Junio 30, 2007
Arg - Caso López: grave denuncia de la abogada
Guadalupe Godoy dijo que hay "complicidad" entre el Servicio Penitenciario y los represores detenidos junto con Etchecolatz
Viernes 29 de junio de 2007 | 14:10
Tras el largo allanamiento realizado ayer por la policía en el penal de Marcos Paz, donde está detenido el represor Miguel Etchecolatz, en el marco del caso López, la abogada del hombre que declaró contra el ex policía y está desaparecido desde hace más de nueve meses denunció que existe "complicidad" entre los efectivos del Servicio Penitenciario y los represores detenidos en esa unidad carcelaria.
"Existe una necesaria complicidad del Servicio Penitenciario Federal con los represores detenidos en la cárcel [de Marcos Paz]. Como mínimo existe desidia del Ministerio de Justicia de la Nación al momento de permitir y facilitar que los represores continúen teniendo un trato privilegiado dentro del penal", denunció Guadalupe Godoy, defensora del albañil de 77 años que desapareció el 18 de septiembre del año pasado en declaraciones a la agencia DyN.
El operativo. El allanamiento en el penal, donde además de Etchecolatz esta detenida una treintena de represores, había sido ordenada por el juez federal platense que tiene a su cargo la investigación sobre el paradero de López, Arnaldo Corazza.
Godoy añadió que la pesquisa por la desaparición de López "tiene los límites que el poder político dispone".
En el penal del SPF cumplen prisión, entre otros, Etchecolatz, ex jefe de la policía bonaerense que fue condenado a prisión perpetua en el juicio en el que declaró López, y el ex capellán de policía, Christian von Wernich, quien comenzará a ser juzgado el miércoles que viene.
Carpetas. Ya en marzo, Corazza había ordenado una inspección del penal en la que se secuestró, en la celda de Etchecolatz, una carpeta con prolijos recortes periodísticos sobre el caso López.
Chile - Detienen a coronel (R) Rolf Wenderoth, condenado por desaparición
Ex oficial del Ejército debe cumplir cinco años y un día en la cárcel por secuestro permanente del mirista Manuel Cortez Joo.
La Policía de Investigaciones detuvo este viernes por la mañana en Osorno al coronel en retiro del Ejército Rolf Wenderoth, condenado por el secuestro permanente del militante del MIR Manuel Cortez Joo.
La orden de aprehensión fue emitida por el ministro Alejandro Solís luego de que el miércoles pasado la Corte Suprema rebajara la condena hasta cinco años y un día de reclusión por la desaparición ocurrida en enero de 1975.
El ex oficial, que fue capturado por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, será trasladado en horas de la noche hasta Santiago para ingresarlo al penal Cordillera.
El abogado de Wendertoth, Enrique Ibarra, ratificó la detención de su defendido e insistió en que una condena por un secuestro permanente es una “ficción jurídica”.
Cortez Joo (28) era contador auditor, casado y padre de un hijo al momento de su detención. Fue detenido por agentes de la DINA en la vía pública por tratar de evitar la detención de su amigo Hugo Daniel Ríos Videla, también militante del MIR y desaparecido.
Fue llevado a Villa Grimaldi y su nombre apareció en el primero de los dos listados de los 119 desaparecidos víctimas de la Operación Colombo, figurando en la lista de 59 nombres que fue publicada por el diario O Dia de Curitiba, Brasil, el 24 de julio de 1975.
Harboe: Dichos no son apropiados
Consultado sobre los dichos del profesional, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistó en que "en este país hay un estado de derecho que debe ser cumplido por todos, hayan o no usado uniforme o hayan o no, en este caso, cometido un delito”.
"Si una persona ha cometido un delito, lo que corresponde es la acción de la justicia. Si la justicia ha actuado, y establece las sanciones judiciales hay que cumplirlas”, indicó.
"Y así como lo hemos hecho con otros casos, corresponderá, en consecuencia a la justicia actuar, a través de las instituciones policiales correspondientes, para que las resoluciones judiciales se cumplan”, enfatizó.
Sin embargo, estimó que no es “apropiado que un jurista plantee posibilidades de vulneración de las normas judiciales, cuando justamente de lo que se trata su profesión, es de propender al respeto del Estado de Derecho, que es lo que corresponde”.
Iturriaga Neumann
En tanto, el director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, aseguró que cuentan con importantes antecedentes sobre el prófugo general retirado Raúl Iturraga Neumann, también condenado por violaciones a los derechos humanos.
"En la información que recibo día a día, hay diligencias que se están realizando en forma muy silente, muy reservadas, con apoyo de personas en la búsqueda y esperamos tener resultados luego”, dijo.
"No puedo dar a conocer el detalle de las diligencias porque le estaría avisando a este caballero lo que estamos haciendo”, precisó.
Sin embargo, admitió que "tenemos algunos datos, claramente concretos. Eso es lo único que les puedo decir al respecto. (…) Según nosotros, está en Chile”.
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=221472
Par - Sin freno en Paraguay, la ola de plagios y asesinatos de campesinos
STELLA CALLONI
Buenos Aires, 29 de junio. El reciente secuestro, tortura y asesinato de Antonio Almada, del Movimiento Campesino Paraguayo, quien fue sacado de su casa, en el asentamiento Meno Kue, departamento de Canindeyú, en Paraguay, se añade a la larga lista de casos similares que han sido denunciados por organismos humanitarios de ese país.
Almada fue llevado con engaños a una emboscada el pasado 26 de mayo, y su cadáver, con señales de tortura, fue encontrado a un kilómetro de su casa. Sus familiares denunciaron que el cuerpo estaba golpeado, "tenía las uñas arrancadas, los genitales reventados y un orificio de bala en el cuello. Varios vecinos comentaron que escucharon gritos esa noche en una casa cercana, que está abandonada, donde se encontraron restos de sangre", denunció la secretaría de relaciones internacionales del Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS).
A su vez, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay ha denunciado en años recientes unos 200 asesinatos y desapariciones de campesinos en distintos lugares del país, en los cuales también realizan maniobras las tropas de Estados Unidos, a las que el Congreso paraguayo concedió inmunidad desde mayo de 2005.
En abril pasado, el Serpaj dio a conocer que grupos de policías y civiles maniataron y golpearon al niño Blas Argaña, de 11 años de edad, para que les dijera dónde estaba su padre.
"Unos 30 policías que intervinieron la tarde del miércoles 18 de abril en la colonia Paraguái Pyahu, distrito de Guajayvi, encabezado por Menelio Orué, encargado de la comisaría local, maniataron, abofetearon y golpearon en la planta de los pies al niño, quien estuvo atado a un árbol cerca de una hora. Luego le dieron algo de dinero y le exigieron silencio. La fiscal Lilián Ruiz, quien había ordenado el proceso para detener a varios campesinos -entre ellos al padre del niño-, terminó pidiendo perdón por esos hechos", informó el Serpaj.
También mencionó otro procedimiento policial en el distrito de Guajayvi, San Pedro, en el que civiles armados y policías detuvieron y golpearon a cinco campesinos sin razón alguna, a quienes la fiscal Ruiz también ofreció "disculpas".
En este caso los policías fueron acompañados por civiles armados, "que actuaban bajo el mando de los uniformados", relataron vecinos al promotor jurídico Juan Manuel Avalos, quien visitó la comunidad luego de la intervención.
A su vez, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay ha denunciado desde hace tiempo la tragedia que vive el movimiento campesino en ese país, ante el avance de las trasnacionales que ocupan sus tierras para sembrar transgénicos y utilizan métodos de terror para que los campesinos les dejen sus tierras, utilizando a fuerzas policiacas y grupos civiles armados.
Debido a esto, organismos humanitarios de Paraguay han redoblado sus denuncias contra la "ley antiterrorista", recientemente aprobada en ese país por la Cámara de Diputados, "a instancias y bajo presión de la embajada de Estados Unidos", al advetir que esa legislación "criminaliza la lucha por la tierra en el país" y será usada como herramienta legal para perseguir" a quienes exigen sus derechos, calificándolos de "terroristas".
Ante la gravedad de esos sucesos, organismos humanitarios de Argentina y el también premio Nobel Alternativo Martín Almada, descubridor de los "archivos del horror" en Paraguay en 1992, pidieron a la justicia y al gobierno argentino que no extraditen a seis campesinos paraguayos que están presos desde hace más de un año aquí, adonde llegaron en busca de refugio político.
La extensa lista de asesinatos, desapariciones y torturas en años recientes, en las zonas rurales de Paraguay, "hace insostenible cualquier decisión que envíe a los campesinos presos en Argentina de regreso a su país, ya que a pesar de que se demostró su inocencia la justicia paraguaya insiste en solicitar su extradición", expresó Almada recientemente en Buenos Aires.
En una carta escrita desde la cárcel de Marcos Paz, los campesinos paraguayos recuerdan que llevan "un año presos por pensar, por querer ser libres, por denunciar injusticias y, sobre todo, por repudiar la presencia de las tropas de Estados Unidos" en su país.
Detenidos el 2 de mayo de 2006, cuando llevaban los documentos requeridos por el Comité de Elegibilidad para Refugiados, en esa misma oficina y con inusitada violencia, señalan que se ha "hecho oídos sordos a nuestras denuncias de persecución, negándonos el refugio político a tres días de haberlo solicitado, argumentando que Paraguay es un país que goza de un estado de derecho, como dijo el juez (Ariel Lijo) que concedió la extradición en primera instancia".
También recordaron que pertenecen al "sector del campesinado que históricamente ha enfrentado la dictadura", y que a los miles que sufrieron muerte y persecución en esos años ahora "se han sumado más de 200 mártires" desde la caída del dictador Alfredo Stroessner, en 1989.
Por todo ello decidieron solicitar el apoyo de los pueblos de América Latina, para acompañar "en digna resistencia al pueblo campesino y pobre de Paraguay, y pedimos que la solidaridad exija refugio en Argentina y que miren lo que sucede en nuestro país".
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/30/index.php?section=mundo&article=031n1mun
Mex - Recuerdan en Aguas Blancas a sus muertos
Por Gaspar Hernández Pino
COYUCA DE Benítez, Gro., 28 de junio.- Organizaciones políticas se hicieron presentes en el vado, donde perdieran la vida 17 campesinos, y conmemoraron el doceavo aniversario de la masacre de Aguas Blancas.
Los Partidos del Trabajo (PT), del Sol Azteca, y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), realizaron una velada en el zócalo de este municipio, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, así como estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero efectuaron en el mausoleo erigido en honor a los 17 campesinos masacrados en el este lugar.
Los integrantes de dichas organizaciones con pancartas y mantas en mano, alusivas a la presentación con vida de los desaparecidos del país, libertad a presos políticos y castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas, partieron hacia el vado en donde colocaron una ofrenda floral y realizaron una misa a un costado del monumento a los caídos, a cargo del párroco de esta ciudad Juvenal Aponte González.
Las organizaciones coincidieron en señalar y denunciaron la criminalización contra la organización y protesta social, caracterizada por el encarcelamiento a los principales dirigentes de la APPO y la pena de por vida a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Dijeron que en diversos medios electrónicos y escritos del estado de Oaxaca, dieron a conocer que dos miembros del PDPR-EPR, fueron detenidos el 25 de mayo en Oaxaca, sin que hasta el momento se sepa del paradero, estado físico y psicológico de Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya.
Para finalizar los ahí presentes hicieron un llamado a las organizaciones sociales, políticas, civiles y de derechos humanos a exigir el cese a la guerra sucia en el país, el cese a la tortura, presentación con vida de los desaparecidos, y contra todo acto de tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y hostigamientos que sufren los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.
Uruguay: Reanudarán Excavaciones en Cuarteles
MONTEVIDEO, 30 (ANSA) - El antropólogo José López Mazz anunció que a mediados de agosto se reanudarán las excavaciones en unidades militares en busca de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
El jefe del equipo de antropólogos que realizó excavaciones en cuarteles entre 2005 y 2006, confirmó la información hoy al diario La República e indicó que los trabajos se iniciarán "seguramente el día 15" de ese mes, después que se firme un nuevo convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia.
Indicó que las excavaciones se realizarán en predios de los batallones 13 de infantería del ejército y el 14 de la localidad de Toledo, distante 22 kilómetros de Montevideo, en la sede del Grupo de Artillería Nro. 1 y en La Tablada, un establecimiento que hoy sirve de cárcel para presos comunes.
López Mazz señaló que esta segunda fase de búsqueda se realizará en base a información obtenida por organizaciones de familiares de los detenidos desaparecidos y testimonios aportados de distintas fuentes al propio equipo de técnicos.
30/06/2007 14:08
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Mex - Decepción y enojo entre familiares de desaparecidos
Sergio Ocampo Arista
Chilpancingo, Gro., 29 de junio. Ex guerrilleros y familiares de presos políticos de la entidad indicaron que con la liberación de Mario Arturo Acosta Chaparro el gobierno de Felipe Calderón muestra su verdadero rostro.
Andrés Nájera, presidente del Comité Eureka en la entidad, recordó que el militar es responsable de al menos un tercio de las desapariciones de la guerra sucia en Guerrero en los años 70. "Este general sanguinario tuvo que ver en más de 200 de las 600 desapariciones" en ese periodo, sostuvo.
"No hay duda de que con esta liberación el gobierno de Calderón actuó como los gobiernos priístas: protegiendo a represores", dijo Celia Piedra, esposa de Jacobo Nájera Hernández, profesor desaparecido en 1974 por órdenes de Acosta Chaparro.
"En México no hay justicia; nos quieren hacer como en Chile y Argentina", añade Piedra, también integrante del Comité Eureka en Guerrero.
Tanto Nájera como Piedra rechazaron la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca de crear una comisión de la verdad que esclarezca los hechos de la guerra sucia. "No estamos de acuerdo porque Torreblanca es igualito que Felipe Calderón; nunca encarcelará a Rubén Figueroa Alcocer o a Héctor Vicario por su responsabilidad en la masacre de Aguas Blancas".
Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, manifestó que Acosta Chaparro fue uno de los criminales más "rabiosos" del país. "Sólo en esta entidad persiguió y desapareció a nuestros compañeros Eloy Cisneros Guillén y a Octaviano Santiago Dionisio, destacados luchadores sociales", dijo.
"Estuve preso con Gregorio Hernández Brito en la cárcel de Perote, Veracruz, y Acosta Chaparro intentó sacarnos de ahí por la fuerza en 1978. Afortunadamente, los compañeros se amotinaron e impidieron que nos llevaran."
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/30/index.php?section=politica&article=007n2pol
Arg - Piden juicio oral para varios represores
Actuaron en los campos clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco durante la última dictadura militar. En la lista están Raúl Guglielminetti y Julio "el turco Julián" Simón, entre otros.
Un fiscal solicitó a la Justicia Federal elevar a juicio oral la causa que se les sigue al ex agente de inteligencia, Raúl Guglielminetti, y a otros represores que actuaron en los centros clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco, informaron ayer fuentes tribunalicias.
El requerimiento fue realizado por el fiscal Federico Delgado ante el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa que involucra a Guglielminetti y a una docena de ex policías, ex gendarmes y a un ex integrante del servicio penitenciario, quienes actuaron en esos centros durante la última dictadura.
La solicitud alude a Guglielminetti y a los también procesados ex policías Samuel Miara, Juan Falcón, Raúl González, Eduardo Kalinec, Eufemio Uballes, Luis Donocik, Roberto Rosa, Oscar Rolón y Julio "el turco Julián" Simón; a los ex gendarmes Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y al ex penitenciario Juan Carlos Avena.
En un dictamen de 40 carillas -al que tuvo acceso Télam- el representante del Ministerio Público analizó lo ocurrido en esos centros de detención y tortura, que el juez Rafecas parangonó con los campos de concentración del nazismo, durante la dictadura militar.
Delgado responsabiliza a cada uno de los involucrados por varias decenas de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos, entre otros delitos que los tratados internacionales y la Corte Suprema de Justicia califican de "lesa humanidad".
El fiscal explicó "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional".
Sostuvo que "no se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia".
En su pedido, el representante del ministerio público señaló que "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder" en marzo de 1976 "con el deliberado objetivo de despolitizar y ’normalizar’ un momento de la historia que se percibía como ’amenazante’ para el orden social vigente".
"Se trató de la feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil", dijo Delgado y añadió que "en la Argentina en la época que tratamos el soberano no era otro que la junta militar y sus dependientes jerárquicos".
La "perversa connivencia de un marco normativo ilegal y brutales prácticas que lo convertían en una fachada que velaba la crueldad y pretendía proporcionar una envoltura jurídica que aspiró a ocultar la naturaleza del régimen", también mereció el análisis del acusador.
El fiscal fundamento el pedido en la necesidad de juzgar a quienes "en forma coordinada y como parte de la ’maquinaria estatal del terror’ materializaron aquellas mandas de secuestrar, encerrar furtivamente, atormentar física y psíquicamente, eventualmente ’controlar’ tras la liberación y ’negar al otro’".
Describió luego pormenorizadamente la actividad que se cumplía en cada uno de los centros clandestinos de detención donde "la práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" donde "los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas".
Añadió que los imputados "al implantar el terror en la mente de sus víctimas, neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas que les permitiera ofrecer respuestas coincidentes a los interrogatorios a que serían sometidos".
A Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", le imputó 75 casos de secuestros y torturas, 56 de ellas agravadas; a Miara, Rosa, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik y a Rolón los responsabilizó por los mismos delitos en 25 oportunidades; a Simon por 23 hechos y a Cardozo, Pereyra Apestegui y Avena, por 14 veces.
Delgado sostuvo que "la estructura del ’Proceso de Reorganización Nacional’ en la denominada ’Lucha Antisubversiva’ construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada, a través de Zonas, Subzonas, Areas y subáreas cada una de las cuales tenía asignada una estructura militar responsable".
"A la vez fueron implementados distintos grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad, que operaban desde los diversos centros clandestinos de detención desde los cuales se llevó a cabo el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", añadió.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66510&id=159447&sec=1&dis=1
Kosovo - Fate of missing still unaccounted for
www.b92.net
RTV B92 New
BELGRADE -- The fate of one third of the missing in Kosovo has
to date been clarified, Francois Stamm has said.
"The job ahead of us is going to be much harder since concrete and accurate pieces of information regarding the fate of the missing are scarce. All sides should increase efforts in pursuing information,"
Stamm, head of the working group for the missing persons in Kosovo, said.
A meeting of a working group composed of the representatives of the missing persons commissions from Belgrade and Pristina noted that the situation called for speeding up the pace of the working group's efforts.
The meeting was held in Belgrade Friday.
"Members of both commissions call on permanent observers from
the international community and representatives of the families of
the missing to assume a more active and constructive role in the
working group," the statement released after the meeting said.
Stamm appealed to institutions in Pristina and Belgrade to confirm
their resolve displayed at the beginning of the process, and engage
in cooperation on this extremely important humanitarian issue.
According to the latest data, as many as 2,047 persons are still considered missing in Kosovo, including 500 Serbs, 1,300 Albanians
and 200 members of other ethnic communities.
Junio 29, 2007
Arg - Velatorio de Esteban Gorondona
La Plata, 29 de Junio- La Asociación Civil Miguel Bru informa que en el día de la fecha a partir de las 19.00 hs se realizará el velatorio de quien en vida fuera Esteban Gorondona, desaparecido en La Plata desde el 13 de Noviembre de 2005 hasta Julio del año siguiente, cuando fue hallado enterrado en una tumba como NN en el cementerio de Rafael Calzada. El mismo se realizará en la casa de Sepelios sita en San Martín 2710 (ex calle 698), frente a la Municipalidad de Florencio Varela. Así mismo sus restos serán sepultados a las 10 hs del sábado en el cementerio de dicha localidad.
Esteban “El Chino” Gorondona tenía 32 años y tres hijos. Vivía cerca de la Rotonda de Alpargatas y trabajaba en una fábrica de vidrios de Berazategui. El 13 de noviembre fue con sus primos al Estadio Unico de La Plata a un recital del Indio Solari. La última vez que lo vieron estaba en una valla de acceso, en los controles de seguridad.
Su madre, Delia López, sostiene que Esteban no se suicidó como informa la Fiscalía. Cree que tal vez su hijo pudo haber sido víctima de un exceso policial. Su familia aún busca la verdad de lo ocurrido aquel 13 de Noviembre.
Nepal: Government's flawed disappearance probe commission an attempt at extending impunity
The Asian Human Rights Commission (AHRC) is deeply concerned by the decision taken by the Government of Nepal on June 21, 2007 to form a 'High Level Probe Commission on Disappeared Persons' under the chairmanship of former-Supreme Court Justice Narendra Bahadur Neupane, as the establishment of this commission is in contradiction to the directives contained in the landmark June 1, 2007 Supreme Court verdict and Nepal’s domestic and international human rights commitments.
According to Nepalese human rights organisations, it is feared that such a commission will likely prolong and reinforce the culture of impunity that currently reigns in the country with regard to the problem of forced disappearances, enabling perpetrators to continue to avoid being brought to justice for their actions and ensuring that victims and their families are deprived of justice and reparation. It must be recalled that the United Nations declared that Nepal was the scene of the world’s worst problem of forced disappearance in 2003 and 2004, with the problem having been ongoing for years before then, notably since the beginning of the internal conflict between the then-government and the CPN-Maoist insurgents in the country in 1996.
In its June 1 judgement on disappearances, the Supreme Court of Nepal ruled that existing legal arrangements that would govern any probe commission into any inquiry in the cases of human rights violations including disappearances are currently insufficient and that the current criminal legal apparatus lacks the necessary provisions to deal with these issues. The Court held that it is imperative to enact a separate law to deal with cases of forced disappearance. The AHRC has for some time been calling for the enactment of a law criminalizing disappearances as one of the effective ways to begin the process of challenging impunity concerning this very grave human rights violation and welcomes the Supreme Court’s pronouncement in this regard.
The Court directed the government to form a commission on enforced disappearances only after enacting a comprehensive law to govern it and suggested that the government consult the UN Convention of Enforced Disappearance before drafting and enacting such a law. It is recalled that it is a constitutional obligation for the government to follow orders issued by the Court and that the country’s Interim Constitution has preserved a mandatory provision that makes any verdict on the part of the Supreme Court binding on the government.
In light of this, the fact that the current government has formed a commission in blatant disregard for and opposition to the content of the directive order issued by the Court is a serious development that greatly undermines the government’s credibility concerning human rights and the fight against impunity. It has been suspected that the current government, which now also includes the Maoists, has no interest in dealing effectively with the issue of impunity or addressing the vast range and number of past human rights violations resulting from the country’s recently-ended internal conflict. The government’s decision to establish the afore-mentioned commission can only be seen as reinforcing this suspicion.
It is therefore imperative, if the government is to retain any credibility in terms of human rights, that this latest probe commission be immediately dissolved. A probe commission to look into disappearances should only be formed if it meets the requirements set out by the Supreme Court and is in line with international human rights laws and standards. The way in which the government of Nepal deals with the problem of forced disappearance will represent a litmus test concerning its ability to respect, protect and promote human rights and to ensure peace and security, for which it has been mandated by the people of Nepal following the popular uprisings in April 2006.
Rights Group Accuses Philippine Army of Abuses Against Leftists
MANILA, June 28 — The Philippine military has been waging a “dirty war” against leftists that has resulted in the death or disappearance of hundreds of Filipino activists, Human Rights Watch said Thursday.
In a report, the group said that the government had failed to prosecute members of the armed forces implicated in the killings and that witnesses were afraid to testify, contributing to “official impunity.”
Human Rights Watch, based in New York, also said that measures by the government to deal with the killings had been largely unsuccessful and that the administration of President Gloria Macapagal-Arroyo had consistently failed to uphold international human rights law.
The report came a few days after a Philippine newspaper quoted unidentified generals who contended that they had been present at meetings in which a military policy that involved the assassination of leftists was discussed.
An investigation in February by a United Nations human rights envoy, Philip G. Alston, blamed the military for the killings. A commission created this year by Ms. Macapagal-Arroyo reached the same conclusion.
The government also created special courts to try such cases but witnesses have been afraid to speak out.
The armed forces said the Human Rights Watch report was unfair and one-sided. “We categorically deny the allegations that there is a dirty war being waged by the armed forces of the Philippines, particularly against the leftist groups,” Lt. Col. Bartolome Bacarro, a military spokesman, said Thursday.
Though he conceded that some military elements might have been involved in such killings, Colonel Bacarro said, “It is not a policy to commit extrajudicial activities.”
Sophie Richardson, deputy director of Human Rights Watch’s Asia program, said, “There is strong evidence of a ‘dirty war’ by the armed forces against left-leaning activists and journalists.” She said, “The failure to prosecute soldiers or police suspected in these killings shifts the spotlight of responsibility to the highest levels of the government.”
The report said the killings “appeared to shift into a higher gear” in February 2006, after several leftist groups were accused of participating in a coup plot led by renegade members of the military. The report also said that around the same time, Ms. Arroyo also ordered an “all-out war” against Communists.
Karapatan, a Philippine human rights group, some of whose members have been killed, has documented nearly 900 cases of what it describes as extrajudicial killings. There has also been a recent spate of abductions of leftists, some of whose bodies were later found.
The military denies that it goes after unarmed activists, insisting that the killings have been carried out by the Communists themselves as part of a long-running purge.
But Human Rights Watch said that while the rebel New People’s Army continued to violate human rights, its investigation did not uncover evidence of the rebels’ participation in any of the killings.
The group urged Ms. Macapagal-Arroyo to issue an executive order prohibiting extrajudicial killing and called on the United States to suspend military assistance to the Philippines until members of the armed forces those implicated in the killings were prosecuted.
“Actions speak louder than words, and the only real proof of the government’s commitment to end these killings will be when the perpetrators are finally held to account in a court of law,” the group said.
http://www.nytimes.com/2007/06/29/world/asia/29philippines.html?_r=1&oref=slogin
Guate - Reencuentro Familia Gómez Jiménez
GA
Grupo de Apoyo Mutuo
8a Calle 3-11 Zona 1
Ciudad de Guatemala
REENCUENTRO FAMILIA GÓMEZ JIMÉNEZ
El Grupo de Apoyo Mutuo en el marco del Día Nacional Contra las Desapariciones Forzadas, comprometido con el pueblo guatemalteco en la incansable lucha de hacer escuchar la voz de aquellos que no pudieron ver un día más y cumplir sus sueños y otros, niñas y niños que fueron separados abruptamente de sus familias y que con dolor dejaron sus tierras.
Hoy nuevamente, podrán ver el fruto de sus esperanzas; una oportunidad en la que por el arduo trabajo de nuestra institución tiene como resultado hacer realidad el sueño de la familia Gómez Jiménez, una familia más, y éste corresponde al quinto reencuentro del año 2007.
En el año de 1980, la aldea Nuevo Xalbal, Ixcán Quiché, era un lugar muy tranquilo y lleno de vegetación cuando todavía reinaba el amor y la tranquilidad, acompañados de la humildad y entre la pobreza se conformaba la unidad de la familia de don Nicolás Gómez.
Esta familia estaba integrada por Marta Jiménez, esposa y sus hijos; José, Rufina, Vicente, Aurelia, Josefa, Juan todos de apellidos Gómez Martínez. Ellos se dedicaban a la agricultura y crianza de animales de corral y en algunas temporadas viajaban a la costa para el corte de algodón.
Nicolás Gómez, tenía el privilegio de tener a su familia unida, hasta que fue brutalmente separada, por elementos del ejército quienes llegaron a la comunidad asesinando a todas las personas que encontraban a su paso, durante su recorrido por las distintas comunidades.
En ese momento el primo Victorino Gómez, quien vivía a unos quince minutos de la casa de Juan Martín, llego a informarles de lo que estaba sucediendo y que el ejercito estaba a punto de llegar a dicho lugar, se dio la voz de alerta, como pudieron recogieron algunas de sus pertenencias, huyendo a esconderse. Desde ese momento ocurrió la desintegración familiar. Don Nicolás Gómez Jiménez, decidió no abandonar el lugar y los primos Juan Martín y Victorino al retornar al siguiente día observaron la muerte de sus padres, a Nicolás Gómez (padre) lo mataron dejándolo crucificado, con unas estacas dentro de su cuerpo junto a su yerno y otras familias, colocándoles una corona de espinas en la cabeza, yendo posteriormente a la casa de Victorino, pero ésta se encontraba totalmente quemada como otras en la comunidad. Al ver esta situación sufrió un colapso desmayándose a causa de la impresión y la tristeza, fue auxiliado por su primo, huyendo hacia la montaña y desde un lugar alto de la comunidad observaron la quema de varias casas de otras comunidades.
Ellos se refugiaron en la denominada Comunidad de Población en Resistencia (CPR), pero por los constantes ataques por elementos del ejército se vieron obligados a huir por separado en ese momento Juan tenía 5 años y Victorino 15 aproximadamente. Juan Martín fue refugiado en Campeche, México y su primo Victorino en Chiapas, del mismo Estado donde les dieron ayuda.
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, Juan Gómez J. retornó en el primer grupo de refugiados a Guatemala y actualmente vive en la comunidad Nuevo México, San Vicente Pacaya, Escuintla, donde recibimos la denuncia y el testimonio relacionado. Victorino Gómez J. regresó a la Comunidad Nueva Libertad, Fray Bartolomé de las casas, donde actualmente reside. Según el testimonio de los Primos, tienen 27 años de no verse.
El Estado guatemalteco a través del Programa Nacional de Resarcimiento debiera de adoptar como propio el esfuerzo por impulsar reencuentros de familias que fueron separadas por causas de la violencia que el mismo Estado impulsó contra la sociedad civil indefensa.
MIS PASOS NO SE DETENDRÁN HASTA ENCONTRARTE
Guatemala 29 de junio de 2007
Junio 28, 2007
Russia 'terror remains' ban kept
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6249054.stm
BBC News | Europe Thursday, 28 June 2007, 13:19 GMT 14:19 UK
Russia's top court has backed a law banning the return of the bodies of those branded terrorists or suspected of terrorism to their families.
The families of two suspected Chechen rebels killed in a 2005 special forces raid had appealed to the court, hoping to secure the return of their remains.
Correspondents say the practice echoes a Soviet custom of burying convicts without telling their families.
The case was brought to the Russian constitutional court by two women whose sons were killed in the operation, in the Northern Caucasus city
of Nalchik in October 2005.
The women had argued that the guilt of their sons was never proved
in court and therefore that they should be presumed innocent.
In another recent case, Russian authorities are refusing to hand over
the body of a man accused of being an Islamic militant shot dead
in the same region.
Human Rights Watch says it doubts an official Russian version of events, in which Ruslan Adishev was accused of being the spiritual leader of
an Islamic extremist organisation.
Russia's tactics in its battle against militants have frequently come in for criticism, with relatives of many of those accused of terror offences denying their guilt.
But Moscow maintains that the ban is leading to a decrease in terrorist activity, and that disclosing the burial places of terror suspects
could lead to a spread of terrorist propaganda and ethnic hatred.
The European Court of Human Rights is also examining the Nalchik mothers' case.
Sri Lanka reports 430 killings in five months
June 28, 2007 (AFP) - Some 430 Sri Lankans were slain during a five-month period, most of them minority Tamils, a commission said on Thursday, amid growing controversy over rights abuses in the conflict-hit island.
The Special Presidential Commission on Disappearances said the killings were reported between September 2006 and February 2007 as the country came under increased international criticism over rights.
"A majority of the cases relate to (ethnic minority) Tamils," probe chairman Mahanama Tillakaratne said.
"Locally and internationally there has been a big issue of abductions, disappearances and unsolved killings," he said. "This is something very bad for the image of the country."
Tillakaratne was named last year by Sri Lankan President Mahinda Rajapakse to investigate a wave of killings and disappearances that has shaken the country where Tamils are fighting for an independent homeland.
Many of the victims have been executed with their hands tied behind their backs and shot through the head.
During the same September to February period, a total of 2,020 people were either abducted or disappeared, Tillakaratne added.
Some 1,134 were later found alive and reunited with their families.
The fate of the remainder is unknown, Tillakaratne said.
"The cases are so complicated that even if you get Scotland Yard (detectives) you may not be able to solve them," he said.
Sri Lanka is facing mounting criticism over its inability to stem the wave of killings and abductions which have risen with the escalation of fighting between troops and Tamil Tiger rebels in the island's northeast.
On Wednesday, Japan, the single largest donor to Sri Lanka, voiced concern about the human rights situation in the island nation during a visit by Colombo's foreign minister.
A Norwegian-brokered 2002 truce began unravelling in December 2005. Since then, more than 5,000 people have been killed in fighting across the north and tsunami-ravaged east of the country.
The 35-year-old conflict has left at least 60,000 people dead.
http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?newsID=451931022&no_view=1&SEARCH_TERM=33
Special center to gather information on abductions and disappearances in Sri Lanka opens today
Thursday, June 28, 2007, 14:16 GMT, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.
June 28, Colombo: A special center was opened today at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) for the benefit of the Sri Lanka public to provide information on abductions and disappearances.
The public can access the centre round the clock in all three national languages, Sinhala, Tamil and English. The telephone number is 060 2119240 and fax number is 011 2673409. The center was earlier proposed to be set up in the Presidential Secretariat but was moved to the BMICH for easy access by the public.
Sri Lanka President recently appointed a special committee to look into the abductions and disappearances. The committee includes Ministers Dullas Alahapperuma, Rajitha Senarathna, Deputy Ministers P. Radhakrishnan, Abdul Baiz and the opposition leader of the Colombo Municipal Council Vasudewa Nanayakkara.
Minister Rajitha Senarathna said opening the center that the abductions and disappearances have died down since the appointment of the special committee by the President.
Phil - Search continues for 'desaparecidos'
By MARIA ALETA O. NIEVA
abs-cbnNEWS.com
Stories have been told about mothers, fathers, sisters or brothers fervently searching, practically not leaving any stones unturned, for their loved ones who had been victims of involuntary disappearance.
Like a broken record playing over and over again, the search never seemed to stop as new names were added to the long list of victims every year.
Justice was not served to families whose members are still missing because the perpetrators of the crime of involuntary disappearance, considered as the "most cruel" form of human rights violation, remain unpunished.
The commemoration of the International Week of the Disappeared from May 26-June 1 was highlighted with the recent abduction of an agriculturist and a pastor.
Jonas Burgos, a son of the late press freedom fighter Jose Burgos, was abducted by a group of men while eating at a restaurant inside a mall in Quezon City on April 28.
Prior to his abduction, Burgos was giving seminars on organic farming to peasants in Bulacan.
His disappearance sparked protest not only in the Philippines but also abroad.
Berlin Guerrero, on the other hand, was snatched after officiating Mass in Biñan, Laguna. A group of men forcibly took Guerrero despite protests from his family who demanded a warrant of arrest from his captors.
Guerrero, a member of the United Church of Christ of the Philippines, was traced to a police headquarters in Cavite where charges for murder and inciting to sedition were filed against him.
The pastor had served as the secretary-general of the leftist Bagong Alyansang Makabayan (Bayan).
His wife said the pastor bore signs of torture marks to the body when she visited him. She said that her husband told her that policemen placed a plastic bag over his face to suffocate him.
Burgos and Guerrero are but two of the hundreds of cases of involuntary disappearance in the country.
The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) reported that more than 700 cases have been documented since President Arroyo assumed office in 2001.
"Wala siyang matinong human rights program sa mga State of the Nation Address niya the past years. Tapos, latest nag-praise pa siya kay [Jovito] Palparan na maraming cases of extra-judicial killings and disappearance. Walang nagawa to solve and prevent cases of involuntary disappearance," said Mary Aileen Bacalso, AFAD’s secretary general.
Bacalso said that most of the disappeared were alleged members or sympathizers of communist rebels while others were taken "just for fun."
"Sa ngayon mas maraming cases under Gloria even if hindi siya ganoon katagal. Kahit may change of administration since Marcos…the same military pa rin. Wala talagang change of system," said Bacalso.
According to the October 2006 statistics of the group called Families of Involuntary Disappearance (FIND), the sector which had the highest number of victims are the farmers and workers. Third and fourth in the rank are the youth and women’s sectors.
Mary Ghuy Portajada, spokeswoman for the human rights group Desaparecidos said that 186 people have been reported missing since 2001 up to the present. Fifteen of these cases were reported from January-April this year.
Of the number, nine have been surfaced alive while four, including two students from Bicol who only brought food to poll watchers, were found dead.
"Aktibista lahat sila. Meron din napagtripan lang tulad ng kaso sa Angeles na dinukot ang isang tricycle driver nang hindi nila naabutan iyung mismong kapatid na aktibista. Malinaw naman sa lahat ang mga biktima mula sa hanay na nakikibaka para sa karapatan, nakikibaka para sa lupa. May mga prinsipyong ipinaglalaban," Portajada said.
Usual suspects tagged
Desaparecidos is a Spanish term for "disappeared." These are individuals abducted by a group of people, in many cases, by units of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, the families of the victims said.
Those who surfaced alive recounted how they were subjected to torture. But others have not been lucky to be reunited with their families as they were summarily executed and their cadavers’ locations are still unknown.
Central Luzon and Eastern Visayas are two of the regions with the highest number of involuntary disappearance of human rights volunteers, youth and farmers.
The trend is becoming more alarming citing the case of Burgos who was abducted while inside the Ever Gotesco mall in Commonwealth, Quezon City.
"Nagsu-surveillance sila. Dumarating sa point na nagkakampo na para i-zero in ang bibiktimahin ng pagdukot at sa mismong harap ng pamilya kaya nilang dukutin. Isa pa iyung paggamit ng sasakyan na walang plate number, tatambay sa kalsada para hintayin ang bibiktimahin. Mga naka-civilian tapos magsusuot ng bonnet, malalaki, mas military men ang dating," Portajada said.
In the case of Burgos’s disappearance, his family suspects the military was behind the incident particularly after a vehicle license plate (TAB 194) used in the abduction was traced to another vehicle impounded at the 56th Infantry Battalion in Norzagaray, Bulacan last year.
"Military may kapasidad na itago ang biktima sa malaking mga kampo nila. May mga testigo ang lumalantad para tumulong pero matagal ang proseso dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero dala ng konsensiya, nagke-kwento sila," she said.
The crime does not end with the involuntary disappearance of a single person since anxiety, stress and trauma also affects his or her family who would be searching for them .
"Kapag inabduct hindi mo alam kung saan ka magsisimula unless mag-i-ingay ka," said Portajada.
Jose Luis Burgos, Burgos's younger brother, said the family initially called for a press conference to inform the media about his brother’s disappearance and to issue an appeal to those who might have information that would lead his family to his whereabouts.
"Tapos nag-file kami ng blotter at nagpatawag ng investigation sa mga concerned agencies like the Commission on Human Rights at Philippine National Police. Tapos nag-camp hopping kami," he said.
Last month, the Burgos family, members of the Free Jonas Burgos Movement and other concerned agencies staged a peaceful protest in front of Camp Aguinaldo in Quezon City to urge the military to surface Jonas.
However, the military answered their appeal by playing songs at full volume and even pushed the families of desaparecidos away.
"Naiba sa amin lifestyle siguro kasi may security threat sa family. May mga sumusunod, nagpaparamdam na nagbabantay kay medyo maingat kami ngayon. Kami ang naghahanap, hindi kami makapagtrabaho," he said adding that "despite this, we family remains strong."
Portajada personally knows what each family of desaparecidos is going through since her father had been a victim of involuntary disappearance 19 years ago.
"Kaya alam ko na hindi ito talaga hihinto. Alam namin na sa sama-sama naming pagkilos doon lang nating kayang patigilin ito," she said.
Her father had been the president of the Coca-Cola Bottlers union when he was abducted on July 20, 1987 in Makati City.
"Si Marcos nagawa niya in 20 years ang 800 biktima. Si Arroyo sa pitong taon niya umaabot na sa 100 ang biktima ng involuntary disappearance at 800 extrajudicial killings," she said.
AFAD recently held the commemoration rites for the International Week of the Disappeared at the Bantayog ng mga Bayani along Quezon Avenue in Quezon City attended by around 80 people mostly by representatives of the diplomatic communities, their country members and families of the victims.
Bacalso said that AFAD offers direct economic assistance to families of desaparecidos.
"Mayroon kaming psychological rehabilitation for families of disappeared and direct economic assistance sa kanila. Kasi iyung ang effort namin to alleviate the pain of their loss," Bacalso said.
She urged the government to act to stop disappearances and enact national laws punishing perpetrators of forced disappearance.
FIND said that involuntary disappearance is not yet considered a crime under Philippine laws and that cases are filed in court as kidnapping, murder or serious illegal detention or combination of the last two crimes.
AFAD considers the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance as a major source of strength. They call on all Asian governments to sign and ratify the important international treaty that ensures the protection of all persons from forced disappearance.
Its implementation in the national level would require the enactment of national laws criminalizing enforced disappearances which do not yet exist in any part of Asia, AFAD said.
"We hope that the bill sa Philippines magiging the first anti-disappearance law in Asia pero walang political will ang government and no support na maging batas ang bill at marami din oposisyon from the ranks of the perpetrators," said Bacalso.
She said that forced disappearance should be considered as a social issue the public must be aware of to remain vigilant at all times because "anybody can be a victim".
For their part, Portajada appealed to those who might witness an actual abduction to be alert, take pictures from their cellularphones, jot down plate numbers and description of suspects and if possible stop the crime.
"Naniniwala kami na walang ibang magtutulangan. Hindi ito ginusto ng pamilya, umaapela kami sa mga pamilya na kung ano man ang naging gawain o prinsipyo ng mga dinukot huwag ninyong kalimutan at maningdigan para sa karapatan at hustiya," she said.
"Wala siyang matinong human rights program sa mga State of the Nation Address niya the past years. Tapos, latest nag-praise pa siya kay [Jovito] Palparan na maraming cases of extra-judicial killings and disappearance. Walang nagawa to solve and prevent cases of involuntary disappearance," said Mary Aileen Bacalso, AFAD’s secretary general.
Bacalso said that most of the disappeared were alleged members or sympathizers of communist rebels while others were taken "just for fun."
"Sa ngayon mas maraming cases under Gloria even if hindi siya ganoon katagal. Kahit may change of administration since Marcos…the same military pa rin. Wala talagang change of system," said Bacalso.
According to the October 2006 statistics of the group called Families of Involuntary Disappearance (FIND), the sector which had the highest number of victims are the farmers and workers. Third and fourth in the rank are the youth and women’s sectors.
Mary Ghuy Portajada, spokeswoman for the human rights group Desaparecidos said that 186 people have been reported missing since 2001 up to the present. Fifteen of these cases were reported from January-April this year.
Of the number, nine have been surfaced alive while four, including two students from Bicol who only brought food to poll watchers, were found dead.
"Aktibista lahat sila. Meron din napagtripan lang tulad ng kaso sa Angeles na dinukot ang isang tricycle driver nang hindi nila naabutan iyung mismong kapatid na aktibista. Malinaw naman sa lahat ang mga biktima mula sa hanay na nakikibaka para sa karapatan, nakikibaka para sa lupa. May mga prinsipyong ipinaglalaban," Portajada said.
Usual suspects tagged
Desaparecidos is a Spanish term for "disappeared." These are individuals abducted by a group of people, in many cases, by units of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police.
Those who surfaced alive recounted how they were subjected to torture. But others have not been lucky to be reunited with their families as they were summarily executed and their cadavers’ locations are still unknown.
Central Luzon and Eastern Visayas are two of the regions with the highest number of involuntary disappearance of human rights volunteers, youth and farmers.
The trend is becoming more alarming citing the case of Burgos who was abducted while inside the Ever Gotesco mall in Commonwealth, Quezon City.
"Nagsu-surveillance sila. Dumarating sa point na nagkakampo na para i-zero in ang bibiktimahin ng pagdukot at sa mismong harap ng pamilya kaya nilang dukutin. Isa pa iyung paggamit ng sasakyan na walang plate number, tatambay sa kalsada para hintayin ang bibiktimahin. Mga naka-civilian tapos magsusuot ng bonnet, malalaki, mas military men ang dating," Portajada said.
In the case of Burgos’s disappearance, his family suspects the military was behind the incident particularly after a vehicle license plate (TAB 194) used in the abduction was traced to another vehicle impounded at the 56th Infantry Battalion in Norzagaray, Bulacan last year.
"Military may kapasidad na itago ang biktima sa malaking mga kampo nila. May mga testigo ang lumalantad para tumulong pero matagal ang proseso dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero dala ng konsensiya, nagke-kwento sila," she said.
The crime does not end with the involuntary disappearance of a single person since anxiety, stress and trauma also affects his or her family who would be searching for them .
"Kapag inabduct hindi mo alam kung saan ka magsisimula unless mag-i-ingay ka," said Portajada.
Jose Luis Burgos, Burgos's younger brother, said the family initially called for a press conference to inform the media about his brother’s disappearance and to issue an appeal to those who might have information that would lead his family to his whereabouts.
"Tapos nag-file kami ng blotter at nagpatawag ng investigation sa mga concerned agencies like the Commission on Human Rights at Philippine National Police. Tapos nag-camp hopping kami," he said.
Last month, the Burgos family, members of the Free Jonas Burgos Movement and other concerned agencies staged a peaceful protest in front of Camp Aguinaldo in Quezon City to urge the military to surface Jonas.
However, the military answered their appeal by playing songs at full volume and even pushed the families of desaparecidos away.
"Naiba sa amin lifestyle siguro kasi may security threat sa family. May mga sumusunod, nagpaparamdam na nagbabantay kay medyo maingat kami ngayon. Kami ang naghahanap, hindi kami makapagtrabaho," he said adding that "despite this, we family remains strong."
Portajada personally knows what each family of desaparecidos is going through since her father had been a victim of involuntary disappearance 19 years ago.
"Kaya alam ko na hindi ito talaga hihinto. Alam namin na sa sama-sama naming pagkilos doon lang nating kayang patigilin ito," she said.
Her father had been the president of the Coca-Cola Bottlers union when he was abducted on July 20, 1987 in Makati City.
"Si Marcos nagawa niya in 20 years ang 800 biktima. Si Arroyo sa pitong taon niya umaabot na sa 100 ang biktima ng involuntary disappearance at 800 extrajudicial killings," she said.
AFAD recently held the commemoration rites for the International Week of the Disappeared at the Bantayog ng mga Bayani along Quezon Avenue in Quezon City attended by around 80 people mostly by representatives of the diplomatic communities, their country members and families of the victims.
Bacalso said that AFAD offers direct economic assistance to families of desaparecidos.
"Mayroon kaming psychological rehabilitation for families of disappeared and direct economic assistance sa kanila. Kasi iyung ang effort namin to alleviate the pain of their loss," Bacalso said.
She urged the government to act to stop disappearances and enact national laws punishing perpetrators of forced disappearance.
FIND said that involuntary disappearance is not yet considered a crime under Philippine laws and that cases are filed in court as kidnapping, murder or serious illegal detention or combination of the last two crimes.
AFAD considers the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance as a major source of strength. They call on all Asian governments to sign and ratify the important international treaty that ensures the protection of all persons from forced disappearance.
Its implementation in the national level would require the enactment of national laws criminalizing enforced disappearances which do not yet exist in any part of Asia, AFAD said.
"We hope that the bill sa Philippines magiging the first anti-disappearance law in Asia pero walang political will ang government and no support na maging batas ang bill at marami din oposisyon from the ranks of the perpetrators," said Bacalso.
She said that forced disappearance should be considered as a social issue the public must be aware of to remain vigilant at all times because "anybody can be a victim".
For their part, Portajada appealed to those who might witness an actual abduction to be alert, take pictures from their cellularphones, jot down plate numbers and description of suspects and if possible stop the crime.
"Naniniwala kami na walang ibang magtutulangan. Hindi ito ginusto ng pamilya, umaapela kami sa mga pamilya na kung ano man ang naging gawain o prinsipyo ng mga dinukot huwag ninyong kalimutan at maningdigan para sa karapatan at hustiya," she said.
Chile: Condenan a Mayor (R) del Ejército por Asesinatos de Opositores a Dictadura
A una pena de siete años de cárcel fue condenado el mayor (r) Donato López Almarza por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce (13), Héctor Araya Garrido (20) y Víctor Vidal Tejeda (16), en hechos acontecidos tras el golpe militar de 1973.
La sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda afectó también al otrora agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Enrique Sandoval Aranciba, alias "Pete el negro", quien por su compromiso en la muerte de Fariña deberá cumplir cinco años y un día de presidio.
Respecto a la demanda entablada a favor de los parientes de las víctimas, el magistrado condenó al Fisco al pago de una indemnización de 24 millones de pesos a cada una de las familias.
El ministro Zepeda había encausado a ambos uniformados luego de determinar que en el caso de Fariña éste había sido secuestrado por civiles y militares desde su domicilio y retenido en una cancha deportiva con otros arrestados durante un allanamiento a una población de Santiago.
El menor y otros detenidos fueron sacados del lugar y llevados en un camión militar hasta el Regimiento Yungay, acantonado en el sector de la Quinta Normal, donde se perdió su rastro.
Veintisiete años después, obreros que excavan cerca de una carretera encontraron un esqueleto pequeño, identificado luego por el Servicio Médico Legal como del menor Carlos Fariña.
Fariña integró por casi tres décadas la lista de 79 menores de edad víctimas de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet.
http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=39202
Arg - Justicia rechazó planteo de represor de la ESMA
El juez Federal Sergio Torres le dio la negativa a un planteo de "prescripción" del ex capitán de Fragata Antonio Pernías. Consideró "imprescriptibles" a los delitos de lesa humanidad
La justicia rechazó un planteo de "prescripción" de un detenido por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en la ESMA durante la dictadura.
La medida fue adoptada por el juez federal Sergio Torres ante un planteo del ex capitán de fragata Antonio Pernías, quien se consideró "más que un imputado en una causa penal, un sujeto sometido a un público linchamiento".
El abogado de Pernías, Juan Aberg Cobo, ya apeló la negativa del juez Torres, quien se basó sobre la jurisprudencia que considera "imprescriptibles" a los delitos de lesa humanidad. Pernías está procesado y en camino al juicio oral y público en el marco de la megacausa por la ESMA.
http://www.infobae.com/contenidos/324098-200803-0-Justicia-rechaz%C3%B3-planteo-represor-la-ESMA
Arg - Buscan pistas sobre López en el penal de Marcos
Más de 100 hombres del área de investigación de la Policía Bonaerense requisan las celdas de los represores alojados en la cárcel, entre ellos Miguel Etchecolatz, como parte de las averiguaciones en la causa del testigo desaparecido
Efectivos de la Policía bonaerense realizaban hoy un allanamiento en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en el marco de la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López.
Según precisaron fuentes policiales, al frente del operativo se encontraba el superintendente de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin.
El procedimiento en el penal donde está alojado Miguel Etchecolatz, entre otros represores, fue dispuesto por el juez federal Arnaldo Corazza, quien sigue "una pista" por la desaparición de López, según indicaron las fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas.
De esta forma, se repite un procedimiento que ya se había llevado adelante el 23 de marzo pasado.
Ese día, Corazza y efectivos policiales irrumpieron en el penal de Marcos Paz, y se dirigieron a los pabellones donde se alojan los ex miembros de las fuerzas de seguridad procesados o condenados por distintos delitos, entre ellos los cometidos durante la última dictadura militar.
Allí requisaron las pertenencias de algunos presos en busca de documentación que pudiera vincularlos con la desaparición de López.
En ese sector están alojados el propio Etchecolatz -contra quien declaró López- , el represor Julio Simón -conocido como "El Turco Julián"- y Pascual Guerrieri, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia, entre otros.
Los allanamientos en ese penal fueron solicitados por la querella en la causa desde el inicio del expediente, el año pasado, pero se activaron recién este año.
El penal de Marcos Paz depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Alberto Iribarne.
http://www.infobae.com/contenidos/324124-100799-0-Buscan-rastros-L%C3%B3pez-el-penal-Marcos-Paz
Arg - Organismos de DDHH seran querellantes en juicio contra Von Wernich
Más de diez organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en el juicio al ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, que será juzgado por delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Los organismos presentarán una querella unificada en representación de la mayoría de los querellantes en el juicio oral y público que comenzará el 5 de julio en los tribunales federales de la ciudad de La Plata, según confirmó a Télam Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
Para anticipar el planteo que harán ante la justicia, los querellantes ofrecerán una conferencia de prensa el próximo viernes a las 12, en el Café de las Artes, calles 6 y 49, en La Plata
El sacerdote será juzgado por su participación en 7 homicidios, 31 torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad y por delitos cometidos en cinco campos de concentración del denominado "Circuito Camps".
Las audiencias se desarrollarán los días lunes y jueves a partir del 5 de julio y hasta el 13 de septiembre, en la Sala de Audiencias del 1er. piso del edificio de los Tribunales federales, ubicado en 8 y 50, en La Plata.
fuente: telam.com.ar
Arg - Confirman la prórroga de la prisión preventiva para “Turco Julián” por delitos de lesa humanidad
Para los jueces de la Cámara Federal, "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo" de Julio Simón. La decisión se enmarca en la "megacausa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva, por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura militar, del represor Julio "El turco
Julián" Simón; quien ya está condenado, en otra causa, a 25 años de prisión.
En esta oportunidad los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah ratificaron la medida tomada por el juez federal Daniel Rafecas, en la "megacausa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
Los magistrados dijeron que comparten la medida pues "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo" de Simón y recordaron que el "plan clandestino de represión instaurado por la última dictadura militar" no fue elegido "en forma caprichosa".
Por el contrario, los represores, tenían una "finalidad ulterior" que consistía en "el logro de la impunidad" con la "intencionalidad de eliminar todos los posibles rastros que se dejaron de los mismos". En las diez carillas de su resolución -a la que Télam tuvo acceso- los camaristas analizaron la "complejidad de la causa" y afirmaron que "el inmediato paso de estas actuaciones a la etapa oral del proceso es otra circunstancia que justifica avalar la decisión controlada".
Si bien los camaristas enfatizaron en el constitucional derecho a la libertad hasta que exista una sentencia de condena, explicaron que existen "excepciones" a esa norma cuando se presume que el imputado "se fugará o entorpecerá las investigaciones". El 4 de agosto de 2006 Simón fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo federal Cinco (TOF5) que lo responsabilizó por el secuestro y desaparición del matrimonio José Poblete y Gertrudis Hlaczik y el
apoderamiento de la pequeña hija de ambos.
De esa manera "el turco Julián" se convirtió en el primer represor condenado tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66283&id=159032&dis=1&sec=1
Rionegrino Declara en Causa de la Triple A
Buenos Aires.- La Dirección General de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro comunica que en el marco de las causas judiciales que promueve ante los organismos y estados nacionales que corresponda, por secuestro, desaparición y muerte de personas durante la década del setenta en nuestro país, el Sr. Andrés Alberto Correa, una de las víctimas de dicho genocidio, actual vecino de Viedma y radicado desde 1975 en nuestra provincia, iniciará a partir de mañana una nueva gestión en la Ciudad de Buenos Aires por la causa de su secuestro por parte de la Triple A, durante el Gobierno de la entonces presidente Isabel Martínez de Perón (1974).
También la próxima semana realizará su primer declaración en Montevideo (Uruguay), ante la Organización de Madres y Familiares de Desaparecidos, Miembro de la FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y ante las autoridades judiciales que correspondan, por la participación conjunta de represores de ambos países en el secuestro, tortura y asesinato de tres estudiantes uruguayos que convivieron con él durante su cautiverio en distintos centros de detención de Bs. As. Y gran Bs. As. Daniel Banfid, Guillermo Jabif y Luis Latrónica.
Reiteramos el necesario compromiso del Estado Nacional y los estados Provinciales como así también el de la comunidad toda, en el Rechazo a todo intento de perpetuar la impunidad de los genocidas y renovamos el compromiso por la continuidad de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, los cometidos durante la última dictadura militar y la condena a los culpables, como así la garantía y protección de los Derechos Humanos de testigos y/o querellantes, en las causas ante la justicia contra el terrorismo de Estado.
Fuente: Ministerio de Gobierno
http://www.adnrionegro.com.ar/noticias/wmview.php?ArtID=15119
Junio 27, 2007
Arg - Juicio por la Verdad - Audiencia Junio 27 de 2007
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
48 N° 632 Piso 6° Oficina 80 - Tel/Fax: (54-221) 48-0952 - asamblea@lpsat.com
I n f o r m a c i ó n d e p r e n s a
S i l v i n a A r i a s
El miércoles 27 junio se desarrollará una nueva audiencia en el Juicio por la Verdad que se sustancia en la Cámara Federal de La Plata. Seis personas fueron citadas para brindar declaración testimonial en el marco de las causas que se investigan por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar.
Causa N°1885
- Mariani/Teruggi
9:30 Horas
Declarante: Juan Carlos Scarpatti
En la causa se investiga el homicidio de Diana Teruggi y otras personas, ocurridos en la llamada “Masacre de la casa de la calle 30”
Dicho operativo, estuvo encabezado Camps y Etchecolatz, llevado a cabo el 24 de noviembre de 1976.
Por su parte, el declarante, Juan Carlos Scarpatti, fue detenido el 28 de abril de 1977 y fue alojado en "El Campito", lugar en donde, según su testimonio “no se escatimaba la tortura a terceras personas, e incluso la muerte para presionar a los detenidos y hacer que hablasen. La duración de la tortura dependía del convencimiento del interrogador, ya que el límite lo ponía la muerte, que para el prisionero significaba la liberación".
Mientras se encontraba alojado en lo que se conocía como “Pabellón I” en el citado centro clandestino de detención, observó la presencia de treinta o cuarenta personas “entre heridos y mujeres embarazadas”.
Causa N° 1499
- Carátula: Martínez, María Rosa
10:00 horas
Declarante: María Rosa Martínez
Brindará declaración testimonial sobre su propia detención.
Causa N° 2469
- Carátula: Betti, Rosa Rufina
Declarante: Osvaldo Rubén Jacod
Betti Gómez, Rosa Rufina tenía 33 años en el momento de su desaparición que se produjo el 13 de noviembre de 1976. Fue secuestrada en su vivienda de La Plata ubicada en 69 Nº 1735. Rosa era docente y estaba casada.
Causa N° 2475
- Carátula: Casagrande, Rodolfo Luís
Declarante: Ofelia Casagrande
Rodolfo Luis Casagrande, desapareció el 13 de noviembre de 1976, y en el marco de la investigación abierta sobre su caso en la Cámara Federal de La Plata declarará Ofelia Casagrande.
Causa N° 2539
- Carátula: Maffei, Rubén Juan
Declarante: Emilse Assenti
Causa N° 2537
- Carátula: Maffei, Carlos Ángel
Declarante: Alicia Cristina Ciancaglini
German prosecutors want CIA agents extradited
Mon Jun 25, 2007 11:18 AM ET
By Louis Charbonneau
BERLIN (Reuters) - Prosecutors in Munich, Germany, are requesting the extradition from the United States of 13 suspected CIA agents they say took part in the 2003 kidnapping of a German citizen.
Earlier this year, a Munich court ordered the arrest of the 13 on suspicion of kidnapping Khaled el-Masri, a German of Lebanese descent who says he was flown from Macedonia to Afghanistan where he was imprisoned for months and tortured.
The chief prosecutor in the Bavarian state capital, August Stern, said on Monday he now wants them extradited to Germany for trial.
"These are persons who we believe were involved in the abduction of Mr. Masri," Stern told Reuters by telephone. "It (the request) affects all 13 suspected CIA agents."
Stern said he had formally made the request to the German federal government in Berlin for it to be passed on to Washington.
The Masri case has focused media attention on CIA kidnappings of suspected terrorists for interrogation in third countries. The practice, called "extraordinary rendition", has caused tensions inside Germany, and between Berlin and Washington.
The German government could block the Munich prosecutors' demand if it deemed it harmful to public interest. But this could spark an angry backlash in Germany, where the case has been under investigation for 1-1/2 years.
Last week an Italian judge effectively froze the trial of U.S. and Italian spies charged with kidnapping a terrorism suspect in Milan in 2003 and then flying him to Egypt, where he says he was tortured.
The Italian prosecutors accuse the government of Prime Minister Romano Prodi of exerting undue influence in order to get "uncomfortable" cases like this put on ice.
AN ANNOYANCE
U.S. officials privately describe the Munich prosecutors' call as an annoyance in German-U.S. relations. They say Germany wants to reap the benefits from the interrogation of suspected terrorists while publicly keeping its hands clean.
German weekly Der Spiegel cited unnamed U.S. diplomats as saying that U.S. Secretary of State Condoleezza Rice had told German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier that the investigation of the CIA agents was "problematic".
The Munich prosecutors had not requested the extradition of the agents earlier because they were still trying to identify them. The agents had used fake names during the operation but German authorities have made progress on identifying them.
"We now have partial names," Stern said, adding that they had enough information on their identities to request their extradition.
Govt's Condemned Over Prison Accusations
The Associated Press
Wednesday, June 27, 2007; 6:41 AM
STRASBOURG, France -- European governments have built "a wall of silence" around accusations that they let the CIA abduct their residents and run clandestine prisons on their territory, a European investigator said Wednesday.
Swiss Sen. Dick Marty charged in a report earlier this month that the CIA ran secret jails in Poland and Romania _ with the knowledge of several local politicians _ to interrogate key terror suspects after the 2001 terrorist attacks on the United States.
"There has been a wall of silence on the part of the governments, silence that covers illegal acts, human rights violations. Why this silence, why this systematic refusal to respond to our questions?" Marty told the Council of Europe's parliamentary assembly, which asked him to investigate CIA activities in Europe after media reports of secret prisons emerged in 2005.
Poland and Romania have vehemently denied the allegations, and most of the other EU countries mentioned by Marty have denied any wrongdoing. EU Justice Commissioner Franco Frattini has complained Marty's report only quotes anonymous witnesses and does not name any sources.
His report, citing unidentified CIA sources, said that "high value detainees" such as self-proclaimed 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed and suspected senior al-Qaida operative Abu Zubaydah were held in Poland. It said lesser detainees, who were still of "remarkable importance," were taken to Romania.
In an earlier report, Marty accused 14 European nations of colluding with U.S. intelligence in a web of rights abuses to help the CIA spirit terror suspects to illegal detention facilities.
President Bush acknowledged the existence of a secret detention program last September, but did not say where the prisons were located.
Marty's latest report, which did not give specific locations for the alleged jails, provided graphic descriptions of conditions. It told of prisoners being kept naked for weeks, and said masked guards who never spoke were the only contact for those consigned to four-month isolation regimes.
Polish lawmaker Urzsula Gacek, from the opposition Civic Platform, called Marty's report a "piece of fiction, a gripping political thriller which fails to provide a single piece of evidence."
Nepal - Body formed to probe disappeared
KATHMANDU, June 26: The government has constituted a three member High Level Probe Commission (HLPC) under the chairmanship of former justice of the Supreme Court to investigate over the people who have gone missing.
The commission was constituted as per the cabinet's decision on June 21 in accordance with Investigation Commission Act-2026 BS.
Other members of the commission are duo advocates Sher Bahadur K.C. and Raman Kumar Shrestha.
The commission has given the responsibility of investigating about the people who were missed by both the sides during the conflict from Falgun 1 of 2052 BS to Magsir 5 of 2063 BS and finding out people who were involved to disappear them.
Likewise, the commission has also been asked to present a report recommending sentence to those found guilty and recommend compensation to the victimized family members, said the Ministry of Peace and Reconstruction.
The terms of the commission would be of six months after the date of work start.
Arg - Una víctima de la dictadura será viceministro de Defensa
Alfredo Forti presenció, cuando tenía 16 años, el secuestro de su madre, Nélida Sosa.
Guido Braslavsky
gbraslavsky@clarin.com
Una víctima directa del terrorismo de Estado, que vivió en circunstancias dramáticas el secuestro y desaparición de su madre, es desde ayer el nuevo viceministro de Defensa. Se trata de Alfredo Forti, embajador en Honduras los últimos tres años, quien llegó a Defensa luego de una reforma orgánica en la cartera que conduce Nilda Garré.
El secuestro de Nélida Azucena Sosa de Forti figura en el legajo 4917 de la CONADEP. El caso fue muy resonante y se ventiló en el Juicio a las Juntas. El 18 de febrero de 1977, Sosa de Forti y sus cinco hijos de entre 8 y 16 años subieron a un avión de Aerolíneas. Iban a Venezuela, donde los esperaba el padre. Ya estaban en sus asientos cuando se requirió a Alfredo Forti, entonces de 16 años, en la cabina. Luego llamaron a su madre. Les dijeron que no podían viajar por "problemas de documentación".
A los seis los bajaron del avión. Los esperaban civiles armados. Los metieron en dos autos, y les vendaron los ojos antes de llevarlos al Pozo de Quilmes. Tras siete días de detención ilegal, los hermanos fueron abandonados en Parque Patricios. No volverían a ver a su madre, trasladada a Tucumán y vista por última vez en el centro clandestino Arsenales.
Los chicos pudieron dejar el país. Forti estudió en Venezuela, y luego en Washington, Relaciones Internacionales. En EE.UU. inició una causa contra el general Domingo Bussi, jefe de la represión en Tucumán.
Forti ocupa en Defensa el lugar de José María Vázquez Ocampo -hermano de una desaparecida e hijo de una fundadora de Madres— que asumió en la Secretaría de Asuntos Internacionales, recién creada al igual que las subsecretarías de Innovación Científico-Tecnológica y de Formación para las FF.AA.
Peru - Sentencian a 15 años de prisión a cuatro ex agentes del Grupo Colina
agenciaperu.com
La Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) sentenció hoy a quince años de cárcel a los ex miembros del grupo Colina, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Pablo Andrés Atúncar Cama, Héctor Gamarra Mamani y Hércules Gómez Casanova, quienes se sometidos al beneficio de la colaboración eficaz.
El ex agente Gómez Casanova señaló en juicio oral, hace unas semanas, que el ex presidente Alberto Fujimori conocía las actividades del grupo Colina, escuadrón de la muerte comandado por Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara.
El Tribunal Superior, presidido por la vocal Inés Villa Bonilla y compuesto por las doctoras Inés Tello de Ñeco e Hilda Piedra Rojas, encontró responsabilidad a los ex agentes de inteligencia en los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada de personas.
La Sala condenó a los procesados por su autoría y coautoría en los casos de la matanza de Barrios Altos, la ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, la muerte del periodista Pedro Yauri y la desaparición de campesinos de El Santa, ocurridos entre 1991 y 1992.
También recibieron condena en casos que aún están en investigación preliminar pero en los que ya aceptaron su responsabilidad, como el asesinato de la familia Ventocilla, en Huaura; la desaparición de Fortunato Gómez Palomino; la desaparición de dos personas en el distrito Ate Vitarte; y el homicidio de cuatro personas en Paramonga.
Por el concepto de reparación civil a favor de los agraviados, el Tribunal Anticorrupción fijó entre S/. 4500 y S/. 10000 el pago que los colaboradores eficaces deberán abonar, dinero que será descontado de sus pensiones como ex miembros del Ejército.
Tanto Ortiz Mantas, Atúncar Cama, Gamarra Mamani y Gómez Casanova se acogieron el año pasado al principio de la confesión sincera y a la colaboración eficaz, recibiendo los códigos 117–00B, 102–00B, 101–00A y 111–00K, respectivamente, cuya reserva se levantó en la sesión de hoy.
http://www.agenciaperu.com/actualidad/2007/jun/15_colina.html
Testimoniará hoy presunto enterrador de maestra uruguaya desaparecida
Montevideo, 26 jun (PL) El presunto enterrador de la maestra Elena Quinteros, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo y desaparecida durante los años de la dictadura (1973-1985), testimoniará hoy ante el juez que investiga el caso.
Se trata de Asunción Alegre, un ex soldado del Ejército que días atrás aseguró haber sido el encargado de sepultar el cuerpo de la joven y de otras tres personas.
Alegre fue citado por el juez Eduardo Fernández Lecchini para testimoniar sobre la muerte de Quinteros, secuestrada y asesinada en 1976.
El ex soldado sostiene haber participado en enterramientos clandestinos en el Batallón 14 durante los años de la dictadura.
Quinteros, de 31 años, estaba detenida en un cuartel militar cuando aprovechó un traslado para fugar e ingresar a los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, de donde sus captores la sacaron a rastras.
A raíz del episodio, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y no las reanudó sino hasta el final de la dictadura.
Durante ese oscuro período de la historia uruguaya desaparecieron unos 200 opositores y existe la certeza de que tras ser asesinados fueron enterrados en tumbas clandestinas.
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B67B569A1-3599-42B6-9DB9-833AD7EEF024%7D&language=ES
Paraguay - Campesino desaparecido en manos de la Policía en Vaquería, Caaguazú
Por El Movimiento Agrario y Popular
Tuesday, 26 June 2007
El Movimiento Agrario y Popular (MAP), se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para denunciar el secuestro y desaparición del compañero Perfecto Irala, dirigente de base, del Movimiento Agrario y Popular, de la Ocupación de Pariri, distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú, ocurrido el día de ayer 25 de junio del año en curso. Los compañeros/as han procedido a ocupar estas tierra el día 26 de febrero pasado teniendo en cuenta que las tierras fueron destinada para la reforma agraria y que posteriormente fueron vendida por Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a empresarios extranjeros dedicada a la producción de la soja transgenica.
Por las informaciones de algunos testigos, Perfecto Irala, fue secuestrado por un oficial de la Policía Nacional de apellido Vázquez de la sub. Comisaría de la Colonia Santa Clara del Distrito de Vaquería. Varios compañeros dirigentes han llegado hasta la Comisarías de Santa Clara y Vaquería en busca de informaciones sin embargo no obtuvieron ningunas respuestas en relación al paradero del compañero Perfecto Irala.
Ante esta situación, el Movimiento Agrario y Popular responsabiliza de este hecho de secuestro, al Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que en forma sistemática recurre a este tipo de hecho ante la incapacidad de dar repuesta a los graves problemas sociales de la sociedad Paraguaya y en especial al problema de la tierra en el Paraguay.
Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata liberación del compañero Perfecto Irala, y el castigo ejemplar a los responsables de este hecho, y la entrega inmediata de las tierras a los compañeros sin tierra, del MAP.
Finalmente recurrimos a las organizaciones fraternas nacionales e internacionales solicitando la solidaridad y la liberación del compañero Perfecto Irala, dirigente de base del Movimiento Agrario y Popular.
Nepal.- Una Comisión especial investigará la desaparición de cientos de personas durante el conflicto nepalí
KATMANDU, 27 (EP/AP) El Gobierno nepalí anunció hoy que el antiguo juez del Tribunal Supremo, Narendra Bahadur Neupane, encabezará una comisión especial que investigue el destino de los cientos de personas que desparecieron durante la rebelión comunista.
La comisión, de tres miembros, intentará encontrar a los desaparecidos desde el comienzo del conflicto en 1996, según un representante del Ministerio de Paz y reconstrucción, Madhu Regmi. El 1 de junio, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno que investigase el "gran número de casos de desaparición forzosa". no se tiene constancia del número total de personas desaparecidos ya que varía según el grupo que lo denuncia, y el Gobierno nepalí no ha dado ninguna cifra.
Grupos de Derechos Humanos denuncian que cientos de personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad y secuestradas por los rebeldes comunistas y que nunca se volvió a saber de ellos. Las leyes de emergencia permitían a los soldados detener a sospechosos y retenerles sin acusación formal en su contra, mientras que los rebeldes secuestraban a quienes se les oponían o eran sospechosos de ser espías del Gobierno.
Los rebeldes depusieron sus armas el año pasado y firmaron un acuerdo de paz. El Gobierno, por su parte, ha estado bajo presión para que revele qué fue de los desaparecidos. El Gobierno interino, que tomó el poder en abril de 2006, ha dicho en repetidas ocasiones que investigará los hechos pero no parece tener interés en comenzar.
Bol - Víctimas de tortura son olvidadas
Por: Jenny Cartagena T.
Tras 27 años de incertidumbre, sin saber cuál fue el destino de su hijo, si está vivo o está muerto, o sobre dónde están enterrados los restos de Renato Ticona Estrada, desaparecido en Oruro durante la dictadura de Luis García Meza, en 1980, los papás del universitario de entonces 24 años no pierden la esperanza de volver a verlo con vida.
Los esposos César Ticona y Honoria Estrada, durante todos estos años, no han descansado en la búsqueda de su hijo y en que se haga justicia contra aquellos militares que lo torturaron y luego le hicieron desaparecer, pese a que dónde iban por ayuda les cerraban las puertas calificándoles de comunistas y de los diferentes gobiernos sólo recibieron promesas e informes nunca constatados sobre el paradero de Renato.
Los papás de Renato así como los familiares de alrededor de otros 172 desaparecidos en el país, en los diferentes gobiernos de facto que tuvo Bolivia, jamás olvidaron a sus seres queridos, esperan que algún día sus restos sean encontrados y se haga justicia contra los responsables.
Los testimonios de algunos familiares de esos desaparecidos y víctimas de torturas mostraron, ayer en oportunidad del Día Internacional en Apoyo a la Víctimas de la Tortura, declarado por las Naciones Unidas, que esas épocas de torturas y represión no quedaron en el pasado con los gobiernos dictatoriales, se dan aún ahora en sistemas democráticos con otras características.
Esta realidad fue presentada ayer a la población, en la plaza 14 de Septiembre, a través de paneles, vídeos, material impreso y el testimonio de las propias víctimas, por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, Infante y otras organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Cochabamba.
El evento tuvo por objetivo recordarle al Gobierno que Bolivia ratificó el Pacto de San José de Costa Rica el 11 de febrero de 1993 y la Convención de las Naciones Unidas, en abril de 1999, los que prohíben y condenan la tortura. Asimismo, ratificó el Protocolo Facultativo contra la Tortura.
