas antes del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976, que derrocó a la ex presidente María Estela
Martínez de Perón, Rearte fue enviado de Formosa a
Clorinda para evitar reaccciones sociales en esa zona
cercana a la capital paraguaya. Fue apenas por unos
días, suficientes para que allí desaparecieran 14
personas por las que se lo acusa. Luego regresó al RIM
29 de Formosa.

Rearte está acusado por los delitos de "asociación
ilícita agravada por la calidad de jefe u organizador,
tormentos agravados, privación ilegítima de la
libertad y desaparición forzada de personas en función
del delito de homicidio", en perjuicio de un total de
30 víctimas.

En esta causa ya hay detenidos otros cuatro militares
y casi una decena de ex policías provinciales, uno de
ellos ex jefe de la fuerza. Además, se libraron otras
seis órdenes de captura.

Los otros 16 casos de víctimas que se le imputan a
Rearte ocurrieron a partir del 1 de junio de 1977 en
la capital formoseña.

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Junio 28, 2006

Juicio al Turco Julian

Ha comenzado el juicio al Turco Julin. Durante la primera jornada del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Federal N 5, Simn se neg a declarar, y se exhibi adems un video en el que el ex represor admite la aplicacin de torturas y
asegura que durante la dictadura "el criterio general era matar a todo
el mundo".

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HOY EMPIEZA EL JUICIO ORAL AL TURCO JULIAN
La mano de obra en el banquillo
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Pagina 12

Su verdadero nombre es Julio Simn y ser juzgado por el secuestro y
desaparicin de Gertrudis Hlaczik y Jos Poblete y por la apropiacin
de Claudia, la hija del matrimonio. En julio se conocer la sentencia.

El Turco Julin integraba la patota de torturadores junto con el
fallecido Antonio Del Cerro.
Subnotas

Por Irina Hauser. Buscarita Roa no puede dejar de pensar cmo ser el
momento en que vea cara a cara, sentado ante el tribunal, a ese
represor, conocido como el "Turco Julin", que haca tirar por las
escaleras del centro clandestino de detencin El Olimpo a su hijo,
Jos Poblete, a quien le faltaban las piernas. "Tengo grabada esa
imagen, que conoc por el relato de algunos sobrevivientes", dice,
mientras se prepara "bastante nerviosa" para las audiencias del juicio
oral que empieza hoy y que har historia. El ex polica, que en
realidad se llama Julio Simn, est acusado de la desaparicin de
Poblete y su mujer, secuestrados en 1978, y de la sustraccin de la
hija de ambos, que entonces tena ocho meses de vida. Es el caso en el
que se bas la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y fue, por eso, el que
permiti que se empezara a avanzar en otras investigaciones por los
crmenes cometidos durante la dictadura.

Por la agenda de testigos prevista, es casi cantado que este juicio
terminar antes del que transcurre en La Plata contra otro ex polica
acusado por delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz. Por eso,
Simn es candidato a convertirse en el primer represor condenado en
los ltimos veinte aos despus del Juicio a las Juntas por los
crmenes del terrorismo de Estado. El 18 y 20 de julio sern los
alegatos y podra haber sentencia antes de fin de ese mes.

En la audiencia de hoy, el Tribunal Oral Federal 5 le ofrecer hablar
al acusado, que est preso desde hace seis aos, y luego se leer el
requerimiento fiscal que detalla las imputaciones en su contra:
privacin ilegal de la libertad agravada en concurso con torturas y
sustraccin, retencin y ocultamiento de una menor. Buscarita Roa es
querellante, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS).

En este mismo proceso estaba acusado Juan Antonio del Cerro, alias
"Colores", que muri el ltimo 2 de abril, a un paso del juicio, en la
crcel de Devoto. Cuando el juez (ahora camarista) Gabriel Cavallo
proces a ambos policas y les dict prisin preventiva asegur que
"decidan sobre la vida, la muerte, los tormentos y las dems
vejaciones a las que eran sometidos los detenidos, sin necesidad de
esperar rdenes concretas de sus superiores". Ambos actuaron en los
centros clandestinos Club Atltico, El Banco y El Olimpo. A Simn, por
eso, le esperan juicios por muchas otras desapariciones en el rea del
Primer Cuerpo de Ejrcito.

