Proyecto Desaparecidos: Notas

Pictures of Bahraini Disappeared

These are pictures of the young Bahraini man who was beaten, detained and is now in incommunicado detention. See http://www.desaparecidos.org/bbs/archives/003922.html

Arg - Ser Madre en Bahía (a pesar de todo)

(AW). Celia Jinsky de Korsunsky habló en su Bahía Blanca natal con el compañero Mariano Herrera. La madre de Eduardo, uno de los tantos jóvenes desaparecidos, se refirió a su encuentro con Azucena Villaflor, recordó lo complejo que significaba luchar en Bahía, la protesta en la Catedral local y el encuentro con el asesino Alfredo Astiz, entre otras situaciones que merecen ser leíadas.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2007 (Por Mariano Herrera, especial para la Agencia Walsh). Cuando entras a la casa de Celia te sorprende un silencio que te hace pensar que alguien está durmiendo la siesta, sin embargo la casa de Celia está llena de música. Está en los textos que me muestra de su hijo en los que habla de la música como una manera de unir a las personas; está en sus palabras cuando cita canciones para describir tal o cual situación; está presente cuando recuerda las marchas de las madres con sus cantos y con sus palmas que fueron formando una melodía de memoria durante 30 años. Y está en su manera de contar las cosas, una manera tan tierna que cualquier canción se podría armar con sus palabras. También hay otras cosas que a cada rato son nombradas por Celia: una tiene que ver con el coraje. Celia todavía hoy se sorprende de las cosas que han hecho las madres para saber aunque sea algo de la vida de sus hijos. Otra tiene que ver con el miedo que se tenía pero que no había que demostrar porque no había que ceder, y vaya que no cedieron. Y también está presente el humor. Celia tiene un amplio anecdotario dentro de su historia como madre de Plaza de Mayo que a pesar de tanto dolor lo muestra, lo transmite, lo enseña y lo comparte con una sonrisa.

A Celia Jinsky de Korsunsky no le pregunté la edad, primero porque no me animé, segundo porque dicen que no se debe y tercero porque no hacía falta. Ella dice que la edad le está trayendo problemas de memoria, que hay cosas que no se acuerda, y es verdad ya que algunos nombres se les escapan pero lo primordial, lo necesario, lo que tiene que ver con la historia que debe conocerse lo recuerda y lo recuerda muy bien...

La madre de Eduardo

Celia, nacida en un pueblo de La Pampa llamado Bernasconi, ya vivía en Bahía blanca cuando su hijo Eduardo Sergio Korsunsky desapareció. Este se encontraba viviendo y trabajando en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Tenía 24 años al momento de desaparecer, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y había estudiado Economía en la Universidad Nacional del Sur. La llegada del siniestro Remus Tetu al rectorado de esa universidad de Bahía Blanca hizo que Eduardo deje la carrera. Desapareció el 4 de agosto de 1976, allí Celia inicia su búsqueda y se convierte en una de las primeras madres de Plaza de Mayo: “Empecé a viajar a San Nicolás que es el lugar donde desapareció, recuerdo lugares desconocidos, calles empedradas, veredas angostitas, todo muy colonial. Después mis viajes fueron para Buenos Aires, al Ministerio del Interior, en esos viajes conocí a Azucena Villaflor y ahí era fácil darse cuenta que era una maestra. Ella, para que pareciéramos más, empezó a ponernos en fila, una detrás de la otra para hacerla más larga...pero las que quedaban más atrás estaban temblando. Era la primera vez que se hacía y por eso había mucho terror”.

Cuenta Celia que en esa fila eran como 60, que en Buenos Aires lo primero que hizo fue ir a la Liga por los Derechos del Hombre y ahí fue conociendo personas que estaban en su misma situación. La plaza, el Ministerio y los cuarteles se fueron convirtiendo en lugares comunes para los familiares de desaparecidos. Y en algo común también se convirtió la represión, los caballos de la policía, las armas apuntando: “El miedo era mucho sobre todo al principio, después vas aprendiendo cosas porque ya te enfrascas que hay que hacer esto y lo otro y entonces no pensás tanto, no te das cuenta del peligro y los tipos con las armas te quedan como un paisaje. Te acostumbrás de que los tipos están ahí”.

Las madres de los padres

Siempre la historia habla de las Madres de Plaza de Mayo pero nunca, o pocas veces, se refiere a los papás de los desaparecidos. Todo tiene una explicación y en la misma hay un sentido de protección de las propias madres a sus maridos. El sentimiento maternal se extendía: “Cuando venía algún papá lo metíamos adentro de la rueda que hacíamos en la plaza, los protegíamos para que los milicos no los vean y con los jóvenes hacíamos lo mismo. Hacíamos de mamás de todos. Un día me preguntaron porque hacíamos eso y dije que era suficiente con los que había desaparecidos y alguien tenía que cuidar a los que quedaban”. Celia reconoce que eran más las madres que los padres los que participaban pero a la vez vuelve a hablar de esa protección hacia ellos: “Los padres eran presas fáciles, aunque hubo varias mujeres desaparecidas era como que una creía que por ser mamá podíamos proteger a los hombres y a los jóvenes”.

Las madres de Bahía

Bahía Blanca es una ciudad difícil en lo que respecta a desaparecidos y derechos humanos. V Cuerpo de Ejercito por un lado, diario La Nueva Provincia por el otro y Base Naval Puerto Belgrano unos kilómetros más allá, hacían y hacen de Bahía una ciudad con un pensamiento militar que se iba expandiendo. Así y todo las madres y los familiares de desaparecidos se hicieron un lugar. Todo a través del boca en boca; Celia conoció a la familia Giménez que junto a otras similares ya se estaban organizando y juntas comenzaron la lucha en la que muchos llaman la Bahía del olvido: “Se juntaban en distintas casas, rotaban porque tampoco era seguro estar siempre en la misma. Incluso el que venía en coche lo dejaba a tres cuadras del lugar. Fui conociendo a cada uno que componía ese grupo, eran madres y padres e íbamos viendo que cosas se podían hacer”. En Bahía la plaza de Mayo vendría a ser la Plaza Rivadavia, sin embargo esto no funcionó como aquella, el asunto en Bahía era más difícil y más peligroso: “Acá era distinto, no nos podíamos juntar en la plaza. A veces lo pensábamos, ver si nos íbamos a animar porque no éramos tanta cantidad, éramos 28 o 30. Después pasamos bajo la APDH y uno se animó a hacer más cosas. Durante más de dos meses íbamos al cuartel y pedíamos hablar con el Comandante. Sabíamos que era para nada porque nunca nos iba atender. Entrábamos ahí, todas con el pañuelo y cuando nos veían ¡se ponían re locos!”.

Las madres de todos

El concepto de madre se fue extendiendo dice Celia porque la hermandad hacía que si había algún dato de cualquier desaparecido todas se alegren: “El pedido era por todos porque era para todos. Todos los hijos pasaron a ser hijos de uno”. Y las madres de Bahía la lucharon, a su manera con sus actividades. Ya en democracia con muestras de fotos en el hall del municipio quedándose siempre una por si alguien preguntaba o conocía a alguno de los desaparecidos; y también con la junta de firmas para pedir juicio y castigo para los militares: “Una vez hicimos firmar el pañuelo y logramos juntar tantos pañuelos que los fuimos poniendo todos alrededor de la plaza. La plaza Rivadavia quedó rodeada por nuestros pañuelos”. De su gran memoria que dice no tener Celia saca otra anécdota, en este caso también se trata de una tarde en que juntaban firmas: “Un pibe de 17, 18 años nos dice ¿y qué querían ellos? Entonces yo le dije: ¿Por qué no te vas al fondo del mar y les preguntás que querían hacer?. Dio media vuelta y se fue, no vino más”.

El pañuelo en la iglesia

Celia habla de coraje y también de locura, de que las llamaban “las locas”: “Nos decían así, y después nos gustó la idea, estábamos locas, nos hacíamos las guapas” (risas). Y entre esas locuras surgió la de meterse en la Catedral bahiense, pleno centro de la ciudad: “Entramos y un seminarista nos preguntó quienes éramos. En ese entonces la que hablaba era Zaira Diego y entonces después vino alguien y nos invitó a salir y nosotras que no salíamos. Nos miraban todos como a bichos raros”.

El día que lo vieron a Astiz

Hablaba antes del carácter especial que tiene Bahía Blanca, tan especial que cobijó por momentos a genocidas de la calaña de Alfredo Astiz que un 24 de marzo estaba sentado en un bar, muy cerca de donde marchaban las madres. Y las madres fueron a encontrarse con la bestia: “Nunca lo había visto...estaba ahí sentado leyendo una revista y tomando un café, nunca dio vuelta la hoja que leía...con los oidos seguramente escuchando bien y la mirada de reojo por si volaba algo. Se sabía que no había que hacerle nada. Le decían de todo, recuerdo una chica que le dijo: ¨“no te mueras nunca que la víbora te vaya comiendo de a poquito”.

“Salimos de las ollas para luchar”

Muchas cosas por contar quedan afuera, porque Celia dice que no se acuerda, pero se acuerda. Se acuerda de las miles de cartas que enviaban a un diario financiero hasta que este publicó algo sobre las madres de Bahía, se acuerda de las marchas, de las respuestas recibidas, de las no respuestas recibidas, de las tardes en la APDH y se acuerda de los desaparecidos, de los chicos: “Es un compromiso muy fuerte que hicieron entre todos para llegar a algo. Yo siempre comparo con la canción de Gieco, Cinco Siglos Igual, habrán dicho basta, vamos a ver si hacemos algo. No se, no habrá sido así tan simple pero me parece hermoso entregar la vida”.

Hoy Celia comparte su lucha junto a otras organizaciones como Ausencias Presencias, APDH y SUTEBA. Con muchos de ellos comparte estos 30 años y a otros les transmite eso de dejar la cocina para salir a la calle:” A veces pienso y me pregunto como tuvimos el coraje nada menos contra quien uno luchaba, tuvimos miedo, tuvimos de todo pero lo hicimos. No habremos hecho tanto como se hizo en otros lugares pero hicimos. Saliendo de la cocina y yendo a la calle, salimos de las ollas para luchar. Estaba eso de no ponerse a llorar a gritos porque todo era a las escondidas y porque si te ponés a llorar no podés pensar y tenés que pensar a ver que tenés que hacer. Si lloro me pierdo en los laberintos y no puedo armar nada”.

Pero algo armaron, armaron una ronda que protege, que acuna, que cuenta, que insiste, que canta. Una linda melodía de la memoria.


AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

Arg - "imágenes para la memoria" se exhibe en Mendoza

La Coordinación de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y Memoria Abierta invitan a visitar la muestra "imágenes para la memoria".

Del 1 al 28 de junio en el Espacio Contemporáneo de Arte (9 de Julio y Gutiérrez. Ciudad de Mendoza)
De 9:00 a 13:00 y de 16 a 21:00.
Para acordar un horario de visita guiada contáctese con la Coordinación de Derechos Humanos de Mendoza al 4492076.