COLECTA DE FIRMAS
Con la finalidad de decirles a las autoridades de gobierno y a todos quienes corresponda, "nunca más 11 de enero" ni en Cochabamba ni en ningún lugar del país, ayer se inició la recolección de firmas de los ciudadanos que se comprometen a no repetir esos sucesos.
El ITEI, en uno de los paneles instalados en la plaza 14 de Septiembre, habilitó los libros notariados para recoger las firmas de los ciudadanos, en los cuales muchas personas ayer rubricaron su firma, adhiriéndose a la campaña.
http://www.lostiempos.com/noticias/27-06-07/27_06_07_nac1.php
Chile - El comandante en jefe del Ejército chileno recibirá hoy a la hija del asesinado general Carlos Prats
SANTIAGO, 27 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
El comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Óscar Izurieta, recibirá hoy miércoles en una audiencia especial a una de las tres hijas del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en un atentado con bomba cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, cometido por integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por orden expresa del ex dictador Augusto Pinochet.
Prats González, quien fue Vicepresidente de la República durante el Gobierno del derrocado presidente Salvador Allende, debió autoexiliarse en Buenos Aires poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tras haber recibido amenazas de muerte y sufrir hostigamiento por haber sido un militar leal al Presidente democráticamente elegido.
Prats fue quien recomendó a Pinochet para sucederlo al frente de la Comandancia del Ejército cuando renunció, poco antes del golpe, tras considerar al dictador como 'su hombre de confianza'.
Este miércoles, el jefe máximo del Ejército chileno, el tercer sucesor del ex dictador tras la renuncia de Pinochet en 1998, recibirá en su despacho a María Angélica Prats.
Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia fue solicitada por la hija del asesinado general, con el objetivo de esclarecer una denuncia hecha por el ex jefe Operativo de la DINA, el brigadista retirado Pedro Espinoza, quien era el segundo en la línea de mando tras el temido general Manuel Contreras, quien, como Espinoza, está procesado por el crimen ocurrido en Buenos Aires.
http://actualidad.terra.es/articulo/ejercito_carlos_prats_1672512.htm
Arg - El Espacio de la Memoria aportará a "la construcción de una mejor democracia"
El cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman, se refirió al proyecto para el predio de la ESMA y señaló también que servirá al "sostenimiento de la memoria colectiva”. Además, sostuvo que "va a dar al mundo un ejemplo y testimonio de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en la Argentina".
El cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman, destacó el aporte que realizará el proyectado Espacio de la Memoria en el predio del ex centro clandestino de detención de la ESMA, en el "sostenimiento de la memoria colectiva y la construcción de una mejor democracia para el país".
"Este espacio va a realizar un importante aporte al sostenimiento de la memoria en la sociedad argentina y a la construcción de una mejor democracia para el país", dijo Timerman.
Además, sostuvo que el Museo "va a dar al mundo un ejemplo y testimonio de lo que ocurrió durante el terrorismo de estado en la Argentina".
Timerman, quien participó ayer a la tarde de un encuentro con la prensa en la Manzana de la Luces, junto a la titular de Memoria Abierta, Patricia Valdez, y la directora de la Coalición Internacional de Museos de Conciencia en Sitios Históricos, Liz Sevcenko, destacó la visita de los miembros de esa organización al predio de la ESMA.
Mas tarde, miembros de la delegación participaron de un coloquio abierto al público en al auditorio de ese sitio histórico. "Esta visita tiene como objetivo mostrar en la Argentina el interés que hay en todo el mundo en la construcción y el sostenimiento de la memoria", dijo Timerman, quien además destacó el aporte de los miembros de la coalición que "nos permitirá apoyarnos en la experiencia de otros países en la construcción de la memoria".
Asimismo, el cónsul añadió: "Que hayan recorrido la ESMA también les servirá a ellos para la realización de esta tarea en sus respectivos países".
A su turno la titular de Memoria Abierta, Patricia Valdez, sostuvo que "quienes venimos de la lucha por los derechos humanos sabemos de la importancia de los museos como espacios de aprendizaje; cuando la ESMA se abra al público la gente podrá calibrar la verdadera dimensión de lo actuado por el Terrorismo de Estado".
Y agregó: "Recorrer los sitios donde estuvieron cautivos miles de argentinos permitirá darle corporalidad a lo denunciado por el informe de la Conadep".
Señaló además que la construcción del Espacio de la Memoria fue "largamente esperado" por muchos países: "La lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo destacó el caso argentino en el mundo".
En tanto, la directora norteamericana de la Coalición, Liz Sevcenko, señaló: "estamos aquí para brindar nuestra experiencia en los 17 museos que hay en el mundo y dar el apoyo internacional al proyecto argentino".
Señaló también que los Museos de Conciencia "están inspirados en la transmisión de los horrores del pasado a las generaciones futuras para promover el cuestionamiento sobre el papel que ellos juegan en la preservación y defensa de los derechos humanos, en el sentido más amplio".
"Los sitios en sí mismos hablan, enseñan; también ese es un principio de estos espacios que promovemos", concluyó. Ayer, miembros de la delegación recorrieron junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el predio del ex centro clandestino de detención de la dictadura ESMA.
Además de Duhalde, acompañaron a la delegación, encabezada por Liz Sevcenko, directora de la entidad en Estados Unidos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarolo; el director del Archivo General, Carlos Laforgue, y la coordinadora de ese organismo, Judith Said. También estuvieron presentes Bella Friszman, Laura Conte y Vera Jarach, de la Comisión Directiva de Memoria Abierta; el cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman, y Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta.
Más tarde la delegación, integrada además por representantes de Sudáfrica, Chile, Italia, Rusia y la República Checa, fue recibida por el canciller Jorge Taiana.
Arg - Indagarán a una ex jueza acusada de colaborar con el ex dictador Massera
Se trata de Emilia Marta García y será investigada en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA. La ex magistrada está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos.
La ex jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García será indagada el 9 de agosto por el juez federal Sergio Torres en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Según indicaron este mediodía a Télam fuentes allegadas a la causa, la ex jueza -quien renunció luego que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aconsejara su destitución- está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos que estuvieron ilegalmente cautivos en la ESMA, entre ellos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma.
En la causa se investiga el rol que cumplía García en una escribanía -cuyo titular Ariel Sosa Moliné falleció- que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jefes navales, entre ellos el hijo del dictador Emilio Eduardo Massera.
En marzo de 2001, el juez federal Claudio Bonadío procesó a una media docena de ex jefes navales por haber formado una asociación ilícita destinada a desaparecer y desapoderar a Cerutti, Palma y Gómez propietarios, entre otros bienes, del campo de "Chacras de Coria", valuado en unos 15 millones de dólares.
Aquella investigación permitió establecer que, en 1977, distintos grupos de tareas de la ESMA realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y la Capital Federal, donde secuestraron a Cerutti -de 80 años- y a su yerno, Omar Pincolini, al contador Palma y al abogado Gómez.
Según esa pesquisa el grupo que asaltó la casa de Gómez se llevó de la caja fuerte varios fajos de dinero, un teléfono, ropa, una máquina de escribir y los títulos de propiedad Cerro Largo, una sociedad vitivinícola formada entre las víctimas y de la cual el letrado administraba unas veinticinco hectáreas en Chacras de Coria, una exclusiva zona residencial de Mendoza.
RDC: Arrestation arbitraire et détention au secret de M.Loki Hilaire - Risque de torture
Genève, le 26 juin 2007
Le Secrétariat international de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) requiert votre intervention urgente dans la situation suivante en République Démocratique du Congo (RDC).
Description des faits
Le Secrétariat international de l’OMCT a été informé par le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme (CODHO), membre du réseau SOS-Torture, de l’arrestation et de la détention arbitraire de M. Loki Hilaire, lieutenant de la police intégré, le 13 juin 2007.
Selon les informations reçues, M. Loki Hilaire, lieutenant de la police nationale, originaire de la province de l’Équateur et ancien membre de l’armée du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, a été enlevé sur la route mercredi 13 juin 2007 par des éléments de la Garde républicaine (GR) apparemment en raison de sa provenance de la province de l’Équateur et de son statut d’ancien élément de l’armée de Jean-Pierre Bemba.
Des membres de la famille de M. Loki Hilaire auraient tenté de le contacter sur son téléphone portable, mais auraient parlé à une autre personne, qui aurait réclamé mille unités de recharge téléphonique en échange de l’information sur son lieu de détention. La famille n’a pas payé les unités de recharge.
Selon les informations, le lieu de détention aurait été ultérieurement divulgué à la famille par une connaissance de M. Loki Hilaire, un militaire de la GR. Il serait détenu à Kinshasa dans le sous-sol d’un bâtiment de la deuxième cité de l’OUA, dans la commune de Ngaliema, où se trouve le camp de la GR. Toutefois, M. Loki Hilaire ne serait autorisé à aucun contact extérieur.
Le Secrétariat international de l’OMCT est vivement préoccupé par l’arrestation et la détention arbitraire et au secret de M. Loki Hilaire et des risques de torture qu’il encourt et demande à ce qu’une enquête exhaustive, indépendante et impartiale soit menée sur ces événements. L’OMCT rappelle que la République Démocratique du Congo est partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques, auquel elle doit se conformer, notamment l’article 9.1 qui stipule que «nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire». Enfin, le Secrétariat international de l’OMCT exprime à nouveau sa plus vive inquiétude quant à la multiplication des violations des droits de l’homme liées au climat politique du pays.
Actions requises
i. Garantir l’intégrité physique et psychologique de M. Loki Hilaire et son accès à un avocat, médecin et aux membres de sa famille;
ii. Ordonner sa libération immédiate en l’absence de charges valables ou, le cas échéant, le traduire devant un tribunal civil, impartial et compétent tout en garantissant ses droits procéduraux en tout temps;
iii. Garantir une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur ces faits, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi;
iv. Garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le pays selon les lois nationales et les instruments internationaux des droits de l’homme.
Adresses
- Le Président de la République, S.E. Joseph Kabila, Présidence de la République, Kinshasa-Ngaliema, République Démocratique du Congo, E-mail: upp@ic.cd
- La Ministre des Droits Humains, Mme Marie-Madeleine Kalala, Cabinet du Ministre, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, Fax: 00 243 12 20 664, Email: min_droitshumains@yahoo.fr ou mindroits_humains@yahoo.fr
- Observatoire National des Droits de l’Homme (ONDH), Cabinet du Président, avenue Sendwe, Kinshasa/Kalamu, République Démocratique du Congo, Tél: +243 98313740 / + 243 98271199 / + 243 98407633, Email : info@ondh-rdc.org
- Ambassadeur, Antoine Mindua Kesia-Mbe, Mission permanente de la République démocratique du Congo, Avenue de Budé 18, 1202 Genève, Suisse, e-mail : missionrdc@bluewin.ch, Fax : +4122 740.16.82
- Ambassade de la République Démocratique du Congo à Bruxelles, Avenue Foestraets, 6, 1180 Bruxelles. Tel : + 32 2 375 47 96, Fax : + 32 2 372 23 48
Prière d’écrire aux représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo dans vos pays respectifs.
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Genève, le 26 juin 2007
Veuillez nous informer de toute action entreprise en citant le code de cet appel dans votre réponse.
Arg - Habrá un Tribunal exclusivo para juzgar a los represores
(AW). Una resolución de la Cámara de Casación Penal dispuso hoy que el Tribunal Oral Federal número 5 se dedique de manera exclusiva a preparar los juicios orales por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar que gobernó al país a partir de 1976.
Buenos Aires, 26 junio de 2007 (Agencia Walsh). La Cámara de Casación Penal dispuso hoy que el Tribunal Oral Federal número 5 de esta capital se dedique en forma "exclusiva" a preparar los megajuicios orales por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Según fuentes judiciales, esta medida debería acelerar el inicio de esos procesos orales puesto que liberó al tribunal de intervenir en todos aquellos expedientes que habían sido elevados a juicio con anterioridad a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Esos procesos serán derivados a otros tribunales y así el Tribunal intervendrá solamente en los juicios contra represores que investigaron en primera instancia los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres, de acuerdo con lo informado hoy en los Tribunales porteños.
En la causa que investiga los crímenes del Primer Cuerpo ya fueron elevados a juicio varios legajos que analizaron los hechos cometidos en diversos centros clandestinos de detención, y antes de fin de año podría agregarse a los mismos los crímenes cometidos en los campos de concentración "El Olimpo", "Vesubio" y "El Banco".
El TOF5, es el mismo tribunal que condenó a 25 años de prisión al represor Julio Simón alias "el turco Julián", y está integrado por los jueces Luis Di Rienzi, Andrés Federico Gordo y Ricardo Farías.
En el debate oral por los hechos cometidos en el Primer Cuerpo intervendrá el fiscal Félix Crous, mientras que en el juicio por la ESMA, la representación del Estado estará a cargo de la fiscal Mirna Goransky.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
Junio 26, 2007
Chile - Procesan a ex-agene de Dina
CORTE PROCESO A EX AGENTE DE DINA POR CRIMENES DE LA DICTADURA
SANTIAGO DE CHILE, 25 (ANSA)- La Corte de Apelaciones de Santiago procesó hoy al ex agente de la DINA brigadier retirado Marcelo Morén como autor de los homicidios calificados de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schouwen y Patricio Munita, cometidos en diciembre de 1973.
La causa había sido sobreseída por la Corte Marcial en agosto de 2003, invocándose la Ley de Amnistía y la prescripción, pero dos años después la Corte Suprema ordenó la reapertura por considerar que se habían infringido disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
En la resolución de hoy, adoptada por unanimidad, los magistrados de la Corte argumentan que "existen antecedentes que le imputan" a Morén haber integrado el grupo que detuvo a las víctimas en el lugar en que se habían refugiado.
El acusado, quien fue jefe de la brigada denominada Caupolicán, dedicada a neutralizar a los militantes del MIR, se encuentra recluido en el Penal Cordillera, de Santiago, exclusivo para militares, cumpliendo condena por su implicancia en otros crímenes.
25/06/2007 19:09
Arg - Liberan a dos represores de la dictadura
Se trata de los ex agentes civiles Valentín Padován y Ricardo Lardone. Ambos actuaron en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Y están acusados por secuestros, torturas y fusilamientos. En la causa están procesados Luciano Benjamín Menéndez y “El tigre” Acosta
Dos ex represores del Ejército que actuaron en el campo clandestino de detención cordobés La Perla, y que están acusados de haber participado en secuestros, torturas y fusilamientos, fueron liberados por la Cámara Nacional de Casación Penal, se informó ayer en los tribunales.
La Sala III, integrada por los camaristas Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma, dispuso la libertad de Valentín Padován y Ricardo Lardone, dos ex agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército que manejaba el servicio clandestino de detención. En el último aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el presidente Néstor Kirchner encabezó el acto de traspaso de las instalaciones en que funcionó La Perla al Museo de la Memoria y desde la tribuna criticó a la Cámara de Casación por las “demoras” en resolver las causas contra militares.
Ahora los jueces -los mismos que habían dispuesto la excarcelación de Omar Chabán en la causa en que se investiga la tragedia de la discoteca porteña Cromañón, luego revocada- consideraron que los dos agentes civiles no van a obstaculizar la acción de la Justicia ni darse a la fuga.
Con esta resolución, Casación Penal revocó un fallo de la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lazcano, con intervención de la fiscal Graciela López
de Filoñuk, y otro de la Cámara Federal cordobesa que habían rechazado un
pedido de excarcelación de Padován y Lardone. Ambos están procesados en
la denominada Causa Brandalisis, en la que se investiga la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas e Hilda Palacios, hechos ocurridos en 1977, un año después del golpe militar.
Los restos de Hilda Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en diciembre de 2002, entre los cadáveres inhumados como NN en el Cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba. En este expediente además están procesados el ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y los militares y marinos Jorge “Tigre” Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega y Carlos Díaz. También estuvo procesado César Anadón, ya fallecido. Todavía queda pendiente de resolución por la Sala III un recurso extraordinario de los defensa de los militares y civiles.
http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268525139/
Arg - Procesaron por genocidio a Bussi por la desaparición de un peronista
Se complica aún más la situación procesal del represor Antonio Domingo Bussi. En el marco de un nuevo expediente -conexo a la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga-, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, procesó al ex gobernador de facto por los delitos de genocidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas o vejaciones, torturas seguidas de muerte, desaparición forzada de personas y asociación ilícita agravada. Esta vez por la desaparición y presunta muerte del ex presidente del Senado provincial, el justicialista Dardo Francisco Molina, quien fue visto por última vez el 15 de diciembre de 1976 y cuyo cuerpo habrìa sido enterrado a metros del Dique El Cadillal. El fallo, que fue firmado el 21 de junio pasado, alcanza a los generales retirados Luciano Benjamín Menéndez y a Albino Mario Alberto Zimmermann. A los tres imputados, el magistrado les trabó un embargo en los bienes por un monto de $1.000.000. Este procesamiento se suma al que se dictó en la causa por 65 víctimas que pasaron por el ex Centro Clandestino de Detención que funcionó durante los años sangrientos de la última dictadura.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=35388
Arg - Ordenaron excavaciones donde funcionó el centro de torturas de Arana
Se llevarán a cabo a partir de una presentación que realizó el Equipo de Antropología Forense. La medida tiene por objeto determinar la existencia de restos óseos que puedan corresponder a personas desaparecidas durante la dictadura.
La justicia Federal de La Plata dispuso hoy que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice excavaciones en el predio del Destacamento de Arana donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la medida fue adoptada hoy por el juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, a partir de una presentación que realizó el Equipo de Antropología Forense en base a excavaciones que realizó en ese predio durante 1996.
El magistrado consignó también que en base a testimonios brindados ante la ante la CONADEP y los Juicios por la Verdad, respecto de los enterramientos que pudieron haber ocurrido en la dependencia policial, se realizó un proyecto de investigación integral que implicaría, además de la investigación histórica, la prospección total de la superficie del destacamento y de la parte externa del mismo.
En la resolución, Corazza dispuso que se realicen excavaciones en la superficie comprendida por el muro perimetral de la dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 640 a la altura de la calle 131 de la localidad de Arana y en la parte externa del mismo.
Las tareas se llevarán adelante también en la zona lindera al Destacamento de Arana, correspondiente al lugar ubicado en el terreno del Centro de Atención Primaria N 21 en el que se encontrarían unas chapas de zinc ubicadas al fondo y que cubrirían un área de nueve metros cuadrados aproximadamente.
El juez explicó que la medida tiene por objeto determinar la existencia de restos óseos que puedan corresponder a personas fallecidas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en dicho destacamento durante la última dictadura militar.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66057&id=158337&dis=1&sec=1
Junio 25, 2007
Phil - NDF rejects Army 'explanation' on Abra students disappearance
06/24/2007 | 08:52 PM
Despite the Army's claim that six high school students who disappeared in Abra province were just "delayed" in getting home, the National Democratic Front (NDF) demanded Sunday night the pullout of soldiers from the area.
In a statement on the Communist Party of the Philippines (CPP) website (www.philippinerevolution.net), NDF Cordillera spokesman Simon "Ka Filiw" Naogsan said there should be "no excuses" for the disappearance.
"Military troops have saturated several mountain ridges in the area, sowing fear among the peasants and their children and preventing them from their usual activities such as firewood gathering, farming and travel. It is tantamount to the denial of the rights of the tribal people to the full use, access and development of their ancestral lands and to livelihood," he said.
"The Cordillera Peoples' Democratic Front (CPDF) joins the village folk of Tubo and Sagada in condemning in the strongest words possible the AFP's inhumanity, brutality and total disregard of the children's democratic rights and welfare," he added.
He said no amount of explanation by the AFP can justify the cruelty soldiers are inflicting on these school children.
Last Friday, the CPP accused the military of abducting the six students of the Mountain Province General Comprehensive High School (MPGCHS), and detaining and torturing them.
The CPP said villagers of Kili, with help from neighboring villages in northern Sagada, organized search teams to locate the missing students, and found them detained by Army troops at a military camp in Lagangilang, Abra.
He noted that one year ago, on the same mountain ridge, an 18-year-old student Michael Uyad of Gueday, Besao was murdered by operating troops of the same Army's 54th IB.
On March 18 that same year, another organic unit of the 54th IB illegally arrested, detained, and tortured two men from Baclingayan, Tubo, Abra who were en route to Mainit, Bontoc to deliver carabaos as ordered by their counterpart in Mainit.
"Even their carabaos were not spared by [soldiers] who butchered them," he said.
He said that by intensifying militarization and state terrorism, the military is wreaking havoc and severe suffering, most particularly on the poor peasant families and national minorities. - GMANews.TV
http://www.gmanews.tv/story/48025/NDF-rejects-Army-explanation-on-Abra-student-disappearance
Tha - UN panel to reconsider cases
ACHARA ASHAYAGACHAT
A United Nations panel has decided to reconsider 12 cases involving missing people in the far South after complaints from the affected family members.
The decision was sparked by a plea from the Working Group on Justice for Peace (WGJP), which sent the UN panel a letter on Thursday after learning that it would stop pursuing the cases because they were settled through government compensation. The letter said the families of the 12 missing people had unanimously rejected the UN's decision to close the files on the cases on the grounds that the families received some money from the government.
''The families do not consider the money as compensation for the deaths and wish to receive answers to what happened and where their loved ones are,'' the human rights group said in the letter.
None of the family members considered their case closed and they were still hoping that the UN would help them obtain justice.
A source at the WGJP said the UN panel had responded by deciding to again study each of the 12 cases.
The 12 are among 18 cases of forced disappearances in Thailand that were submitted to the UN jointly by the WGJP and the Asian Legal Resource Centre last year. In every case, state officers are alleged to have been behind the abductions and disappearances.
The Thaksin Shinawatra government set up a committee, chaired by then minister to the prime minister's office Chaturon Chaisaeng, which approved a payment of 100,000 baht for each of the disappearances.
The WGJP was set up by Angkhana Neelaphaijit, whose husband Somchai was abducted by police in 2004 and never seen again.
Chile - Piden desclasificar documentos de la dictadura de Pinochet
Los diputados oficialistas chilenos Antonio Leal y Tucapel Jiménez pidieron hoy al Ejército que desclasifique todos los documentos que posee sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"Pedimos la desclasificación de todos los documentos de la época de la dictadura y que, tal como lo hace la CIA, publique, coloque a disposición de los tribunales y de la Cámara de Diputados todos los documentos referidos a violaciones de los derechos humanos", afirmó Leal, del Partido por la Democracia.
La petición fue formulada luego de que el brigadier retirado Pedro Espinoza dio a conocer un documento que confirma la participación de efectivos del Ejército en el asesinato de Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
La petición se suma a una solicitud de familiares del matrimonio Prats Cuthbert para ser recibidos por el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta.
Espinoza, condenado por el crimen del canciller Orlando Letelier y otros casos de violación a los derechos humanos, entregó a la justicia un informe firmado por el capitán en servicio activo Juan Salgado, donde afirma que en junio de 1974 espió a Prats en Buenos Aires.
El documento indica que detalles de su labor los entregó al general Manuel Contreras, hoy encarcelado y entonces número uno de la DINA, la policía secreta de Pinochet.
La documentación fue usada por el juez Alejandro Solís para procesar por doble homicidio y asociación ilícita en el caso Prats a Juan Salgado, ahora coronel retirado del Ejército.
Chile - Un documento vincula al Ejército chileno con el asesinato de Prats
Saturday, 23 June 2007
El militar en retiro, Pedro Espinoza, reveló este viernes un documento que confirma la vinculación del Ejército chileno con el asesinato en 1974 del ex jefe de esa institución, Carlos Prats.
El documento oculto en dependencias del Ejército chileno hasta el 2004 confirma seguimientos realizados a Prats, previos a su asesinato en Argentina.
Espinoza fue agente de la policía secreta DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente cumple condena por el homicidio en 1976 del ex canciller Orlando Letelier.
El archivo está firmado por el ex agente de la DINA, Juan Morales, y está remitido al entonces director de esa institución, Manuel Contreras.
El juez de la causa procesó este viernes a Morales como autor de homicidio y asociación ilícita.
El general Carlos Prats fue vicepresidente del derrocado gobierno chileno presidido por Salvador Allende y era considerado una amenaza para la dictadura de Pinochet.
*(PULSAR/ANSALATINA)
Junio 23, 2007
Esp - García Calleja se reúne con una representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina
El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García Calleja, se ha reunido con el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, y con la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, María Lourdes Gru. Según informó el Ejecutivo de Cantabria, en este encuentro se han tratado las diferentes iniciativas que el Gobierno argentino lleva a cabo en materia de Derechos Humanos y, especialmente, el proyecto 'Reconstruyendo Memoria'.
Gru explicó que, con esta iniciativa, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno argentino pretende recopilar testimonios e información "para conocer la verdad y recuperar la memoria". Estas actuaciones persiguen, además, identificar a todas las víctimas y crear un registro de los desparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
La representante de la Secretaría de Derechos aseveró que, debido a la gran presencia de españoles en el país sudamericano en aquella época, esta entidad ha creado una Unidad de Investigación sobre los ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina, que ha contado, desde el inicio, con el apoyo del Gobierno de Asturias, y al que se acaba de incorporar el del País Vasco.
A este respecto, Rafael Palacios destacó la importancia de este proyecto, ya que "el Gobierno de Néstor Kirchner es el primero que, en Argentina, se compromete de manera firme con el tema de la verdad, la justicia, la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas y los Derechos Humanos".
ACTUACIÓN EN ESPAÑA
Gru resumió en dos las principales líneas de actuación que se pretenden seguir en España. En primer lugar, se quiere "difundir los nombres de las víctimas, por si pudiesen ser identificados por algún familiar"; y en segundo lugar, "si aparecen familiares de los desaparecidos, facilitar que se tomen muestras de sangre que, posteriormente, serán cotejadas con los restos de las víctimas".
Se calcula que el número de desaparecidos de nacionalidad española, en la época de la dictadura en Argentina, podría alcanzar la cifra de 700 personas. Sin embargo, hasta el momento, se han confirmado 562 nombres, de los cuales "muchos no han podido ser identificados aún", reconoció Gru. Por este motivo, la delegada argentina subrayó la importancia que tiene "toda la ayuda y el apoyo que se pueda brindar desde España, principalmente, en el ámbito de la difusión".
Gru, que está recorriendo las diferentes Comunidades Autónomas de España para solicitar su participación, ha propuesto durante la reunión mantenida con García Calleja que también Cantabria se involucre en este proyecto, de manera que se pueda determinar si existen cántabros en la lista de desaparecidos españoles que maneja la administración argentina.
http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2007/junio07/23/12.htm
Arg - Secuestran documentación de dos comisarías bonaerenses por delitos durante la dictadura
El procedimiento se realizó en las seccionales 1 y 3, en el marco de la querella presentada por organismos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Las denuncias se iniciaron a partir de testimonios de sobrevivientes durante los Juicios por la Verdad realizados en Mar del Plata.
Dos comisarías de Necochea fueron allanadas esta semana en el marco de una investigación por delitos cometidos durante la dictadura militar.
La jueza federal de Necochea, Beatriz Torterola, secuestró de las comisarías 1 y 3 de esa ciudad, documentación, libros y legajos de personal fechados entre 1976 y 1983.
El procedimiento se realizó en el marco de la querella presentada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y organismos de derechos humanos, por delitos cometidos durante ese período por fuerzas de seguridad de esa ciudad.
Las denuncias se iniciaron a partir de testimonios de sobrevivientes durante los Juicios por la Verdad realizados en la ciudad de Mar del Plata y luego ratificadas en el juzgado local en noviembre del año pasado, según informó la Secretaría.
Además, los organismos de DDHH habían solicitado a la Fiscalía Federal la realización de diligencias para esclarecer veinte casos de detenidos desaparecidos necochenses.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65804&id=158015&dis=1&sec=1
Junio 22, 2007
India: Two students abducted and disappeared in Andhra Pradesh
21 June 2007
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UA-200-2007: INDIA: Two students abducted and disappeared in Andhra Pradesh
INDIA: Disappearance; police atrocities; arbitrary detention; impunity
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Dear friends,
The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information from its local partner in Andhra Pradesh regarding the case of abduction and disappearance of two students. It is reported that the students were abducted on 5 March 2006 and since then their parents have not heard anything about them. The complaints made by the parents are ignored by the government.
CASE DETAILS:
Mr. Bandaaru Mallesh and Mr. Vadae Manohar were students at the Osmania University. They were arrested by the local police on the suspicion of being involved in the case of murder of Mr. Narsi Reddy. In fact Mallesh and Manohar were surrendered at the police station by their parents. They were detained in police custody for about 8 days without being produced before the court. The parents filed a Habeas Corpus writ for the police produce them in court. Even then the court did not release them on bail. They were however released on bail after four months.
The students were released on bail on 5 March 2006. But the night prior to the release the parents of the disappeared students were called to Muktal Police Station. At the police station they were threatened that they should not take their children out from the police as the police had not finished the investigation of the case. The parents were asked to withdraw the sureties they had organised to be produced in court the next day. The parents however refused, but the police threatened that if the children were released the police would kill them.
The next day, that is 5 March 2007, the students were released on bail from Narayana Pet court. The students with their parents were returning home in a three wheeler. As their vehicle reached the Ashoka movie house at Mahabubnagar, the three-wheeler was stopped by a few armed and masked men. They forced the three-wheeler to go to Christian Palli. In the meanwhile all of them were blindfolded and some of them were transferred into another vehicle. The parents were not aware whether the children were with them.
They traveled for a long time over the night and were let off by the roadside next day, early in the morning. When they removed the blindfold they found themselves to be near a forest. They also realised that their children were missing and not with them. They walked to Devarakonda Mandal in Nalgonda district.
It is alleged that the abduction was organised by the police and it is suspected that the missing students are now either killed as threatened by the police or kept in detention. The parents had approached the High Court seeking help with a petition on which the court has ordered the local police to investigate the case and report the progress of the investigation to the court every month. The parents allege that even after eight months there is no progress in the case.
SUGGESTED ACTION:
Please write a letter to the relevant authorities mentioned below, to ensure that the police investigate the case properly and the whereabouts of the children are revealed to the parents and the court at the earliest. The AHRC is writing a separate letter to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances asking for an intervention into this case.
Sample letter:
Dear ___________________
INDIA: Abduction and disappearance of two students in Andhra Pradesh
Name and address of the victims:
1. Mr. Vadae Manohar, son of Thimmanna, resident of Kalvala village, Narya Mandla, Mahabubnagar district, Andhra Pradesh
2. Mr. Bandaaru Mallesh, son of Ms. Anantamma, Maktal Mandal, Mahabubnagar district, Andhra Pradesh
Alleged perpetrators:
1. Police officers stationed at Muktal Police Station, Andhra Pradesh during March 2006
I am writing to you to express my concern about the case of abduction and disappearance of two students of the Osmania University from Mahabubnagar. I am informed that the students, Mr. Vadae Manohar and Mr. Bandaaru Mallesh were surrendered by their parents at the Muktal Police Station by their parents in connection with the investigation into the murder case of Mr. Narsi Reddy.
It is alleged that the students were detained illegally in custody for the next eight days and that their parents had to file a writ petition for the police to produce the students in court. The court though refused bail to the students kept them in custody for about four months. Finally when the court decided to release them the Muktal police threatened their parents that if their children were released on bail they would murder them.
I am informed that the parents did release Manohar and Mallesh from custody through the Narayana Pet court on 5 March 2006. I am also informed that on their way home from the court Manohar and Mallesh along with their parents were stopped at Mahabubnagar by some unidentified armed men and were blindfolded and taken to near a forest. It is alleged that the parents were only set free while the whereabouts of Manohar and Mallesh is not known since then.
I am concerned to know that the parents were threatened by the police the night before their children were released and that their children on their way from the court were kidnapped as threatened by the local police. I am also informed that the parents suspect the Muktal police for the disappearance of their children. I am also informed that the parents had approached the High Court and that the court has asked the local police to report to the court every month the progress of the investigation into the case. I am also informed that the parents are not satisfied with the investigation into the case.
I therefore urge you to intervene into this case so that the conduct of the Muktal police is thoroughly investigated and the whereabouts of the missing children are reported to the court at the earliest.
Sincerely yours,
______________
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:
1. Dr. Y. S. Rajasekhara Reddy
Chief Minister
'C' Block, 4th Floor, AP Secretariat
Hyderabad, Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23452498, 23454828
Email: cmap@ap.nic.in
2. Sri K.Jana Reddy
Minister for Home Affairs
Block-J,Floor-8,Room No-801
AP Secretariat, Hyderabad
Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23457687
EMail : min_home@ap.gov.in
3. Special Chief Secretary to Govt.
Department Of Home
A-Block, Floor - 5, AP Secretariat
Hyderabad, Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23453170
4. Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh
Department Of Home
A-Block, Floor - 5, Room No-502
AP Secretariat, Hyderabad
Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23450175
5. Mr. M.A. Basith, IPS
Office of the Director General and the Inspector General of police
Hyderabad, Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23296570
6. The Superintendent of Police
Kakinada, East Godavari District
Andhra Pradesh
INDIA
Fax: +91 884 2363000
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ua@ahrchk.org)
Arg - Juicio por la Verdad - Audiencia del 20 de Junio de 2007
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.ar
Juicio por la verdad - Audiencia del miércoles 20 de Junio de 2007
Silvina Arias para la Secretaría de Prensa y difusión
Testigos aportaron valiosos datos a la justicia para investigar el robo de bebés y su relación con los ataques perpetrados contra viviendas de La Plata. También declaró el hermano de una estudiante universitaria desaparecida que fue vista en el CCD conocido como “La Cacha” y un exiliado que inicia la investigación por la desaparición de su hermano, egresado de la Escuela Superior de Periodismo.
- Carátula: Bojorge, Stella Maris
Declaró Arturo Carlos Bojorge
Arturo Carlos Bojorge declaró sobre la desaparición de su hermana Stella Maris, quien al momento de desaparecer era estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.L.P.
Bojorge aportó datos sobre un operativo ocurrido en su casa, donde encerraron a las mujeres de la familia en un baño con llave mientras que a los hombres los maniataron, encapucharon en una habitación.
A Stella Maris la interrogaron de manera separada en otra de las habitaciones de la casa y se la llevaron detenida. “Yo escuché parte del interrogatorio, le preguntaban por un novio que había tenido, Carlos Weber”.
Los testigos Silvia Bussi y Raúl Elizalde, detenidos clandestinamente en “La Cacha”, reconocieron a Stella Maris, la primera por su nombre y apellido y el segundo por su apodo “ratona”.
Causa N° 2538
- Carátula: Pedreira, Rafael Antonio
Declaró Manuel Enrique Pedreira
En tanto, en el marco de esta causa, declaró por primera vez ante la Cámara Federal de La Plata el testigo Manuel Enrique Pedreira, un exiliado que volvió a Argentina en 2006. Vivía en la Ciudad de México cuando su hermano Rafael Antonio Pedreira desapareció.
El testigo se fue del país luego de haber estado detenido entre noviembre de 1974 y septiembre de 1975, por su militancia en la JUP. Era conocida su militancia en la Ciudad de La Plata y su hermano no se presentó al ser convocado para realizar el Servicio Militar porque temía por su vida.
“La situación era muy frágil, mis padres lo iban a sacar del país pero una semana antes allanaron su casa, dicen los vecinos que logró escapar, pero no supimos nada mas sobre él”, afirmó Pedreira.
El testigo informó que a su hermano lo llamaban “Piraña”, un apodo que fue mencionado por detenidos ilegales en la Comisaría Quinta de La Plata. Uno de los testigos que mencionó ese apodo será citado por la Cámara Federal para efectuar un reconocimiento fotográfico que permitiría conocer el destino de este joven que acaba de egresar de la U.N.L.P como Periodista.
Causa N° 1885
- Carátula: Mariani/Teruggi
Declaró Martin Horacio Cañas
La jornada se cerró con el tratamiento de la causa 1885 y se centró en este caso sobre el homicidio de Daniel Mariani. El declarante fue Martín Horacio Cañas, que perdió al grueso de su familia en distintos momentos de la última dictadura militar. Su hermano mayor Santiago tenía amistad y militaba con Mariani .
Un operativo de las fuerzas conjuntas que de acuerdo a los registros de la Comisión Provincial por la Memoria duró más de horas, terminó con la vida de su madre y una de sus hermanas en su casa ubicada en 39 y 134. El testigo dejó de manifiesto que hay correlación de ataques a viviendas donde hay criaturas y se incendian casas. En 39 y 134 había dos chicos que fueron rescatados por el padre de Cañas, y al parecer de uno de esos menores ya había sido confeccionado otro acta de nacimiento. La Comisaría Cuarta estuvo presente en todos los operativos.
Finalmente declaró en el marco de la misma causa la dirigente gremial Marta Jáuregui, quien perdió a sus padres en un ataque previo.
Para recibir estos informes Envíe un e-mail en blanco y sin asunto a: asamblea-subscribe@yahoogroups.com
Siga la información sobre el Juicio en: "Tengo Derecho", el programa de la APDH La Plata, todos los Sábados a las 12 horas por FM Universidad 107.5 Mhz En Internet: http://www.lr11.com.ar
También quincenalmente en el programa "Mediodía" los martes a las 12.00 en AM Universidad, 1390 Khz.
At least 97,207 dead or missing in Bosnian war -study
Makfax News Agency
21 June 2007
97.207 casualties of war in Bosnia
SARAJEVO, Bosnia, June 21 (Makfax) -- A total of 97.207 persons were killed or disappeared in the 1992-1995 war in Bosnia-Herzegovina, the Sarajevo-based Research and Documentation Center (IDC) announced Thursday. The Center pointed out that these are the final figures of its study.
Out of the total number of perished people, as many as 57.523 were directly involved in the war and 39.684 were civilians.
In respect to the nationality, most of the casualties were Bosniaks - 64,036, followed by Serbs - 24,905, and Croats - 7,788, while 478 were
of other nationalities.
The data show that nearly half of the total number of casualties
perished during the first year of the war.
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www.b92.net
RTV B92 News
OEA aprueba resolución sobre desaparición de personas
-La Organización de Estados Americanos (OEA), alentó a los Estados Miembros a avanzar en la prevención de las desapariciones forzadas de personas, considerando, según corresponda, la adopción de leyes que obliguen al establecimiento de registros oficiales en los cuales se lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención.
La resolución de la OEA fue tomada durante la XXXVII Asamblea General celebrada recientemente en Panamá.
Asimismo, insta a todas las partes en un conflicto armado y a los actores en otras situaciones de violencia armada a prevenir la desaparición de personas, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
La OEA instó a los organismos que tengan un mandato reconocido para la protección de las personas privadas de libertad, "a tomar conocimiento en un período corto de tiempo, de cualquier detención que haya ocurrido, todo lo anterior, sin menoscabo de la adecuada comunicación de las personas privadas de libertad con sus familiares”.
A continuación el documento de la Resolución sobre Personas Desaparecidas y sus Familiares:
(Aprobado por el Consejo Permanente en sesión celebrada el 23 de mayo de 2007) LA ASAMBLEA GENERAL, RECORDANDO la resolución AG/RES. 2231 (XXXVI-O/06) y las de años anteriores relacionadas con la materia;
TENIENDO EN CUENTA que el problema de las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares es abordado tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos desde sus respectivos ámbitos de aplicación, siendo marcos jurídicos distintos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por los sufrimientos que generan tanto las desapariciones de personas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada, como por las desapariciones forzadas;
RECONOCIENDO la necesidad de aliviar la ansiedad e incertidumbre que sufren los familiares de las personas dadas por desaparecidas;
CONSCIENTE de la necesidad de prevenir la desaparición de personas, de averiguar la suerte de los que han desaparecido y de responder a las necesidades de sus familiares, tanto en situaciones de conflicto armado o en otras situaciones de violencia armada, así como en el caso de desapariciones forzadas;
GUIADA POR los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994; así como la Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas del 2006 y el derecho internacional aplicable;
TENIENDO EN CUENTA la resolución 59/189 "Las personas desaparecidas", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 diciembre de 2004, la resolución 2005/66 "Derecho a la Verdad", aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de abril de 2005; la resolución 2005/26 “Los derechos humanos y la ciencia forense”, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 19 de abril de 2005, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, la Resolución 2/105 “Derecho a la verdad” aprobada por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre del 2006 y la resolución 61/155 sobre Personas Desaparecidas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de febrero de 2007;
RECORDANDO la Declaración y el Programa de Acción Humanitaria adoptados por la Resolución 1 de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra, Suiza, del 2 al 6 de diciembre de 2003 los cuales abordan la cuestión de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada;
RESUELVE:
1. Instar a todas las partes en un conflicto armado y a los actores en otras situaciones de violencia armada a prevenir la desaparición de personas, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
2.Alentar a los Estados Miembros a que continúen avanzando en la prevención de las desapariciones forzadas de personas, considerando, según corresponda, la adopción de leyes, reglamentos y/o instrucciones que obliguen al establecimiento de registros oficiales en los cuales se lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención, para entre otras razones, permitir, según corresponda, a sus familiares, a otras personas interesadas, así como al poder judicial y/o, a organismos que tengan un mandato reconocido para la protección de las personas privadas de libertad, a tomar conocimiento en un período corto de tiempo, de cualquier detención que haya ocurrido, todo lo anterior, sin menoscabo de la adecuada comunicación de las personas privadas de libertad con sus familiares.
3.Exhortar a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas y, para tal fin, garanticen que las autoridades y todos los mecanismos involucrados coordinen su labor, cooperen entre sí y sean complementarios
4. Instar a los Estados Miembros a que mantengan, de conformidad con su organización jurídica y administrativa, registros completos de nacimientos y defunciones, así como también a que establezcan registros que recopilen y centralicen la información sobre personas dadas por desaparecidas.
5.Exhortar a los Estados Miembros a que aseguren que los casos de desaparición sean investigados de manera imparcial ante las instancias competentes de conformidad con las obligaciones internacionales y la legislación interna y que se involucre de manera sistemática, en los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido, a los familiares de las personas dadas por desaparecidas.
6.Alentar a los Estados Miembros a que atiendan, de la manera más completa posible, las necesidades psicológicas, sociales, legales y materiales de los familiares de las personas dadas por desaparecidas a través de medidas que incluyan, según corresponda, el suministro de información periódica a los familiares sobre los esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas y sobre su paradero.
7.Alentar a los Estados Miembros a que consideren promulgar, según sea el caso, legislación nacional que reconozca la situación de los familiares de las personas desaparecidas, tomando en cuenta las necesidades especificas e intereses particulares de las mujeres cabeza de familia y los niños, inclusive en lo que atañe a las consecuencias de la desaparición a nivel de la administración de bienes, la tutela, la patria potestad y el estado civil, así como la elaboración de programas de reparación adecuada.
8.Instar a los Estados Miembros a que se traten los restos humanos con el debido respeto y de acuerdo a las prácticas y estándares nacionales e internacionales, las normas jurídicas y éticas aplicables a la recolección, exhumación y gestión de los restos no identificados, con el fin de reunir toda la información necesaria para identificarlos y esclarecer los hechos que generaron esta situación.
9.Alentar a los Estados Miembros a tomar las medidas adecuadas para garantizar que la recolección, exhumación, gestión y otros procedimientos relacionados con restos humanos sean realizados por expertos o peritos forenses respetándose, si fuere el caso, las prácticas tradicionales.
10.Exhortar a los Estados Miembros a que garanticen que los restos humanos plenamente identificados puedan ser entregados a los familiares y que se expidan las respectivas partidas de defunción.
11.Instar a los Estados Miembros a que castiguen a los responsables de las violaciones de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia armada, en sus respectivas esferas de aplicación, que protegen a las personas contra las desapariciones, en particular la desaparición forzada.
12.Instar a los Estados Miembros a que adopten las medidas legislativas y/o administrativas necesarias para impedir la denegación sistemática y deliberada del intercambio de información entre familiares; la obstaculización del suministro de información sobre las personas desaparecidas, en particular, en el marco de los procesos de identificación; la retención ilícita de información accesible sobre el hecho de una muerte o sobre su causa, las razones o circunstancias del fallecimiento de una persona; la destrucción de pruebas susceptibles de esclarecer la suerte que ha corrido una persona dada por desaparecida; y la expoliación, profanación o mutilación de los muertos.
13.Instar a los Estados Miembros a que se garantice la adecuada protección de los datos personales recopilados en relación con personas desaparecidas, de acuerdo con la ley.
14.Exhortar a los Estados Miembros a que cooperen entre sí para abordar los diferentes aspectos del problema de las personas desaparecidas, inclusive en el ámbito del apoyo a los familiares, la búsqueda de personas desaparecidas, la recolección, la exhumación e identificación de restos mortales y la asistencia mutua en procedimientos penales.
15.Alentar a los Estados Miembros a solicitar el apoyo de las organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para abordar el problema de la desaparición de personas.
16.Invitar a los Estados Miembros a que sigan cooperando con el Comité Internacional de la Cruz Roja, una reconocida institución humanitaria, en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, y faciliten su trabajo.
17. Exhortar a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho, a que consideren firmar y ratificar, ratificar, o adherir, según sea el caso, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas en Contra de las Desapariciones Forzadas.
18. Instar a los Estados, en cuanto sea aplicable, a que traten de implementar los mandatos de la presente resolución de manera permanente.
19. Encomendar al Consejo Permanente que dé seguimiento a la presente resolución.
Arg - Procesan a Bussi y a Menéndez por genocidio y más de 60 desapariciones
(168 Horas - Télam - Viernes 22 de junio de 2007) Un juez federal procesó hoy a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por el delito de genocidio y la desaparición de más de 60 personas durante la última dictadura militar.
La resolución fue dispuesta por Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal número uno de esta ciudad, en el marco de la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.
Aunque Bussi y Menéndez están procesados en una decena de causas es la primera vez que les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994.
Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.
El magistrado ordenó, además, la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis Eduardo Falú, en septiembre de 1976.
"Las prácticas aberrantes realizadas contra los detenidos por parte de agentes públicos amparados en la vigencia del terrorismo de Estado configuran apremios ilegales, con padecimientos psíquicos y morales. Existió un plan criminal. Cada 15 días ejecutaban prisioneros, que habrían sido más de 1.000 en el ex arsenal", aseveró Bejas.
El abogado de Bussi y Menéndez, Horacio Conessa Mones Ruiz, calificó de inadmisible el procesamiento "teniendo en cuenta que, para poder dictar esta medida, el magistrado antes debía resolver una serie de nulidades presentadas por la defensa".
Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.
Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.
Sobre los dos militares retirados pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.
Bussi está detenido por orden del ex juez federal Parache (a quien reemplaza Bejas) desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido durante los comicios del 26 de
junio de ese año.
El fundador del partido Fuerza Republicana le había ganado por sólo 17 votos al justicialista Gerónimo Vargas Aignasse (hoy diputado nacional), hijo del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuya desaparición, en 1976, fue ordenada la primera prisión preventiva contra Bussi y Menéndez.
En diciembre de 2003, Parache autorizó que Bussi cumpliera arresto domiciliario (por su edad, ya que entonces tenía 77 años, y por sus problemas cardíacos) en la Capital Federal, y en marzo de 2006 fue trasladado a Tucumán luego de que forenses determinaran que no corría peligro su vida si viajaba en un avión sanitario.
http://168horas.com.ar/070622/070622_82.htm
La familia de Bussi dice que el fallo contra el ex gobernador es “político”
El hijo del ex militar dijo que la decisión del juez federal Sergio Torres no lo sorprende. “No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas”, explicó. También en defensa de su padre, señaló que “no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente”.
La familia del represor Antonio Bussi calificó de "político" el fallo por el cual fue procesado por la comisión del delito de genocidio, por la desaparición de 65 personas en un ex arsenal durante la dictadura militar.
"Esto no me sorprende. No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas de armas, sacando los hechos del contexto histórico en que se produjeron", aseguró a Télam Luis José Bussi.
El abogado y dirigente de Fuerza Republicana, el partido que fundó su padre en 1987, insistió en que "no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente que había sido planteada por organizaciones extremistas que, por las fuerzas de las armas, querían imponer un gobierno marxista".
A diferencia de lo que piensan en la familia de Bussi, el juez Daniel Bejas, a cargo interinamente del juzgado federal número uno desde el 1 de junio, aseguró en el fallo que la decisión constituye "el primer paso para conocer y esclarecer qué pasó en
Tucumán durante aquellos años".
En la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, Bejas procesó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), al igual que a Luciano Menéndez, a Albino Zimmerman (ex jefe de la Policía de la provincia) y al también militar Alberto Cattáneo.
El juez interino encontró a los militares retirados presuntos responsables, además de genocidio, de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, asociación ilícita y, en el caso de Bussi, de homicidio calificado.
Además, el magistrado ordenó la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis
Eduardo Falú, ocurrida en septiembre de 1976.
Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.
Chile construirá museos de la memoria en más de 500 centros de tortura
El gobierno de la presidenta Bachelet repasará la historia de los lugares en los que funcionó el aparato represivo durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre 1973 a 1990, en el país andino funcionaron cerca de 100 mil sitios clandestinos de detención.
Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet hubo 100 mil centros de tortura y muerte, de los cuales 515 conformarán un museo de la memoria, de acuerdo con los planes del gobierno de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Según consigna el diario La Nación de Chile, el edificio que en la actualidad ocupa el Ministerio de Bienes Nacionales, en Santa Rosa con la Alameda (en el corazón de Santiago) funcionó un escuadrón de la muerte conocido como Comando Conjunto. Tiene tres sótanos que fueron calabozos y ahí hay escritos con sangre que no fueron borrados.
Para aquellos sitios con una mayor carga emocional e importancia desde el punto de vista represivo, se está reconstruyendo su historia. Esa información estará disponible en el transcurso de este año a través de Internet.
La idea es lograr una ruta patrimonial de los derechos humanos, señalizar ciertos lugares, "para que caminar por la calle sea un viaje permanente hacia la memoria, en otras palabras, dejaremos claro que los atropellos de los derechos humanos es parte de la historia de Chile, creando una ruta patrimonial de la memoria que identifique los sitios más simbólicos donde ello ocurrió", concluyó a ministra del ramo, Romy Schmidt.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=65748&id=157821&idnota=157821
Arg - Confirman la identidad de los restos de un desaparecido hallado en Paraná
El Equipo de Antropología Forense ratificó que el cuerpo extraído clandestinamente del cementerio municipal pertenece a Juan Alberto Osuna, secuestrado y asesinado por efectivos de seguridad en septiembre de 1976. Había estado detenido en Santa Fe.
El Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó que los restos extraídos clandestinamente del cementerio municipal de Paraná pertenecen a Juan Alberto Osuna, secuestrado y asesinado por efectivos de seguridad el 25 de setiembre de 1976.
Osuna, que se convirtió en el primer entrerriano desaparecido en ser identificado, murió durante un simulado enfrentamiento con medio centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad en Rondeau al 1.300, en la llamada Masacre de la Tapera.
El secretario de Seguridad de Entre Ríos, Juan José Halle, confirmó hoy que Osuna había estado detenido en Santa Fe antes de ser traslado al Escuadrón de Comunicaciones de Paraná.
Según lo informado, el militante justicialista fue torturado y luego llevado con Carlos Fernández, otro desaparecido, a la casa de calle Rondeau, donde se simuló un enfrentamiento con los efectivos de seguridad, que prácticamente los fusilaron.
El cuerpo de Osuna se encontraba desde hace algunos años en poder de sus familiares, luego de haber sido sacado por estos en forma clandestina del cementerio local y depositado en la tumba de su padre, luego de ser identificado merced a los datos suministrados extraoficialmente por un empleado de la necrópolis.
Aunque la familia tenía la seguridad de que los restos pertenecían a Osuna porque tenía un paladar de platino, ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó la identidad de los restos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=65748&id=157816&idnota=157816
Arg - Prisión preventiva para dos represores por delitos de "lesa humanidad"
Se trata de Adolfo Miguel Donda y Juan Antonio Azic, ex jefes navales acusados por vejaciones cometidas en la ESMA durante la última dictadura. La medida dictada por el juez Sergio Torres incluyó embargos de 500 mil pesos en cada caso. Ayer, otro magistrado tucumano procesó a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por genocidio.
El juez federal Sergio Torres dictó hoy el procesamiento, con prisión preventiva, de dos ex jefes navales acusados de delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
La medida -que incluyó embargos de 500.000 pesos en cada caso, contenida en 31 carillas y a la que Télam tuvo acceso- alcanzó al
capitán (r) de la Armada Adolfo Miguel Donda y a Juan Antonio
Azic, ex suboficial de la Prefectura Naval Argentina.
El magistrado -con la intervención del secretario Diego Slupzki- dictó la resolución en un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En este expediente se investiga el desapoderamiento de bienes de Víctor Melchor Basterra, quien fue secuestrado, junto a su esposa y la pequeña hija de ambos, el 10 de agosto de 1979, y trasladado a la ESMA donde estuvo ilegalmente cautivo hasta 1980.
En ese centro clandestino de detención fue sometido a "tormentos y condiciones inhumanas de vida", entre otros, por Azic a quien calificó como "un tipo terrible con la máquina", en referencia a la picana eléctrica.
El mismo imputado fue quien obligó a la madre de Basterra a otorgarle un poder especial para vender una propiedad con el argumento que ello "favorecería la libertad de su hijo detenido", motivo por el cual fue procesado por el delito de "extorsión".
Esa figura está prevista en el artículo 168 del Código Penal que reprime con prisión de cinco a 10 años al que "con intimidación o simulando autoridad pública, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".
Al ser indagado Azic se negó a contestar preguntas; en tanto Donda -Jefe de Operaciones del Grupo de Tareas de la ESMA- afirmó que tenía como "única misión los procedimientos tendientes a la detención de delincuentes subversivos que ordenaba la superioridad" y que siempre actuó "a cara descubierta al igual que el personal a mi cargo".
Para disponer la prisión preventiva el magistrado hizo referencia a "la gravedad de las circunstancias fácticas que han sido consideradas como probadas para la instancia en la que nos encontramos", los antecedentes, "más la expectativa de pena".
Respecto de un tercer imputado por los mismos hechos -Rodolfo Carlos Molinari, quien apareció luego como "vendedor" del bien que fue desapoderada la familia Basterra- en razón de su muerte, el 12
de marzo de 1997, el juez declaró extinguida la acción penal y su
consiguiente sobreseimiento.
Junio 21, 2007
EU leaders should 'ban' renditions: New letter to EU leaders at start of summit
Amnesty International has today called on EU leaders to take action to effectively 'ban' rendition flights and secret detentions in a new letter at the start of the EU summit beginning today (21-22 June).
Amnesty International's letter to the 27 EU leaders comes after recent revelations of the existence of secret prisons in Romania and Poland in a Council of Europe report. Meanwhile, Amnesty International and five other organisations have also published a report naming 39 prisoners who remain missing and are believed to have been subjected to enforced 'disappearance' by the US authorities in the 'war on terror'.
Amnesty International is concerned that EU countries are ignoring the issue of rendition flights and secret detentions despite evidence of the involvement of EU states and the possibility that CIA prisoners may have been detained and tortured on EU soil.
Amnesty International EU Office Director Dick Oosting said:
'The grave nature of the accusations alone should be serious enough to engage EU political responsibility. Yet we are still waiting for one EU leader to stand up and say it is the EU's business to stop and prevent kidnapping, torture and disappearances in Europe.
'The debate on whether or not there is enough proof can go on indefinitely but it will not make this issue go away. The EU ought to look at Canada and the Maher Arar case and learn from a country that at least acknowledged the problem and took political responsibility.'
In respect of renditions and secret detentions, Amnesty International is calling on the EU and its member states to:
* Acknowledge its responsibilities
* Stop ongoing violations
* Ensure reparations to victims
* Bring to justice those responsible for human rights violations
* Prevent further serious breaches of human rights in the future
Chile: Pedirán unificar condenas de general represor
The Associated Press
SANTIAGO DE CHILE --
El abogado del ex jefe de la policía secreta del régimen militar, general retirado Manuel Contreras, pedirá unificar las condenas cárcel de su cliente, que hasta hoy suman 159 años, para luego buscar ante la justicia reducirlas drásticamente.
Otro general retirado cumplió el miércoles 10 días prófugo, para eludir una pena de cinco años de presidio.
"Por supuesto que solicitaremos la acumulación de condenas, es lo que corresponde, pero lo haremos más adelante, una vez que se cierren más procesos de los que se investigan", dijo el abogado Fidel Reyes.
Contreras, de 78 años, creó y lideró la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de las peores violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet.
El generadl retirado enfrenta decenas de procesos por desaparición de izquierdistas y las 15 condenas ya dictadas suman 159 años, pero sólo cuatro de ellas han sido ratificadas por la Corte Suprema, la mayor a 15 años de prisión.
La legislación chilena no estipula el cumplimiento sucesivo de las condenas, lo que permite que sean unificadas a la pena mayor, en este caso, a 15 años.
Actualmente, Contreras cumple una pena de 12 años de cárcel por la desaparición del izquierdista Miguel Angel Sandoval, recluido en el penal Cordillera, en el interior de un regimiento del ejército.
En el proceso por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthber, Contreras podría enfrentar una pena a presidio perpetuo simple, pero Reyes confía en que su cliente será absuelto.
Uno de los compañeros de cárcel de Contreras debería ser el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, sancionado con cinco años de presidio por la desaparición, en 1974, del estudiante de agronomía Luis San Martín.
Pero Iturriaga se fugó el 11 de junio, cuando debía presentarse para cumplir su condena, y desde la clandestinidad envió un video y un comunicado a la prensa en los que señaló que se rebeló ante una condena "arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica".
Iturriaga es buscado por las policías y su fotografía está en todos los puestos fronterizos, aunque se estima improbable que intente salir de Chile porque sobre él pesan tres órdenes de captura internacional: entre ellas una dictada por el juez español Baltasar Garzón, y otra de la justicia italiana que lo condenó en ausencia a 18 años de cárcel por el atentado en Roma contra el ex vicepresidente de la república, Bernardo Leighton, y su esposa.
El general prófugo huye armado con su pistola 9 milímetros, según informó el diario estatal La Nación.
Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitaron el miércoles al comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, que averigüe si militares activos han brindado apoyo a Iturriaga Neumann. Izurieta aún no da respuesta a esa petición.
Iturriaga comandó una de las brigadas de la DINA y fue jefe del servicio exterior del organismos represivo, por lo que se sabe que posee conocimientos de inteligencia que evitarían que cometa errores básicos que podrían ayudar a la detención por la policía, que le sigue sus pasos.
Chechnya: Rights Situation May Be Improving
By Liz Fuller
(RFE/RL)
The current war in Chechnya that began in the fall of 1999 has, to a far greater degree than the 1994-1996 conflict, been accompanied by systematic, widespread, and egregious human rights violations committed by both the Russian military and pro-Moscow Chechen forces.
Russian and international human rights watchdogs have compiled detailed dossiers chronicling blanket search operations; arbitrary arrests; abductions for ransom; and the use of torture against, and even the summary execution of, persons suspected of sympathizing with or abetting resistance forces.
By far the most widespread abuse is that of the abduction of Chechen noncombatant civilians, a practice that Russian Ombudsman Vladimir Lukin described in 2004 as "the main [human rights] problem" in Chechnya, and which the New York-based Human Rights Watch (HRW) in 2005 designated "a crime against humanity."
Both HRW and Amnesty International have documented dozens of individual cases in which survivors describe the abuses to which they were subjected by their abductors, or family members chronicle their efforts to locate, and secure the release of, the "disappeared."
Murky Picture
Forming a comprehensive picture of the extent of forced disappearances and attempting to identify the perpetrators is difficult in light of relatives' reluctance either to jeopardize their efforts to locate and secure the release of their loved ones, or to invite retribution by naming those persons believed to be responsible.
Citing data collected by the Russian human rights center Memorial that monitors only roughly one-fourth of the total area of Chechnya, HRW estimated in early 2005 that between 3,000-5,000 people were snatched in Chechnya in the five years since October 1999. Some of those apprehended were subsequently released, many after having been subjected to torture; others disappeared without trace.
Chechen websites have, in addition, reported cases in which children have been apprehended and killed and their internal organs removed -- presumably to sell for transplant -- before the mutilated bodies were dumped.
In the run-up to, and during the early years of the second Chechen war, the abduction cases that made headlines were generally those involving foreigners snatched for ransom by radical Chechen militants. But more recently, the victims have been overwhelmingly Chechens. Russian and Chechen human rights activists say that at least three agencies have resorted to such abductions: the Federal Security Service (FSB), the Russian federal forces, and the various pro-Moscow Chechen police and security forces.
The first documentary evidence of the Russian military's involvement in such human rights abuses surfaced in early 2003. It took the form of a confidential report compiled by Chechen Prosecutor-General Vladimir Kravchenko, who concluded that dozens, if not hundreds of federal soldiers and police were systematically engaging in the abduction and murder of civilians, "Nezavisimaya gazeta" reported on 16 April 2003.
At the same time "Le Monde" and "La Liberation" published what they claimed were extracts from a Chechen government report on such abuses. Russian officials immediately denied that any such Chechen government report existed. But according to "Nezavisimaya gazeta," the statistics cited by Kravchenko and the two French newspapers were very similar.
Statistical Decline
Statistical data for the period 2002-March 2007 compiled by analysts writing for the website kavkaz-uzel.ru show two clear trends: a dramatic decline in the total number of abductions, from 544 in 2002 to 323 in 2005, 187 in 2006, and 16 for the first three months of this year.
It also shows parallel declines in the number of those abducted who are never found, either dead or alive (from 372 in 2002 to 128 in 2005, 63 in 2006, and three in 2007), and also in the number of persons found dead (81 in 2002, 25 in 2005, 11 in 2006, and one so far in 2007).
But the number of persons freed or ransomed grew from 91 in 2002 to 155 in 2005, but then fell to 94 in 2006 and 10 in 2007. The figure cited by kavkaz-uzel.ru for the number of abductions in 2004 -- 450 -- is slightly higher than the estimate for the same year by Memorial cited in the HRW report referred to above.
But kavkaz-uzel.ru's figure for 2003 (498) is lower than that Interfax attributed to pro-Moscow Deputy Prime Minister Movsur Khamidov in February 2004. On that occasion, Khamidov said 581 people were abducted in Chechnya the previous year, of whom 127 disappeared without trace, but he added that in some cases, relatives of Chechen resistance fighters may have reported their menfolk as having been abducted in order to deflect suspicion.
Security Force Involvement
At the same time, Khamidov admitted that some abductions are the work of the police or security forces. Svetlana Gannushkina of the Presidential Human Rights Commission estimated in December 2003, that the majority of such abductions are carried out by pro-Moscow police or members of the presidential security service then headed by Ramzan Kadyrov, the son of then pro-Moscow Chechen administration head Akhmed-hadji Kadyrov.
Over the past few years, since the Russian authorities launched the process of "Chechenization" that entailed transferring primary responsibility for reimposing "order" in Chechnya from the Russian Interior Ministry to the various pro-Moscow Chechen police and security forces, the proportion of human rights violations, including abductions, that can be attributed to the latter has grown incrementally.
A secret detention center in Grozny In early 2005, Colonel General Arkady Yedelev, who at that time headed the combined federal forces in Chechnya, was quoted by "Russky kur'er" as admitting that "we have evidence" that both law-enforcement personnel and federal soldiers are involved in abductions, while Chechen Prosecutor-General Kravchenko estimated that up to 10 percent of such crimes are the work of those agencies.
In an apparent attempt to shield his former subordinates from accusations of engaging in human rights abuses, former Chechen Interior Minister Alu Alkhanov, who was elected Akhmed-hadji Kadyrov's successor in September 2004, four months after Kadyrov was killed by a terrorist bomb in Grozny, said in August 2004 that police engaged in "special operations" should not wear masks, Interfax reported.
But subsequent bans on the wearing of masks, and on the use of vehicles with tinted glass windows or without license plates, were frequently ignored, and did little to restore the trust of the Chechen population in the law-enforcement agencies. In April 2005, at Alkhanov's behest, the Chechen government established an interdepartmental commission tasked with searching for persons reported missing. At the same time, Alkhanov deplored the very modest percentage of abductions -- just 8 percent -- in which the perpetrators are apprehended and brought to trial.
Influence Of Kadyrov
Memorial's Oleg Orlov was quoted by kavkaz-uzel.ru on May 24 as corroborating the decline in abductions in Chechnya since the beginning of 2007, a trend he attributed to orders issued to the various pro-Moscow Chechen security forces in January by Ramzan Kadyrov, then first deputy prime minister to desist from such abuses. Those orders were presumably part of a broader campaign to craft a new, more benevolent and less threatening image of the younger Kadyrov. But Kadyrov's personal reputation for sadism, and countless instances of police indifference at best to human suffering, and at worst arbitrary brutality, make a mockery of his repeated professed commitment to protecting the population's basic human rights.
While the number of abductions reported on Chechen territory has apparently declined, the figure for neighboring Daghestan has increased sharply. At a press conference in Moscow on June 15, members of the Moscow Helsinki Group (MHG) cited data for southern Russia as a whole, and for Daghestan. That data showed 68 reported abductions in Daghestan in 2006, compared with 12 in North Ossetia, 10 in Ingushetia, and five each in Karachayevo-Cherkessia and Kabardino-Balkaria, kavkaz-uzel.ru reported on June 18.
By contrast, there have been nearly 20 abductions in Daghestan "over a very short period" this year, according to MHG chair Lyudmila Alekseeva. Meanwhile, in Ingushetia, which unlike Chechnya has not been the scene of constant fighting in recent years, abductions of young men appear to have begun in 2002, the year that former FSB General Murat Zyazikov succeeded Ruslan Aushev as president.
The International Helsinki Federation for Human Rights issued a press release in June 2005 giving the number of reported abductions of Ingush during the three preceding years as one in 2002, nine in 2003, and 37 in 2004. Ingushetia's deputy prosecutor Rashid Ozdoyev, who became alarmed by and set about investigating such disappearances, collecting evidence of police involvement in 40 such cases, vanished himself without trace in March 2004, and is believed to have been detained and executed (see "RFE/RL Caucasus Report," May 28, 2004).
One of the participants in the multiple attacks by Chechen and Ingush militants on police targets in Ingushetia in June 2004 admitted that it was the disappearance, and his failure to discover the fate of, his brother that impelled him and hundreds of other young men to join the Chechen-led armed resistance. And coinciding with those June 2005 raids, Amnesty International released a report on human rights violations in both Chechnya and Ingushetia that registered "dozens" of disappearances in the latter republic in the early months of 2004 alone (see "RFE/RL Newsline," June 24, 2004).
The Russian website regnum.ru on March 1 quoted Magomed Mutsolgov, who heads an organization that seeks to help relatives of persons who have been abducted, as citing a figure of 145 such disappearances in Ingushetia. He added that in most cases the perpetrators were members of the Combined Group of Forces deployed in the North Caucasus.
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/1b705109-2463-46be-b400-c5955272513a.html
Arg - Ciclo de Charlas Debate sobre Memoria, Verdad y Justicia
El día 23 de Junio de 15 a 19 hs en la Asociación Bancaria Mar del Plata se realizarán las Primeras Jornadas sobre genocidio y derechos humanos. Entre los panelistas se anuncia la presencia de la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas.
Este es el cronograma del evento:
15 hs Presentación de cada uno de los panelistas en conferencia de prensa.
15: 20 hs INICIO DE EXPOSICIONES
PANEL:
Dra LILIANA FONTAN (Secretaria Gral Asociación Abogados de Ciudad Autónoma de Bs As).
NORA CORTIÑAS (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)
MIRTA CLARA (Psicóloga, Ex Detenida Desaparecida)
CARLOS CERVERA (Presidente CAMUS)
RICARDO MUÑOZ (LUCHADOR SOCIAL DEL PESCADO)
Dr EDUARDO SOARES (Presidente de FIDELA y Abogado de H.I.J.O.S regional Mar del Plata)
Dra GLORIA LEON (Delegada Regional Secretaria Derechos Humanos de la Pcia de Bs As, Patrocinante en la Causa Penal N°4446 y del Juicio a la Verdad )
Los temas a tratar serán:
1) Análisis histórico sobre como se llega a la ultima Dictadura Cívico Militar.
2) Intervención de agentes civiles que operaron con los represores en la época de la Dictadura en la Universidad.
3) Análisis sobre el proceso de las diferentes causas sobre terrorismo de estado y como se llega a la sentencia de Miguel Osvaldo Etchécolatz en el marco de la acusación de Genocidio.
4) Estado de la Causa sobre la desaparición de Jorge Julio López.
5) Futuras sentencias a los genocidas.
6) La realidad de los luchadores populares del pescado en la época de la Represión.
7) El impacto social y político de los avances obtenidos hasta la fecha en materia de memoria y justicia.
8) Defensas de los luchadores populares y situaciones actuales de avasallamiento de los derechos humanos.
9) Análisis de las relaciones sociales: exclusión y exterminio
Se entregaran certificados de asistencia.
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AUTOR / FUENTE: www.0223.com.ar
Sri Lanka - Disappearances: Police ordered to act swiftly
Rohan Mathes
COLOMBO: President Mahinda Rajapaksa yesterday directed the Public Administration and Home Affairs Ministry and the Police Department to implement the recommendations of the Presidential Investigations Commission’s first and second interim reports on abductions, disappearances and deaths of civilians by assault.
The President has also called for a follow-up report pertaining to the action taken, within one week. The Presidential Commission had submitted their first interim report on December 22, 2006, and the second on March 23, 2007.
Although the Commission is yet to conclude their investigations, the President is of the view that recommendation made in the interim reports pertaining to the incidents already investigated fully should be implemented sans any further delay.
Therefore the Registrar General under the re-implementation of Registration of Deaths Act 17 of 2001 (temporary regulations), is to instruct the District Secretaries, Provincial Secretaries, Grama Niladaris and Registrars of Births and Deaths to give priority to requests made. Following the registration of such deaths, provision should be made to swiftly compensate those already entitled.
The President’s Secretary has notified the Police Department of 50 incidents where it has been revealed that the Police have not initially conducted proper investigations. Therefore, the Secretary has directed the Police to take steps to re-investigate these incidents and bring the culprits to book, by establishing an investigations unit with wide powers.
The unit is to comprise high-ranking police officers and officers of the CID, who should also obtain assistance from the Attorney General’s Department as well.
Mex - Confirman desaparición de dos personas en la Huasteca
HERMANN BELLINGHAUSEN
Miembros de la otra campaña en la región Huasteca-Totonacapan de Veracruz confirmaron hoy la desaparición del indígena Fernando Hernández Hernández, de 60 años, vecino de la comunidad de Tzocohuite, quien el pasado jueves 14 se encontraba en el predio donde la organización campesina Dorados de Villa fundó el poblado Diez de Junio, en tierras del municipio Ixhuatlán de Madero, cuya propiedad reclaman los indígenas desde hace 69 años y que actualmente están en poder de la familia Faisal. También sigue sin saberse el paradero de Gabino Flores, delegado nahua de la mencionada organización.
La Red Unidos por los Derechos Humanos informó desde Poza Rica que además de los diez indígenas presos en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, a raíz del violento desalojo que efectuó la policía veracruzana en Diez de Junio el día 14, se ignora dónde están tres mujeres indígenas que se encontraban en el lugar de los hechos.
Los observadores de derechos humanos "tienen la esperanza de que al ver el conflicto, hayan corrido para ponerse a salvo".
A los presos se les han extraído declaraciones bajo tortura; hablantes del nahuat (variante dialectal del náhuatl), no han recibido los beneficios de un intérprete ni una defensa en forma.
En tanto, José Luis Faisal, presunto propietario de los terrenos invadidos por los indígenas hace diez días, prosigue su campaña proselitista como aspirante del Partido de la Revolución Democrática a un cargo de elección popular en el vecino municipio de Alamo.
Según la periodista Livia Díaz, el señor Faisal "ignora que los presos no tienen zapatos", y no obstante que su familia exigió al gobierno de Veracruz efectuar el desalojo, sigue tan campante haciendo su campaña "y diciéndole al pueblo alamense que el PRD es la opción, mientras sus vecinos duermen en la cárcel"; respecto a los desaparecidos, "se teme lo peor".
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/21/index.php?section=politica&article=017n2pol
Col - Exigen investigar desapariciones tras combates del ejército con el M-19
AFP, DPA, REUTERS
Santafé de Bogotá, 20 de junio. El ex coronel Alfonso Plazas, quien dirigió por la fuerza de las armas la recuperación del palacio de justicia tomado en 1985 por la guerrilla colombiana, reconoció que personas que salieron con vida de ese enfrentamiento "fueron desaparecidas" y pidió se investigue y sancione a los funcionarios responsables.
Veintidós años después de que la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomara el palacio de justicia en Bogotá, "ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron con vida del palacio fueron desaparecidas", señaló el ex militar, quien el 6 de noviembre de 1985 comandó un escuadrón de tanques que ingresó al edificio para enfrentar a los rebeldes, de acuerdo con declaraciones divulgadas por el diario El Tiempo.
El oficial, quien fue llamado a declarar ante la fiscalía colombiana que reabrió el caso, afirmó que ni él ni los hombres bajo su mando de la Escuela de Caballería fueron los que "obraron mal", cuando un centenar de personas murieron en el hecho, entre ellos el presidente y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto, pidió a la Fiscalía que investigue para que se llegue al "conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios por sus equivocaciones o crímenes" tras los combates dentro del edificio que duraron dos días.
Por los hechos, en lo que se cree que al menos 11 personas estaban vivas y nunca aparecieron, la fiscalía investiga a un grupo de militares y mantiene detenido al entonces jefe de Inteligencia del ejército en Bogotá, Edilberto Sánchez.
El ex candidato presidencial y facilitador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alvaro Leyva presentó al presidente Alvaro Uribe una propuesta secreta sobre el intercambio humanitario, que igualmente será entregada a los rebeldes, quienes exigen la desmilitarización de dos municipios del suroeste del país como condición para dejar en libertad a los rehenes en su poder.
Uribe firmó el martes los primeros 16 indultos para que igual número de rebeldes de las FARC sean excarcelados en los próximos días, con lo que se espera que los insurgentes acepten un intercambio humanitario.