Jos Poblete y Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados el 28 de
noviembre de 1978 en su casa de Guernica por un grupo que deca
pertenecer a las "fuerzas conjuntas". Primero se la llevaron a ella,
con la beba en brazos, en un auto de la polica. Despus lo llevaron a
l, "que justo ese da no tena puestas sus piernas ortopdicas sino
que andaba en la silla de ruedas", relata su madre. Gertrudis era
estudiante de psicologa. Jos era un tcnico tornero que haba
perdido sus piernas en un accidente, siete aos antes de su
desaparicin, y haba formado en 1971 el Frente de Lisiados Peronistas
(FLP). Por testimonios de ex detenidos se supo que fueron llevados a
El Olimpo, de la Divisin Mantenimiento de Automotores de la Polica
Federal, donde fueron sometidos a todos tipo de vejmenes.

Durante la instruccin de la causa el juez Cavallo determin que
Gertrudis haba sealado a Simn y Del Cerro como sus secuestradores y
fue el primero en anular las leyes de impunidad. Tambin estableci,
en base a una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, que la beba del
matrimonio, luego de estar varios das en cautiverio con sus padres,
fue entregada al teniente coronel Ceferino Landa y su mujer, Mercedes
Beatriz Moreira. En junio de 2001 el militar retirado fue condenado a
nueve aos de prisin y su mujer a cinco aos y medio por apropiarse y
cambiarle la identidad a Claudia Poblete, que haba vivido con el
nombre de Mercedes Landa.

Buscarita ser la primera testigo en hablar ante los jueces, maana a
primera hora. Tambin estn citados otros familiares de la pareja
desaparecida y veintin sobrevivientes de El Olimpo irn aportando sus
relatos con el correr de los das. Entre los testigos citados por la
defensa del Turco Julin figuran los apropiadores de Claudia.

"Despus de tantos aos de pelear parece increble que llegue este
momento. No puedo negar la sensacin de que la Justicia llega tarde,
pero este juicio ser importante para las nuevas generaciones", dijo a
Pgina/12 Fernando Navarro Roa, quien como hermano menor de Jos
Poblete buscaba imitar sus pasos en la militancia social. Su mam,
Buscarita, que trabaja en Abuelas, seal: "Nuestros hijos,
equivocados o no, tenan derecho a un juicio justo que ellos, los
represores, les negaron y que ahora reivindican para s". Carolina
Varsky, abogada del CELS, destac que la lucha de los organismos de
derechos humanos "consolid un proceso de justicia real para la etapa
ms sangrienta de la historia".FIN.
--

La nacin

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En el primer da del juicio en su contra, "El Turco Julin" se neg a declarar
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El ex polica dijo que lo har "ms adelante"; adems se exhibi un
video en el que asegura que durante la dictadura "el criterio general
era matar a todo el mundo"; en el proceso contra Etchecolatz se define
dnde seguir preso el ex represor

El movimiento provocado por la nulidad de las leyes del perdn tendr
hoy un nuevo captulo. Al juicio oral que se le sigue al ex polica
bonaerense Miguel Etchecolatz en La Plata se suma el inicio de un
proceso similar contra el tambin ex polica Julio Simn, alias "El
Turco Julin", acusado de haber cometido violaciones de los derechos
humanos en la ltima dictadura militar.

Durante la primera jornada del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo
Federal N 5, en el que Simn se neg a declarar, se exhibi adems un
video en el que el ex represor admite la aplicacin de torturas y
asegura que durante la dictadura "el criterio general era matar a todo
el mundo".

"Se aceleraba el interrogatorio mediante la tortura", se lo ve decirle
al periodista en el video, en el que tambin explica que que "no le
convenca demasiado la tortura porque (la vctima) quedaba muy
deteriorado luego del shock elctrico", es decir al paso de la picana.