Arg - Concursos: "Creando memorias" y "Los jóvenes hacen memoria"

Concursos: “Creando memorias” y
“Los jóvenes hacen memoria”

Declarado de “Interés Educativo” resolución nro 219, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Fundamentación y objetivos:

Pasadas más de tres décadas del inicio de la última dictadura, la Comisión y Archivo Provincial por la Memoria (creados por Ley Provincial 9286), que tiene entre sus objetivos el de “fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la plena vigencia de los derechos humanos y de sus implicancias…”, convocan a niños y jóvenes de nuestra provincia a participar de los concursos “Creando memorias” y “Los jóvenes hacen memoria”.

Entendiendo a las memorias como pilar primordial de la identidad de los pueblos, y conociendo la importancia de su ejercicio para el desarrollo de una actitud crítica que contribuya a la formación de ciudadanos/as dentro de un marco democrático, es que buscamos incentivar en los niños y jóvenes de Córdoba el interés por nuestro pasado reciente, promoviendo la indagación y producción de materiales en torno al Terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura cívico-militar en nuestra provincia.

Creemos fundamental darle importancia y espacio a las miradas que los jóvenes construyen sobre nuestro pasado reciente, promoviendo su protagonismo en los debates actuales. Por eso los invitamos a producir individual o colectivamente materiales partiendo de las memorias locales (las de su ciudad, las de su barrio, las de su escuela, las de su entorno), que recuperen estas experiencias y las relacionen con nuestra historia como país; valorando a los sujetos como protagonistas en la construcción de la historia. Apostamos también a que docentes/coordinadores impulsen y orienten la realización de los trabajos, incentivando la construcción colectiva de saberes.

En suma, esta iniciativa es una invitación a recuperar las memorias de lo ocurrido durante el período represivo desde la mirada de los más jóvenes, desandando la cultura del silencio y del miedo que los genocidas quisieron imponer, para construir una sociedad más justa y solidaria, comprometida con la plena vigencia de los Derechos Humanos.

Destinatarios y formatos:

Concurso “Creando Memorias”

· Destinado a Niñas y Niños de 6 a 13 años: la propuesta consiste en presentar historietas, cuentos y poesías, producidos individual o colectivamente con el apoyo de un docente o formador; el objetivo es estimular la creatividad y sensibilidad de los/as niños/as en torno a temas de nuestra historia reciente.

Concurso “Los jóvenes hacen Memoria”

· Destinado a Jóvenes de 14 a 18 años: se trata de realizar y presentar un trabajo de investigación sobre relatos, historias, o hechos ocurridos en los lugares donde viven los jóvenes. El mismo tiene que ser presentado con formato periodístico (crónicas, informes, etc.) y puede ser realizado individual o colectivamente con la guía y apoyo de un docente o formador.

Requsitos de formato específicos: páginas mínimo 10, máximo 20; tamaño A4; simple faz; fuente Times New Roman, tamaño 12; interlineado 1,5; márgenes, 3 superior, 2,5 inferior, derecha e izquierda; puede incluir anexo de fotos.

Ambos concursos están dirigidos tanto a escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas; como a organizaciones comunitarias de nuestra provincia que trabajen con niños y/o jóvenes.

Información Importante:

· El material presentado debe ser inédito y no haber recibido premios anteriores.

· Los trabajos se recibirán entre el 25 de Marzo y el 14 de septiembre de 2007, en la sede de la Comisión y del Archivo Provincial de la Memoria, Pasaje Santa Catalina 66 Córdoba, pueden consultar por teléfono al (0351) 4341501 / 4342449, mails: comisiondelamemoria@cba.gov.ar, comsiondelamemoria@gmail.com, archivodelamemoria@cba.gov.ar, archivodelamemoria@gmail.com

· Los trabajos deben contener: nombre y apellido de los realizadores, edad, grado o curso; nombre y apellido de los docentes o coordinadores (materia, disciplina o área en la que trabajan), institución u organización a la que pertenece. Datos como contactarse (teléfono, dirección, etc.).

· Para su presentación, los trabajos pueden ser abordados multidisciplinariamente.

· En cada modalidad existen pautas guía de elaboración del trabajo final (presentación, cantidad de páginas, etc.).

· Posibles ejes (no excluyentes):

- La dictadura en lo local (el municipio, el barrio, la escuela, etc.)

- Historias de vida

- Hechos o acontecimientos

- Libros prohibidos

- Música

- Guerra de Malvinas

- Identidad

- Resistencias y luchas

· La presentación de trabajos supone la aceptación de las bases y la autorización para su publicación.

· Para cada modalidad habrá un jurado compuesto por personas de reconocida trayectoria.

· Todos las producciones pasarán a formar parte del Archivo Provincial de la Memoria.

· El fallo del jurado será inapelable.

Premios:

Habrá un primer premio y menciones especiales; a realizadores y docentes/coordinadores en cada categoría.

· Publicación de lo producido.

· Una PC para cada categoría

· “Caja de herramientas”. Con libros, cd’s, películas, etc., relacionados a la temática para ser utilizados en la formación en Derechos Humanos y Democracia.

· Diplomas y menciones

Fechas Convocatoria:

Recepción de trabajos desde el 25 de marzo hasta el 14 de setiembre de 2007.

Entrega de premios: El 19 de octubre en el marco de la semana de la Identidad y el 30 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.

Encuentro:

Con posterioridad al cierre del concurso y entrega de premios y con fecha a confirmar se realizará un encuentro invitando a toda la población educativa a compartir los trabajos.

An Interrogation Role Model

U.S. picked up tactics — including torture — from Israeli intelligence

By Yossi Melman
International Consortium of Investigative Reporters

TEL AVIV, Israel — The King Hussein bridge is the most direct route from Amman to Jerusalem, but it was not a trip Marwan Ibrahim Mahmoud Jabour wanted to make — he had no choice. It was September 2006, and Jabour, a 30-year-old Jordanian engineer who says he made the mistake of going to Afghanistan in a fruitless attempt to join the jihad, had spent the last two years as a U.S. prisoner — possibly in Afghanistan but he wasn't sure, since his captors had never revealed the location. According to a sworn affidavit he gave to an Israeli military court, he'd spent much of that time naked and alone in a tiny cell with a bucket to serve as a toilet, being subjected to loud music and hot or freezing temperatures, presumably to soften him up for interrogations that went on for as long as 14 straight hours.

But now, apparently, the Americans were done with Jabour. They'd drugged him and sent him on a jet back to the Middle East. The trip was what is known in the U.S. war on terror as an "extraordinary rendition," the transfer of a terror suspect to a foreign country for interrogation — and sometimes torture, human rights activists charge — outside of any legal process. Jabour says he never faced a judge, a prosecutor or a jury. When asked for comment on Jabour's affidavit, the CIA cited its standing policy of not commenting on allegations of extraordinary rendition.

Jabour found himself in the back seat of a car driven by Jordanian intelligence agents. At the other side of the King Hussein bridge, in the Israeli-occupied West Bank, they handed him over to Israeli intelligence agents. In his affidavit, Jabour said that one of the Israelis mocked him in greeting: "Welcome, Osama bin Laden. Where are you coming from?"

Jabour's case is the first documented instance of a terror suspect who was not linked to Hezbollah or Palestinian terror groups making his way from American hands to Israeli custody. That such a thing could happen should probably come as no surprise, given the traditionally close cooperation between the United States and Israel on security matters. The controversial techniques Jabour says his American captors used were not concocted out of thin air; many were perfected and put into regular practice by the Israelis, who in the post-9/11 era have quietly become one of the world's most important exporters of interrogation and counterterrorism methods decried by human rights groups as constituting torture and violating basic human rights.

One of Israel's "students," the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) has found, has been the United States. For its part, the United States reciprocates through continued massive military aid and assistance to Israel, thanks in no small part to strong Israeli lobbying of the U.S. Congress. ICIJ's database of foreign military assistance shows that Israeli governmental entities spent more than $30 million in the three years after September 11, 2001, on expenditures governed by the Foreign Agents Registration Act, including lobbying Congress and the executive branch.

Since the late 1940s, the United States has given Israel nearly $50 billion in military assistance — financial aid and access to weaponry that has helped make the Israeli armed forces one of the most technologically sophisticated, powerful militaries on the planet. Since 9/11, Israel has remained the No. 1 recipient of U.S. military aid, pulling in more than $9 billion in the three years after the terrorist attacks.

While other countries have been influenced by U.S. aid, Israel has influenced its patron as well. In the post-9/11 world, the United States has turned to Israel for advice and training for urban combat against insurgents in Iraq and has borrowed controversial tactics that Israeli forces have used against Palestinians. In Iraq and elsewhere, the United States also has emulated Israel's hard-nosed methods against terrorism, allegedly including the use of torture in interrogations. The growing closeness between the two intelligence services also raises the question of just how far Washington will go in the future in continuing to apply one of Israel's most controversial anti-terrorism techniques: targeted killings. (See related story.)
Learning from the best

Since the attacks on the World Trade Center and the Pentagon, U.S. intelligence officials have visited Tel Aviv to meet with their counterparts from Mossad, Israel's version of the CIA, and Shabak (or Shin Bet), the Israeli counterintelligence and anti-terrorism agency, as well as the Aman, Israel's military intelligence service, according to Israeli intelligence and diplomatic sources who requested anonymity in order to speak candidly with ICIJ. In addition to exchanging information on terrorist organizations with their Israeli hosts, the visitors are reported to have viewed presentations by special forces units of the Israeli Defense Forces and the Israeli National Police describing methods and equipment employed by Israel in anti-terrorism operations.

According to those same sources, other countries have also sent their own intelligence officials to learn from the Israeli experience and to be briefed and trained by their Israeli counterparts. Almost every week, the sources said, the Tel Aviv-based headquarters of Mossad, Shabak and Aman host guests from South America, Africa, Eastern and Western Europe and South Asia, including countries such as Indonesia, which does not even have diplomatic relations with the Jewish state.

Visitors also talk about ways to block the flow of financial funding from the United States, Europe and Latin America to Palestinian militants. "Under the disguise of donating money to Palestinian charity, contributions are channeled to terrorist groups in Gaza and [the] West Bank," says a senior Israeli official dealing with terrorist issues at Israel's National Security Council. "Before 9/11, it was hard for us to persuade governments that money raised in mosques in their respective countries found its way to buy weapons and explosives in the Palestinians areas which eventually was turned against innocent Israelis. In the last two to three years, we find more attention to our claims and readiness to cooperate. On several occasions we provided names of charities and bank accounts in the UK, Italy, Paraguay, Argentina and a few other countries, and the security services there followed accordingly and took action. Offices were raided, documents confiscated and in some rare cases accounts were frozen."

Additionally, at least twice a year, delegates from various branches of the Israeli intelligence community visit the United States to exchange information and engage in brainstorming sessions with their U.S. counterparts. These discussions are "frank, open and intimate," according to an Israeli intelligence source who has been involved.

Due in part to these exchanges of ideas, the United States has been able to copy and learn from Israeli counterterrorist methods. Although Israel certainly did not invent techniques such as clandestine kidnapping or the use of stress positions during interrogation, it was one of the first countries to employ those techniques as part of a broader counterterrorism campaign.
Eichmann case a precedent

The CIA's abduction of Egyptian cleric Hassan Osama Nasr (also known as Abu Omar) as he walked to a Milan mosque in 2003, for example, had a famous precedent — the 1960 Mossad operation that tracked, cornered and abducted Nazi war criminal Adolf Eichmann in Buenos Aires, Argentina.