El gobierno de Francia, interesado en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, solicitó a Uribe la excarcelación del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien ya fue recibido esta semana en La Habana, confirmó hoy el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.
En otro orden, se informó que el líder campesino Manuel López fue asesinado por oponerse a la conformación de frentes al mando de paramilitares. El crimen del líder de desplazados del sector Nelson Mandela ocurrió recién el domingo, sin que las autoridades hayan hecho nada para protegerlo, denunciaron compañeros de lucha.
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/21/index.php?section=mundo&article=032n2mun
Guate: La PDH recordó el caso de 27 sindicalistas desaparecidos
Por: CERIGUA
Con motivo de la conmemoración del Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas, que se realiza el 21 de junio de cada año en Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) destacó el caso de los 27 dirigentes sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) desaparecidos en 1980.
La PDH señaló que los líderes laborales fueron capturados ilegalmente por fuerzas de seguridad del estado, el 21 de junio de 1980 y que hasta la fecha se desconoce su paradero, mientras que las estructuras estatales han sido incapaces o no han querido tomar medidas serias para aclarar el caso.
Hay miles de expedientes similares al de los 27 dirigentes de la CNT y 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas alimentan las estadísticas trágicas sobre una de las más crueles prácticas del terrorismo estatal y la guerra sucia en Guatemala, destacó la institución del Defensor del Pueblo.
El país tiene la vergonzosa condición de pionera en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe por la práctica de la desaparición forzada, agregó un comunicado de prensa de la PDH.
La historia guatemalteca también registra el esfuerzo tesonero de las familias de las víctimas y de las organizaciones sociales, que no han cesado en su afán de lograr que el estado atienda en forma integral el fenómeno de la desaparición forzada, recordó la oficina del Magistrado de Conciencia.
A lo largo de casi 11 años de la firma de la Paz Firme y Duradera, las familias de las víctimas se han enfrentado a la desidia gubernamental y a discursos formales, que no han reflejado cambios reales en la solución de la problemática denunciada, agregó el comunicado.
Finalmente, la PDH destacó que actualmente las y los diputados tienen la oportunidad de dar un paso firme en la búsqueda de una solución, si el pleno decide aprobar la ley que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición.
Uru - Justicia recibió más documentación sobre desaparecidos
20.06.2007 | 20.06
El abogado Oscar López Goldaracena, junto a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, presentó este miércoles ante la Justicia documentación "relevante" sobre traslados hacia Uruguay de personas secuestradas en Argentina durante la dictadura.
Uno de los documentos desclasificados, perteneciente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) incluye la lista completa de 21 personas que fueron trasladadas en 1978 desde Argentina a Uruguay, algunas de las cuales sobrevivieron y son actualmente testigos de la causa, lo cual corroboraría plenamente sus testimonios.
Según se informó, el traslado se realizó como un "intercambio de favores" entre los gobiernos, por ciudadanos argentinos que fueron secuestrados en Uruguay y enviados luego a Argentina.
En total son unos 40 documentos que están siendo traducidos, procesados y autentificados en estos momentos y que fueron desclasificados por el gobierno de Estados Unidos.
Según la denuncia de Familiares hubo varios traslados en 1978 (en lancha, avión y helicóptero), de personas vinculadas a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), al Partido Comunista Revolucionario y de otras que no tenían una vinculación política, aunque fueron secuestradas por el hecho de ser disidentes o exiliadas.
Para EL Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el primer traslado de 1978 (de cinco o seis personas) está comprobado porque hay testigos sobrevivientes de los Pozos de Banfiel y testigos del establecimiento de detención La Tablada.
Sin embargo, según el abogado Oscar López Goldaracena, aparece ahora documentación "relevante" que refiere a otros traslados de ese año.
Como este documento emitido en abril de 1978 por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en base a informaciones de Acnur, donde se informa que las autoridades argentinas permitieron que oficiales de Inteligencia, militares uruguayos, participaran en los operativos de arresto y secuestro de ciudadanos que estaban exiliados en Argentina en diciembre del 77 y enero del 78.
Al mismo tiempo, explica cómo se dieron esos operativos. Esto decía el abogado López Goldaracena. "Fueron permitidos como un canje de favores al gobierno uruguayo por el traslado que el gobierno uruguayo efectuó de ciudadano argentino Oscar de Gregorio desde Uruguay hacia la Argentina. Al mismo tiempo, especula que esto operación represiva contra uruguayos residentes en Argentina a fines de 1977 se relaciona con la ofensiva antisubversiva contra los mismos grupos políticos a los cuales estos ciudadanos uruguayos en la Argentina pertenecían en el Uruguay", expresó Goldaracena.
Avanzando en el documento, se pueden comprobar otras cosas, según López Goldaracena, como por ejemplo que se le exigió el pago de 8.000 dólares a una familia de un desaparecido a cambio de que cuando esta persona fuese trasladada al Uruguay se le levantarían los cargos de subversión.
Y finalmente, en lo que es más relevante para los traslados, se da a conocer una nómina de 21 uruguayos que es coincidente con la que presentaran las organizaciones de Derechos Humanos ante la Justicia.
"Con la particularidad que menciona y agrega dos nombres, uno de los cuales es precisamente uno de los testigos que presentamos en esta denuncia que fue trasladada en avioneta desde la Argentina hacia el Uruguay y comprobaría que el resto también habrían sido trasladados. En adición, otro de los desaparecidos que se menciona en la lista es un ciudadano uruguayo que había desaparecido en enero de 1977, no en diciembre, y que por lo tanto no se le había encontrado hasta el momento ningún punto de conexión con Uruguay. Sin embargo está incluido en la listas", expresó.
En total son unos 40 documentos que se incorporan a la investigación, y unos 300 en total que se manejan en la causa. Pero aún queda información por procesar y llevar a la Justicia.
"Es probable que en el día de mañana se esté presentando un nuevo escrito con un documento que fue relevado en el día de hoy en Cancillería, en el cual se estaría confirmando una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada Uruguaya en Argentina, por la cual se disponía que si existieran personas uruguayas requeridas por las autoridades uruguayas éstas sean trasladadas al Uruguay y ese documento es de una fecha coincidente con el llamado Primer Vuelo, previo al llamado Segundo Vuelo", explicó Goldaracena.
Estos documentos complicarían aún más la situación del ex dictador Gregorio Álvarez, quien, de acuerdo a lo señalado por López Goldaracena a Índice 810, no puede eludir su responsabilidad por estos traslados clandestinos de ciudadanos uruguayos y argentinos.
"No sólo con este documento sino con el resto de las probanzas ofrecidas al juzgado en esta causa se tendrá en cuenta que Gregorio Álvarez asume como comandante en jefe del Ejército en febrero de 1978 y los primeros traslados clandestinos que se denuncian ocurrieron precisamente en febrero del 78, luego en mayo del 78, en junio del 78, en octubre del 78. Serán el juez de la causa y la fiscal los que determinarán el grado de responsabilidad de la jerarquía militar", expresó.
Álvarez tendría que ir a declarar el lunes pero no lo hará por estar internado al haber sido intervenido quirúrgicamente.
Un documento relevante entonces, a juicio de los denunciantes, que se incorpora a la causa y que reproducimos íntegramente (en su original en inglés y en su traducción al castellano) en la página web de www.espectador.com.
Allí se incluye, además, los nombres de 21 uruguayos que fueron trasladados de Argentina a Uruguay en 1978, en uno de los llamados "vuelos de la muerte".
Chile - Insatisfechos quedaron familiares de DD.DD. tras inédito encuentro con general Izurieta
Miércoles 20 de Junio de 2007
13:25
Ximena Pérez, El Mercurio Online
SANTIAGO.- Al parecer había mucho que conversar. El de esta mañana fue el primer encuentro privado entre un Comandante en Jefe del Ejército y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y se extendió por más de tres horas.
La reunión, en la que participaron el general Óscar Izurieta, las principales dirigentas de la agrupación y el ministro de Defensa, José Goñi, estuvo centrada en la actitud de rebeldía del general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.
En este sentido, los familiares de detenidos desaparecidos exigieron a la institución y en particular su comandante en Jefe que asuma públicamente si una actitud de "absoluta distancia" con lo que hoy en día está sucediendo entre los generales (r), muchos de los cuales han solidarizado con el prófugo militar en retiro.
Sin embargo, tras un extenso debate, la entidad encabezada por Lorena Pizarro no quedó satisfecha ya que según explicó esta dirigenta al término del encuentro "lamentablemente (...) no ha existido ningún compromiso por parte del señor Izurieta de, primero, tomar una clara distancia sobre estos generales (r), de señalar claramente al país que no existe ninguna red de protección hacia el prófugo de la justicia iturriaga Neumann, un genocida terrorista de Estado".
"Las respuestas no nos dejan satisfechos (...) fue una larga reunión donde le planteamos (a Izurieta) lo que había pasado en la historia desde el golpe de Estado de 1973, incluso un poco antes, y la verdad es que las respuestas no son las que el país quisiera escuchar", agregó Pizarro.
En la misma línea se manifestó otra de las integrantes "históricas" de la agrupación, Mireya García, quien comentó que el encuentro "no fue tenso, pero (sí) poco productivo".
Según explicaron las integrantes de la agrupación, el Comandante en Jefe del Ejército les manifestó que ya hizo declaraciones del tono que ellas le solicitaban en días pasados y que "no las va a volver a hacer".
Otro de los puntos que generaron disconformidad entre las familiares de detenidos desaparecidos fue cuando le plantearon al general Izurieta su crítica hacia los descuentos que se le hacen a los uniformados para financiar a los abogados que llevan adelante la defensa de los militares en retiro procesados". Al respecto, la máxima autoridad de la institución castrense sólo se limitó a responderles que el tema "estaba en estudio".
Goñi gestó encuentro
El ministro de Defensa, José Goñi, calificó el histórico encuentro -del que fue gestor- como un "gesto más de normalidad democrática" y destacó la participación del general Izurieta en la cita. La autoridad valoró "tremendamente la profundidad del diálogo que se dio".
Sin embrago, también reconoció que era "difícil llegar a resolver los problemas, porque, como he dicho, el tener familiares desaparecidos es un dolor muy fuerte, muy profundo".
Goñi destacó su "convicción, esperanza y disposición" para seguir avanzando en la relación entre el Ejército y la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, en la que aseguró hoy se marcó una "nueva etapa".
http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=259903
Arg - Rechazan el pedido de recusación presentado por la defensa de Von Wernich
Los abogados del ex capellán policial bonaerense solicitaron la medida por entender que durante el juicio que siguieron al represor Miguel Etchecolatz habían aludido a hechos donde habría participado su cliente. Para la Cámara de Casación Penal, es "inadmisible".
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa del ex capellán policial bonaerense, Christian Von Wernich, contra el tribunal federal platense que debe juzgarlo a partir de 5 de julio.
La defensa de Von Wernich había recusado a los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por entender que durante el juicio que siguieron al represor Miguel Etchecolatz habían aludido a hechos donde habría participado el ex capellán.
El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, al que accedió Télam, rechazó el pedido de recusación por considerarlo "inadmisible". "Al momento de pronunciarse los jueces en la causa Etchecolatz, ninguna referencia, ni siquiera tangencial, hicieron de Christian Von Wernich", sostiene la sala 1 en su resolución.
El ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, será juzgado oral y públicamente por la justicia federal de La Plata desde el jueves 5 de julio por los delitos de "homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad", ocurridos durante la última dictadura militar.
El sacerdote, confesor del ex jefe de esa fuerza, Ramón Camps, está detenido por esta causa desde septiembre de 2003 acusado de siete homicidios y 41 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas.
Von Wernich será juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF), el mismo que condenó a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad al ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
El juicio se desarrollará en los Tribunales Federales platenses, en la calle 8 entre 50 y 51, durante casi tres meses, a razón de dos audiencias por semana. según dijeron las fuentes consultadas por esta agencia.
Durante ese lapso está previsto que el Tribunal reciba alrededor de un centenar de testimonios, entre víctimas del ex sacerdote y testigos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65600&id=157325&sec=1&dis=1
Junio 20, 2007
Col - ¿Está perdiendo la batalla el movimiento de víctimas?
Medellín, jun. 20 (IPC) ¿Se está quedando sin fuerza el movimiento de víctimas del paramilitarismo en Antioquia? ¿Las expresiones masivas de apoyo a los comandantes paramilitares que rinden versión libre en Medellín por parte desmovilizados, sus familias y simpatizantes revelan un proyecto superior al que manifiestan las víctimas? ¿Lo vivido en la capital antioqueña refleja la ventaja que tiene el vencedor sobre el vencido?
Las preguntas surgen luego de los apoyos públicos observados en las últimas dos semanas durante las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de los comandantes paramilitares desmovilizados Fredy Rendón, alias El Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, de fuerte raigambre en el Urabá antioqueño y chocoano, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien está al frente del bloque Central Bolívar y con ascendencia en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, así como el Sur de Bolívar y el suroriente del país.
Las expresiones multitudinarias de los reinsertados, autorizadas por la Alcaldía de Medellín, opacan de tal manera las acciones de las familias afectadas por las incursiones de las distintas fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que la Procuraduría General de la Nación le reclamó al Gobierno nacional las “medidas necesarias para garantizar a las víctimas de los paramilitares el pleno ejercicio de sus derechos”.
En carta dirigida al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pidió al funcionario, que preside el Comité de Coordinación Interinstitucional, que "se adopten correctivos que garanticen a las víctimas ejercer sus derechos sin limitación alguna".
Para el Procurador, “la actitud festiva” de personas afectas a los jefes desmovilizados en inmediaciones del centro administrativo de La Alpujarra, “trivializa el dolor de las víctimas que han acudido a tales diligencias”.
El juego, el futuro
Pero más allá de las solicitudes del Procurador General de la Nación y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín y el país, lo que está en juego es la capacidad de organización y movilización del movimiento de víctimas para hacerle frente a un proyecto que los paramilitares consolidaron en sus regiones de operación a través del sometimiento militar y de la intervención social.
Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advierte que la debilidad de lo que hoy se denomina movimiento de víctimas se explica por varias razones: “No hay movimiento sino una dinámica de acciones colectivas muy incipiente en torno a los derechos de verdad y reparación que enfrenta enormes dificultades para convertirse en un movimiento social. Esa dinámica incipiente de movilización carece de dirección y preparación política, lo cual es una consecuencia, y a su vez una continuidad, de la despolitización de la discusión sobre la guerra que tuvo lugar en los últimos 15 años”.
La investigadora del IPC considera, además, que el miedo difundido por la violencia paramilitar en los últimos años ha cumplido una función importante en la disolución y prevención de lazos colectivos y ha transformado profundamente la subjetividad de los sobrevivientes. Aún prolonga el efecto del castigo y la represión, y lleva a que los sobrevivientes estén más atentos a la conservación de su vida que a la exigencia política de justicia, verdad y reparación. La guerra aún está en curso, de modo que es obvio el temor a las represalias por la movilización en torno a tales derechos.
Fernando Quijano, director ejecutivo de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), considera que el movimiento de víctimas necesita fortalecerse a partir de convocar más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, “porque es un movimiento que tiene dolor, que necesita conocer la verdad”.
En la perspectiva del fortalecimiento, Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), destaca el trabajo que ha hecho la dependencia a su cargo en Antioquia en cuanto a la movilización de víctimas. “En ocho meses hemos logrado 30.008 denuncias de víctimas afectadas por los paramilitares”, dice Vega y aclara que “son aspectos positivos desde el punto de vista de la gente, que está dispuesta a declarar, reclamar sus derechos e iniciar el incidente de reparación”.
“Como puede verse, empezamos bien: visibilizando a las víctimas y poniendo este problema en público, que no estaba ocho meses atrás. Creo que hemos ganado”, afirma el funcionario, pero también reconoce que este trabajo no es sólo de la Comisión. El movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos han perdido un espacio que ya se había ganado. No se trata de aislarse ni de dejar de hacer presencia. “No pueden decir 'nos arrinconaron y así nos quedamos'. Tienen que rescatar el liderazgo”.
Sin embargo, hay un círculo vicioso que destaca Pablo Angarita, director del Grupo de Investigaciones Conflicto y Territorios del Instituto de Estudios Regionales, de la Universidad de Antioquia: “Las víctimas no sienten respaldo sino de las organizaciones de la sociedad civil, cuya única arma es denunciar ante la opinión nacional e internacional, pero que no tienen el respaldo institucional porque el mismo Gobierno tiende a señalar de terroristas a quienes reclaman los derechos de las víctimas”.
Y así lo siente Fernando Quijano, de Corpades, quien acusa a la administración del alcalde Sergio Fajardo de complaciente con los reinsertados: “Es una actitud similar a la de Pilatos, se lava las manos para no enfrentar a los señores que están gobernando a Medellín, y es una forma de decir que el espacio público lo controla él frente a las víctimas, pero no lo controla frente a los que son parte de los victimarios, para que ellos sigan haciendo el trabajo de amedrantar las víctimas”.
Se imponen los vencedores
Pero, ¿qué explica el comportamiento de quienes llegan a Medellín desde diversos municipios de Antioquia y departamentos vecinos a gritar vivas, arrojar flores y papel picado a quienes aún consideran “sus patrones”?
Franco Restrepo explica que las movilizaciones de los seguidores de los comandantes paramilitares “son una evidencia del interés de esa comandancia por demostrar su legitimidad social y por seguir reclamando estatus político. Estas manifestaciones las facilitan varios factores: que algunos de estos personajes establecieron relaciones hacendatarias (verticales) donde las fidelidades se producen a partir de la asignación de beneficios tangibles, el poder económico que permite la movilización y los silencios aquiescentes de las autoridades públicas”.
También evidencian, según la investigadora, que la violencia paramilitar tuvo el respaldo activo y pasivo de muchos sectores (económicos y políticos) de las sociedad locales, así como de la sociedad nacional. Y lo que es más grave aún: que la estructura paramilitar continúa viva, pese a la reclusión de algunos de sus jefes y de las desmovilización de una parte de sus tropas.
En conclusión, Franco Restrepo advierte que la forma como se manifiesta es una apología a los crímenes cometidos; los saludos a los manifestantes son una muestra de que no hay arrepentimiento, y la invisibilización de las víctimas es una consecuencia de la forma cómo definieron el enemigo y de ratificar la justificación de la violencia ejercida.
El investigador Pablo Angarita reconoce que el ambiente en el departamento y el país es más favorable hacia los victimarios que hacia el dolor de las mismas víctimas. “La movilización de sectores reinsertados responde a un diseño de estrategias jurídicas y políticas, que consiste en movilizar bases de apoyo que pueden ser de simpatías compradas. Y eso lo pueden hacer porque cuentan con un contexto que les es favorable a partir de los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional y con sectores del sector privado que se han beneficiado de su accionar durante estos años”.
Agrega Angarita que las manifestaciones públicas observadas en Medellín, “que uno podría catalogar de cínicas indican el poderío conque se sienten, y quieren continuar con este ambiente de miedo hacia la sociedad y hacia las víctimas para seguir ganando beneficios en el orden jurídico y también beneficios en el orden económico”.
En suma, son dos proyectos que están en puja y como bien lo expresa la investigadora del IPC, “la colisión entre unos y otros, y la forma cómo se manifiestan, es una confirmación de la correlación de fuerzas en la guerra, donde se expresa la arrogancia de los vencedores y la soledad de los oprimidos”.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
Pak - Missing journalist reportedly being held by army
(RSF/IFEX) - Reporters Without Borders has called for the release of Abdul
Latif Gola, the Urdu-language daily "Jang"'s correspondent in Jafarabad (in
the southwestern province of Balochistan), who was arrested on 17 June 2007
by police saying they were acting on the orders of an army officer
identified as Major Ali.
"Gola's arrest is totally arbitrary and unjustified," the press freedom
organisation said. "No one should ever be arrested without grounds and
without a charge. We call on the Pakistani authorities to do everything
possible to ensure that Major Ali releases Gola quickly."
Police officers and soldiers went to Gola's home at around 1:00 a.m. (local
time) on 17 June. Malik Allah Bakhsh, a police officer, ordered Gola to go
with them because "Major Ali" wanted to question him.
"We are very worried about Gola," his wife told Reporters Without Borders.
"He has done nothing and we do not know why they took him away."
Speaking on condition of anonymity, a journalist based in the Balochi
capital of Quetta told Reporters Without Borders that Gola's arrest was
probably linked to his coverage of recent clashes between the security
forces and Balochi nationalists. Gola is himself a member of the Balochi
ethnic group.
Juicio por la Verdad en La Plata - Junio 20 de 2007
Declararán dos testigos por la desaparición de dos estudiantes universitarios en la dictadura. Uno de ellos fue visto en La Cacha. También se escucharán nuevos testimonios por el ataque ocurrido en la casa Mariani – Teruggi.
La Plata (19jun-07).- René Honorio Oberlín fue secuestrado en septiembre de 1977 en Burzaco, provincia de Buenos Aires, y se encuentra desaparecido hasta la fecha. Para investigar su cautiverio y su paradero, la Cámara Federal de La Plata abrió la causa 2440. En el marco de la misma declarará este miércoles la testigo testimonial Ana Berrante a las 9:30 horas A continuación, fue citado a declarar Arturo Carlos Bojorge, por la causa 2533 caratulada Bojorge, Stella Maris. La mujer era una estudiante universitaria de la carrera de Ciencias Médicas de la U.N.L.P, y fue secuestrada el 7 de febrero de 1977 a los 23 años. Testimonios recogidos en el Juicio por la Verdad aseguran que la mujer fue vista en el Centro Clandestino de Detención conocido como La Cacha el 28 de julio de ese año. Para las 10:30 horas fue citado a declarar Manuel Enrique Pedreira, sobre la causa 2538, caratulada: Pedreira, Rafael Antonio. Se investiga la desaparición del joven que era estudiante de la carrera de Periodismo de la U.N.L.P al momento de ser secuestrado. A las 11 horas será el turno de la causa 1885 sobre el homicidio de Diana Teruggi y la desaparición de Daniel Mariani. Declarará la señora Marta Jáuregui.
M á s i n f o r m a c i ó n Vía email: asamblea-subscribe@yahoogroups.com Programa de radio "Tengo derecho" Sábados 12.00 - FM Radio Universidad de La Plata 107.5 Mhz Programa "Mediodía" de Nely Buscaglia Martes 12:30 horas- AM Universidad, 1390 Khz En internet http://www.lr11.com.ar
Police' vehicle used in forcibly abducting a man in General Santos City
20 June 2007
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UA-198-2007: PHILIPPINES: Police' vehicle used in forcibly abducting a man in General Santos City
PHILIPPINES: Abduction and disappearance; police inaction; inadequate police investigation; witness protection; absence of rule of law
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Dear friends,
The AHRC writes with deep concern regarding the forcible abduction and subsequent disappearance of a man, Arnold Aliman, in General Santos City on 27 May 2007. Witnesses have revealed that the vehicle used by the abductors, who were armed, has been traced to the local police Criminal Investigation Branch (CIB). The whereabouts of the victim remain unknown and no credible investigation have been taken so far into the possible police' involvement in the abduction.
CASE DETAILS:
According to various sources, including a local newspaper, the Sun Star, victim Arnold Aliman (a.k.a. Dodong), was driving his motorcycle at around 5:30pm along Pedro Acharon Boulevard in General Santos City, on his way home on 27 May 2007 when he was forcibly abducted. He was supposed to return home after sending his girlfriend off at Saging Street, Barangay (village) Dadiangas South, of the same city. The victim is a resident of the city's Purok (a subsection of the village) Veterans Village.
While Aliman was stopped at an intersection, waiting for traffic light to turn green, a white pick-up vehicle stopped beside him. Three men from the vehicle alighted and forcibly dragged him inside their vehicle. When they were not able to subdue the victim due to his resistance, another three persons alighted and forced him inside. One of the abductors also took over the victim's motorcycle, with license plate number IV 3878.
One of the witnesses recounted that as the incident was taking place, the police officers at a police outpost situated just few meters did not intervene, despite the victim’s loud cries for help. Passersby and bystanders likewise ignored his plea. It is also learned that some of those who witnessed the abduction were activists, but they were too frightened to intervene because the abductors are armed and they too had been facing serious threats on their lives. The place where the abduction took place is usually a crowded and busy street, but the abductors were allowed to escape without hindrance or pursuit.
Soon after the victim’s abduction, some of witnesses went to a local police station, Pendatun Police Station, and later to the General Santos City Police Office’ (GSCPO) headquarters in Camp Fermin G. Lira. Surprisingly, a witness recognized the vehicle used by the abductors parked beside one of the headquarters’ office, the Intelligence and Detective Management Section (IDMS), which was formerly Criminal Investigation Branch (CIB).
Even though the testimonies of the witnesses could have help in locating the victim and identifying the abductors, no credible investigation has so far been taken as to why the vehicle used in abducting the victims was found inside the police headquarters. What the head of the GSCPO, Senior Superintendent Vicente Bautista, has done so far is to order the relief of the chief of the IDMS, Senior Inspector Maximo Sebastian, from his post. It was at Sebastian’s office that the vehicle was parked. But, amazingly, no investigation has been conducted to compel him or his men to explain the matter. The police leadership has even refused to admit that the relief order was due to the incident.
ADDITIONAL INFORMATION:
The abduction and subsequent disappearance of Arnold Aliman took place prior to the abduction of a political activist, Gilbert Rey Cadino (a.k.a Jing) on June 6. Unlike Cardino, who was released two days later by his captors, Aliman’s family had difficulty locating him. For further details please see: UA-185-2007. There is also no existing mechanism in place as to how the authorities would assist and help disappeared victim’s families to locate their loved ones.
Prior to his abduction, Aliman had served his jail term at the General Santos City Reformatory Center (GSCRC) for nine years for kidnapping charges. He had just been released in July last year.
Aliman’s abduction followed to abduction and subsequent disappearance that have previously taken place in the city. The couple, Nelly Intice (45) and her husband Federico (52), and another companion have remained missing after they were believed to have been abducted in 25 October 2006. The couple is both political and human rights activists. They were last seen heading towards the city’s bus terminal on their way home to nearby Davao City. Please see for further details: UA-380-2006.
SUGGESTED ACTION:
Please send letters to the authorities below requesting their effective intervention in locating the victim’s whereabouts. A credible investigation must also be conducted on the police’ possible involvement into the victim’s abduction. Please also request for an effective security and protection mechanism for the witnesses and the victim’s families without delay.
Suggested letter:
Dear _________,
PHILIPPINES: Police’ vehicle used in forcibly abducting a man in General Santos City
Name of disappeared victim: Arnold Aliman (a.k.a. Dodong), a businessman
Alleged perpetrators: Six men believed to have links with the police
Place of incident: At an intersection in Pedro Acharon Boulevard and Magsaysay Avenue, General Santos City
Date of incident: At around 5:30pm on 27 May 2007
I am writing to express my deep concern into the forcible abduction and subsequent disappearance of a man, Arnold Aliman, on 27 May 2007 in General Santos City. I have learned that six unidentified men, who are carrying firearms, in a crowded traffic intersection, forcibly abducted Aliman. One of them took over in driving the victim’s motorcycle soon after they forced him inside their vehicle.
What is shocking in this case, according to the information I have received, is that the vehicle used in forcibly abducting the victim was later traced to the police, which was even parked inside the headquarters office of General Santos City Police Office (GSCPO). It was reported to have been parked at the Intelligence and Detective Management Section (IDMS) of GSCPO soon after the incident. Those who witnessed the abduction also confirmed this.
I have learned, however, that despite serious allegations of the possible police’ involvement, as a result of the vehicle being traced to its headquarters, there has not been credible and independent investigation being made to look into this. While I appreciate the relief of the IDMS chief, Senior Inspector Maximo Sebastian, from his post, there is no known investigation conducted on him of his men. It is also disappointing that the investigation being conducted into the victim’s disappearance so far does not include them. The gravity of allegations I strongly believe should have merits an investigation of these policemen.
Furthermore, following the incident, I am disappointed that there has not been substantial progress in locating the victim’s whereabouts. I am also not aware of any mechanism created by the concerned authorities in place to locate the victim, in particular of involving his family into this process. I have also not heard of any security and protection arrangement afforded to the victim’s family and to witnesses of the abduction, which I believe, should have been urgently provided. I am deeply concerned that unless this requirement is meeting, there cannot be substantial progress to any effort to locate the victim’s whereabouts.
I am aware that this abduction is the latest to have occurred in the city and nearby area. As you are aware, the couple, Nelly Intice (45) and her husband Federico, and another companion were also reported abducted in October 2006. They whereabouts have remained unknown and they are still missing until now. They were last seen heading at a bus terminal when they disappeared. On June 6, political activist Gilbert Rey Cadino was also abducted but was later released in nearby Koronadal City. No substantial investigation has likewise taken place to identify his abductors.
I am deeply concerned of these incidents of forcible abduction and subsequent disappearance taking place in the city and nearby, and the lack of effective remedies for the victim’s families to locate their loved ones. I therefore urge you to use your authority to ensure that this is adequately addressed without delay. The government’s negligible action into these alarming cases is inexcusable.
Yours sincerely,
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PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:
1. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
PHILIPPINES
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80
2. Dr. Purificacion Quisumbing
Commissioner
Commission on Human Rights
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188
Fax: +63 2 929 0102
Email: drpvq@yahoo.com
3. Director General Oscar Calderon
Chief, Philippine National Police (PNP)
Camp General Rafael Crame
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 726 4361/4366/8763
Fax: +63 2724 8763
Email: bluetree73@gmail.com
4. Mr. Raul Gonzalez
Secretary
Department of Justice
DOJ Bldg., Padre Faura
1004 Manila
PHILIPPINES
Fax: +63 2 521 1614
5. Mr. Emilio Gonzalez
Deputy Ombudsman
Office of the Deputy Ombudsman for the Military
and Other Law Enforcement Offices
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman
1104 Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +632 926 9032
Fax: +63 2 926 8747
Email: omb1@ombudsman.gov.ph
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ua@ahrchk.org)
Chile - Dictadura de Pinochet aplicó letal gas sarín a dos peruanos
Las identidades de los compatriotas que fueron usados como "conejillos de indias" son desconocidas, así como el paradero de sus restos. Solo se sabe que ocurrió en 1976.
La Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), la temida policía política que operó los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, habría usado con dos peruanos el mortal gas sarín, según una investigación judicial en curso.
La indagatoria, a cargo del juez Víctor Montiglio, reveló que tras ser detenidos en un operativo callejero, dos peruanos sin vinculación política y cuyas identidades se desconocen, fueron utilizados como "conejillos de indias" en 1976 para probar el letal agente químico.
El gas sarín, como el cianuro, fueron desarrollados y utilizados por la dictadura chilena para el exterminio de opositores.
De acuerdo a la investigación judicial, el asesinato de los peruanos forma parte del caso llamado "Calle Conferencia", que investiga la muerte de los miembros de la cúpula clandestina del Partido Comunista chileno.
El caso era desconocido hasta ahora. La muerte de los peruanos no aparece en ningún informe oficial de víctimas del régimen militar y tampoco se conocen sus identidades ni qué pasó con sus restos.
Un informe oficial sobre ejecutados políticos y detenidos desaparecidos revelado en 1991, registra a sólo un peruano como víctima de la dictadura chilena, el cantante Percy Arana, acribillado en 1984 en la vía pública.
En el experimento con gas sarín habrían participado el químico chileno Eugenio Berríos y el agente estadounidense Michael Townley, quienes pertenecían a la llamada Brigada Lautaro de la DINA, a la que se le acusa de ser la principal responsable de las más de 3.000 víctimas que dejó el régimen de Pinochet (1973-1990).
Cabe recordar que este gas fue el mismo que se utilizó en el ataque a los trenes subterráneos de Tokyo en 1995.
Fuente: AFP
Arg - Juicio contra cura acusado en Argentina por delitos de lesa humanidad empezará en julio
El juicio oral y público contra el sacerdote católico argentino Cristian Von Wernich por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar comenzará el 5 de julio próximo, informaron hoy fuentes judiciales.
El ex capellán de la Policía, que se encuentra detenido desde 2003, está acusado como partícipe en 41 casos de privaciones de la libertad y torturas, entre los que hay siete homicidios calificados.
Von Wernich, de 68 años, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad bonaerense de La Plata, el mismo que en septiembre último condenó al ex policía Miguel Etchecolatz a prisión perpetua por seis casos de homicidio y dos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la dictadura (1976-1983).
El de este ex policía fue el primer juicio contra un agente de la dictadura, tras la anulación en 2005 de las denominadas 'leyes del perdón' que beneficiaron a los represores.
Cristian Von Wernich fue capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando la jefatura de esa fuerza durante el régimen militar estaba a cargo del general Ramón Camps.
Varios supervivientes de la denominada 'guerra sucia' que desató el régimen de facto contra sus opositores han asegurado que el sacerdote, además de visitar cárceles ilegales, acompañaba a los escuadrones paramilitares que secuestraban personas y presenció fusilamientos.
También señalaron que Von Wernich se ofrecía a confesar a los cautivos en las cárceles ilegales para 'sacarles información' sobre presuntos guerrilleros u opositores políticos, datos que luego transmitía presuntamente al general Camps.
En su declaración ante la justicia, el sacerdote señaló que visitaba las comisarías para dar apoyo espiritual a quienes allí se encontraban y que no se trataba de centros clandestinos de detención.
Von Wernich, de quien el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dijo que 'tiene sus hábitos manchados de sangre', regresó a Argentina en 2003 después de haber sido descubierto en Chile, donde vivía con identidad falsa.
En mayo último, el tribunal que juzgará a Von Wernich ordenó que el sacerdote fuera enviado a una cárcel común tras considerar un privilegio el estar alojado en una sede policial.
Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron a causa de la represión desde 1976 a 1983, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000.
Arg - Ex represor clave se negó a declarar en Neuquén
Mario Alberto Gómez Arena fue jefe de inteligencia mientras se sucedieron los tormentos en "La Escuelita". Se lo acusa de ser quien definía la suerte de los detenidos y torturados.
NEUQUEN (ACE).- El jefe de Inteligencia y uno de los máximos responsables por los tormentos en "La Escuelita", Mario Alberto Gómez Arena, fue indagado ayer en el juzgado federal de Neuquén.
El imputado, coronel retirado de inteligencia Mario Alberto Gómez Arena (76), se negó a declarar y su defensa solicitó la prisión domiciliaria. Hasta tanto el juez Guillermo Labate defina su situación, continuará alojado en la U11.
Durante las investigaciones judiciales cuando se abrieron las primeras causas penales, al general (fallecido hace pocos años) José Luis Sexton se le atribuyó la puesta en marcha del centro clandestino de Neuquén en junio de 1976, en tanto se consideró que esto fue posible por el accionar conjunto con el entonces teniente coronel Mario Alberto Gómez Arena -como el jefe del destacamento de inteligencia 182 de Neuquén- y el jefe de inteligencia del comando, teniente coronel (re) Oscar Reinhold actualmente procesado en esta causa.
Para la querella y la fiscalía, Gómez Arena "debería dar cuenta por todos los casos", se indicó.
De hecho, la fiscalía federal que coordina José María Darquier, solicitó que se lo imputara por su responsabilidad en las denuncias de 65 de las víctimas que tramitan su causa en el juzgado federal de Neuquén.
Labate lo indagó por 15 denuncias relacionadas con la investigación de la causa en el tramo de lo ocurrido en el centro clandestino que funcionó en el batallón de Neuquén.
Se le imputó privación ilegal de la libertad calificada, tormentos agravados y asociación ilícita. Debido a las constancias en la causa por su participación en más hechos, se preven otras citaciones de Gómez Arena para ser indagado en otro tramo del proceso, se indicó.
Según las investigaciones,
al menos dos testigos habrían identificado a Gómez Arena en el interior del centro de torturas.
Pero el accionar del ex jefe de inteligencia del destacamento abarcó también tormentos en la delegación neuquina de la Federal y comisarías, presumiblemente las de Cutral Co y Cipolletti; dijeron fuentes judiciales.
Se considera que Gómez Arena era uno de los que definía la suerte de las personas detenidas ilegalmente en "La Escuelita" de Neuquén, también quien decidía el traslado de las víctimas hacia otro centro clandestino o hacia el penal; y que tenía ingerencia en la planificación de allanamientos y de detenciones.
Pidió el retiro en 1981, tras lograr el ascenso como coronel de inteligencia del batallón 601.
Por su accionar en Capital está sujeto a otros dos procesos de violaciones a los derechos humanos: la causa Scagliusi y la del primer cuerpo del Ejército.
En Neuquén, cuando no funcionaba aún "La Escuelita" y las detenciones y tormentos se llevaban a cabo en otros lugares, se lo vinculó a las accione planificadas en conjunto con otro de los imputados en la causa, Raúl Guglielminetti, quien fue identificado por las víctimas como uno de los torturadores cuando los interrogatorios se hacía en los sótanos de la policía federal.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/06/20/20076n20s07.php
US - The CIA's No-Questions-Asked Travel Agent
A private corporation joins Bush administration's conspiracy to obstruct justice
by Nat Hentoff
June 19th, 2007 8:51 PM
CIA director Michael Hayden, defending the practice of sending terrorism suspects to countries that interrogate by torture via secret "renditions," told USA Today last month that this program is "lawful, in keeping with Western values.
"I've never managed a more sensitive, law-abiding workforce [than the CIA] in my life," added the former head of the National Security Agency, which has long engaged in lawless spying on American phone calls and e-mails.
In its story, USA Today failed to note that a 1998 U.S. law, the Foreign Affairs and Restructuring Act, explicitly states: "It shall be the policy of the United States not to expel, extradite or otherwise effect the involuntary return of any person to a country in which there are substantial grounds for believing the person would be in danger of being subjected to torture."
The ACLU, in its lawsuit against Boeing's subsidiary, Jeppesen DataPlan (which, among other things, operates an elite travel agency), is representing three victims of the CIA's renditions—an Ethiopian, Italian, and Egyptian. In court papers, the ACLU reveals how this branch of the world's largest aerospace company collaborates with Hayden's "men in black" to ignore both our laws and international treaties:
"In providing its services to the CIA, Jeppesen knew or reasonably should have known that plaintiffs would be subjected to forced disappearances, detention, and torture in countries where such practices are routine. Indeed, according to published reports, Jeppesen had actual knowledge of its activities [violating the Alien Tort Statute of 1789]."
The ACLU then goes to the smoking gun in this case, as first reported by The New Yorker's Jane Mayer in "The CIA's Travel Agent" (October 30, 2006):
"A former Jeppesen employee, who asked not to be identified, said recently that he had been startled to learn, during an internal corporate meeting, about the company's involvement with the rendition flights. At the meeting, he recalled, Bob Overby, the managing director of Jeppesen International Trip Planning, said, 'We do all of the extraordinary rendition flights—you know, the torture flights. Let's face it, some of these flights end up that way.'"
Mayer also reported that Overby was heard to say that the CIA flights paid well because the agency had no worries about how it spent the taxpayers' money.
After I saw Mayer's story last October, I called Jeppesen's San Jose, California, headquarters for a reaction. Nobody would talk to me. So I called Boeing's Chicago headquarters. All I got was a round of "no comments."
Once the ACLU lawsuit was filed in federal court in San Jose on May 30, 2007, Mike Pound, a spokesman for Jeppesen, told the Associated Press the next day:
"We don't know the purpose of the trip for which we do a flight plan. We don't need to know specific details. It's the customer's business, and we do the business that we are contracted for. It's not our practice to ever inquire about the purpose of a trip."
How interesting it would be to contrast that corporate alibi with what Overby might say in a courtroom, under oath, about Jeppesen's frequent spare-no-expenses customer.
But before this case can get before a judge and jury, I predict—and I'll be delighted to be wrong—that the Bush administration will intervene and argue that the case cannot be heard on national-security grounds, because the CIA's "sources and methods" could be revealed to the enemy. This is the "state secrets" privilege that the Bush Justice Department has invoked more than any previous administration—with the result that an open-society judge in another important case said, "Democracy dies behind closed doors."
That judge was the Sixth Circuit Court of Appeals' Damon Keith in 2002, when then–Attorney General John Ashcroft, tearing up the First Amendment, closed deportation hearings for alleged terrorism suspects to the press. Ruling against Ashcroft, Judge Keith emphasized: "The only safeguard against this extraordinary government power is the public."
And that's why the current ACLU lawsuit against Boeing's Jeppesen travel agency is so vital. Neither the Congress nor the courts have yet directly probed the so-called legal basis on which George W. Bush gave the CIA "special powers" to conduct these renditions (the text of which order he will not release).
But at least in this case, the public may be able to hold up to scrutiny the practice of CIA agents, all in black, dragging their hooded, shackled prisoners onto Boeing 737s for journeys meticulously planned by the Jeppesen travel agency, on their way to other countries' torture chambers.
Michael Hayden may then finally be called before a Congressional committee. There, he would be confronted and ordered to provide the specific laws that have permitted him to orchestrate this spider's web of rendition flights.
Also, if there are indeed such laws that legitimize torture—the practice of which everyone in this administration indignantly denies—then why does the Justice Department need to invoke "state secrets" in these cases?
What will become clear to the public, if there is a trial, is that this administration's pervasive "national security" secrecy and lawlessness have actually created a far-ranging conspiracy to obstruct justice. And in these "torture flight" cases, such private corporations as Boeing and its Jeppesen travel agency criminally become part of this conspiracy, which has twisted the rule of law out of any recognizable shape.
The ACLU distills the significance of this lawsuit in a key passage: "Jeppesen's role as coordinator with virtually all public and private third parties [in these international kidnappings] permitted the CIA to conduct its illegal activities below the radar of public scrutiny—and beyond the reach of the rule of law.
"In short, without the assistance of Jeppesen and other corporations, the US . . . rendition program could not have gotten off the ground."
With the Fourth of July coming up, I'd like to remind Michael Hayden why we had a revolution: to be free of arbitrary rulers and their secret prisons. But now, just in time for Independence Day, Amnesty International, the Center for Constitutional Rights, and Washington Square legal services have filed a lawsuit in the U.S. District Court of New York against the CIA and the Justice, Defense, and State departments to get all the secrets of these CIA "renditions." I'll keep you posted.
Arg - Protección a testigos en juicios contra represores de la dictadura
(168 Horas – miércoles 20 de junio de 2007) Alberto Linares, titular del Centro de Protección de Asistencia a la Víctima de la Provincia de Buenos Aires, dijo que la oficina a su cargo tiene por objeto acompañar y contener a "toda víctima de la provincia de Buenos Aires".
Explicó que "hemos abordado testigos de causas de juicios ordinarios y juicios por crímenes de lesa humanidad". Agregó que "cuando la persona tiene la necesidad de entrevistarse con el juez, con el fiscal, cuando tiene una necesidad de salud o de seguridad, nosotros hacemos la gestión en el ámbito correspondiente".
En diálogo con una emisora, señaló que cuando una persona ha sido agredida por un agente del Estado, "tiene toda la reticencia de que alguien que pertenece a esa misma fuerza esté hoy custodiándolo en la puerta".
Linares indicó que se trata de "algo natural", por lo que en esos casos se hace uso de "mecanismos alternativos". Con respecto a los juicios contra represores de la dictadura, el funcionario aseguró que a los testigos se les brinda una especial dedicación debido a que son personas que tienen que revivir, en un ámbito público, momentos terribles que han vivido hace 30 años, lo que constituye un hecho "muy traumático y complejo".
El Centro tiene sede en La Plata, calle 48 Nº 726 primer piso; los teléfonos son (0221) 427-2400 ó (0221) 427-4004 y el correo electrónico es cpv@gba.gov.ar
Arg - Bignone recusó a un juez por el robo de bebés
El ex presidente de la dictadura cuestionó el sistema de subrogancias.
El dictador Reynaldo Benito Bignone recusó ayer a uno de los magistrados del Tribunal oral que lo juzgará por su responsabilidad en el robo de bebés durante la última dictadura militar porque ejerce el cargo el subrogancia.
La presentación fue realizada ante el Tribunal oral Federal número 6 y apuntó directamente al juez sobrogante Jorge Gorini cuyo apartamiento fue solicitado por Bignone.
Ese tribunal será el encargado de llevar adelante el proceso oral contra Bignone y otros represores acusados de haber sustraído ilegalmente hijos de madres desaparecidas durante la última dictadura militar.
En su presentación Bignone cuestionó el sistema de subrogancias implementado por el Consejo de la Magistratura al calificarlo de "manifiestamente inconstitucional".
En este sentido recordó que el artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación establece que "nadie podrá ser juzgado por otros jueces" que los designados de acuerdo con la Carta Magna.
Hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia estableció que el sistema de subrogancias es inconstitucional pero aclaró que para evitar nulidades masivas en las investigaciones los magistrados designados bajo ese sistema seguirán en sus cargos durante el plazo de un año.
Esta investigación fue elevada a juicio oral y público por el juez federal Guillermo Montenegro quien imputó a los represores Bignone, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge "el Tigre" Acosta y Héctor Febres.
http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/nacionales/20070620_005926.php
Eu Summit: Acknowledge, Repair And Prevent CIA Renditions
by Amnesty International
Wednesday Jun 20th, 2007 7:23 AM
(Brussels, 20 June) As Heads of State and Government of the EU's 27 countries prepare to meet in Brussels to discuss treaty reform Amnesty International once again appeals for EU action in response to the serious accusations of complicity in illegal activities by several EU member states in the context of counter-terrorism.
"In trying to chart the EU's future, EU leaders cannot ignore this key issue which more than anything puts into question the EU's credibility. Today, when it criticizes human rights abuse in Russia or China the EU is reminded of European complicity in CIA renditions" says Dick Oosting, Director of Amnesty International's EU Office.
New revelations of the existence of secret prisons in Romania and Poland by the Council of Europe are only the latest in a series of findings that over the past two years have seriously damaged the EU's credibility internationally as well as at home.
Recently Amnesty International together with other major human rights organizations released a report naming 39 men who remain missing and are believed to have been subjected to enforced disappearance by the US authorities. ( Off The Record -- Secret CIA Detention is available at web.amnesty.org/pages/stoptorture-070607-features-eng)
The likelihood that EU member states were implicated in at least some of these cases is high. The likelihood that several of these men may have been detained and tortured on EU soil is also real in light of the Council of Europe's report.
And yet the response of EU leaders to these extraordinary facts has been silence. There has not been a single declaration of acknowledgement, or denial, for that matter. Instead, as findings pile up the debate is repeatedly turned to the issue of "proof".
"The debate on whether or not there is enough proof can go on indefinitely but it will not make this issue go away. The EU ought to look at Canada and the Maher Arar case and learn from a country that at least acknowledged the problem and took political responsibility", said Oosting.
"The grave nature of the accusations alone should be serious enough to engage EU political responsibility. Yet we are still waiting for one EU leader to stand up and say it is the EU's business to stop and prevent kidnapping, torture and disappearances in Europe" added Oosting.
In a letter to EU leaders (available at www.amnesty-eu.org) Amnesty International expressed its disappointment and concern for the lack of leadership to tackle this issue and called on the EU and its member states to:
* Acknowledge its responsibilities;
* Stop ongoing violations;
* Ensure reparations to victims;
* Bring to justice those responsible for human rights violations;
* Prevent further serious breaches of human rights in the future.
For further comment/background and interviews:
Amnesty International EU Office (Brussels)
Tel: +32-2-5021499
Fax: +32-2-5025686
Email: AmnestyIntl@aieu.be
Web-site: http://www.amnesty-eu.org
Chile - Condenan a ex jefe de la policía secreta de Pinochet por desaparición de un opositor en 1974
Un juez chileno condenó a cinco años de prisión al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por la desaparición de un carpintero en 1974, informaron hoy fuentes judiciales.
El fallo, dictado por el juez Juan Eduardo Fuentes, sentencia además a cinco años de prisión al agente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Osvaldo Romo y a tres años y un día de presidio a los ex brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff y Marcelo Moren Brito.
De este modo, Contreras, que fuera uno de los más estrechos colaboradores del dictador Pinochet, que falleció en diciembre pasado, acumula más de quince condenas por violaciones a los derechos humanos, por períodos que van de cinco a quince años de cárcel.
La sentencia del magistrado se refiere a la desaparición de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, de 42 años, de profesión carpintero y militante de izquierda, quien fue detenido en su casa por efectivos de la DINA el 30 de julio de 1974, y se encuentra desaparecido desde la fecha de su aprehensión.
Según el Informe Rettig que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), Lazo fue detenido pocas horas antes que su amigo, también desaparecido, Eduardo Enrique Alarcón Jara, y agrega que se desconocen antecedentes referidos a lugares de detención de ambos opositores.
Todos los condenados están actualmente en prisión, cumpliendo otras sentencias por violaciones a los derechos humanos.
Terra Actualidad - EFE
Peru - Encuentran restos óseos en zona que fue ocupada por militares en Huancavelica
| CPN RADIO 19 jun| Un macabro hallazgo se realizó en la zona conocida como Campi Chico, ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Huancavelica, región del mismo nombre, luego que en un desmonte de construcción se hallaran restos óseos de al menos 10 personas.
Los pobladores al conocer del hecho demandaron una pronta investigación de los hechos y recordaron que en dicho lugar, que pertenece en la actualidad a la Universidad Nacional de Huancavelica, durante la época terrorista funcionó el Comando Político Militar.
En diálogo con CPN RADIO, los deudos denunciaron que mientras operó la ex sede militar ocurrieron desapariciones forzadas de sus seres queridos.
"Demandamos una pronta investigación de todo lo ocurrido", insistieron los pobladores de Campi Chico.
MFWA Sues Gambia Government at ECOWAS Court over “Disappeared” Journalist
Wednesday 20th June 2007
The Community Court of Justice of the Economic Community of West African States (ECOWAS) in Abuja, Nigeria, has issued a hearing notice for a suit filed against the Republic of The Gambia by the Media Foundation for West Africa (MFWA) on behalf of a “disappeared” Gambian journalist, Chief Ebrima Manneh, a reporter of the Banjul-based Daily Observer newspaper.
This follows an application filed on behalf of the journalist by MFWA through its Journalists’ Legal Defence Programme. The application seeks an order from the sub-regional court to get the government of President Yahya Jammeh to immediately release Chief Manneh and compensate him adequately.
The court has fixed July 10, 2007 for the hearing. The date coincides with the eve of the first anniversary of Manneh’s arrest and incarceration. Colleagues of Manneh witnessed his arrest by two plain-clothes security personnel at the Daily Observer’s premises in July 2006. But the government and police claim they do not know the whereabouts of Manneh.
The writ, filed by Nigerian human rights lawyer Femi Falana, a member of the MFWA Legal Defence Network, said that the arrest of Manneh without warrant and his continual detention is unlawful and a violation of his right as guaranteed under Articles 4, 5 and 7 of the African Charter on Human and People’s Rights. It also violates Article 6 of the African Charter on Human and Peoples Rights which guarantees his right to personal liberty.
The Gambian government has blatantly refused several requests from human rights groups to either release or charge Manneh if he has committed any offence.
In a reaction to the continued demands for the release of Manneh, the Gambia Police Force, after eight months of the journalist’s disappearance, on 21 February 2007 officially denied ever arresting him and urged the general public to furnish it with any “relevant” information about him.
MFWA sources have indicated earlier that after his arrest, Manneh was detained variously at the NIA Headquarters, Mile Two Central Prisons, Kartong Police Station, Sibanor Police Station, Kuntaur Police Station and then at Fatoto Police Station where he was last spotted after 188 days incommunicado.
Gambian media practitioners have been subjected to unlawful arrests, detentions, murder, and closure of newspapers resulting in several journalists escaping into exile. Those within are practising self-censorship as a means of protection, MFWA concludes.
Arg - Prisión Domiciliaria para Joaquín Guil
El ex jefe de la Policía de Salta está imputado por homicidio calificado doblemente agravado por la muerte de presos políticos. Declaró ayer ante la jueza federal jujeña Graciela Coma en la causa abierta por la masacre de Palomitas.
SALTA. El ex jefe de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quedó detenido en su domicilio después de declarar ayer ante la jueza federal jujeña Graciela Coma en la causa abierta por la Masacre de Palomitas.
"El arresto domiciliario se otorgó al imputado como beneficio por su edad -tiene 70 años-", dijo esta mañana Tania Nieves Kiriaco, abogada de agrupaciones de derechos humanos.
La letrada explicó que ayer en la noche la magistrada ordenó la detención preventiva de Guil en Gendarmería como imputado por "homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos ó más personas".
"Sin embargo a última hora de la noche, los abogados del ex policía apelaron la medida y se le otorgó la prisión domiciliaria", dijo Kiriaco.
A Joaquín Guil se lo acusa de haber participado directamente en los sucesos que terminaron en el fusilamiento de 12 presos políticos.
En el juicio por la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, también están imputados los militares Hugo César Espeche, Carlos Mulhall y Miguel Gentile.
Kiriaco indicó que los familiares de las víctimas de la Masacre de Palomitas tienen la sensación que "ésta causa se dilató en el tiempo para beneficiar a Guil con la prisión domiciliaria".
Uruguayos conmemoran por primera vez día del "Nunca más" en medio de polémica
Montevideo, 19 jun (EFE).- Unos 4.000 uruguayos de todos los partidos políticos acompañaron hoy al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en su iniciativa de conmemorar por primera vez el "Nunca más" contra el terrorismo de Estado, la violencia guerrillera y las violaciones a los derechos humanos, decisión que generó polémica.
"El Nunca más es un proceso, así se debe entender y llegar a la reconciliación total de los uruguayos es difícil, pero es lo que estamos buscando", dijo a Efe el viceministro de Defensa Nacional, José Bayardi.
La iniciativa dividió a los partidos políticos y por diferentes motivos las principales figuras, incluso del gobernante Frente Amplio, grupos sindicales y organizaciones sociales decidieron respaldar u oponerse a la propuesta del jefe de Estado.
En el acto no hubo discursos.
Vázquez llegó hasta la Plaza Independencia, ubicada en el centro de Montevideo, y colocó una ofrenda de flores con los colores de la bandera uruguaya en el monumento al héroe libertador uruguayo, general José Gervasio Artigas.
El gobernante eligió el día del "Nunca más" en conmemoración del 243 aniversario del natalicio de Artigas.
Vázquez fue acompañado por su esposa, María Auxiliadora Delgado, y la viuda del líder histórico del Frente Amplio, general Líber Seregni, Lily de Seregni, que fue muy aplaudida por los presentes.
El jefe de Estado dedicó un saludo especial a Pedro Bordaberry, del opositor Partido Colorado e hijo de Juan María Bordaberry, el ex presidente constitucional devenido en dictador tras el golpe de Estado de 1973.
El casi octogenario Juan María Bordaberry fue recientemente procesado por la Justicia, acusado por la muerte de uruguayos durante la dictadura (1973-1985) y tras estar en prisión ahora cumple arresto domiciliario debido a su precario estado de salud.
En el acto también estuvo presente el líder del Partido Nacional, principal de oposición, Jorge Larrañaga.
Sin embargo, los tres presidentes uruguayos tras el retorno de la democracia Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Jorge Batlle (2000-2005), ambos del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, no tomaron parte en el acto por no estar de acuerdo con la iniciativa.
Algunos sectores radicales del partido de gobierno manifestaron su rechazo a la propuesta del presidente y convocaron a una marcha en contra por entender que Vázquez "plantea la reconciliación de los uruguayos con la impunidad", debido a que continúan desaparecidos decenas de uruguayos detenidos durante la dictadura.
"Nunca más terrorismo de Estado, nunca más uruguayos contra uruguayos", afirmó el socialista Vázquez al anunciar semanas atrás su propósito con la conmemoración.
La asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y la principal central obrera uruguaya PIT-CNT tampoco acompañaron la iniciativa.
Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas uruguayas fueron "invitados" por Vázquez a asistir, lo que en la esfera militar es considerado una orden y estuvieron presentes en primera fila.
Sin embargo, el Círculo Militar, que agrupa a militares retirados, afirmó que los sectores radicales "le torcieron el brazo" al mandatario y convocó a no tomar parte en el acto.
Vázquez tenía previsto organizar un desfile cívico-militar, como es tradicional el 19 de junio para homenajear a Artigas, pero debido a las discrepancias de la mayoría de los grupos que integran el gobierno la conmemoración quedó limitada a una ofrenda de flores sin desfile ni discursos. EFE.
Chile - Iturriaga y la democracia hecha mueca
20 de Junio de 2007
por Manuel Guerrero Antequera
Iturriaga significa en vasco "el lugar donde hay fuentes". Y qué espeluznantes son las fuentes que nos lega el General en retiro Raúl Iturriaga Neumann, quien se ha negado con éxito a presentarse al Penal Cordillera, donde tiene que cumplir condena por secuestro calificado.
A fines del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia rebajó la sentencia de 10 años a 5 años y un día de cárcel dictada en contra del ex Jefe del Departamento Exterior de la DINA, por el crimen del estudiante universitario de 22 años de edad, militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara. El ex general Iturriaga está procesado, además, por el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Vicepresidente de la República, General Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. Iturriaga se encuentra a su vez condenado a 18 años de cárcel y con orden de captura internacional dictada por la Justicia Italiana por el atentado terrorista en contra del ex Vicepresidente de la República, y fundador de la Democracia Cristiana, don Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, ocurrido el año 1975 en Roma. Es requerido desde España por el juez Baltasar Garzón por los asesinatos de los sacerdotes Antonio Llidó y Joan Alsina y del funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976. Fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargó de la represión, detención, tortura y desaparición de las dirigencias del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile.
Todo lo anterior es muestra suficiente del carácter probadamente criminal de Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, no es todo. El ex general terrorista es responsable además de los casos de detenidos desaparecidos ocurridos en el marco de la Operación Colombo, conocida como el "Caso de los 119", operativo montado por el Servicio de Inteligencia del dictadura chilena en julio de 1975, que consistió en el desaparecimiento forzado de 100 hombres y 19 mujeres, seguido del encubrimiento a través de un montaje comunicacional que formó parte de la Operación Cóndor, plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En tal operación detuvieron a mis tíos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, de 25 y 23 años de edad, quienes fueron trasladados desde su hogar al cuartel de calle José Domingo Cañas esquina República de Israel, a cargo de la DINA, y luego transportados al centro de reclusión de Cuatro Álamos, pabellón de incomunicados del recinto de detención de Tres Álamos, desde donde fueron sacados con destino desconocido el día 11 de noviembre de 1974, última ocasión en que se los vio, ignorándose sus paraderos hasta el día de hoy. Patricia, cónyuge de Jorge, tenía 9 meses de embarazo al momento de su brutal detención que le tocó presenciar.
Tanto Jorge como Juan Carlos aparecieron en las publicaciones de la revista "Lea" de Buenos Aires y "O'Dia" de Paraná, Brasil, donde se indicaba que habrían sido muertos por sus propios compañeros de militancia en disputas intestinas o que habían sido abatidos por fuerzas de seguridad argentinas en la provincia de Salta. Aquella fue la primera y única aparición de la revista "Lea", no correspondiendo su domicilio ni identidad de su editora y director responsable a la realidad, figurando en cada ejemplar sólo un pie de imprenta ininteligible. "O'Dia", por su parte, reapareció en los kioscos solo para entregar aquella información luego de años de silencio, para luego volver a salir completamente de circulación. Tampoco constaba de un domicilio ni director responsable que se pudiera identificar.
Mis tíos Jorge y Juan Carlos forman parte de las 119 personas citadas en las nóminas de ambas publicaciones quienes coinciden con detenidos desaparecidos en Chile. Hasta la fecha Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera se encuentran desaparecidos, así como cientos de personas a más de tres décadas de ocurridos los hechos.
Nuestro país se jacta de estar dentro de las sociedades con presencia en importantes rankings mundiales de competitividad, bajo riesgo país, serio aliado comercial de potencias económicas, pero no ha sido capaz de hacer justicia en casos tan elementales de violación a los derechos humanos de primera generación como los perpetrados por el terrorismo de Estado en manos de personas como el ex general Raúl Iturriaga Neumann. ¿Qué clase de código ético de conducta están socializando las instituciones de la República en las nuevas generaciones de militares si no se está en condición de hacer cumplir lo que dictaminan los Tribunales de Justicia? ¿Qué futuro estamos construyendo como sociedad si el presente no se hace cargo de la deuda en verdad y justicia que se tiene con compatriotas asesinados por obra de una máquina de exterminio diseñada, alimentada y ejecutada con recursos públicos? ¿De qué progreso y desarrollo se habla cuando cualquier éxito que se alcance como sociedad se levanta aún sobre las ruinas de las vidas de miles y miles de personas cuyo clamor por juicio, castigo y reparación es insultado por la fuga de un militar terrorista que hace uso incluso de los medios de comunicación para llamar a la insubordinación de los militares activos al poder civil y al Estado de derecho?
Si somos tan efectivos como Estado para detener y castigar a muchachos "chascones, vegetarianos y anarquistas", secundarios "pingüinos rebeldes", niños de 14 años de edad "delincuentes", ¿por qué somos tan débiles para actuar contra quienes realmente constituyen un peligro para ya no solo la sociedad chilena sino para el conjunto de la humanidad? Sin duda se ha avanzado en muchos planos, pero mientras existan los Raúl Iturriaga Neumann que se dan el lujo de reírse en la cara de los Tribunales de Justicia, mientras tengan espacio personeros de derecha como Carlos Larraín, que con voz de sordina considera que cultivar la memoria de los asesinados anunciado por la Presidenta es practicar "nostalgia arqueológica", la ciudadanía de buena voluntad de Chile, el continente y el mundo, tenemos razones suficientes para pensar que esta democracia, a veces considerada ejemplar, está siendo sistemáticamente rebajada a una mueca siniestra de un dictador que no termina de morir a pesar de su muerte. Revanchismo jamás. Exigimos al Estado de Chile que haga cumplir la justicia, nada más, pero tampoco nada menos.
Junio 19, 2007
Guate - Foro ante la Iniciativa de ley de Desaparición Forzada
CIIDH, DESCGUA, GAM, FAMDEGUA,
PDH, FAFG, IM, MNDH, ODHAG,
CDHG, CAFCA, HIJOS.
Invitamos al
Foro
El Congreso de la República
ante la Iniciativa de Ley
de Desaparición Forzada
A realizarse el Día 20 de Junio de 2007 en Casa Ariana, Salón Pablo Picaso, ubicada en Avenida Reforma y 11 Calle Esquina zona 9
Hora: 10:00am
Phl - Church takes cudgels for desaparecidos
WITH the government exerting its utmost efforts to find kidnapped Italian priest Giancarlo Boss, the head of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) urged authorities "to show the same zeal and dedication" in locating other victims of forced disappearances and abduction or desaparecidos.
"The government should also exert effort finding those who are victims of mysterious disappearances," said CBCP president Jaro Archbishop Angel Lagdameo.
Lagdameo also said the government should consider the series of disappearances and abductions as "a serious matter."
The military and Moro rebel group are on the heels of a group that abducted Bossi two weeks ago in Zamboanga Sibugay.
Citing a report of the human rights advocate group Karapatan, Lagdameo said the total number of people abducted and been victims of forced disappearances has already reached 199 since President Gloria Macapagal-Arroyo assumed office in January 2001.
Lagdameo called on the Arroyo administration to investigate and determine the fate of those who disappeared under mysterious circumstances. "They should be able to bring the perpetrators to justice," he added. (MSN/Sunnex)
Nepal - 200 protesters in Nepal demand information on hundreds who disappeared during conflict
The Associated Press
KATMANDU, Nepal: About 200 people barricaded the Nepalese prime minister's house Tuesday, demanding the government reveal the whereabouts of hundreds of people who allegedly disappeared during a decade-long civil conflict.
"We are demanding the government provide information on our family members who disappeared during the conflict," said protest leader Sharmila Tripathi, as fellow demonstrators chanted slogans and blocked entrances to the prime minister's official residence in the capital Katmandu.
Tripathi said her husband disappeared about four years ago and she has no idea what has happened to him.
Maoist rebels gave up their armed revolt last year and joined a peace process to end the decade-old insurgency.
But at the height of the fighting from 2001 to early 2006, hundreds of people were detained by the army and many disappeared while they were being held. Emergency laws had allowed for soldiers to pick up suspects and hold them without charge.
The interim government, which took control in April 2006, has repeatedly said it will investigate the alleged disappearances but has yet to take decisive steps in that direction.
Nepal's supreme court ordered the government on June 1 to investigate the "large number of enforced disappearance cases."
New York-based Human Rights Watch issued a statement last week saying, "The Nepali government should quickly implement the Supreme Court's recent order to establish a Commission of Inquiry to investigate the thousands of enforced disappearances in Nepal's civil conflict."
The international rights group said Nepal's new government has promised to find the truth and ensure justice for disappearances but has been slow to make good on these pledges.
Estimates of the number of people who disappeared vary and the government has not given any figure, but rights groups have said it is in the hundreds.
Milan judge suspends trial challenging CIA extraordinary renditions
By Colleen Barry, Associated Press Writer
Published: 19 June 2007
An Italian judge yesterday suspended the first trial involving the CIA's extraordinary rendition program until the country's highest court can rule on the government's challenge that evidence used to build the case was classified.
The Italian government has asked the Constitutional Court to throw out the indictments against the 26 American defendants, all but one identified by prosecutors as CIA agents. They are accused of kidnapping an Egyptian terror suspect from a Milan street on Feb. 17, 2003.
In an argument that would effectively scuttle the case, state lawyers have said that the judge who issued the indictments unlawfully relied on state secrets to justify the charges. The high court is to also hear another similar challenge saying prosecutors had gone too far by wiretapping phone conversations of Italian secret service agents.
The 26 Americans have left Italy, and a senior US official has said they would not be turned over for prosecution even if Rome requests it. The government has not yet responded to prosecutors' requests to seek their extradition, and the justice minister has indicated that the Constitutional Court's ruling would be a key factor.
On Monday, Judge Oscar Magi suspended the trial until Oct. 24, agreeing to a request by the defense to put the trial on hold until the Constitutional Court's ruling, which is expected on Oct. 19.
The ruling will indicate whether the trial will have the power to publicly air details of the US renditions - moving terrorism suspects from country to country without public legal proceedings.
The judge also stopped the clock on the statute of limitations until the trial reconvenes. The statute of limitations on the charge of abduction with aggravating circumstances is 12½ years from the date of the crime; four years and four months have elapsed.
"It's a very clean decision," said Alessia Sorgato, a lawyer for several American defendants. "It's like sealing the case in Tupperware and putting it in the freezer."
Italian prosecutors say Osama Moustafa Hassan Nasr, also known as Abu Omar, was abducted in an operation coordinated by the CIA and Italian intelligence, then transferred to US bases in Italy and Germany before being moved to Egypt, where he was imprisoned for four years. Nasr, who was released Feb. 11, said he was tortured.
Prosecutor Armando Spataro argued vigorously that the court must continue its deliberations despite the pending case in the highest court, denying that any state secrets were involved in the preparation of the case and expressing confidence that the Constitutional Court's decision would back him up.
Prosecutors said the decision effectively gives the government inordinate powers to interfere with the justice system. "Is it possible to have a system in which a trial can be suspended anytime any government decides to launch a conflict?" co-prosecutor Ferdinando Pomarici said.
Besides the Americans, seven Italians also were indicted in the case, including Nicolo Pollari, the former chief of military intelligence. Pollari has denied any involvement by Italian intelligence in the abduction.
Chile - Familiares de víctimas dictadura acuerdan cuantiosas indemnizaciones
El Estado chileno deberá pagar cuantiosas indemnizaciones a las familias de doce jóvenes opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fueron asesinados en 1987 por agentes de la policía secreta del régimen, informaron hoy fuentes judiciales.
Así lo convinieron hoy los familiares de las víctimas de la llamada 'Operación Albania' y representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en una audiencia de conciliación ante el juez Domingo Hernández, de la Corte Suprema.
En la reunión, los abogados representantes de los familiares de los doce miembros del izquierdista Frente Patriótico, Manuel Rodríguez (FPMR) , Nelson Caucoto y Adil Brcovic, manifestaron al presidente del CDE, Carlos Mackenney, que aceptaban la cuantía de la reparación, que fue ofrecida por el organismo la semana pasada.
El acuerdo no oficializó la cuantía que recibirá cada grupo familiar, porque su texto debe ser ratificado mañana, martes, por el pleno de los consejeros del CDE.
Sin embargo, trascendió en fuentes de la II Sala de la Corte Suprema que la indemnización será cercana a la que fue fijada en primera instancia por el juez que lleva el caso, Hugo Dolmestch, en unos 570.000 dólares (425.246 euros) por familia.
El abogado Caucoto, en declaraciones a los periodistas, valoró el acuerdo, y aseguró que se está abriendo una nueva vía para asegurar las reparaciones a las víctimas de la dictadura.
Con este acuerdo, llega a su fin el proceso Albania en materia civil, mientras que en lo penal se espera que, a comienzos de julio próximo, podría salir el fallo de la Corte Suprema sobre las condenas a los ex miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), autores de los 12 homicidios.
El pasado 28 de diciembre, la Corte de Apelaciones confirmó una sentencia de cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, máximo jefe de la CNI cuando ocurrió la operación, también conocida como 'matanza de Corpus Christi'.
En esa ocasión, el tribunal de alzada también mantuvo las condenas dictadas en enero de 2005 por el juez Dolmestch contra otros quince ex agentes de la CNI.
En la 'Operación Albania', doce miembros del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que luchó con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet, fueron asesinados en distintos puntos de Santiago entre el 15 y 16 de junio de 1987.
El régimen militar presentó los hechos como enfrentamientos y calificó de terroristas a las víctimas, entre las que había dos mujeres.
La investigación judicial determinó posteriormente que los militantes izquierdistas, todos menores de 30 años, habían sido detenidos previamente y después acribillados a sangre fría por los agentes.
El proceso estableció que el retirado general Salas Wenzel fue quien ordenó los asesinatos.
Arg - La Unesco incluyó archivos de la dictadura en el “Registro de la Memoria del Mundo”
El patrimonio documental sobre las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar, fue inscripto en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, según informó la organización a través de un comunicado. Se trata de documentos de la memoria, verdad y justicia “en la lucha contra el terrorismo de Estado”, que se suman a otros testimonios que obran en el Registro creado en 1997. En esta ocasión, también se incluyó música de Bolivia, Colombia, México y Perú.
Los archivos de memoria, verdad y justicia “en la lucha contra el terrorismo de Estado atestiguan sobre un período histórico de violaciones de los derechos humanos de las que es responsable el Estado argentino”, fueron incluidos en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, según informó la agencia de noticias AFP.
En total fueron incluidos “treinta y ocho documentos de valor excepcional han sido inscritos en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, lo que lleva a 158 el número total de inscripciones desde 1997”. En esta oportunidad, también fue inscripta la música de Bolivia, Colombia, México y Perú que va del siglo XVI al XVII.
El Programa Memoria del Mundo de la Unesco tiene por objetivo preservar el patrimonio documental de los pueblos, que refleja la diversidad de las lenguas y de las culturas, y fue creado en el año 1997. Desde entonces, funciona en Viena, Austria.
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=60397
Peru - Se inicia juicio a ex militares y policías por desaparición de campesinos
lunes, 18 de junio , 2007 - 10:28:48
(RPP) Este martes 19 de junio se inicia el juicio oral contra los ex militares y policías involucrados en la desaparición del ciudadano Albino Quino Sulca y otros tres campesinos, ocurrido el 30 de julio de 1986, en la comunidad de Matero, en la provincia ayacuchana de Cangallo.
Karim Ninaquispe, abogada de los hijos de Albino Quino Sulca y representante de la Asociación Para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), señaló que el juicio oral permitirá establecer la responsabilidad penal de los acusados que afrontan los cargos de desaparición forzada.
La Fiscalía Superior ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad para los acusados, según recordó Adehr.
"El juicio oral a los militares acusados se realizará a las 10 de la mañana de este martes 19, en la sede de la sala Penal Nacional, presidida por el magistrado Pablo Talavera", precisó Ninaquispe Gil.
Por su parte, los hijos del desaparecido campesino Albino Quino Sulca se mostraron esperanzados en que los acusados confiesen dónde se encuentran los restos de su padre para darle cristiana sepultura y que digan quiénes dieron las órdenes para su desaparición.
Gaute - El Grupo de Apoyo Mutuo busca reactivar los casos de desapariciones forzadas
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsa una serie de acciones legales para reactivar varios casos de desapariciones forzadas en Guatemala, ante las autoridades judiciales nacionales e instancias internacionales de justicia y derechos humanos, con el objetivo de encontrar la verdad y que se apliquen las sanciones correspondientes.
La agrupación de derechos humanos subrayó el caso del seminarista de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, Serge Berten, quien nació en Bélgica y llegó al país a la edad de 23 años para integrarse como voluntario de la Pastoral de la Iglesia Católica de Escuintla, pero fue detenido y desaparecido por miembros de las fuerzas de seguridad estatales.
El caso del seminarista belga ocurrió el 19 de enero de 1982 y 25 años después de su desaparición forzada, no hay información sobre su paradero y acerca de sus agresores, destacó un comunicado de prensa.
Actualmente, entre los casos que busca esclarecer el GAM está el de Berten, el cual se encuentra en la fase de admisibilidad, en el marco del proceso especial de averiguación 003-2006, que fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Cámara Penal de Guatemala, agregó el documento.
Según la legislación nacional vigente, el Procedimiento Especial de Averiguación se puede plantear cuando no hay resultados positivos después de un Recurso de Exhibición Personal y la CSJ, a solicitud de cualquier persona, puede conminar al Ministerio Público (MP) para que en un plazo máximo de cinco días informe a las autoridades judiciales sobre el progreso y los resultados de sus investigaciones, recordó el GAM.
La ley también contempla la facultad de encargar averiguaciones, en carácter de procedimiento preparatorio, a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país o al cónyuge y parientes de una víctima, agregó.