Imputaciones. A Simn se le imputa el secuestro, torturas y posterior
desaparicin forzada de un matrimonio y el apoderamiento de la beba de
la pareja, en el centro clandestino de detencin "El Olimpo" que
funcionaba durante la ltima dictadura.

Como el acusado hizo uso de su derecho constitucional de negarse a
declarar y dijo que la va a hacer "ms adelante en toda su extensin",
el camarista Luis Di Rienzi, presidente del tribunal dispuso la
proyeccin de un video del programa "Telenoche Investiga".

En esa filmacin, el ex represor haba admitido que durante la
represin ilegal de la ltima dictadura militar "se mat gente que
debi haber salido en libertad", aunque afirm que en los tres centros
clandestinos de detencin en los que actu (Club Atltico, El Banco y
El Olimpo) "no particip de ningn traslado".

Durante el reportaje Simn dijo que particip de tareas para "frenar
la horda asesina que nos traan del exterior", en referencia a
supuestas actividades subversivas, que "se mat a gente que debi
haber salido en libertad" y que la conduccin la tena el fallecido ex
general Carlos Guillermo Suarez Mason.

El proceso contra Simn es el primero en jurisdiccin de la Ciudad de
Buenos Aires desde la anulacin de las leyes de obediencia debida y el
mismo en el que se bas la Corte Suprema para declarar la nulidad de
las leyes del perdn.

El arresto de Etchecolatz. En tanto, el Tribunal Federal Oral 1 de La
Plata resolver hoy si revoca el arresto dispuesto el viernes pasado
para que el ex polica Miguel Etchecolatz, que hasta ahora cumple
condena en su domicilio, sea trasladado a una crcel comn.

El tribunal debe resolver el planteo interpuesto por el abogado
defensor de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Prez, quien argument que
el estado de salud del ex represor hace necesario que se le
restablezca el beneficio del arresto domiciliario.

Etchecolatz, quien desde el 20 de junio es juzgado en La Plata por dos
casos de secuestro y torturas y seis homicidios, gozaba de arresto
domiciliario desde septiembre del ao pasado, pero el viernes ltimo
le fue revocado ese beneficio tras detectarse que en su domicilio
haba un arma de fuego.

Testimonio. Adems, durante esta jornada, el Tribunal Federal Oral 1
de La Plata, que sesiona en el Palacio Municipal de la capital
provincial, oir el testimonio de Jorge Julio Lpez, un albail
secuestrado y torturado, que, segn declar en un juicio anterior,
presenci la ejecucin de una pareja, cuya muerte se imputa al ex
represor.

Esta ser la primera vez que en el juicio se ventilan dos homicidios
imputados al ex director de Investigaciones de la Polica Bonaerense,
ya que hasta el momento los testimonios relataban casos de secuestros
y torturas infligidas en centros clandestinos de detencin.

Imputaciones. La privacin ilegtima de la libertad y los tormentos
sufridos por Lpez es uno de los cargos que se imputa a Etchecolatz,
sobre quien pesa tambin la privacin ilegtima y torturas a Nilda
Eloy y los homicidios de Ambrosio Francisco De Marco, Patricia
Graciela DellOrto, Diana Teruggi de Mariani, Elena Arce Sahores, Nora
Livia Formiga y Margarita Delgado.

Lpez declarar hoy por su caso y por las muertes de Dell Orto y De
Marco, detallaron fuentes judiciales.

El albail, hoy de 76 aos, ya brind testimonio en el Juicio por la
Verdad que desde 1998 se sigue en la ciudad de La Plata para conocer
el destino de ms de dos mil desaparecidos de la capital provincial y
alrededores.

El caso. Lpez fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y tras estar
detenido en el centro clandestino de "Pozo de Arana", las comisaras 5
y 8 de La Plata y el penal 9 de La Plata. fue liberado el 25 de junio
de 1979. FIN.

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Junio 26, 2006

Juicios a los militares en Uruguay?

LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONO SUR

Uruguay: el Ejrcito acepta los juicios a militares de
la dictadura

Guillermo Pellegrino MONTEVIDEO. ESPECIAL CLARIN,
ARGENTINA.

Un nuevo captulo en materia de derechos
humanos parece desatarse en Uruguay. Primero fueron
las declaraciones del presidente Tabar Vzquez, en
las que resolvi excluir a los altos mandos militares
del amparo de la amnista vigente para los militares
acusados de violaciones a los derechos humanos. Ayer,
una noticia del semanario Bsqueda seala que el jefe
del Ejrcito piensa que sera conveniente enjuiciar a
los militares uruguayos en el pas, para evitar que se
los juzgue afuera.

"El Jefe del Ejrcito cree que la nica forma que
existe para evitar la extradicin de militares a
Argentina es que sean enjuiciados en Uruguay", seala
la tapa de la publicacin. Segn Bsqueda que seal
como origen de la informacin a una fuente poltica,
el comentario del comandante en jefe del Ejrcito
Carlos Daz fue a manera de reflexin y en el marco de
una reunin con algunos de los oficiales arrestados.
La revista se comunic telefnicamente con el jefe del
Ejrcito quien confirm la reunin y dijo que "pudo
haber manejado esa afirmacin como una reflexin ante
la hiptesis de que finalmente la justicia uruguaya
acceda al pedido argentino" de extradicin de los
militares.

En su declaracin, Daz se refera concretamente a los
5 militares y un polica detenidos a la espera de la
extradicin solicitada por el juez argentino Guillermo
Montenegro por la causa Plan Cndor. Se trata de Jos
Ricardo Arab, Jos Nino Gavazzo, Ricardo Medina,
Ernesto Rama, Jorge "Pajarito" Silveira Quesada y
Gilberto Vzquez, involucrados directamente en la
detencin ilegal de 11 uruguayos y de la argentina
Mara Claudia Garca, nuera del poeta Juan Gelman.

A la hiptesis mencionada por Daz debe agregarse la
preocupacin que hay desde hace unos meses en filas
castrenses, y en otros actores de la vida poltica,
por la consumada extradicin a Chile de tres militares
uruguayos implicados en el secuestro y homicidio del
qumico chileno Eugenio Berros, ex agente de la DINA,
la polica secreta de la dictadura de Augusto
Pinochet. Claro que este caso fue radicalmente
distinto ya que el crimen ocurri en los '90, en plena
democracia.

Segn las fuentes consultadas por Bsqueda, "los tres
militares con los que se reuni Daz recibieron con
'frialdad' las expresiones del Comandante en Jefe".

"Creo que si no se juzga a los militares violadores de
derechos humanos en Uruguay por causa de una ley de
impunidad, se los debe someter a la justicia, para que
solicite las extradiciones por delitos que puedan
haber cometido en el extranjero. Tratndose de delitos
de lesa humanidad, obviamente hay un criterio de
universalidad en la persecucin de los mismos para su
juzgamiento", dijo a Clarn Guillermo Payss,
Coordinador del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia).

Payss tambin se refiri a las declaraciones del
presidente Vzquez acerca de que los altos mandos
militares de la dictadura quedarn fuera del alcance
de la ley de caducidad de la pretensin punitiva del
Estado, promulgada en 1986 y reconfirmada mediante un
referndum en 1989.

"La posicin de Tabar no es nueva", dijo Payss.
"Hace ms de un mes, en EE.UU., ya se haba
manifestado al respecto. Desde los organismos de
derechos humanos consideramos que los mandos militares
no estn dentro de la ley de caducidad por el propio
texto de la ley, y adems por la posicin jerrquica
que ocupaban, por ser los responsables mediatos de las
acciones de sus subordinados, las hayan conocido o
no", dijo Payss.

Clarn intent comunicarse con referentes del sector
militar, pero muchos se negaron a hablar. Quien s
acept dar su opinin sobre las declaraciones del jefe
del Ejrcito fue el general retirado Oscar Pereira,
autor del libro Recuerdo de un soldado oriental del
Uruguay (2004), en el que el militar asume las culpas
del Ejr cito en el perodo de la dictadura
cvico-militar.