"He [Eichmann] passed our car, which was parked on the margin," Rafi Eitan, the Mossad officer in charge of the operation, recounted in an interview with ICIJ. "One member of our team, Tzvi Malchin, was shadowing and closing in on him. It all took a few seconds. Tzvi jumped on him. Both of them fell down into a ditch. Tzvi grabbed him. We opened the door, and Tzvi put him inside." The parallels with the 2003 Abu Omar abduction are striking, where, according to Italian prosecutors investigating the involvement of 26 Americans, Omar was grabbed off the street by CIA agents and thrown into a waiting van.

Just as the detainees of CIA "extraordinary renditions" are reported to have been hidden at secret prisons and transported across borders in clandestine flights, Eichmann was taken to a safe house in the Argentine capital, interrogated, sedated and dressed in the uniform of a crew member of El Al, Israel's national airline. He then was driven to the airport, forced to board an Israeli aircraft and flown to Israel for trial, according to Eitan and other published accounts of the operation. Eichmann was later convicted and put to death.

Twenty-six years later, the Mossad conducted a similar operation. According to interviews with relatives and Israeli intelligence officials involved in the operation, in the fall of 1986, the agency acted against Mordechai Vanunu, an Israeli technician who worked at Israel's secret nuclear reactor in Dimona. Vanunu was fired, left the country and then revealed to The (London) Sunday Times that Israel had produced in Dimona sufficient plutonium to manufacture 200 nuclear bombs. The Israeli government instructed the Mossad to abduct Vanunu and bring him to justice in Israel.

Mossad teams tracked Vanunu in London, where a female agent seduced him and persuaded him to accompany her to a "love nest" in Rome. There he was kidnapped by other Mossad operatives, sedated and taken by force to a yacht that sailed to a rendezvous off the Italian coast with an Israel naval boat manned by cadets.

"In the middle of the sailing we were told to put anchor off the Italian coast," according to the recollections of the Israeli cadets relayed to ICIJ by Israeli intelligence sources. "We didn't bother to ask why. We were only cadet officers who hoped to be soon commissioned. After three days, I believe, a yacht arrived near us at the middle of the night. We were all asked to stay in our cabins — only a few officers were allowed to be on the deck. Only a few days later by word of mouth and rumors spreading around, we found out that a group of people, mostly male and few females in civilian clothes, had boarded our ship. They stayed throughout the remaining sail in their cabins. A few weeks later when the government announced that Vanunu was captured, we understood that we were the ship which was ferrying him."

When the boat reached Israeli soil, Vanunu was interrogated, charged and convicted of treason, espionage and unauthorized disclosure of secrets.

He served 18 years in prison.

Despite the strong similarities between Israeli abductions and those carried out by the CIA after 9/11, one important distinction remains: Eichmann and Vanunu were eventually put on public trial, whereas Jabour and his fellow "ghost" detainees by the United States have rarely been subject to official legal proceedings — or legal protections.
Similar techniques

When the United States invaded Iraq and overthrew Saddam Hussein's regime in 2003, the close U.S.-Israeli relationship became even more pronounced.

U.S. forces soon found themselves in a bloody, protracted struggle against non-uniformed Iraqi insurgents in Iraqi cities and villages, a conflict that bears eerie parallels to Israel's battles with Palestinians in the occupied West Bank and Gaza. American forces knew where to turn for advice.

According to American and British newspapers, U.S. soldiers journeyed to Israel to train in a mockup of an Arab town that the Israeli army has used to prepare for urban warfare in the occupied territories, and the Israeli Defense Forces sent urban warfare specialists to Fort Bragg in North Carolina to help train U.S. special forces for counterinsurgency operations.

Not surprisingly, U.S. forces in Iraq began using an array of tactics previously employed by the Israelis in the occupied territories. When U.S. Marines conducted house-to-house searches for insurgents, they used portable battering rams to knock holes through interior walls as a way of avoiding booby-trapped doors — one of the classic urban warfare tactics borrowed from the Israelis.

U.S. forces also began demolishing houses and buildings used by insurgents, mimicking the controversial Israeli practice of using bulldozers to take down the homes of Palestinian militants or their families. And, as the Israelis had done, the Americans cordoned off villages and neighborhoods suspected of harboring insurgents and set up armed checkpoints through which Iraqis were forced to pass.

"I see no difference between us and the Palestinians," an Iraqi man named Tariq told The New York Times in 2003. "We didn't expect anything like this after Saddam fell."

The U.S. Army officer formerly in charge of the now-infamous Abu Ghraib prison, Col. Janis Karpinski, told British Broadcasting Corp. radio in 2004 that during a visit to a U.S. intelligence center in Baghdad, she met an Israeli who was involved in interrogating Iraqi prisoners.

"I asked him what did he do there, was he an interpreter? He was clearly from the Middle East," said Karpinski, who was demoted from her previous rank of brigadier general after the revelations of prisoner abuse at Abu Ghraib. "He said, 'Well, I do some of the interrogation here. I speak Arabic but I'm not an Arab. I'm from Israel.' " The Israeli government has strongly denied that any of its own interrogators were working with the Americans in Iraq, as has Virginia-based CACI, the large American defense contractor that performed interrogations at Abu Ghraib.

However, some of the techniques used by American interrogators — such as putting hoods on prisoners and subjecting them to loud music, and forcing them to remain in painful physical positions — bear discomforting similarities to controversial techniques Israeli intelligence has used for decades.

Beginning with Israel's occupation of the West Bank and Gaza in 1967, Israeli intelligence agencies — mainly the Shabak — have interrogated Arab and Palestinian terrorism suspects. For years, Shabak interrogators used brutal methods that included sleep deprivation, hanging subjects from walls and threats of sexual assault. Rough treatment of interrogation subjects essentially was legal. Even after a 1987 special inquiry commission led by former Israeli Supreme Court Judge Moshe Landau found that Israeli interrogators not only used torture to compel confessions, but also were instructed by superiors to lie about it to the courts, it recommended that interrogators be allowed to continue "moderate physical pressure" on suspects who might have information about an impending terrorist attack.

In a 1999 ruling, the Israeli Supreme Court described in detail some of the methods used by Israeli interrogators. One particularly violent practice was the "forceful shaking of the suspect's upper torso, back and forth, repeatedly, in a manner which causes the neck and head to dangle and vacillate rapidly." The court noted that "the shaking method is likely to cause serious brain damage, harm the spinal cord, cause the suspect to lose consciousness, vomit and urinate uncontrollably and suffer serious headaches." Another technique was the "shabach" position, in which a prisoner would be left between interrogations in a small chair with his arms tied, in a position that "causes serious muscle pain in the arms, the neck and headaches." Interrogators also covered the subject's head with a sack and played "powerfully loud music" in the room.

The Israeli Supreme Court decided that such practices were illegal. But Israeli human rights activists contend that the ban was never fully enforced and that Israeli interrogators sometimes continue to mistreat prisoners today.

For example, a Palestinian government official who was arrested and held by the Israelis for six weeks in the summer of 2005 later said that interrogators had left him tied for six to seven hours straight in the "shabach" position. "It caused a lot of pain in my neck," Palestinian Minister of Labor Mohammed Barghouthi told The Christian Science Monitor. "But the psychological pain is much worse."
Coming home

Marwan Ibrahim Mahmoud Jabour said in his sworn affidavit that he would find himself subjected to similar — but even more intense — mistreatment by U.S. interrogators before he ended up on Israel's doorstep.

In Jabour's sworn affidavit, he presents himself as little more than a would-be jihadist. In subsequent interviews with human rights groups and The Washington Post, he acknowledges having facilitated transportation and assistance for al Qaeda fighters fleeing Afghanistan into Pakistan after the 2001 U.S. invasion; a U.S. counterterrorism official described him as "an all-around bad guy" who had contact with senior al Qaeda officials.

The offspring of Palestinian refugees, he spent his youth in Jordan and Saudi Arabia before moving to Pakistan in the 1990s to study computer engineering. While in Pakistan he found religion, and a few years later he tried to answer the call of Saudi religious leaders who were urging followers to take up jihad against the Russians in Chechnya. Jabour managed to make his way to Kabul, where he got a few months of rudimentary firearms instruction in a camp operated by the Taliban before being told that the Chechens didn't really want any more Arab fighters. He returned to Pakistan and got married. A couple of years later, after the September 11 attacks led to the U.S. invasion of Afghanistan, he again felt the call — not to fight for al Qaeda, but "to protect Afghanistan as a Muslim country." Jabour went to Afghanistan and tried to join a group of Arab fighters, but when the Taliban deserted them on the front line, he decided to go home again without firing a shot.

Jabour made the mistake of befriending an assortment of wounded, destitute ex-comrades who wandered into Pakistan after the conflict, his affidavit goes on. In 2004, he says, Pakistani intelligence agents forced him and a friend into a car, put hoods on their heads and took them to a facility in Lahore where Jabour was beaten and tortured for several days before his captors handed him over to the Americans.

He then describes a haze of sedative injections and a jet ride. Jabour found himself in a nameless facility where he says men in black uniforms and masks stripped off Jabour's clothes, bound him and put him in a tiny cell with a bucket for a toilet. He remained naked and bound for three months, with a video camera suspended from the ceiling watching his every move. Outside, large speakers played jet engine noises.

According to Jabour's affidavit, a U.S. interrogator told him that "whenever you hear this sound, you will remember why you are here" — a reference to the planes that crashed into the World Trade Center and the Pentagon.

After interrogators questioned Jabour, he related, they would throw him back in his cell, tie him in various uncomfortable positions and then subject him to loud noises and music, sometimes for up to four days at a time. "I would scream for them to stop … and I would tell them I was going to talk," he says. On other occasions, he says in the affidavit, interrogators tied a rope to his handcuffs and lifted him up for several minutes at a time or squeezed him in a tiny closet that had breathing holes punched in the door (he would later tell human rights advocates and journalists that he was threatened only with being put in the closet).

By the time a year had passed, the affidavit goes on, the severity of Jabour's treatment eased somewhat. He was still subjected to interrogations, but he was in a larger cell and his captors let him out occasionally to watch documentary films on DVD or to take books out of the facility's library, which had thousands of books in Arabic and other languages. Eventually, they gave him a drawing pad and an electronic chessboard.

By then, apparently, the United States had decided that Jabour either had no more useful information to offer or was too small of a catch to bother keeping in custody. In July 2006, a clerk at the facility suddenly told Jabour that he was about to be transferred. "Where to?" Jabour asked. The American, the affidavit says, told him he didn't know. The next day, guards came to Jabour's cell, bound him in chains, taped cotton over his eyes and put plugs in his ears. He says he was driven to an airport, loaded on another jet and injected with something that made him lose consciousness.

After the jet landed hours later, Jabour reports that he was carried into a building. When his blindfold was removed, he was in a room with portraits of King Hussein and King Abdullah on the wall. Jabour was back in Jordan, the land of his birth. Jordanian agents began questioning him, he says, but the sessions were less brutal. "The interrogators told me they know everything I've been through," he says. For the first time, he was allowed to meet with a Red Cross representative. He also was allowed to see his parents and other relatives.

But instead of releasing Jabour, the Jordanians turned the former U.S. prisoner over to the Israelis. While U.S. interrogators reportedly have used the threat of rendition to Israel to frighten captives into talking, Jabour says that after a humiliating initial search (in which he was stripped and forced to squat several times), the Israelis didn't treat him quite as roughly as the Americans had. He relates that he was questioned by a Shabak interrogator named Levi, who talked to him roughly a dozen times, three to four hours each time. Levi had Jabour tell his life story, while Levi took notes on a computer. None of the questions had anything to do with Israel or its national security, Jabour recalled in the affidavit.