Para decidir sobre la procedencia de la averiguación especial, la CSJ convocó al GAM a una audiencia, programada para el próximo 26 de julio, en el Salón de Vistas de la CSJ, por lo que esta organización solicitará que se le otorgue un mandato legal a la PDH, para que esta institución inicie una investigación, anticipó la agrupación.
Arg - Los Nadies, se suman contra la impunidad
Tocan en una jornada dedicada a la memoria y los derechos humanos. Será este sábado 23 de junio en la plaza de Jujuy y México, Capital Federal. Confeccionan baldosas en memoria de los desaparecidos de San Cristóbal.
De acuerdo a la información publicada en un grupo de correo de Yahoo! y difundida por la Asamblea Popular de Mercedes, vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, integrante de la Coordinadora Barrios por Memoria y Justicia junto con la Multiorganizaciones del Barrio de Balvanera y San Cristóbal, realizarán el sábado 23 de junio a partir de las 13 horas en la plaza de Jujuy México, Barrio de Balvanera, la Segunda Jornada de confección de Baldosas en Memoria de Compañeros Detenidos - Desaparecidos del Barrio de San Cristóbal.
A las baldosas se las colocará en las veredas por las que han transitado, vivido, estudiado, trabajado, o fueron desaparecidos los vecinos; habrá una radio abierta, un encuentro de lectura, música, folklore y tango, murga, teatro con Los Improbables que presentará la obra “Prendas” y tocarán Los Nadies, banda integrada por mercedinos y liderada por Julio.
Se difundieron además las consignas generales de la organización.
- Aparición con vida de Jorge Julio López.
- Juicio y cárcel efectiva a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
- Juicio, castigo, cárcel efectiva, común y perpetua para todos los genocidas y sus colaboradores.
- Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados.
- Rechazamos la Ley Antiterrorista, represiva de los reclamos populares.
Convocan a este proyecto dedicado a la memoria Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Coordinadora Barrios Memoria y Justicia, Compañeras/os Vecinas/os, Familiares y amigas/os de Balvanera - San Cristóbal, Agrupación 1 de Mayo del Hospital Francés, Parroquia Santa Cruz, Autoconvocados Hospital Ramos Mejía, Trabajadoras/es de Brukman, Coordinadora por un Subte Público, Centro de Estudiantes de la Escuela de Psicología Social “Pichón Riviere”, Escuela de Psicología Social “Pichón Riviere”, Asamblea Plaza Dorrego de San Telmo, Agrupación El Brote, Comedor Hablemos con la Boca Llena, Grietas Grupo de Acción y Reflexión en Psicología, Centro de Estudiantes de Psicología, Red de Encuentro Social (Redes), La Oruga Colectivo Autónomo de Educación y Recreación Popular.
La cita es en la plaza de Jujuy y México, Barrio de Balvanera, Capital Federal, el sábado 23 de junio de 13 a 18 horas. Si llueve, la actividad se pasa para el sábado 30.
Se enfrentan familiares de desaparecidos y ex militares en Chile
DPA
18/06/2007 16:35
Santiago de Chile. Familiares de ejecutados y desaparecidos durante la dictadura militar se enfrentaron a golpes con ex oficiales de las fuerzas armadas chilenas que defendieron este lunes actos de rebeldía contra la justicia. El enfrentamiento ocurrió después de una rueda de prensa en la que los uniformados acusaron de “terroristas” a los defensores de los derechos humanos y apoyaron la fuga de un ex general que debía cumplir, desde la semana pasada, una condena de cinco años por el secuestro de un estudiante en 1974.
En medio de la riña callejera, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, advirtió que los militares en retiro se están "organizando para resistir la acción de la justicia y hacer sedición. La situación es muy peligrosa", insistió Pizarro, quien llamó al gobierno y a los tribunales a actuar rápidamente. Este lunes, más de un centenar de militares esperan condenas por crímenes contra la humanidad.
La crisis se produce en momentos en que uno de los ex jefes máximos de la policía secreta pinochetista, el general Raúl Iturriaga, se encuentra prófugo de la justicia con el fin de eludir una condena, quien además ha enviado correos electrónicos y videos a los medios para defender su acción.
Al igual que Iturriaga, los ex uniformados defendieron sus actos en la dictadura y recalcaron que las misiones de exterminio "fueron realizadas en cumplimiento del servicio"; insistieron que salvaron a Chile del marxismo. Además expresaron "su total repudio a las insolentes declaraciones" de los ministros del gobierno socialista de la presidenta Michelle Bachelet, pues según ellos, el Ejecutivo intenta homologar a militares condenados con "delincuentes y pedófilos".
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, y el ministro del Interior de Chile, coincidieron en que nadie estará por encima de la ley.
Gaute - Surge Asociación Comunitaria para buscar desaparecidos durante la guerra
La Asociación Comunitaria Todos por el Reencuentro saldrá a luz pública el próximo miércoles para buscar a desaparecidos durante el conflicto armado (1960-1996) que desangró a Guatemala.
El nacimiento de esta organización fue anunciado hoy por la Liga Guatemalteca de Higiene Mental (LGHM), que hasta ahora ha contribuido en la búsqueda de la niñez desaparecida durante la guerra interna.
La LGHM dijo en un comunicado que durante los ocho años que lleva en este proceso de búsqueda ha permitido el reencuentro de 120 familias, mientras que otras 600 buscan a sus parientes.
El surgimiento de la Asociación fue aprobado el pasado 28 de noviembre, pero no será oficializado hasta el próximo miércoles, un día antes de que se celebre en Guatemala el “Día Nacional del Detenido-Desaparecido” .
Según la LGHM, esta institución aglutinará a las familias que luchan por saber la verdad de sus hijos desaparecidos durante el conflicto armado.
Pese a que desde hace 10 años se firmó la paz en Guatemala, el gobierno casi no ha hecho nada por localizar a los niños desaparecidos y han sido las propias familias las que han trabajado en su búsqueda sin apoyo del Estado, afirmó la LGHM.
El surgimiento de la Asociación “es un esfuerzo que permite encontrar a más desaparecidos y fortalecer nuestra demanda de apoyo y solidaridad con nuestra necesidad de encontrar a los seres queridos” , subrayó.
Durante la presentación de la organización está prevista la asistencia de representantes del Gobierno, de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de ocho etnias mayas que participaron en su creación.
El conflicto armado que acabó el 29 de diciembre de 1996, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad.
Además de la LGHM, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) contribuyen en la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra interna. - ACAN- EFE
http://www.prensalibre.com/pls/prensa/ultimasdet.jsp?p_cnoticia=174673&p_fedicion=18-06-07
Arg - Represores rechazan a querellantes en el juicio por el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh
Su defensora oficial solicitó que se excluya como litigantes a organismos de DD.HH y a la ciuda del periodista, Lilia Ferreyra. El 25 de marzo de 1977 un pelotón de la dictadura emboscó al escritor con el objetivo de secuestrarlo vivo, pero el autor de la ‘Carta Abierta a la Junta Militar’ se resistió, fue herido de muerte y su cuerpo nunca apareció.
La abogada Verónica Blanco, quien asiste a una media docena de represores en la causa por el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, pidió que se excluya como querellantes a organismos de derechos humanos y a Lilia Ferreyra, ex compañera del escritor y periodista.
Así lo indicó esta mañana a Télam el abogado Marcelo Parrilli, apoderado de Patricia Walsh, hija de la víctima, quien criticó el planteo y sostuvo que "ha sido reiteradamente reconocida la posibilidad de intervenir como querellantes, a los causahabientes de víctimas de terrorismo de Estado".
El pedido efectuado al juez Sergio Torres lo realizó Blanco en representación de los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Héctor Febres, Carlos Generoso, Jorge Radice y Ernesto Weher, conocido por el alias de "220" por su predilección por la aplicación de descargas eléctricas sobre sus víctimas.
El letrado apoderado de la legisladora electa porteña añadió que "es inaceptable pretender poner limitaciones al derecho de los familiares y de los organismos a intervenir en las causas por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura".
Parrilli sostuvo que "hay numerosos antecedentes de jueces y Tribunales que adoptaron una posición contraria" al pedido de la defensora oficial por lo que se mostró "optimista" respecto de la futura resolución de Torres.
La causa Walsh es un desprendiemiento de la mega causa de la Escuela de Mecánica de la Armada, una de las investigaciones reabiertas tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65489&id=157073&sec=1&dis=1
Para la justicia italiana, está "ampliamente probada la responsabilidad" de cinco represores argentinos
Lo afirmó la Corte de Apelaciones de Roma al difundir las motivaciones de la condena a cadena perpetua por homicidio múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos, desaparecidos en el país durante la dictadura militar. Los imputados habían actuado en la ESMA.
La Corte de Apelaciones de Roma sostuvo hoy que está "ampliamente probada la responsabilidad" de cinco represores argentinos, que actuaron bajo la órbita de la ESMA y asesinaron a tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la última dictadura militar.
Así lo afirmó hoy al difundir las motivaciones de la condena a cadena perpetua dictada contra cinco ex oficiales de la Armada argentina, por homicidio múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos, desaparecidos en el país durante la dictadura militar.
Según informó la agencia ANSA, la corte italiana estableció que "es ampliamente probada la responsabilidad de los imputados" en esas muertes, incluso porque "en los años de la dictadura fue realizado el más trágico genocidio de la historia argentina".
Los argumentos, expuestos en un texto de 96 páginas, fueron redactadas por la Corte presidida por Mario Lucio D’Andria. El fallo había recaido sobre los represores de la Armada, Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vanek, imputados de "homicidio voluntario múltiple premeditado" de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro.
Este fallo fue recibido con aplausos en el mes de marzo en el Ministerio de Educación, donde su titular, Daniel Filmus; el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde; y referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dialogaron a través de una videoconferencia con funcionarios italianos y con Estela de Carlotto, quien viajó a Italia para escuchar el fallo.
Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista. En tanto, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires.
Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada -por Abuelas de Plaza de Mayo- bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez.
Si bien el matrimonio admitió ante la justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65489&id=157084&dis=1&sec=1
Junio 18, 2007
Croatia: Operation Storm victims exhumed
18 June 2007 | 10:50 | Source: B92
ZAGREB, BELGRADE -- Exhumations have uncovered 160 ethnic Serb victims of the Croatian Army's Operation Storm in a mass grave in Petrinja.
Missing Persons Commission President Veljko Odalovic confirmed that there were both military and civilian victims of which 30 were women. Identification of the victims will begin shortly.
The grave is the largest known site of its kind in this region of Croatia. It contains the bodies of Serbs killed in August 1995.
"A lot depends on the quality of the samples we take. They are compared in the laboratory with the blood of the families of missing persons to see if they match, then we can say with 99.9 percent confidence that it is
the person in question," Odalovic said speaking about the identification process.
President of the Documentation and Information Center Veritas Savo Strbac said that Croatia purposely made the exhumation last longer than was necessary.
The grave site in Petrinja dates back to 1995, when the Croatian forces "sanitized the field" after conflicts had ended, moving the remains
to secondary graves in order to wait for the "right political climate"
to allow for the return of the remains to victims' families, he said.
Odalovic said that cooperation with the Croatian Commission for
Missing Persons finally gave some results and that he hoped the
ten remaining locations in the region will be investigated, adding that
he expected 500 more bodies will be found.
"Starting in the fall, we will work through the details with the Croatians. We will quickly begin investigations and agree on priorities," Odalovic said.
Although the exhumation was conducted on the request of the Hague Tribunal, the court has not indicted anyone in relation to the crimes committed against Serbs during Operation Storm in the regions of Banija and Kordun, the so-called Sector North.
Strbac said that this could be done by either the Serbian or Croatian
war crimes courts.
Memoria y reparación
por Roberto Garretón
Esta semana se está realizando en Santiago un notable evento. Por primera vez en nuestro país se han reunido cerca de 150 destacados luchadores de los derechos humanos de todo el mundo. ¿La ocasión? La Conferencia sobre “Memoria y Democracia” organizada por la Coalición Internacional de Museos de Consciencia en Sitios Históricos, el Centro Internacional de Justicia Transicional y FLACSO- Chile. Tuve el honor de participar en el panel sobre el rol de los Gobiernos, circunstancia que me motivó a volver sobre un tema que, a mi juicio, es clave para los países que buscan en verdad la paz, la justicia y la reconciliación.
Justamente, una de las claves es preguntarnos sobre qué hacemos como sociedad para enfrentar la impunidad. Sin ir más lejos, la rebeldía de Iturriaga nos enfrenta al mismo y antiguo desafío. Si analizamos en profundidad, la impunidad tiene al menos cuatro caras: la política, la moral, la histórica y, desde luego, la jurídica.
La primera se refiere a la falta de sanción para los responsables de las violaciones de los derechos humanos que, contra todo pronóstico, terminan ejerciendo cargos de autoridad incluso después del término de las dictaduras. En Latinoamérica somos expertos: ¡Cuántos torturadores, opresores, aprehensores o censores son legalmente elegidos congresistas, nombrados ministros o ejercen la docencia! Y ¡cuántos dictadores, al poco tiempo de dejar el poder, son elegidos popularmente como Presidentes! Este tipo de impunidad consagra un auténtico empate moral.
Hagamos historia: el mensaje de Nuremberg fue fundamental para la descalificación política y cultural del nazismo, pero por sí sólo no se habría logrado, ya que fueron condenadas 19 de las 21 personas juzgadas, mientras que en otros 12 juicios se juzgó sólo a 185 individuos. El nazismo quedó políticamente destruido, más que por Nuremberg, por las políticas de desnazificación puestas en práctica, primero por el Consejo de Control de los Aliados y después por los gobiernos alemanes democráticos.
El derecho internacional así lo entendió. En sus observaciones finales al Tercer Informe presentado por Argentina, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó que le preocupa que "muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes (las leyes de la dictadura) sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan, incluso, obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar".
Por otro lado, si bien la impunidad moral tiene un carácter subjetivo, conlleva profundas consecuencias políticas y jurídicas, pues se trata de aquella perversión donde los criminales asumen un ideal superior que los ha obligado a conductas atroces: “salvar a la patria"; "salvar la civilización occidental", “combatir el terrorismo”. Como decía Churchill, “los peores crímenes se han cometido en nombre de Dios y de la Patria”. Los superiores ordenan y convencen a los subalternos a actuar sobre dichos principios asegurándoles que nunca serán juzgados, lo que era una constante hasta hace no más de 20 años. El histórico "son ellos, o nosotros" del San Bartolomé francés (1572), es exactamente la misma frase del General Emilio Ponce cuando en 1989 ordenó eliminar a los jesuitas en El Salvador. Ninguno se siente delincuente y es esta consideración la que ha asumido el prófugo general Eduardo Iturriaga en su declaración pública. La impunidad histórica es la mentira y el olvido. Es común que los Estados que violan los derechos humanos se apoyen en la mentira. Desde la negación de los hechos hasta su justificación, sin importar la contradicción esencial entre ambas explicaciones. Se busca reconocer un maniqueo papel heroico, y necesario, ante una situación que no tenía otra salida. Cumplida la gran tarea, ahora "no es el momento, de mirar hacia atrás" o de "estar anclados en el pasado", pero no es más que otra falacia que hay que combatir si queremos construir una sociedad democrática y justa. Dentro del combate a la impunidad, el derecho a la verdad se ha consagrado como un derecho autónomo, con un importante desarrollo en la práctica de los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos. Quizás el primer reconocimiento formal fue el que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Argentina (1986): "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir…", agregando que "a la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos". Se trata de rescatar el valor de la verdad como un auténtico derecho humano.
Al respecto, instrumentos privilegiados para combatir estas tres dimensiones de la impunidad han sido las llamadas "Comisiones de la Verdad" que nacieron en América Latina al término de la dictadura argentina. Si bien no son -o no debieran ser- substitutos de la justicia, suelen percibirse como tales. En realidad su función básica es la recuperación de la verdad histórica que no logran los procesos penales. Pero un elemento esencial es el establecimiento de inhabilidades políticas: lo que más duele a las víctimas es ver a sus victimarios blindados con cargos de autoridad. De allí que la Constitución democrática de Guatemala (1985) prohibiera la elección presidencial de caudillos involucrados en la alteración de orden constitucional, aunque curiosas interpretaciones de esta norma permitieron a un antiguo dictador presentarse al cargo pocos años después de abandonar el poder; pero la sabiduría popular lo relegó a un tercer lugar con una humillante votación.
Pero además son necesarios otros elementos esenciales: la educación en derechos humanos; narrativa histórica restableciendo la verdad de lo ocurrido, la construcción y conservación de archivos, los homenajes, monumentos, etc.
Respecto a la impunidad penal, desde Nuremberg se ha establecido un corpus iuris cada vez más sólido. Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los Pactos de Derechos Humanos, los Estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional Permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las Comisiones regionales de Derechos Humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de Principios, Reglas mínimas y Declaraciones, no pueden ser desconocidos. Este corpus iuris ha ido también demoliendo los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por tribunales corporativos, como los militares.
Para la aplicación de este nuevo derecho el rol de jueces independientes es esencial, pero cuando fracasan, surgen dos elementos también fundamentales en la nueva cultura jurídica: los tribunales extranjeros ejerciendo jurisdicción universal, y los tribunales penales internacionales. Y hoy observamos con esperanza que los jueces han asumido el rol que nunca debieron abandonar.
Es de esperar que los actuales cambios judiciales en la lucha contra la impunidad sean irreversibles. Primero, porque en su génesis hay una base profundamente democrática: han sido las sociedades civiles -especialmente las organizaciones de víctimas- las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; segundo, por ser una conquista de la moral contra la inmoralidad; tercero, por la solidez con que el derecho internacional, y también el nacional en casi todas sus ramas (civil, penal, procesal, constitucional, laboral, administrativo y muchas otras), han asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la soberanía nacional y la razón de estado para justificar lo que la Declaración Universal llama “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
__________
Roberto Garretón. Abogado Defensor de los Derechos Humanos en Chile
Working Group on Disappearances does not pursue cases of disappearances when family has obtained compensation
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 18, 2007
ALRC-OL-001-2007
An Open Letter to the UN Working Group on enforced and involuntary disappearances
Diego Garcia-Sayan
Chairperson
Working Group on enforced and involuntary disappearances
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Fax: +41 22 917-9006
Dear Mr Garcia-Sayan
ASIA: When is an enforced disappearance "clarified"?
The Asian Legal Resource Centre is writing to you today to establish our position on the circumstances under which the enforced disappearance of a person can be considered "clarified". We are doing this after finding that a number of recent cases of forced disappearance that we had submitted to the Working Group have not been pursued on the grounds that family members of the victims accepted compensation from the state.
When someone goes to a national or international agency seeking information and assistance concerning the disappearance of another person, what is expected? Some of the questions that the complainant will want answered include the following:
1. Did a state agent (i.e. a police officer or soldier) or agents arrest the person before he or she disappeared? If so: when, where, for what reason and under what or whose authority?
2. Where and how was the person kept after being taken away? Was he or she tortured or not?
3. Is the person still alive or not? If dead, how did he or she die, and where are the remains of his or her body?
4. Who gave the orders for this to be done? Was it done with the knowledge of higher authorities or not? Is it part of a systemic programme of disappearances or not?
5. Was the family informed at any stage of the arrest or detention, or if dead, after death? Who, if anyone, had responsibility to inform the family?
6. What action, if any, has been taken to investigate? Who is responsible for the investigations? Who did investigations, and what were the findings? What action, if any, followed from the investigation? If there has been no investigation, why not?
Following from the above, the question arises of whether or not payment of compensation by the state, or acceptance of compensation, amount to clarification of an enforced or involuntary disappearance. There are two possible answers.
First, the state has addressed, to the fullest extent possible, all the complainant's questions regarding the arrest, detention and treatment of the person, and where dead, the circumstances of death and disposal of remains. It has also thoroughly investigated and taken criminal legal action against the perpetrators in accordance with the international standards. Being satisfied with the answers received concerning these questions, and the actions taken against the alleged perpetrators, the family of the victim also compensation. Under these circumstances, it can be said that compensation is part of a set of remedies that serve to clarify the disappearance.
Second, the state has not addressed the complainant's questions but has merely offered compensation. This may be the only thing that the state has offered to the family of the victim. The state may be deliberately concealing the answers to these questions, or may be prevented from obtaining them by agents engaged in forced disappearances and their accomplices. The complainant has the choice to either accept the compensation or get nothing. Compensation in this scenario is a form of compromise.
In the second case, the question that then arises is: if the complainant accepts the compensation, does this imply that all other issues relating to the arrest, detention, treatment, circumstances of death and disposal of remains of the victim as well as the action taken by the state against the perpetrators have been satisfied? The answer must be no. A payment of compensation alone is nothing more than that. Nothing more can be inferred from it.
The presumption that a forced disappearance has been clarified because the state has paid compensation and the complainant has accepted it is based on some serious misconceptions (or deliberate misinterpretations) about the legal obligations of the state in dealing with disappearances. When the state receives a complaint of forced disappearance, it is obliged to investigate, as in any other criminal case. Would it be sensible or expedient for a society to consider cases of murder or armed robbery "clarified" by the payment of compensation? Clearly, there is no legal basis for this position.
In conclusion, to consider compensation as clarification is to dilute the state's responsibility. It is to diminish the criminal element in the offence, which under international law is one from which no derogation can be permitted. It is to allow the state to disclaim a whole gamut of obligations by the simple performance of one. It is to trivialise the very notion of heinous crime under international norms. The burden cast on the state to clarify such matters must be proportionate to the gravity of the offence: thus, to accept payment of compensation as a form of clarification is entirely unacceptable.
In this respect, I would remind you of section 3 of the Working Group's revised methods of work (14 November 2001), which states that:
"Clarification occurs when the whereabouts of the disappeared persons are clearly established as a result of investigations by the Government, inquiries by non-governmental organisations, fact-finding missions by the Working Group or by human rights personnel from the United Nations or from any other international organisation operating in the field, or by the search of the family, irrespective of whether the person is alive or dead."
Here, the operative clause, upon which your mandate hinges, is "when the whereabouts of the disappeared person is clearly established". Payment or acceptance of compensation alone does not under any circumstances satisfy this requirement.
Please be informed that this is the unequivocal and irreversible position of the Asian Legal Resource Centre on the matter of compensation in cases of forced disappearances, and we will not accept, in any case, the payment of compensation alone as being a satisfactory cause for the closing of a case of enforced or involuntary disappearance.
Yours sincerely
Basil Fernando
Executive Director
Asian Human Rights Commission, Hong Kong
Cc:
1. Ms Louise Arbour, UN High Commissioner for Human Rights
2. Homayoun Alizadeh, Regional Representative, OHCHR Regional Office, Southeast Asia
Activistas rusos de derechos humanos condenan desaparición de jóvenes en Dagestan
viernes, 15 junio 2007
Activistas rusos de derechos humanos dicen que unos 20 jóvenes han desaparecido desde abril en la República de Dagestán, en el sur del país.
Activistas y padres de las víctimas informaron a periodistas el viernes en Moscú que los secuestradores exigen rescate por la liberación de las personas secuestradas, y que el precio varía dependiendo de si las víctimas están vivas o muertas.
Una madre dijo que el cadáver de una de las víctimas secuestradas cuesta 20 mil dólares y que el precio por una persona secuestrada que permanece viva es de 150 mil dólares. La foto de un cadáver puede costar 400 dólares.
Algunos padres dieron a conocer que no tienen idea de quien está secuestrando a sus hijos ni por qué lo hacen. Algunos también indican que el gobierno es responsable de secuestrar a hombres jóvenes bajo el pretexto de que son musulmanes radicales o rebeldes.
Arg - Abogados de López dicen que es "una búsqueda a ciegas"
Los querellantes descartaron que haya novedades importantes en la investigación por la desaparición del albañil. Pedirán la difusión pública de los identikits de las personas que arrojaron un cadáver calcinado en Punta Lara, dos días después de la desaparición
La investigación por la desaparición de Julio Jorge López, el testigo que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz, continuaba "sin registrar avances significativos", dijeron hoy los querellantes en la causa, pocos días antes de que se cumplan nueve meses del hecho.
El secreto de sumario impuesto hace algunas semanas por el juez federal Arnaldo Corazza sugería la posibilidad de novedades importantes, que fueron descartadas por los querellantes cuando accedieron al expediente.
"La causa no está paralizada pero tiene un avance lento que no responde a una hipótesis, sino que parece más una búsqueda a ciegas", opinó Guadalupe Godoy, abogada de López en el juicio que condenó al ex jefe de la policía bonaerense.
En ese contexto, los organismos querellantes solicitarán al juez una serie de medidas que consideran indispensables para esclarecer el caso que mantiene la carátula: "Jorge Julio López, su desaparición", en lugar de "desaparición forzada", como solicitaron.
Entre ellas, pedirán la difusión pública de los identikits de las dos personas que arrojaron un cadáver calcinado en Punta Lara, dos días después de la desaparición del albañil, según denunciaron dos testigos.
En el mismo orden, pedirán que las muestas de ADN extraídas del cadáver y las correspondientes a López sean nuevamente analizadas, esta vez en el Hospital Durand, debido a que el estudio fue realizado en dependencias policiales.
"Nos preocupa que casi todas las medidas son ejecutadas por fuerzas de seguridad", refirió Godoy ante la sospecha de que estén involucrados en la desaparición del albañil desaparecido.
Godoy deploró que "el juez ignore la gravedad institucional de la causa López", y sus consecuencias sobre todos los testigos que declararán en el juicio al ex sacerdote Christian Von Wernich que tendrá lugar este año.
En tanto, los organismos nucleados en la Multisectorial La Plata preparan para el lunes próximo, cuando se cumplirán nueve meses de la desaparición, una marcha en La Plata que partirá a las 17:30 desde Plaza Italia y llegará a la Plaza San Martín, en el centro de la capital bonarenense.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268523647/
Junio 17, 2007
Lanka rights probe ‘set to end’ in failure
COLOMBO: A Sri Lankan probe into rights abuses blamed on security forces and Tamil Tiger rebels looks set to end in failure, international experts warned yesterday, as Amnesty International demanded an outside monitoring operation.
Experts nominated by the international community to observe a presidential commission probing abuses – including the massacre of 17 aid workers that Nordic truce monitors blame on the army – are worried at involvement of the attorney general’s department.
The damning assessment of the presidential probe comes as President Mahinda Rajapakse is in Geneva meeting human rights officials amid mounting international pressure on his government to halt any abuses blamed on state security forces.
“We ... are concerned that the conduct of the President’s Commission of Inquiry ... is inconsistent with international norms and standards,” the 11-person panel said in its second highly critical statement in a week.
“Failure to take corrective action will result in the commission not fulfulling its fact-finding mandate in conformity with those norms and standards."
The panel said its concerns that the involvement of members of the Attorney General’s department raised conflicts of interest had been ignored.
The experts said they had “observed examples of a lack of impartiality", with the counsel from the Attorney General’s department stating “as fact matters which are controversial to the case."
“Furthermore the witness was improperly led ... and information relied on by the witness and the Attorney General’s department was not made available to the (panel),” they added.
Only the testimony of one witness and the partial testimony of a second had been taken so far.
“Taking evidence in this manner will not, in our opinion, reveal the information and evidence necessary to identify perpetrators of human rights violations and enable the commission to achieve its mandate in a timely manner,” the panel said.
The presidential commission issued a statement of its own, saying it was satisfied its methodology would yield results. It called on the panel to ensure that at least one of its observers was always present to watch proceedings.
Addressing the International Labour Organisation’s annual conference in Geneva on Friday, Rajapaksa said he invited the panel of observers to Sri Lanka because his government wanted to establish the truth.
“We are open to scrutiny because we respect human rights, democracy and the freedom of the people,” he said. “Unfortunately, it is our flexibility and sincerity that seems to encourage the global non-governmental community to demand further involvement.”
“Our armed forces and the police are among the most disciplined in the world and they have great respect for human rights. Any lapses on their part will be promptly investigated and corrective action taken,” he added.
The panel of experts is also worried by what they say are insufficient measures to ensure protection of witnesses, particularly as reports of abductions and disappearances mushroom amid a new chapter in a civil war that has killed nearly 70,000 people since 1983.
Rights groups have reported hundreds of abductions and disappearances blamed on both sides. Rajapaksa argues that many of those reports are fake and designed to discredit his government and denies that the security forces are involved.
“In this deteriorating situation, an independent presence to monitor and investigate human rights abuses by all sides is critical,” Amnesty Secretary General Irene Khan said in a statement overnight.
The panel’s harsh reviews of the probe come against a backdrop of rights violations, assassinations and heavy fighting between state forces and separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). – Reuters
Arg - Detuvieron a cartonero acusado de secuestrar a una familia durante la dictadura
Se trata de un hombre que habría trabajado en la Policía bonaerense y que sospechan sería responsable del secuestro y la desaparición de María Cristina Lanzilloto, su esposo Carlos Santillán y los dos hijos del matrimonio.
15.06.2007 | 19:05
Un cartonero que habría sido oficial de la Policía bonaerense durante la dictadura militar y que está acusado de participar en el secuestro y la desaparición de María Cristina Lanzilloto y Carlos Santillán y los dos hijos del matrimonio, fue encontrado en la localidad entrerriana de Colón.
El hombre fue identificado como Carlos Roca, de 57 años, iba todos los días al basurero municipal de Colón “en busca de cartones, botellas y metales y la gente del pueblo siempre le alcanzaba algo”, informó hoy la agencia de noticias bonaerense DIB.
Roca, se explicó, habría pedido la baja en la Policía Bonaerense en 1978, cuando cumplía funciones en Pergamino, donde ocurrió el secuestro del matrimonio que integraba la hermana de una de las máximas dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo, que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El fiscal de San Nicolás, Juan Murria, sostuvo que se trata de un “hombre muy curtido por la pobreza”. Por su parte, María Cristina Lanzillotto (que estaba embarazada al momento del secuestro) era hermana melliza de Ana María Lanzillotto de Menna –esposa de Carlos Menna, que integraba la cúpula del ERP junto a Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo–, y de Alba Lanzilloto, dirigente de las Abuelas de Plaza de Mayo.
La información asegura que Roca, que fue detenido el martes pasado en Colón, en su casa del barrio Rivadavia, y alojado poco después en la subdelegación de la Policía Federal en Pergamino, está acusado del secuestro del matrimonio y sus dos pequeños hijos y de haberse apoderado en esa ciudad de la casa de la pareja.
Los restos de la mujer recién fueron encontrados treinta años después del secuestro. El fiscal Murray –añadió la agencia bonaerense– explicó que la causa por la que se imputa a Roca fue reabierta en 2004, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A partir de ahora, en diez días hábiles, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo deberá definir si procesa o dicta la falta de mérito de Roca. La información añadió que el 17 de noviembre de 1976, cuando Roca tenía 26 años, habría participado en el secuestro y desaparición de Lanzillotto y Santillán, así como en el secuestro de sus pequeños hijos.
Los pequeños, María Lucila, de 2 años, y Jorge Francisco, de 1, fueron abandonados en la Parroquia Cristo Rey del barrio Fisherton de Rosario. Una vecina los encontró y los crió hasta que hallaron al abuelo paterno, Benjamín Santillán.
El matrimonio fue visto por última vez con vida e n el centro clandestino de detención que funcionó en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y en el conocido como El Vesubio. Después de 30 años, el Equipo Argentino de Antropología Forense reconoció el cuerpo de María Lanzillotto, tras ser exhumado de un cementerio de Avellaneda, donde habrían sido enterradas más de 300 víctimas de la dictadura.
Transcribiendo información del semanario colonense, DIB indicó que "el cartonero Roca conversaba con las amas de casa, iba al club de barrio a tomar unas copas y hasta se animaba a jugar un tute". También explicó que la casa apropiada se la habría quedado "una ex mujer de Roca" y que el ex policía habría tenido otras parejas y varios hijos.
Fuente: DyN
Guate: Preparan conmemoración contra la desaparición forzada
Varias organizaciones de la sociedad civil guatemalteca anunciaron el programa de actividades con motivo del Día Nacional en contra de la desaparición forzada, que se conmemora el 21 de junio de cada año en el país.
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Este 16 de junio a partir de las seis de la tarde se llevará a cabo un homenaje a los héroes de la revolución, en cuyo marco tendrá lugar un acto político cultural en el área contigua al “Portal del Comercio” ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, a cargo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIDH) programó para el 20 de junio a las 10 de la mañana, la realización del foro “El Congreso ante la Iniciativa de Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, que se desarrollará en el Hotel Princess, luego tendrá lugar una conferencia de prensa, organizada por todas las agrupaciones que impulsan este proyecto legislativo.
A partir de las ocho y media de la mañana del 21 de junio, en el “Parque Central”, se instalará una exposición fotográfica, montada por varias organizaciones, entre éstas el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), HIJOS, CIDH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Para el 21 de junio también se tiene previsto un conversatorio sobre desaparición forzada, organizado por H.I.J.O.S., el cual se realizará en “La Bodeguita del Centro” a partir de las seis de la tarde.
En “La Bodeguita del Centro”, a las seis de la tarde del 22 de junio, se homenajeará a los acompañantes del caso de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), acto es preparado por la organización CLAVEL ROJO.
El programa concluirá el 30 de junio, cuando se lleve a cabo la “Marcha conmemoración de Héroes y Mártires”, que partirá a las nueve de la mañana del “Parque Morazán” hacia el “Parque Central”. Cerigua.
Perú: Asociación de familiares de desaparecidos pide reparaciones individuales
Por Fidel Gutiérrez, enviado especial
Huanta, jun. 16 (ANDINA).- Implementar lo más pronto posible un programa de reparaciones individuales para las víctimas de la violencia política, reclamó esta tarde Lidia Flores viuda de Huamán, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas Declaradas en Emergencia (Anfasep).
A su juicio, el Gobierno si está en capacidad de atender a quienes, como ella, perdieron a familiares tanto debido al accionar terrorista como a excesos de las fuerzas del orden.
Indicó que su asociación reúne a cerca de 500 madres que de pronto, ante la desaparición de sus esposos por dichas causas, debieron asumir la educación de estos solas. “Reclamamos una indemnización”, expresó.
Similar punto de vista expresó Angélica Mendoza, presidenta honoraria de Anfasep, quien consideró que si no se dan las reparaciones individuales, cualquier otro tipo de acciones tendrá como único fin “tranquilizar al pueblo y engañarlo”.
Ambas ciudadanas participaron como invitadas en la ceremonia de inauguración del Programa de Reparaciones Colectivas, realizada al mediodía en esta provincia ayacuchana.
Junio 16, 2007
Poema - Ellas las Asesinadas
Son una hilera de enlutadas sombras.
Siemprevivas calladas. Siempremuertas.
Mariposas de invierno en alfileres.
Alondras tristes para siempre mudas.
Selláronles sus bocas con pétalos de sangre.
Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos.
Dejaron a sus hijos a solas en el aire,
y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos.
Son mujeres sin nombre, sin edades,
que levantan sus voces en la ausencia
esperando una luz que las redima
del terror, de la injuria, de la fuerza.
No piden ni la paz ni la palabra:
quieren ser los escudos de la herida,
la memoria tenaz, la dolorida sinrazón
de una muerte anunciada. Denunciada.
Ellas, las siempremuertas y las siempre vivas.
Publicado en el libro de Mujer sin alcuza, de Luzmaría Jiménez Faro y publicado en Ediciones Torremozas.
Arg - Juicio por la verdad - Junio 6 de 2007
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.ar
Juicio por la verdad - Audiencia del miércoles 6 de Junio de 2007
Silvina Arias para la Secretaría de Prensa y difusión
Causa N° 2250
- Carátula: Dithurbide, Marta Noemí
Declaró Julio César Tierno
El testigo viajó desde los Estados Unidos exclusivamente para brindar testimonio en esta audiencia. Tierno es hermano del detenido – desaparecido Miguel Angel Tierno, asesinado el 22 de noviembre de 1976 en una vivienda ubicada en calle 139 entre 47 y 48. En esa casa también murieron María Graciela Toncovich, Elda Aída D'ipolito, Mirta Noemí Dithurbide, quien estaba embarazada, y su compañero Roal Montes.
El testigo aseguró ante el Tribunal que en ese entonces residía en la Ciudad de Buenos Aires, donde se enteró de lo ocurrido: “Tomé conocimiento del hecho al ser visitado por la madre de otra víctima”, afirmó.
“El secreto que él mantenía sobre su vida, nunca nos permitió conocer nombres, no sabíamos donde vivía. Era para protegerse y protegernos”, concluyó Tierno en su declaración testimonial.
Causa Nº 1063
- Carátula: Archuf, Jorge Raúl
Declaró Luís Claudio Archuf
Jorge Raúl Arfuch fue secuestrado el 28 de mayo de 1976, a los 28 años, de la fábrica Astilleros Río Santiago, donde se desempeñaba. No hay testimonio de su paso por un Centro Clandestino de Detención, según los informes de la CONADEP
Hoy, su hermano, confirmó que un amigo le informó sobre lo ocurrido. Ese amigo era Enrique Cabalito, cuyo padre, ya fallecido, desempeñaba tareas en Astilleros, y era Capitán de Navío.
Comentó que su cuñada, María Rosario Portela, fue secuestrada el mismo día que su hermano, pero en distinto escenario. “La detención de Rosario fue en su casa de la calle 44 entre 5 y 6 por la tarde y lo de mi hermano había ocurrido a la mañana”, explicó. “Supimos con más detalle lo ocurrido porque su hermana había ido a visitarla y se quedó con la nena de la pareja”, afirmó Arfuch.
Causa Nº 2299
- Carátula:Rivadeneira, Luis Aníbal
- Careo I
Por el detenido ilegalmente en la sede de Prefectura Naval de Ensenada, Luís Aníbal Rivadeneira, “no se pudo efectuar el careo ante la ausencia de una de las partes”. El careo debía realizarse entre el señor Miguel Rendichi y el ex detenido-desaparecido.
Causa N° 2376
- Carátula: Aiub, María Concepción
- Careo II
Finalmente, en el cierre de la jornada, no prosperó el segundo careo en el marco de la causa Nº 2376 Aiub, María Concepción.
La señora Trifina Avalos descartó que José Celada, su ex compañero de trabajo, sea el mismo Celada que participó del operativo represivo que atacó la vivienda habitada por María Concepción Aiub y Rafael Caelli, y el hijo de ambos, un bebé de pocos meses llamado Claudio, en 141 entre 530 y 531. el 19 de junio de 1976.
Para recibir estos informes Envíe un e-mail en blanco y sin asunto a: asamblea-subscribe@yahoogroups.com
Siga la información sobre el Juicio en: "Tengo Derecho", el programa de la APDH La Plata, todos los Sábados a las 12 horas por FM Universidad 107.5 Mhz En Internet: http://www.lr11.com.ar
También quincenalmente en el programa "Mediodía" los martes a las 12.00 en AM Universidad, 1390 Khz.
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Arg - El Círculo Militar: Refugio de Criminales de Guerra
Aquí va otro texto por el Dr. Carlos A. Bozzi, sobreviviente de la Noche de las Corbatas.
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Define la enciclopedia Wikipedia en Internet que Martín Antonio Balza (n. 13 de junio de 1934) es un militar argentino que se desempeñó como Jefe del Ejército y se destacó por haber realizado una importante "autocrítica" pública condenando severamente la violación de derechos humanos realizada por las Fuerzas Armadas durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y la imposición de dictaduras militares. El 25 de abril de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, el General Martín Balza, en ese momento Jefe del Ejército, se presentó en un importante programa televisivo para leer una declaración. Esa declaración de Balza está considerada como la primera autocrítica profunda de las Fuerzas Armadas sobre su papel en la violación de derechos humanos durante el Proceso de Reorganización Nacional y la realización de golpes de estado. Como consecuencia de ello fue expulsado del Círculo Militar, la "asociación civil" más importante con las que cuentan los militares en Argentina.
Mientras hay compañeros en las garras del régimen, hay asesinos sueltos protegidos por el propio presidente Kirchner, Roberto Bendini y su ejército de viejos criminales conchabados. Sigue pendiente la justicia más sencilla: ley pareja no es rigurosa. Por la que un buen grupo de colaboradores del kirchnerismo deberían estar entre rejas, junto con los torturadores de efectiva mano. Sigue pendiente la justicia más sencilla: ley pareja no es rigurosa. Por la que un buen grupo de colaboradores del kirchnerismo deberían estar entre rejas, junto con los torturadores de efectiva mano.
Otrora presidente de la subcomisión Cultura y ahora Vicepresidente 2º del Círculo Militar, el general Alfredo Manuel Arrillaga, fue el autor –durante la dictadura– de la desaparición de todos los abogados de derechos humanos de Mar del Plata, en la llamada “Noche de las corbatas”. Uno de los peores criminales de lesa humanidad que hoy infecta con su particular sentido de la cultura a los nuevos oficiales argentinos. Arrillaga también, por orden de Alfonsín, fue quien se encargó de la brutal represión al cuartel de La Tablada, con todos los medios más mortíferos imaginables, causando muertes inútiles y hasta la desaparición de varias personas. En cambio, el jefe de la policía federal de aquella época se había ofrecido a reconquistar el cuartel sin disparar un solo tiro, mediante periódicos ataques con gases lacrimógenos y no dejando entrar víveres. La represión de Arrillaga fue un crimen que hubiera tenido que debatirse en el Congreso y ser tratado por la Justicia. No, todo el mundo se calló la boca. (Fuente: Contratapa del Sábado/21-May-2005 Página 12 Nota de Osvaldo Bayer).
Además, el Gl Arrillaga fue denunciado (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-31720-2004-02-20.html) explícitamente por el Sargento del ejército Almada que "...Iván Ruiz y José Díaz eran las personas que se rindieron y fueron entregadas al personal responsable y trasladadas al fondo del cuartel. Ahí comenzaron a ser interrogadas y a sufrir una sesión de torturas. Estas personas no representaban una amenaza, ya estaban doblegadas. Luego, el comandante de las operaciones (el General Arrillaga) impartió la orden de matarlos..." También el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, finalizado en 1997, declara que dos prisioneros en la base La Tablada, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, fueron “desaparecidos” cuando su vigilancia estaba a cargo de un Oficial de Arrillaga, quien dijo que, cuando ese oficial fue asesinado en acción, el creyó que los prisioneros habían escapado. Sin embargo, gracias a una subsiguiente amnistía, nunca hubo una investigación criminal a fondo en torno a los eventos de La Tablada. (Fuente: http://www.sincensura.org.ar/).
El Carnicero de La Tablada
El lunes pasado este hecho nuevamente fue declamado públicamente el periodista Enrique Vázquez por Canal 7. “Aquí he capturado dos oponentes, solicito temperamento a seguir.” “OK, recibido -dijo el jefe. ¿Se encuentra en el lugar personal civil o periodista?” “Negativo.” “OK, recibido. Póngalos fuera de combate.” El sargento retirado José Almada afirmó que durante la recuperación del regimiento de La Tablada fue testigo de ese diálogo entre un oficial y el general Arrillaga durante aquella operación encabezada por el Ejército y está convencido de que la orden no deja lugar a dudas: “Tuve la seguridad de que se trataba de una”, dijo el denunciante, entonces operador de radio de la 10ma Brigada de Infantería Mecanizada. El sargento retirado también afirmó que “entre las 10 y las 11 de la mañana” de aquel 23 de enero presenció la captura de dos integrantes de esa organización. “Eran dos: uno delgado, más alto, con pantalón y camisa y de tez blanca, el otro más bajo, con el torso desnudo y con una camisa o camiseta que cubría su cabeza hasta la frente, de tez morena –relató–. Se los tiró sobre el pasto, boca arriba, estaban heridos, conscientes, se los interrogaba sobre sus identidades y sobre la organización atacante y se los golpeaba en cuerpo y extremidades. Yo estaba allí y vi y escuché cuando los oficiales de inteligencia los interrogaban y cuando eran golpeados y allí ellos manifestaron: ‘Me llamo Iván’ y el otro decía: ‘Me llamo José’ y me acuerdo perfectamente que en ese duro trance en que ellos era atormentados y flagelados imploraban por sus vidas. Uno de ellos decía: ‘Por favor señor, regáleme la vida, estoy arrepentido’.” Según la versión de Almada, ambos prisioneros fueron torturados después en otro lugar del cuartel y más tarde “subidos a un Ford Falcon color blanco” conducido por militares de civil en el cual los sacaron del regimiento. “Lo cierto y que me consta es que Iván Ruiz y José Díaz estaban heridos pero con vida y conscientes”, señaló Almada y añadió que “la conclusión es directa: se les aplicó ejecución sumaria”. Otro caso puesto en evidencia por el ex militar es el de Claudia Deleis: el militar recordó que la joven intentó rendirse y “a pesar de ello se ordenó fuego libre” y fue “acribillada”.
MIEMBROS ACTUALES DE LA «HONORABLE» COMISIÓN DIRECTIVA DEL CÍRCULO MILITAR (Fuente: http://www.circulomilitar.org/)
PRESIDENTE Grl Br D Roberto Felipe DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENTE 1º Grl Br D Carlos Félix VERNENGO
VICEPRESIDENTE 2º Grl Br D Alfredo Manuel ARRILLAGA
SECRETARIO Cnl D Hugo Alfredo BALEIRÓN
PROSECRETARIO Cnl D Horacio Alberto GORIS
TESORERO Cnl D Alfredo Jorge MAURICE
PROTESORERO Cnl D Gustavo José Enrique ANSCHUTZ
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN DEPORTES Cnl D Enrique Francisco WELSH
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN INTERIOR Cnl D Raúl Carlos FERNÁNDEZ
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN LOGÍSTICA Cnl D Ricardo Guillermo IZQUIERDO
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN OLIVOS Cnl D Alberto Ricardo Domingo NADALE
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN SOCIALES Cnl D Adalberto Mario Andrés ALFONSO
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN SOCIOS Cnl D Silvestre Santiago BADÍAS
Presidente Subcomisión Servicios al Socio Cnl D Roberto Antonio SHAW
Director Subcomisión Servicios al Socio Cnl D Santiago Ramiro de la RUA
DIRECTOR ACTIVIDADES CULTURALES Cnl D Roque Ángel MARTELLO
DIRECTOR DE SEGURIDAD Cnl D Eduardo Daniel CARDOZO
DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL MILITAR Cnl D Carlos Alberto OZARÁN
DIRECTOR EDITORIAL MILITAR Cnl D Luis Eduardo RIOBÓ
DIRECTOR MUSEO DE ARMAS DE LA NACIÓN Cnl D Aristides Roque BONINO
DIRECTOR RR.PP., RR. II., Ceremonial y Prensa Cnl D Roberto Antonio SHAW
Director Subsede Olivos Cnl D Abel Enrique RE
Director Servicios al Socio Subcomisión Olivos Cnl D Luis Alberto ACEVEDO
Personal y Logística Subcomisión Olivos Cnl D Eliberto Miguel GOENAGA
Salones y Act. Deportivas Subcomisión Olivos Cnl D Roberto Oscar YANZI
Alojamiento – Subcomisión Olivos Tcnl D Bernardo Luis LANDA
Vocal - Coordinador eventos sociales Tcnl D Ernesto A. GARBINO SAMELA
El Archivo de ODESSA
A pesar de la asunción de nuevas autoridades en el gobierno nacional y en la Fuerzas Armadas, los militares no dejan de deparar algunas sorpresas para todos.
Una de ellas sorpresas es que los viejos militares retirados han encontrado un espacio donde avanzar con su reivindicación del terrorismo de Estado. Pocos años atrás, mediante la decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de “apropiarse” de las causas por el secuestro de los hijos de desaparecidos, siguiendo por la expulsión del teniente general Martín Antonio Balza del Círculo Militar son algunos ejemplos de estas ofensivas.
Pero entre estas estrategias hay una que resulta particularmente grave por sus implicancias: las demandas de los retirados por asimilar la situación de los familiares de los militares muertos por los grupos armados de izquierda, con la situación de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Los reclamos tienden a lograr investigaciones judiciales que den cuenta de lo ocurrido a quienes, perteneciendo a alguna fuerza armada, murieron violentamente durante el período de facto; pretenden recibir indemnizaciones económicas del Estado por esos hechos y exigen la reivindicación pública de aquellos a los que consideran víctimas de la guerrilla.
Tratar de igualar ambas situaciones es, una vez más, violar la ley, abusar de ella. Los militares víctimas de la guerrilla tuvieron todos los recursos del Estado a su favor: pudieron perseguir a los culpables, pudieron reclamar indemnizaciones a los victimarios y al Estado. Es sabido que algunos de ellos iniciaron estas acciones y quienes no lo hayan hecho ya no tienen ese derecho porque ha prescripto. Incluso, hoy sabemos que algunos de los victimarios reclamaron al Estado cuando sufrieron lesiones mientras realizaban sus secuestros clandestinos. Esto quiere decir que el Estado ha llegado a indemnizar a los miembros de la Fuerzas Armadas aún por sus acciones ilegales.
Los familiares de desaparecidos, en cambio, no encontraron autoridades dispuestas a investigar sus denuncias, sino que se enfrentaron con los superiores que daban las órdenes a los asesinos. Mientras los militares tenían un Estado cómplice, los familiares de desaparecidos, hasta el final de la dictadura, tuvieron un Estado agresor. Las leyes de reparación, los juicios de la verdad y algunas otras iniciativas para reparar a estas víctimas, aunque siempre parciales mientras no se haga justicia, no son más que algunas formas de compensarlas por el hecho de haber sufrido las consecuencias de un Estado contrario al derecho.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se ha consolidado el concepto de los derechos humanos, como un límite infranqueable para los Estados. La idea que estuvo desde siempre detrás de la Declaración Universal es que hay que proteger a las personas de los abusos del Estado. Para proteger a las personas de los crímenes cometidos por particulares está el derecho penal.
Cuando los militares retirados intentan asimilar la situación de sus integrantes muertos durante los años setenta con quienes fueron víctimas del aparato del Estado organizado para asesinar clandestinamente a los opositores políticos, no solamente están intentando retroceder más atrás que 1948. Están tratando de pervertir la ley, de subvertir el derecho. Esto es, están tratando de hacer lo que mejor saben.
"Carta de lectores" negando genocidios, y justificando la represión ilegal en Argentina del General Domínguez (Presidente del Círculo Militar) al diario "LA NACIÓN" Buenos Aires - Argentina 17 de agosto de 1999
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"Operación Cóndor"
Señor Director:
"El artículo 'Los archivos Cóndor' (La Nación, 8 del actual del periodista estadounidense John Dinges), genera en todo argentino medianamente informado serios interrogantes.
"A la sospecha que surge de párrafos informando que "El juez Garzón se llevó unas 1500 páginas de documentos..., se cree que la mayor parte de ellas está relacionada con la Operación Cóndor, un nombre que, en realidad, no aparece en ninguno de los documentos", se suma la atribución de responsabilidades a quien no corresponde.
"Dinges destaca que "Una clave respecto del origen de la Operación Cóndor puede ser observada en los documentos referentes a la detención de un activista chileno... detenido el 16 de mayo de 1975". También hace referencia al "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional, que se realizó del 25 de noviembre al 1º de diciembre de 1975", afirmando que "Una nueva organización adquirió existencia formal en esa reunión. Documentos difundidos más tarde por los Estados Unidos revelan su nombre: se la llamó Operación Cóndor".
"Como entre los participantes menciona a la Argentina (los otros habrían sido Uruguay, Paraguay y Chile), deseo recordar a mis compatriotas más jóvenes que - en las fechas que ocurrieron esos episodios - la señora María Estela Martínez de Perón era la presidenta de la Nación.
"Asimismo omite la realidad histórica cuando se refiere a la Junta Coordinadora Revolucionaria. Dice que "el activista chileno confesó que el MIR... y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) de la Argentina se proponían crear una junta coordinadora revolucionaria para combatir a las dictaduras militares".
"La verdad es que la citada junta se constituyó en enero de 1974, que su creación fue publicitada en Europa y en EE.UU., que incluyó a los Tupamaros y al llamado Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, y que en la Argentina había un gobierno constitucional presidido por el teniente general Juan Domingo Perón, que era blanco de la agresión subversiva.
"Finalmente sugiero a John Dinges investigar qué acontece en Colombia y la violencia irracional desatada allí por quienes -equívocamente- califica como "presuntos militantes izquierdistas".
Roberto Felipe Domínguez
General de brigada (R.)
Santa Fe 750, Capital
Este personaje, a pesar de que fue indagado en el Juzgado Federal Nº de Salta por haber ordenado la desaparición del ciudadano Meliton Bustos en febrero de 1978 es inexplicablemente apañado por el ejército actual, rodeado de su banda de secuaces, aún en libertad. Su mano derecha en ODESSA es el genocida Arrillaga.
Conclusiones
Porque la conspiración del odio y el terror no se detienen, sólo que mudan de método, perfeccionándose, proponemos un estruendoso escrache al general Alfredo Manuel Arrillaga, criminal impune, domiciliado en calle Arcos 2145 y en su domicilio legal: Av Santa Fe 750. Además, iniciemos de inmediato la postergada campaña para que ese magnífico edificio sea expropiado por la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la mansión cuenta con espacio suficiente para albergar a cientos de familias de desamparados y marginados sociales.
Otra buena idea sería que, con el producto de la venta del "Palacio Paz", valuado en más de cien millones de dólares, se cree un fondo de indemnización para los hijos de desaparecidos y, en general, a todas las víctimas de la represión ilegal o sus deudos. Incluso para la reparación de los gravísimos daños psicológicos ocasionados por la tortura, la muerte y la desaparición forzada de nuestros compañeros, tormentos permanentes que jamás serán adecuadamente compensados.
Vale la pena que lean los antecedentes del carnicero Arrillaga en Mar del Plata y Paso de los Libres:
No es superfluo señalar que en la nómina de los centros clandestinos en la provincia de Corrientes, militares involucrados en la represión ilegal y en la desaparición forzada de personas. (Fuente: Marandú.com del miércoles 23 de marzo de 2003) encontraremos nuevamente al criminal como Jefe del Grupo de Artillería 3, Paso de los Libres: Teniente Coronel Alfredo Manuel Arrillaga (desde octubre de 1977 a noviembre de 1979).
http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=14&b=0&c=%2010031
Véase además, http://www.diariomardeajo.com.ar/elcuartelnosequedayacata.htm la nota de Horacio Verbitzky mediante la cual, poco después de la asunción presidencial del Dr. Néstor Carlos Kirchner, denunció la conspiración militar contra la democracia de las "autoridades" abajo mencionadas, intrigando en el quincho de un cuartel militar, otra vez, casualmente, auspiciada por el General Arrillaga.
La Larga Noche de las Corbatas
por Carlos A. Bozzi
(Fuente: http://www.rodolfowalsh.org/)
Entre la tarde del seis y la madrugada del trece de julio de 1977 fueron secuestradas en Mar del Plata once personas, entre ellas varios abogados.
La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda. Las otras cinco personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses- María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica.
De todos ellos, solo José Verde y su esposa, el Dr.Camilo Ricci y el Dr.Carlos A.Bozzi sobrevivieron a aquellos trágicos días.
La simultaneidad del secuestro de seis abogados en solo dos días, y el alojamiento de los mismos en las instalaciones del viejo radar situado en la Base Aérea cercana a la ciudad de Mar del Plata, bautizó a esa noche como la NOCHE DE LAS CORBATAS.
Gracias al testimonio de Martha García de Candeloro prisionera en esa "cueva" se pudo conocer hace muchos años como fueron llegando, traídos por la fuerza, el grupo de abogados. La testigo, esposa de otro abogado asesinado por esos mismo captores días antes y que fuera secuestrado en Neuquén el 13 junio de 1977, detalló minuciosamente esos momentos al declarar en el Juicio por la Verdad que se tramita en la mencionada ciudad.
Como único sobreviviente de ese conjunto de abogados declaré el 16 de mayo pasado ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata después de casi 28 años de aquellos hechos.
Hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia apelando a la memoria como a un arma de larga duración. Siempre que estamos antes hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda tentación de acomodar las cosas al presente. La manipulación de un testimonio es pos de una condena es siniestra, desnaturaliza y bastardea las cosas, terminando por ser un impedimento en esta lucha por la verdad y la justicia..
"Desde ya partimos de un cierta ignorancia. Ignoramos la causa particular y la causa general de nuestra sobrevida, aunque sabemos que fue una entera decisión de los represores" ("Un debate que abre puertas" - Declaración de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos).Y desde este punto de inicio es que debemos contar y testimoniar para "mantener la memoria y construir la justicia".(Id.)
En 1977 el monopolio de la represión en la ciudad estaba a cargo del jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601,coronel Alberto Pedro Barda, quien había asumido el control de la unidad en febrero del año anterior. En el escalafón inferior, como su jefe operativo se ubicaba Alfredo Manuel Arrillaga, también con el mismo grado de coronel.
Coincidentemente el Jefe de la Base Aérea Mar del Plata era el Comodoro Ernesto Alejandro Agustoni, única persona que declaró en el Juicio a las Juntas en 1985 y por el cual pudo saberse que a pedido del Cnel.Barda la Aeronáutica cedió al Ejército el uso del viejo radar "para descanso y escala de las patrullas de esa fuerza. De esta manera no tendrían que regresar al GADA 601 que distaba unos 15 kilometros del lugar .El requerimiento fue verbal, aunque informado a la superioridad. Ningún miembro de la Fuerza Area presto funciones en el radar... no le consta que dentro de la base hubiese personas detenidas.-
El préstamo concluyó el 3 de octubre de 1977 cuando el Comodoro pasó a retiro, fecha esa también en la que el Coronel Aldo Carlos Máspero reemplaza a Barda. (Datos extraídos del "Diario del Juicio" Editorial Perfil, fascículo Nº 9 -23-07-85,fascículo Nº 19, página 9, 1-10-85,fascículo Nº 33, página 24, 07-01-86,"Informe Sobre Desaparecedores" de Federico Mittelbach ,página 62 y libro "Nunca Más").-
Ya desde mucho antes del golpe del 24 de marzo de 1976 una persecución indiscriminada se centró al ámbito de la Universidad Católica, sufriendo autoridades y alumnos secuestros e intimidaciones. Basta recordar el caso de la Decana de la Facultad de Humanidades María del Carmen Maggi en 1975 o el secuestro de María Dolorez Muñiz Etchemoun, estudiante de Derecho, producido el 17 de marzo de 1976 y de la que no se tienen noticias de su paso por ningún Centro Clandestino de Detención, estableciéndose con ello un modus operandi que duró hasta casi fines de 1978.
Una simple reseña numérica demostraría que entre 1976 y fines de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, el índice de secuestros que afectaron a estudiantes de derecho y a abogados, recibidos o relacionados con esa casa de estudios , fue llamativamente elevado.
Alguna explicación tiene eso.. No se debe olvidar que desde diciembre de 1971,fecha del asesinato de la estudiante Silvia Filler,la conformación de poder en la Universidad Católica varió fundamentalmente y en especial en la Facultad de Derecho ámbito este del cual fueron desplazados los sectores estudiantiles de la Concentración Nacional Universitaria. (Período 1972-1975).-
Tampoco debe dejarse de mencionar que hasta esa fecha la única agrupación que se reivindicaba como peronista y combativa era la CNU, agrupación ampliamente desplazada por la flamante incursión de la Tendencia en la Universidad a través de la JUP. (Ver reportaje a la CNU en revista Dimensión Universitaria , Publicación del Centro de Estudiantes de Derecho, septiembre 1971, páginas 10,11 y 12 ).-
La puja entres ambas posiciones políticas, reflejo también de la conmoción político-ideológica que se vivía en ese entonces en el país, se trasladó activa y desgarradoramente a Mar del Plata. Solo la investigación histórica terminará por develar si es que integrantes de la agrupación mencionada participaron en los hechos que hoy se están investigando a través del Tribunal Oral Federal y la justicia, de ser así, determinará su responsabilidad.
Estos como otros más que deben obviarse en mérito a la brevedad, son datos de la realidad que no deben dejarse de mencionar cuando se trata de desmenuzar el por qué de una acción tan drástica y desvastadora como la ocurrida en la llamada Noche de las Corbatas, en la que fueran afectados tantos profesionales del derecho sin ninguna vinculación entre si. Y más aún, hasta se pondría llegar a pensar en una acción alejada del combate que en el contexto general empeñaba a las Fuerzas Armadas contra las que denominaba "bandas de terroristas".
En este contexto es que fuimos secuestrados de nuestro estudio la tarde noche del 8 de julio de 1977 el Dr.Tómas Fresneda y yo por un grupo armado de personas. Posteriormente, en instantes, sumarían también a la esposa de Fresneda como cautiva.
Pero sólo hace unos pocos meses, el invalorable aporte de un amigo contribuyó a reunir los datos necesarios permitiendo descifrar así los íntimos detalles de aquellos trágicos sucesos acaecidos entre ese día y el 19 de julio del mismo año.
Tras casi 28 años se hacia dificultoso rebatir la primera plana del diario La Capital que aquel 21 de julio anunciaba con grandes letras : "CONFIRMÓ EL EJERCITO LA LIBERACIÓN DEL DR. BOZZI Y LA MUERTE DE 3 SEDICIOSOS".
Ese 8 de julio,ya atados y encapuchados, Arrillaga le gritó al Dr.Fresneda a mí: "PORTENSE BIEN, HOY NO QUEREMOS MATAR MAS A NADIE".- Debe recordarse: se encuentra probado ante el citado Tribunal, que dicho día fue asesinado en ese lugar el Dr. Norberto Centeno.
En las primeras 48 horas fuimos "visitados" por extrañas personas- con permiso de la guardia- a quienes se nos concedió explicar nuestro estado.-La intención de la visita era transmitir serenidad y tranquilidad por el resultado final de nuestra situación.- A pesar de la capucha igual observé dos pares de zapatos.
Tomas Fresneda intuyó conocerlos, pero la intervención del custodio al escuchar nuestra conversación impidió otra información y no pudo decirme quienes eran.
Estas pruebas arrojan indudable responsabilidad en quién tenía el control del Radar y permiten también visualizar en el ámbito jurídico la introducción de un elemento "no-militar" en función de co-protagonista participante del hecho. No toda persona estaba en condiciones de "obtener permiso de entrevistar" a dos secuestrados en manos de una unidad represiva.
Después de esos momentos, nunca más volví a ver a Tomás y a su esposa. Fui recluido lejos del núcleo donde los alojaron , en otra pieza, solo.
Una conversación entre dos guardias refirió a una mujer "traída ayer", lo que me permitió descubrir- muchos años después- que ese "ayer" es el 13 de julio de 1977, fecha del secuestro de María Esther VAZQUEZ de GARCIA y Néstor Enrique GARCIA MANTICA de cuya desaparición aún no se había reparado y que hasta figuran en esa condición en un archivo secreto de la embajada de EEUU en nuestro país.
Pero el final de la operación se da cuando me comunican que voy a ser liberado en la ciudad de La Plata. Vendado y atadas las manos me introducen en el baúl de un automóvil, el cual es interceptado- tomé conocimiento después- por una patrulla militar en el camino que une el acceso a la Ruta 2 con la localidad de Santa Clara.
El auto frena bruscamente, escucho al conductor exclamar: "¿La puta, que mierda es esto?", se abren las puertas, hay tiros ,corridas y muchos silencios.
En determinado momento percibo movimientos cercanos a la rueda trasera izquierda, cuatro disparos, un golpe de algo que cae en el asiento trasero y tres quejidos. Soldados me sacan del baúl y ya sin vendas en los ojos, un oficial Itaka en mano me comunica que en el coche hay " dos muertos". La claridad de la noche y las lejanas luces de la ruta 2 me permitieron observar el automóvil: un Ford Falcon-con el parabrisas y la luneta destrozadas por los balazos, las cuatro puertas abiertas, soldados yendo y viniendo y un ánimo de confusión y desconcierto en los protagonistas.
Gracias al Lic. Alejandro Inchaurregui, designado perito forense por la Cámara Federal de La Plata en varias causas de búsqueda de personas, se pudo establecer que "los dos
muertos" eran estudiantes universitarios secuestrados el 28 de junio de 1977 en la ciudad de La Plata y trasladados desde el Centro Clandestino "La Cacha" para ser eliminados en ese fatídico camino . Otros sobrevivientes los vieron allí, días antes, a kilómetros de Mar del Plata, encapuchados y maniatados.-
Sus testimonios están registrados en la justicia platense y han sido publicados en varios sitios de Internet. Los nombres, apellidos y demás circunstancias de los jóvenes asesinados obran ya también en manos de la Justicia.
El enfrentamiento había sido fraguado. El diario La Capital: conviene leer atentamente -decía en esa fecha y en su portada: "Armas secuestradas: Los tripulantes del Ford Falcon tenían en su poder dos revólveres calibre 32,una pistola 22 y un fusil, así como numerosos proyectiles. Habría confesado uno de los abatidos: En el comienzo de la crónica se informa que uno de los delincuentes que viajaban en el Ford Falcon,al iniciarse el tiroteo,iniciò la huída hacia el campo. En esa oportunidad, mientras protegía su fuga a balazos, cayó herido.Al parecer,el oficial a cargo del operativo le habría tomado declaración. En esa oportunidad se habría confesado jefe del grupo actuante, señalando que pertenecía a la denominada organización Montoneros. También habría dado a conocer trascendente información que permitiría en las próximas horas nuevos procedimientos".
Viendo la cobertura del diario, la "operación liberación" fue una noticia impactante y auspiciosa ,por lo que el cronista continua relatando.. "Optimismo en el Grupo de Artillería Anteaérea: Las declaraciones formuladas por el extremista herido y que en pocos minutos dejó de existir ,harían renacer el optimismo en el Comando de la Subzona 15 en cuanto a la prosecución de las operaciones emprendidas a partir de la desaparición de varias personas secuestradas en nuestra ciudad". Se confiaría en tener a los restantes integrantes del grupo en las próximas horas".
Lo cierto es que en una misma acción las fuerzas represivas sumaron: una liberación, le atribuyeron mi secuestro a Montoneros, mataron secuestrados, recuperaron el automóvil del Dr.Centeno reforzando la teoría de que también había sido muerto por dicha organización y se vendió la operación como un éxito de las fuerzas legales. Esto que ahora puede parecernos hasta absurdo, a la moral del ciudadano común que necesita ratificar o que le ratifiquen quiénes son los malos y quiénes son los buenos, en momentos y en contextos de mucha confusión, funciona.
Se dice que los archivos del Diario La Capital de Mar del Plata correspondientes a esa fecha se han perdido por inundaciones o incendios. Por suerte conservé un ejemplar con la edición de ese día. Archivos despiadados, memoria desgarradora. La historia es así, uno nunca sabe. El crimen nunca queda impune.
Las víctimas en este caso, son los testigos vivientes de este fraude. Su testimonio no podrá nunca ser desvirtuado. No habrá posibilidad de preguntas o repreguntas. Su propia vida ha quedado en esa ruta como hito de verdad imposible de ser refutada por argumento alguno.
Alguien escribió que esto es la gran victoria de las víctimas, quienes han llevado el protagonismo de los acontecimientos y han empujando hasta conseguir que la memoria oculta sea aireada y salga a pasear por el mundo.
Entre tanto Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz y Tomás José Fresneda, abogados, continúan desaparecidos. Su esposa, María de las Mercedes Argañaraz, embarazada ,también. Igual suerte corrió el matrimonio García.
En medio de este paisaje compuesto por todas y cada uno de estas verdades, el más pequeño, el más insignificante de los hechos, se constituye en algo revelador, en un eco sonoro de la verdad que exige ser escuchada y que nunca podrá ser desvirtuada.
La larga noche de las corbatas aún no ha concluido. La Justicia tiene la palabra. Estos muertos han hablado.
Carlos A. Bozzi
Abogado-DNI 8286179
Próxima investigación: El soldado conscripto atado y amordazado, cobardemente asesinado luego por el coronel Horacio Goris durante la “represión” en el Litoral. Luego se comprobó que no era "subversivo". No se la mando ahora, estimado amigo, ya que tiene la primicia Página 12 y hay un juez complicado que irá al Consejo de la Magistratura por haber cerrado el caso ligeramente.
Slate: Remembering the Disappeared
Slate: Remembering the DisappearedSlate: Remembering the Disappeared
Slate magazine has a section of their website with pictures and text on the disappeared in Argentina. It's worth a look.
Bosnia: Families and friends bury 80 civilian victims of ethnic cleansing
The Associated Press
June 16, 2007
BRCKO, Bosnia, June 16 (AP) -- Up to 10,000 people attended the funeral Saturday of 80 civilian victims of wartime Serb ethnic cleansing in the northeast Bosnian city of Brcko.
The bodies were among the 277 found last year in a mass grave near Brcko. They were Muslim Bosniaks and Catholic Croats killed in 1992, at the beginning of the war. Forensic experts said skulls showed that many of the people were executed by shots to the head, some shot two or three times.
The remains of those buried Saturday were identified through DNA analysis and returned to their families, who decided to bury them together. The rest of the bodies from the mass grave are still waiting to be identified.
Out of the 80 victims, 77 are Muslim Bosniaks and three are Catholic Bosnian Croats.
Edin Zahirovic, 25, came to bury his grandfather Hajro, who was 63
when he was killed in 1992.
"I was 10 when they killed grandpa. Now after 15 years, at least I have
a place where I can visit him and pray," he said.
Amira Vulin, 41, fled Brcko before the killing begun. She returned after the war and Saturday attended the funeral because some of her friends were among those who were buried. Vulin lost her father, uncle and two cousins. Their bodies have yet to be found.
"My father was killed in front of our house in May 1992. A Serb friend told me after the war that the body was then loaded on a truck and taken somewhere, he doesn't know where. He also told me who killed my father
and those who committed the crime are still living here," she said.
"My heart is empty today, the same way the town is empty for all these years without all these people that are being buried today," she added.
More than 500 Muslim Bosniaks and Catholic Croats from Brcko remain missing since the 1992-95 Bosnian war when Serb forces captured the town and expelled or killed non-Serbs.
Phl -- Region 8 forum tackles protection of all persons from enforced disappearance
Tacloban City (June 15) -- The Commission on Human Rights (CHR) is spearheading a forum/workshop which will tackle the issue on the protection of all persons from enforced disappearance, on June 22, 2007 at 8:30 in the morning to 5:00 o'clock in the afternoon at MacArthur Park Hotel, Candahug, Palo, Leyte.
Atty. Desiree Pontejos, Officer in Charge of the Commission on Human Rights Regional Office 8 informed that the Forum aims at the deliberation on the Draft International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
Atty. Pontejos said that the Forum is aimed at informing the participants about the rationale for the Draft Convention. It also hopes to explain the provisions of the Convention and to discuss the implications of the convention to the Philippines.
He added that the Commission on Human Rights Commissioner Quintin Cueto will be among the resource persons during the Forum which will be attended by various sectors like the military, the police force, media groups, non-government organizations, representatives of government agencies, regional state prosecutors, public attorneys office, Red Cross, among others.
Atty. Pontejos enjoins all those invited to attend said important forum which is vital to the implementation and respect for individual human rights.
Enforced disappearance constitutes a violation of international human rights and in a time of war is a violation of international humanitarian law. It is tantamount to deleting a person's very existence and denying him or her, the basic protection of the law to which every man and woman is entitled whether guilty or innocent. It is a violation of that person's rights and the rights of his or her family. The damage to the bereft, who continue to hope against all hope, is far-reaching and long-lasting, affecting not only individuals but the societies in which they live. The passage of time brings no relief from the anguish or anger they suffer from.
The prohibition of enforced disappearance, like all rules of humanitarian law, allows no exception. No war, no state of exception, no imperative reason of national security can justify enforced disappearance. Just as no State, group or individual is above the law, no person can be placed outside the law: enforced disappearance tries to do just that.
This is why this Convention is so important. It is the first international treaty to explicitly ban practices leading to enforced disappearance. This Convention requires States: to hold all persons deprived of liberty in officially recognised locations, to maintain up-to-date official registers and detailed records of all detainees, to authorise detainees to communicate with their families and legal counsel and to give competent authorities access to detainees. All these obligations are critical to prevent enforced disappearance.
The Convention also enshrines the right of families to know the fate of their relatives, one of the pillars on which all rules on missing persons must rest. Further, it requires States to incorporate the crime of enforced disappearance into their own legislation, to investigate cases of disappearances and to prosecute and punish perpetrators accordingly. If enforced disappearances are kept silent and go unpunished, the memory of the missing persons will haunt the societies in which such acts are covered up.
Arg - Absuelven a un ex concejal querellado por un policía por injurias
Se trata del ex edil del PS, Edgardo González. Había sido denunciado por calificar de "autoritario y antidemocrático" un manual que se utilizaba para la formación de oficiales de la Bonaerense, cuyo prólogo había sido escrito por González Conti, un represor de la dictadura
La justicia penal platense absolvió esta tarde a un ex concejal querellado por haber calificado como "autoritario y antidemocrático" un manual que se utilizaba para la formación de oficiales de la policía bonaerense y cuyo prólogo había sido escrito por un ex represor durante la última dictadura militar.
El fallo de la jueza en lo Correccional, Claudia Greco, benefició al ex edil socialista de La Plata, Edgardo González, quien había sido acusado del delito de injurias por el ex comisario inspector, Hugo Silva.
González había criticado el contenido del "Manual de Conducción Policial", en septiembre de 2005, durante un sesión del Concejo Deliberante platense, en la que se repudió un atentado sufrido, unos días antes, en su vivienda por la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto.
Ese libro, editado en 1977, fue escrito por Silva y el ex comisario general, Vicente Schoo, mientras que su prólogo estuvo a cargo del represor, el ex comisario general Rodolfo González Conti, acusado de violaciones a los derechos humanos.
España Suscribe La Convención Contra Las Desapariciones Forzadas De Personas
MADRID, 15-JUN-2007
El Gobierno aprobó hoy la firma de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.
Según informó hoy el Ejecutivo, el objetivo de la Convención es la prevención de las desapariciones forzadas, la lucha contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada y la realización del derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a la justicia y a la reparación.