"De ser real, la de Daz es una reflexin muy
importante porque, al fin y al cabo determina y acepta
que los militares deben ser juzgados", declar Pereira
a este diario entre desconfiado y optimista. "Pero por
otro lado dijo no me queda claro a travs de qu
mecanismo podran ser hoy juzgados si no se anula la
ley de caducidad, que es lo que corresponde hacer,
para preservar la institucionalidad del pas. Este no
es un tema poltico ni tampoco militar, es un tema de
la sociedad, y creo que al final la sociedad va a
lograr el propsito de derogar o anular esa ley",
declar el militar retirado.

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Marzo 31, 2006

Ocho represores presos por El Vesubio

De Pgina 12 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-64992-2006-03-31.html

LA JUSTICIA ORDENO UNA MEDIDA CLAVE EN LA MEGACAUSA DEL PRIMER CUERPO

Ocho represores presos por El Vesubio

Lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas. Los detenidos son tres jefes militares y cinco guardias y torturadores del Servicio Penitenciario. Estn acusados por 140 casos de secuestros y tormentos.
Por Irina Hauser


El juez Daniel Rafecas compar a El Vesubio con un campo de concentracin del nazismo.

Ahora es un predio abandonado, con algunos escombros, pedazos de baldosas rojas de la sala de torturas, rboles y un intruso que cra animales al que ningn juez se atrevi a sacar. All, donde se juntan la autopista Riccheri y el Camino de Cintura, funcion el centro clandestino de detencin El Vesubio, entre abril de 1976 y noviembre de 1978. Por el lugar, entre desaparecidos y sobrevivientes, pasaron algo ms de 400 personas. El juez federal Daniel Rafecas orden ayer la detencin de tres ex jefes militares que manejaron ese campo de concentracin y cinco de sus guardias y torturadores, que pertenecan al Servicio Penitenciario Federal. Los responsabiliza por 140 casos de secuestros y tormentos. Es una medida clave dentro de la megacausa sobre los crmenes cometidos durante la ltima dictadura en la jurisdiccin del Primer Cuerpo del Ejrcito.

Cinco de los represores acusados por Rafecas hasta hace algunas horas caminaban por la calle como si nada. Desde ayer ya estn presos en el penal de Marcos Paz. Son el teniente coronel Hugo Pascarelli, responsable del rea 114 del Primer Cuerpo, y tres penitenciarios, Ramn Erln, alias Pancho; Roberto Carlos Zeolitti, conocido como Sapo; Diego Chemes, a quien llamaban Polaco, y Alberto Neuendorf, conocido como Alemn. El Vesubio se caracteriz por ser un centro de detencin donde los guardias practicaban, ellos mismos, la tortura.

Los otros tres genocidas alcanzados por la medida del juez ya haban sido detenidos en un escaln previo de la investigacin en su carcter de jefes de rea, pero ahora tienen nuevas imputaciones. Uno de ellos es el general (R) Hctor Gamen, alias Beta, segundo comandante y jefe de la Brigada de Infantera X, de la que dependa El Vesubio. Gamen sola acompaar al represor Guillermo Surez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo que muri el ao pasado en sus visitas al centro clandestino y decidan la vida y la muerte de los detenidos, segn varios testimonios. Otro, Pedro Durn Senz, o Delta, era el jefe directo de este centro de detencin y, segn los relatos de vctimas, sola abusar sexualmente de las detenidas. El tercero, Jos Nstor Maidana, era jefe de guardia, y los testimonios lo describen como especialmente sdico y sanguinario.

Conozco a todos esos guardias, estuvieron all el tiempo que yo estuve detenida, que fueron tres meses. Ellos saben muchas cosas que nosotros nunca pudimos saber, dice Susana Reyes, una sobreviviente de El Vesubio, mientras intenta explicar, conmocionada, la importancia de las nuevas detenciones. Y da un ejemplo: Podran decir qu pas con Rosita Taranto, que llevaron a tener familia y le quitaron al beb sin siquiera decirle si era mujer o varn. Al hijo o hija de Rosa nunca lo encontraron. Podran decir qu hicieron con la gente. La tiraron, la enterraron?.