Even so, Jabour was held without charges and was not allowed to see an attorney for the first month of his Israeli captivity. Then, in late September 2006, he finally got a chance to speak with Nizar Mahajna, a lawyer for the Public Committee Against Torture in Israel, an Israeli human rights organization, who happened to run in to Jabour in the Kishon Prison where Jabar's military court hearing was taking place.

"I'm not one of them," Mahajna quotes Jabour as telling him, meaning that he was not a Palestinian from the West Bank or Gaza. "Do you have time for me?"

"He seemed very frightened," the attorney would later recall.

In October 2006, Israeli security sources told ICIJ that Jabour most likely would be charged with membership in a terrorist organization, unauthorized military training and posing a threat to state security.

But apparently, over the next several weeks, Israeli officials changed their minds and decided that the former U.S. prisoner was not so much of a threat after all. In November 2006, the day before a military court was scheduled to consider extending his remand, authorities simply released him to relatives in Gaza.

http://www.publicintegrity.org/MilitaryAid/report.aspx?aid=861

RD - Presentan querellas contra crímenes de la dictadura de Trujillo

Santo Domingo.- Familiares de personas asesinadas y torturadas en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, asesinado hace 46 años, se querellaron contra los supuestos autores materiales e intelectuales de esos crímenes.

La demanda por tortura, homicidio, secuestro y detención ilegal fue presentada por las fundaciones 30 de Mayo, Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Hermanas Mirabal y la Manolo Tavárez contra los ex militares Luis José León Estévez, Cándito Torres, César Rodríguez Villeta y José Ángel Rodríguez Villeta, destacó Efe.

Según los denunciantes, los militares contaron con el apoyo "incondicional" de Trujillo y recordaron que los delitos no han prescrito debido a que se trata de crímenes de lesa humanidad.

http://www.eluniversal.com/2007/05/31/int_art_presentan-querellas_304629.shtml

Arg - Preocupa a organismos de DDHH la liberación de represor y presunto apropiador de menores

Capital Federal - Frente a la decisión de la justicia de liberar al ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional durante la Dictadura Militar, Víctor Enrique Rei, organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación y convocado a una conferencia de prensa para mañana a las 11:30. El represor, detenido desde el 2004, está acusado de haberse apropiado ilegalmente -fraguando el certificado de nacimiento- de un menor que habría nacido en el Hospital Militar y sería hijo de una detenida-desaparecida.

A causa de esto, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo convocó a una conferencia de prensa para "dar a conocer su profunda preocupación por la decisión de la justicia de liberar al represor y genocida, Víctor Enrique Rei, ex servicio de inteligencia de la Gendarmería Nacional, responsable de la apropiación de un joven hijo de desaparecidos"; la misma se realizará mañana jueves 30 de mayo a las 11.30, en Virrey Cevallos 592 Planta Baja 1.

A mediados de 2004 la jueza María Servini de Cubría había arrestado a Rei, ex alto oficial de la Gendarmería, por la apropiación de un menor durante la última dictadura militar. La justicia pudo comprobar que el certificado de nacimiento del joven tiene irregularidades serias que hacen que tanto las Abuelas de Plaza de Mayo como Servini de Cubría tuvieran sospechas fundadas de que se trataba de un hijo de desaparecidos.

Durante la dictadura, Rei estuvo destinado a la seguridad del Mundial de Fútbol de 1978 y luego se desempeñó en la dirección de Operación e Inteligencia de Gendarmería. Posteriormente fue segundo jefe del Escuadrón de Concepción del Uruguay.

Según las investigaciones de los organismos de derechos humanos se trataría del primer miembro de esa fuerza involucrado en la apropiación de un niño durante la última dictadura.
La partida de nacimiento del supuesto hijo de Rei fue firmada por el médico Julio César Cáceres Monié, un cardiólogo que ya falleció y que también aparece en los certificados falsos de otros hijos de desaparecidos.

En ese documento, en el que dice que el hijo de Rei habría nacido en abril de 1978, figura como dirección la calle Báez 840 pero el juzgado comprobó que esa numeración no existe. Al declarar ante Servini de Cubría, Rei aseguró que el joven era su hijo biológico y mencionó que los médicos que atendieron a su mujer durante su embarazo fueron “el doctor Cáceres y los que estaban de turno en el sector de obstetricia del Hospital Militar”.

Como parte de la investigación, la jueza allanó el Hospital Militar y secuestró todos los libros de parto de esa época. En ninguno hay constancia del nacimiento del hijo de Rei. Las mujeres que sí dieron a luz ese día en ese lugar tampoco recuerdan ni a la señora Rei ni a Cáceres Monié. Además, las historias clínicas aportadas al expediente por la obra social demuestran que el parto no se produjo.

http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=21746

Arg - En su despedida, Parache procesaría a Bussi por genocidio

En su último día al frente del Juzgado Federal Nº 1, Jorge Parache, daría a conocer su resolución en la que decidiría por primera vez el procesamiento por genocidio a los represores Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, en el marco de la causa del ex Arsenal. La esperada resolución tendría más de 300 fojas. A las 18, asume como juez subrogante Daniel Bejas, quien se hará cargo de las causas de la dictadura y de los delitos electorales.

En su último día a cargo del Juzgado federal Nº 1, Jorge Parache firmaría (si no lo hizo anoche) una resolución clave en el avance de las causas de los años sangrientos de la última dictadura militar. Decidirá si procesa o no por primera vez por el delito de genocidio al represor Antonio Domingo Bussi. En la esperada resolución, que constaría de más de 300 fojas, Parache también incluirá a Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Mario Alberto Zimmerman (fue jefe de Policía entre abril de 1976 y junio de 1977), y a Alberto Luis Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia).

Los cuatro represores ya pasaron por las indagatorias y en ellas solamente abrieron la boca para negar todos los hechos imputados en el marco de la megacausa en la que se investigan todos los delitos que constituyeron genocidio contra cientos de víctimas que fueron detenidas y fusiladas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga que funcionó como un Centro Clandestino de Detención durante el gobierno militar que se inició en 1976. Este expediente está encabezado por la desaparición de Julio César Campopiano, un joven poeta de 18 años que fue secuestrado el 22 de octubre de 1976.

Luego de ocupar 22 años este cargo, hoy será el último día de trabajo de Parache al frente del juzgado Nº 1 tras su renuncia (que fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner) para evitar que se inicie un proceso de destitución en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de causas de bonos del default, aunque ahora sigue involucrado en un expediente penal a cargo del juez federal subrogante Nº 2 Mario Racedo.

Parache fue quien procesó con prisión preventiva a Bussi en la primera causa reactivada en la provincia (por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse) el 15 de octubre de 2003. Ahora, el cambio de magistrado también generó incertidumbre en familiares de desaparecidos y dirigentes de los organismos de derechos humanos ante cómo será la postura que adoptará Daniel Bejas frente de las cientos de causas de la dictadura que todavía esperan definiciones camino al juicio oral y público.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=34889

Arg - Denuncian que represores acuden a chicanas judiciales para evadir las indagatorias

Representantes de los organismos de Derechos Humanos denunciaron públicamente que cinco (de los quince) miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, que ya debieron ser indagados por la Justicia Federal, acuden a “chicanas judiciales” para evadir este paso procesal en el marco de la causa por el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. “Se trata de nuevas maniobras por parte de la defensa de los participes en el plan sistemático de terrorismo de Estado implementado en nuestra provincia por la última dictadura”, recalcaron a través de un comunicado de prensa.

“Al ya clásico recurso del certificado médico se suma ahora el pedido de defensores de reclamar la presencia en el expediente de los legajos de los represores con sus fojas de servicio en esa época”, alertaron.

A esto agregaron: “Ahora, pretendiendo descalificar los testimonios aportado por la querella y la fiscalía, pide la defensa de los genocidas, una prueba en la que no está registrado el itinerario criminal de los gendarmes Celso Alberto Barraza; Benito Palomo; Carlos Lafuente; Ernesto Rivero ; Juan Carlos Riso Avellaneda y Oscar Aurelio Soto ni de los gendarmes que aun falta concurrir. En ningún lugar va a constar, oficialmente, que eran destinados a prestar "servicios" en un lugar clandestino, de exterminio como lo fue el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde tenían la función de fusilar, torturar, quemar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado, entre otras acciones”.

Chile: Juez Montiglio dicta 17 procesamientos en el caso calle Conferencia

Magistrado encausó a otrora integrantes de la brigada Lautaro del organismo represivo por el secuestro y asesinato de once militantes comunistas, entre los que figura el marido de la fallecida Gladys Marín.

El ministro en visita Víctor Montiglio dictó este miércoles procesamientos contra ex 17 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el denominado caso Calle Conferencia, en una resolución que abarca crímenes cometidos por el organismo represor entre el 2 de abril y el 9 de septiembre de 1976.

El magistrado que investiga la represión a la cúpula del Partido Comunista (PC) durante la dictadura militar encausó a miembros de la brigada Lautaro de la DINA por los secuestros del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurrido el 2 de abril de ese año.

Entre los imputados se encuentran Pedro Vitternich Jaramillo, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica.

Otro grupo fue acusado por las desapariciones de Jorge Muñoz (esposo de la fallecida secretaria general del PC Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Marta Ugarte, por hechos ocurridos entre el 4 de mayo y el 9 de agosto de1976.

Por estos hechos, el juez encausó a Eduardo Reyes Lagos, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Carlos Rinaldi Suárez, Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Víctor Álvarez Droguett, José Friz Esparza, Eduardo Garea Guzmán y Rufino Jaime Astorga.

En el caso de Marta Ugarte fueron procesados tres ex agentes por el delito de homicidio calificado, ya que su cuerpo apareció en la playa Los Molles luego de ser arrojado desde un helicóptero para deshacerse de él. Los afectados por la decisión judicial fueron Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández.

Hasta ahora, Montiglio sólo mantenía procesados a más de 70 agentes de la DINA por el secuestro de Víctor Díaz, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz, por lo que con estos encausamientos amplía el alcance de su investigación.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=218953&estHomepage=NoticiaDiaGratis

No olvidar las lecciones del pasado

Adecuar nuestro marco jurídico al establecido por la ONU en la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, implica establecer el derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada

Redacción/Cambio de Michoacán

Jueves 31 de Mayo de 2007

Esta última semana de mayo se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, jornada de lucha en la que se exige la presentación de las más de 100 mil personas que en nuestro Continente -incluido nuestro país- han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al tiempo que se exige verdad y justicia así como castigo a los responsables intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen nuestros pueblos.

Con frecuencia escuchamos desde los ámbitos del poder e incluso voces de personas de buena fe, exhortar que el pasado quede atrás, clamando que son tiempos de reconciliación y que debemos ver para adelante olvidando rencores añejos. Esta posición del perdón y el olvido deja de lado el hecho de que para que una sociedad sane de los agravios y los daños padecidos, se requiere conocer la verdad, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad, al tiempo que se crean condiciones para que no se repitan hechos tan graves.