Entre otros derechos y obligaciones, la Convención reconoce el derecho a no ser sujeto de una desaparición forzada y recuerda la prohibición absoluta de la práctica de la tortura.
Además, reconoce que, en ciertas circunstancias, las desapariciones forzadas pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad y, en consecuencia, estar sujetas a persecución penal internacional.
También establece un importante conjunto de obligaciones legales de prevención, como la prohibición de las detenciones secretas, la privación de la libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un detallado registro de los detenidos, y los derechos no derogables de "habeas corpus" y de obtener información sobre los detenidos.
Asimismo, estipula el derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos. Este derecho debe ser garantizado por la incorporación de la figura de la desaparición forzada al Código Penal interno.
Otro aspecto reconocido en esta Convención es el derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber acerca del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias de este crimen, así como el derecho a la reparación para las víctimas y sus familiares.
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=74818
Junio 15, 2007
Mex - Reitera Ulises Ruiz que en Oaxaca no hay desaparecidos
por Sofìa VALDIVIA on Junio 16,2007
San Agustín, Etla Oaxaca.- El gobernador del Estado Ulises Ruíz Ortíz respondió sobre los presuntos señalamientos del autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), sobre la presunta desaparición dos de sus miembros de esta organización subversiva y afirmó que en Oaxaca “no hay desaparecidos”.
En los últimos el EPR ha emitido comunicados denunciando que dos de sus miembros están “desaparecidos y quizás están hasta siendo torturados”, y es que presuntamente fueron detenidos en el Estado hace 20 días Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya.
Sobre ello el gobernador destacó en entrevista con ADNsureste que “en Oaxaca no hay desaparecidos... No tengo información puntual en ese sentido, y reiteró no hay desaparecidos en Oaxaca...”.
Pero también el mandatario estatal detalló que los últimos comunicados que ha emitido el EPR a través del CEDEMA “están en poder de los mandos del Ejército y en poder y manos de las policías federales, y ellos determinarán si son auténticos o no lo son; y es una atribución que tiene la Federación”.
En sus últimos comunicados el EPR, uno de ellos enviado en la víspera a un año del desalojo fallido, lanzó una advertencia comunicado en donde advierte de que tomarán una determinación revolucionaria en su justo momento para responder a la embestida caciquil de Ulises Ruiz y al gobierno espurio de Felipe Calderón.
En el comunicado igual hacen énfasis que en que exigen la aparición de sus dos compañeros Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, así como aseguran que “indudablemente serán altos, el costo que tendrá que pagar la clase política y empresarial que ha cobijado a un gobierno caciquil será alto porque las masas nuevamente tomarán las calles y se alzarán nuevas barricadas, mejor fortificadas y organizadas·.
Afirman en otro apartado que a un año de la represión ulisista y a 20 días de la desaparición forzada de nuestros camaradas, nuestro partido y ejército “tenemos la decisión de darle continuidad a la acción política revolucionaria como esencia viva de nuestra historia, con ella nos fortalecemos, con ella construimos, con ella transformamos, con ella respondemos, el futuro es nuestro”.
Russian Rights Activists Decry Disappearances of Dagestan Youth
By Peter Fedynsky
Moscow
15 June 2007
Russian human rights activists say about 20 young people have disappeared since April in Dagestan, a troubled region of the Caucasus in southern Russia. VOA correspondent Peter Fedynsky reports from Moscow that mothers who have lost sons are facing an uphill battle trying to learn their fate.
Speaking at a joint news conference in Moscow Friday, the mothers of two apparent kidnap victims say they do not know who took their sons or why. However, they claim young people are being ransomed and the price depends on whether they are dead or alive.
Gulnara Rustanova has been searching in vain for her kidnapped son. Rustamova says the dead body of a kidnap victim costs $20,000.
She says Russian authorities refer to the victims as "rebel fighters." If you're lucky, she says, ransom for a live individual costs $150,000. The photo of a dead body runs 10,000 rubles, or about $400.
Another mother, Svetlana Isayeva, also said authorities have kidnapped young men under the pretext of being radicals, either rebels or Wahhabi Muslims.
She says her son, Isa, was neither, but rather an invalid and an ordinary Muslim, though she herself is an atheist. The dilemma Svetlana Isayeva and other mothers face is that the authorities that they are forced to turn to may be behind the kidnappings.
Veteran Russian human rights activist Lyudmilla Alexeyeva, a member of the Moscow Helsinki Group, acknowledges the dilemma.
Alexeyeva says people know how difficult it is to get any information from authorities, let alone punishing those responsible if you're dealing with law enforcement officials. As Alexeyeva puts it, these things take years.
The recent disappearances come amid claims of increased Islamic activity in Dagestan. Last year, local police accused Islamic insurgents of killing a prosecutor and ambushing the region's interior minister.
On Friday, Fareed Babayev, the head of the Dagestan branch of Russia's independent Yabloko Party, said the interior minister could be behind the recent violence as a way of making himself useful, by creating a problem, then offering to solve it.
Russian officials were not immediately available to comment on the allegations.
What is certain is that young people are disappearing and dying in Dagestan and their mothers want to know why.
Nepal: Supreme Court Orders Action on ‘Disappearances’
Government Should Take Immediate Steps to End Impunity
(New York and Geneva, June 15, 2007) – The Nepali government should quickly implement the Supreme Court’s recent order to establish a Commission of Inquiry to investigate the thousands of enforced disappearances in Nepal’s civil conflict, Human Rights Watch and the International Commission of Jurists said today.
On June 1, the Supreme Court ruled on a large number of enforced disappearance cases, including 80 habeas corpus writs, and ordered the government to immediately investigate all allegations of enforced disappearances. The court ordered that this Commission of Inquiry must comply with international human standards.
“Nepal’s new government has promised to find the truth and ensure justice for ‘disappearances,’ but has been slow to make good on these pledges,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “Implementing the Supreme Court’s order on ‘disappearances’ will be a key test of the Nepali government’s commitment to establishing accountability and the rule of law.”
Human Rights Watch and the International Commission of Jurists welcomed the comprehensive Supreme Court decision.
“Through this decision, Nepal’s Supreme Court has demonstrated the important role any judiciary can play in upholding respect for the rule of law and international human rights principles, even in a country just emerging from conflict,” said Wilder Tayler, deputy secretary-general of the International Commission of Jurists. “This decision should be a source of inspiration to other judiciaries in the world as they struggle to deal with cases involving enforced disappearances.”
The Supreme Court also ordered the government to prosecute those responsible for the death in custody of Chakra Bahadur Katuwal. Katuwal was transferred to army barracks following one day of detention in Okhaldhunga District police station. On the same day he was transferred to the army barracks he was returned to the police station showing severe signs of torture. He died later that day. When his family enquired about his whereabouts, they were told he had been transferred to another district.
The Supreme Court also ordered that while the investigations take place the government should take administrative action against members of the security forces under investigation for involvement in Katuwal’s death. The order requires the administrative action to be in line with the report of the Detainees Investigation Task Force formed by the Supreme Court, which recommended suspensions of those under investigation for enforced disappearances.
The court ordered the government to provide interim relief to the families of the victims of the “disappeared,” which is to be provided without any effect on the final outcome of these cases. The court also ordered the government to enact legislation that would criminalise enforced disappearances and take into account the new International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance.
Thousands of individuals were reportedly “disappeared” during Nepal’s 10-year conflict. According to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Nepal in 2003 and 2004 recorded the highest number of new cases of enforced disappearances in the world. Between May 2000 and January 13, 2007, the National Human Rights Commission of Nepal received 2,028 cases of enforced disappearance. The fate or whereabouts of over 600 of these people remains unknown.
The Nepali government’s failure to hold accountable even a single perpetrator of these enforced disappearances perpetuates the culture of impunity in Nepal. This contributes to the current failures of law and order in the country and could lead to gross human rights violations in the future.
“The government must address impunity for past human rights violations, especially enforced disappearances, in a meaningful way,” said Wilder Tayler. “Victims of human rights violations, their communities and wider civil society must be involved in decisions about establishing the truth, ensuring justice and providing reparations.”
Human Rights Watch and the International Commission of Jurists called on the Nepali government to:
* Propose a new law specifically on enforced disappearances, in line with the Supreme Court order, rather than amend the Civil Code, as the government currently proposes. Such legislation should take into account the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance and recommendations made by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Amnesty International and the International Commission of Jurists;
* Form a ministerial-led taskforce from the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs and the Ministry of Peace and Reconstruction to take responsibility for action on relevant parts of the Supreme Court order;
* Provide the families of the 84 victims with the interim relief as ordered by the Supreme Court;
* Initiate a criminal investigation into the death in custody of Chakra Bhadur Katuwal and prosecute those found responsible for or involved in his death;
* Suspend those identified by the Supreme Court as responsible for the death of Chakra Bhadur Katuwal and other “disappearances.”
Human Rights Watch and the International Commission of Jurists called on the Nepali government to take immediate steps to implement the order of the Supreme Court.
“Nepal’s government needs to end its foot-dragging on impunity for human rights violations by enforcing this order quickly and comprehensively,” said Brad Adams. “We’ll soon see if the government is serious about protecting its own citizens.”
Nepal's disappeared a legacy of civil war
This Saturday marks one year since Nepal's Maoist chairman met the Prime Minister, leading to a peace agreement five months later.
For many families in Nepal, however, the pain of war continues, as they search to find out what happened to relatives forcibly disappeared during the conflict.
The so-called Summit Talks in June 2006 were the first time Maoist chairman Prachanda appeared in public in the capital, to meet the Prime Minister and other political leaders.
The comprehensive peace agreement officially ended a decade-long insurgency which claimed more than 13,000 lives.
During those 10 years of conflict, however, hundreds of people were arrested and interrogated by the army, and many remain missing to this day.
The International Red Cross has a list of 937 people reportedly disappeared by the authorities, while the UN has documented around 500 cases.
Sandra Beidas, chief of protection at the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, told Radio Australia's Connect Asia program that the impact of disappearances on families is enormous.
"Obviously not knowing whether their loved ones are alive or dead, what happened to them, is just a constant anguish, and in a sense it's a form of mental torture," she said.
"Especially sometimes when the authorities say they were killed in a confrontation when the families know very well that they were actually taken away to a military barracks and disappeared from the military barracks."
Detailed investigations, little follow up
The UN has made detailed investigations into several cases, including that of 49 people who reportedly disappeared from an army barracks in Kathmandu in late 2003.
The case has become a high profile test of the army and government, yet despite the UN's report of imprisonment, torture and disappearances from the barracks, the UN says there's been an inadequate response from the military.
Sandra Beidas says they are extremely disappointed by the lack of follow up.
"We know that there was an army task force that investigated the cases following the report but the army did not give us a copy," she said.
"They have given us some information on what they say has happened to a very small number of those individuals and in a number of those cases we have actually seen that the information is inaccurate and we still consider the people disappeared."
The Nepal Army however, in a rare interview to media, has defended its efforts to stamp out human rights abuses within its ranks.
Colonel Dharma Baniya, deputy director of the army's human rights directorate, admits that while the Nepal Army did commit violations when they first entered the conflict in 2001, they have since implemented a zero tolerance attitude to human rights abuses.
"In 2001, when army was mobilised initially, we had not educated knowledge, to be very frank, at that time we had committed some violations [in] 2001,2,3," he told Radio Australia.
"After 2003 and 4, it got down: 2005 we have got less than five, less than 10 allegations, in 2006 and 7 we have committed zero violations.
"So this justifies how the Nepalese Army is, how serious we are to protect human rights - to protect and promote human rights and international humanitarian law."
Colonel Baniya says the army has received 3,837 allegations of forced disappearances and has investigated 79 per cent of them, which still leaves 783 cases pending.
In many of these cases, he says, organisations such as the UN or Red Cross have not provided enough information to properly investigate.
Compensation gives hope
However, efforts to clarify the fate of those who disappeared received a boost recently.
Last week, Nepal's Supreme Court ruled that 83 people who are missing, were in fact taken by the security forces and ordered compensation to be paid to families.
The Court also recommended the government form a high-level commission to investigate disappearances and punish those responsible.
Colonel Baniya says the Nepal Army will fully cooperate with the new commission and try to uphold its lucrative reputation as a source of troops for UN peacekeeping missions.
"We do not want to defame our organisation by the name of one guy," he said.
"If he violates the human rights, if commits some serious violations, why should we save him by spoil our name, you see?"
With King Gyanendra effectively sidelined by last year's People's Movement, the responsibility to investigate falls on the interim government, led by Prime Minister GP Koirala.
But with Nepal's transition to peace so fragile, it could be some time before the truth is known about those still missing.
The full story is available on Connect Asia's homepage: www.radioaustralia.net.au/connectasia
Arg - Sin rastros de López, piden que se reconozca la “desaparición forzada”
La causa no avanza, el tiempo pasa y el paradero del testigo que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz sigue siendo un misterio. La querella volvió a exigir medidas al Estado y denuncia que “parece una búsqueda a ciegas”.
15.06.2007 | 14:51
Sin señales sobre el paradero del testigo desaparecido Julio Jorge López, los querellantes manifestaron que la causa continúa “sin registrar avances significativos”, a la vez que solicitaron una serie de medidas inmediatas para intentar esclarecer el caso.
Desaparecido desde el 18 de septiembre del año pasado después de declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz –condenado a reclusión perpetua-, los querellantes de la causa solicitaron que el nombre de la carátula: “Jorge Julio López, su desaparición”, sea modificada por “desaparición forzada”.
Asimismo, pidieron la difusión pública de los identikits de las dos personas que arrojaron un cadáver calcinado en Punta Lara, dos días después de la desaparición del albañil, según denunciaron dos testigos.
En el mismo orden, solicitarán que las muestras de ADN extraídas del cadáver y las correspondientes a López sean nuevamente analizadas, esta vez en el Hospital Durand, debido a que el estudio fue realizado en dependencias policiales.
"Nos preocupa que casi todas las medidas son ejecutadas por fuerzas de seguridad", manifestó la abogada de López en el juicio que condenó al ex jefe de la policía bonaerense, Guadalupe Godoy,
La letrada deploró que "el juez (federal Arnaldo Corazza) ignore la gravedad institucional de la causa López", y sus consecuencias sobre todos los testigos que declararán en el juicio al ex sacerdote Christian Von Wernich que tendrá lugar este año.
Los querellantes señalaron a la agencia Télam que “la causa no está paralizada, pero tiene un avance lento que no responde a la hipótesis, sino que parece más una búsqueda a ciegas”.
En tanto, los organismos nucleados en la Multisectorial La Plata preparan para el lunes próximo, cuando se cumplirán nueve meses de la desaparición, una marcha en La Plata que partirá a las 17:30 desde Plaza Italia y llegará a la Plaza San Martín, en el centro de la capital bonarenense.
http://www.perfil.com/contenidos/2007/06/15/noticia_0042.html
Arg - Una chicana de los represores
Por José Maggi
La defensa de los represores Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong y Carlos Sfulcini (procesado pero no preso) pidió la última semana la nulidad de todo lo actuado en la denominada causa Quinta de Funes cuya elevación a juicio oral ya fue pedida por el fiscal Ricardo Vázquez. El pedido concretado a través del defensor oficial federal Osvaldo Gandolfo apunta a objetar la forma en que fueron recolectadas las pruebas de la causa que investigó el funcionamieno del centro clandestino de detención que funcionara hasta el Mundial 1978 en una casa quinta ubicada en Ruta 9 y la calle San José. La medida fue entendida como una forma de "demorar la elevación a juicio", que podría conretarse a principios del 2008.
Ahora el juez federal N 4 German Sutter Schneider deberá definir qué hace ante el pedido: si lo acepta o lo rechaza, con lo cual los defensores podrían ir a la Cámara Federal de Rosario e incluso llegar a Casación.
En este sentido desde la querella opinaron que "la discusión del valor de la prueba se debe dar en el juicio oral". Mientras la Fiscalía estaría en sintonía con este planteo.
La elevacion a juicio de la prierma causa que investiga el terrorismo de Estado en esta región fue pedida en los primeros días de junio por el fiscal Vázquez. La causa es conocida por el nombre de su máximo responsable el ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, quien será juzgado en los próximos meses por 14 secuestros, seguidos de torturas y muerte jutno a Amelong, Jorge Fariña y Eduardo "Tucu" Constanzo.
El cerco había comenzado a cerrarse un año atrás cuando Sutter Schneider, decidió dar por cerrada la instrucción de la causa, y pidió se expresara la fiscalía que por entonces ocupaba Griselda Tessio, quien dejó el cargo, sin hacerlo. Fue recién ahora, en tiempos del fiscal Vazquez el que decidió pedir la elevación a juicio en el marco del primer expediente reabierto en 2004. El tiempo trasncurrido también ameritó que Sutter Schneider prorrogue la detención de Guerrieri a un cuarto año.
El caso de los también procesados Luciano Jáuregui (ex general), Carlos Sfulcini (abogado, en libertad) y Walter Pagano (otrora agente de Inteligencia del Ejército) quedará para una segunda etapa porque aún restan medidas judiciales por adoptar.
La elevación a juicio de esta primera causa había sido bien recibida por los querellantes. Como Eduardo Toniolli, cuyo padre, pasó por la Quinta de Funes, aseguró: "Recibimos con beneplácito la decisión porque es la correcta". La diputada Alicia Gutiérrez (ARI), madre de Eduardo, saludó la resolución del fiscal y focalizó su atención "en el resto de los procesados" en la llamada causa Guerrieri. "Esperamos que lleguen lo más rápido posible al juicio", agregó. Según la legisladora que "en Santa Fe algunos de los expedientes pasen a juicio marca un hito ya que en otras provincias las causas se paralizaron después de la desaparición de Jorge Julio López".
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-8979-2007-06-15.html
Arg - Denuncian que represores de la dictadura cobran una pensión honorífica de la guerra de Malvinas
Lo asegura una Investigación del Centro de Ex Combatientes de La Plata. Benjamín Menéndez, Jorge Acosta y Antonio Pernías, entre otros, fueron beneficiados por un decreto. Los veteranos piden Juicio por la Verdad
Una reciente investigación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) reveló que los represores Mario Benjamín Menéndez, Antonio Pernías y Jorge Eduardo Acosta cobran una "Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del Atlántico Sur".
Si bien la asignación se otorgaba en un principio sólo a ex soldados conscriptos, luego se extendió a todos los suboficiales y oficiales que participaron del conflicto con Gran Bretaña.
Los ex combatientes reclamaron al Gobierno que revise la medida, que se implementó en el ´95 por medio del decreto 866 y que consiguió que los beneficios llegaran a varios represores como Menéndez, quien se desempeñó como comandante militar en las Islas Malvinas
Según informó el diario Hoy de La Plata, también son beneficiarios el Capitán de Fragata Jorge Eduardo Acosta, el General de División Osvaldo Jorge García y los generales de Brigada Omar Edgardo Parada y Juan Ramón Mabragaña.
Arg - Aprueban subsidios para padres de desaparecidos
Aprueban subsidios para padres de desaparecidos desde 1974, durante el mandato de Isabel Perón
La medida, es la primera que reconoce de hecho la desaparición de personas durante el gobierno de Isabelita. Así, el beneficio a los familiares se retrotrae al período en que actuó la Triple A y no sólo al inicio de la dictadura, en 1976.
15.06.2007 | 16:01
La Plata – El Senado de la provincia de Buenos Aires a probó hoy un proyecto de ley para otorgar subsidios a los padres de las personas desaparecidas, secuestradas o asesinadas desde fines de 1974 y hasta el final de la dictadura militar.
Se trata de una medida inédita que reconoce al gobierno de Isabel Perón –y, por consiguiente, la actuación de la temible fuerza paramilitar de la Triple A– como parte del terrorismo de Estado que asoló al país desde 1974 hasta 1983, con el regreso de la democracia.
La iniciativa –enviada por el Poder Ejecutivo del gobernador Felipe Solá – busca otorgar un subsidio mensual y vitalicio para los padres de las personas que hayan sido “muertas, desaparecidas y secuestradas” entre el 6 de noviembre de 1974 —cuando Isabelita instauró el Estado de sitio a través del decreto 1368— y el 10 de diciembre del 1983.
El beneficio podrá ser solicitado antes del 31 de diciembre a partir de la promulgación de la ley y el monto será equivalente a un agente del agrupamiento jerárquico con treinta horas de labor más las coberturas que otorga el Instituto Medico Asistencial (IOMA), obra social del gobierno bonaerense.
En su fundamento se subraya que a estos padres “les fueron avasallados todos los derechos sobre sus hijos; sufrieron en forma permanente y sistemática un largo calvario por conocer el destino de los desaparecidos y fueron maltratados psicológica y moralmente sin tener respuesta por parte del Estado terrorista del 1976-1983”.
Para la titular de la Comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo legislativo, Adela Segarra (FpV), “este proyecto será un acto de justicia y aunque las pérdidas son irreparables, los padres y las madres tienen derecho a recuperar la dignidad, en este caso a partir de un resarcimiento económico que les alivie dificultades cotidianas”.
Fuente: DyN
Col - A indagatoria otro coronel por los desaparecidos del Palacio de Justicia
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al coronel en retiro Luis Carlos Sadovnick y lo vinculó formalmente a la investigación por los once desaparecidos durante el holocausto al Palacio de Justicia.
Sadovnick en 1985 durante la toma del Palacio era el segundo al mando en la Décimo Tercera Brigada del Ejército, la cual comandaba el general Jesús Armando López Cabrales.
El oficial llamado a indagatoria era el inmediato superior de los también coroneles (r) Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, comandantes de la Escuela de caballería y el B2 del Ejército respectivamente.
El coronel Sadovnick, según la investigación habría liderado el operativo de retoma que desarrollaron en el Palacio de Justicia al mando de Plazas vega y Sánchez Rubiano, entre otros militares.
De esta manera ya son siete militares investigados por la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia.
PHILIPPINES: Abducted activist suffers torture and food deprivation in captivity
Dear friends,
The AHRC writes to inform you that 27-year-old Gilbert Rey Cardiño (a.k.a. Jing), a political activist who was forcibly abducted and disappeared on 6 June 2007 in Koronadal City, Mindanao, has been released on June 8. Cardiño showed signs of trauma, torture and food deprivation while he was in captivity for two days. Despite Cardiño's release, the identities of his abductors are yet to be confirmed. The trauma Cardiño is presently experiencing was so severe that he could not even talk and has not yet been interviewed.
CASE DETAILS:
The AHRC was informed from a reliable source regarding Gilbert Rey Cardiño's forcible abduction and disappearance hours after it happened in Koronadal City at around 11:00am on 6 June 2007. Cardiño was on his way to his office at that time. A white van suddenly blocked the motorcycle rickshaw he was riding in at an intersection in Barrio Dos, in Koronadal City. The said intersection is at the boundaries of Barangays (villages) Sto. Niño and New Pangasinan of the same city.
Five men reportedly emerged from the vehicle and forcibly dragged Cardiño into their van. Two witnesses described the alleged perpetrators as having short military-like haircuts while another one was wearing a black, long sleeve jacket marked with "POLICE" on the back. The vehicle, a Mitsubishi L-300 van model, was last seen heading towards direction of nearby General Santos City.
After the victim's colleagues came to know of the incident, they went to the Police Regional Office (PRO 12) of the Philippine National Police (PNP) in Barangay Tambler, General Santos City, more than an hour from Koronadal City. The police informed them that there were aware of Cardiño's abduction but denied holding him in their custody. The victim's colleagues then went to the police headquarters asking for his whereabouts because in the past some persons who were reported missing have later been found to be in police custody.
The police informed the victim's colleagues they were following up on the case but did nothing to promptly assist them in locating the victim's whereabouts. Neither did they show any willingness to cooperate with them. It is extremely difficult for local activists to obtain adequate police assistance because some of them, in particular in this area, have had long held grudges against local activists.
Two days later, at 11:00am on June 8, Cardiño was released near his house in Barangay (village) New Panganisan in Koronadal City. Cardiño was supposed to appear in public, in particular with the media, but was not able to do so as his condition is still being evaluated and observed at the South Cotabato Provincial Hospital where he is confined. Cardiño was met by his family at the hospital after his release. A local politician and a priest were able to rescue Cardiño reportedly after a negotiation for his release and have placed him under their protective custody.
Cardiño was barefoot, completely exhausted and unable to talk. He was still in a state of shock. The physicians evaluating his health condition ordered him to take a complete rest. Cardiño underwent medical examination and was treated for stress at the hospital. It is also reported that Cardiño appeared to have been deprived of food and sleep during his two days in captivity.
Prior to this incident, Cardiño has reported to a human rights group, Alliance for the Advancement of People's Rights (Karapatan) local chapter, about the suspicious movement of vehicles passing in front of their office and who were believed to have been spying on them. On March 23 this year, Cardiño noticed a light blue car that stopped in front of their office at around 11:20am. The person inside leaped out and suddenly took pictures of him.
Cardiño is the youngest member of Bayan Muna's National Council, the second-highest governing body of their party. He is also the party's Provincial Chairperson for South Cotabato and the Regional Coordinator for Socsksargen (combination of the provinces of and city South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani and General Santos City).
A reliable source also informed that some of Cardiño's colleagues had in the past experienced being followed by persons unknown to them who appear to have been spying on them. However, there has not been substantial progress with regards to arrangement for their security and protection since then. Some of these activists are acquainted with and are known to the AHRC.
In July 2006, four of Cardiño's colleagues also received threats to their lives reportedly from a group of anti-Communists, critical of their group. One of them was forced to leave the place and relocate to a distant city following the incident. For further details please see UA-228-2006.
SUGGESTED ACTION:
Please write letters to authorities listed below requesting them to conduct a credible investigation in this case. The police authorities must exhaust all means to identify those responsible into the victim's abduction. Adequate security and protection must be afforded to Gilbert Rey Cardiño and his family in the process of this investigation and the subsequent prosecution of the perpetrators. He must also be given adequate medical and psychological treatment for the trauma he suffered.
Sample letter:
Dear __________,
PHILIPPINES: Abducted activist suffers torture and food deprivation in captivity
Name of the victim: Gilbert Rey Cardiño (a.k.a. Jing); aged 27; He has one child; National Council Member of a political party Bayan Muna (People First) and its provincial chairperson in South Cotabato, Mindanao
Alleged perpetrators: Five men riding on a white van with no license plate number. One of them wears black long sleeves marked with "POLICE" on the back.
Place of incident: At the intersection in Barangays (village) Sto. Niño and New Pangasinan in Barrio Dos, Koronadal City
Date of incident: From 6 to 8 June 2007
I am writing to draw your attention to the forcible abduction and subsequent disappearance of Gilbert Rey Cardiño for two days in 6 June 2007. I have learned that Cardiño had been held in captivity for two days after five men riding on white van at an intersection in Barrio Dos, Koronadal City, abducted him. On June 8 he was released near his place but appeared to have been traumatized, tortured and have not eaten while in captivity.
After the victim's abduction, his colleagues and relatives had searched for him at the Police Regional Office (PRO 12) of the Philippine National Police (PNP) in General Santos City. They, however, were unable to get satisfactory police assistance to help them locate the victim's whereabouts aside from informing them the victim is not in their custody. I am disappointed by the manner the police handled Cardiño's case and their inadequate police assistance. I have learned that the police inadequate actions could have been due to their long held bias against the local activists.
While I am glad of Cardiño's release, I am disappointed that there has not been substantial progress to determine the identities of those responsible in forcibly abducting, torturing and depriving him of food while in two days captivity. I have learned that Cardiño is presently suffering extreme trauma that he could not even talk following the incident. His physicians likewise noticed torture marks and indications that he was deprived of food while in captivity. I therefore urge you to ensure that an adequate medical and psychological treatment is afforded to him until his full recovery. He and his family should also be afforded with immediate protection without delay to ensure their security and safety.
I also urge you to exhaust all means to identify the alleged perpetrators and to file appropriate criminal charges against them without delay by closely cooperating with the victim and his family. Cardiño's protection and security arrangement must be long term period and sufficient so that they could prosecute those responsible without fear of being harmed and threatened. The authorities should also consider affording security and protection to Cardiño's colleagues facing similar threats to their lives.
Further more, I urge the Philippine government to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and to subsequently enact enabling laws on this. I am aware that the absence of an enabling law on enforced disappearance had long been denying disappeared victims and their relative redress and adequate redress from the authorities. For instance, there was the police's inadequate assistance towards the victim's colleagues and relatives in this case. This could have been prevented and that the police could have been held to account had there been laws clearly stipulating their obligations on disappearance cases.
I trust that you will take immediate action in this case.
Yours sincerely,
------------------------------------
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:
1. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
PHILIPPINES
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80
2. Dr. Purificacion Quisumbing
Commissioner
Commission on Human Rights
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188
Fax: +63 2 929 0102
Email: drpvq@yahoo.com
3. Director General Oscar Calderon
Chief, Philippine National Police (PNP)
Camp General Rafael Crame
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 726 4361/4366/8763
Fax: +63 2724 8763
Email: bluetree73@gmail.com
4. Mr. Raul Gonzalez
Secretary
Department of Justice
DOJ Bldg., Padre Faura
1004 Manila
PHILIPPINES
Fax: +63 2 521 1614
5. Mr. Orlando Casimiro
Deputy Ombudsman
Office of the Deputy Ombudsman for the Military
and Other Law Enforcement Offices
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman
1104 Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +632 926 9032
Fax: +63 2 926 8747
Email: omb1@ombudsman.gov.ph
6. Mrs. Esperanza I. Cabral
Secretary
Department of Social Welfare and Development
3/F DSWD Building, Batasang Pambansa Complex,
Constitution Hills
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 931 7916 / 931 8068
Fax: +63 2 931 8191
Email: eicabral@dswd.gov.ph
7. Prof. Manfred Nowak
Special Rapporteur on the Question of Torture
Attn: Safir Syed
C/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9230
Fax: +41 22 917 9016 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR TORTURE)
8. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary General for human rights defenders
Attn: Melinda Ching Simon
Room 1-040
C/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 93 88
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDERS)
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)
Arg - Organismos critican las declaraciones de Bergoglio y Bendini
Verdad y Justicia
Nos han conmocionado las declaraciones del Cardenal primado, Jorge Bergoglio y del Jefe del Ejército, Roberto Bendini.
El primero reivindicando la bendición del pasado e invocando el perdón, el arrepentimiento y la reparación.
El segundo apelando a la cicatrización de las heridas del pasado.
Significativamente, ninguno de los dos se refirió a la Verdad ni a la Justicia.
La cúpula cómplice de la Iglesia –con honrosas excepciones- bendijo las armas con que masacraron a nuestros muertos y absolvió a los autores de crímenes aberrantes como la desaparición, el asesinato, la tortura y el robo de niños. No podemos ni debemos olvidar que la jerarquía eclesiástica aceptó los "vuelos de la muerte" como la manera más cristiana de asesinar a nuestros desaparecidos.
Y las FFAA son las que no permiten el cierre de las heridas del pasado que permanecerán abiertas mientras no se sepa la Verdad ni se haga Justicia.
Los únicos que podrían perdonar serían las víctimas directas. La inmensa mayoría de ellos no están para hacerlo. El arrepentimiento y la reparación corren por cuenta de los victimarios que hasta hoy no sólo no han dado muestras de arrepentimiento sino que reivindican permanentemente los crímenes cometidos.
La reparación y la cicatrización de las heridas del pasado comienzan indefectiblemente por la Verdad. Deben decir qué hicieron con cada uno de los desaparecidos: cuándo, dónde, cómo, quién y porqué se decidió su destino y el lugar donde se hallan sus restos. Y a quién fueron entregados los niños arrancados de sus familias o nacidos durante el cautiverio de sus madres. Gral. Bendini ¿alguna vez exigió a sus subordinados estas verdades?
La Justicia, luego de la anulación y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, está en marcha. Sin embargo, los victimarios han volcado un torrente de amenazas sobre testigos, jueces y letrados y la desaparición de Julio López, aún sin resolver, es una espina clavada en la sociedad.
Cardenal Bergoglio, los que, según Ud. "maldicen para atrás" no traicionan al pueblo, están recogiendo nuestra lucha de más de 30 años por los derechos humanos, están manteniendo la memoria y están haciendo lo posible para que se administre justicia.
Un pasado que siempre es presente no puede ser olvidado. Un pasado de horror no puede ser bendecido.
Abuelas de Plaza de Mayo
Buena Memoria
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S. Regional Capital
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia
España revisará la sentencia del represor Scilingo
El Tribunal Supremo español analizará en julio los recursos interpuestos por las acusaciones y la defensa del argentino, condenado en España en el 2005 a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad
El pleno de la sala de Penal se reunirá el 2 de julio venidero para revisar los recursos interpuestos por las acusaciones y la defensa del ex capitán de corbeta que durante la pasada dictadura argentina (1976-83) estuvo destinado en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA).
Según declaraciones del propio Adolfo Scilingo a la Justicia española, cuando estuvo en la ESMA participó en dos vuelos de la muerte, durante los cuales fueron arrojadas al mar desnudas y narcotizadas unas 30 personas secuestradas por la marina en ese campo de concentración, por el que pasaron 5.000 de los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura argentina.
La audiencia del 2 de julio no será pública, precisaron las mismas fuentes.
En un fallo histórico de la Justicia española, Scilingo, de 60 años, fue condenado el 19 de abril de 2005 por un tribunal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal de este país, a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura argentina.
Argentina: confirman procesamiento de ex represores militares
6/14/2007, 1:04 p.m. PDT
The Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — La justicia federal confirmó los procesamientos de ocho ex militares y dos policías, responsabilizados por la denominada "Matanza de Margarita Belén", ocurrida en diciembre de 1976 en la provincia del Chaco, de la que fueron víctimas 17 detenidos políticos fusilados y cuya muerte se hizo aparecer como un intento de fuga.
El fallo fue dictado por la Cámara Federal de la ciudad de Resistencia, a 1.000 kilómetros al noroeste, capital del Chaco, y confirmó otro dictado previamente por un juez de primera instancia, que había sido apelado, informó el jueves la agencia gubernamental Télam.
Los militares retirados (cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor y un teniente primero), así como dos ex comisarios de la policía provincial, fueron detenidos y considerados autores y partícipes de homicidios calificados, agravados por alevosía.
En la causa también estuvo imputado un ex jefe de Estado Mayor del ejército, el teniente general Ricardo Brinzoni, fallecido en 2004, quien era capitán al ocurrir aquel episodio.
En la noche del 13 de diciembre de 1976, 17 detenidos políticos alojados en la cárcel de Resistencia fueron retirados del lugar por efectivos militares, con la excusa de que iban a ser trasladados a otro centro de detención.
Subidos en camiones, al llegar a la localidad de Margarita Belén, próxima a Resistencia, fueron obligados a descender en un paraje desolado. Allí fueron acribillados.
La versión oficial dada entonces por el ejército fue que un supuesto comando guerrillero había intentado rescatar a los detenidos, que murieron en el tiroteo.
Pero una investigación realizada por la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados estableció que los 17 fueron acribillados sin ofrecer resistencia y que el supuesto intento de rescate nunca existió.
El general Brinzoni, en declaraciones que hizo en 2001 al diario Norte de Resistencia, había admitido que el episodio de Margarita Belén "fue una operación militar para eliminar delincuentes terroristas" y que se trató de "un fusilamiento encubierto de detenidos".
Chile - Investigan restos de detenidos desaparecidos en estadio de Mulchén
Jueves 14 de Junio de 2007
Fuente :Orbe
De acuerdo a los antecedentes manejados, serían cuatro las personas que fueron escondidas en el recinto deportivo de la Octava Región.
MULCHEN.- El juez Carlos Aldana junto a 15 personas más realiza una búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el estadio de Mulchén, en la Octava Región.
"Nos encontramos haciendo excavaciones en el estadio de Mulchén, averiguando la efectividad de denuncias que se recibieron en Concepción de que habrían algunos restos óseos pertenecientes a cuerpos de presumiblemente detenidos desaparecidos el año 1973", explicó el magistrado.
De acuerdo a los antecedentes manejados, serían cuatro las personas que fueron escondidas en el recinto deportivo.
El equipo que acompaña al magistrado está compuesto por un antropólogo, peritos del Laboratorio de Criminalística y la Brigada de Homicidios de Investigaciones, según informó Radio Cooperativa.
Junio 14, 2007
Mex - Presunta desaparición y riesgo de tortura contra Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya en Oaxaca.
MEX 110607
Detención en incomunicación /
Presunta desaparición/ Riesgo de tortura
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones de la sección de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) seccional Oaxaca, organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre la detención en incomunicación, presunta desaparición y riesgo de tortura contra los Sres. Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR1), en hechos ocurridos en la ciudad de Oaxaca, Estado de Oaxaca.
De acuerdo con las informaciones el día 25 de mayo de 2007, entre las 20 y 22 horas, los Sres. Raymundo Rivera Bravo, de 55 años de edad y Edmundo Reyes Amaya, de 50 años, fueron detenidos en Oaxaca, en una acción fortuita por parte de miembros de la policía. Según las denuncias, desde el momento de su detención, ya hace más de 15 días, no se conoce nada ni sobre su paradero ni sobre su integridad personal por lo que se teme que estos dos miembros del PDPR puedan haber sido torturados. A este respecto la OMCT recuerda que la detención en incomunicación ha conllevado en varios casos anteriormente denunciados, actos de tortura2, y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La OMCT al condenar vehementemente la detención en incomunicación de los Sres. Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, manifiesta su grave preocupación por su seguridad y por su integridad física y psicológica y solicita a las autoridades mexicanas que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizarles las mismas.
La OMCT de manera general solicita a las autoridades de México tomar todas las medidas necesarias para implementar condiciones mínimas de seguridad y de respeto de la integridad personal de todas las personas que sean privadas de la libertad, de acuerdo con sus leyes nacionales y con sus compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades de México para urgirlas a:
i. tomar de manera urgente las medidas necesarias para ubicar el paradero, o para informar sobre el lugar en donde se encuentren detenidos los Sres. Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, así como para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, así como la de todos los miembros de sus respectivas familias;
ii. ordenar la libertad inmediata de los Sres. Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iii. llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial, en torno a todas las circunstancias de los hechos arriba denunciados, en particular sobre las alegaciones de detención en incomunicación y presunta desaparición de los Sres. Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iv. en general, garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México, en particular con la Convención Contra la Tortura.
Direcciones
· Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16 Avenue du Budé, 1202 Ginebra, Suiza. Fax :+ 41.22.748.07.08 TEL.: +41.22.748.07.07
E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
· Embajada de México en Bruselas, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19
· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 527 72 376. + 52 (55) 27 89 11 13. Correo Electrónico E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
· Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: frjramirez@segob.gob.mx
· Licenciado José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail: correo@cndh.org.mx / correo@fmdh.cndh.org.mx / aasatashvili@cndh.org.mx Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35 / + 55.568 18125
· Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
· Diputado Emilio Gamboa Patrón, Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF. Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00. E-mail: emilio.gamboa@congreso.gob.mx
· Senador Santiago Creel Miranda, Torre Azul, Piso 20, Reforma 136, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600, Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527 E-mail: screel@senado.gob.mx
También pueden escribir a las autoridades del Estado de Oaxaca:
· Licenciado Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador del Estado de Oaxaca, Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca, Oaxaca C. P. 71254, MÉXICO Fax: +52 951 502 0530 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor") Correo-E.: gobernador@oaxaca.gob.mx
· Licenciado Evencio Nicolás Martínez Ramírez , Procurador del Estado de Oaxaca, Avenida Luis Echeverría s/n, Col. La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oaxaca 71236, México, Fax: +52 951 511 5519
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
Ginebra, 11 de junio de 2007
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
Senegal finalising budget for landmark Habre trial
By Daniel Flynn
DAKAR, June 13 (Reuters) - Senegal is finalising a budget for the trial of former Chadian dictator Hissene Habre on charges of mass political killings and torture and will seek international aid to pay for this test case for African justice.
Habre, who has lived in the West African state since his overthrow in 1990, is accused of ordering 40,000 killings and 200,000 cases of torture during an iron-fisted nine-year rule over his own landlocked country.
His long-delayed trial is billed by rights campaigners as a landmark case for human rights in Africa, where leaders have rarely been brought to account for abuses of power.
The trial of former Liberian strongman Charles Taylor, which convened this month in The Hague, has revived debate on prosecuting rights abuses in Africa. Taylor is accused of crimes against humanity for backing rebels in Sierra Leone.
But nearly a year after the African Union mandated Senegal to bring Habre to trial, human rights campaigners accuse the government of dragging its feet.
Sources close to the case said Senegal's Justice Ministry initially proposed a 66 million euro ($88 million) budget for the trial, including a new court building and a panel of 15 judges, but this was rejected by President Abdoulaye Wade.
"President Wade has asked the national commission working on this dossier to limit costs to the maximum, without damaging the judicial process and the rights of the accused and witnesses," Foreign Minister Cheikh Tidiane Gadio said late on Tuesday.
"Once the budget has been finalised it will be submitted to the international community," he said, adding that European Union countries had expressed interest in contributing.
Rights campaigners reacted with dismay in January when Gadio estimated it could take three years to bring Habre to trial. He said on Tuesday his comments were misconstrued.
"If with international cooperation we arrive at a budget acceptable to everyone, and the African Union mobilises resources, we are determined to bring this case to an end."
BELGIUM SOUGHT EXTRADITION
Many Africans remain hostile to having the continent's leaders tried overseas. An African Union summit last year rejected an extradition request for Habre from Belgium, a former colonial power in Africa, and mandated Senegal to try him.
Although African presidents have been tried by their own nations for crimes committed in office, such as Jean-Bedel Bokassa of the Central African Republic and Ethiopia's Mengistu Haile Mariam, Habre's trial would be the first time one African state has tried a leader for crimes committed in another.
Seven years after Habre was first arrested in Dakar on human rights charges, campaigners warn that unless the trial is held soon many witnesses may be unable to testify.
"Time is running out. Survivors continue to die -- including two who filed the case against Hissene Habre in Dakar in 2000," said Reed Brody, a lawyer for Human Rights Watch.
Senegal's justice system ruled then that it was not competent to try the case. But in February, Senegal remedied this by approving legislation enabling it to prosecute genocide, crimes against humanity, war crimes and torture even when they are committed outside the country.
The wealthy ex-dictator keeps a low profile in Dakar but still wields considerable influence. Two of Habre's lawyers currently hold ministerial posts in the Senegalese government.
Arg - Un ex detenido desaparecido reconoció que compartió cautiverio con Laura Carlotto
Al cabo de un reconocimiento fotográfico un ex detenido-desaparecido reconoció que estuvo en cautiverio con Laura Estela Carlotto.
Alberto Alfio Cavalie, un ex obrero domiciliado en la localidad bonaerense de Berazategui, declaró en el Juicio por la Verdad que realiza la Cámara Federal de La Plata.
Durante su testimonio, habló sobre su detención ilegal, y la de su amigo Rubén Barrientos, en el Batallón 601, la Cacha y la Comisaría Octava, lugares donde compartió celda con varias personas, entre ellas Laura Carlotto, a quien reconoció mediante una foto que hoy le fue mostrada por el Tribunal.
Muy acongojado, explicó que por entonces tenía 19 años y fue torturado con picana en La Cacha, donde estuvo aproximadamente durante dos meses, desde diciembre de 1977.
Luego, expuso sobre su paso por la comisaría octava, y reconoció los croquis del establecimiento.
“Con la chica - Laura Carlotto- estuve al lado, cuando me fui de la comisaría ella siguió allí”, manifestó el testigo.
Además, le fueron mostradas otras fotografías de personas que pudieron haber estado con él en ese cautiverio y, con algunas dudas, creyó reconocer a Jorge Bonafini, hijo de la titular de Madres de Plaza de Mayo.
El secuestro de Cavalié se produjo a fines de 1977, y no pudo establecer el tiempo que transcurrió en cada lugar de detención: “Una noche subimos a un coche, sentados con la cabeza gacha con capucha y nos dejaron en una ruta. Un camionero me llevó hasta el Camino General Belgrano y de ahí fui caminando hasta mi casa”, contó.
“Pensaba que todo el mundo me seguía, tuve miedo durante mucho tiempo”, concluyó.
§
La audiencia fue cerrada con el segundo testimonio de la jornada, a cargo del empleado del Sindicato de Comercio de La Plata, Federico Gándolas, en el marco de la investigación de la causa por la desaparición de Hugo Alfredo Iglesias.
Gándolas fue pintor de casas durante fines de la década del '70 e inicios de los años '80. Entre los años 1979 y 1980 fue contratado por el señor Raúl Vaccaro, quien durante los años de la dictadura fue abogado del grupo periodístico empresarial “El Día”, donde trabajó al momento de su detención-ilegal el desaparecido Hugo Iglesias.
“Estuve trabajando en un negocio llamado Fripor, ubicado sobre calle 12, y me convocó este señor para hacer un trabajo en su casa, fui a verla para pasar un presupuesto y vi sobre la cómoda de una habitación, en exhibición, una placa de bronce de agradecimiento del Ejército en reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha antisubversiva”, explicó
“Se lo conté a Felisa Marilaf, a quien conozco desde hace tiempo porque la asesoré cuando era empleada de la Federación Bioquímica”, narró el testigo.
La declaración de Gándolas se produce a horas de la denuncia que radicó Marilaff en la comisaría quinta de La Plata, el último domingo. La mujer fue secuestrada a la salida de la Catedral, y la amenazaron de muerte para que deje la causa. Hoy asistió a la audiencia con custodia.
§
Diana Julio de Massot...
La nieta del fundador del diario “La nueva provincia” de Bahía Blanca, don Enrique Julio; actual directora (desde 1959) del diario que su abuelo fundara; Integrante de la Liga Anticomunista Mundial; y -entre otros honores- Mención de Honor, otorgado por el Instituto Judío Argentino de Cultura e Información, “por su contribución a la causa de los derechos humanos en nuestro país” 1969; Dueña del canal de aire, el de cable, la radio AM y la radio FM de Bahía Blanca; Diploma al mérito y dirección periodística por su “vocación republicana puesta al servicio de los más puros intereses de la nación” según la Fundación Konex. Si no se presenta proximamente ante esta Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, podría ser traída por la fuerza pública.
Secretaría de Prensa de la APDH La Plata - Informe de Silvina Arias
Col - Derechos de las víctimas violados en Antioquia
CAMPAÑA
MEMORIAS CONTRA EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD
NUNCA MAS CRIMENES DE ESTADO
Medellín, 13 de junio de 2007
Nos unimos para contribuir a la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimación del modelo de control social, político y económico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos
COMUNICADO PUBLICO
La campaña “Memorias contra el silencio y la impunidad: nunca más crímenes de Estado” se permite manifestar su oposición a las recientes medidas implementadas por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno de Medellín que van en contravía de la participación de las víctimas en el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz y su legítimo derecho a la memoria histórica y la verdad.
Vemos con indignación y preocupación como se acumulan situaciones que por acción y por omisión obstaculizan de forma seria el ejercicio de todos los derechos de las víctimas. Entre ellos a su legitima expresión en el espacio público con pleno respeto de quienes todavía hoy justifican y festejan los miles y variados crímenes cometidos en el pasado reciente contra personas y comunidades enteras. Es así como el Estado colombiano en sus diversas expresiones está en la obligación de garantizar el legítimo derecho de las víctimas a su expresión, demanda y movilización.
Ahora las instituciones Estatales so pretexto de lograr el respeto a las víctimas ante los últimos hechos donde personal desmovilizado de los paramilitares realizaron actos de festejo en desarrollo de la audiencia de versión libre de Fredy Rendón, alias El Alemán, han tomado la determinación de prohibir los actos públicos que se desarrollan en la Plazoleta de La Dignidad del Edificio de la Justicia, incluyendo la acción legítima de las víctimas para dar a conocer la verdad de los crímenes cometidos por el paramilitarismo.
La determinación de la administración departamental y municipal equipara a las víctimas y a los victimarios y se une a otros mecanismos implementados por la Fiscalía General de La Nación que revictimizan y obstruye la participación de las víctimas, haciendo el proceso huérfano de ellas. Pretenden las autoridades administrativas igualar los festejos por los crímenes cometidos a las manifestaciones de dolor e indignación de las víctimas y las organizaciones sociales que exigen el pleno reconocimiento de sus derechos. De ninguna manera puede operar el principio de igualdad cuando lo que está en evidencia es la estrategia de los jefes paramilitares de acallar la voz y la verdad de las víctimas. Además es abiertamente ilegal, pues contradice el mandato constitucional fundamental del artículo 37 de la Carta Política de 1991.
Las autoridades ante las amenazas y demás hechos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas y su derecho a manifestarse están obligados a emprender acciones dirigidas a preservar sus derechos y garantías de movilización, participación y denuncia, rodeándolos de adecuadas medidas de seguridad y protección.
A pesar de que la Ley de Justicia y Paz no incluye verdaderos mecanismos de participación, de que las acciones gubernamentales y de la Fiscalía General de la Nación buscan evitar que las víctimas se expresen, las victimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos, entre ellos es poder participar y realizar acciones tendientes a que se conozca la verdad. Por tal razón informamos a las autoridades administrativas, judiciales y de control del Estado, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continuaremos con la realización de los actos públicos de memoria, verdad y exigencia de la justicia en la plazoleta de la Dignidad del edificio de la Justicia en el Centro Administrativo de la Alpujarra, como en otros lugares de la ciudad.
Llamamos a las autoridades para que se abstengan de reprimir dichos actos y a la utilización de acciones, y por el contrario brinden las garantías de seguridad para evitar que las víctimas continúen siendo objeto de hostigamientos y de actos de intimidación. Así mismo rechazamos la posición asumida por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación al legitimar este tipo de medidas y pretender asumir la vocería de las víctimas.
Solicitamos el acompañamiento solidario de las organizaciones sociales, de derechos humanos y la comunidad internacional en el justo y legítimo reclamo por nuestros derechos.
Suscriben,
Asamblea Regional de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medellín, Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Capítulo de derechos humanos del Polo Democrático Alternativo, Corporación El Solar, FASOL, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Cultural La Aldaba, Asociación Campesina de Antioquia, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campaña por la Vida y la Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Contracorriente, Fundación Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Corporación Jurídica Libertad.
Junio 13, 2007
Arg - Levantarán monolito en memoria de religiosos y religiosas víctimas de la dictadura
ROSARIO, Argentina, Junio 12, 2007
El cuerpo legislativo considera en los dictámenes, que el ámbito religioso fue uno de los objetivos específicos de la represión llevada a cabo por el denominado Proceso de Reorganización Nacional.
El decreto convierte a la ciudad de Rosario, distante 300 kilómetros de la capital, en la primera comunidad del interior del país que realiza este reconocimiento, sumándose al efectuado en el año 2006, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que emplazó en el predio de la Plaza San Martín una placa recordatoria.
La decisión contó con la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Gobierno y Cultura, adhesión y acompañamiento del Museo de la Memoria y la opinión favorable de la Comisión Especial de Nomenclatura y Erección de Monumentos y la posterior sanción por el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario, en cuyo articulado expresa:
El pastor Luque Ahubán preside el Centro de Investigación, Estudio y Capacitación Eclesiástica y Teológica (CIECET), de cuyo seno surgió la propuesta de incluir en la placa del monolito las palabras de Apocalipsis 12: 10 y 11: " ... Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el Reino de DIOS, y la autoridad de su CRISTO, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro DIOS día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la Palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte..."
http://www.alcnoticias.org/articulo.asp?artCode=6155&lanCode=2
El TS aplaza su decisión sobre el caso del represor Cavallo hasta resolver la recusación de un juez
MADRID. - El Tribunal Supremo decidió hoy aplazar la revisión de la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente para juzgar al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo en España por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) hasta resolver la recusación presentada por la defensa contra el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.
El incidente de recusación, planteado por el abogado de Cavallo, Fernando Pamos, explica que el magistrado adolece de "la necesaria y obligada imparcialidad objetiva, y por ende, subjetiva". Pamos basa la recusación en la "semejanza ideológica" de Andrés Ibáñez con las acusaciones personadas en la causa, así como por su "posicionamiento evidente", fuera del proceso, "de manera clara y determinante, con el objeto del mismo".
En el juicio que se iba a celebrar en España antes de que la Audiencia Nacional se declarara no competente para juzgar a Cavallo, la Fiscalía tenía previsto solicitar penas para el ex represor argentino que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión por los delitos de genocidio y terrorismo.
El Alto Tribunal había fijado para hoy la deliberación a puerta cerrada de los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía y las acusaciones personadas en el caso, por infracción de precepto constitucional y de los tratados internacionales contra la negativa de la Audiencia de juzgar al ex militar argentino, quien se encuentra en prisión provisional en España desde junio de 2003, fecha en la que fue extraditado por México, lugar en el que residía.
La Sala que iba a revisar el recurso estaba previsto que estuviera compuesta por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y José Manuel Maza, que será el ponente de la resolución que se adopte al respecto.
En su recurso, el Ministerio Público considera que el auto dictado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia que estimaba la declinatoria de jurisdicción promovida por la defensa de Cavallo "no es ajustado a derecho en términos de estricta observancia de la legalidad".
EL CASO SCILINGO, EL 2 DE JULIO
Por su parte, el Pleno del Tribunal Supremo revisará el próximo 2 de julio la condena a 640 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al ex militar argentino Adolfo Scilingo por un delito de lesa humanidad con el resultado de 30 muertes, con la circunstancia agravante de alevosía, detención ilegal y tortura.
En un principio, los magistrados del Alto Tribunal Luciano Varela, José Manuel Maza, José Ramón Soriano, Joaquín Giménez y Miguel Colmenero, como ponente de la resolución, iban a estudiar a puerta cerrada el recurso interpuesto por Scilingo contra la sentencia de 19 de abril de 2005. Sin embargo, finalmente decidieron elevarlo al Pleno para que todos los magistrados que componen la Sala Segunda se pronuncien sobre la competencia española para juzgar los delitos de lesa humanidad.
La sentencia de la Audiencia Nacional consideró probado que el ex militar argentino participó en dos "vuelos de la muerte", en los que 30 personas murieron tras ser arrojadas al mar desde dos aviones tras ser engañadas y narcotizadas.
La Sección Tercera de lo Penal explicó que la "convicción judicial" sobre la culpabilidad de Scilingo se sustentó "fundamentalmente en sus propias declaraciones judiciales", prestadas ante al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a su llegada a España, en 1997, de las que se retractó en el juicio. Informó Europa Press.
http://publicaciones.laley.net/noticias/noticias_texto.cfm?noticia_id=21626
Chile: Iturriaga Neumann se rebela, mientras siguen su rastro
En un insurrecto comunicado, el también coautor del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, acusó a los “jueces y ministros del Poder Judicial” de transgredir “vergonzosamente la Constitución y las leyes”.
Jorge Escalante
La Nación
La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones despliega todo su esfuerzo para ubicar y detener al insurrecto ex integrante de la plana mayor de la DINA, general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo, instó a “actuar con firmeza y celeridad para detenerlo”.
En tanto, el ministro de Justicia Carlos Maldonado, afirmó que “lo que corresponde es que la policía lo detenga y ponga a la persona (Iturriaga) a disposición de la justicia”. El ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y ex jefe de la Brigada Purén que hizo desaparecer a decenas de prisioneros desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul, dejó ayer en claro en un comunicado que se encuentra en abierta rebeldía en contra de las instituciones del Estado y permanece escondido en algún lugar para no ingresar a cumplir una condena de cinco años de presidio.
“Don Elías” como era su chapa de agente en la Brigada Purén, fue condenado por el ministro Alejandro Solís a diez años de presidio como coautor del secuestro y desaparición en diciembre de 1974 del militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema rebajó esa condena a cinco años.
Iturriaga Neumann engañó al juez Solís prometiéndole “bajo mi palabra de honor de militar” que, para evitar concurrir al palacio de tribunales donde temía ser “funado” por familiares de las víctimas, él mismo se presentaría el lunes pasado a las nueve de la mañana al Penal Cordillera en la comuna de Peñalolén, para ingresar a cumplir su condena.
No obstante, como parte de su ardid, hizo circular el lunes el rumor de su desaparecimiento lo que llevó incluso a su hermano Jorge, también ex agente DINA, a presentar el lunes por la noche un recurso por presunta desgracia en la 17a Comisaría de Carabineros de Las Condes. Con el comunicado de ayer del ex DINA, la investigación que había iniciado por ello un fiscal queda nula.
En su escrito “Luis Gutiérrez”, chapa que usó cuando fue jefe del Departamento Exterior de DINA en la planificación del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974 en Buenos Aires, sostiene que “fui sometido a un indebido proceso”, afirma que el delito de secuestro es una ficción, y acusa que “muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han transgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria”.
Por el doble crimen del general Prats y su esposa, el ex comando y hombre cercano a Pinochet está procesado y acusado como autor, al igual que su hermano Jorge. “Luis Gutiérrez” fue personalmente a Buenos Aires a preparar este atentado junto al autor material, el ex agente Michael Townley, y uno de los victimarios de la Caravana de la Muerte, Armando Fernández Larios. En este caso arriesga una condena de al menos diez años. De acuerdo al conserje del edificio donde Iturriaga Neumann vive en Las Condes junto a su pareja, éste salió el lunes “temprano con varias maletas”. LN
TEORÍAS
Una de las teorías que maneja la Policía de Investigaciones, es que Iturriaga se encuentre refugiado en un fundo del sur, de su propiedad o algún amigo. Menos probable se estima que huya al extranjero con identidad falsa (existe arraigo en su contra), puesto que no contaría con los recursos para mantenerse clandestino fuera de Chile, como sí lo hizo Paul Schäfer. Se supone que, por el tenor insurrecto de su comunicado, intenta imitar el desafío que en 1995 planteó el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, cuando para evitar ingresar a cumplir condena por el crimen de Orlando Letelier, se refugió en su fundo El Viejo Roble.
Uruguay: Gobierno excluyó otros dos casos de Caducidad
El presidente Tabaré Vázquez excluyó dos nuevos casos de la ley de Caducidad. Se trata de los uruguayos desaparecidos en Argentina en 1977 José Enrique Michelena Bastarrica y su esposa Graciela Susana de Gouveia.
Michelena y De Gouveia se trasladaron a Argentina en 1975 y se sumaron a los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Los dos ciudadanos desaparecidos fueron llevados a un centro clandestino de detención.
Los familiares presentaron la denuncia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno.
http://www.uruguayaldia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=275
Judges clear way for genocide trials in Cambodia
PHNOM PENH, June 13, 2007 (AFP) -
A panel of Cambodian and international judges Wednesday approved rules clearing the way for the UN-backed Khmer Rouge tribunal to put suspects on trial for genocide.
The decision, which ends months of infighting, is the first concrete step toward prosecuting one of the worst genocides of the 20th century since court officials were sworn in last July.
"These rules will ensure us... fair and transparent trials," co-prosecutor Robert Petit told reporters, adding they had been adopted unanimously.
"Now that the rules are adopted, we can move forward."
The rules are essential because they govern every aspect of the tribunal's operations, but previous agreement had been held up because of wrangling over legal fees and other procedures.
The first trials of leaders of the 1970s regime had initially been expected this year.
However, the delays mean trials are unlikely to start before early 2008, officials say.
Arg - Juicio por la Verdad: Audiencia del 13 de Junio
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
48 N° 632 6° Piso oficina 80 La Plata (1900) - Tel/Fax: (54-221) 482-0595 - asamblea@lpsat.com
información de prensa
J u i c i o p o r l a V e r d a d
La Cámara Federal profundiza la investigación de la intervención del Regimiento 7 de La Plata en el Juicio por la Verdad
El miércoles 13 de junio se desarrollará una nueva audiencia en el Juicio por la Verdad que se sustancia en la Cámara Federal de La Plata. Seis personas fueron citadas para brindar declaración testimonial, en el marco de las causas que se investigan por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar.
Causa N° 1996
- Rolli, Patricia
10:00 Hs
- Declarante: Alberto Alfil Cavalié
En primer lugar, será el turno de Alberto Alfil Cavalié, quien fue citado por el secuestro de Nora Patricia Rolli, hecho ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 1977, junto con su padre en 510 entre 11 y 12 de Ringuelet por un grupo armado autodenominado fuerzas conjuntas.
Causa N° 864 - Giurgas, Stella Maris
10:30 Hs - Declarante: Demetrio Aldo Giurgas
Causa N° 1885 - Mariani, Daniel E. Y Teruggi de Mariani, Diana Esmeralda
11 y 11:30 Hs - Declarantes: Juan José Mateff y Horacio Alberto Medina
En el marco de la investigación por la masacre ocurrida el 24 de noviembre de 1976, en 30 entre 55 y 56 de La Plata declararán dos testigos, Juan José Mateff y Horacio Alberto Medina, respectivamente. Se esperan que aporten datos sobre la desaparición de Clara Anhí Mariani
Causa N° 2192
- Lebed, María Susana
12:00 Hs
- Declarante: Diana Julio de Massot
La directora del diario de Bahía Blanca "La Nueva Provincia", Diana Julio de Massot, acusada de apologista de la última dictadura, fue citada en La Plata en el marco del Juicio por la Verdad. Es por el caso de una detenida, María Susana Lebed, –sobrina del abogado de la empresa– por la que intercedió ante Camps para que la liberen.
La Cámara Federal de La Plata recibió hoy un escrito donde Julio manifiesta que por cuestiones de salud, no podrá asistir a la audiencia.
Causa N° 1335
- Iglesias, Hugo Alfredo
- Declarante: Nombre reservado
Un testigo fue citado a declarar en el marco de la investigación del secuestro y desaparición del obrero gráfico, Hugo Iglesias, en el año 1977, cuando trabajaba en el vespertino “La Gaceta de la Tarde”.
La esposa de Iglesias, Felisa Marilaff, denunció el último domingo haber sido víctima de un secuestro intimidatorio vinculado a la causa.
Para recibir estos informes Envíe un e-mail en blanco y sin asunto a: asamblea-subscribe@yahoogroups.com
Siga la información sobre el Juicio en: "Tengo Derecho", el programa de la APDH La Plata, todos los Sábados a las 12 horas por FM Universidad 107.5 Mhz En Internet: http://www.lr11.com.ar
También quincenalmente en el programa "Mediodía" los martes a las 12.00 en AM Universidad, 1390 Khz
Junio 12, 2007
Paraguayans Urged to Testify on Operation Condor
Asuncion, June 11 (Prensa Latina) The Association of Families of the Disappeared and Killed during Alfredo Stroessner's 35-year dictatorship in Paraguay (FADDAPY) urged citizens on Monday to testify about abuses and violations linked to Operation Condor.
On behalf of the association, Federico Tatter called on the people to keep the memory alive and go report violations before the Truth and Justice Committee in Asuncion.
Tatter, the son of one of the victims of the Stroessner's dictatorship himself, explained that PADDAPY has been struggling for fifteen years to know the fate of the more than 500 Paraguayans disappeared in the years of military rule.
He announced that they are planning to present before Parliament a draft bill oriented to protect against forced disappearances, which are not covered by the country's legislation.
Another draft bill currently under discussion promotes the creation of a Park of Memory to pay tribute to political fighters and those who could not survive the long night of Operation Condor, he added.
All these actions are expected to become a retaining wall against any attempt of return to authoritarianism and militarism in Paraguay.
Reactivated in 2006, FADDAPY is member of the Latin American Federation of Associations of Families of the Dissapeared, based in Caracas, Venezuela.
Operation Condor plunged South American homes into mourning nearly three decades ago, when regional military governments, aided by the CIA, pursued a State terrorism policy.
This conspiracy of military regimes left 50,000 people killed and 30,000 disappeared in South America.
Chile: Denuncian desaparición y temen suicidio de ex militar de la DINA
Denuncian desaparición y temen suicidio de ex militar de la DINA condenado por un caso de detenido desaparecido
El general retirado Raúl Iturriaga Neumann es uno de los condenados por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert
SANTIAGO, 12 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
La familia del general retirado del Ejército chileno Raúl Iturriaga Neumann presentó hoy una denuncia por presunta desgracia tras la desaparición del ex militar, quien formó parte de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y, entre muchos otros casos, enfrenta un proceso por los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Argentina en 1974.
Iturriaga está desaparecido desde el pasado domingo, cuando salió de su casa para presentarse en el Penal Cordillera del Ejército, donde sería notificado de una condena a cinco años y un día de cárcel por el secuestro y desaparición de un detenido desaparecido.
Jorge Balmaceda, abogado del militar, dijo que su familia teme que su cliente se haya suicidado, como ha ocurrido últimamente con dos ex militares que se quitaron la vida agobiados por sus procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El jurista presentó la denuncia por la desaparición de su defendido en la 17ª Comisaría de Carabineros, ya que considera imposible que no se haya presentado ante el juez Alejandro Solís para ser notificado de su nuevo procesamiento. Como no llegó al penal militar, el magistrado dictó una orden de detención contra Iturriaga, en su calidad de prófugo de la justicia.
La condena a la que nunca llegó a notificarse Iturriaga Neumann corresponde a la investigación por el secuestro calificado del ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Luis San Martín, quien permanece en la calidad jurídica de detenido desaparecido desde 1974, cuando tenía 21 años de edad.
Por el mismo caso, el Tribunal Supremo chileno condenó a diez años de cárcel al ex director de la DINA, el general retirado Manuel Contreras, condenado por decenas de otros casos, entre los que se cuentan el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier; y de cinco años y un día contra el brigadier retirado Miguel Krassnoff Marchenko. Ambos están en prisión por otras condenas anteriores.
Iturriaga Neumann ya fue condenado en ausencia por un tribunal de Roma a diez años de cárcel por el intento de homicidio en 1975 del ex vicepresidente de la República de Chile, el demócrata cristiano Bernardo Leighton, y su esposa Ana Fresno, quienes no murieron en el atentado en su contra, pero quedaron con secuelas de invalidez de por vida.
Terra Actualidad - Europa Press
http://actualidad.terra.es/articulo/denuncian_dina_desaparicion_temen_suicidio_1636684.htm
Arg - Secuestran a la esposa de un obrero gráfico desaparecido en la dictadura
Estuvo cautiva dentro de un auto durante casi una hora y fue golpeada por dos hombres. Se trata de la pareja de Hugo Iglesias, trabajador de un vespertino que era propiedad de Raúl Kraiselburd. Este obrero fue secuestrado en 1977 por las fuerzas que respondían a Ramón Camps
En momentos en que se mantiene la conmoción por la desaparición de Jorge Julio López, uno de los principales protagonistas en el juicio en el que se condenó al represor Miguel Etchecolatz, ayer se conoció que otra testigo clave en causas por delitos de lesa humanidad fue amenazada y agredida por dos desconocidos.
Se trata de Felisa Marilaff, esposa de un obrero gráfico -Hugo Iglesias- que trabajaba en el vespertino La Gaceta de la Tarde, que era propiedad de Raúl Kraiselburd, actual director del diario El Día. Iglesias fue secuestrado en 1977 por fuerzas represivas que respondían al entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, y aún hoy se encuentra desaparecido.
Marilaff le dijo a Hoy que el domingo último, a las 20.40, fue abordada por dos hombres que se trasladaban en un Ford Scort, color gris plomo. Luego, la introdujeron dentro del automóvil, la encañonaron con un revólver y le quitaron el celular, que utiliza para estar en contacto con la custodia que le fue asignada.
“Me mantuvieron en el auto durante más de 40 minutos, me golpearon muy fuerte en la espalda y, luego de dar varias vueltas, me dejaron en calle 21 y 53. Me dijeron que me dejara de molestar con la denuncia por la desaparición de mi marido”, afirmó Marilaff.
La testigo clave presentó la denuncia correspondiente en la comisaría Quinta de La Plata. Marilaff vincula a Raúl Vaccaro, ex gerente de La Gaceta de la Tarde y mano derecha de Kraiselburd, con lo que le sucedió a su esposo, ya que, según afirmó, habría tenido vínculos con las fuerzas armadas durante el último gobierno de facto. “Cuando hice la denuncia por lo que me pasó ayer (por el domingo), les recordé que un abogado de El Día me había dicho que mi esposo no era el único desaparecido de ese diario, que hubo otros”, afirmó Marilaff.
Según trascendió, desde el Gobierno nacional reforzarían la custodia de Marilaff para evitar que se produzcan nuevos incidentes y pueda seguir declarando en el Juicio por la Verdad.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268523113/
La dictadura fichó a 300 mil uruguayos
11 de junio
Montevideo (Télam). La dictadura militar uruguaya (1973-1985) investigó y fichó a unos 300 mil ciudadanos, al tiempo que se realizaron "miles de procedimientos" contra todo tipo de instituciones, según datos que surgen de una investigación publicada hoy por la prensa local.
De acuerdo a un documento elevado en 1981 al Ministerio del Interior por el entonces director de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, esa división investigó, interrogó y fichó a 300 mil uruguayos para controlar los antecedentes y el pensamiento de los funcionarios públicos.
El documento, reproducido por el diario La República -citado por ANSA-, fue publicado en una "Investigación sobre Detenidos Desaparecidos", de cinco tomos, que fue presentada el pasado lunes 4 por el presidente Tabaré Vázquez.
Los seguimientos y "fichajes" sirvieron para que miles de uruguayos fueran encarcelados y otros miles destituidos de la función pública, así como para impedir el ingreso a la misma de quienes se opusieran a la dictadura.
El informe también revela que desde 1974 y "a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país", se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas).ç
Castiglioni da cuenta a su superior que se controlaron "sus asambleas, sus actos electorales e informado de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones".
"Son varios miles las investigaciones de este tipo que se han realizado y se siguen realizando", consignaba el informe.
La dictadura militar dividió a los ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a los antecedentes políticos y al compromiso que tuvieran con el régimen. Los ciudadanos que entraban en las categorías B y C no podían desempeñar ninguna función pública, eran sometidos a vigilancia permanente por los organismos de represión de la dictadura y tampoco podían integrar la directiva de ninguna institución social.
El informe presentado por Vázquez contiene 3.612 páginas y los técnicos que lo elaboraron concluyeron en que "la práctica de la desaparición forzada de personas como manifestación extrema del terrorismo de Estado fue la expresión de la voluntad de un régimen instituido arbitrariamente".
En los cinco tomos se publican 67 documentos con detalles de la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que hoy es el mayoritario dentro del gobernante Frente Amplio, el Partido por la Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificadora, el Partido Comunista y otras organizaciones que resistieron a la dictadura.
Hay detalles de cinco unidades militares y ocho centros clandestinos de interrogatorios y nueve lugares de enterramientos clandestinos de las víctimas.
Durante el régimen de facto, luego del golpe de Estado encabezado por el ex presidente Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973, fue clausurado el Parlamento, ilegalizados los sindicatos de trabajadores, encarcelados miles de ciudadanos que fueron sometidos a torturas y secuestrados unos 200 opositores que permanecen hoy desaparecidos.
Mex - Tres militantes del EPR llevan 15 días desaparecidos en Oaxaca
Nota: En este y otros casos el Proyecto Desaparecidos denuncia las desapariciones forzadas y se solidariza con los familiares de los desaparecidos, sin necesariamente hacerlo con los grupos revolucionarios a quienes los desaparecidos pertenecen
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Adital -
Pasaron ya 15 días desde que tres integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) fueron secuestrados en Oaxaca y no se sabe nada de ellos, informa hoy Zacarías Cervantes, corresponsal en Chilpancingo del diario El Sur, de Acapulco. Dos grupos revolucionarios, la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), exigieron en sendos comunicados su presentación con vida y denunciaron que están siendo "brutalmente torturados". También denuncian que con el pretexto del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada se están cometiendo "excesos en contra de la población".
La Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, denuncia que Reymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya y otro guerrillero del que no se da su nombre, fueron detenidos en Oaxaca el 25 de mayo y que desde entonces se están violentando sus más elementales derechos y garantías constitucionales.
En su documento, el grupo revolucionario llama a las organizaciones revolucionarias armadas a recurrir al "lenguaje simbólico de las armas" como recurso de denuncia, de protesta y de defensa, ante hechos como éstos, así como ante la "insuficiente y desarticulada respuesta ciudadana frente a la imposición de gobernantes y leyes antidemocráticas y espurias".
También señala que es necesario responder ante la "brutal represión a los diversos movimientos sociales con su caudal de asesinatos, violaciones y encarcelamientos; ante los excesos del Ejército federal en el supuesto combate al narcotráfico, expresados en violaciones y asesinatos de mujeres, y asesinatos de familias en retenes militares".
Agrega que el proceso de lucha en contra del gobierno neoliberal de Felipe Calderón "requiere incluir el castigo a los políticos, industriales, policías y militares responsables de la represión al pueblo en lucha, de la guerra sucia contrainsurgente y de la guerra interna del narcotráfico, con base en la discusión, elaboración y promulgación, horizontal y democrática, de leyes revolucionarias en los respectivos territorios de influencia".
Y luego en lo que parece ser un llamado a la unidad de los grupos revolucionarios, la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, concluye que. "las diferencias se discuten, no se condenan. Es hora de anteponer a ellas las coincidencias esenciales, a fin de articular respuestas efectivas a la escalada fascista y neoliberal del gobierno espurio federal".
Mientras tanto, el EPR denuncia que a 15 días de la detención de Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, "detenidos-desaparecidos por las fuerzas represivas del Estado mexicano, el secuestro e ilegal detención sigue siendo negada por las distintas autoridades de los diferentes niveles de gobierno".
Añade que con estas acciones el "ilegítimo" presidente Felipe Calderón "está develando su verdadero rostro; el rostro del fascismo. Ya lo habíamos dicho que con la llegada de Calderón era transitar por la senda del fascismo".
El EPR denuncia que con el argumento "baladí" del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada el gobierno federal ha militarizado al país; "se ha implantado un Estado de excepción en donde las medidas policiaco-militares pretenden suplantar las libertades estipuladas en la Constitución".