Los represores fueron capturados en operativos realizados el mircoles a la noche en Capital Federal, Buenos Aires y Chaco. Al disponer las detenciones, Rafecas sostuvo que son responsables del secuestro y las torturas de al menos 140 personas. Ese es el total de vctimas que pudieron declarar como testigos en el expediente. Para Rafecas el solo hecho de que hayan estado en El Vesubio representa un tormento. La mayora de los militares y penitenciarios presos sern indagados hoy a la tarde y el juez los procesara a lo sumo dentro de diez das.

El magistrado tambin pidi la captura de otros dos penitenciarios que estn prfugos, que son Ricardo Nstor Martnez, alias Pajarito, y Nstor Norberto Cendn, apodado Castro. La imputacin original tambin abarcaba a Jos Hirschfeldt y a Vctor Saccone, quienes ya murieron.

Toda la reconstruccin de lo ocurrido en El Vesubio forma parte de la megacausa acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el rea del Primer Cuerpo del Ejrcito. Es uno de los expedientes que se pudieron reabrir a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que dict el Congreso en septiembre de 2003. En total hay 47 detenidos, entre miembros del Ejrcito, del Servicio Penitenciario, la Gendarmera, la polica de La Pampa y la Federal. Nueve de ellos ya estn camino a juicio oral, a disposicin del Tribunal Federal Oral 5. Algunos por la Masacre de Ftima y otros por secuestros, torturas y asesinatos en los centros clandestinos Atltico, Banco y Olimpo. Dos de los que estarn en el banquillo son Juan Antonio De Cerro, alias Colores, y Julio Simn, el Turco Julin.

El Vesubio, un lugar al que el juez Rafecas compar con los campos de concentracin del nazismo, estaba dividido en tres casas. La casa 2 era el lugar de las torturas, tena cuatro salas y algunas personas estaban alojadas all, engrilladas o esposadas a la pared. Pero haba ms detenidos en la casa 3, donde estaban las cuchas, que eran unos habitculos separados por ladrillos, describe Jorge Watts, otro de los sobrevivientes. Entre quienes pasaron por all, estuvieron el guionista de El Eternauta, Hctor Oesterheld, y el escritor Haroldo Conti.

Watts cuenta que el predio del El Vesubio, de cuatro hectreas, perteneca, se supone, al Mercado Central. Durante el gobierno de facto de Jos Mara Guido fue entregado al Servicio Penitenciario para hacer una escuela penitenciaria, que no se concret, sino que se us como lugar de recreacin. Tiene una pileta de natacin. En 1975 ya se us como centro clandestino. Neuendorf era segunda lnea de la Triple A. En 1978 demolieron las casas y qued todo abandonado. Pese al reclamo del Servicio Penitenciario, en el 84 se lo dieron al Mercado Central, relata.

Hoy slo subsisten restos recortados de los pisos. Las baldosas rojas con borde blanco de la sala de torturas son inconfundibles para los ex detenidos. La pileta est llena de escombros. Hay yuyos y quedan menos rboles que los que haba en los setenta. En los prximos das, empezar a trabajar en el lugar un grupo de expertos antroplogos y arquelogos a pedido del juzgado, en busca de restos seos. En la Cmara de Diputados, una propuesta de Marta Maffei, que alientan los sobrevivientes, pide la expropiacin y busca convertirlo en un espacio para recuperar la memoria.

RELATOS DE LOS SOBREVIVIENTES
Mataban con golpes y patadas

Por I. H.

Uno de los guardias, el Polaco, era un tipo que siempre se me acercaba. Como yo estaba embarazada y la comida era harina con tripa gorda, l quiz me traa una mandarina y me deca, sealndome la panza: Alimentate bien, porque se va a ser para m. Si tena fiebre me llevaba remedios, que yo nunca me tom. Un da apareci con un paquete y me dijo que era un regalo. Estaba envuelto con moo. Cuando lo abr, encontr una capuchita negra, como la que me ponan a m pero para el beb. Susana Reyes es una de las 140 sobrevivientes de El Vesubio, y ese es slo uno de tantos actos de sadismo que le tocaron vivir y que relat a Pgina/12. El Polaco, Diego Chemes, es uno de los represores detenidos ayer.