En el México actual que vive un acelerado proceso de descomposición social, propiciado por las políticas neoliberales instrumentadas por el Estado mexicano al servicio del capital transnacional y de los voraces grupos de la oligarquía «nacional», en el que el crimen organizado pasa a ser parte de la cotidianidad y al que se pretende enfrentar con una estrategia basada en el poder de las armas, relegar la memoria histórica que nos enseña los riesgos de que la política deje su lugar a las armas es peligroso, por decir lo menos.

Precisamente por esto, desde las páginas de Cambio de Michoacán hemos insistido en recordar los crímenes que en el pasado cometió el Estado, utilizando a diversos cuerpos policiacos y al Ejército Mexicano, no para salvaguardar la integridad de nuestro territorio sino para reprimir el descontento social y la oposición política. El saldo fue el de cientos de torturados y encarcelados injustamente, decenas de ejecutados extrajudicialmente y más de mil 200 detenidos desaparecidos.

Recordamos que fue en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido cuando nuevamente se presentó, en esa ocasión ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la denuncia de la desaparición forzosa de la familia Guzmán Cruz (José de Jesús Guzmán Jiménez, Amafer, Armando, Solón y Venustiano Guzmán Cruz), ocurrida el año de 1974 al lado de Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez y José Luis Cruz Flores. Todos ellos, al igual que cientos de familias en todo el país, siguen esperando verdad, justicia y castigo a los responsables de estos incalificables crímenes.

Gracias en gran medida al esfuerzo desplegado durante muchos años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), el miércoles 20 de diciembre 2006 la 61ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, lo que representa un logro para los familiares de detenidos desaparecidos de América Latina, quienes están luchando desde hace 25 años con el objetivo de lograr la erradicación de la práctica de la detención-desaparición.

Pero este es un paso que debe avanzar hacia la ratificación de este instrumento de justicia universal, con la firma de cuando menos 20 países y con la posterior adecuación de las legislaciones nacionales a los requerimientos y principios establecidos en la convención, tarea nada fácil en México dada la correlación de fuerzas en el ámbito legislativo, en el que predomina la alianza PAN-PRI; al primero de ellos no le interesa generar leyes que tutelen derechos de las mayorías, mientras que el priísmo se niega a ajustar cuentas con su pasado represor.

Adecuar nuestro marco jurídico al establecido por la ONU en la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, implica establecer el derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada con todas las consecuencias y obligaciones para el Estado.

Adquiría rango de ley el derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber la verdad del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias sobre este crimen. Además algo que es de profundo sentido humano: el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos.

Se establecerían garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar. Se subraya el derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos, que deberá ser garantizado con la incorporación al Código Penal nacional de la figura de la desaparición forzada, lo que por su complejidad y carácter deberá hacerse a través de promulgar una ley especial para este delito de lesa humanidad.

Se expone un concepto amplio de víctima al incluir también a los familiares y los allegados, al tiempo que se afirman las múltiples dimensiones del derecho a la reparación y se ratifica el derecho del niño -víctima de desaparición forzada- a recuperar su identidad.

No se trata de una ley para el pasado, cuando vemos que en los últimos años se siguen presentando casos de personas secuestradas, ahora en el argot generado por prácticas del crimen organizado se dice levantadas, muchas de ellas por presuntos cuerpos policiacos, y cuando la sombra de la represión se cierne sobre los movimientos sociales.

Julio Pimentel Ramírez
Abdallán Guzmán Cruz
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=63088

Col - Capturados dos sargentos por investigación de desaparecidos en Palacio de Justicia

Bogotá, Mayo 30, (LA FM) A las instalaciones del bunker de la Fiscalía fueron trasladados los sargentos retirados Antonio Jiménez Rubay y Ferney Causalla Peña, capturados en las últimas horas en Bogotá y Popayán, respectivamente.

Los militares en retiro fueron vinculados en la investigación que adelanta el ente acusador por las desapariciones de las personas que salieron con vida de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.

Los sargentos Jiménez Rubay y Causalla Peña, eran integrantes, para el momento de los hechos, del B2 del Ejército y participaron de las operaciones de recuperación del Palacio, que fue tomado por militantes del M-19.

De acuerdo con la investigación, Ferney Causalla estuvo a cargo de las acciones coordinadas desde la Museo del 20 de Julio o Casa del Florero, ubicado frente al Palacio de Justicia, donde eran trasladados los rescatados de las instalaciones tomadas por la organización subversiva. Varias de las personas que fueron llevadas a la Casa del Florero desparecieron sin que hasta el momento se conozca de su suerte.

Por este mismo caso está siendo investigado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien para ese momento era el comandante del batallón de Caballería, encargado de las operaciones militares.

http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=18838

Arg - Actos para recordar a estudiantes desaparecidos

Esta semana se realizará en la UNT el “Acto por la memoria, la justicia y la verdad”, para recordar a los estudiantes desaparecidos de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. El viernes a las 17, en el Rectorado, tendrá lugar la presentación de la jornada. En la oportunidad se hará una entrevista al rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, una presentación del proyecto de derogación de resoluciones de requisas de libros y persecución ideológica y la tipificación de esas conductas como faltas de ética universitaria. El acto central se realizará el mismo día, a las 19, en la Facultad de Agronomía y Zootecnia (Av Roca 1900). En la ocasión, se efectuará una mesa panel integrada por Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), Luis Alen (jefe de Gabinete de la Secretaría de DDHH de la Nación), Gerardo Gastaminza (docente y ex presidente del CEAZ), Alicia Noli (abogada) y Andrea Vicente (hija de un estudiante desaparecido). Mientras que el acto de cierre será el sábado, a las 8.30, en el Bosque de la Memoria Parque Sierra San Javier. Allí se ofrecerá un homenaje a los estudiantes detenidos y desaparecidos de la mencionada unidad académica; Rosana Garibaldi hará un homenaje a su padre (detenido desaparecido) y, por último, se plantarán árboles recordatorios. A partir de las 8 un transporte gratuito saldrá del Rectorado para trasladar a los interesa dos en participar del acto de cierre.

Arg - Juicio por la verdad Mayo 30 de 2007

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata

48 N° 632 Piso 6° Oficina 80 - La Plata - CP 1900 - Tel/Fax: (54-221) 482-0595 - asamblea@lpsat.com

Mayo 30 de 2007

La extensa audiencia de hoy terminó poco después de las siete de la tarde. Rendichi no recuerda haberse contactado con el padre de Rivadeneira por lo que deberá refrescar su memoria en un careo frente al él. Néstor Zurita dijo haber estado en un taller hasta ahora desconocido y Mac Nay nunca supo de una masacre un 24 de Noviembre del 76 en calle 30 N° 1134. Los detalles...

¿Quién, señor?, ¿yo, señor? no, señor...


La audiencia comenzó con la declaración informativa del Ayudante principal retirado de Prefectura Naval, Miguel Rendichi, citado en la Causa 2299 por el secuestro de Luis Aníbal Rivadeneira.

En audiencias previas había sido mencionado por Rivadeneira como la persona que lo vio en un calabozo de la sede de Prefectura y dio aviso a su padre, quien fuera ex trabajador del lugar.

Rendichi, quien cumplió funciones en Prefectura hasta el año 1980, declaró haber prestado servicio fuera de la dependencia de Ensenada realizando guardias en YPF, Río Santiago, el Puerto, la Toma de Agua y los frigoríficos de Berisso, durante el año 1976.

Reconoció que existía lo que dio en llamar una oficina de investigaciones que funcionaba allí, en Prefectura, y cuyos integrantes estaban relacionados con personal de la Marina, pero dijo no haber visto a detenidos – desaparecidos, en ese lugar.

La Cámara Federal, integrada por el Dr. Alberto Ramón Durán y el Dr. Julio Víctor Reboredo, citó a Rendichi para la audiencia del próximo miércoles 6 de Junio con el objetivo de someterlo a un careo con el ex detenido – desaparecido, Luis Aníbal Rivadeneira.

§
¿Otro Centro Clandestino de Detención?

Seguidamente declaró el ex detenido- desaparecido Néstor Hugo Zurita por la Causa N° 1869, sobre el secuestro de su cuñado Roberto Fidel Yantorno.

Zurita, su mujer Marta Noemí Yantorno - también desaparecida – y su cuñado Roberto Yantorno militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En 1976 el matrimonio viajó a Porto Alegre, Brasil, y regresó dos años mas tarde. Como eran militantes y conocían lo que sucedía en el país se radicaron en Argentina de manera separada. Él en Capital Federal, ella en Mar del Plata, según se desprende del testimonio de Néstor Zurita.

El 26 de febrero de 1978 Zurita fue secuestrado de una vivienda del barrio porteño de Floresta y, según informó, estuvo en el centro clandestino de detención conocido como EL BANCO, luego lo trasladaron a EL OLIMPO, y más tarde al llamado POZO DE QUILMES.

En la Brigada de Investigaciones de Quilmes fue separado del resto de los detenidos en una especie de depósito o taller donde se guardaban autos. “Queda a dos o tres cuadras de la Brigada, y estuve dos meses ahí”, comentó. El fiscal Dulau Dumm hizo hincapié en esa declaración porque hasta el momento se desconocía la existencia de otra dependencia fuera de la Brigada.

Zurita relató que fue llevado desde allí otra vez a la Brigada de Investigaciones de Quilmes y posteriormente trasladado a la ESMA, donde tenía un régimen de salidas. En el lugar conoció a varios represores, entre ellos a Julio Simón conocido como “El Turco Julián” y Astiz.

“Astiz nos hablaba, nos decía que no nos iba a pasar nada y también un día nos visitó Galtieri y nos dijo: 'Yo soy dueño de sus vidas' ”. Al finalizar la audiencia el testigo reconoció los planos del Pozo de Quilmes, uno de los lugares donde lo mantuvieron en cautiverio.

§
El Regimiento 7 de Infantería y el ataque a la casa Mariani


Por último, en el marco de la causa N° 1885 (Mariani, Daniel – Teruggi de Mariani, Diana) fue indagado el suboficial principal retirado Jorge Alberto Morales. Fue militar en el Regimiento Nº 7 y declaró que estuvo en el cuartel cuando ocurrió el ataque en la casa de la calle 30 entre 55 y 56 de La Plata. Según relató, cubrió la guardia junto a su compañía,, el Grupo “C”, cuando otro grupo, identificado como “A” o “B”, salió del lugar y estuvo presente en el ataque.

Más tarde le tocó declarar al militar retirado Enrique Argentino Mac Nay, quien prestó servicios en las compañías “B” y “Comando”, bajo las ordenes de varios de los militares señalados como partícipes del ataque a la calle 30. Magnahi, por el contrario, dijo desconocer que existió esa masacre.

Secretaría de Prensa de la APDH La Plata - Informe de Silvina Arias

Boeing unit sued over CIA flights

Reuters
May 30, 2007

By Michelle Nichols

NEW YORK, May 30 (Reuters) - The American Civil Liberties Union is suing a Boeing Co. unit it accuses of helping the U.S. Central Intelligence Agency transfer foreign suspects to overseas prisons where it says
they were held and tortured.

The New York-based rights group said it would file a suit against Jeppesen Dataplan Inc. on Wednesday, charging that the company
provided flight and logistical support to at least 15 aircraft on 70 so-called "rendition" flights.

The suit, to be filed in the U.S. District Court for the Northern District of California, is being made on behalf of Binyam Mohamed,
Abou Elkassim Britel and Ahmed Agiza, who the ACLU said were abducted by the CIA, detained and tortured.