El grupo guerrillero señala que con estas acciones se están violentando los derechos humanos, mientras que para el bloque gobernante lo que importa es su vocación represiva en nombre de una falsa seguridad, dice el comunicado.
"En pocas palabras la oligarquía, el yunque, los hombres neoliberales y la cúpula religiosa pretenden imponer una dictadura policíaco-militar para preservar sus mezquinos intereses y prolongar la existencia de este régimen de opresión", agrega.
Señala que los reiterativos discursos del "ilegítimo" presidente Felipe Calderón de aplicar mano dura y de asumir los costos que de esto derive no es más que la expresión de su afición por las medidas fascistas, quedando al descubierto su vocación represiva".
El EPR denuncia que con la detención-desaparición de Raymundo y Edmundo "queda de manifiesto que el verdadero objetivo de su guerra contra el crimen y la delincuencia organizada, sólo constituye una mascarada, porque el verdadero objetivo es el aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias de nuestro país", pues agrega que la pretensión de este gobierno "con vocación represiva", es reactivar la guerra sucia en otra dimensión.
Indica que el gobierno "represivo" de Calderón pretende entregar a los poderes y a las fuerzas represivas del imperialismo norteamericano a los luchadores sociales y a los revolucionarios colgándoles la etiqueta de delincuentes o terroristas.
Y es que denuncia que "los hombres del régimen están empeñados en presentar a los revolucionarios, a los luchadores sociales como sinónimo de delincuentes, de terroristas para justificar la represión, la persecución, el asesinato y la desaparición política".
Asimismo añade que la política de "criminalización" de la protesta social "está llenando las cárceles de presos políticos y de conciencia, y con nuestros compañeros pretenden que sean los primeros detenidos-desaparecidos de éste gobierno".
Finalmente, a nombre de la Comandancia de Zona, pide a su Comité Central que ordene las acciones a realizar ante estas circunstancias y llaman a sus compañeros a cerrar filas. Mientras que a los organismos de derechos humanos piden que se solidaricen con sus compañeros detenidos y que demanden su libertad.
Fuente: ADIN
Arg - Causa por Soldados Desaparecidos
JUSTICIA: CAUSA POR SOLDADOS DESAPARECIDOS
Se reabre el caso judicial que investiga la desaparición de más de una docena de soldados desaparecidos en el norte del Gran Buenos Aires.
El denominado caso 154, de la megacausa de Campo de Mayo, fue reabierto y profundizará la investigación de las desapariciones de los soldados Luis Pablo Steimberg y Luis Daniel Gracía. Ambos soldados, que cumplían el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación, están desaparecidos desde el 10 y 12 de agosto de 1976. Hay testigos, entre soldados y suboficiales, que afirman haberlos visto en el Campito, el siniestro centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
Los casos
En la causa está involucrado de manera directa el entonces director del Colegio Militar de la Nación y último presidente de facto Reinaldo Benito Bignone, quien debe declarar hoy ante la justicia por otros casos.
Entre los soldados detenidos con ellos se encontraban Sergio Omar García, Hugo Néstor Carballo y Roberto Néstor Britos, todos sobrevivientes. A ellos se agrega el suboficial Víctor Ibañez, quien admitió haber visto al soldado Steimberg, dato que se lo reveló a su padre de manera pública en un entrecruzamiento radial que hizo radio Mitre entre ambos hace varios años.
La Hoja ya informó en su momento que en la zona correspondiente a Campo de Mayo, que abarcaba más de una docena de distritos al norte del Gran Buenos Aires y sumaba una población superior a los dos millones de habitantes, hubo una importante cantidad de soldados desaparecidos. Cerca de una veintena de soldados desaparecieron, ya fuera dentro de las unidades militares, ya saliendo de franco o cumpliendo alguna tarea encomendada por su superior. Aunque hubo casos denunciados y que llegaron a la justicia, las leyes de obediencia debida y punto final protegió bajo un manto de impunidad a los jefes troperos que estuvieron vinculados de manera directa con los casos.
Se espera que Bignone declare en la justicia, y aunque no será por situaciones específicas de soldados desaparecidos, no son menos la cantidad de temas por los que está acusado entre ellos los siguientes casos: 4: María Cristina López de Guerra y Martin Beláustegui; caso 5: Silvia Pintos, Alicia Castro, y Norma Rodríguez; caso 14: Pablo Eduardo Albarracín, Mirta Gladys López y otros; caso 36: María Elida Morales M. de Vallejo y Luis Fernando Martínez Novillo; caso 45 caratulado María Adelaida Viñas; caso 65: Esteban Bonifacio Juárez; caso 71: María Magdalena Nosiglia de Ciarlotti; caso 79: Juan Carlos Scarpatti; caso 129 Héctor Rubén Busquet; caso 130: Mario Luis Perretti; caso 134: Jon Pirmin Arozarena y otros; caso 143 Silvia Mónica Quintela Dallasta y Daniel Ernesto Quintela; caso 231: Marta Graciela Eiroa; caso 235: Norma Tato de Barrera y Jorge Carlos Casariego; caso 239 Emilio Alcides Baguan y María Graciela Graupera de Baguan.
El trabajo conjunto de abogados vinculados con las causas de Campo de Mayo empezó a acelerar los tiempos de la justicia. La intención es acordar estrategias en común, acercar nuevos casos y aportar la máxima cantidad de pruebas. El grupo de abogados que ya se reunió el mes pasado, lo volverá a hacer en quince días, para evaluar los trabajos realizados en el primer mes de funcionamiento del equipo.
Uru - Ex jefe de Ejército declara ante un juzgado sobre desaparecidos
El ex comandante del ejército de Uruguay Angel Bertolotti prestó hoy declaración como testigo en un juzgado de Montevideo sobre la desaparición de uruguayos traídos desde Argentina en 1976 en un vuelo clandestino.
Bertolotti, que ocupó la jefatura ejército hace un par de años atrás, prestó declaración durante más de cuatro horas ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze.
El ex jefe castrense presentó un informe en agosto del 2005 al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sobre los desaparecidos durante el régimen militar que mandó en el país latinoamericano entre el 1972 y el 1984.
El militar, tras hacer su declaración ante el juzgado, dijo a periodistas que 'no es momento' para que los uruguayos hagan declaraciones porque es hora de mantenerse todos juntos y reencontrarse 'de una buena vez'.
Bertolotti encabezó las investigaciones internas dentro del ejército sobre las desapariciones de personas durante el régimen militar.
La fiscal Mirtha Guianze se limitó a señalar hoy que las afirmaciones del ex comandante en jefe del Ejército fueron 'correctas'.
Terra Actualidad - EFE
Junio 11, 2007
CIA flights: UK police chiefs accused of 'whitewash'
Police chiefs accused of 'whitewash' over British links to CIA torture flights
By Marie Woolf, Political Editor
Published: 10 June 2007
The police have been accused of "spinning" the facts on CIA torture flights after they claimed they had conducted an 18-month inquiry that found no evidence of collusion by Britain.
Shami Chakrabarti of the civil rights group Liberty accused chief police officers of a "whitewash" for having denied the UK had allowed the CIA to use its airports to take terror suspects to secret prisons. She questioned the timing of the statement, saying it was "miraculous" that, after 18 months, the police had released their findings just as the Council of Europe, the human rights organisation, found Britain did help the CIA fly terror suspects to prisons.
Last weekend, a plane repeatedly linked to CIA torture flights was spotted land- ing in the UK. The aircraft, which MEPs say has been involved in "ghost flights", was logged arriving at RAF Mildenhall in Suffolk.
The CoE report said the CIA ran dark prisons in Poland and Romania after 9/11, and Britain had provided support by allowing agency planes to land at UK military and civilian airports.
The Association of Chief Police Officers had said there was "no evidence UK airports were used to transport people by the CIA for torture in other countries".
Ms Chakrabarti said: "When politicians spin it is disappointing. When police engage in [similar] activity it is dangerous.This spin produced a whitewash."
Colombia ordered to pay millions in massacre case
BOGOTA, Columbia (Reuters) -- In a ruling hailed as a landmark by human rights advocates, the Colombian government has been ordered to pay damages over a 1989 massacre of state investigators by army-backed militias.
The Inter-American Court of Human Rights ordered more than $5 million in damages be paid to relatives of 12 investigators killed by right-wing paramilitaries in the northern hamlet of La Rochela.
The decision, which cannot be appealed, marks the first time the state has been found guilty of involvement in the murder of its own agents.
"The ruling shows that the state not only lacked the will to confront the paramilitaries, but that some officials colluded with them against the government's own investigators," said Michael Camilleri, who worked on the case for the Center for Justice and International Law in Washington.
The decision was made on May 11 but only came to light over the weekend. A government spokesman was not immediately available for comment.
The massacre shocked Colombia as it reeled under the first of what would be many waves of paramilitary violence.
The "paras" were organized in the 1980s to help defend rich Colombians from left-wing rebels funded by kidnapping and extortion. Both groups have since grown rich on this Andean country's multibillion-dollar cocaine trade.
The court, which is part of the Organization of American States, also ordered Colombia to do more to guarantee the security of agents investigating illegal armed groups that still control wide swathes of countryside.
"This decision highlights the inability of Colombia to get to the bottom this type of case on its own," said Jose Miguel Vivanco of New York-based Human Rights Watch.
The ruling came as President Alvaro Uribe is embroiled in a scandal in which members of his congressional coalition have been jailed for backing the paramilitaries.
The scandal has hurt his standing overseas, with Democrats in the U.S. Congress threatening to reduce aid to Colombia and to reject a free trade deal.
But Uribe, whose father was killed by Marxist rebels in the 1980s, remains popular at home for cutting crime as part of his U.S.-backed security crackdown and for striking a peace deal under which 31,000 paramilitaries have disarmed.
Thousands are killed and tens of thousands are displaced in Colombia's war every year.
Arg - Moreno: una militante social denunció el secuestro de su hijo de 8 años
La familia asegura que el menor fue capturado a la salida de escuela y llevado en un auto a un galpón, donde lo interrogaron sobre la militancia de sus padres en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. La jueza de menores que interviene en el caso todavía no pudo hablar con el chico.
La denuncia es grave. Según sostiene, un chiquito de 8 años fue secuestrado dos veces en menos de un mes como amenaza contra sus padres. La primera fue el 18 de mayo pasado. El hijo de una pareja de militantes de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste fue secuestrado al salir de la escuela, en el barrio Malvinas Argentinas.
Cuando estaba yendo hacia la parada del colectivo, a dos cuadras de la comisaría 2a de General Rodríguez, el menor fue arrebatado por la espalda y arrojado en el piso de un Ford Falcon blanco.
Siempre según la denuncia, luego lo llevaron a un galpón donde lo interrogaron sobre la militancia de sus padres y le advirtieron: "Que se dejen de joder o la próxima vez van a ser boleta los 5", en referencia a él y sus cuatro hermanos.
Su madre, Débora Bussolini, de 28 años, había ido esa mañana al médico en Capital. Cuando estaba regresando a su casa, encontró a su hijo caminando en la ruta y llorando.
"Llego a casa y él no estaba, entonces me preocupé. Voy para el lado de la ruta para ver si había habido algún accidente y, por un compañerito me entero de lo que había pasado. Recién aparece 18.57. Lo encuentro caminando por la ruta, lo dejaron en el barrio Agua de Oro", sostuvo Bussolini.
La mujer, que estaba embarazada, debió ser internada de urgencia y perdió a su bebé, según dijo a Clarín.com. La familia detalló que el pasado 5 de junio volvió a vivir una situación similar.
El nene estaba yendo hacia la escuela y fue nuevamente introducido por la fuerza un Ford Falcon color blanco.
La nueva denuncia sostiene que, "casi al mismo tiempo que el nene era dejado por sus captores en Agua de Oro, cerca de su casa, alguien llamó por teléfono a su domicilio y dijo a la hermanita: 'Ya les dijimos que se dejaran de joder con la militancia'".
La jueza a cargo del caso, Mirta Guarino, del Juzgado de Menores 3 de Moreno, todavía no pudo tomarle declaración al menor.
De todas maneras, los abogados que representan a la familia, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentaron un escrito ante el juzgado para que el caso pase a ser investigado por la Justicia Federal, tal como se hace en los casos de secuestro.
José Schulman, de la Liga, dijo a Clarín.com que la amenaza contra el menor y su familia se enmarca en la misma lógica de la desaparición de Jorge Julio López: "Una estrategia de intimidación al campo popular y los luchadores por los derechos humanos".
TIMELINE: CIA "renditions" and secret prisons
Fri Jun 8, 2007 7:58AM EDT
(Reuters) - A European investigator said on Friday he had proof the CIA ran secret prisons in Poland and Romania to interrogate suspects in its war on terrorism.
At the same time, an Italian court began trying 26 Americans in absentia over the alleged kidnapping and secret transfer of a terrorist suspect in 2003.
Here is chronology of events in the international controversy over CIA secret prisons for terrorist suspects and the use of U.S. "extraordinary renditions" to move detainees covertly around the world.
Nov 2005 - Washington Post reports CIA has been hiding and interrogating al Qaeda captives at secret facilities in Eastern Europe. Other media reports name Poland and Romania, which both deny hosting such centers.
May 2006 - U.S. judge dismisses lawsuit against former head of the CIA and several of its employees by German Khaled el-Masri, who says he was abducted and tortured by the agency, including being held for months in Afghanistan.
June 7, 2006 - Council of Europe investigator Dick Marty says in report that more than 20 countries, mostly in Europe, colluded in a "global spider's web" of secret U.S. CIA prisons and prisoner transfers. But he concedes he cannot prove his allegations that CIA ran secret prisons in Poland and Romania.
June 2006 - European Parliament committee backs draft report saying CIA or other U.S. services have been "directly responsible for the illegal seizure, removal, abduction and detention of terrorist suspects on the territory of (EU) member states".
Amnesty International says there is "irrefutable evidence of European complicity" with illegal U.S. renditions.
July 2006 - In the first arrests anywhere in connection with renditions, Italy arrests two of its intelligence officials for suspected involvement in alleged CIA kidnap of a terrorism suspect, Abu Omar, in Milan in 2003.
September 2006 - President George W. Bush acknowledges CIA has interrogated dozens of suspects at undisclosed overseas locations and says the last 14 of those held have been sent to U.S. military prison at Guantanamo Bay in Cuba.
December 2006 - Italian prosecutors ask a judge to order CIA agents and Italian spies to stand trial over Abu Omar kidnap.
Jan 2007 - German court orders arrest of 13 people, reported to be CIA agents, suspected of involvement in abduction of Khaled el-Masri in 2003-4.
Feb 2007 - European Parliament passes final report, after year of investigations, saying European governments and secret services accepted and concealed secret U.S. flights carrying terrorism suspects across Europe. Spain, Romania, Poland and Italy are among the countries most criticized.
June 2007 - Six human rights groups list 39 people they say have "disappeared" while in U.S. custody.
European investigator says he has proof Poland and Romania housed secret CIA prisons on behalf of the United States.
Twenty six U.S. citizens go on trial in absentia in Milan accused of kidnapping a Muslim in 2003 and flying him to Egypt. Italian spies, including the former head of the SISMI intelligence agency, are accused of helping the U.S. citizens carry out the so-called extraordinary rendition.
Phl - "Let Us Keep Vigil and Tear the Curtain of Darkness"
June 9, 2007
This statement is the unity statement of writers, artists and journalists regarding Jonas Joseph Burgos' (son of the late freedom fighter Jose Burgos) disappearance.
Let Us Keep Vigil and Tear the Curtain of Darkness
Quezon City, 09 June 2007
We are writers, artists and journalists. Our work thrives on the freedom of expression and of the press – which is among the foundations of any democracy.
History shows that the curtailment of freedom of expression and of the press is among the first steps taken by would-be dictators. It is no small wonder then that writers, artists and journalists have historically been among the fiercest opponents of authoritarianism.
On Feb. 25, 1986, the late dictator Ferdinand Marcos was ousted after three days of what has come to be known as the EDSA I uprising.
The struggle against the dictatorship, however, was not just three days. EDSA I was the culmination of more than a decade of anti-dictatorship struggle by the Filipino people, which took several forms at various times.
Among the key figures in the fight against the Marcos dictatorship were many of our fellow writers, artists and journalists – the likes of Romulo “Mulong” Sandoval, Lino Brocka, and Armando Malay to name just a few.
At this point in our country’s often-turbulent history, we are compelled to revisit the struggle for democracy waged by those who came before us, because the gains of that battle – which greatly benefited us – are now under attack.
This manifests, among other things, in the April 28, 2007 abduction of Jonas Joseph Burgos – son of the late press freedom hero Jose “Joe” Burgos, Jr. – in Quezon City by armed men. He was snatched while having lunch at Hapag Kainan Restaurant at Ever Gotesco-Commonwealth and dragged into a van with plate number TAB 194. He has not been seen since then.
Jonas is an agriculturist who teaches organic farming methods to peasants in Bulacan. The van with plate number TAB 194 had been impounded for some time at the headquarters of the Philippine Army’s 56th Infantry Battalion – which is based in Norzagaray, Bulacan – after being confiscated by the Department of Environment and Natural Resources (DENR) in anti-logging operations.
Jonas is not the first to fall victim to enforced disappearances. With 199 victims having been documented since 2001, he is the 16th victim this year alone.
The enforced disappearances are taking place alongside extra-judicial killings, now numbering more than 800 since 2001.
The victims were known in their communities as government critics. A good number were confirmed to have been active in cause-oriented groups, while the rest were not affiliated with any political organization. In several of the cases, state forces have been identified as the perpetrators.
The recent passage of an Anti-Terrorism Bill that defines terrorism so vaguely that even publishing or producing works with the slightest criticism of the government may be construed as a “terorristic” act should concern all who value the freedom of expression and of the press.
We are indeed at a dark chapter in our country’s history. We urge our fellow writers, artists and journalists to join us in keeping vigil and tearing the curtain of darkness in this night of our people.
Nepal - Recent SC orders crucial in ending impunity: NHRC
The National Human Rights Commission (NHRC) has said the two recent Supreme Court orders to the government in connection with enforced disappearances and the death of NHRC official Dayaram Pariyar in police firing are crucial in ending impunity.
“At a time when most of the recommendations of the Commission for compensation to the victims and their families and action against the guilty remain unimplemented, our office hopes that these court orders will prove to be milestones in ending impunity,” a statement issued by the NHRC said.
Deciding a number of similar writ petitions, the apex court had on June 1st ordered the government to pay compensation to the families of involuntarily disappeared persons and form an inquiry commission to bring the perpetrators to justice.
Likewise, the SC last week had ordered the government to take action against the security personnel found guilty of shooting NHRC official Pariyar to death during an agitation in Janakpur in March.
According to the International Committee of the Red Cross (ICRC), whereabouts of more than 800 missing during the insurgency remain still unknown.
Almost all involuntary disappearances by the state occurred during the decade-long Maoist insurgency. nepalnews.com mk June 11 07
Sri Lanka abuses probe substandard, experts warn
11 Jun 2007 14:00:00 GMT
Source: Reuters
By Simon Gardner
COLOMBO, June 11 (Reuters) - A Sri Lankan probe into a series of rights abuses blamed on the security forces and Tamil Tiger rebels is riddled with flaws and fails to meet international standards, foreign observers said on Monday.
Experts nominated by the international community to observe a presidential commission probing abuses -- including the massacre of 17 aid workers that Nordic truce monitors have blamed on the military -- saw "hardly any noticeable progress".
"We remain concerned the current measures taken by the government of Sri Lanka and the commission to address issues such as the independence of the commission, timeliness and witness protection are not adequate and do not satisfy international norms and standards," the panel said in statement.
The panel said it was also concerned that the Attorney-General's department acts as legal counsel to the commission, appointed by President Mahinda Rajapaksa amid outrage over the aid worker killings and widespread rights violations.
The fact that members of the Attorney-General's department now aiding the probe were involved in initial investigations into some of the 16 rights abuse cases being probed, means they might find they were investigating themselves, tha panel added.
"We consider these to be serious conflicts of interest, which lack transparency and compromise national standards of independence and impartiality," it said.
WITNESS SAFETY
The experts were also worried by what they said were insufficient measures to ensure the protection of witnesses, particularly as reports of abductions and disappearances mushroom.
"We are concerned that there are no adequate victim and witness protection provisions under Sri Lankan law," the 11-member panel said.
The presidential commission and Attorney-General both issued statements of their own in response, rejecting the criticism and saying they believed international standards had been met. The commission established a witness assistance unit this month.
"That response isn't good enough, clearly," British Foreign Office Minister Kim Howells told reporters during a visit to the island on Monday.
"I very much hope that the Sri Lankan government will think again on that," he added, after meeting Rajapaksa and handing him a letter from British Prime Minister Tony Blair repeating Britain's offer to help find a political solution to the conflict.
Rights groups have reported hundreds of abductions and disappearances blamed on both sides. Rajapaksa argues many of those reports are fake and designed to discredit his government and denies the security forces are involved.
The panel's harsh review of the probe comes against a backdrop of rights violations, assassinations and heavy fighting between state forces and separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
The massacre of 17 local staff of Action Contre La Faim (Action Against Hunger) in August 2006 was the worst attack on aid workers since a 2003 suicide bombing of the U.N. headquarters in Baghdad.
In the days after the killings, Nordic truce monitors were prevented from reaching the site in the northeastern town of Muttur. They are convinced only the security forces could have been behind the killings, something the government strenuously denies.
The bodies have been exhumed and examined by forensic experts. But no arrests have been made.
Rights groups warn of rise in abductions in Philippines
By Carlos H. Conde
Published: June 11, 2007
MANILA: Berlin Guerrero has been an activist for much of his adult life. Aside from being a pastor for a Protestant church in Laguna, a province just south of Manila, he has also been involved in protests and in organizing Bayan Muna, the Philippines' largest leftist party.
But nothing prepared him for what happened on May 27. He had just attended a service that day when a van without license plates cut into his path. Several men got out, dragged him into the vehicle and sped away, leaving behind Guerrero's horrified wife and children.
In the next 12 hours, Guerrero recounted in a sworn statement he released three days later, he was tortured and accused of being a Communist.
Guerrero's abduction and his claims of torture highlighted what human rights groups consider to be a resurgence of "enforced disappearances" and torture in the Philippines, which many Filipinos thought had ended with the ouster of President Ferdinand Marcos in 1986. His dictatorship was responsible for the disappearance of more than 1,500 people, according to human rights groups.
"Abductions are on the rise. There were more abductions than killings in the last three months," said Renato Reyes Jr., secretary-general of Bayan, an alliance of leftist groups.
The number of documented abductions, according to Desaparecidos, a group of relatives of the disappeared, has been increasing, from 7 in 2001 to 28 in 2004, the year the administration of President Gloria Macapagal-Arroyo began to be besieged by allegations that she rigged the 2004 presidential vote.
Last year, 75 were abducted, the group reported.
So far this year, it said, 19 have been kidnapped by people suspected of being military agents, 10 of them in May, including Guerrero.
Two turned up dead.
Moreover, most of the victims of the disappearances - 106 of the 198, according to Desaparecidos - are farmers and workers identified with leftist groups and labor unions, a majority of them from provinces that are among the most militarized in the country.
Prior to this wave of abductions, the human rights situation in the Philippines had been characterized by a series of extrajudicial killings of leftists, which are also blamed on the military. Nearly 900 people have been summarily executed since Arroyo took power in 2001, according to Karapatan, an alliance of Philippine human rights groups. In recent months, the killings have generated international attention, embarrassing the administration.
The abductions and torture in the past three weeks suggest, according to Reyes, a possible shift in strategy by state security forces designed to blunt the international outrage at the killings but at the same time continue "to strike fear in the hearts of critics," Reyes said. "The perpetrators have resorted to quiet abductions instead of high-profile assassinations," he said.
Last week, France urged the Philippines to ratify the United Nations' International Convention on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearances. "We do regret and condemn disappearances anywhere in the world," Gérard Chesnel, the French ambassador to the Philippines, said last week. "It's something that democratic countries cannot accept."
The European Union, which has been consistently monitoring the human rights situation in the Philippines, will send a team of experts to Manila this month to determine whether the government needs assistance to address human rights problems.
"Hardly a day goes by without a fresh reminder of the essential importance of human rights in this country," Alistair MacDonald, head of the EU delegation to Manila, told Agence France-Presse last month.
The Roman Catholic Church has also weighed in. Archbishop Angel Lagdameo, president of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, expressed outrage over the disappearances, which he said "shamed and saddened" the church.
Felixberto Calang, a Protestant bishop and human rights advocate, maintains that these disappearances are part of a campaign against political dissenters by the state. "It is doing so with impunity, without fear of accountability, and in full view of the international community that has repeatedly condemned the country's darkening human rights record," he said.
The military has repeatedly defended itself against the allegations, saying last month that it does not condone human rights violations and that "any soldier found guilty of such will face the full force of the penalty corresponding to his crime." It challenged its accusers to file charges in court.
Army officials did not respond to repeated efforts to contact them.
The Arroyo administration cited Manila's re-election to the UN Human Rights Council as evidence that it was working to investigate human rights violations.
"The Philippines' re-election to the council is a clear vote of confidence for the Philippines and President Arroyo's efforts to move forward the global agenda of upholding and protecting human rights," said Alberto Romulo, Arroyo's secretary for foreign affairs. The Human Rights Council was formed in 2006 to address human rights issues. Its 47 members, who will serve for three years each, are elected by a majority of the UN General Assembly.
Guerrero, 40, recounted that his captors repeatedly hit him with all sorts of objects, including a water bottle. His captors also put a plastic bag over his head. "They threatened to kill me, burn me or bury me," he said. The men took his laptop and replaced its contents with subversive documents, he said. "They called me 'pastor impostor,' " Guerrero said.
The country's police chief, Oscar Calderon, promised last week to investigate the Guerrero incident.
"This matter is being looked into, and we will file cases against those who will be found guilty," Calderon said.
Since Guerrero's abduction, two more activists have disappeared. One, Gabriel Rey Cardiño, a Bayan Muna official in Cotabato Province, in the south, was snatched on June 6. Two days later, Cardiño, 27, was found wandering along a highway, shocked and bruised.
Groups Sue US Over Fate of 39 'Disappeared'
by Jim Lobe
Three human rights groups sued the US government Thursday to force it to disclose what it knows about the fate of more than three dozen detainees in the "global war on terror" who are believed to have been held by the Central Intelligence Agency (CIA) in secret prisons at some point over the past five years and who remain unaccounted for.
The three New York-based groups – Amnesty International USA, the Center for Constitutional Rights, and the International Human Rights Clinic of New York University School of Law – filed their suit under the Freedom of Information Act, alleging that the government is withholding documents that can shed light on what happened to the 39 "disappeared" detainees and where they might be found.
"What we're asking is where are these 39 people now, and what's happened to them since they 'disappeared'?" said Joanne Mariner, Terrorism and Counterterrorism director at Human Rights Watch, which, while not a plaintiff in the case, contributed to a report, also released Thursday, that forms the basis of the lawsuit.
"It is already a serious abuse to hold them in secret CIA prisons. Now we fear they may have been transferred to countries where they face further secret detention and abuse," she added.
The 21-page report, to which two other groups – London-based Cageprisoners and Reprieve – also contributed, details the names and other information about 39 people who "disappeared" after their apprehension. Most were detained in Pakistan between 2001 and 2005.
The report, entitled "Off the Record", also records the detention of the wives or young children – in one case, as young as six months old – of several of the detainees. The six groups said it was the most comprehensive listing of detainees who have disappeared that has been compiled since the launch of the war on terror in late 2001.
"The duty of governments to protect people from acts of terrorism is not in question," said Amnesty's senior research director, Claudio Cordone, in London. "But seizing men, women and even children, and placing people in secret locations deprived of the most basic safeguards for any detainees most definitely is. The US administration must end this illegal and morally repugnant practice once and for all."
For its part, the CIA declined to confirm or deny the accuracy of the information presented in the rights groups' report.
"When it comes to the CIA and the fight against terror, there's no shortage of inaccurate allegations," said the agency's spokesman, Paul Gimigliano. "The plain truth is that we act in strict accord with American law, and that our counter-terror initiatives – which are subject to careful review and oversight – have been very effective in disrupting plots and saving lives."
The report comes amid renewed controversy over the George W. Bush administration's detention practices on a number of fronts.
On Friday, the long-awaited prosecution in absentia of 25 CIA operatives, as well as Italy's former intelligence head, alleged to have abducted an imam off the streets of Milan in February 2003 as part of Washington's program of "extraordinary rendition", will get underway in northern Italy's largest metropolis. The imam, Hassan Mustafa Osama Nasr, was flown to Egypt where, according to his account, he was severely tortured during interrogation before being released to house arrest.
On the same day, the Council of Europe's chief investigator of the extraordinary rendition program's operations in Europe, Swiss senator Dick Marty, is expected to release his latest report on the CIA's use of secret prisons, or so-called "black sites", in Europe, notably in Poland and Romania.
At home, the CIA's methods have also come under renewed attack. Late last month, the government's Intelligence Science Board released a blistering report criticizing the harsher interrogation techniques used by the CIA – ranging from stress positions and sleep deprivation to exposure to heat and cold and so-called water-boarding – as ineffective and even counterproductive. Rights groups have called such methods torture, while Secretary of State Condoleezza Rice's former counselor, Philip Zelikow, denounced them as "immoral" during a widely-noted lecture the previous month.
Meanwhile, the Senate Intelligence Committee issued a report just last week which questioned the value of the CIA's secret detention and interrogation program, suggesting that whatever gains it has made in obtaining intelligence are outweighed by the negative publicity it has generated and the likelihood that it has also elicited false information.
Finally, the American Civil Liberties Union last week sued a subsidiary of Boeing involved in the CIA's rendition program on behalf of three individuals, including an Egyptian, Ethiopian, and an Italian who were captured in one country and then sent to secret detention sites where they were allegedly tortured.
Like torture, enforced disappearance – a practice initiated by the Nazis under the notorious "Night and Fog" decrees that became widely used by military dictatorships against suspected political dissidents in Latin America in the 1970's – violates a number of human rights treaties ratified by the US
"Since the end of Latin America's dirty wars, the world has rejected the use of 'disappearances' as a fundamental violation of international law," said Meg Satterthwaite, director of New York University's human rights program"Despite this universal condemnation, our research shows that the United States has tried to vanish both the people in this report, and the rule of law. Enforced disappearances are illegal, regardless of who carries them out."
Bush himself publicly acknowledged for the first time last September that the CIA has operated secret prisons in various parts of the world, when he announced the transfer of 14 "high-value" detainees, including the alleged 9/11 mastermind, Khalid Sheikh Mohammed, from CIA custody to the military detention facility at Guantanamo Bay, Cuba.
At the time, he insisted that no other detainees were being held by the CIA, although the agency reportedly transferred yet another alleged senior al-Qaeda operative, Abd al-Hadi al-Iraqi to Guantanamo in April. This suggested that he had also been held for some time, although probably in some form of "proxy detention" in a third country, rather than a CIA-controlled "black site".
More than a hundred terrorist suspects are believed to have been subject to the rendition program, but most of those eventually were sent to Guantanamo or released or otherwise have been accounted for.
Of the 39 who remain unaccounted for, the report divided them into three groups – three whose detention by the US was officially acknowledged at one time; 18 about whom there is strong evidence, including witness testimony, that the US held them in secret detention; and the remainder about whom there is some evidence of their being held by the US in secret detention.
Although most of the individuals on the list were originally detained in Pakistan, many are nationals from other countries, including Egypt, Kenya, Libya, Morocco, and Spain. Other initial seizures took place in Iran, Iraq, Somalia, and Sudan.
Regarding cases where family members of terrorist suspects have been held, the report noted that some have been released, while others remain unaccounted for.
The seven- and nine-year-old sons of Khalid Sheikh Mohammed were reportedly apprehended by Pakistani security forces in September 2002 and subsequently questioned about his possible whereabouts. After his capture, according to the report, they were used by the CIA as "leverage to force their father to cooperate with the United States."
(Inter Press Service)
Pry - Buscan el paradero de las víctimas de la dictadura
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Asesinados por Razones Políticas del Paraguay (FADDAPY) busca a más de 500 personas detenidas, desaparecidas y asesinadas durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner. Invita a la ciudadanía a testimoniar sobre los abusos y atropellos cometidos durante el régimen stronista (1954-1989).
En visita a nuestra redacción, Federico Tatter, integrante de la asociación, e hijo de una de las víctimas de la dictadura stronista, explicó que de las más de 500 personas, 350 han desaparecidos desde la implantación del terrorismo de Estado en el Paraguay, y más de 150 desde la implantación de los gobiernos militares en la Argentina. “Ese es el cometido actual”, dijo.
Explicó que la agrupación viene luchando desde hace más de 30 años por la localización de los desaparecidos en Paraguay y en la Argentina.
Aclaró que varias organizaciones son antecedentes de la FADDAPY y que la misma se reagrupó desde el 2006.
Actualmente la agrupación es miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (FEDEFAN), con sede en Caracas, Venezuela.
Dijo también que trabajan estrechamente con la Comisión de Verdad y Justicia, y que para ello presentarán al Parlamento anteproyectos de ley.
Uno lo presentaron en marzo de este año, que busca protección contra las desapariciones forzadas en el periodo 1954-89, que actualmente no cubre la legislación paraguaya.
“La mayoría de los desaparecidos en ese periodo no están defendidos por la legislación paraguaya”, apuntó.
Parque de la memoria
Indicó que también están trabajando con otras organizaciones de derechos humanos en la redacción de un proyecto de ley de creación de un parque de la memoria, que recuerde y otorgue un merecido reconocimiento a todos los desaparecidos y asesinados del Paraguay, todos aquellos hitos de resistencia del periodo dictatorial 1954-1989 (periodo en que el Gral. Alfredo Stroessner gobernó con mano dura el Paraguay).
Igualmente, Tatter explicó que están promoviendo la adhesión, por parte del Estado paraguayo, de dos convenciones importantes. Una de ellas es contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este instrumento, según tienen conocimiento, está siendo preparado para su envío a consideración del Parlamento. El otro instrumento sobre el cual están trabajando es en la efectiva aplicación e inter nalización de la recientemente aprobada convención contra las desapariciones forzadas.
Resaltó que este instrumento fue aprobado por unanimidad en la Organización de las Naciones Unidas (NN.UU.) y que nuestro país es uno de los primeros en aprobar esa convención.
Recordar a los héroes civiles
Otro de los temas importantes abordados por Tatter fue el trabajo que realizan para sensibilizar a autoridades municipales y nacionales sobre la debida recordación a los héroes civiles que han caído en la lucha.
En ese sentido, anunció la presentación en la Junta Municipal de Asunción una propuesta para el cambio de nominaciones de calles que aún llevan nombres de represores y dictadores, por el de detenidos y desaparecidos. Concretamente, habló de sustituir el nombre de Chan Kai Shek (avenida capitalina) por el de Esther Ballestrino de Careaga, paraguaya desaparecida en la Argentina.
“Todas estas acciones tienen, a través de mantener viva la memoria, crear un muro de contención frente al retorno del autoritarismo y el militarismo en nuestro país”, puntualizó.
Invitación a la ciudadanía para dar testimonios
Señaló que el apoyo que están brindando a la Comisión de Verdad y Justicia es crear una corriente para invitar y rogar a personas familiares de detenidos desaparecidos y considerados víctimas o no de la dictadura, a dar su testimonio sobre lo que pudo haber ocurrido con esa misma persona o con su familiar.
“El testimoniar sobre el pasado reciente tiene un valor intrínseco fundamental sobre esas violaciones”, significó.
Reconoció que en nuestro país todavía hay ciudadanos que tienen cierta reticencia, por dolor, a recordar lo que le ha ocurrido. “Les cuesta y le produce enorme dolor interno poder testimoniar, pero es muy importante para toda la ciudadanía conocer, es un derecho de la sociedad conocer estos testimonios”, afirmó.
Denuncias y testimonios
Invita a quienes tengan algo que testimoniar sobre los abusos y atropellos cometidos por agentes del gobierno, recurrir al local de la Comisión de Verdad y Justicia, situado en Brasilia 444 casi España o contactando a los teléfonos 206.237 y 203.778, donde hay equipos encargados de tomar los testimonios.
Lanzamiento de cuadernos de la represión stronista
El viernes pasado fueron lanzados dos cuadernos que testimonian los tristes hechos de la represión stronista. El acto se realizó en el Centro Cultural “Juan de Salazar”. La redacción e investigación está a cargo de Carlos Pérez Cáceres con apoyo de la Coordinación de Derechos Humanos de la Cordillera.
Los cuadernos contienen testimonios y fotos inéditas de actos de represión del gobierno del Gral. Stroessner. Incluyen además recortes periodísticos del diario Patria (vocero del Partido Colorado oficialista) y facsímiles de decretos y resoluciones de la dictadura stronista que atropellaban los derechos humanos.
http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=335866&ABCDIGITAL=64cdf7b37f4d6239d016b916de03832d
Arg - Un tucumano presenta su libro sobre Desaparecidos de última Dictadura
Este viernes 13, a las 20 hs, en el Centro Cultural Rougés, Laprida 31 será la presentación del libro "La Canción de Trilce" de Héctor Arturo Cabot . Es docente y escritor, nació el 20 de Abril de 1945, en San Miguel de Tucumán. Ha publicado unos cinco libros, obtuvo premios y sus textos han sido incluidos en antologías nacionales y extrajeras. "La Canción de Trilce", es su última novela y narra la historia de Rosa Delia Cabot, su prima desaparecida el 10 de junio de 1976 en Buenos Aires. La presentación del libro estará a cargo de la Dra. María del Carmen Tacconi de Gómez y de la Escritora Honoria Zelaya de Nader.
Demandan a EEUU por desaparecidos
Desaparecidos de la guerra contra el terror
Por Jim Lobe
WASHINGTON, 8 jun (IPS) - El gobierno de Estados Unidos afronta ante la justicia una demanda para que revele el paradero de al menos 39 detenidos-desaparecidos en el marco de su "guerra contra el terrorismo".
Las tres organizaciones de derechos humanos a cargo de la querella estiman que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene desde hace cinco años a los desaparecidos en cárceles secretas.
El capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Nueva York, entablaron la demanda en el marco de la ley de Libertad de Información.
Las tres organizaciones con sede en Nueva York sostienen que el gobierno retiene documentos que pueden contribuir a conocer el destino de 39 detenidos- desaparecidos y proporcionar datos sobre su paradero.
"Queremos saber dónde están esas 39 personas ahora y qué les pasó desde el momento de su desaparición", señaló Joanne Mariner, a cargo de investigaciones sobre terrorismo y antiterrorismo de la organización Human Rights Watch (HRW).
A pesar de no ser demandante, HRW contribuyó con un informe sobre el que se basa el proceso, publicado el jueves, el mismo día en que se presentó la querella.
"Ya es un grave abuso mantenerlas en prisiones secretas de la CIA. Y ahora tememos que las puedan haber transferido a países donde pueden seguir en cárceles secretas y más abusos", añadió.
El informe de 21 páginas, para que el que realizaron aportes también las organizaciones Cageprisioners y Reprieve, ambas con sede en Londres, menciona la identidad y otros datos de 39 personas desaparecidas tras su detención.
En su mayoría fueron apresados en Pakistán entre 2001 y 2005.
El documento "Off the Record" ("fuera de registro", en inglés) también registra la detención de esposas o hijos, e incluso el caso de un bebé de seis meses, de las personas que fueron apresadas.
Las seis organizaciones indicaron que se trata del listado más completo de personas detenidas-desaparecidas que se haya compilado desde que Estados Unidos declaró su guerra contra el terror en 2001.
"Nosotros no cuestionamos el deber del gobierno de proteger a las personas de atentados terroristas", declaró desde Londres el director de investigaciones de Amnistía, Claudio Cordone.
"Pero sí se cuestiona el secuestro de hombres, mujeres y hasta niños y el hecho de mantenerlos en prisiones secretas privándolos de los derechos más básicos de cualquier detenido. El gobierno de Estados Unidos debe terminar de una vez por todas con esa práctica ilegal y moralmente repugnante", enfatizó.
Por su parte, la CIA se negó a confirmar o desmentir la veracidad de la información de la investigación de las organizaciones de derechos humanos.
"Cuando se trata de la CIA y de la lucha antiterrorista, no faltan acusaciones de inexactitudes", alegó el portavoz de la agencia, Paul Gimigliano.
"La verdad lisa y llana es que actuamos de acuerdo con la legislación estadounidense y que nuestras iniciativas antiterroristas, sometidas a un cuidadoso análisis y supervisión, han sido muy eficaces para desbaratar conspiraciones y salvar vidas", añadió.
La publicación del informe coincide con una renovada polémica por varios aspectos de las prácticas de detención del gobierno de George W. Bush.
Este viernes comenzó en la septentrional ciudad italiana de Milán el tan esperado proceso en ausencia de 25 agentes de la CIA y del ex jefe de Inteligencia de Italia por el supuesto secuestro de un imán en las calles de esa ciudad en febrero de 2003.
El hecho se habría enmarcado en el programa de Washington de "entregas extraordinarias", que consiste en la detención de un sospechoso en un país y su entrega a las autoridades de otro donde la tortura y los tratos inhumanos son habituales.
El imán Hassan Mustafa Osama Nasr fue trasladado a Egipto donde, según sus relatos, fue torturado durante un interrogatorio antes de ser liberado bajo arresto domiciliario.
En el ámbito local, la CIA también es cuestionada.
El mes pasado, la gubernamental Junta de Ciencia de la Interrogación publicó un duro informe que cuestiona las técnicas violentas utilizadas por la agencia porque no son efectivas y son contraproducentes.
Las organizaciones de derechos humanos las calificaron de tortura y el ex asesor de la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice, Philip Zelikow, las había considerado "inmorales".
Mientras, el Comité de Inteligencia del Senado publicó la semana pasada un informe que cuestiona el valor del programa de interrogatorios y detenciones secretas de la CIA.
Además, sugiere que la información de inteligencia obtenida por estos medios no compensan la publicidad negativa ni evitan la recaudación de datos falsa.
Por último, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó la semana pasada a una subsidiaria de la aerolínea Boeing, involucrada en el programa de entregas extraordinarias de la CIA, en representación de un egipcio, un etiope y un italiano trasladados a cárceles secretas donde habrían sido torturados.
Al igual que la tortura, las desapariciones forzosas violan varios tratados de derechos humanos ratificados por Estados Unidos.
Esa práctica se inició con el conocido decreto "Nacht und Nebel" ("noche y niebla"), del régimen nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y fue muy utilizado por las dictaduras militares de América Latina en los años 70 para eliminar opositores.
El propio Bush reconoció por primera vez en septiembre de 2006 que la CIA tenía prisiones secretas en varias partes del mundo.
Bush anunció entonces la transferencia de 14 presos destacados, incluido el supuesto estratega de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, Khalid Sheikh Mohammed, de una cárcel de la CIA al centro de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Cientos de supuestos terroristas habrían sido detenidos y trasladados en el marco del programa de entregas extraordinarias, aunque la mayoría de ellos enviados luego a Guantánamo, liberados o habrían corrido otra suerte, según las explicaciones oficiales.
El informe reagrupa en tres categorías a las 39 aún desaparecido. Tres de ellos pertenecen al grupo de los que Estados Unidos en algún momento reconoció, a nivel oficial, haber detenido, de otros 18 hay pruebas sólidas, incluidos testimonios de testigos, de que permanecieron en prisiones secretas.
Del resto existe alguna prueba de que están en algún centro de detención secreto.
La mayoría de esas personas habrían sido originalmente detenidas en Pakistán. Figuran ciudadanos de Egipto, Kenia, Libia, Marruecos y España. También se habrían realizado secuestros en Irán, Iraq, Somalia y Sudán.
Respecto de los casos en que familiares de presuntos terroristas habrían sido detenidos, el informe señala que algunos fueron liberados y otros no aparecen.
Los hijos de siete y nueve años de Khalid Sheikh Mohammed habrían sido apresados por las fuerzas de seguridad pakistaníes en septiembre de 2002. Y una vez que él fue secuestrado, según el informe, los niños fueron utilizados por la CIA para "obligar al padre a cooperar con Estados Unidos". (FIN/IPS/traen-vf-mj/jl/ks/na mm ip sp hd/07) (FIN/2007)
El Supremo estudiará el miércoles la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar al ex represor Cavallo en España
Redacción / EP
El Tribunal Supremo estudiará el miércoles la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente para juzgar al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo en España por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983). En el juicio que se iba a celebrar en España antes de esta decisión la Fiscalía tenía previsto solicitar penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión por los delitos de genocidio y terrorismo.
El alto tribunal deliberará a puerta cerrada los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía y las acusaciones personadas en el caso por infracción de precepto constitucional y de los tratados internacionales contra la negativa de esta sede judicial de juzgar al ex militar argentino, quien se encuentra en prisión provisional en España desde junio de 2003, fecha en la que fue extraditado por México, lugar en el que residía.
La Sala que revisará el recurso estará compuesta por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y José Manuel Maza, que será el ponente de la resolución que se adopte al respecto.
En su recurso, el Ministerio Público considera que el auto dictado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia que estimaba la declinatoria de jurisdicción promovida por la defensa de Cavallo, ejercida por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, "no es ajustado a derecho en términos de estricta observancia de la legalidad".
En el anuncio del recurso, la Fiscalía señaló que el auto incurre en "infracción de precepto constitucional" del artículo 24 de la Constitución sobre la tutela efectiva, puesto que el procedimiento en España se encuentra en fase "avanzada" al sólo faltar señalar la fecha de inicio del juicio, mientras que en Argentina las causas en las que sólo aparece citado se están empezando a investigar.
LUGAR DONDE SE COMETIÓ EL DELITO.
Pese a reconocer la competencia de la justicia española para perseguir delitos de genocidio y terrorismo, la Sección Tercera de lo Penal sostenía que en el caso del ex militar argentino, en prisión provisional en España desde junio de 2003, tenía prioridad el principio del lugar donde se ha cometido el delito por encima de cualquier otro criterio.
Cavallo está imputado en Argentina en varias causas por los hechos ocurridos durante la dictadura militar en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). En este periodo, la ESMA sometió a numerosas personas a privación ilegal de libertad, condiciones inhumanas de vida, torturas físicas y psíquicas y otras acciones realizadas en el marco de los delitos de lesa humanidad.
Las autoridades argentinas solicitaron su extradición por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental del Código Penal español vigente de 1995. Como Cavallo fue extraditado de México a España en su día, el país norteamericano debe autorizar su entrega a Argentina.
Marchan en México por la llamada "guerra sucia"
México, 10 de junio.- Unos mil mexicanos marcharon hoy para exigir justicia por los muertos y desaparecidos del llamado "Halconazo", una matanza de estudiantes ocurrida en la capital el 10 de junio de 1971.
Un grupo de estudiantes y maestros marchó hoy desde distintos puntos del Distrito Federal con rumbo al zócalo capitalino en memoria de las víctimas de uno los episodios más violentos de la llamada "guerra sucia" que afectó a México entre finales de los años 60 y principios de los 80.
Maestros pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y alumnos del Instituto Politécnico Nacional portaron mantas con los rostros de las víctimas de esa matanza perpetrada en el centro de la capital mexicana por fuerzas leales al gobierno, en la que murieron entre 17 y 40 estudiantes.
La movilización, en la también participaron algunos sindicatos, obligó al cierre temporal de algunas arterias viales de la ciudad.
Los manifestantes, varios de los cuales portaron carteles con los rostros de Stalin, Lenin y Marx, aprovecharon para expresar su rechazo a una reforma de ley, recientemente aprobada, que modifica el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.
Tania Ramírez, de H.I.J.O.S, una organización de familiares de desaparecidos, dijo a Efe que es importante "hacer un ejercicio de memoria" para que se sepa que no olvidan.
"Por el hecho de que nadie haya sido juzgado ni haya una condena social, para nosotros es importante seguir reclamando a los desaparecidos porque cada vez parece que se hace más lejana la posibilidad de conseguir justicia", indicó.
"La cadena de la impunidad permite que las personas sigan haciendo este tipo de cosas", apuntó.
Ramírez encabezó ayer una protesta frente al Campo Militar número 1, una base del Ejército en la que asegura fueron secuestrados y torturados varios disidentes del gobierno y donde supuestamente desapareció su padre, Rafael Ramírez Duarte, hace 30 años.
El grupo paramilitar conocido como los "Halcones" fue formado por Manuel Díaz Escobar, quien actualmente tiene el grado militar de general y no ha sido procesado por los hechos.
La Fiscalía mexicana investigó la "guerra sucia" e incriminó en su momento por genocidio al ex presidente mexicano Luis Echeverría (1970-76), pero la justicia desestimó ese cargo y eximió al ex mandatario y a otros funcionarios civiles y jefes militares implicados en la causa.
El ex gobernante también fue encausado y absuelto por la llamada "matanza de Tlatelolco", ocurrida en Ciudad de México el 2 de octubre de 1968, poco antes de los Juegos Olímpicos.
Ese día, militares y paramilitares disolvieron a sangre y fuego una manifestación estudiantil, con el resultado de decenas de muertos y centenares de presos y desaparecidos. (Con información de EFE/CFE)
Junio 10, 2007
RD - Comienza fase de investigar crímenes de tiranía trujillista
POR RADHAMÉS GONZÁLEZ
El procurador general adjunto, doctor Bolívar Sánchez Veloz, designado por el procurador general de la República para investigar las torturas, muertes y desapariciones de antitrujillistas durante la era de Trujillo, inició sus indagatorias esta semana, tras una querella que en ese sentido incoaron 5 fundaciones patrióticas.
Sánchez Veloz dijo que inició sus indagatorias interrogando a personas cuyos nombres son citados en el documento entregado el pasado 30 de mayo, al procurador general Radhamés Jiménez Peña, quien accedió de inmediato y lo encargó de las investigaciones sobre el particular.
Dijo que inició su labor el fin de semana pasado interrogando a algunas de las personas citadas en el documento-querella, pero se abstuvo de citarlas por sus nombres a la espera de que esté más avanzado el proceso.
En la querella puesta en manos del procurador las fundaciones patrióticas citan los nombres del ex coronel Luis José León Estévez, César Rodríguez Villeta, Cándido Torres y José Angel Rodríguez Villeta, entre otros, como presuntos participantes en muertes, torturas y desapariciones de opositores a la tiranía de Trujillo.
El procurador adjunto declaró que las fundaciones patrióticas que radicaron la querella hicieron un adéndum en el que agregan nuevos nombres de personas que presuntamente habrían participado en muertes, torturas o desapariciones de antitrujillistas, antes o después de los acontecimientos que siguieron al ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo.
Sánchez Veloz declaró que las fundaciones patrióticas prometieron seguir aportando nuevas pruebas que serían agregadas como adéndum a la querella radicada inicialmente el 30 de mayo pasado, fecha en la que se cumplieron 46 años del ajusticiamiento de Trujillo.
Declaró a este diario que muchos ciudadanos están aportando sus versiones o testimonios, señalando nombres específicos de personas que habrían tenido participación en la muerte, desaparición o torturas cometidas contra luchadores antitrujillistas.
Col - Justicia condenó a 37 años a jefe paramilitar desaparecido hace dos años
La Justicia colombiana condenó a 37 años y nueve meses de prisión al jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', en paradero desconocido desde hace dos años, por el asesinato en 2001 de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, informaron hoy medios locales.
La sentencia fue emitida por el juzgado penal de Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre (norte), en donde trabajaba la funcionaria judicial.
Paternina llevaba a cabo la investigación por la matanza de 27 personas perpetrada en la aldea de Chengue (Sucre) en enero de 2001, que fue atribuida a un grupo de cerca de 80 paramilitares.
La fiscal fue asesinada de varios disparos en Sincelejo el 29 de agosto del mismo año.
'Cadena', jefe del la facción paramilitar de ultraderecha 'Héroes de los Montes de María', desapareció en julio del 2005 cerca de Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, limítrofe con Sucre y su vehículo apareció incinerado.
En Santa Fe de Ralito se concentraban entonces, para su desmovilización, distintos grupos de paramilitares de la organización armada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El juzgado determinó además pedir a la fiscalía que investigue disciplinaria y penalmente al jefe de seguridad del Cuerpo Técnico de Investigaciones en el momento del asesinato de la fiscal, Luis Alberto Jiménez Ospina, por falso testimonio y por no dar a la víctima la seguridad que requería.
Contra Mercado Pelufo se instruyen otros procesos por homicidios y desapariciones forzosas de personas, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en el norte del departamento de Sucre.
Terra Actualidad - EFE
Arg - "Esa voz la presencié durante las torturas"
09-06-2007 23:10 | Memoria
Tal como adelantó 0223.com.ar, comienzan los juicios penales contra represores en Mar del Plata. Se trata del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea , Gregorio Rafael Molina, respecto de quien el juez Federal Alejandro Castellanos dispuso la elevación a juicio de la causa en la que se lo investigó por los supuestos delitos de dos Homicidios agravados por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas (los casos de los abogados Centeno y Candeloro), privación ilegitima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos en 38 casos e imposición de tormentos a los presos agravado por ser estos perseguidos políticos (38 hechos). Éste será el primer juicio oral y público a un represor en nuestra ciudad.
Una de las víctimas de estos hechos, constituido como querellante en el expediente, Julio D´Auro, recordó en declaraciones FM De la Azotea que este represor se hacía llamar Charly, porque tenía un aspecto muy parecido a Charles Bronson. Asimismo contó que “era el segundo de Tolosa, que después murió en un enfrentamiento y creo que después de la muerte de ese jefe militar tuvo la oportunidad de ejercer una jefatura hasta que vino otro a reemplazarlo. Pero él estaba como jefe de la guardia y la patota de lo que se denominó la Cueva , ese centro clandestino de detención que estaba en la Base Aérea ”.
El ex detenido también reconoció que se llega a esta instancia a partir de los testimonios brindados durante las audiencias del Juicio por la Verdad y explicó de qué manera se lo reconoció. “En mi caso yo no estuve en presencia de él, no pude decir cómo era su fisonomía, sí se destacaba por la voz, muy potente. Esa voz la presencié durante las torturas que me produjeron y durante una 'entrevista' en la que me preguntaron datos sobre mi persona. Con el tiempo, cuando la Cámara Federal lo llamó a testimoniar reconocí inmediatamente su voz. Además compañeras como Leda Barreiro y Marta García lo identificaron concretamente por eso mismo y por otras cuestiones que ellas conocen a fondo”, comentó.
Preguntado acerca de la posibilidad de que este tipo de causas se multipliquen con respecto a otros civiles y militares que participaron de la represión en esos años, Julio D´Auro respondió que “tenemos esa esperanza. Esta es una cuestión muy especial. Nosotros estábamos todos tabicados, encapuchados, puestos en lugares donde no teníamos luz, no teníamos posibilidades de ver, es decir veíamos cosas pero esto ha pasado hace treinta y pico de años. Así que nosotros la esperanza la tenemos porque vemos que de alguna manera así como lo identificamos claramente a este hombre, también tenemos otros datos que hacen presumir que algunos más van a pasar por la Justicia. Pero no es fácil”.
EU team in Philippines to “assess” murders
9 June 2007 - Issue : 733
A team of experts from the European Union (EU) will arrive in the Philippines within the month for a 10-day visit to assess possible assistance to help resolve a spate of political killings in the country, diplomats said last week.
The team would be composed of three officials from the Brussels-based European Commission and about four to five police, technical and human rights experts from EU countries.
The experts were scheduled to arrive in Manila on June 18, according to an official at the Philippines’ Department of Foreign Affairs.
Ambassador Alistair MacDonald, head of the EC delegation in the Philippines, has said the team will not investigate a spate of killings alleged to be politically motivated in the country but instead make “an assessment of needs.”
He said the team would look into what forms of assistance the EU could give to help Philippine authorities resolve the murders, prosecute suspects and prevent more attacks. The DFA official, who spoke on condition of anonymity, said the EU team was also scheduled to meet with human rights groups during the visit.
“It’s part of their assessment,” the diplomat said. “They will speak with members of the civil society that includes local human rights groups.”
According to human rights group Karapatan, close to 900 people have become victims of extra-judicial killings since 2001. Most of the victims were leftist activists, labour leaders, human rights workers and journalists.
Karapatan has also documented some 180 cases of forced disappearances of mostly leftist and political activists in the same period.
In one of the high-profile cases of forced disappearances, the son of a late press freedom activist has been missing since April, when he was seen being dragged by armed men into a van in a crowded Manila shopping mall. The family of Jonas Burgos, an agriculturist providing skills training for leftist farmers cooperatives, has blamed the military for the kidnapping.
The military has denied involvement in Burgos’ abduction, but police have traced the van used in the kidnapping to an army camp in a northern province. An investigation was ongoing.
Several foreign governments have condemned the unabated political killings and attacks. They have criticised the Philippine government for failing to stop the murders, which leftist groups have blamed on the military.
Phl - Sign int’l treaty vs disappearances, Palace urged
Families of disappeared militants challenged Malacañang over the weekend to sign an international treaty that requires the investigation of cases of enforced disappearances.
In a statement, the Pamilya ng Desaparecidos Para sa Katarungan (Desaparecidos) said this is the only way to make sure the government acts on disappearances.
“To stop the continued rise in disappearances, we challenge the Arroyo regime to sign the International Convention for the Protection of all Persons against Enforced Disappearance which requires the states to investigate enforced disappearances and punish those who are found guilty of such crime," the group said in a statement on the Kilusan website www.kilusan.net
.Families of the victims said they have been subjected to risks and continued psychological torture as they continue to search and remain uncertain of the fate of their missing loved ones.
According to the group, those who remain missing have reached 199 from 2001 to May this year.
From January to May this year, 16 persons were abducted and had remained missing, including six women and one minor. In 2006 was recorded the highest number of disappeared, with 75 victims.
“As part of the regime’s Oplan Bantay Laya, elite intelligence and operation groups of the Armed Forces of the Philippines have conducted the surveillance, abduction, torture, concealment and possibly execution of their victims, who were mostly members of cause-oriented groups and even the underground Left," the group said.
Worse, the group said cases of disappearance pointed to the involvement of state security forces, use of government resources and facilities.
The group cited the cases of:
* Joseph Jonas Burgos, 37, was abducted by armed men suspected to be soldiers on April 28, at the Ever Gotesco mall in Quezon City. The abductors’ Toyota Revo had the license plate TAB 194 which was traced to an XLT jeep impounded at the 56th ID headquarters in Norzagaray, Bulacan.
* On April 3, Cavite urban poor leader Lourdes “Nay Ude" Rubrico was abducted by armed men who identified themselves as agents of the “NBI" (National Bureau of Investigation) and used a brown van with license plate XRR 428 which was traced to Army Major Darwin Sy.
* Oscar Leuterio, a former security guard in Doña Remedios Trinidad, Bulacan, was also abducted last year and kept incommunicado for five months, inside the Fort Magsaysay where he saw other victims of disappearance. He had filed criminal and civil charges against his abductors and captors, including now ret. Maj. Gen. Jovito Palparan Jr.
* Last April 12 in Cebu, soldiers abducted and tortured Bayan Muna coordinator Preciosa Daño, 48 and Kabataan partylist’s Beethoven Avila, 28. The military later released them to the Regional Intelligence Investigation Division in Toledo City.
* Last March 27, in Sta. Ana, Pampanga, peasant Villamor Adona was abducted by armed men who carried Armalite rifles with laser devices, which are used by military and policemen.
* Soldiers in civilian clothes were involved in the May 7 illegal arrest of Virgilio Borja in Ormoc, Leyte which could have also led to another disappearance, were it not for the presence of Bayan Muna partylist Rep. Teddy Casiño who accompanied Borja.
* Manuel Sioson Jr., abducted May 5 in brgy. Lambakin, San Miguel, Bulacan by armed men suspected to be soldiers of the 56th IB PA led by Lt.Col. Noel Clement
* Benedicto Magdaong, 52, Anakpawis member, abducted May 5 in Pampanga by 2 armed men in ski masks.
* Leoniso Ragudos, 33, farmer, abducted May 6 in Sapang Dalaga, Misamis Occidental.
* Philip Limjoco, 52, NDF consultant, disappeared May 8 in Dau, Pampanga.
* Roland Rallo Porter, 50, member of Bayan Muna and First Quarter Storm Movement, abducted May 16 in brgy. Olympia, Makati City.
* Virgilio Tranquilino, 34, abducted May 17 in Nueva Ecija.
* Fidel Palting, worker of the United Church of Christ in the Phils., abducted May 21 by suspected soldiers of the 71st IB PA.
* Dionelo Borres, 45 and Roberto Marapo, 44, peasants, abucted May 28 by suspected operatives of the 61st IB PA.
Earlier, the group branded the Philippines’ election to the United Nations Human Rights Council a supreme form of irony.
It said that despite its standing, the Philippine government has not shown any respect, much less protection of human rights.
“Ironically, the Philippines was reelected as member of the United Nations Human Rights Council, after finishing a one year term. We at Desaparecidos, however maintain that the country’s membership to the recently-created UNHRC has not reflected in any show of respect, much less protection of human rights of Filipinos, as shown by the rising cases of disappearances and extra-judicial killings," it said. - GMANews.TV
http://www.gmanews.tv/story/45852/Sign-intl-treaty-vs-disappearances-Palace-urged
Pak - Disappeared mullah’s son accuses agencies of torture
PESHWAR: Abdullah, the 10-year-old son of Mufti Munir Shakir – a religious scholar missing for the past year after being arrested by the Karachi Airport Security – said on Tuesday that intelligence agencies tortured and forced him to state that his father had links with Al Qaeda.
“Intelligence agencies’ personnel tortured me when I said that my father did not even know the word ‘Al Qaeda’,” Abdullah said, adding that the personnel kept him for 15 days in a separate cell after they arrested him along with his father at the Karachi Airport.
Abdullah said he repeatedly turned down an offer for his release without the release of his father. He said he later agreed to be freed following assurances by agencies men that his father would be released within 15 days. He said security personnel later brought him to Governor’s House in Peshawar and released him there. “One year has passed, but the intelligence agencies have yet to release my father,” stated Abdullah, flanked by hundreds of Mufti Shakir’s followers. The scholar’s followers were protesting in front of the Peshawar High Court building to demand that PHC Chief Justice Tariq Parvez Khan take suo motu notice for the safe recovery of Mufti Shakir from “illegal” detention.
Led by Pakistan Tehrik-e-Insaaf leader Iqbal Afridi, the protesters held portraits of Mufti Shakir and shouted slogans against President Pervez Musharraf and intelligence agencies. They also carried placards stating, “Today the government has detained religious scholars and has given singers and dancers freedom.”
Abdullah told Daily Times that intelligence agencies arrested him and his father on May 16, 2006. Iqbal Afridi said that the religious scholar’s relatives had moved the Sindh High Court and the Supreme Court of Pakistan seeking his release. He said the intelligence agencies freed many people arrested for alleged links with terrorist organisations, but they had yet to free the religious leader. “Mufti is a preacher of Islam and belongs to the Tableeghi Jamaat,” he added. staff report
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C06%5C06%5Cstory_6-6-2007_pg7_21
Nepal: "For lasting peace, we must deal with the missing"
Mary Werntz, head of the International Committee of the Red Cross (ICRC) delegation in Nepal, spoke with The Nepali Times about helping families find missing members and the need for a separate, independent commission on the disappeared. This interview was first published in The Nepali Times and is reproduced with the kind authorization of the publisher. The interview was conducted by Anagha Neelakantan.
Nepali Times: Is there the political will to address the issue of disappearance?
Mary Werntz: The biggest challenge is to not allow this issue and the suffering of families to be totally drawn into a political issue. It is about a basic humanitarian right. Also, unless you deal with the issue of the missing, you cannot move forward to a lasting peace.
The agreement on 8 November between the seven parties and the CPN-M to create a high level body to address this issue is extremely positive. In some countries it takes 10 years to get to that point. I've been told by the Ministry for Peace and Reconstruction that the high-level commission on the disappeared will go forward. They are very optimistic. It is essential that the commission be given the proper legal basis and be formed and function in an independent fashion. Parallel with this is the need to put into place measures to prevent further cases of disappearance.
What would be the mandate of such a commission?
The commission's mandate should be independent and humanitarian, focusing on the provision of remedies and information. It should be in contact and approachable by the families. Its first goal should be seeking to clarify the status of the missing. It should answer the question of whether someone is dead or alive, if dead the circumstances of the death and the location of the human remains. It should as well work on proper exhumation of the human remains and on identification of the recovered remains. Additionally and very importantly, it should answer to the needs of the families (material support, psychological support, etc) to help them in their mourning process.
The commission will need to collect, centralise, and process all the information with regard to the missing. This takes time. We've been working here since 1997 and have rooms full of documents which, if there is a commission we are comfortable is working properly, we'd want to hand over. The commission would also be responsible for recognising death, deciding about maybe a memorial, compensation, other legal aspects, say a woman who has lost her husband cannot hand the land down to her son because there is no way for her to prove her husband is dead.
Isn't this what a truth and reconciliation commission is supposed to do?
There's a lot of confusion about this. A high level body is mentioned only in the 8 November agreement, and is not explicitly included in the Comprehensive Peace Accord (CPA). The CPA mentions a Truth and Reconciliation Commission which can technically be a short-term body, with a mandate that could be linked with the judiciary, whereas the missing commission will function for many years to come and should have a mandate independent of judicial inquiries. The missing commission answers directly to the needs of the families of the missing people, whereas the Truth and Reconciliation Commission helps a society to come to terms with its past.
What do the families want?
We work to help families move forward. Some demand justice and push for just compensation. Others don't demand justice in the human rights sense but require recognition. Society has different opinions and certain actors in civil society have very strong opinions that may not be exactly what families think. ICRC believes the families have the right to define for themselves what they need, in order to get on with their lives.
How effective do you think the draft bill on disappearance is?
There's the draft law and existing law. Nepal is a signatory to the Geneva Convention and there are rules that are binding for Nepal. We are encouraging Nepal to sign the convention on enforced disappearance, as domestic law would have to be in line with that.
The government also has to want to implement conventions it has signed. Then there's the question of the legal system. Once you have a law, you have to be willing to use it.
How closely do you work with the NHRC?
We've always worked with the NHRC, but we've been a little confused of late about what their role is. We want to help, for example, by providing anthropological forensic expertise unavailable here and would like to know whose responsibility exhumation and forensic analyses in the case of the missing is.
The ICRC's figures for the disappeared aren't the same as those of the NHRC or OHCHR.
This issue of numbers is a little complicated. We have some 3,300 cases in our database from families of the missing who approached us during the last ten years. Over 2,000 were 'solved', one way or the other, most found alive and in detention during the conflict. We don't claim our numbers are right, within three months of our publishing the list of the 812 missing (see story), we had 125 more, and that was what we expected. But our list is up-to-date. In December, our people walked all over Nepal and met every single one of those families. The 937 people on our list are people whose families have no information about the fate of their relatives.
It's said most people on the disappeared list are probably dead.
Yes indeed, it is sadly so. You hear often of people who make up a story regarding the missing in order to collect compensation or some such. Maybe some guy ran off with his girlfriend to India, or someone lives as a refugee in Denmark and their family in the mountains don't know, or someone doesn't want to be contacted by family members. Such cases may exist. However, these are the exception. The ICRC has a long experience in armed conflict worldwide and knows that these few cases are used as a cheap excuse to avoid the sad reality of the disappeared. Mothers don't lie. The real issue is that over 900 families of the missing in Nepal are still without news.
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EGUA-73YLLR?OpenDocument
Investigación sobre los desaparecidos uruguayos
El Proyecto Desaparecidos ha publicado en su web la investigación histórica sobre los detenidos-desaparecidos elaborada por el gobierno uruguayo. Está disponible en cinco tomos, por lo que todavía no la hemos analizado.
Junio 9, 2007
Condena de más de 40 años a militares por desaparición forzada
Medellín, Junio7, (LA FM) Por primera vez en el país cuatro militares fueron condenados por la desaparición forzada de un comerciante y ex policía llamado Saúl Manco Jaramillo, ocurrida el primero de junio de 2006.
El juez quinto penal del circuito de Medellín condenó a 44 años y dos meses de prisión al ex capitán del Ejército Gabriel Eduardo Delgado Villalba; a 43 años y seis meses al ex subteniente Oscar Vargas Barrera y al soldado Luis Marín Trujillo; y a 48 años al soldado Davison Barrera.
Su condena fue más alta porque además de desaparición forzada, fue hallado culpable de hurto calificado, pues al momento de la captura tenía en su poder los objetos personales de Manco Jaramillo.
Atribuyen las desapariciones de 200 uruguayos al gobierno militar
Uruguay
Fecha publicación: 06/06/2007
Las desapariciones de unos 200 uruguayos opositores a la dictadura (1973-1985) fueron resultado de una operación de exterminio por parte del gobierno militar, según una investigación de historiadores.
La represión en ese período resultó claramente desmesurada, siendo las desapariciones consecuencia directa del trato inhumano dado por fuerzas de seguridad que representaban las políticas del Estado, de acuerdo con el estudio encomendado por la presidencia, cuyos fragmentos fueron publicados hoy por la prensa.
Durante la dictadura hubo una sistematización a gran escala de la tortura en el marco de un sistema de vigilancia y control cotidiano de la población que buscó eliminar físicamente a sus enemigos.
Las conclusiones aparecen en el libro Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos en cumplimiento del artículo 4º de la ley 15.848 elaborado por los historiadores Alvaro Rico, José Pedro Barrán y Gerardo Caetano.
La investigación fue encomendada a los profesionales por el presidente Tabaré Vázquez, que desde su asunción en marzo de 2005 comenzó una investigación en busca de la verdad sobre la represión ilegal de la última dictadura.
El libro indica que, a diferencia de los países vecinos, las desapariciones no se implementaron inmediatamente después del golpe de Estado, sino que ocurrieron tras sucesivas escaladas de violencia institucional.
La desaparición forzada implica el absoluto desprecio por el individuo, su identidad, su cuerpo, incluso más allá de la propia muerte, según consta en el texto de los reconocidos historiadores.
La dictadura instaló un verdadero sistema autoritario que determinaba el derecho a la vida o a la muerte de buena parte de sus propios ciudadanos, agregan los investigadores.
La desaparición forzada de personas fue la expresión de la voluntad de un régimen instituido arbitrariamente y que se ejecutó con personal burocrático, financiamiento y medios oficiales que abarcaron hasta relaciones diplomáticas.
El presidente Vázquez ratificó el lunes que el 19 de junio se celebrará el Día del Nunca Más en referencia a los hechos de violencia previos a la dictadura y al terrorismo de Estado.
Las investigaciones que promovió el gobierno de izquierda determinaron el hallazgo en predios militares y la identificación, por primera vez desde la restauración democrática, de los cadáveres de dos desaparecidos.
Col - Hernán Giraldo confesó su participación en muertes y desapariciones
Barranquilla, Junio 7, (LA FM) Tranquilo y con mucha seguridad en el segundo día de su versión libre en el proceso de justicia y paz, el ex líder del bloque “Resistencia Tayrona” de las Autodefensas, Hernán Giraldo Serna, reconoció ante la fiscal Novena Zeneida López, su participación en desapariciones y muertes de varias personas.
El ex líder paramilitar, entre otros crímenes, confesó haber tenido conocimiento de una masacre cometida por su grupo armado el 24 de abril de 2003, en las que las víctimas fueron todas de una misma familia, quienes fueron identificadas como José Sarmiento, Judith Villamil, Enoc Suárez, Kelly Sarmiento, Ana Uribe y otra persona de nombre luz.
De igual manera, dijo el ex comandante del bloque “Resistencia Tayrona”, que el entonces jefe del “Bloque Norte”, Jorge 40, dio la orden del secuestro del ex congresista José “Pepe” Gnecco.
En sus declaraciones además, argumentó que había ordenado la muerte de Gentil Cruz Patiño, el Gerente de una ONG Francesa, al considerarlo enemigo de sus ideales políticos.
Así mismo, Hernán Giraldo Serna manifestó en su versión libre que todas las muertes de las que se le acusan no fueron autorizadas por él, sino que sus hombres tenían la orden de que todo lo que oliera a guerrilla debía desaparecer en su medio, para el bien de la comunidad
El ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuará con sus declaraciones hoy, en donde hará más revelaciones de otros delitos, de los que fue gestor durante los más de 25 años al mando de las Autodefensas que operaron en el macizo montañoso.
Do - Represores quieren matar la memoria
SANTO DOMINGO, 8 jun (IPS) - Dos de los cuatro acusados de perpetrar crímenes, torturas, secuestros y detenciones ilegales durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) alegan en su defensa la prescripción de los delitos y rechazan hablar sobre ese pasado dramático.
"Mi compromiso conmigo es no volver a revivir esa situación", dijo el ex coronel de la aviación militar Luis José León Estévez, esposo de una hija de Trujillo y denunciado ante la justicia junto a Cándido Torres y a los hermanos César y José Ángel Rodríguez Villeta, todos miembros del Servicio de Inteligencia Militar, mano ejecutora del terror implantado en la época.
"Todo lo que pasó está prescrito", añadió el ex militar, que fue condenado en febrero de 1965 a 30 años de cárcel por el asesinato de quienes ejecutaron al dictador. Empero, nunca purgó la pena, que finalmente fue declarada prescrita en 1986.
Los querellantes se preparan para presentar pruebas este viernes ante la procuraduría general adjunta, designada para investigar "los hechos punibles denunciados" el miércoles de la semana pasada.
"Queremos enviar el mensaje de que esos crímenes no se han olvidado", declaró a IPS Leandro Guzmán, miembro del entonces clandestino Movimiento 14 de Junio y quien fuera sometido a torturas y vejaciones en La 40, un centro de detención donde fueron asesinados centenares de jóvenes.
La denuncia, presentada ante el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, por más de 20 víctimas de la dictadura y a instancias de la Fundación 30 de Mayo, pretende que cada uno de los acusados cumpla una pena de 30 años de trabajo público y se implemente una reparación de 50 millones de dólares por concepto de "daños materiales y morales".