Cuando la secuestraron, el 16 de junio de 1977, Susana tena 20 aos y estaba embarazada de cuatro meses. Se la llevaron junto con su marido, Osvaldo Manteollo, y a una amiga, Liliana, mientras almorzaban en la casa de sus suegros. Cuando lleg a El Vesubio le dijeron que se olvidara su nombre, que all sera M17. Fue sometida a toda clase de maltratos y, entre otras, le toc servirles la comida a todos los represores, cuyos rostros no olvida. A su marido pudo verlo tres o cuatro veces all dentro. El y Liliana estn desaparecidos. El ltimo contacto que tuve con Osvaldo fue una cartita que me hizo llegar por unos guardias. Me peda que si el beb era varn le pusiera Juan Pablo y si era nena, Mara. Cre que lo llevaban a otra crcel, pero no. A m me soltaron el 16 de septiembre, el da de mi cumpleaos, aunque yo no tena idea, relata. Su hijo Juan Pablo naci un mes y medio despus. Ahora Susana se dedica a lo mismo que por entonces: es alfabetizadora de adultos. Frente a las detenciones de sus torturadores dice: Hoy toda la angustia explota en m.

A Ana Di Salvo y a su marido, Eduardo Kiernan, los secuestraron en su casa de Temperley, en marzo de 1977. Ella tena 39 aos y l 37. Adentro de casa qued mi hijo, que tena 18 meses, con Rosita, una chica que lo cuidaba mientras yo trabajaba como psicloga, repasa. Ana era secretaria de la Asociacin de Pisclogos de Lomas de Zamora y sus torturadores no hacan ms que preguntarle por eso, mientras le aplicaban picana elctrica y golpes feroces, y por la gente que entraba a su casa cuando su marido trabajaba en ventas. Un da escuch que los guardias comentaban: Ahora tenemos dos psiclogas. La que haba llegado era Marta, a quien conoca, del hospital de Lans. Pidi verla, y lo logr. Me agach, le agarr las manos y me dijo: Tu hijo est con tu familia en Tres Arroyos. Fue un alivio impresionante. Sent que ramos amigas de toda la vida. Despus estuvimos en la misma cucha, cuenta.

Ana tiene un recuerdo especial de aquella amiga, que sigue desaparecida. Me escuch decir una vez esta frase: Cuando tengo fro en el cuello tengo fro en todo el cuerpo. En cuanto pudo, cuando le toc ir a limpiar a la jefatura, encontr un poco de lana y qu hizo? me teji una bufandita con el dedo. Tom, para tu cuello, che, psicloga, me dijo. Es una bufandita naranja y blanca, que desde entonces me acompaa a todas partes. La llev al Juicio por la Verdad y a todos lados donde tuve que declarar, recuerda. Ana y su marido recuperaron la libertad y a su hijo, despus de dos meses. A los pocos das descubrieron con horror, en los diarios, que quienes aparecan como muertos en un supuesto enfrentamiento en Monte Grande haban estado con ellos en El Vesubio.

Para Jorge Watts, una de las escenas imborrables de su cautiverio, fue cuando uno de los guardias, alias Pancho, mat a patadas a Luis Prez, el delegado del banco de Tokio en agosto de 1978, porque se quejaba porque tena una costilla rota. Le dieron una inyeccin y lo mataron a golpes. En las cuchas exista una prohibicin de hablar, por eso a l lo mataron, dice. Watts, que hoy tiene 57 aos, es uno de los principales impulsores de la investigacin y estuvo en El Vesubio desde julio de 1978 hasta septiembre. Luego estuvo en otros centros clandestinos. Todava siente el eco de los gritos y quejidos de las sesiones de torturas.

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