The complaint alleges Jeppesen organized flights over a four-year
period to countries "it knew or reasonably should have known that detainees are routinely tortured or otherwise abused in contravention
of universally accepted standards."

"Extraordinary rendition should be condemned. It should not be seen as
a source of corporate profit," Anthony Romero, ACLU executive director, told a news conference.

A European Parliament-backed report found at least 1,245 CIA flights
were made into or over Europe in the four years after the September 11,
2001 attacks on the United States.

Washington acknowledges the secret transfer of suspects to
third countries but denies torturing them or handing them over to countries that did. Jeppesen declined to comment on the ACLU suit,
and would not say if the CIA was a customer.

According to the ACLU, Jeppesen played a key role in what it called Washington's extraordinary rendition program, providing aircraft crew
with itineraries, preparing flight plans, procuring landing permits
from foreign governments and helping with customs clearance and
ground transportation.

"ILLEGAL AND IMMORAL"

Steven Watt, an ACLU attorney, said that without Jeppesen's services
the rendition program could not have operated.

"It's both illegal and immoral for a corporation to profit from kidnapping and torture and any corporation that knowingly does so
must be held to account," he said.

Romero warned other companies involved in a "program that is illegal
and aids the government in the practices of torture" that they too
are at risk of liability in U.S. courts.

"There are a number of other corporations that are involved with
such efforts, whether they are military contractors at Guantanamo or personnel services in Iraq," he said. The ACLU did not say whether
it was considering further legal action.

The suit claims Jeppesen knew the purpose of the rendition flights. It
is to be filed under the Alien Tort Statute, which permits foreigners
to bring claims in the United States for violations of the law of nations or a U.S. treaty.

British resident Mohamed and Italian citizen Britel were separately arrested in Pakistan in 2002, while Egyptian citizen Agiza was apprehended in Sweden in 2001, the ACLU said.

Mohamed is now held at the Guantanamo Bay U.S. military prison in Cuba, Britel was convicted and imprisoned in Morocco on terrorism-related charges, while Agiza was convicted and imprisoned in Egypt for being
a member of a banned group.

The ACLU also said on Wednesday it would ask the U.S. Supreme Court to review the dismissal of a lawsuit against former CIA Director George Tenet and 10 CIA employees by a German who says he was kidnapped and tortured
by the agency.

In March, a U.S. appeals court upheld the dismissal of the suit,
brought by Khaled el-Masri, a German of Lebanese origin, after agreeing with government arguments that moving forward with the case would pose a risk of exposing state secrets.

(Additional reporting by Bill Rigby)

La Cámara Federal de La Plata sigue investigando los casos Bettini y Mariani-Teruggi

APDH La Plata

LA PLATA (29may07).- El miércoles 30 de mayo se desarrollará una nueva audiencia en el Juicio por la Verdad que se sustancia en la Cámara Federal de La Plata.

Seis personas fueron citadas para brindar declaración testimonial e informativa, en el marco de las causas que se investigan por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar.

Causa 2299
- Rivadeneira, Luís Aníbal

10:30 Hs
Declarante: Miguel Rendichi


Luis Aníbal Rivadeneira fue delegado gremial de Propulsora Siderúrgica, hoy SIDERAR. Secuestrado el 19 de abril de 1976 de su vivienda en Ensenada, fue encapuchado y mantenido en cautiverio durante dos días en un calabozo de Prefectura Naval, lugar donde fue visto por el Suboficial Miguel Rendichi, quien dio aviso a la familia (conocía al padre de la víctima) y fue citado a declarar en esta jornada.

Rendichi reconoció a varios obreros detenidos durante su cautiverio. Algunos de ellos de la fábrica Swift. Rivadeneira estuvo unos 90 días en ese lugar.

Causa 1277
- Carátula: Bettini, Antonio Bautista

11:00 Hs
Declarante: Dos marinos

El abogado Antonio Bettini fue secuestrado junto a su yerno, el teniente de Marina Jorge Alberto Devoto, el 18 de marzo de 1977 desde la intersección de las calles 12 y 60 de la Ciudad de La Plata por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente del Cuerpo I de Ejército.

Antonio Bautista Bettini estuvo detenido clandestinamente en el centro de detención denominado “La Cacha”. Fueron citados a brindar declaración informativa dos marinos.

Más información en Causa N° 13/84 - Caso N° 164

Causa 1869
- Carátula: Yantorno, Roberto Fidel

11:30 Hs
Declarante: Néstor Zurita

Roberto Fidel Yantorno, de 31 años, casado, de profesión comerciante y estudiante de psicología, fue secuestrado el 5 diciembre de 1977 y conducido al CCD Brigada de Investigaciones de Quilmes, fue visto en Arana por María Cristina Gioglio.

Por su desaparición fue citado a declarar el ex detenido_desaparecido Néstor Zurita, quien fuera su cuñado. Testimonios aseguran que estuvo en el campo de concentración conocido como EL BANCO y en la ESMA.




Causa 1885
- Carátula: Mariani, Daniel – Teruggi de Mariani, Diana

12:00 Hs
Declarantes: Jorge Alberto Morales y Enrique Argentino Magnahi


En el marco de la investigación por la masacre ocurrida en la calle 30. Fueron citados a brindar declaración informativa Jorge Alberto Morales y Enrique Argentino Magnahi, pertenecientes al Regimiento Nº 7, quien participó como apoyo del ataque ocurrido en esa casa.

Fotos periodistas mexicanos desaparecidos se exhibirán en sitios públicos

Las fotos de nueve periodistas desaparecidos en México durante los últimos años serán distribuidas por todo el país y exhibidas en dependencias públicas y autobuses, informaron a Efe fuentes del Ministerio Público (fiscalía).

Esta iniciativa ha partido de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) que fue creada en febrero de 2006 para investigar las agresiones contra los informadores.

Este órgano, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), cifra en 17 el número de periodistas asesinados en México a consecuencia de su labor informativa y en una decena el número de desaparecidos.

Entre éstos se encuentran el reportero de TV Azteca Gamaliel López y el cámara Gerardo Paredes, de los que no se tiene noticia desde el pasado 10 de mayo cuando realizaban una cobertura en la ciudad de Monterrey, en el norte del país.

Según fuentes de la Fiscalía, las fotos serán distribuidas previa autorización de las familias, algunas de las cuales se muestran reticentes a difundir las imágenes para no poner en peligro la vida de los desaparecidos en caso de que estuvieran secuestrados.

Las fotos se exhibirán en lugares públicos tanto de las ciudades natales de los informadores como en las localidades aledañas, donde éstos eran menos conocidos.

México vive una ola de violencia del crimen organizado que ha aumentado los ataques contra la prensa y ha originado que algunas organizaciones no gubernamentales declaren a México como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo tras Irak.

Terra Actualidad - EFE

Arg - Maternidades Clandestinas

Abuelas de Plaza de Mayo han publicado un informe sobre las maternidades clandestinas que funcionaron en Argentina durante la dictadura militar. El informe está disponible en:

http://www.abuelas.org.ar/maternidades/

Arg - Se define el futuro procesal de represores

La próxima semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, resolvería la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. Mañana deberá presentarse Oscar Soto.

Los represores rompen el silencio en Chile

Aportaron información que pemitió detener torturadores, identificar lugares de exterminio y conocer sus métodos de "trabajo"

SANTIAGO DE CHILE.- Tras la muerte del ex dictador Augusto Pinochet, los represores de su gobierno, que duró 17 años (1973-1990), comenzaron a aportar nueva y desconocida información a los tribunales chilenos que hasta el momento ha permitido detener a torturadores, identificar lugares de exterminio y conocer sus métodos de "trabajo".

El fin del llamado "pacto de silencio" mantiene hoy a casi 80 ex agentes detenidos por el llamado "Caso Conferencia", referente al descabezamiento de las sucesivas direcciones clandestinas del Partido Comunista en 1976, explicaron dirigentes de derechos humanos y abogados de la causa.

Uno de los aspectos más sorprendentes es la revelación de que casi toda la operación funcionó alrededor de no más de 20 cuadras de uno de los barrios más pudientes de Chile, señaló Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos. Además, ocurrió cerca de la antigua casa del jefe máximo de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Conteras -condenado actualmente-, un hombre que se jactó siempre de desayunar diariamente con Pinochet para informarle de la situación del país.

En un mismo sector funcionaba el centro de torturas de Villa Grimaldi, donde estuvo detenida la presidenta Michelle Bachelet, y el local de exterminio ubicado en la calle Simón Bolívar, hoy convertido en un condominio. También allí se encuentra hasta hoy la Academia de Guerra del Ejército.

Otra de las revelaciones más sorprendes es que el propio Pinochet acudió en persona a los lugares de tortura y exterminio para amenazar y encarar a los dirigentes comunistas. Así lo relató a la justicia el hombre que lo acompañó en ese viaje al cordillerano lugar de reclusión clandestina de Casa Piedra, el coronel de Carabineros, Ricardo Laurence, hoy retirado.

El ex agente explicó que Pinochet exigió a los dirigentes comunistas Víctor Díaz y Mario Zamorano que dejaran de oponerse a su gobierno. Díaz, quien soportó ocho meses de tortura, le respondió que pretender acabar con el PC era como querer secar el mar con un balde. Laurence le dijo al tribunal que nunca olvidó ese encuentro y la inesperada respuesta del detenido.

Las confesiones en este caso, que constituyó la primera querella contra Pinochet en Chile, comenzaron a sólo unas semanas de que muriera el ex dictador el 10 de diciembre de 2006, coincidiendo paradójicamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Un ex civil que tuvo acceso a estas operaciones declaró también de forma secreta a la Justicia un procedimiento permitido por las leyes chilenas para alentar la "cooperación eficaz". Entregó nombres, lugares y operaciones que permanecen en los cuadernos secretos que el juez del caso, Víctor Montiglio, conserva bajo su custodia.

Varios agentes fueron detenidos y terminaron confesando sus crímenes. "Aún sentían la figura de Pinochet y por eso no hablaban", opinó el abogado Eduardo Contreras, uno de los juristas de derechos humanos más respetados.

También revelaron que existía todo un equipo y metodología habitual para evitar que los cuerpos de los opositores fueran reconocidos. Nada se improvisaba. Primero los mataban, luego quemaban sus huellas dactilares y rostros. A continuación, les extraían los dientes y los enterraban o arrojaban al mar. Incluso cuando se hizo inminente el regreso de la democracia a fines de la década de los ‘80, exhumaron los cuerpos y los dinamitaron para que no quedaran rastros.

Pero el supuesto suicidio de un ex agente civil la semana pasada y los iniciales desdecimientos de algunos detenidos comenzaron nuevamente a sembrar dudas sobre hasta qué punto seguirán colaborando con la verdad los ex represores. De hecho, el abogado Contreras duda sobre el suicidio de Carlos Marcos. "Pudieron inducirlo al suicidio", opina, y advierte que Marcos era uno de los detenidos que más información entregó para aclarar las operaciones represivas.

Sea como sea, la puerta ya se abrió y las contradicciones ya no pueden borrar las confesiones.