"Estaremos allá para presentar testimonios de cómo fuimos torturados y cómo mataron a mucha gente", señaló Guzmán, viudo de María Teresa Mirabal, una de las tres hermanas conocidas como "Las Mariposas" y que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.
Esos crímenes perpetrados por orden directa de Trujillo también aparecen en la querella como hechos que la sustentan.
"Este procesamiento envía una buena señal a la sociedad, de que no se pueden cometer crímenes amparado en regímenes políticos", comentó a IPS Tony Raful, ex ministro de Cultura y quien ha abordado el tema en varios libros.
En ese entonces "hubo algunos simulacros de justicia, pero todo fue una pantomima, todos fueron absueltos", dice, y eso creó una situación negativa en la conciencia democrática que se gestó en el país tras la caída del régimen.
Para el historiador y sociólogo José Antinoe Fiallo, la sociedad no perdona que a los crímenes de Trujillo no se le diera el seguimiento que requerían, sostuvo ante IPS. "Este juicio está por encima de lo jurídico, también es moral e histórico".
Las contradicciones empiezan a surgir, sin embargo. En la publicación que recoge las declaraciones de dos de los acusados, César Rodríguez Villeta señala que nunca estuvo ni en La 40 ni en otra reconocida cárcel de tortura llamada El 9.
"A las dos de la madrugada del 17 de enero de 1960 se presentaron a mi casa tres autos Volskwagen con agentes del SIM, dirigidos por el celebérrimo criminal César Rodríguez Villeta…". Así aparece en el libro titulado "14 de Junio, De Espigas y de Fuego", escrito por Guzmán y cuya segunda edición data de 2004.
"Usted dice que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan, sin embargo, en un buen número de libros que recogen testimonios e informaciones de la época a usted se le vincula", dice una pregunta a Rodríguez Villeta publicada en un semanario local.
"Eso no quiere decir que acusan a uno", respondió.
Cuando se le preguntó si se trataba de calumnias, pidió al periodista que "salga a las calles de Monte Plata y pregunte por mí", dijo.
Monte Plata es un municipio a 76 kilómetros de Santo Domingo y donde reside este acusado de represión desde 1967 y donde también fue gobernador de 1986 a 1994, y candidato a senador en 1994.
Trujillo, nacido en 1891, lideró una feroz dictadura de tres décadas que terminó el 30 de mayo de 1961, cuando el vehículo en que viajaba fue emboscado y baleado por un grupo conformado en su mayoría por propios colaboradores del régimen.
Diógenes Pina
Arg - "Buscate una cámara acuática; ahí vas a sacar fotos"
Un hombre que se identificó como el hijo del coronel (re) Molina Ezcurra, bloqueó al reportero gráfico cuando el ex represor ingresaba al juzgado. Luego del hecho, lo siguió dos cuadras y lo ame nazó.
NEUQUEN (ACE).- "Buscate una cámara acuática porque ahí vas a terminar sacando fotos", amenazó ayer quien dijo ser el hijo del coronel (re) de Inteligencia, Jorge Molina Ezcurra, el militar indagado por delitos de lesa humanidad.
Molina Ezcurra era capitán y jefe de una sección de Inteligencia en 1976; y se lo indagó en la causa que investiga a los responsables de las torturas y desapariciones de las víctimas del centro clandestino "La Escuelita", de Neuquén.
Su hijo intentó impedir ayer que el reportero gráfico de "Río Negro", Gabriel Oyarzo, le sacara fotos en el momento en el que era conducido hacia el despacho del juez federal Guillermo Labate.
"Soy el hijo y no le van a sacar fotos", se identificó el hombre a los gritos ante la policía federal. Los agentes debieron intervenir en el hall del juzgado, mientras el hombre de aproximadamente de un metro ochenta y cinco de altura, buscaba evitar a los empujones que se retratara a Molina Ezcurra.
El episodio contra Oyarzo no terminó allí, porque cuando el fotógrafo se había retirado, a cinco cuadras, en un auto negro de vidrios polarizados, en medio de insultos lo amenazó: "buscate una cámara acuática, porque ahí vas a terminar sacando fotos" (ver aparte).
Molina Ezcurra era uno de los tres oficiales que actuaban en el destacamento de inteligencia en Neuquén que dirigía Mario Gómez Arena; a quien la querella considera el virtual "director" del centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén.
Para la investigación judicial, el destacamento de Inteligencia cumplía el rol de detectar y localizar a las víctimas (identificados como subversivos por los militares) y luego obtener información de ellos a través de los interrogatorios bajo tortura.
Molina Ezcurra declaró por más de tres horas y si bien no se informó el tenor de su descargo, desde el juzgado federal se indicó que con este testimonio y los existentes de los militares de Inteligencia "se van aclarando las hipótesis de trabajo que se tenían".
El militar (re) fue detenido en Buenos Aires y quedó alojado en la delegación de la Policía Federal de Neuquén.
Próximos pasos judiciales
La próxima semana se espera la comparencia de Gómez Arena, que estaba detenido en su domicilio en Buenos Aires por otras dos causas donde se lo procesó por delitos de lesa humanidad, debido a su actuación como integrante del Batallón de inteligencia 601.
Labate debe definir la situación procesal del médico militar Hilarión de la Pas Sosa, a quien se lo imputó por supervisar la tolerancia de las víctimas durante los interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino de detención.
La defensa del militar retirado, de 77 años, solicitó la prisión domiciliaria pero hasta ayer el juez no respondió.
Desde el martes en el Juzgado Federal fueron indagados casi todos los integrantes del departamento de Inteligencia que operó en 1976 en Neuquén.
De los cuatro citados sólo se negó a declarar Enrique Charles Casagrande, quien en su legajo cuenta con un curso de interrogador obtenido en diciembre de 1975 y de quien se sospecha que pudo ser uno de los que operaba en el centro clandestino cuando se aplicaban la picana eléctrica.
Pese al desfile constante de ex represores en el juzgado de Labate desde marzo, hasta el momento no se habían producido incidentes debido a que nunca hubo manifestantes en el lugar que repudiaran la presencia de los militares investigados por delitos de lesa humanidad.
Han sido los fotógrafos de este diario quienes recibieron los insultos y frases intimidantes de los militares Luis Farías Barrera, Julio Francisco Oviedo y ayer del hijo de Jorge Molina Ezcurra cuando cumplían con su trabajo. Oyarzo explicó que fue él quien se identificó como el hijo de Molina Ezcurra ante la guardia del juzgado federal.
La APDH, en su carácter de querellante, repudió las amenazas que "demuestran que nada cambió en estos personajes", dijo Nerea Monte.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/06/09/20076n09b11.php?nc=1#
Arg - Miembros del grupo Quebracho atacan al represor Etchecolatz
La agrupación Quebracho confirmó hoy que activistas de ese sector político detenidos en el penal federal de Marcos Paz protagonizaron un incidente cuando en las últimas horas se toparon allí con el ex represor Miguel Etchecolatz.
Los militantes de Quebracho, según se indicó, "avanzaron" sobre el ex colaborador de Ramón Camps.
Quebracho reivindicó el hecho y señaló que cuando sus integrantse reconocieron al ex represor se dirigieron hacia él para increparlo.
"En el día de ayer, luego de concluir una visita de organismos de Derechos Humanos, en este caso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, mientras eran trasladados de regreso a su celda, nuestros compañeros se cruzaron con este personaje siniestro, en los pasillos del Penal", se informó a través de un comunicado dado a conocer hoy.
En ese momento, si bien no se dieron detalles, los integrantes de Quebracho actuaron "como lo haría cualquier argentino digno" y "avanzaron sobre él enérgicamente, movilizados por el odio más profundo hacia estos jerarcas de la dictadura", según se indicó en el texto.
Los detenidos que integran la agrupación Quebracho son Fernando Esteche, Raúl Lescano, Martín Lizzano y Joaquín Isasi.
"Ha sido sólo una pequeña cuota de justicia ante tanta impunidad", informó ese grupo político, al definir lo ocurrido.
http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/noticia.php?i=125835
Arg - Rechazan liberar a represor procesado por crímenes durante la dictadura
La Cámara Criminal Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón. Se le atribuyen 183 casos de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos a personas en centros clandestinos de detención
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La Cámara en lo Criminal Federal rechazó otorgar la libertad al represor Oscar Rolón, procesado por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar en la órbita del Cuerpo I del ejército, a pesar que lleva detenido más de dos años sin condena
Según fuentes judiciales el tribunal confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón, a quien se le atribuyen 183 casos de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos a personas en los centros clandestinos de detención "El Atlético", "El Banco" y "El Olimpo".
La defensa había reclamado la libertad basada en la ley 24.390, que establece el término de dos años como el plazo máximo de encarcelamiento sin sentencia definitiva, pero la Sala I de la Cámara afirmó que "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo del imputado".
El juez federal Daniel Rafecas consideró que, si recupera la libertad, Rolón eludirá el proceso que se le sigue y, al revisar la resolución la Cámara sostuvo que, en casos como los que involucran al imputado, la concesión de la libertad no es automática ni opera por el mero paso del tiempo.
La Sala I expuso, además, que otorgamiento del beneficio podría impedir el progreso de la investigación reabierta luego que, en agosto de 2003, el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah destacaron que la actividad en los centros clandestinos de detención en los que habría actuado Rolón "no fue simultánea, sino que cuando uno de ellos se cerraba, los detenidos que allí se encontraban eran trasladados al que le siguió en orden cronológico".
El Atlético, sito entre Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba de esta ciudad, funcionó desde mediados de 1976 a diciembre de 1977; El Banco, en Autopista Ricchieri y el Puente 12, en la localidad bonaerense de La Matanza, hasta mediados de 1978 y El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, de Capital Federal, desde agosto de 1978 hasta principios del año siguiente.
Cavallo y Farah recordaron que muchos de los detenidos y torturados continúan como "desaparecidos" y que "faltan elementos probatorios para determinar el destino de las personas que originariamente habían sido privadas de su libertad".
Los camaristas evaluaron que Rolón habría mantenido "contacto directo" con las víctimas, lo que "permite suponer que conoce los aspectos de la última fase (desaparición de personas) de las maniobras delictivas".
En la hipótesis que el procesado cuente con tal información podría entorpecer la investigación, con el objeto de evitar que se conozca el destino real de las víctimas de los hechos que se le imputan, analizó el tribunal.
Los camaristas también tuvieron en cuenta que, desde que se emitió la orden de captura de Rolón, en octubre de 2003, hasta que fue detenido por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal, permaneció un año y medio prófugo de la justicia.
Ello "representa un parámetro para presumir la existencia de peligro de evasión", concluyeron Cavallo y Farah para confirmar la resolución que prorrogó la prisión preventiva.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268522337/
Murió ex represor Osvaldo Pincetti, conocido como ''Doctor tormento''
8 de Junio de 2007
Se encontraba internado desde hace cerca de un mes en el recinto asistencial, debido a una demencia senil severa que lo aquejaba.
En la Posta Central murió el jueves el ex agente de la dictadura Osvaldo Pincetti Gac, más conocido como “Doctor tormento”, considerado uno de los personajes más siniestros del régimen de Augusto Pinochet Ugarte.
Según consigna el diario La Nación, Pincetti Gac se encontraba internado desde hace cerca de un mes en el recinto asistencial, debido a una demencia senil severa que lo aquejaba.
El médico enfrentaba una condena a diez años de prisión por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundana, ejecutado por el régimen militar para encubrir el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez.
Además, estaba siendo procesado por su participación en el caso Calle Conferencia, como se conoce la represión contra la cúpula del Partido Comunista.
Pincetti participó en sesiones de tortura en las que aseguraba que hipnotizaba a los detenidos, pero también les inyectaba pentotal, conocida como "la droga de la verdad".
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=219720
Arg - "Militares 'no sabían' lo que pasaba en la Escuelita"
Prolongada ronda de indagatorias a tres ex represores. Están acusados de llevar a víctimas al centro clandestino.
NEUQUEN (ACE).- Los militares (re) de inteligencia del Ejército que trabajaban en la captación de las víctimas que iban a parar al centro clandestino "La Escuelita", aseguraron desconocer lo que ocurría en el edificio ubicado en los fondos del batallón.
Ayer se cumplió una prolongada ronda de indagatorias que incluyó a un ex suboficial de inteligencia y a otros dos oficiales del mismo área, uno de los cuales continuará hoy por la mañana con la comparencia ante el juzgado.
El suboficial de inteligencia (re) Julio Francisco Oviedo, detenido en Cipolletti la semana pasada pidió declarar ayer ante el juez Guillermo Labate para decir que sólo trasladaba detenidos.
El especialista en contrainteligencia negó que las víctimas fueran vendadas hacia los fondos del batallón, y aseguró "no haber colocado vendas" a quienes llevó hasta ese lugar.
Todas las declaraciones de los sobrevivientes de las torturas en "La Escuelita" de Neuquén aseguraron haber sido trasladados (desde el Comando, desde sus casas o desde la U9) vendados hacia el centro de torturas; y haber permanecido allí tabicados y esposados inclusive cuando eran llevados y traídos de la picana eléctrica.
Oviedo se mostró humilde y sumiso en el despacho del juez, y dejó atrás la actitud desafiante que tuvo al ingresar al juzgado, cuando le dedicó una catarata de insultos al reportero gráfico que lo retrató.
Tras la declaración, el militar retirado volvió al lugar de reclusión en el que está desde la semana pasada. Por la tarde fue el turno de Sergio Adolfo San Martín, un oficial de inteligencia que escuchó por más de una hora y media los cargos en su contra y luego declaró por otras tres horas.
San Martín fue arrestado en Buenos Aires y se lo trasladó a Neuquén esta semana. Su indagatoria se había demorado debido a que el abogado que nombró debía familiarizarse con la causa.
Tras declarar, quedó detenido y se le imputaron los cargos de asociación ilícita, privaciones ilegales calificadas de la libertad, y participación en tormentos en su condición de oficial de inteligencia en 1975.
La rueda de indagatorias que comenzó con la detención del especialista en interrogatorios, Enrique Charles Casagrande, está vinculado a la investigación sobre el funcionamiento del centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén durante la última dictadura militar.
Casagrande fue detenido la semana pasada en San Luis y se negó a declarar cuando compareció ante el juez el martes.
Para hoy se esperaba la presencia en el juzgado federal del otro integrante del equipo de inteligencia que operó en la región y que tenía su centro de operaciones en un destacamento que funcionaría en las inmediaciones del batallón, en un área contigua al centro clandestino.
Se trata de Jorge Eduardo Molina Escurra, que era capitán en 1976. Tras la indagatoria del ex oficial del ejército sólo restaba la llegada a Neuquén de Mario Gómez Arena, el jefe del destacamento de inteligencia quien fuera -en opinión de la querella- el virtual "director" del centro clandestino.
Gómez Arena estaba en Buenos Aires con detención domiciliaria, procesado en otras dos causas acusado de delitos de lesa humanidad, y que guardan relación con su desempeño como integrante del Batallón 601 de inteligencia.
Al finalizar la ronda de indagatorias del ex grupo de inteligencia del ejército en Neuquén, Labate deberá decidir su procesamiento o falta de mérito.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/06/08/20076n08s10.php#
Arg - Procesaron con prisión preventiva y embargaron a dos represores
Son Ricardo Taddei y Enrique José Del Pino, a quienes el juez Rafecas responsabilizó por 183 casos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y aplicación de tormentos en centros de detención. También les dictó un embargo por $ 3.500.000.
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargos de 3.500.000 pesos en cada caso a dos represores, por presuntos ilícitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.
Se trata de Ricardo Taddei, recientemente extraditado desde España, y de Enrique José Del Pino, ex militar que se mantuvo prófugo de la justicia hasta hace un mes, cuando fue capturado por efectivos de Interpol.
El magistrado los responsabilizó por 183 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada por amenazas y aplicación de tormentos a personas en los centros de detención "El Atlético", "El Banco" y "El Olimpo".
Los procesamientos se suman a los dictados en octubre de 2005 y septiembre de 2006.
Entonces se dispuso procesar a Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinek, Juan Carlos Falcón, Eufemio Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Roberto Antonio Rosa, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio Del Cerro.
Más tarde y por el mismo tipo de delitos en "El Olimpo", fue procesado, también con prisión preventiva el ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti.
Rafecas recordó que Taddei y Del Pino formaron parte de la dictadura militar que, entre 1976 y 1983, impuso un plan sistemático de represión ilegal "contaminado de las prácticas e ideologías propias del gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del '30 y '40 del siglo XX".
Taddei, de 65 años, alias "padre" o "cura", ex principal de la Policía Federal, habría integrado, según el juez, las "patotas", que se encargaban de secuestrar, interrogar y aplicar tormentos a las personas que fueron sometidas a cautiverio.
Del Pino, de 61 años, alias "Miguel", ex capitán del ejército, fue sindicado como uno de los principales integrantes del Grupo de Tareas 2, que se encargaba de secuestrar, interrogar y torturar a los detenidos durante el gobierno de facto.
Rafecas dijo que "la derivación al centro clandestino implicaba que todas las formas de maltrato o mortificaciones, la intensidad de los padecimientos infligidos sobre los cautivos, el trato cruel con fines de menoscabo físico y psíquico, el completo aislamiento del mundo exterior, cuanto la completa violación de su dignidad y respeto a su condición esencial de ser humano, irían en una alarmante escalada ascendente".
"Resulta interesante -acotó Rafecas- que el destino legal de Taddei haya sido la Superintendencia de Seguridad Federal", donde, "gran número de los imputados en esta causa formalmente trabajaron allí, tal es el caso de Kalinec, Simón, Del Cerro, Donocik, Rosa, Miara, Rolón y Falcón".
Para dictar las medidas el magistrado tuvo también en cuenta que numerosos sobrevivientes de los centros clandestinos, que declararon como testigos, mencionaron a Taddei y Del Pino.
"Los testimonios han evidenciado el poder decisorio que Taddei poseía con respecto a algunas circunstancias constitutivas de la vida en el centro de detención", indicó el juez, quien tuvo conceptos similares para Del Pino.
El Estado chileno deberá pagar 140.000 euros a la familia de un ejecutado político durante la dictadura
SANTIAGO, 7 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
El Estado de Chile deberá pagar 100 millones de pesos (140.000 euros) a la familia de un ejecutado en 1975, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte.
Se trata de una sentencia que llena de esperanza a miles de familias de los casi 4.000 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos que integran las más de 10.000 víctimas que dejaron los 17 años de dictadura.
Ésta es la segunda ocasión en una semana que la justicia chilena impone el Derecho Internacional para declarar imprescriptibles los delitos, crímenes y torturas planteadas por los familiares de las víctimas del pinochetismo.
La decisión corresponde a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ayer miércoles accedió a los recursos presentados por la familia de Ricardo Weibel Navarrete, quien fue arrestado y posteriormente ejecutado el 7 de noviembre de 1975.
Weibel, militante del entonces proscrito Partido Comunista, quien al momento de morir tenía 29 años, era chófer del transporte público y, según las pruebas aportadas en el proceso, perdió la vida tras ser torturado por miembros del llamado Comando Conjunto, un grupo de uniformados pertenecientes a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas que constituyeron el gobierno 'de facto' al mando de Pinochet tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Este fallo de la Corte de Apelaciones revocó uno de primera instancia que había denegado la indemnización a la familia de Weibel, que lleva 32 años luchando porque se haga justicia. Weibel fue trasladado a una unidad militar en la zona norte de Santiago de Chile, donde sus restos fueron encontrados en 1995, momento hasta el cual se mantuvo en la calidad jurídica de detenido desaparecido.
La sentencia anterior, que no se pronunció sobre la veracidad de la denuncia, argumentaba simplemente que, de haber ocurrido, el crimen había prescrito en el marco de la Ley de Amnistía de 1978 dictada por Pinochet para impedir la aplicación de justicia en los casos de violaciones a los Derechos Humanos que habían sido cometidos por militares y agentes civiles del régimen.
No obstante, la Corte de Apelaciones afirmó este pasado martes, en su fallo definitivo, que 'las normas del Derecho Internacional que cautelan los Derechos Humanos penalizando los crímenes de guerra y de lesa humanidad, declarándolos inamnistiables e imprescriptibles, también deben aplicarse para Chile en el ámbito del Derecho Civil'.
'La prescripción en estos casos no puede determinarse a partir de normas del derecho privado, pues estas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los Derechos Humanos', dice la sentencia.
El siguiente paso de la defensa de los procesados, actualmente todos militares retirados, es apelar a la máxima instancia judicial chilena, el Tribunal Supremo. Hasta el momento, en dos casos similares, el Supremo ha aceptado la tesis de la imprescripción de los delitos de lesa humanidad, como los cometidos durante la dictadura, lo cual, a su vez, respalda lo planteado en los tribunales por el Consejo de Defensa del Estado, que representa los intereses del Fisco y es quien debe pagar las indemnizaciones.
Terra Actualidad - Europa Press
Coronel uruguayo nombró al Plan Cóndor
ENTREVISTA: ALVARO RICO (COORDINADOR DEL EQUIPO QUE ESCRIBIO EL LIBRO DETENIDOS DESAPARECIDOS)
Documentos confirman el Plan Cóndor; el nombre se lo puso el coronel uruguayo Fons
"El régimen anotó buena parte de su funcionamiento rutinario y cotidiano. Por eso uno se encuentra con esa documentación que reconstruye el funcionamiento de un régimen político institucional, que no solamente aplica el método de la desaparición forzada. Hay documentación que registra el tema de los presos políticos, de los centros de reclusión, de libertades vigiladas. Uno se encuentra con las formas de vigilancia sobre la sociedad civil, desde las películas hasta la Feria del Libro, hasta los sermones en las iglesias", dijo el investigador Alvaro Rico, coordinador del libro "Detenidos desaparecidos", presentado por el presidente Tabaré Vázquez.
RAUL LEGNANI
¿Cuándo le ofrecieron a usted participar de esta investigación?
Fue a principios de mayo de 2005. Nos reunimos con el presidente
de la República, doctor Tabaré Vázquez, y con el doctor Gonzalo Fernández en el Edificio Libertad.
¿Qué les plantearon a ustedes?
Nos plantean que era voluntad del Poder Ejecutivo y del Presidente incorporar la investigación histórica en cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad, para los casos de detenidos desaparecidos.
¿Cuándo empieza el trabajo en concreto?
El 5 de setiembre de 2005, luego de toda la etapa preparatoria y conformado el equipo de investigaciones, comenzaron las labores. Trabajamos sobre los archivos estatales y privados. Eso se realizó hasta el 30 de noviembre de 2006.
¿Cuándo se comienza a redactar?
Hubo una primera redacción del informe a entregar al Presidente, que se hizo el 14 de diciembre. La redacción llevó un mes. Desde el 8 de enero hasta la semana pasada se trabajó con un grupo reducido de investigadores, coordinados también por mí.
¿Cuántos investigadores participaron?
En la edición del libro fueron cuatro investigadores y la colaboración de otros tres.
Desde la invitación a la salida del libro, ¿cuántas veces se reunió con el Presidente de la República?
Tuvimos una primera reunión y luego otra, el día que se presentaron los libros en el Edificio Libertad. En todo ese tiempo no volvimos a ver al Presidente.
¿Y a Gonzalo Fernández?
Con el doctor Fernández se trabajó cercanamente.
¿Ustedes pusieron condiciones para realizar este trabajo?
Nosotros pusimos ciertos requisitos, como fue la designación de un equipo de investigación, que finalmente fue integrado por 17 personas, donde el grupo central de 14 meses estuvo integrado por diez.
Planteamos la posibilidad de acceder a documentación oficial y una insistencia que fue compartida por Gonzalo Fernández, que fue la necesidad de acelerar el tratamiento de la Ley de Archivo, para que lo que nosotros tuvimos como privilegio, otros ciudadanos pudieran tenerlo como un derecho.
¿Qué sugerencias recibió del presidente Vázquez y del doctor Gonzalo Fernández?
Absolutamente ninguna. Creo que ha sido un ejercicio de relacionamiento excelente de los universitarios con el poder político. Nunca recibimos la más mínima directiva, ni la mínima insinuación de que deberíamos ir por tal o cual lugar, o qué cosa se debería decir y cuál no.
En la parte introductoria ustedes afirman que el libro es un trabajo académico y no político. ¿Qué diferencia hay entre un trabajo académico y otro político?
Es un trabajo que tiene un gran componente de historia política; en particular reconstruye una historia represiva del Estado uruguayo en determinada coyuntura histórica.
Por el lado de la temática, por el lado de la documentación, por el lado del fenómeno que se está investigando, como son hechos ocurridos durante una dictadura, el componente político se hace presente en esa dimensión.
No es político en el sentido de que el trabajo no está orientado a un fin político instrumental o menor, de un gobierno de turno o de una voluntad política cambiante.
Está orientado al tema de aportar a la construcción de una verdad social sobre dicho período histórico y con criterios de rigurosidad y profesionalismo, que desde las distintas disciplinas académicas se aporta a la selección de los documentos, a la interpretación de los mismos, en un contexto explicativo mayor.
Ustedes manejan documentos de las víctimas y de los victimarios. ¿A quién se le cree? ¿Cuándo un documento pasa a ser un producto histórico válido?
Desde el punto de vista de la documentación del Estado y en particular la documentación localizada en determinados ámbitos estatales, la misma era secreta.
En ningún momento los investigadores o los familiares de las víctimas tuvieron acceso a la lectura de ese material. Los documentos en sí mismos, salvo que sean documentos estrellas, valen, hablan, dicen cosas en la medida en que uno los inserta en un contexto de acontecimientos que los propios documentos van guiando. Ese contexto no es un a priori, porque los propios documentos van guiando la construcción de ese contexto. En ese momento los documentos proporcionan una explicación con mucho más fuerza de lo que puede ser la lectura de un documento aislado o parcial.
Si bien el libro está construido en gran parte sobre documentación oficial, hay determinados hechos que llevan a que los testimonios de las víctimas se transformen en documentos.
Documentan la existencia de una determinada persona, de un determinado movimiento, de determinados organismos o personal estatal. Por eso las versiones de las víctimas, en estas condiciones, asumen el status del documento que certifica la existencia, el traslado, la desaparición de una persona o determinado grupo de personas.
Ahora, el Estado democrático de hoy no es el Estado de la dictadura. ¿Tuvo en algún momento temor de que hubiera "fruta podrida" en esa documentación estatal?
Investigamos sobre un Estado de dictadura donde el secreto y la mentira institucional fueron parte constitutiva de su funcionamiento. Es que el régimen funciona sobre la base de la mentira y el secreto.
En la documentación que uno encuentra, una parte importante está también organizada y escrita en función de afirmar esa mentira. Un caso muy notable tiene que ver con la documentación que pudimos leer del Departamento II Exterior, del Servicio de Información de Defensa, instalado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el que armaba los informes que el gobierno dictatorial promovía ante distintos organismos. En particular en el libro está desarrollada la actitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los documentos que niegan detenciones o hablan de fugas o viajes al exterior, como el caso de Julio Castro a Buenos Aires y de otros detenidos desaparecidos, son mentirosos.
La virtud que tiene el acceso a esa documentación oficial, aun teniendo las precauciones necesarias, es que ilustra cómo pensaba el Estado en ese período histórico, qué percepción tenían los servicios de seguridad, las fuerzas operativas, sobre el funcionamiento, la peligrosidad, la coordinación, las acciones, el papel de determinados grupos o dirigentes.
Si bien esa documentación puede estar construida sobre la base de la mentira que el régimen reproduce, de todas maneras es la verdad para ese Estado.
Muchas veces se dice que las dictaduras son soberbias y que se sienten impunes. ¿Se puede decir, después de haber accedido a esos documentos, que la dictadura uruguaya se sintió impune y por eso fue bastante transparente?
El régimen anotó buena parte de su funcionamiento rutinario y cotidiano. Por eso uno se encuentra con esa documentación que reconstruye el funcionamiento de un régimen político institucional, que no es solamente la represión, no solamente aplica el método de la desaparición forzada.
Hay una abundante documentación que registra el tema de los presos políticos, de centros de reclusión, de libertades vigiladas. Uno se encuentra con las formas de vigilancia sobre la sociedad civil, desde las películas hasta la Feria del Libro, hasta los sermones en las iglesias.
En esa documentación hay buena parte del significado que en determinado momento el régimen tuvo sobre las acciones organizadas del exilio uruguayo de denuncia de la situación en el país. Contiene la vigilancia al exilio uruguayo y la respuesta a los organismos internacionales de derechos humanos, por parte del régimen.
En estas materias que tienen que ver con el control, la vigilancia, el seguimiento, la situación de los presos, la documentación es muy abundante.
Hay mucha documentación sobre las organizaciones políticas, principalmente de izquierda. Bajo la dictadura todos los partidos políticos, sin excepción, fueron vigilados y controlados.
En relación a las organizaciones de izquierda hay un cúmulo de información, de interpretación en clave de Inteligencia, de comprobación de funciones de dirigentes, de domicilios, que hablan de una acumulación de información, incluso en democracia, sobre esos grupos y sus integrantes.
En el libro se dice que desde 1947 se observaba al Partido Comunista...
Sí, es así. Después de 25 años de acumular esa información a través de recortes de prensa, de discursos, de viajes, de informantes, permite que ya bajo la dictadura, sin ningún amparo legal y bajo el terrorismo de Estado, esa información se lea en clave de Inteligencia bajo la lógica de "amigo, enemigo".
En su trabajo ustedes también se refieren a la etapa anterior al golpe de Estado...
Si bien nuestra investigación va desde el 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985, período entendido como de dictadura, tuvimos que llegar al año 1971 en la medida en que hay dos casos de desaparecidos, Ayala y Castagneto. También hay un tercer caso que es el de Roberto "Tito" Gomensoro, que desaparece antes del golpe de Estado, en marzo.
A la vez nos fuimos después de 1985, con la incorporación de las fichas personales de los detenidos desaparecidos, a todo lo que en materia legislativa, de Poder Ejecutivo, de comisiones investigadoras, aparece como denuncias, por ejemplo en el Poder Judicial.
Luego de las investigaciones, ¿se confirma el Plan Cóndor?
Sí, sin duda. Uno de los puntos fuertes de la documentación que contiene esta investigación tiene que ver con el Plan Cóndor, si bien nosotros hablamos de coordinación represiva regional.
Si uno sigue la construcción del Plan Cóndor, hay determinados hechos, como los asesinatos en la carretera de Soca de los militantes del MLN, que están fuera de contexto. La coordinación represiva regional es anterior a la sistematización del Plan Cóndor. En la primera reunión constitutiva de este plan, en Santiago de Chile en 1972, es un coronel del Ejército uruguayo, José Fons, quien propone llamarlo "Cóndor". Esto lo obtuvimos de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Archivo del Terror de Paraguay y del National Security Archive, entre otros.
El 20 de octubre de 1975 se realiza en Uruguay la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, en la cual participó Jorge Rafael Videla, entre otros. Al otro día comienza la Operación Cóndor, que es la represión abierta contra el PCU, la inauguración del 300 Carlos y la reclusión allí de más de 300 comunistas, en un operativo que tendrá ocho desaparecidos entre octubre de 1975 y junio de 1976, que se llamó la Operación Morgan. Después vino la represión al PVP, recién constituido en Argentina, con toda la secuela de desaparecidos que la misma tuvo.
¿Hay documentos que confirman los traslados, los vuelos?
En el caso de los desaparecidos en Paraguay hay documentos que comprueban los traslados de ese país a la Argentina. En los otros casos hablo de uruguayos desaparecidos en Argentina y posiblemente trasladados a Uruguay nosotros no encontramos documentación oficial que compruebe fehacientemente esos traslados.
Lo que el libro aporta, de una manera sistemática, es la fecha y el lugar donde grupos de uruguayos son sacados de los centros de reclusión de Argentina. También están los testimonios de sobrevivientes que comprueban esas fechas y ese acto de retiro masivo de ciudadanos uruguayos detenidos en los pozos, particularmente Banfield, Quilmes y Orletti.
En el primer tomo del libro se ilustra sobre los operativos organizados contra el PCU, el PVP, los GAU, las Agrupaciones de Militantes Socialistas, los montoneros residentes en Uruguay, el PCR y el MLN.
En esa sección, en la cual se reconstruye el contexto, y en las fichas personales de cada una de esas personas trasladadas que fueron vistas por sobrevivientes, aparece el reconocimiento del comandante de la FAU de la existencia de algunos de esos vuelos, más los propios informes de la Comisión para la Paz, que sin dar mayores detalles igualmente utiliza la definición de "traslado grupal" o "presumiblemente fue trasladado".
¿En los documentos a los que ustedes accedieron hay una valoración del Estado sobre la capacidad de fuego de algunos de esos grupos de la izquierda?
Hay documentos que el Estado se los cree y constituyen, para el mismo, una verdad. Al revisar los informes de Inteligencia hay una especie de sobredimensionamiento de la "peligrosidad" de estas organizaciones y de la coordinación que algunas de estas organizaciones tenían en Argentina, a través de la Junta Coordinadora Revolucionaria, con otros grupos revolucionarios, particularmente el ERP y Montoneros.
Muchas veces esas lógicas represivas necesitan autojustificarse y retroalimentarse, por eso plantearon que esos grupos se rearmaban.
¿Cuáles son las zonas del Estado a las cuales ustedes no pudieron ingresar?
No pudimos consultar directamente archivos militares, salvo el material depositado en el Calen. No es información secreta, pero alguna es confidencial. Sí consultamos documentos de origen militar, depositados en otras dependencias estatales.
¿Por qué no pudieron acceder a esos documentos?
No está dentro de nuestra potestad el poder entrar a esos archivos. En el intercambio que siempre tuvimos con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, se nos dijo que esos archivos no estaban. Luego, cuando se encontró una parte de ellos, sobre todos los que están en el Cgior, se supo que esos materiales no están organizados como archivos, son lugares de depósito de documentos, algunos de los cuales están cifrados y microfilmados. Por lo tanto, organizar ese depósito de documentos como archivo, clasificar e interpretar los documentos, lleva mucho tiempo. La alternativa era investigar u organizar un archivo.
Como universitario ¿qué siente?
El martes hubo una declaración importante del CDC de la Universidad, valorando el aporte de los equipos universitarios en las investigaciones históricas y arqueológicas sobre nuestro pasado reciente y vinculando este aporte a la tradición universitaria y al cumplimiento de su Ley Orgánica.
El haber trabajado durante tanto tiempo con un equipo universitario que asumió como parte de su responsabilidad cívica, ciudadana, como parte integrante de la Universidad de la República, me hace sentir un gran orgullo y la tranquilidad de que el libro podrá tener tales o cuales deficiencias, pero lo que hubo fue un gran trabajo sin horas, con mucha responsabilidad, puesto a disposición de la verdad y de los familiares de los detenidos desaparecidos, para que Uruguay avance en materia de verdad, de memoria y de justicia. *
En Michoacán, 35 desaparecidos por cuestiones ideológicas
Morelia, Mich., 6 de junio del 2007.- Las cifras negras en Michoacán hablan de por lo menos 35 personas desaparecidas por cuestiones ideológicas, casos en los cuales las autoridades no han dado respuesta, informó Abdallán Guzmán Cruz.
El ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, no descartó que la lucha interna entre los grupos de narcotraficantes sea utilizada por las autoridades para cometer ese delito y hacerlo pasar por un ‘levantón’ o ejecución de la delincuencia organizada.
En ese sentido, dijo que la población debe estar alerta ante ese fenómeno que pudiera ser el marco idóneo para que las autoridades desaparezcan personas que no comparten su misma ideología o que son un obstáculo para sus proyectos políticos.
Guzmán Cruz dio cuenta de 20 casos debidamente documentados y de 15 más que se presume ocurrieron en esas mismas circunstancias en Michoacán, pero en los cuales lo familiares de los afectados se resisten a presentar las denuncias correspondientes.
Entrevistado en el marco del Foro de Consulta sobre la Iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Michoacán que presentó el mandatario michoacano Lázaro Cárdenas Batel al Congreso local, el ex legislador perredista señaló que en la década de los 70, el gobierno cerró los cauces para la lucha democrática y se agudizó la represión hacia los luchadores sociales.
Alertó que aún en esta época continúa latente la desaparición forzada de personas y que del año 2 mil a la fecha se tiene conocimiento de dos militantes políticos de una organización clandestina del estado de Guanajuato, de los cuales se desconoce su paradero al igual que en Aguascalientes existe otra persona desaparecida por cuestiones políticas.
El ex legislador del Sol Azteca confió en que la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal se cristalice a fin de alcanzar tres propósitos fundamentales: el primero, rescatar la verdad; el segundo, castigar a los responsables y el tercero, para evitar que se siga cometiendo ese delito.
Abdallán mencionó que su padre y cuatro de sus hermanos fueron presa de la llamada Guerra Sucia de la década de los 70, y que de entonces a la fecha siguen sin conocer su paradero.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Local, Eugenio Torres Moreno, dio a conocer que la iniciativa sobre Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Michoacán presentada por el Ejecutivo estatal, contempla una pena superior a los 10 años de cárcel a quienes cometan una falta de ese tipo, por tratarse de un delito considerado grave.
Explicó que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad cometido por autoridades que pueden ser la Procuraduría de Justicia o el propio Ejército Mexicano quienes fuerzan a la desaparición de una persona.
Memoria: más de cien periodistas desaparecidos y asesinados
En su libro “Los periodistas desaparecidos”, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) recuerda a los 85 trabajadores de prensa desaparecidos y a los 18 que fueron asesinados, cuya lista la ANC publica a continuación haciendo mención a los lugares donde desarrollaron su actividad profesional:
Siempre presentes!
Periodistas desaparecidos
Claudio Adur (11-11-76), diarios Crisis y El Cronista Comercial, revista Arte Hispanoamericana. Fundador del Centro de Estudios e Investigaciones Artísticas. Docente.
Ricardo Emir Aiub (09-06-77), periodista de Coronel Dorrego.
Alejandro Martín Almeida (17-06-75), agencia de noticias Télam.
Lucina Alvarez de Barros (07-05-76), revista Barrilete. Docente.
María Elena Amadío (30-03-76), revista Discusión.
Andrés Lucio Ariza (22-07-76), periodista de Córdoba.
Juan José María Ascone (18-05-77), diario La Opinión, revistas Primera Plana y Competencia. Corresponsal extranjero.
Jorge Alberto Asenjo (12-06-76), periodista de Cinco Saltos, Río Negro.
Oscar Osvaldo Barros (07-05-76), revistas Crisis y Barrilete. Escritor.
María Bedoian (12-06-77), revista Dinamis y radio Municipal.
Horacio Félix Bertholet (01-10-76) Canal 2 de La Plata y docente en la Escuela de Periodismo de La Plata.
Alicia Raquel Burdisso Rolotti (21-06-77), periodista de Tucumán.
Miguel Angel Ramón Bustos (30-05-76), diario El Cronista Comercial y revista Panorama. Poeta.
Juan José Capdepón (04-78).
Roberto Carri (24-02-77), diario La Opinión, revistas Primera Plana y Extra. Sociólogo, escritor y docente.
Aldo Néstor Casadidio (07-12-76), periodista de la Casa de Gobierno de Mendoza.
Conrado Guillermo Ceretti (27-07-76), revista Panorama, diarios Clarín y La Opinión. Licenciado en Letras, traductor, ensayista y docente.
Jaime Colmenares (02-01-77).
Haroldo Pedro Conti (05-05-76), revista Crisis. Como escritor obtuvo el Premio Barral, Casa de las Américas, Life, Municipal de Buenos Aires, Fabril Editora y Universidad Veracruzana.
Daniel Alberto Danquen (15-05-77), diario Clarín.
Eduardo Defieri (1977), periodista independiente de Buenos Aires.
Julián Delgado (04-06-78), revista Mercado y diario El Cronista Comercial.
Héctor Ernesto Demarchi (05-08-76), diario El Cronista Comercial. Delegado sindical.
Carlos María Denis (27-03-77).
Mabel Kissler de Domínguez (06-01-77), diario El Mundo.
Pablo Hermes Dorigo (20-08-76), empleado de Canal 9 de Buenos Aires.
Dardo Sebastián Dorronzoro (25-06-76), colaborador de los diarios Alberdi de Vedia, El Civismo de Luján y La Gaceta de Tucumán. Escritor.
Alicia Graciana Eguren de Cooke (26-01-77), revista Nuevo Hombre.
José Guillermo Espinosa (18-01-76).
Rodolfo Jorge Fernández Pondal (05-08-77), director adjunto de la revista Ultima Clave.
Claudio Arnoldo Ferraris (30-07-77), poeta y trabajador gráfico del diario La Opinión.
Ernesto Luis Fossati (26-11-76), revista Panorama.
Jorge Horacio Foulkes (17-03-78).
Gerardo Francisco Gatti Acuña (09-06-76), trabajador gráfico.
Raymundo Gleyzer (27-05-76), revistas Panorama, Life, Parabrisas, Time, Georama, Editorial Códex y Alexoraft. Cineasta.
Célica Gómez (03-01-78), agencia de noticias Télam.
Alberto Jorge Gorrini (03-06-78), periodista y fotógrafo. Profesor de Filosofia.
Luis Rodolfo Guagnini (21-12-77), diarios La Opinión, Clarín y El Cronista Comercial, corresponsal de Interpress Service, El País de España, Latin American Political Report y Latin American Economic Report de Londres.
Diana Griselda Guerrero (27-07-76), diarios El Cronista Comercial y La Opinión, revista Discusión.
Norberto Habbegger (08-78), subdirector del diario Noticias, revistas Panorama y Primera Plana. Escritor.
Jorge Rodolfo Harriague (12-77).
Mario Hernández (11-05-76), codirector de la revista Militancia y director de El Descamisado. Abogado.
Mario Herrera (24-05-76), revista Confirmado.
Juan Carlos Higa (17-05-77), diario japonés Akoku Nippo. Poeta.
Daniel Saúl Hopen (17-08-76), periodista y sociólogo.
Ignacio Ikonicoff (12-06-77), diarios La Opinión, El Mundo y Noticias, revista Panorama, agencia Interpress Service. Dirigente del Sindicato de Prensa de Resistencia. Doctor Honoris Causa de La Sorbona.
Santiago José Illa (12-05-76).
Maurice Jaeger (08-07-75), corrector y crítico literario de La Gaceta de Tucumán.
Alfredo Kolliker Frers (15-12-76), diario alemán La Plata Ruff y Prensa Libre.
Miguel Francisco Lizaso (14-09-76), revista La Causa Peronista.
Susana Lugones (24-12-77), diario La Opinión, revistas Siete Días y Crisis.
Francisco Eduardo Martín (14-05-77), diario La Nación, ex delegado sindical en esa empresa.
Mario Martínez (23-01-77).
Elsa Martínez de Ramíres (30-05-78).
José Mario Martínez Suárez (23-12-77), periodista uruguayo.
Heraldo Juan Marucco (03-05-77), editorial Atlántida, secretario Adjunto de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (Apba).
Marta Mastrogiacomo (20-10-76), periodista y traductora.
Nebio Ariel Melo Cuesta (08-02-76), periodista uruguayo.
Liliana Molteni (21-06-76), periodista, cofundadora del Centro de Estudios Pampeano.
Susana Beatriz Medina de Bertholet (01-10-76).
Luis Carlos Mónaco (11-01-78), periodista de Córdoba.
Toni Agatina Motta (11-80), periodista estadounidense corresponsal del Dailly News de Roma.
Daniel Moyano Vega (1976), diario Los Andes de Mendoza.
Paulo Alberto Nazar (23-04-77).
Héctor Germán Oesterheld (06-77), guionista de historietas, creador de El Eternauta y Sargento Kirk, entre otros.
Carlos Alberto Pérez (08-05-76), director del suplemento literario del diario Clarín y gerente de Producción de Eudeba.
María José Perrier (30-10-76)
Rafael Perrota (07-77), director y propietario del diario El Cronista Comercial.
Horacio Norberto Poggio (23-07-76), dirigente del Sindicato de Prensa de Córdoba.
Enrique Raab (16-04-77), diarios La Opinión, Clarín y El Cronista Comercial, revistas Primera Plana, Siete Días, Confirmado, Visión y Análisis.
José Eduardo Ramos (01-11-76), diario Noticias de Tucumán y Canal 10 de Tucumán.
Edgardo Sajón (11-04-77), diario La Opinión.
Roberto Jorge Santoro (01-06-77), director de la revista Barrilete. Poeta y escritor. Premio Fondo Nacional de las Artes. Colaborador en diarios y revistas de la Argentina y del exterior.
Juan Miguel Satragno (26-02-78), diario La Nación.
Víctor Eduardo Seib (30-07-77), trabajador de prensa de la sección circulación del diario La Nación.
Santiago Servín (07-09-76), director de la revista La Voz de Solano, Quilmes. Escritor.
Roberto Juan Carmelo Sinigaglia (11-05-76), revista Nuevo Hombre. Abogado.
Juan Marcelo Soler Guinard (29-04-77), revista Confirmado, diario El Mundo.
María Cristina Solís de Marín (11-08-78), diario La Nación. Delegada sindical. Docente.
Horacio Rodolfo Speratti (06-06-76), periodista, miembro de asociaciones automovilísticas.
Eduardo Suárez (12-08-76), revista Siete Días, diarios La Opinión, El Mundo y el Cronista Comercial, agencia Interpress Service, integrante de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (Apba).
Patricia Villa (14-08-76), correctora del diario La Calle, diario La Opinión. Agencia Interpress Service.
Enrique Juan Ricardo Walker (17-07-76), revistas Gente, Semana Gráfica, Extra, Nuevo Hombre y El Descamisado.
Rodolfo Jorge Walsh (25-03-77), escritor y dramaturgo, periodista en los diarios La Opinión, Mayoría y Noticias. Cofundador con Gabriel García Márquez y Jorge Massetti de la agencia Prensa Latina.
Tilo Wenner (26-03-76), director de El Actual de Escobar y de revistas literarias. Escritor.Periodistas asesinados
Pedro Leopoldo Barraza (13-10-74), ex director de Radio del Pueblo de Buenos Aires.
Cristina Bettanín (02-01-77), fotógrafa de las revistas Ya y El Descamisado, diarios Noticias, El Diario.
Guillermo Bettanín (05-76), diario Noticias.
Leonardo Bettanín (02-01-77), revistas Confirmado, Primera Plana, El Descamisado, Editorial Siglo XXI. Diputado nacional.
Mario Bonino (11-11-93), diarios Popular, Sur y La Razón, integrante de la Secretaría de Prensa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba).
José Luis Cabezas (25-01-97), reportero gráfico revista Noticias.
Dardo Cabo (06-01-77), director de la revista El Descamisado. Diputado nacional. Fue detenido el 17-4-76 y asesinado durante un traslado de cárceles.
José Domingo Colombo (03-10-73), diario El Norte de San Nicolás, Buenos Aires.
Ana María Estevao (20-10-75), diario La Voz de Solano, Quilmes.
Julio César Fumarola (06-02-74), fotógrafo, revista Siete Días y colaborador en otras publicaciones.
Marcelo Ariel Gelman, revista Gente y diario Noticias. Hijo de Juan Gelman, fue secuestrado el 24-08-76, desaparecido y posteriormente asesinado, su cuerpo fue entregado a la familia el 05-01-90 y por pedido de ésta fue velado en la sede de la Utpba.
Román Mentaberry (fines de 1979), periódico del Partido Comunista.
Héctor Gutiérrez Ruiz (21-05-76), parlamentario y periodista uruguayo asesinado en Buenos Aires junto a Zelmar Michelini.
Zelmar Michelini, diarios La Opinión y Noticias, agencia Interpress Service. Periodista y parlamentario uruguayo detenido por las fuerzas armadas el 17-03-76, su cadáver apareció el 22-03-76.
Rodolfo Ortega Peña (09-73), director de la revista Militancia. Diputado nacional.
Francisco Urondo (17-06-76), revistas Todo, Confirmado y Paoorama, diarios Noticias, La Opioión y Clarín. Poeta y escritor. Fue asesinado en Mendoza.
María Victoria Walsh (29-09-76), diario La Opinión, revista Primera Plana.
Miguel Angel Zavala Rodríguez (12-76), director de El Auténtico. Diputado nacional (ANC-UTPBA).
US - Desaparecidos de la guerra contra el terror
Jim Lobe
IPS
El gobierno de Estados Unidos afronta ante la justicia una demanda para que revele el paradero de al menos 39 detenidos-desaparecidos en el marco de su "guerra contra el terrorismo".
Las tres organizaciones de derechos humanos a cargo de la querella estiman que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene desde hace cinco años a los desaparecidos en cárceles secretas.
El capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Nueva York, entablaron la demanda en el marco de la ley de Libertad de Información.
Las tres organizaciones con sede en Nueva York sostienen que el gobierno retiene documentos que pueden contribuir a conocer el destino de 39 detenidos- desaparecidos y proporcionar datos sobre su paradero.
"Queremos saber dónde están esas 39 personas ahora y qué les pasó desde el momento de su desaparición", señaló Joanne Mariner, a cargo de investigaciones sobre terrorismo y antiterrorismo de la organización Human Rights Watch (HRW).
A pesar de no ser demandante, HRW contribuyó con un informe sobre el que se basa el proceso, publicado el jueves, el mismo día en que se presentó la querella.
"Ya es un grave abuso mantenerlas en prisiones secretas de la CIA. Y ahora tememos que las puedan haber transferido a países donde pueden seguir en cárceles secretas y más abusos", añadió.
El informe de 21 páginas, para que el que realizaron aportes también las organizaciones Cageprisioners y Reprieve, ambas con sede en Londres, menciona la identidad y otros datos de 39 personas desaparecidas tras su detención.
En su mayoría fueron apresados en Pakistán entre 2001 y 2005.
El documento "Off the Record" ("fuera de registro", en inglés) también registra la detención de esposas o hijos, e incluso el caso de un bebé de seis meses, de las personas que fueron apresadas.
Las seis organizaciones indicaron que se trata del listado más completo de personas detenidas-desaparecidas que se haya compilado desde que Estados Unidos declaró su guerra contra el terror en 2001.
"Nosotros no cuestionamos el deber del gobierno de proteger a las personas de atentados terroristas", declaró desde Londres el director de investigaciones de Amnistía, Claudio Cordone.
"Pero sí se cuestiona el secuestro de hombres, mujeres y hasta niños y el hecho de mantenerlos en prisiones secretas privándolos de los derechos más básicos de cualquier detenido. El gobierno de Estados Unidos debe terminar de una vez por todas con esa práctica ilegal y moralmente repugnante", enfatizó.
Por su parte, la CIA se negó a confirmar o desmentir la veracidad de la información de la investigación de las organizaciones de derechos humanos.
"Cuando se trata de la CIA y de la lucha antiterrorista, no faltan acusaciones de inexactitudes", alegó el portavoz de la agencia, Paul Gimigliano.
"La verdad lisa y llana es que actuamos de acuerdo con la legislación estadounidense y que nuestras iniciativas antiterroristas, sometidas a un cuidadoso análisis y supervisión, han sido muy eficaces para desbaratar conspiraciones y salvar vidas", añadió.
La publicación del informe coincide con una renovada polémica por varios aspectos de las prácticas de detención del gobierno de George W. Bush.
Este viernes comenzó en la septentrional ciudad italiana de Milán el tan esperado proceso en ausencia de 25 agentes de la CIA y del ex jefe de Inteligencia de Italia por el supuesto secuestro de un imán en las calles de esa ciudad en febrero de 2003.
El hecho se habría enmarcado en el programa de Washington de "entregas extraordinarias", que consiste en la detención de un sospechoso en un país y su entrega a las autoridades de otro donde la tortura y los tratos inhumanos son habituales.
El imán Hassan Mustafa Osama Nasr fue trasladado a Egipto donde, según sus relatos, fue torturado durante un interrogatorio antes de ser liberado bajo arresto domiciliario.
En el ámbito local, la CIA también es cuestionada.
El mes pasado, la gubernamental Junta de Ciencia de la Interrogación publicó un duro informe que cuestiona las técnicas violentas utilizadas por la agencia porque no son efectivas y son contraproducentes.
Las organizaciones de derechos humanos las calificaron de tortura y el ex asesor de la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice, Philip Zelikow, las había considerado "inmorales".
Mientras, el Comité de Inteligencia del Senado publicó la semana pasada un informe que cuestiona el valor del programa de interrogatorios y detenciones secretas de la CIA.
Además, sugiere que la información de inteligencia obtenida por estos medios no compensan la publicidad negativa ni evitan la recaudación de datos falsa.
Por último, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó la semana pasada a una subsidiaria de la aerolínea Boeing, involucrada en el programa de entregas extraordinarias de la CIA, en representación de un egipcio, un etiope y un italiano trasladados a cárceles secretas donde habrían sido torturados.
Al igual que la tortura, las desapariciones forzosas violan varios tratados de derechos humanos ratificados por Estados Unidos.
Esa práctica se inició con el conocido decreto "Nacht und Nebel" ("noche y niebla"), del régimen nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y fue muy utilizado por las dictaduras militares de América Latina en los años 70 para eliminar opositores.
El propio Bush reconoció por primera vez en septiembre de 2006 que la CIA tenía prisiones secretas en varias partes del mundo.
Bush anunció entonces la transferencia de 14 presos destacados, incluido el supuesto estratega de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, Khalid Sheikh Mohammed, de una cárcel de la CIA al centro de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Cientos de supuestos terroristas habrían sido detenidos y trasladados en el marco del programa de entregas extraordinarias, aunque la mayoría de ellos enviados luego a Guantánamo, liberados o habrían corrido otra suerte, según las explicaciones oficiales.
El informe reagrupa en tres categorías a las 39 aún desaparecido. Tres de ellos pertenecen al grupo de los que Estados Unidos en algún momento reconoció, a nivel oficial, haber detenido, de otros 18 hay pruebas sólidas, incluidos testimonios de testigos, de que permanecieron en prisiones secretas.
Del resto existe alguna prueba de que están en algún centro de detención secreto.
La mayoría de esas personas habrían sido originalmente detenidas en Pakistán. Figuran ciudadanos de Egipto, Kenia, Libia, Marruecos y España. También se habrían realizado secuestros en Irán, Iraq, Somalia y Sudán.
Respecto de los casos en que familiares de presuntos terroristas habrían sido detenidos, el informe señala que algunos fueron liberados y otros no aparecen.
Los hijos de siete y nueve años de Khalid Sheikh Mohammed habrían sido apresados por las fuerzas de seguridad pakistaníes en septiembre de 2002. Y una vez que él fue secuestrado, según el informe, los niños fueron utilizados por la CIA para "obligar al padre a cooperar con Estados Unidos".
Junio 8, 2007
Digging begins at suspected mass grave of Kosovo victims
Agence France-Presse
5 June 2007
RUDNICA, Serbia, June 5 (AFP) - Forensic experts began excavation work Tuesday
at a suspected Serbian mass grave thought to contain the remains of up to 500
ethnic Albanian victims of Kosovo's 1998-1999 war.
The suspected grave site, at an old quarry now partly overgrown by grass and
flooded with water, is about two kilometres (1.2 miles) from Serbia's
administrative border with Kosovo province.
The dig, expected to last five days, is being conducted by Serbian authorities
in the presence of officials from Kosovo and the Organisation for Security and
Cooperation in Europe.
Also on hand were forensic experts from the Sarajevo-based International
Commission for Missing Persons, which said it was ready to identify any remains
through DNA analysis.
"We are assisting this investigation with the participation of our forensic
experts," said ICMP spokesman Vedran Persic.
"We're also ready to eventually identify (any victims) as we have a data base
with 84,000 (DNA) samples from families whose members went missing" during the
Balkan wars of the 1990s, Persic said.
A source told AFP that the investigation was launched based on a protected
witness' account before the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia.
"The location was provided by the Hague tribunal. An anonymous witness said
that they saw trucks dumping the bodies," the source said on condition of
anonymity.
The quarry could contain the remains of between 350 and 500 bodies of ethnic
Albanians killed by Serb forces during the Kosovo conflict, according to
various local media reports.
The suspected victims were believed to have been moved across the border
for burial in a bid to cover up atrocities carried out by the forces loyal
to the late Serbian leader Slobodan Milosevic.
"This is an ideal place" for concealing the remains of war crimes victims,
Kosovo official Arif Mucolli told AFP.
"For now we are only suspicious. Whether these suspicions are confirmed remains
to be seen," said Mucolli, a missing persons adviser to Kosovo Prime Minister
Agim Ceku.
Kosovo has been under United Nations stewardship since June 1999 when a NATO
assault drove out Serb forces waging a brutal crackdown on separatist ethnic
Albanian rebels and their civilian supporters.
The UN Security Council is to decide soon on a plan that would make Kosovo
independent under international supervision -- an idea backed by the West but
adamantly opposed by Serbia and its traditional ally Russia.
Ethnic Albanians outnumber Serbs and other minorities in Kosovo by a ratio of
about nine to one.
According to the International Committee of the Red Cross, some 2,398 people,
most of them ethnic Albanians, remain listed as missing almost eight years
since the end of the Kosovo conflict.
Italy: The war on terror: Inside the dark world of rendition
http://news.independent.co.uk/world/politics/article2631542.ece
The war on terror: Inside the dark world of rendition
An Italian court will today begin hearing a case against 26 American agents accused of kidnapping the Imam of Milan's most important mosque. The case promises to expose the truth about America's rendition policy.
By Peter Popham and Jerome Taylor
Published: 08 June 2007
Shortly before noon on 17 February 2003, the bulky, bearded figure of the Imam of Milan's most important mosque, Abu Omar, was noticed by a woman called Merfat Rezk.
Wearing traditional Arab dress, he was walking down Via Guerzoni towards his mosque. Ms Rezk also saw a man of European appearance wearing sunglasses and standing on the street, talking into a mobile phone. Moments later there was a loud bang, and a light-coloured van that had been parked across the pavement took off at high speed. The Arabic looking man and the man with sunglasses were nowhere to be seen.
Inside the van, the Egyptian cleric was confronted by men "wearing uniforms similar to those worn by the special forces", as he later wrote, men "who never spoke" but blindfolded his eyes and bound him hand and foot with gaffer tape. When he put up a fight, he was "severely beaten", until he began to foam at the mouth and became incontinent.
The van took him at speed to the Aviano airbase at the foot of the Alps, shared by the US and Italian militaries, where in a "small grey room" he was confronted by his captors. "They stood me upright and untied the plastic tape from my feet," he wrote. "Then they started to remove my clothes and the tape that bound my hands. I guess they used some instruments to tear off my clothes because I did not feel their hands touch me.
"They put new clothes on me and removed the blindfold... In a matter of seconds they took photographs of me and covered both my head and face with a wide blindfold that only exposed my nose and mouth. They also tied my hands to my back and feet with plastic ropes. I was then taken on to an aeroplane."
The imam, whose full name is Hassan Mustafa Osama Nasr, had become a victim of the process known as "extraordinary rendition", the kidnapping of suspected terrorists from their homes in Europe and rapid removal to countries known for their brutal prison regimes.
From Italy, Mr Nasr was flown to Germany and then to Cairo.
A "great Pasha", in Mr Nasr's words, a high-ranking official, asked him if he was willing to return to Italy as an informer. When he refused he was taken to a notorious Cairo prison and tortured. "I was hung like slaughtered cattle," he wrote, "head down, feet up, hands tied behind my back, feet tied together, and I was exposed to electric shocks all over my body." His incarceration lasted for four years.
The American CIA agents accused of kidnapping Mr Nasr go on trial in Milan today. It is the first time in living memory that CIA agents have been prosecuted for non-espionage offences. None of the 26 Americans, most of them indicted under the false names on the passports they used to enter Italy, will be in court for the trial. None of them will go to prison if convicted. But what the trial will do is to expose in detail the extraordinary arrogance of the remaining superpower, its readiness to grab people legally resident in Europe, immobilise and manacle them and fly them off to be tortured.
Mr Nasr had come face to face, briefly and shockingly, with one of the tough, highly professional and lavishly pampered American special forces teams that brought the War on Terror - in its guerrilla manifestation - to the streets of Europe's cities.
"One of the primary European objections to the concept of a 'war' on terrorism," wrote David Ruivkin Jnr and Lee Casey in The New York Times earlier this year, "is the fear that US forces will treat Europe as a battlefield... Extraordinary rendition gets uncomfortably close to US military operations on European streets."
The phrase and the fact of extraordinary rendition became public knowledge only in 2003, but American anti-terrorism units had been forcibly extraditing suspected Islamists to states with records of torture and extrajudicial executions long before 9/11. The deployment of secret paramilitary squads move captives in CIA-owned or financed planes was first perfected during the late 1990s in the Balkans.
The first known rendition by the US government to a third country with a record of torture occurred in 1995 when an Egyptian Islamist, Talaat Fouad Qassem, went missing while visiting Croatia. Mr Qassem, the leader of a banned Islamic group in Egypt, had been sentenced to death in absentia three years earlier by a military tribunal. The Croatian authorities had originally apprehended Mr Qassem on an immigration charge, but his transport to Egypt was arranged by the US and he was interrogated by Americans on board a ship in the Adriatic before sending him to Cairo's torturers.
Three years later, following reports that an Egyptian terrorist cell based in Albania were planning to attack US embassies in the region, a CIA paramilitary team arranged the arrest and rendition of a further six Islamic militants to Egypt. Many of them, including Mr Qassem, have not been heard of since. Those who have say they were tortured horrendously.
But it was after the terror attacks on New York and Washington on 9 September 2001, when "the gloves came off", that the phenomenon exploded. As Cofer Black, onetime director of the CIA's counterterrorist unit, put it: "There was a before-9/11 and an after-9/11."
Sweden saw one of the earliest examples of a post-9/11 rendition, three months after the attacks on the US. Two Egyptian nationals who were claiming asylum there, Ahmed Agiza and Mohammed al-Zery, suddenly disappeared on 18 December 2001. They were flown back to Egypt. Subsequently both said they were tortured.
All those who have lived to tell the tale of the rendition process have given remarkably similar accounts of the brutal, but slick, well-rehearsed procedure that leaves a detainee trussed up and and incapacitated within three to five minutes.
Clara Gutteridge, from the charity Reprieve, which provides legal help for many of them, says the paramilitary teams are highly trained professionals. "They are not necessarily the same people each time," she says. "But what we do see is the 'rendition methodology' ... Namely, a team of 12 to 13 people, dressed in black T-shirts, wearing ski masks and Timberland boots who carry out the actual rendition. The speed at which they operate, the uniformity of the process, and the general level of professionalism is striking. Let's not forget that what they are doing is in plain language kidnap and forcible transfer to torture.
"As we have no reason to believe that any of our clients were rendered by the same team of people, there's already potential for multiple investigations... and the chain of command responsibility goes right to the top."
And when these seasoned teams have done their work, they kick back. Three of the team who who "boosted" Mr Qassem from Milan checked into the Hilton on Via Luigi Galvani, where rooms cost about £160 a night. Others stayed in the Marriott, Sheraton and Westin hotels. Some of them even presented their frequent-flier ID cards for endorsement. The combined hotel bill for the team's short stay in the city was at least $150,000 (£78,000).
Renditions have been happening at least as far back as the Reagan administration. From the point of view of other countries, they are an offensive demonstrations of American prepotency whenever and wherever they happen.
Arguably there are situations where they are justifiable - and fully legal under American law. When Ramzi Yousef, the man who bombed the World Trade Centre in 1993 and planned to blow up a dozen American jet liners over the Pacific, was seized in Islamabad, the Pakistani government was happy to see him flown secretly to the US. "In a perfect world," wrote Daniel Benjamin in Slate, "renditions would not be necessary. But renditions reflect the reality that dangerous people turn up with some frequency in countries with inadequate legal systems that need to shield their co-operation with the United States from domestic opposition."
But then renditions became a way of outsourcing torture. And not the "handful of the worst terrorists in the planet" of George Tenet's description, but unknown dozens, perhaps hundreds, maybe more than a thousand people. Ahmed Nazief, the Egyptian prime minister, says he is aware of "60 to 70" cases in which Egyptian nationals were seized abroad and flown to Egypt. An investigation by the European Parliament revealed that the CIA had operated more than 1,000 flights through European airspace since 2001.
Amnesty International and other human rights organisations said yesterday that extraordinary renditions continues. They released the names of 39 people who they claim have passed through American custody but whose whereabouts are unknown. For the innocent the story is a tragedy. Even for the non-innocent it is a blazing example of American hypocrisy.
But there is another question to be asked. Did it make America, and the rest of the West, any safer? In the case of Mr Nasr from Milan the answer seems to be a resounding no. Mr Nasr had been given refugee status in Italy in 1997 but the Italian secret services were suspicious of him, and his phones and his home were comprehensively bugged. "We knew everything, everything, everything Abu Omar was up to," a senior Italian law enforcement officer told The Chicago Tribune. One reason Mr Nasr's rendition was carried out in such strict secrecy was to avoid alerting the Italians who were bugging him.
Robert Seldon Lady, the CIA's former Milan chief and the only agent to have gone on the record about the Imam Abu Omar case, claims that he opposed the abduction from the start, but was overruled by the station chief in in Rome; the man's name has never been released, but colleagues describe him as an incense-burning Buddhist, an eccentric figure who maintains a shrine to Jimi Hendrix at the CIA's headquarters.
At the Milan trial, the prosecutor, Armando Spataro, will produce evidence to prove that the Rome CIA chief overstated the threat Mr Nasr posed, in order to get approval for the rendition from his superiors.
"We never got any good [intelligence] product from a rendition," one senior CIA officer told The Chicago Tribune.
The CIA also ruptured a good working relationship with their Italian counterparts. The damage to those relationships is something the CIA broods about now. "That is something I do worry about," Tyler Drumheller, the CIA's chief of covert operations in Europe until 2005, said. "The most important thing, I believe, is that we have to work seamlessly with the European services and all round the world. I admit sometimes we're like a bull in a china shop."
They disappeared, but lived to tell the tale
Khaled al-Masri
The German citizen of Lebanese descent was abducted from Macedonia in early 2003 and rendered to Afghanistan. His "crime" was to share a name with a wanted militant. Mr Masri spent more than a year in Kabul's notorious secret prisons before the US realised they had arrested the wrong person
Abu Omar
Hassan Mustafa Osama Nasr, known as Abu Omar, was under investigation by Italian security for links to terrorism when the CIA kidnapped him in Milan and flew him to his native Egypt in February 2003 where he says he was tortured. His kidnap led to indictments being issued against 26 Americans.
Binyam Muhammad
The Eritrean national and British resident Binyam Muhammad was rendered by the CIA on multiple occasions. He was arrested in Pakistan in April 2002 then was subsequently flown to prisons in Afghanistan and later Morocco where he claims he was severely tortured.
Maher Arar
The rendition of the Canadian national of Syrian origin from New York to Syria where he was horrifically tortured has become one of the best documented examples of an innocent victim of the CIA's program. Both the Canadian and Syrian governments have publicly cleared Mr Arar of any links to terrorism
Moazzam Begg : The disappeared
The disappeared
If there's one thing worse than being sent to Guantánamo, it's not being sent to Guantánamo.
Moazzam Begg
I attracted more than a few looks of disbelief when I told an audience at a community meeting recently that I was actually looking forward to going to Guantánamo Bay. Their reaction was predictable but I wanted to explain why I would make such a bizarre statement. Although Guantánamo Bay contains the world's most notorious prison, it is by no means the world's worst.
All of the men incarcerated at Guantánamo have had to pass through a process that the CIA terms its "extraordinary renditions programme" which includes abduction, torture and false imprisonment in "ghost" detention sites and "dark prisons" dotted around Asia, Africa and Europe. But some of the men at these places never made it to Guantánamo. Some of them have disappeared altogether.
A report issued today by six leading human rights organisations - including Amnesty International, CagePrisoners, Reprieve and the Center for Constitutional Rights - entitled Off the Record: US Responsibility for Enforced Disappearances in the War on Terror documents the cases of 39 individuals who have been "disappeared". It even names relatives of suspects who were themselves detained in secret prisons, including children as young as seven years old. Some of these individuals have been in custody for nearly six years, despite claims by the US administration that there are no longer any people being held in their "high-value detainee" programme at undisclosed locations.
One of those highlighted in the report is Ali Abdul-Hamid al-Fakhiri, aka Ibn al-Shaykh al-Libi, a Libyan dissident whose arrest in Pakistan during November 2001 was hailed by the Bush administration at the time as the "capture of the highest ranking member of al-Qaida". Many in the Bush administration now would like the name of Ibn al-Shaykh to vanish - as indeed he has - but it's one name people on all sides of the political spectrum cannot afford to forget. Not because of what he did, but because of what he said and why he said it.
I first heard about Ibn al-Shaykh when I was held by US forces in Kandahar, Afghanistan. One detainee there told me how he had been taken away by the Americans, alive, in a perforated "taboot" (Arabic for coffin). But that wasn't the last I heard of Ibn al-Shaykh. In spring 2002, I was moved to the US Bagram Airbase detention centre. The CIA warned me here about what had happened to him and what could happen to me. I was told he'd been seated in the very chair I was being interrogated in and his failure to cooperate earned him a one-way trip to Egypt where, they told me, he told his whole story within hours. If I did not "confess" my crimes, they said, I too would be joining him. This period was by far the most frightening for me during my three years of captivity, not least because of Egypt's infamous reputation for human rights violations. Thankfully I was spared this fate, but others were not.
Ibn al-Shaykh may have been a prize catch for the CIA, but what he confessed to, according to them, would become one of the most significant justifications used by the US-led coalition to launch a war even more devastating than the one during in which he was captured: the invasion of Iraq. Whether by severe torture or coercion, it is known Ibn al-Shaykh "confessed" that al-Qaida operatives received training from Saddam Hussein's regime in the acquisition and use of weapons of mass destruction. Without mentioning him by name, President Bush, Vice-President Dick Cheney, Colin Powell, the secretary of state at the time, and other US officials repeatedly cited Mr Libi's information as "credible" evidence that Iraq was training al-Qaida members.
The paper confirms that Ibn al-Shaykh was regularly whisked off to various secret detention sites including Pakistan, Afghanistan, Egypt, Poland and even a warship, the USS Bataan. However, in January 2004, Ibn al-Shaykh recanted the information he had provided and his recantation was confirmed soon enough even by US intelligence: no WMD in Iraq and no al-Qaida link to it. But the invasion of Iraq was already in its second year. Tens of thousands of people had been killed and al-Qaida, unbeknownst to Ibn al-Shaykh, had finally arrived in Iraq - because of the invasion.
On July 19, 2006, Ibn al-Shaykh was included in the "Terrorists No Longer a Threat" list as part of the US congressional record. A few months later, several alleged "high-ranking al-Qaida operatives" were sent from undisclosed locations - the existence of which the US administration had hitherto denied - to Guantánamo Bay, including Khalid Sheikh Mohammed. Since that time some of these men have been given limited access to legal representatives and their stories are beginning to come out. But Ibn al-Shaykh is not one of them.
So what became of Ibn al-Shaykh? The paper states: "At least one US official has acknowledged US involvement in elements of his treatment, including questioning and transferring to a third country for interrogation". Reports mention that he has tuberculosis and may be close to death in his solitary confinement cell after being returned to his place of origin: Gadafy's Libya. I expect Ibn al-Shaykh will never be able to tell his story now, something that might have emerged had he made it to Guantánamo.
Secret prisons run by the CIA did exist
Note: the report is available at http://www.usawatch.org/docs/marty607.pdf
---
http://www.channel4.com/news/articles/politics/international_politics/terror+rendition+prisons+did+exist/550647#fold
Secret prisons run by the CIA did exist in Europe to facilitate the worldwide kidnap and torture of terror suspects according to an official investigation.
Dick Marty, the author of a report for the Council of Europe, told Channel 4's Dispatches programme - 'we can now confirm that there were secret CIA prisons in Poland and Romania.'
The governments of both countries have vigorously denied any involvement.
But investigators found that the facilities were run by CIA operatives reporting directly to the offices of the country's presidents.
Suspicions 'right all along'
Remember all those stories about little white planes rendering kidnapped American terror suspects to secret gulags in eastern Europe?
Well, they weren't conspiracy theories, it turns out. Last June, the Council of Europe's investigator expressed his suspicions; now he calls it "established fact."
Dick Marty said: "We can now confirm that there were secret CIA prisons in Poland and there were secret CIA prisons in Romania."
Dick Marty's report, says his suspicions were right all along.
Employing what he calls his own intelligence methods, and drawing on multiple sources, he concludes that secret CIA detention facilities have actually existed for several years in Poland and Romania.
The CIA, it says, was able to fly prisoners to these ghost prisons thanks to an agreement signed by all NATO members, including Britain, granting "blanket over flight clearances" to US forces involved in the War on Terror."
The report says that using fictitious flight plans that gave no indication of what the destination would be, the CIA's highest value detainees were flown to Szymany airport in north-eastern Poland.
The jail itself is a nearby former Soviet-era military compound. The Marty report providing the first concrete evidence of the secret prison's existence.
Dick Marty said: "The Polish prison was focused on those considered the most important terrorists, the ring leaders of the movement. We think there were about a dozen people."
Among them, they report says, Khaled Sheikh Mohamed, the man who conceived 9/11 and Ramzi Binalshibh, a member of the 9/11 Hamburg cell.
These, the names of 39 other "ghost detainees" -- whom Amnesty International claims have vanished into the CIA gulag.
Rendered from countries including Iran, Iraq, Pakistan, Somalia and Sudan, they include children as young as seven; six human rights groups today filed a lawsuit seeking information on their whereabouts.
The Marty report states that the CIA employed "enhanced methods" of interrogation.
Arrestan a Fujimori
EFE
El ex presidente peruano Alberto Fujimori deberá esperar bajo arresto domiciliario el fallo del juicio de extradición que afronta en Chile, según decidió hoy un juez de la Corte Suprema.
El magistrado Urbano Marín tardó sólo unos minutos en aceptar una solicitud de arresto contra el ex mandatario (1990-2000), presentada por el Estado peruano a través de su representante en el juicio, Alfredo Etcheberry.
El letrado había explicado antes que la recomendación de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, a favor de la extradición de Fujimori, acrecentaba la posibilidad de una fuga o asilo en la embajada de Japón en Chile.
"La contundencia de los antecedentes y la gravedad de los hechos mencionados en la recomendación (de la fiscal) hacen viable la petición", señala el escrito entregado a Marín, quien reemplaza al juez titular del caso, Orlando Álvarez, que está con licencia médica.
La decisión de Marín de ordenar el arresto de Fujimori fue notificada de inmediato a la defensa del imputado, que decidió apelar sobre la base de que el ex mandatario ha colaborado permanentemente con el proceso.
En su resolución, Marín recordó el informe de la fiscal y destacó que si bien el documento no es vinculante (para el fallo), sí es un antecedente para acceder al arresto.
Maldonado recomendó en su informe, dado a conocer el jueves, la entrega de Fujimori a la justicia peruana para ser enjuiciado por dos casos de violaciones a los derechos humanos y una decena de delitos de corrupción.
La fiscal de la Suprema Corte consideró que las matanzas de Barrios Altos (1991) y de la Universidad de La Cantuta (1992), en las que fueron asesinadas 25 personas, son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Según los analistas, esos casos son los que más complican a Fujimori y será difícil que sean descartados por el juez Álvarez y después por la Corte Suprema de Chile, en sus fallos sobre la extradición.
Maldonado explicó que su recomendación se basó en que los antecedentes contenidos en el juicio son "demoledores" respecto de la responsabilidad del ex jefe de Estado en los delitos que se le imputan.
La defensa de Fujimori, que ahora deberá luchar para mantener a su cliente en libertad, restó importancia al informe de la fiscal, que es "un trámite más", según el abogado Francisco Velozo, uno de los representantes del ex presidente.
El propio Fujimori, en tanto, afirmó en unas declaraciones al diario El Mercurio que "en absoluto" ha pensado en escapar y consideró que el informe de la fiscal "no es un fracaso" para él, por lo que esperará "tranquilo y sereno" el fallo.
"Yo llevo una vida totalmente normal, sigo las instrucciones de mis abogados y amigos. En absoluto he pensado en escapar", subrayó Fujimori, que la noche del jueves asistió a la presentación de un libro de entomología, en la Universidad Católica.
"Imagínese, crucé todo el Océano Pacífico para estar acá", sostuvo, en alusión a su sorpresiva llegada a Chile, en noviembre de 2005, desde Japón, país en el que se había refugiado tras renunciar a la presidencia de Perú en el 2000.
Fujimori, que en la Universidad Católica lució distendido y compartió con los autores del libro y con el rector de esa casa de estudios, Pedro Rosso, estuvo seis meses en detención preventiva tras llegar a Chile, hasta que obtuvo la libertad provisional, el 18 de mayo de 2006.
Sujeto a una orden de arraigo que le impide abandonar el país, se ha dedicado a hacer turismo interno y a recibir a amigos y colaboradores, primero en una mansión en el municipio de Las Condes y desde febrero en un departamento situado en la calle Luz, del mismo sector.
Sin embargo, según El Mercurio, en los últimos meses ha pasado la mayor parte del tiempo en la casa de un amigo en Chicureo, en las afueras de Santiago, donde sólo viven millonarios.
Fuentes judiciales dijeron que en principio Fujimori deberá cumplir el arresto en el departamento de la calle Luz, bajo la vigilancia de Carabineros.
Un par de policías ya custodia desde hace meses al ex mandatario, lo que garantiza no sólo su seguridad, sino también que cumpla las normas de su situación procesal, de acuerdo con el gobierno.
Aunque está enfermo, el juez Álvarez recibió una copia del informe de la fiscal y dijo que lo estudiará en su casa para ir adelantando el trabajo.
El magistrado no tiene plazo para terminar esa revisión, pero cuando lo haga llamará a las partes del caso a un trámite denominado "oír sentencia", en el que les comunica que está en condiciones de emitir su fallo, tras lo cual tiene cinco días de plazo para dar su veredicto.
Una vez dictado el fallo, las partes tienen cinco días de plazo para apelar, pero si no lo hicieran, de todos modos será revisado por la II Sala Penal de la Corte Suprema.
En caso de apelación, ese tribunal deberá celebrar audiencias públicas, con alegatos de las partes, antes de emitir el veredicto definitivo.
Tras las audiencias, el máximo tribunal no tiene plazo para resolver, por lo que -según fuentes judiciales- es probable que el dictamen final se conozca sólo a finales de año.
Revelan nombres de 39 detenidos por la CIA que están desaparecidos
(nota: el informe está disponible en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510932007)
AFP
Londres, 7 de junio. Los nombres de 39 personas que estuvieron detenidas en las cárceles secretas de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), y de las cuales no se tienen noticias, fueron revelados este jueves por seis agrupaciones de defensa de los derechos humanos.
Las organizaciones británicas Amnistía Internacional, Cageprisoners y Reprieve, y los grupos humanitarios estadunidenses Human Rights Watch, Center for Constitutional Rights y Centre for Human Rights and Global Justice revelaron esos nombres en un informe de 21 páginas.
Esta lista suministra la identidad de cuatro personas consideradas desaparecidas y proporciona detalles (nombres, nacionalidades) de 39 oriundas de Egipto, Kenia, Libia, Marruecos, Pakistán y España.
El documento subraya los aspectos del programa de detención de la CIA que el gobierno de Estados Unidos trató activamente de disimular, así como los lugares donde los prisioneros pudieron haber sido detenidos, los malos tratos que todos ellos sufrieron y los países a los cuales posiblemente fueron trasladados.
El presidente estadunidense, George W. Bush, reconoció en septiembre pasado la existencia del programa de cárceles secretas, pero su gobierno precisó que tras el traslado a Guantánamo de 14 sospechosos de ser miembros importantes de Al Qaeda, la CIA ya no tenía más prisioneros.
El informe revela también, según las organizaciones, que familiares de las personas detenidas, entre ellas las esposas o niños de sólo siete años de edad, también estuvieron presos en secreto, y cita el caso de Jalid Sheij Mohammed, considerado el principal responsable de los atentados del 11 de septiembre 2001 en Estados Unidos, cuyos hijos de siete y nueve años fueron detenidos en septiembre de 2002.
"Según testigos, fueron llevados a un centro de detención para adultos donde permanecieron durante cuatro meses mientras los agentes estadunidenses los interrogaban sobre su padre", dice el documento.
Un despacho de la agencia Dpa indicó que el gobierno de Estados Unidos pagó varios millones de dólares a dos ex militantes del grupo rebelde islámico filipino Abu Sayyaf, por haber ayudado a localizar y matar a dos de los terroristas más buscados en Filipinas, Jadafi Yanyalani y Abu Solaiman, liquidados entre finales de 2006 y enero pasado.
Según el despacho, la embajadora de Estados Unidos en Filipinas, Kristie Kenney, entregó hoy la recompensa de 7.4 millones de euros en la isla de Yolo, situada a unos mil kilómetros de Manila.
La policía italiana se desdijo este jueves a propósito del anunciado arresto de 10 islamitas acusados de apoyar a una célula del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate Argelino, e indicó que sólo una persona fue detenida en Londres.
La detención de un hombre de 46 años, Habib Ignaoua, sobre quien pesaba una orden de arresto europea, fue confirmada el jueves por la Scotland Yard.
Respecto de los 10 arrestos comunicados hoy por la mañana, un portavoz de la policía de Milán precisó que "tres órdenes de arresto fueron ejecutadas en Italia contra personas ya encarceladas, mientras que (las otras) seis órdenes de arresto conciernen a gente imposible de encontrar, que podrían haber muerto ya en atentados terroristas".
Mientras, el Comité Judicial del Senado estadunidense aprobó este jueves un proyecto de ley que restablecería los derechos legales básicos para los detenidos en la base militar de "Guantánamo.
La iniciativa, que retoma el derecho de habeas corpus, fue aprobado por el comité por 11 votos contra ocho y se elevará ahora al pleno del Senado para su consideración.
Nuevas denuncias contra Estados Unidos por las cárceles de la CIA en Europa
Más informes señalan que la administración Bush mantuvo bases en Polonia y Rumania en 2003 y 2005, violando la ley con acuerdo de la OTAN.
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La CIA estadounidense tuvo cárceles secretas en Polonia y Rumania entre 2003 y 2005 para interrogar y torturar a sospechosos de terrorismo con acuerdo de la OTAN, afirmó hoy el jefe investigador del Consejo de Europa en un segundo informe sobre el caso.
Al presentar su informe en París, el senador suizo e investigador Dick Marty acusó a Alemania e Italia de obstruir sus investigaciones sobre el supuesto rol en el programa de detenciones secretas de países del Consejo, el principal organismo supervisor del respeto de los derechos humanos de Europa. Polonia, Rumania y Alemania rechazaron las acusaciones del informe, el segundo presentado por Marty.
Aunque el Consejo Europeo no es parte de la Unión Europea (UE), ningún país ingresó a la UE sin haber sido primero parte del Consejo, cuyas recomendaciones no vinculantes tienen no obstante gran peso moral sobre sus miembros.
"Las instalaciones de detención secretas fueron dirigidas directa y exclusivamente por la CIA", la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, dijo Marty en su informe, que citó fuentes de la CIA a las que no identificó.
"Tenemos suficientes fundamentos para creer que las más altas autoridades estatales estaban al tanto de las actividades ilegales de la CIA en sus territorios", prosiguió el informe, citado por la agencia de noticias DPA.
El investigador agregó que individuos detenidos durante algunos años en las cárceles sufrieron de "tratos degradantes y de las llamadas ’técnicas avanzadas de interrogatorio’ (un eufemismo que oculta un tipo de tortura)".
"Todo esto es inaceptable bajo las leyes de los países de Europa", agregó el investigador, que aseguró que también en Estados Unidos estas acciones contravienen a la ley.
Siempre según el informe, el autoproclamado "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el comandante militar de Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, estuvo preso en una de las cárceles secretas en Polonia.
El año pasado, Marty acusó a 14 países europeos de complicidad con Estados Unidos en una serie de violaciones de los derechos humanos al ayudar a la CIA a trasladar a detenidos en vuelos secretos a cárceles también clandestinas.
Arg - Continúa en Neuquén la indagatoria a un grupo de militares retirados
Esta etapa de la investigación apunta a determinar las responsabilidades de los ex jefes, oficiales y suboficiales del Ejército en el centro clandestino de detención "La Escuelita", que funcionó durante la dictadura.
El juez federal de Neuquén, Guillermo Labate, indagó a un grupo de militares retirados del área de inteligencia de unidades militares de esta provincia durante la última dictadura acusados de delitos de lesa humanidad, indicaron hoy fuentes judiciales.
El juez continuará hoy con estas diligencias y se aguarda la llegada de otro de los militares imputados, quien permanece detenido en Buenos Aires por otras dos causas vinculadas a detenidos-desaparecidos.
Las fuentes consultadas indicaron que esta etapa de la investigación apunta a determinar las responsabilidades de los ex jefes militares y oficiales y suboficiales del Ejército en el centro clandestino de detención "La Escuelita", que funcionó durante la dictadura en el Batallón de Ingenieros de Construcciones del Ejército de Neuquén.
Ayer Labate indagó al suboficial de Inteligencia retirado Julio Francisco Oviedo, detenido la semana pasada en la ciudad rionegrina de Cipolletti; al oficial Sergio Adolfo San Martín detenido en Buenos Aires y trasladado a Neuquén; y al oficial Jorge Eduardo Molina Escurra, quien continuará hoy con el trámite en la sede del Juzgado Federal.
La semana pasada fue detenido y se negó a declarar un especialista en interrogatorios identificado como Enrique Charles Casagrande, quien permanece detenido en dependencias de la Policía Federal como el resto de los represores citados.
Labate ordenó también la detención y traslado a Neuquén de quien se desempeñó como jefe de Inteligencia y en los hechos considerado el director de "La Escuelita", oficial Mario Gómez Arena quien esta detenido con arresto domiciliario en Buenos Aires por otras dos causas por delitos de lesa humanidad.
En esta causa se encuentran detenidos, procesados y con prisión preventiva, el ex jefe del Batallón Militar de Neuquén, general (re) Enrique Olea; el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Montaña, teniente coronel Oscar Reinhold y el suboficial retirado, Luis Alberto Farías Barrera.
La Cámara Federal de General Roca dispuso el arresto domiciliario para los tres represores, por lo que Olea y Reinhold fueron trasladados a sus lugares de residencia en Buenos Aires y Farías Barrera a su domicilio en Neuquén.
Otro represor detenido es el médico militar Hilarión De La Pas Sosa, acusado de "supervisar" sesiones de torturas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en Neuquén. De La Pas Sosa se negó a declarar y permanece detenido en dependencias de la Policía Federal de Neuquén.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=64559&id=154921&dis=1&sec=1
Junio 2, 2007
Phl - Burgos believes her son is still alive
By KATHERINE ADRANEDA
The Philippine Star
More than a month after her son went missing, Edita Burgos expressed a "mother’s feeling" that her son Jonas Burgos is still alive.
Showing the softness and strength of a mother all at the same time, Edita said she expects to see her son very soon.
"I really firmly believe that he is alive," Edita said. "In my heart, I know that he is still alive."
Edita, however, admitted her concern for the condition of Jonas under his captors.
"I don’t even want to think about it," she told reporters in an interview prior to the tree planting activity at the culmination of the International Week of the Disappeared that was organized by the Asian Federation Against Involuntary Disappearances at the Bantayog ng mga Bayani yesterday.
"You know how things are when victims are (at the mercy) of their abductors," she said.
Edita appealed anew to her son’s supposed captors to spare her son.
"I am appealing to my son’s captors, if there’s still compassion left in your hearts, please don’t hurt him," she said.
Burgos, son of the late journalist and press freedom fighter Jose Burgos Jr., has been missing after he was snatched by unidentified men in a shopping mall in Quezon City late April.
The military denied having a hand in the disappearance even though witnesses tagged two soldiers from the Army’s 56th Infantry Battalion based in Norzagaray, Bulacan as among those who allegedly snatched Burgos.
Militant groups and various human rights organizations accused the military of being behind Jonas’ enforced disappearance.
The military, however, consistently denied the accusation but offered to help in locating the missing activist.
International human rights groups were also quick to condemn the incident.
The European Union lamented human rights abuses had become a daily occurrence in the country.
The US-based Amnesty International also said Jonas’ disappearance had reinforced the country’s image as a "land of lawlessness."
The Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) expressed concern over the disappearance of Burgos.
"In our prayer we would like to request that those who are handling him may have the mercy and the compassion to return him to his family. This is our prayer," CBCP president Archbishop Angel Lagdameo said.
"We would like to express our sympathy to the mother and family of Jonas Burgos with our prayers. We do not know what is the objective of his disappearance, but we sympathize with the family over his disappearance," he said.
Edita, in turn, thanked Lagdameo "for taking importance of the disappearance of my son."
Edita is the elder sister of Diocese of Legazpi’s vicar general Msgr. Ramon Tronqued.
"The bishops’ prayer for the release of my son is definitely a big help for us," she said. With Edu Punay
France urges Manila to back disappearances treaty
MANILA, June 1 (Reuters) - France appealed to the Philippines to sign and ratify an international treaty on disappearances as European human rights experts are due to help local authorities solve political killings.
Gerard Chesnel, France ambassador to the Philippines, said democratic governments around the world must support the treaty on disappearances to criminalise and to put to an end rampant state-sanctioned abduction of people.
"We do regret and condemn disappearances anywhere in the world," Chesnel said. "It's something that democratic countries cannot accept."
In the Philippines, human rights advocates say nearly 200 people have disappeared since President Gloria Macapagal Arroyo was swept to power by street protests in 2001. Most of abduction cases were blamed on the military.
France has been rallying global support for the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearances since it was adopted by the U.N. General Assembly in December 2006.
Gabriel Munuera Vinals, head of the European Union's public affairs section, said nine European human rights experts from the United Kingdom, Finland, Sweden, Germany and Spain were due this month to help Manila solve extra-judicial killings.
Arg - Piden que investiguen si represor salió ilegalmente del país
La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno bonaerense presentó ante el Juzgado Federal de Azul una denuncia para que se investigue si el ex Capitán (RE) Walter Grosse violó la medida de prohibición de salida del país, dispuesta tras una presentación realizada en junio de 2006 por el organismo provincial.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, informó que hoy denunció ante el Juzgado a cargo de Juan José Comparato que Grosse estaría viviendo en la ciudad uruguaya de Punta del Este.
En el respectivo escrito -precisó un comunicado- se solicita que de manera urgente se verifique si efectivamente Walter Grosse salió del país y en caso de comprobarse tal irregularidad se arbitren los medios necesarios para garantizar su regreso para que sea juzgado.
El capitán retirado Walter Grosse recobró notoriedad el 24 de mayo de 2006, cuando agredió a un periodista del canal de televisión América 2, durante un acto de reivindicación del terrorismo de Estado en la Plaza San Martín, de la ciudad de Buenos Aires.
En audiencias de los Juicios por la Verdad, llevados a cabo en tribunales de Mar del Plata y de La Plata, testigos recordaron a Grosse como quien torturaba detenidos en el centro clandestino Monte Peloni y en el Regimiento de Caballería Blindada "Lanceros General Paz", ambos ubicados en la ciudad de Olavarría.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268521679/
Arg - Cada vez falta menos para juzgar a los represores de la dictadura en Rosario
El fiscal Ricardo Vázquez le pidió al magistrado Federal Germán Sutter Schneider la elevación a juicio de una causa que involucra a militares, en la participación del centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes.
La sensación de que se va a hacer justicia con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, está cada vez más cerca. Así lo sienten, por lo menos, los organismos de Derechos Humanos que, desde hace años, trabajan incansablemente para que los delitos cometidos durante el último golpe militar de 1976 no queden impunes.
La novedad, ahora, es que luego de un largo tiempo de espera, el fiscal federal Ricardo Vázquez le solicitó al juez Germán Sutter Schneider la elevación a juicio de la causa Pascual Guerrieri, que investiga la responsabilidad de 15 militares sospechados de haber participado en el centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes.
Además del ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, serán juzgados por 14 secuestros, seguidos de torturas y muerte Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña y Eduardo "Tucu" Constanzo. En una segunda etapa, está previsto que también se juzgué a Luciano Jáuregui, Carlos Sfulcini y Walter Pagano, quienes también se desempeñaron en el citado centro clandestino de detención.
Según informó la agrupación H.I.J.O.S. en un comunicado, el juez deberá ahora resolver si están dadas las condiciones para elevar a juicio la causa de la Quinta de Funes. En el mismo documento los militantes indican que “el histórico momento del primer juicio oral que se realizará a los responsables del terrorismo de estado en Rosario y la zona, podría estar comenzando a fines de este año o principio de 2008”.
http://www.notiexpress.com.ar/news.cgi?accion=vernew&id=8454
Pan - Cuestionan que no haya justicia para desaparecidos en dictadura
El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego cuestionó que los culpables, cómplices intelectuales y materiales de los crímenes perpetrados durante la dictadura mantienen un código de silencio.
Cuestionó que pese a las investigaciones de la Comisión de la Verdad, se han suspendido los esfuerzos para indagar dónde están los restos de las víctimas.
Alega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no atiende los requerimientos del Comité en torno a los casos presentados y exige al Ministerio Público que desarrolle investigaciones expeditas.
Junio 1, 2007
Col - Peregrinación en homenaje a víctimas de masacre de Caño Sibao (Meta) se realizará el domingo
Hace 15 años, paramilitares asesinaron cinco integrantes de una comisión de la alcaldía de El Castillo. Esta masacre hace parte del genocidio político contra la Unión Patriótica (1985 -1996).
El Estado colombiano enfrenta un proceso judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos.
Por la masacre de Caño Sibao, el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la condena a 30 años de prisión que un juzgado le había impuesto a Manuel de Jesús Pirabán, 'Pirata', con base en los testimonios de dos paramilitares, uno de los cuales participó en el ataque a los funcionarios.
Como 'Pirata' se desmovilizó al mando del bloque Héroes del Llano, por esa sentencia y las que se profieran por los otros delitos que confiese solo le podrían dar una pena máxima de ocho años.
Ese día hicieron una emboscada en la que murieron el alcalde de El Castillo, William Ocampo Castaño, que había asumido el cargo tres días antes; su antecesora, María Mercedes Méndez de García; la tesorera de ese municipio, Rosa Peña; el coordinador de la Umata, Ernesto Sarralde, y el conductor del vehículo Pedro Antonio Agudelo, militantes de la Unión Patriótica.
La jornada en su honor se iniciará el domingo a las 4:30 de la mañana en La SEVILLANA (Av. Boyacá con Autopista Sur) de Bogotá, de donde saldrá una caravana de vehículos, que se unirá, a la que a las 7:30 de la mañana partirá del parque de los fundadores de Villavicencio[1].
De allí se dirigirá al sitio Caño Sibao, sobre el río Ariari, en la vía que une a Granada con El Castillo, desde donde se desplazarán a pie hasta El Castillo.
La marcha la harán pobladores de la región, delegados de organizaciones sociales, eclesiales y de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales de solidaridad, a la que se unieron la Consejería de Paz del Meta y la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Llanero (Cordepaz).
Las cuatro primaveras
Cinco meses después de la muerte de María Mercedes Méndez, el 26 de noviembre de 1992, asesinaron en Villavicencio a su esposo José Rodrigo García, en ese momento diputado de la Unión Patriótica.
De esa unión quedaron cuatro hijas Linda que tenía 12 años, Hada 10, Paola 9 y Tania 7 años.
En los siguientes años una amiga de María Mercedes asumió el reto de criarlas. Hoy las tres primeras son profesionales y la última cursa estudios universitarios.
Pero las cuatro prefieren no abrir el baúl de sus tristes recuerdos a la opinión pública para que se conozca cómo vivieron sus primeros años de amenazas y zozobra, porque sus padres hacían parte de la UP. Cómo asumieron la muerte de ellos y cómo han vivido estos quince años con la ausencia de quienes en sus poemas las describían cariñosamente como sus cuatro primaveras.
Fuente: http://www.eltiempo.com/nacion/llano/2007-05-31/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3575932.html
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[1] Ajustes de la Organización del Evento
Nunca Más Penas ni Olvidos
La siguiente es una realización sobre los desaparecidos de La Pampa
segunda parte:
parte 3
Arg - MADRES en La Plata
EL Lunes 4 de Junio a las 19 hs en la sala 3 de Cinema City, calle 50 entre 9 y 10 de la ciudad de La Plata. Se realizará la Avant Première para la Provincia de Buenos Aires del film MADRES, La Historia de las Madres de Plaza de Mayo, de Eduardo Walger una coproducción de el INCAA y La Asoc. Civil y Cult. EL Fisgón con el patrocinio de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Convocan Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- La Plata.
En este evento apoyado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires estarán presentes el director de la película, la productora Andrea Bello y las madre y abuelas convocantes y madres de Línea Fundadora.
Para más información www.madreslapelícula.com.ar.
madres
UNA PELICULA EN LA QUE
TENES QUE VER
Revista Ñ ( Jorge Carnevale): Si alguien piensa que MADRES de Eduardo Walger es una película más sobre el tema, se equivoca. Los 17 testimonios de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, no hablan solamente del dolor y desaparición por el hijo perdido: nos asoman al país que no miramos. (...) Film ineludible.
CLARÍN (Miguel Frías): Muy Buena. ... Agrega datos interesantes, imágenes desoladoras, desesperantes conmovedoras y, sobre todo, un tratamiento fílmico novedoso... con un montaje dinámico e innovador ... Un riguroso rompecabezas visual y sonoro: la expresión formal de que estamos frente a un relato colectivo. Otro acierto es devolverles verdadera dimensión humana a los desaparecidos... Con buen ritmo narrativo, información y emotividad, MADRES invita a la reflexión en tiempos en que la frivolidad y la indolencia acechan, como de costumbre .
La Prensa (Isabel Croce) : MADRES es una Opera Prima inquietantemente lúcida. (...) Logrado ritmo narrativo con puntos altos en la factura técnica con intercalación de ráfagas de poesía vinculada con la música...
La Nación (Adolfo Martínez): Nuevo estilo narrativo... Riqueza de recursos técnicos... MADRES compendia la ternura de esas mujeres.
VEINTITRÉS Muy Buena
Radio del Plata ( Nora Lafont) : Excelente: magnífico y merecido homenaje a las “madres de la plaza” acompañado de un infrecuente informe sobre la política argentina de los últimos 50 años. Un documento de visión imprescindible.
Proyecto Desaparecidos de Vacaciones
El Proyecto Desaparecidos estará de vacaciones comenzando mañana y hasta el viernes que viene. Las noticias que publicamos en el blog no serán actualizadas hasta que volvamos, y toda correspondencia tendrá que esperar hasta entonces. Disculpen la molestia.
Project Disappeared will be on hiatus starting tomorrow and until the following Friday. The blog will not be updated and our correspondence will have to wait until then.
Phl - Killing of five more activists and forcible disappearance of another one in separate incidents
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UA-168-2007: PHILIPPINES: Killing of five more activists and forcible disappearance of another one in separate incidents
PHILIPPINES: Extrajudicial killings; violence against women; enforced disappearance; defective police investigation; a need for witness protection and security; collapse of rule of law
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Dear friends,
The Asian Human Rights Commission (AHRC) deeply regrets to inform you that another five activists have been killed while another one was forcibly disappeared in separate incidents in February, March and May of this year. These belated reports received from various sources clearly exposes the reality of the alarming state of insecurity the Filipino people are forced to lived with, in particular human rights and political activists, as a result of unabated extrajudicial killings and the complete absence of remedies for victims' families.
CASE DETAILS:
The information below was received from various sources, including the Alliance for the Advancement of People's Rights (Karapatan), a human rights organisation based in Quezon City, Metro Manila.
Case 1: Two young men found dead
Around 7:00am on May 15, Ronilo Brezuela and Roberto Bagasbas, Jr. (a.k.a. Junjun) were tasked to deliver food rations for their colleagues who were serving as election watchers at that time. That was the last time they were seen alive. Their bodies were recovered by their relative days later.
According to the information received it was only on the morning of May 17 when Bagasbas' father, Roberto Sr., learned that two dead were lying at the Capalonga plaza for the purpose of determining their identities. When the elder Bagasbas learned that one of the bodies resembled his son, he hurriedly went to the plaza to check. Upon arrival he found two boxes made of plywood in which the bodies were placed. Soon after opening one of the boxes, he found the decomposing body of his son. His son's chin was damaged and there was a hole in his chest. His hands were tied with rope behind his back and his feet were also tied.
The elder Bagasbas then sought the permission from the police officers of Capalonga to take his son's body back home. After the police completed their procedures they allowed him to do so.
While Bagasbas' body had already been claimed, the body of Brizuela was not claimed until May 19. It was only on this time that his mother, Anita Brezuela, learned about the death of her son from her neighbours. She was not able to claim her son's body at the time it was presented at the plaza. When she came to know about his son's death, his body was already buried because nobody had come forward to either claim or identified it when it was presented.
Days before the victims' bodies were recovered, the villagers in the area on May 16 had heard in the local radio station in Daet, Camarines Norte the announcement by the Philippine Army that it had killed two rebels during an encounter. The military's claim was however denied by the villagers living in the area where the military claim an encounter took place. The villagers insisted that no such fighting had occurred.
Additionally, hours after the two victims were last seen on May 15, it is learned that their bodies had already been recovered at around 2:00pm. A man whom the military ordered to take the dead bodies and hired vehicles to ferry them towards the village center of Barangay Mataqui, recounted that he had loaded the bodies in a "paragos" (a carabao-drawn cart). He took them down to the village centre where they were presented to the public for identification. Later that evening, the parish priest of Capalonga had blessed the dead bodies which were later found out to be belonging to Bagasbas and Brizuela.
This man who carried the dead bodies had been interviewed by a staff of the Camarines Norte People's Organization (CNPO).
Case 2: A man was shot dead following arrest and questioning by soldiers
On March 14, Cipriano Ligaspo was on his way home at about 1:30 pm when he was shot dead by two unidentified men wearing bonnets in Masapia, San Andres, Bunawan. Masapia is located about 18 kilometers from the village of Sta. Monica where the victim was residing. It is also close to where the military camp is located. Ligaspo suffered 16 gunshot wounds said to be from 9mm and .45 caliber pistols. Ligaspo is survived by his wife and two children.
At the time of his death, Ligaspo was earning a living as motorcycle driver. Prior to Ligaspo's death, however, the military had already been allegedly harassing and threatening to kill him. The military had accused Ligaspo of being a sympathizer of a rebel group, the New People's Army.
A month prior to his death, Ligaspo was together with his brother and five other peasants when they were forcibly taken by 14 military men belonging to the 36th Infantry Battalion, Philippine Army, into a military truck on February 20. They were taken to their headquarters stationed in Scaling, Barangay San Roque, Bislig City, Surigao del Sur. The military accused them of supporting the rebels.
While inside the headquarters, the military subjected them to questioning and took photos and video recordings of them. They had them interrogated separately in different rooms as to whether or not they had a certain affiliation or knowledge of the rebel's activities and their supporters. They were subjected to questioning in the absence of their legal counsels, and were psychologically tortured.
At about 3:00 pm that same day, their relatives and family members went to the military's headquarters asking for their whereabouts. At that time they were under the military's custody. Only until at around 5pm when the military allowed their relatives to meet the victims and they were subsequently released. However, they were made to sign a waiver stating that they were in good condition when they were released. Before leaving the camp, they were allegedly threatened that they would be killed if they continued supporting the rebels, allegations which the victims denied.
After Ligaspo's killing, no suspect has so far been arrested or charged. The military unit involved in allegedly threatening him and his colleagues have not been subjected to investigation to answer the allegations of their possible involvement in the victim's killing subsequent to the February 20 incident. No appropriate actions have likewise been taken against the said military unit for illegally arresting and detaining the victim and his colleagues.
Case 3: A woman was murdered a day after she was spied on
At around 7:30 am on March 2, Felisa Ocampo was walking in front of her sister's store when two men suddenly approached and shot her in the forehead. The gunmen waited for awhile to make sure the victim was dead before leaving the area. They also threatened those people who tried to intervene from making any move. The attackers escaped in a car waiting nearby in which two other men were inside. Two other men were seen riding on a motorcycle escorting the car.
After the shooting, Ocampo was immediately rushed to the Morong Municipal Health Unit but was already declared dead on arrival.
A day before the incident, on March 1, it was around 2:30 pm while she was doing her laundry she noticed that four men were apparently monitoring her house. The two men were carrying mobile phones with them. When she noticed the suspicious movement of these two men, she hid in a corner. Ocampo's neighbours likewise spied on the movement of the two men. The two were seen in front of the victim's house while the other two men were seen at the nearby marketplace. One of Ocampo's neighbours asked the two men in front of the house of who are looking for. One of them replied; "Nobody, we're just waiting for someone."
Only after two hours or so later did these two men left the area. After they left, Ocampo immediately went outside her house towards her sister's. She slept at her sister's place that whole night. She was supposed to report to the police station the following day that she was being spied upon by two men.
Prior to Ocampo's killing, she had been repeatedly summoned by the military attached to the 24th Infantry Battalion, Philippine Army (IBPA) in Balanga, Bataan but she had refused to go for questioning. It is reported that she was allegedly included in the military's "Order of Battle" list. At the time of her death, Ocampo was a well respected person in their community. She was described as a person whom the villagers could at least seek assistance from. She was the municipal coordinator of a political party, Bayan Muna (People First) in Morong, Bataan chapter.
Case 4: Killing of a man and irregular police investigation
On March 11, Carlito Getrosa was having a usual gathering with his friends and relatives at the back of his house at around 8:30 pm. When Carlito stood up to take his dinner inside the house, a man shot him on the head with a .45 caliber pistol equipped with silencer. The gunman was described as wearing dark long sleeves and a ski mask when he attacked the victim killing him instantly.
After the shooting, the gunman immediately escaped onboard a red motorcycle towards the direction of the national highway. But before leaving, the gunman warned the witnesses not to follow him.
Hours before the shooting incident, it was at around 7:30 pm the witnesses noticed the red motorcycle, a Honda XRM model, parked in front of a small market. Close by was the person sitting on a stall that would later shoot the victim. According to the witnesses, the said person was later seen heading towards Getrosa's house onboard the motorcycle. The witnesses, however, could not recognize the man at that time because the place was dark. One of the victim's friends have likewise notice two other men behind a nearby tree, which indicates that the attackers was not alone. The following day, residents discovered traces of boots markings.
Days before the shooting incident, sometime on March 8 to10, the villagers in the area likewise claimed to have noticed persons with suspicious movements. The persons were riding on a motorcycle roaming in the area often during in the afternoon. The motorcycle they were riding on did not bear a license plate number.
At the time of his death, Getrosa was a member of a political party, Bayan Muna (People First).
In late April, the police authorities, in particular the Criminal Investigation and Detection Group (CIDG XII), have reported to have already filed charges against perpetrators of Getrosa's murder. The police charged three of Getrosa's "close associates" as allegedly responsible for the victim's murder. They claimed to have obtained an affidavit from the victim's mother, Alicia, as a complainant. Her affidavit was said to have been used in the filing of charges against the three persons.
However, according to sources, there were irregularities in the manner by which the police conducted their investigation and subsequent filing of charges. It is reported that the victim's mother could not recollect any instances where police investigators have her signed an affidavit regarding her son's murder. It is alleged that the Alicia's signature in the complaint could have been forged.
Case 5: Forcible abduction and disappearance of a man
In another incident, it was around 2:00 am on February 25 when five armed men in military uniform and with faces covered with ski masks forcibly entered inside Romualdo Balbuena's house where he and his family were sleeping inside.
The armed men forcibly destroyed the door and went straight to where Balbuena was sleeping. They immediately grabbed him from his room and forcibly dragged him outside their room. They had his hands tied behind his back. The soldiers dragged him out of their house and forced him towards a vehicle waiting nearby.
Balbuena's wife, Violeta, was in a state of shock during the incident that she has not been able to immediately intervene and run after her husband's abductors. At the time, their house had been surrounded by around 17 military men. The vehicle where the victim was taken was seen heading towards national highway.
Although Balbuena family had already sought police assistance and had the incident registered into the police blotter, there has not been substantial progress since. They also went to a nearby detachment of the 34th Infantry Battalion, Philippine Army, located few kilometers from their house but they were told they were not holding the victim in their custody. The family likewise sought the help of the Commission on Human Rights (CHR) but they are not aware of any progress on the case since. The victim's whereabouts has remained unknown and still could not be located.
SUGGESTED ACTION:
Please write letters to the authorities listed below requesting for them to take the appropriate and effective actions, in particular in identifying, arresting and prosecuting the perpetrators of these cases. The alleged involvement of the military; for instance the cases of Ronilo Brezuela and Roberto Bagasbas, and Cipriano Ligaspo, must be thoroughly investigated. The authorities must exhaust all means to hold those military men involved accountable by filing appropriate charges. To ensure this, they must likewise guarantee the security and protection of the witnesses and the victims' families without further delay.
Suggested letter:
Dear____________,
PHILIPPINES: Killing of five more activists and forcible disappearance of another one in separate incidents
Case 1:
Name of the victims killed:
1. Ronilo Brezuela, 16 years old, a resident of Sitio, Maligaya, Barangay (village) Alayao, Capalonga, Camarines Norte. He was a farmer and a member of a youth political party, Kabataan Youth
2. Roberto Bagasbas, Jr. (a.k.a Junjun), 27 years old, a resident of Sitio Ulipanan, Barangay Dahican, Jose Panganiban, Camarines Norte. He was also a member of the same party. He was a fisherman
Alleged perpetrators: Elements of the Alpha Company of the 31st Infantry Battalion Philippine Army based in Tigbinan Base, Labo, Camarines Norte
Place of incident: Sitio Santolan, Barangay Old Camp and Barangay Mataqui, Capalonga, all in the same province.
Date of incident: 15 May 2007
Case 2:
Name of the victim killed: Cipriano Ligaspo, 43 years old, a resident of Sta. Monica, Bunawan Brook, Bunawan, Agusan Del Sur. He had two children. He earns living by driving a motorcycle
Alleged perpetrators: Two unidentified armed men wearing bonnets believed to be members of security forces
Place of incident: Masapia, San Andres, Bunawan, in the same province
Date of incident: At around 1:30pm on 14 March 2007
Case 3:
Name of the victim killed: Felisa Timog Ocampo, 59 years old, a resident of Barangay Poblacion, Morong, Bataan. She was a widow with one child. She was the municipal Coordinator for Bayan Muna (People first) in Morong
Alleged perpetrators: Two unidentified armed men with four other accomplices, two of them were in car and another two were riding on a motorcycle
Place of incident: In front of a store owned by the victim's sister in the same place
Date of incident: At 7:30am on 2 March 2007
Case 4:
Name of the victim: Carlito Getrosa, 49 years old, a resident of Purok Narra, Midpapan 2, Pigcawayan, North Cotabato. He was a member of Bayan Muna (People First) in Pigcawayan
Alleged perpetrators: An unidentified gunman described as wearing dark long sleeves and a mask. The person was riding on a red motorcycle. He was alleged to have several accomplices during the attack.
Place of incident: Near the victim's residence
Date of incident: At around 8:30pm on 11 March 2007
Name of disappeared victim:
1. Romualdo Balbuena, 55 years old, a resident of Barangay 1, Poblacion, Quinapondan, Eastern Samar
Alleged perpetrators: Twenty two persons who are believed to be security forces carrying long firearms and ski masks.
Place of incident: At the victim’s home in Quinapondan, Eastern Samar
Date of incident: At around 2am on 25 February 2007
I am writing to raise my grave concern regarding the killing of another five activists and forcible disappearance of another one in separate incidents in February, March and May this year.
I have learned that on May 15, two young men, namely Ronilo Brezuela (16) and Roberto Bagasbas, Jr. (27), both members of a political party for the youth, Kabataan Youth, were found dead after they are supposed to deliver food rations to their colleagues serving as watchers in elections in Labo, Camarines Norte. I am gravely concerned to allegations of the military's possible involvement into their death.
I have learned that although the military had already claimed the two victims had been killed during an encounter, there are circumstances that have not been thoroughly investigated thereby putting serious question on this claim. Firstly, while the military claimed an encounter had taken place in the area where the victims' bodies were recovered, I have learned that according to villagers and witnesses' accounts there was no such encounter that have occurred.
I am also disappointed on the manner by which the victims' bodies were displayed for identification at a park in public. It was disorderly that even one of victims’ mothers, Anita Brezuela, was unable to claim it and give his son a descent burial. Had she not been informed by her neighbours four days later, she would have not known the circumstances behind her son's death. Her son was buried with no one claiming it.
I have also learned that three other activist, namely Cipriano Ligaspo of Bunawan, Agusan Del Sur; Felisa Timog Ocampo of Morong, Bataan and Carlito Getrosa of Pigcawayan, North Cotabato, have also been killed in separate incidents.
While I am aware that the police have already filed charges against the alleged perpetrators of two of these cases; for instance Ocampo and Getrosa, I am gravely concerned to allegation of irregularities in the police investigation and the subsequent filing of criminal charges in court. For instance, I have learned that the affidavit taken from Getrosa's mother, Alicia, used in filing the case was alleged to have been fabricated. Gestrosa's mother, according to my sources, could not remember having signed an affidavit with the police as a complaint.
Should these allegations are found to be true; this will have serious implications into validity of the complaint on Getrosa's case. I therefore urge you to look into these allegations. To ensure this, I urge the police authorities to instead actively involve the victim's families in any process of this case. This is necessary because should any fabricated or invalid complaint be allowed to be filed in court, it undermines the effective prosecution of the case. To prosecute person who could have been not involved in the Getrosa's murder, and as a result of fabricated charges, is also unacceptable. Justice cannot be achieved by wrongly prosecuting individuals.
In another case, I am also concern of the possible involvement by the military into the killing of Ligaspo. Although the perpetrators have yet to be identified, I have learned that prior to his killing there have been incidents of harassment and intimidation perpetrated against him by the military attached to the 36th Infantry Battalion, Philippine Army stationed in Bislig City. For instance, on February 20, Ligaspo and his six other companions were illegally arrested, detained and psychologically tortured while being questioned by the military in absence of their legal counsel.
I have also learned that Ligaspo and his companions were threatened that they would be killed should they continue to support a rebel group, the allegations by which the victim and his companions had claimed innocence. Had their families not intervene and went to the military camp demanding for their release, they would have not been release. I therefore urge you to seriously look into this incident and let the military men involved to answer the allegations against them.
Finally, the forcible abduction and disappearance of Romualdo Balbuena should also be properly investigated. I urge you to exhaust all means to locate the whereabouts of Balbuena by closely cooperating with his wife. I have learned that Balbuena's wife Violeta was present when the armed men, believed to be military, forcibly took her husband inside their house while they were asleep. Although she has reported to the police and other agencies, there has not been substantial progress on the case. To my knowledge, the victim's whereabouts remained unknown.
I also urge you to ensure the witnesses and families of this victims are guaranteed with security and protection promptly. This is essential to ensure the effective prosecution of perpetrators in court. Also, the authorities must consider without delay affording appropriate assistance and compensation to the victims' families. I am aware that Section 3(d) of the Republic Act 7309 affords compensation to people who are victims of violent crimes.
I trust that you will take appropriate action in these cases.
Yours sincerely,
------------------------------------
PLEASE SEND YOUR LETTER TO:
1. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
PHILIPPINES
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80
2. Ms. Purificacion Quisumbing
Commissioner
Commission on Human Rights
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188
Fax: +63 2 929 0102
Email: drpvq@yahoo.com
3. Director General Oscar Calderon
Chief, Philippine National Police (PNP)
Camp General Rafael Crame
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 726 4361/4366/8763
Fax: +63 2724 8763
Email: bluetree73@gmail.com
4. Mr. Raul Gonzalez
Secretary
Department of Justice
DOJ Bldg., Padre Faura
1004 Manila
PHILIPPINES
Fax: +63 2 521 1614
5. Mr. Orlando Casimiro
Deputy Ombudsman
Office of the Deputy Ombudsman for the Military
and Other Law Enforcement Offices
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman
1104 Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +632 926 9032
Fax: +63 2 926 8747
Email: omb1@ombudsman.gov.ph
6. Gen. Hermogenes Ebdane
Secretary
Department of National Defence
Room 301, DND Building
Camp Emilio Aguinaldo
E. De los Santos Avenue
Quezon City
PHILIPPINES
Fax: +63 2 911 6213
Email: osnd@philonline.com
7. Ms. Yakin Erturk
Special Rapporteur on Violence against Women
Attn: Ms Vernonica Birga
Room 3-042
C/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9615
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR VIOLENCE AGAINST WOMEN)
Email: vbirga@ohchr.org (please also cc: rrico@ohchr.org)
8. Mr. Philip Alston
Special Rapporteur on Extra-judicial, Summary, or Arbitrary Executions
Atten: Lydie Ventre
Room 3-016
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9155
Fax: +41 22 917 9006 (general)
9. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary General for human rights defenders
Attn: Melinda Ching Simon
Room 1-040
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 93 88
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDERS)
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)
US - A Senate panel rejects Bush's secret interrogations
As administration lawyers scramble to find a new legal underpinning for "tough" interrogation techniques, the Senate Intelligence Committee slams a once-secret CIA program and its methods.
By Mark Benjamin
Jun. 01, 2007 | The Senate Intelligence Committee has signaled to the White House that an infamously abusive secret CIA program to interrogate high-level al-Qaida types may have to be scrapped, given "the damage the program does to the image of the United States abroad." It is a stinging rejection of a program that President Bush late last year called "one of the most successful intelligence efforts in American history" and comes as administration lawyers are reportedly crafting new, secret rules to govern it.
The rebuke to the White House was delivered in written comments that were passed by the committee last week and released Thursday to accompany the annual bill authorizing intelligence activities. Military intelligence experts and human rights advocates have already slammed the abusive techniques purportedly employed by the CIA -- sleep deprivation, stress positions, slapping, induced hypothermia and simulated drowning, or "waterboarding" -- for producing unreliable intelligence from subjects who will say anything to make the pain stop. Now the senators on the intelligence panel, which has direct oversight over the CIA, seem to agree, according to the testy language passed last week. "The Committee believes," wrote the senators, "that consideration should be given to whether it is the best means to obtain a full and reliable intelligence debriefing of a detainee."
This skeptical view comes months after Bush endorsed the "tough" techniques as particularly effective in a Sept. 6 White House press conference, during which he also revealed the existence of the previously secret CIA program. And the Intelligence Committee said in these new comments that the skepticism might have come much earlier, if only the White House hadn't kept all the panel members except the chair and the ranking minority member in the dark for the past five years. "The administration's decision to withhold the program's existence from the full committee membership for five years was unfortunate in that it unnecessarily hindered congressional oversight of the program."
The committee also dumped cold water on the White House argument that the CIA should operate under separate, special rules that would allow tougher interrogation methods that are clearly off limits to the military. (The same day that Bush announced the existence of the CIA program, Pentagon officials held their own press conference to disavow coercive interrogations and announced the release of a revised interrogation manual tailor-fitted to the Geneva Conventions.) The intelligence panel's statement frowns on any special arrangement to allow the CIA to use what Bush has referred to euphemistically as "an alternative set of procedures."
"Both Congress and the administration," wrote the panel, "must continue to evaluate whether having a separate CIA detention program that operates under different interrogation rules than those applicable to military and law enforcement officers is necessary, lawful, and in the best interests of the United States."
The stiff message from the Intelligence Committee was passed in a voice vote on an amendment offered by the chairman, Sen. John D. Rockefeller, D-W.V., but members of both parties told Salon it reflected a bipartisan consensus. "While the language in the provision is a bit stronger than I would have preferred," said Sen. Kit Bond, R-Mo., vice chairman of the committee, in a statement to Salon, "I am in agreement with the broad concerns it lays out." Explained a committee aide, "It lays out some concerns that the committee has ... It says that the committee is not sure that this program is the way to go as we move forward." Though the message does include the concession that "individuals detained in the program have provided valuable information that has led to the identification of terrorists and the disruption of terror plots," that bipartisan meeting of the minds makes this language a solid shot across the White House's bow.
The sharp retort couldn't come at a worse time for the White House. Administration lawyers are reported to be hard at work at new rules to govern the CIA interrogation program. The rules have been seen as an effort to burrow a hole in the Military Commissions Act passed by Congress late last year, which would seem to bar abusive interrogations outright. That law also requires the Bush administration to publish an executive order providing some legal rationale for the continuation of the CIA's interrogation program. But the executive order has long been delayed, reportedly as the administration struggles to draft a rationale that would allow the CIA to go further than the military when questioning so-called high-value detainees.
Meanwhile, the status of the CIA's secret interrogation program remains unclear. President Bush said that the network of secret prisons used for interrogations was empty when he unveiled the program late last year. But then on April 27, the Pentagon announced that Abd al-Hadi al-Iraqi, a former top advisor to Osama bin Laden, had arrived at the military prison at Guantánamo Bay, Cuba. He had been in CIA custody for months, but the agency had declined to alert the International Committee of the Red Cross of his detention. His treatment at the hands of the CIA during that period is unknown.
-- By Mark Benjamin
http://www.salon.com/news/feature/2007/06/01/interrogation/
Nepal - Nepal Court Asks Govt to Compensate Families of 'Disappeared' People
NHRN News Desk
Kathmandu, June 1: The Supreme Court of Nepal on Friday ruled that the government pay compensation to the families of 83 persons 'disappeared' by the state.
The court has ordered the government to pay a sum of Rs 150 thousand each to the families of three disappeared persons, namely Bipin Bhandari, Dil Bahadur Rai and Rajendra Dhakal, whereas a compensation of Rs 100 thousand each has been ruled to the families of 79 other persons missing.
Justices Khil Raj Regmi and Kalyan Shrestha also ruled that the authorities pay Rs 200 thousand in compensation to the family of Chakra Bahadur Katawal, a high-school teacher from Okhaldhunga, who was killed while in detention.
The apex court also ordered the government to form a high-level commission to probe the involuntary disappearances in the country.
Disappearances of people on account of the state often occurred during the decade-long Maoist insurgency.
The families of disappeared persons had moved the apex court on different dates since 1998.
International Committee of the Red Cross (ICRC) recently said the whereabouts of more than 800 missing during the insurgency still remain unknown in Nepal.
Nepal - Disappeared, dead or alive
On 15 February Gorkhapatra carried four pages of names in fine print. They were a list of Nepalis disappeared in the conflict compiled by the International Committee Red Cross (ICRC).
The families of the 812 people on that list had no idea about the fate of their relatives. Since then, more families have come forward, and ICRC’s disappeared count stands at 937 now.
A new bill on disappearance aims to criminalise the act, but activists say it fails to address past crimes, is not in line with international norms and doesn’t treat enforced disappearance as a very serious crime.
“The bill effectively lets perpetrators of disappearance during the war off the hook,” says human rights lawyer Govinda Sharma, who until recently sat on a supreme court panel to investigate four cases of disappearance.
In its current form, the bill will not be effective retroactively and has a six-month statute of limitations which, says the UN’s Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Nepal, doesn’t reflect the ‘extreme seriousness’ of the crime or that it is ‘continuous’ (ongoing until the fate of the disappeared person are known).
The bill also does not demand institutional accountability and holds only people immediately involved in an act of enforced disappearance liable. Both OHCHR and the International Commission for Jurists (ICJ) suggest that it explicitly address the responsibility of superiors for crimes committed by subordinates and prohibit ‘just following orders’ as justification.
Hari Phuyal, a legal consultant with ICJ-Nepal says the bill is framed as an amendment to an “outdated” civil code that lacks the “modern structure and procedural provisions” that comprehensive and independent legislation on enforced disappearance needs. Phuyal says it also fails to address multiple offences involved in disappearance, such as deprivation of liberty, ill treatment, torture, right to life, fair trial, and other fundamental rights.
Nepal Army personnel alleged to have committed enforced disappearance and torture are subject only to military court jurisdiction and the bill does not require that they be tried in civilian court.
One way to address these loopholes would be for Nepal to sign and ratify the UN convention on enforced disappearances and on non-international armed conflict to the Geneva convention, which addresses disappearance, says ICRC. The interim constitution requires the government to implement treaties it is party to and because the Treaty Act states that the provisions of a treaty ratified by the government of Nepal are ‘automatically’ applicable at the national level. But Nepal is notoriously poor at implementing conventions even after they have been ratified ('Bepatta', #188, 'A climate of intense fear', #217, 'Not knowing if they are dead or alive is killing us...', #292, ‘Conventional wisdom’, #330).
“Disappeared family groups, media, and civil society must keep the pressure on for answers,” says a human rights worker. There are some divisions within the groups of people who were for a time ‘disappeared’, particularly between Maoists, and civil society activists and those secretly detained for no apparent reason. But in Bardiya, where most of the disappeared people were Tharu, families have come together regardless of who they hold responsible.
Who, how many?
The ICRC and the National Human Rights Commission (NHRC) maintain detailed dossiers on the missing. The ICRC only adds a name when approached by family members who have no news of their relatives. Their figures show the people still ‘missing’ are overwhelmingly male, and close to a third of them are between 18-24. Kathmandu has the most missing (119) followed by Bardiya which has close to 100.
The number of disappearances increased sharply after the army entered the conflict in November 2001 and during the state of emergency in 2002, and declined with the setting up of the OHCHR office here.
The NHRC divides its list into those disappeared by the state and those ‘abducted’ by the Maoists. The commission registered 2,105 cases of disappearance, and the status of 653 people remains unknown. Of the 814 people documented as abducted by Maoists, 158 remain missing.
The words ‘missing’ and ‘disappeared’, used interchangeably, refer to the same thing, though activists say the latter conveys a greater sense of agency. Now, ‘enforced disappearance’ is considered the most accurate description.
Arg - Bejas prometió celeridad en las causas de la dictadura militar
Dispuesto a explicarle a la sociedad sus sentencias y con la convicción de que acelerará las investigaciones en contra de los represores que actuaron en la última dictadura militar, Raúl Daniel Bejas juró ayer como juez federal subrogante Nº 1, cargo que dejó el cuestionado Jorge Parache. “No sólo los familiares de desaparecidos, sino la sociedad y la historia piden la celeridad en las causas de la dictadura. Y en esa dirección tenemos que ir”, sentenció en diálogo con la prensa. También se definió como un “perfeccionista" continuo. “Hay que cambiar no sólo la dinámica del Juzgado sino los funcionarios (con la rotación) para que transmitan sus experiencias en otras áreas”, anticipó.
Con un perfil mediático y de apertura a la sociedad, Raúl Daniel Bejas asumió ayer como juez federal subrogante Nº 1, cargo que dejó el cuestionado Jorge Parache tras 22 años de ocupar esa función. El primer desafío que afrontará Bejas a partir de las 7 de hoy serán las cientos de causas reactivadas por las denuncias de las víctimas de los años sangrientos de la última dictadura militar y en este sentido el entusiasta sucesor de Parache prometió celeridad a los expedientes para llegar de una vez por todas al juicio oral y público a los represores.
“No sólo los familiares de desaparecidos, sino la sociedad y la historia piden la celeridad en las causas de la dictadura. Y en esa dirección tenemos que ir. Creo que las causas de derechos humanos, las de naturaleza alimentaria, contenido social, las que requieren prestación médico-asistenciales urgentes a niños y ancianos y; las previsionales, tienen la urgencia que el caso requiere”, definió a minutos de prestar juramento ante el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl Mender.
Con la presencia de presidentes de algunos partidos políticos con personería nacional, magistrados de la Justicia Federal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y funcionarios del PE provincial, Raúl Daniel Bejas juró ayer a las 18.18 en el Salón de Actos del edificio de Tribunales Federales, en Las Piedras al 400. Bejas, conocido también por su trayectoria como apoderado en el Partido Justicialista, se desempeñaba como vocal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Mender estuvo acompañado por el resto de los integrantes de la CFA: Ricardo Sanjuán, Marina Cossio de Mercau, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Wayar.
Luego, le tocó el turno a María Alicia Noli, quien asumió como vocal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. En su caso, fue el presidente del Tribunal Oral, Gabriel Eduardo Casas, quien le tomó juramento. Noli integra ahora ese tribunal con Casas y Carlos Jiménez Montilla. En ambos casos, los funcionarios judiciales juraron por “la Patria y vuestro honor” (no por Dios) “para administrar bien y legalmente la Justicia”.
En estos términos, Bejas dialogó con la prensa:
-Usted también asumió como juez con competencia electoral. ¿Esto le genera algún compromiso en particular desde su militancia en el PJ?
- No. Yo vengo de una militancia política en el PJ. Y hoy (por ayer) invité a los presidentes de los partidos políticos con personería nacional por la militancia y el compromiso social que ellos representan y para reivindicar la participación activa y con una proyección de ideas continuas. Y el problema es un error de entendimiento de sectores interesados. La política es el arte de construir, los errores los cometen los hombres.
- Habló de un reordenamiento funcional del Juzgado Nº1
- Es la dinámica o la impronta que le quiero imponer al Juzgado que parte de un perfeccionamiento continuo. Vengo de una escuela de perfeccionamiento continuo producto de mi paso y permanencia en la universidad. Hay que cambiar no sólo la dinámica sino funcionarios (con la rotación) para que transmitan sus experiencias en otras áreas. Esto no tiene que ver con los cuestionamientos en el Juzgado.
-¿Mantendrá la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Norberto Véliz?
(Silencio)……Es una buena pregunta… En principio sí.
-¿Y cuál es su opinión de los fiscales federales?
-Los conozco y sé de sus capacidades
- ¿Cuál será su trato con la prensa?
- Los jueces no hablan solo por sus sentencias, tienen una proyección social y por ende, la obligación de escuchar a la ciudadanía. Las sentencias no sólo deben ser asequibles o entendibles para los litigantes o abogados, sino que en función de esa proyección social, deben ser explicadas a la sociedad. Así que no tengan dudas que en las sentencias de trascendencia social seré el primero en explicarlas. Es mi deber y obligación.
-¿Cuál es su proyección como magistrado?
- He concursado para el cargo que dejó vacante el destituido Felipe Terán y lo voy a hacer para el cargo del Juzgado Federal Nº1.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34927
Presentan en Madrid “Cautiva”, filme sobre la dictadura argentina
MADRID (EFE). El cineasta argentino Gastón Birabén presentó ayer en Madrid “Cautiva”, su “ópera prima”, drama de ficción basado en las desapariciones y los secuestros de niños durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
El filme cuenta el impacto y el dolor que sufre una joven bonaerense de 15 años (papel que interpreta Bárbara Lombardo) cuando descubre que es la hija de unos militantes desaparecidos durante la represión de los militares en la dictadura.
En una rueda de prensa celebrada en la Casa de América de Madrid, Lombardo contó cómo, aunque se trata de ficción, el director del filme construyó el guión trabajando durante cuatro años con una hija de desaparecidos.
“Cuando leí el guión sentí algo muy fuerte dentro de mí”, aseguró la actriz, que también comentó que prefirió no informarse sobre los acontecimientos en los que se basaba la película para comprender mejor a su personaje, pues este “vivía en una burbuja”.
La cinta, que obtuvo importantes premios, será estrenada el 29 de junio próximo en España.
Arg - El infierno que diseñó Galtieri
PIDIERON ELEVAR A JUICIO ORAL LA CAUSA "QUINTA DE FUNES"
El pedido lo impulsó el fiscal federal Vázquez al juez Sutter Schneider. Hay connotados represores comprometidos.
Por José Maggi
Los tribunales federales de Rosario serán escenario del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos: es que el fiscal federal Ricardo Vázquez, le solicitó al juez federal Germán Sutter Schneider que eleve a juicio la causa Pascual Guerrieri, conocida como Quinta de Funes, en referencia al centro clandestino de detención. Además de su máximo responsable, el ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, serán juzgados en los próximos meses por 14 secuestros, seguidos de torturas y muerte Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña y Eduardo "Tucu" Constanzo.
El cerco había comenzado a cerrarse un año atrás cuando el magistrado federal Nº4 Sutter Schneider, decidió dar por cerrada la instrucción de la causa, y pidió se expresara la fiscalía que por entonces ocupaba Griselda Tessio, quien dejó el cargo sin hacerlo. Fue recién ahora, en tiempos del fiscal Vazquez el que decidió pedir la elevación a juicio en el marco del primer expediente reabierto en 2004, tras comenzar como un juicio por la verdad histórica. El tiempo trasncurrido también ameritó que Sutter Schneider prorrogue la detención de Guerrieri a un cuarto año.
El caso de los también encartados Luciano Jáuregui (ex general), Carlos Sfulcini (abogado, en libertad) y Walter Pagano (otrora agente de Inteligencia del Ejército) quedará para una segunda etapa porque aún restan medidas judiciales por adoptar.
Pero este trámite de elevación a juicio demandará tiempo: el magistrado, deberá notificar a las querellas y las defensas. Y antes del inicio de las audiencias públicas los vocales del tribunal oral tendrán que analizar la causa. Alli comenzará la conformación del tribunal oral encargado de juzgarlos: el camarista Omar Digeronimo se excusara por haber sido instructor, al igual que el juez de instrucción Carlos Vera Barros en caso de ser convocados, al igual que la camarista Laura Inés Cosidoy.
Solo quedarían en pie Venegas Echagüe y Otmar Paulucci, por lo cual seguramente serán convocados conjueces: primero ex jueces federales que estan obligados a estar a disposción del tribunal, para luego dar apsoa al listado de abogados de la matrícula.
Cabe recordar que la última vez que Guerrieri estuvo en Rosario frente al juez fue en marzo pasado cuando fue indagado por "asociación ilícita"
Lo ocurrido en Quinta de Funes es conocido, pero bien vale recordar que dos de las denunciantes de esta causa como la actual diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez y Cecilia Nazábal, señalaron que pro este centro de detención pasaron: "Pedro Retamar, "el tío";Estela Hilbrand de Del Rosso; Jorge Novillo, "Ignacio"; Carlos Laluf, "Nacho"; Marta María Forestello, "Lala"; Miguel Angel Tossetti, "Leopoldo"; Fernando Dante Dussex, "Juan" --esposo de Cecilia--; Liliana Nahs de Bruzzone; Eduardo Toniolli; Raquel Negro; Oscar Daniel "Foca" Capella; Ana María Gurmendi, "la Gringa"; Rena Lloveras; Tere; Pipa y Juana".
Por los asesinatos de todos ellos ahora serán juzgados estos primeros cuatro represores, iniciando asi un camino lento y moroso hacia la justicia.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-8774-2007-06-01.html
Arg - Denuncian que la inacción de la Justicia amenaza con dejar a represores en libertad
Capital Federal - Hoy por la mañana durante una conferencia de prensa realizada por las Abuelas de Plaza de Mayo, este organismo expresó su preocupación por la decisión de la justicia de liberar a un represor, ex servicio de inteligencia de la Gendarmería Nacional, y presunto responsable de la apropiación de un joven hijo de desaparecidos. Víctor Enrique Rei espera el juicio oral desde hace seis meses, sin embargo hasta el momento, la justicia aun no ha decidido, siquiera, qué tribunal lo juzgará.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 decidió el pasado 24 de mayo el cese de la prisión preventiva de Víctor Enrique Rei tras haber pasado tres años detenido en una unidad de la Gendarmería. Si bien los jueces fundaron esta decisión en el Pacto de San José de Costa Rica, omitieron considerar que este mismo tratado dispone la obligación del Estado argentino de llevar a juicio y sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad, por lo que esta resolución pone en riesgo el cumplimiento de este deber, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificada por la Corte Suprema argentina.
Se trata de una nueva decisión relacionada con las alarmantes demoras de los tribunales para juzgar a los responsables del genocidio cometido durante la última dictadura militar. De hecho, la investigación se cerró el año pasado, luego de que la jueza federal María Servini de Cubría ordenara un procedimiento por el cual el Banco Nacional de Datos Genéticos pudo establecer que el joven apropiado por Rei era en realidad el hijo de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval, ambos desaparecidos.
El pasado 20 de abril, otro Tribunal Oral Federal Nº 6, que había sido sorteado para realizar el juicio oral contra Rei, se declaró incompetente y remitió la causa al TOF 5, argumentando un dudoso criterio de conexidad con otro juicio en el que también se dirimirá la responsabilidad de otros acusados de sustracción de una bebé durante la dictadura militar. De esta manera, este juicio se suma a la larga lista de los que tendrá que realizar ese Tribunal, que ya tiene a su cargo los casos por los crímenes cometidos en la ESMA y en el marco del Primer Cuerpo del Ejército.
Sin embargo, la competencia del Tribunal 5 aún no quedó firme a pesar de que la elevación a juicio fue decidida en diciembre del año pasado. Lo paradójico es que los tribunales demoran medio año en decidir quién debe realizar un juicio mientras que se trata de un caso cuyas audiencias podrían realizarse en sólo una semana.
La preocupación de Abuelas de Plaza de Mayo se basa en que la decisión del Tribunal 5 de liberar a Rei pone en riesgo la realización del juicio oral, ya que los propios antecedentes del imputado dejan serias dudas de que se presente ante el requerimiento judicial.
Todo un personaje siniestro
De hecho, Víctor Rei fue parte de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería Nacional, y en ése carácter fue uno de los militares entrenados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Fuerte Gulick, en Panamá, desde donde se establecieron las estrategias de torturas, represión clandestina y desaparición de personas en Argentina, así como en muchos otros países de América Latina. Por esa participación, Rei fue nombrado miembro honorario de la “Rama de Inteligencia Militar del Ejército de Estados Unidos”.
Participó también del denominado Operativo Independencia en Tucumán bajo el mando de los represores Adel Edgardo Vilas y Domingo Bussi en 1975, y tal como se probará en el juicio también tuvo una participación activa en la inteligencia de los grupos de tareas que llevaron adelante la represión ilegal durante la dictadura militar. Así lo reconoció él mismo en el juicio a las juntas realizado en 1985.
Por otro lado, tanto la querella como la fiscalía tendrán que ofrecer, cuando el tribunal lo establezca, las pruebas que llevarán al juicio para acusar a Rei. Muchas de esas pruebas son declaraciones de testigos, cuya seguridad también se pone en crisis con la liberación del imputado.
Según se informó durante la conferencia de prensa, estos y otros argumentos expondrá la querella de Abuelas de Plaza de Mayo al recurrir esta decisión del Tribunal, que pasará a ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Instancia duramente cuestionada en estos últimos meses desde el poder político a raíz, justamente, de las demoras en la tramitación de los juicios por casos similares a este.
En ese sentido, las Asociación Abuelas de Plaza de Mayo señaló que "comparte el principio de que la privación de la libertad de las personas sin condena debe ser dramáticamente limitada, pero deja en claro también que es el sistema de justicia el responsable de las demoras que generan prolongadas prisiones preventivas, por lo que son los jueces quienes deben asumir su responsabilidad cuando estas privaciones de derechos se prolongan violando otros derechos humanos".
En definitiva, Abuelas la postura del organismo es firme e ireductible: exige a la justicia la realización urgente del juicio oral contra Rei para determinar la verdad y restablecer la justicia, así como del resto de los juicios pendientes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Arg - Nunca más homenajearán a golpistas y represores
La ministra de Defensa , Nilda Garré, firmó una resolución que establece que se deberá impedir reconocimientos a represores en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas. Alcanza a condenados por delitos de lesa humanidad.
31.05.2007 | 12:45
La ministra de Defensa, Nilda Garré, instruyó a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para que supriman "los reconocimientos públicos o menciones a personas que hubieren atentado contra el orden democrático y constitucional mediante su participación en el derrocamiento de gobiernos constitucionales".
La resolución número 506 firmada por Garré también establece que se deberá impedir en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas la realización de homenajes a dichas personas.
Asimismo, determina que "la prohibición de reconocimientos públicos u homenajes de cualquier modalidad también regirá respecto de quienes hubieren sido condenados por delitos de lesa humanidad".
Entre sus considerandos, la medida subraya el rol "lamentablemente protagónico" que tuvieron las Fuerzas Armadas en los procesos de quiebre del orden constitucional, "cuya más terrorífica expresión tuvo lugar durante la última dictadura militar (1976 - 1983)", período en el que "se consagró sin matices la plena vigencia de un Estado Terrorista que apeló al delito como herramienta privilegiada de acción".
"En el marco de una política de fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho", expresa la resolución firmada por Garré, "resulta necesario proveer mayor claridad respecto de los roles que han tenido diversos actores en los sucesivos ataques al orden constitucional".
La Constitución Nacional dispone que quienes incurran en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático sean considerados infames traidores a la patria.
Respecto de esta calificación, el documento elaborado por Defensa expresa que "lógicamente, esa calificación corresponde a quienes, con anterioridad a 1994, arrogándose una autoridad ilegal e ilegítima incurrieron en tales conductas, lo que vuelve incompatible con el compromiso democrático de las Fuerzas Armadas cualquier forma de reivindicación, reconocimiento u homenaje" de los que hayan incumplido con su deber de respetar y hacer respetar la Carta Magna de nuestro país.
Fuente: DyN
Arg - Reeditan el libro “literatura de la pelota” del desaparecido periodista y escritor Roberto Santoro
El viernes 1 de junio presentarán una nueva edición del libro del periodista y escritor desaparecido Roberto Santoro “Literatura de la Pelota”, el cual cuenta con relatos de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Raúl Scalabrini Ortiz, Juan Gelman y Eduardo Mignona, entre otros.
1ro de junio de 2007
La presentación, que se realizará a las 18:30 en la librería El Ateneo, segundo piso de Florida 340, Capital Federal, tendrá como expositores a los periodistas Alejandro Apo, Juan José Panno, Carlos Ferreira y Lilian Garrido.
Santoro, quien fue desaparecido por la última dictadura el 1 de junio de 1977, fundó la revista literaria El Barrilete, entre otras publicaciones.
Bol - Plaza llevará nombre de universitario desaparecido “Renato Ticona Estrada”
Hoy se realizará un acto público de nominación de una plaza con el nombre de “Plaza del Universitario Renato Ticona Estrada, a convocatoria del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acto se ejecutará a las 10:30 horas, en la Avenida Dehene, frente a la Ciudadela Universitaria, con el fin de recuperar la memoria de Ticona.
En el acto público, el Estado debe reconocer su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Renato y Hugo Ticona Estrada el 22 de julio de 1980, a los pocos días de consumado el golpe de Estado de Luis García Meza Tejada.
Según se refiere, aquel día, hace ya 27 años, ambos hermanos fueron detenidos por una patrulla del ejército en cercanías de una tranca de control en Cala-Cala, cuando se dirigían a la población de Sacaca, Potosí.
Los soldados verificaron sus nombres en una lista y al constatar que el de Hugo figuraba en ella los detuvieron. Ambos fueron torturados, luego trasladados a la guarnición de Vinto, y después a la ciudad de Oruro, donde fueron entregados al Servicio Especial de Seguridad (SES). Hugo fue llevado posteriormente al hospital militar de Cossmil, en la ciudad de La Paz, y después residenciado a Puerto Cavinas del Beni, siendo liberado en noviembre de 1980.
En cuanto a Renato, las versiones sobre su destino son diversas, en todo caso, desapareció forzadamente la madrugada del 23 de julio de 1980, luego de ser detenido y torturado por agentes del Estado.
“El juicio penal iniciado en 1983, es decir, hace casi un cuarto de siglo, no ha superado la fase del sumario o instrucción, siendo este proceso uno de los ejemplos paradigmáticos de impunidad y del deficiente funcionamiento del sistema de justicia en el país”, se afirma desde la oficina del Defensor del Pueblo.
Gtm - Buscarán desaparecidos en bases militares
Guatemala/EFE — Antropólogos forenses y familiares de víctimas del conflicto armado en Guatemala (1960-1996) iniciarán el próximo lunes tres exhumaciones en antiguos destacamentos militares en busca de decenas de osamentas de campesinos e indígenas asesinados durante la guerra.
Una de las dirigentes de la asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elena Farfán, dijo ayer a Efe que los cementerios clandestinos han sido localizados en el municipio de Chisec, en el departamento norteño de Alta Verapaz.
Según Farfán, por el momento se desconoce cuántas osamentas hay en las fosas comunes porque los supervivientes aseguran que vieron ingresar a muchas personas a los antiguos destacamentos militares pero ya no salieron.
Las matanzas se registraron durante los regímenes de facto de los generales José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía Víctores (1983-1986), aseguró la activista.
Farfán explicó que durante el 2007 la Famdegua ha planificado realizar un total de 23 exhumaciones en varias regiones del interior del país que fueron afectadas por el pasado conflicto armado, que dejó unas 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
Recordó que en enero pasado se realizó la primera exhumación en Chichicastenango (oeste) y en el cementerio clandestino los antropólogos forenses localizaron ocho osamentas.
La dirigente dijo que desde 1993, cuando Famdegua inició un proceso de exhumaciones, se han hallado más de 1,000 osamentas de indígenas y campesinos. La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó 669 casos de masacres en su informe “Memorias del Silencio” que presentó en febrero de 1999.
El conflicto armado interno terminó en Guatemala el 29 de diciembre de 1996 cuando el gobierno y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron los acuerdos de paz.
Arg - Detienen en Neuquén a un médico militar y a otros represores de la dictadura
El doctor retirado está acusado de participar de tormentos a detenidos desaparecidos de la región. La orden de detención fue librada también contra el ex Jefe de Inteligencia del Batallón militar, Mario Gómez Arena, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, y otros cuatro ex miembros del Ejercito.
Un médico militar retirado acusado de participar de tormentos a detenidos desaparecidos de la región durante la última dictadura fue detenido por orden de la justicia federal neuquina, indicaron hoy fuentes judiciales.
El médico militar retirado, Hilarión De La Pas Sosa, de 77 años, fue detenido el martes a la noche en su domicilio de la ciudad de Neuquén, acusado de supervisar la aplicación de tormentos a detenidos en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita", que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de Neuquen durante la dictadura.
De la Pas Sosa se negó a declarar ante el juez federal Guillermo Labate, quien le imputó los delitos de asociación ilícita, tormentos reiterados y su participación en los interrogatorios para "supervisar" la continuidad o no de su aplicación a detenidos desaparecidos.
El médico militar retirado fue denunciado por varios testigos que declararon en la causa y se le atribuye también haber firmado el acta de defunción de un detenido-desaparecido, quien habría fallecido después de una sesión de torturas y no por razones naturales como figura en el documento que lleva su nombre.
Cumplida la diligencia de ayer Labate dispuso que permanezca detenido en dependencias de la Policía Federal de Neuquén. El magistrado ordenó la detención en la misma causa del ex Subjefe del Batallón Militar de Neuquén, Héctor Raúl Papa, quien reside en Buenos Aires y no podrá ser trasladado por razones médicas.
Otra orden de detención fue librada contra el ex Jefe de Inteligencia del Batallón militar, Mario Gómez Arena, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires en otras dos causas por delitos de lesa humanidad.
Por esta investigación permanecen detenidos, procesados y con prisión preventiva el general retirado Enrique Braulio Olea, de 76 años, ex Jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones de Neuquen durante la dictadura; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada y el mayor retirado Luis Alberto Farías Barrera quien tenía a su cargo el traslado de detenidos desaparecidos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63918&id=153296&dis=1&sec=1
Se busca a Horacio Cid de La Paz
Estamos buscando una fotografía de Horacio Cid de La Paz. Horacio es presuntamente el padre del hijo que tuvo Lucía Tartaglia, cuando estaba detenida-desaparecida. Consideramos que teniendo las fotografías de los dos padres, puede ser más facil para el chico/a reconocerse. Si Ud. conoce a Horacio o nos puede dar una foto de él, por favor escríbanos a nn@desaparecidos.org