Por Mauricio Weibel
De la agencia DPA

Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/912855

CORONEL CARABINERO: "Pinochet asistía a los centros de tortura"

SANTIAGO. DPA. CLARIN. ARGENTINA. Ex represores de la dictadura chilena (1973-90) revelaron a la Justicia que el ex general Augusto Pinochet encaró, gritó y amenazó en persona a opositores que estaban secuestrados y fueron torturados y exterminados por los equipos de seguridad, según abogados de agrupaciones de derechos humanos. La confesión fue hecha al juez Víctor Montiglio por el coronel en retiro de Carabineros Ricardo Laurence, quien reconoció que personalmente acompañó en 1976 a Pinochet al centro de detenciones ilegales de Casa Piedra, en la cordillerana localidad de Cajón del Maipú, en Santiago.

Según el relato judicial de Laurence, al que tuvieron acceso las fuentes de DPA, Pinochet reclamó a los líderes comunistas detenidos en ese lugar por su actividad opositora. "Al dictador le preocupaba no poder desmantelar al PC, como había hecho con el Socialismo y el MIR", dijeron. A Pinochet, el secuestrado secretario general del PC, Víctor Díaz, le respondió que pretender eliminar a su gente era como querer secar el mar con un balde. Laurence reseña en su testimonio que nunca pensó que alguien le respondería a Pinochet y que jamás olvidó las palabras de Díaz, según reveló el abogado Eduardo Contreras.

Junto a Díaz estaba Mario Zamorano, otro de los líderes del PC chileno, agregó la vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, hija de Víctor Díaz. Los hechos se conocen a sólo 24 horas de que se suicidara misteriosamente en una cárcel castrense uno de los 80 procesados por las sucesivas desapariciones de las direcciones clandestinas del PC chileno en 1976, caso que se conoce como "Calle Conferencia".

Según Contreras, el ex agente que se quitó la vida, el civil Carlos Marcos, era uno de los detenidos que más información entregó para aclarar las operaciones contra el mencionado partido político, que entre 1970 y 1973 acompañó al Partido Socialista en la Unidad Popular, presidida por Salvador Allende y derrocada por las Fuerzas Armadas. "Era un hombre que siempre sintió culpa. Incluso cuenta que una vez lloró después del interrogatorio de un detenido al que le facilitó un vaso de agua", detalló Contreras.
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Chl - El buque escuela del horror

PRUDENCIO GARCÍA 26/05/2007. EL PAIS. ESPAÑA. La verdad -siniestra, y tantas veces trágica- se abre paso una vez más. Durante décadas, la Armada de Chile negó toda implicación de su buque escuela Esmeralda en los crímenes y torturas de la represión pinochetista. Pero los testimonios se siguen acumulando sobre dicho buque como escenario de atrocidades, que van saliendo a la luz por vía policial y judicial. Ahora es la señora Patricia Gallardo Callahan, entonces esposa del que fue oficial de la Armada Ricardo Monje Mohr, la que, después de haber sido contactada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha prestado declaración ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Las terribles confidencias que le hizo su marido sobre lo que estaba ocurriendo a bordo del Esmeralda en aquellos días y semanas posteriores al golpe de septiembre de 1973 se convirtieron para ella en una pesadilla que la ha martirizado desde entonces. "Mi marido", dice, "no tendría que haberme dado información de esa naturaleza. Yo no estaba preparada para una cosa así... No fui a la Escuela Naval, no era su igual ni su compañera de armas, sino su esposa. Hasta ahora ha sido un cargo de conciencia terrible". "Después de muchos años puedo gritar la verdad y hacerla pública. Y me he sentido cobarde por no hacerlo antes", confiesa aliviada tras su declaración.

El Esmeralda, hasta el día 10 de septiembre de 1973, pudo ser considerado como una embajada itinerante de la República de Chile, que recorría el mundo dando una honorable imagen de los hombres y las instituciones de aquel entrañable país. Pero llegó el infausto 11 de septiembre de aquel año, y, ya al anochecer de aquella trágica fecha, fueron conducidos al buque, atracado en el puerto de Valparaíso, un nutrido grupo de hombres y mujeres, arrestados en las primeras horas del golpe militar. Entre ellos se hallaba el abogado Luis Vega, letrado del Ministerio del Interior.

En su declaración jurada sobre los hechos vividos desde aquel momento y en los nueve días siguientes, el abogado Vega pormenorizó los atropellos y tratos inhumanos que desde aquel momento hubieron de sufrir a manos de los oficiales y alumnos guardiamarinas de la tripulación. "En cierto momento, las víctimas maltratadas superaban el centenar, entre hombres y mujeres. El trato dado por estos marinos a las mujeres era ultrajante", precisa el declarante. Hasta el 10 de septiembre -dice- aquel navío había sido, para él y para diez millones de chilenos, la Dama Blanca, el Orgullo Nacional. "Representaba a la democracia chilena, la hombría, la caballerosidad de los oficiales y marinos chilenos". Pero aquellos hechos ignominiosos lo convirtieron -afirma el abogado declarante- en una "cámara de torturas y azotes, cárcel flotante del horror, la muerte y el terror para chilenos y chilenas".

Otro notable caso, aún más trágico, fue el del sacerdote católico chileno-británico Miguel R. Woodward, profesor de la Universidad de Valparaíso. Detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre, fue conducido al Esmeralda, donde fue sometido a terribles torturas. Ya en estado agónico, y por indicación de un médico de la Armada, fue enviado el 22 de septiembre al Hospital Naval de Valparaíso, donde falleció, víctima del irreparable estado físico que padecía. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado. Por su parte, el testimonio de María Eliana Comené, estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, que contrajo una gonorrea como resultado de las repetidas violaciones sufridas en dicho buque, y después en la Academia Naval, resulta revelador respecto a los ultrajes y torturas que las mujeres allí recluidas tuvieron que sufrir. A su vez, la declaración del propio alcalde de Valparaíso, Sergio Vuskovitz, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta espeluznante en la descripción de las torturas que allí recibió.

Este uso ignominioso del buque escuela quedó reiteradamente denunciado por instituciones tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Informe de 24-10-74), Amnistía Internacional (Informe de 22-3-80), el Senado de los Estados Unidos (Resolución 361 de 16-6-86), así como, en el ámbito nacional, por el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990). Informes, todos ellos, que demuestran cómo el buque escuela Esmeralda fue utilizado como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso en aquellas trágicas fechas de 1973.

Durante tres décadas las autoridades navales chilenas negaron cínicamente todo reconocimiento público sobre los excesos cometidos a bordo de un navío tan representativo del Estado de Chile y de sus Fuerzas Armadas. Y en un caso concreto tan destacado como el del padre Woodward, se negó expresamente que este sacerdote hubiera muerto como consecuencia de las torturas sufridas a bordo del buque. No obstante, en sus respectivos testimonios individuales, dos altos oficiales, Guillermo Aldoney y Carlos Fanta, reconocieron ya en 1990, ante la Comisión Rettig, que la muerte del citado eclesiástico fue motivada por las torturas sufridas a bordo del buque escuela, aunque su muerte se produjo después en el Hospital Naval.

Sin embargo, el reconocimiento institucional iba a tardar mucho más en llegar. Ya en 2004, ante las abrumadoras evidencias acumuladas por la nueva Comisión Valech, la Armada hubo de reconocer que se cometieron actos de tortura y otras aberraciones a bordo del Esmeralda. Por último, en septiembre de 2006, la Armada hizo entrega oficial a la jueza María Eliana Quezada de la bitácora del buque escuela, donde, en contra de lo negado por tanto tiempo, aparecía registrado el ingreso del padre Woodward y de otras víctimas de aquella criminal represión.

Nuevamente la verdad se abre paso, aunque con desesperante lentitud. Ahora es la esposa de un antiguo represor la que aporta nuevas precisiones al esclarecimiento de unos horrores perpetrados, según proclamaban sus autores -nunca lo olvidemos-, en defensa de la civilización cristiana y occidental.

Prudencio García es investigador y consultor del Instituto Ciencia y Sociedad.

Kashmir: Families of disappeared men to Indian Government, show us the graves of our beloved

By Arif Shafi Wani

Srinagar, Indian Occupied Kashmir, (Greater Kashmir): Promises and consolations by politicians have failed to help Gulshan of Tengpora whose son Manzoor Ahmad was picked up by troops of 20 Grenadiers in 1997. “We don’t want money or jobs but whereabouts of our beloved,” she said while sobbing.

Gulshan was among the relatives of disappeared who had assembled under the banner of Association of Disappeared Persons (APDP)—that is fighting for their cause since 1994—at Sheri Kashmir Park here. Wearing headbands and holding photographs of their beloved ones, the relatives sat in a circle and shared their woeful tales with journalists and among themselves.

“If they have been killed show us their graves. At least we have this right,” Gulshan said and broke down. Her daughter Shabnum tried to console her but in vain. “My brother was running an electronic goods shop and had no affiliation with any militant organization. His disappearance has shattered our family. What was his fault?” she said.

Zainab of Bagandar Humhama had similar tale to share. “Troops of 2 Grenadiers picked up my husband Ghulam Mohiuddin in 1997. Since then he is missing,” she said while pointing towards his photograph. Mohiuddin, a government employee was a lone breadwinner of his family. “Life has become a hell for me as I can’t shoulder the responsibilities. My children keep asking ‘where is our father’ but I have no answers. This is the life of a half-widow like me…” she said.

Taja Bano, who had come all the way from Handwara silently watched kids playing in a nearby playground. When others around her narrated their heart rendering tale, she finally talked. “My son Muhammad Ramzan also played like them. But troops picked him up in 1996 and since then his whereabouts are not known. My life for the past 11 years has passed in shedding tears and hoping that he would turn up,” she said.

Unlike the past meetings of the parents and relatives of the disappeared men, in today’s meeting a large number of cops were present in the park.

Muhammad Yousuf Khan of Badamwari Hawal has spent past decade visiting security camps and interrogation centers in the hope that armed forces would tell him about the whereabouts of his brother Fayaz Ahmad Khan,25, who was arrested by Special Operation Group of Police. Now he has given up the hope that he would see his brother alive.

“I believe he too has been killed and then labeled as a militant. The SOG did it to many civilians, like the Ganderbal incident, for rewards and promotions. He was simply a mason and our lone breadwinner and he was not a militant,” he said.

“On the night of August 2, 1997 the SOG men accompanied by some masked men barged into our house and dragged him out. We pleaded his innocence but they bundled him in the vehicle and left. My brother cried for help and that was the last I saw and heard of him,” he said.

Few hours later, the SOG party also arrested Fayaz’s neighbors Shabir Ahmad Kumar, Abdul Gani Khan and Muhammad Yaqoob Dar. Next day their families rushed to Police Station concerned where cops refused to register an FIR. The families, including of Fayaz went from pillar to post but to no avail.

“My mother Amina pined for developed various ailments after Fayaz’s disappearance. She loved him very much and wanted to see him as a groom. She died few years ago. We have suffered much. Don’t we have a right to weep on his grave, at least,” he said

http://www.greaterkashmir.com/full_story.asp?Date=29_5_2007&ItemID=25&cat=1

Phl - Disaster area for human rights

EDITORIAL

The Philippine Star

There are license plates that have been traced to a vehicle impounded at the compound of the Philippine Army’s 56th Infantry Battalion based in Norzagaray, Bulacan. There are eyewitnesses who have described the appearances of the suspects. And yet the family of Jonas Burgos marked Monday the 30th day of his disappearance with police investigators still unable to identify any suspect. What will it take to solve this case?

Burgos, a son of the late publisher and press freedom fighter Jose Burgos Jr., is not even the latest addition to the long list of the Philippines’ version of desaparecidos – the “disappeared.” The latest case was reported last Sunday, when a pastor of the United Church of Christ in the Philippines, who used to be a regional officer of Bayan, was abducted in Biñan, Laguna.

Like the unexplained killings since the restoration of democracy in 1986, the disappearances have raised international concern about the human rights situation in the Philippines. The issue has hounded President Arroyo in her visit to New Zealand, where the Philippines was described as a “disaster area” for human rights, and is bound to bedevil her in her globetrotting.

Denying state involvement in the killings and abductions is not enough; the cases must be solved and the perpetrators captured and punished. With killings and abductions remaining unexplained, it is easy for left-wing militants, who are the principal targets, to accuse the administration of systematic violations of human rights.

There should be no place for these violations in a democracy, especially under the watch of a President who was installed in Malacañang on the wings of people power. Yet unexplained killings and disappearances continue. The failure to solve the killings has also undermined free elections, with politicians eliminating their rivals through murder.

With protesters greeting her visit in Wellington Monday, President Arroyo welcomed international help in dealing with political violence and human rights violations in the Philippines. But what can the international community do, apart from raising concern and providing forensic expertise and equipment? If the Arroyo administration truly does not sanction these blatant violations of human rights, the best way to prove it is by catching and punishing the culprits. The Chief Executive must read the riot act to her military and police officers: their jobs will depend on stopping the killings and abductions.

Phl - Signatures on behalf of Jonas Burgos

The Free Jonas Burgos Movement (FJBM) calls on all our colleagues in the art and writers circle to manifest their support in our call to the AFP, PNP and the GMA government to double their effort in locating Jonas Joseph Burgos, son of late press freedom icon Jose “Joe” T. Burgos, who was forcedfully abducted last April 28, 2007 at the Ever Gotesco Commonwealth in Quezon City.

We are humbly soliciting your signatures in support of our call to surface Jonas and all desaparecidos and demand justice for all the victims of human rights violations of the current and previous government in our country.

We are hopeful that we would be in unison in this call. Every name counts. You count.

Please send your name to freejonasburgosmovement@yahoo.com.

For more information call 4546468

Free Jonas Burgos. Free all Desaparecidos.

FULL STATEMENT:

Let Us Keep Vigil and Tear the Curtain of Darkness
Unity Statement of Writers, Artists and Journalists

We are writers, artists and journalists. Our work thrives on the freedom of expression and of the press - which is among the foundations of any democracy.

History shows that the curtailment of freedom of expression and of the press is among the first steps taken by would-be dictators. It is no small wonder then that writers, artists and journalists have historically been among the fiercest opponents of authoritarianism.

On Feb. 25, 1986, the late dictator Ferdinand Marcos was ousted after three days of what has come to be known as the EDSA I uprising.

The struggle against the dictatorship, however, was not just three days. EDSA I was the culmination of more than a decade of anti-dictatorship struggle by the Filipino people, which took several forms at various times.

Among the key figures in the fight against the Marcos dictatorship were many of our fellow writers, artists and journalists - the likes of Romulo “Mulong” Sandoval, Lino Brocka, and
Armando Malay to name just a few.

At this point in our country’s often-turbulent history, we are compelled to revisit the struggle for democracy waged by those who came before us, because the gains of that battle - which greatly benefited us - are now under attack.

This manifests, among other things, in the April 28, 2007 abduction of Jonas Joseph Burgos - son of the late press freedom hero Jose “Joe” Burgos, Jr. - in Quezon City by armed men. He was snatched while having lunch at Hapag Kainan Restaurant at Ever Gotesco-Commonwealth and dragged into a van with plate number TAB 194. He has not been seen since then.

Jonas is an agriculturist who teaches organic farming methods to peasants in Bulacan. The van with plate number TAB 194 had been impounded for some time at the headquarters of the Philippine Army’s 56th Infantry Battalion - which is based in Norzagaray, Bulacan - after being confiscated by the Department of Environment and Natural Resources (DENR) in anti-logging operations.

Jonas is not the first to fall victim to enforced disappearances. With 199 victims having been
documented since 2001, he is the 16th victim this year alone.

The enforced disappearances are taking place alongside extra-judicial killings, now numbering more than 800 since 2001.

The victims were known in their communities as government critics. A good number were confirmed to have been active in cause-oriented groups, while the rest were not affiliated with any political organization. In several of the cases, state forces have been identified as the perpetrators.

The recent passage of an Anti-Terrorism Bill that defines terrorism so vaguely that even publishing or producing works with the slightest criticism of the government may be construed as a “terorristic” act should concern all who value the freedom of expression and of the press.

We are indeed at a dark chapter in our country’s history. We urge our fellow writers, artists and journalists to join us in keeping vigil and tearing the curtain of darkness in this night of
our people.

SIGNATORIES

AM. Ociones
Abet Umil
Aida Santos
Aisel Comia
Alex Baluyut
Alex Remollino
Alex T. Magno
Angeli Bayani
Angie Collás-Dean
Anna Isabelle Matutina
Anna Perez
Annette Ortiz
Archie Nava
Ares P. Gutierrez
Arnold M. Azurin
Arwin Nava
Atty. Joel Ruiz Butuyan
Ava Fuertes Danlog
Babes Alejo
Bayang Barrios
Bernadette Uy
Bienvenido Lumbera
Boy Dominguez
Carol Claudio
Chikoy Pura
Claude Claridad
Con Cabrera
Consie Lozano
Cooky Chua
Cynthia Shirley
Darby E. Santiago, MD
Darlene Menese
D-jay Lazaro
Ed Manalo
Elmer A. Ordonez
Emil Mercado
Gelacio Guillermo
Gil Casia Rustum
Gil Nartea
Herbert Docena
Hilarion “Larry” M. Henares Jr.
Imelda M. Aznar
Ina Silverio
James Andrew Panahon Obejas
Janie Christine F. Octia
Jeff Carnay
Jeho Bitancor
Jennifer Anne Mendoza
Jes Aznar
Jess Santiago
Jewel Maranan
Jimmy Domingo
Joel Saracho
Jojo Sescon
Jona Cham
Jonathan L Cellona.
Jonathan Ronquillo
Jonna Baldres
Jose F. Lacaba
Joseph Purugganan
JPaul Manzanilla
Julie L. Po
Jun Cruz Reyes
K Lopez
Karl Fredrick M. Castro
Kathy Tiongson
Kenneth Roland A. Guda
Lady Ann Salem
Leonard D. Reyes
Lina Adam
Lourd de Veyra
Ma. Theresa Pagdanganan
Malyn Molina
Mandia Joe Benedict
Manuel L Quezon III.
Marge Francia
Mark Salvatus
Marvin Benaning
Maui Masungsong
Mavi Deocampo
Melissa Federis Trina
Michael Pante
Mideo Cruz
Monet Pura
Nadja Ginete
Neil Doloricon
Nex Benas
Nicolas B. Pichay
Niño D. Tagaro
Noah Maranan
Noe Tio
Noel Sales Barcelona
Norly Lalo
Patrick Bilog
Ramona Nieva
Norman Wilwayco
Dino Concepcion
Ricky de Guzman
Joseph Taylo
Jason Cuevas
Vic Facultad
Jan Sundiang
Jo Antinero
Luv Gaerlan Nogoy
Paul Puti-an
Jun Nogoy
Jeremy Nishimory
MArben Romero
David Abaya
Joey Valverde
Hendrick Gonzales
John Carpio
Boyet Miguel
Jeff Cabigao
Nitoy Adriano
Edwin Aguilar
Myra “Skarlet” Romer
Raquel de Loyola
Remedy Medina
Rene de Guzman
Resty S. Odon
Rg Concepcion
Rody Vera
Rogado Lui
Rorie R.Fajardo
Rosie Descalsote
Sherrizah Aiath B. Maclit
Sonny Africa
Sonny E. Fernandez
Susan Fernandez
Tetet Nera-Lauron
Tonyo Cruz
Trina Federis
Rowena Paraan
Carlos H. Conde

Arg - Ferrer quiere que un ex policía vuelva a la cárcel

El fiscal apeló un beneficio a De Cándido, que cumple prisión preventiva por las desapariciones de Rolando y Marta Coronel.

El fiscal federal Emilio Ferrer está indignado. Su fastidio está ligado con la decisión del juez federal Jorge Parache de disponer la prisión domiciliaria del policía retirado Luis Armando de Cándido, que cumple prisión preventiva por las desapariciones de Rolando y Marta Coronel (padre e hija), ocurridas en 1977.

Hace tres meses, De Cándido abandonó la prisión de Villa Urquiza, donde estaba alojado, y se instaló en su casa particular (no trascendió la ubicación). Esta medida fue adoptada por el juez federal, a pedido de la defensa del ex policía, sin la previa intervención de Ferrer, pese a lo dispuesto por ley, por lo cual se violó el trámite procesal.
Este es el argumento central que planteó el fiscal federal en el recurso que presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones para que se revoque la medida de Parache (dejará de ser magistrado este jueves, al comenzar a ser efectiva su renuncia al cargo). En el escrito, Ferrer sostuvo que es nulo todo lo actuado porque no estuvo al tanto y, por ende, De Cándido debe volver a la cárcel.
El funcionario agregó que, además, no existe ningún justificativo para que el procesado sea beneficiado con la prisión domiciliaria. Dijo que no es mayor de 70 años ni padece una enfermedad terminal en estado avanzado, que son las dos hipótesis contempladas en la ley ritual para conceder el cambio de alojamiento.
Entre los argumentos que esgrimió en su apelación, señaló la peligrosidad de generalizar privilegios entre los acusados por delitos, ya que, de aplicarse un criterio amplio, no debería quedar nadie en prisión. También consideró que el tipo de delitos que figuran en la causa es de suma importancia a la hora de valorar las medidas que deben aplicarse en cada caso.
A De Cándido se le imputan tortura seguida de muerte, asociación ilícita agravada y usurpación de una vivienda, ubicada en Chacabuco al 400, que fue restituida a la familia Coronel

http://www.lagaceta.com.ar/vernotae.asp?id_nota=220081.

México decidirá sobre Cavallo cuando España defina cuestión de jurisdicción

28 Mayo 2007 (AFP) -

México no analizará la solicitud de España para reextraditar a Argentina al ex represor de la Marina Ricardo Miguel Cavallo hasta que la justicia española resuelva la cuestión sobre su jurisdicción para juzgarlo, anunció este lunes la canciller Patricia Espinosa.

"Todavía hay un proceso jurídico en marcha en España que se tiene que resolver antes de que se pueda tomar una decisión por parte del gobierno de México de autorizar o no la extradición", dijo Espinosa en rueda de prensa.

La canciller se refería al "recurso de casación que promovió la fiscalía (española) en contra del acuerdo de la sala de lo Penal de declararse incompetente".

Este recurso, sostuvo, "aún sigue pendiente de resolver y si se determinara procedente revocar esa decisión, Cavallo sería juzgado en España".

La funcionaria manifestó esta postura a pesar de que este lunes el Consejo de Ministros español "acordó proceder a solicitarle al gobierno de México su consentimiento para poder reextraditar a Cavallo" y de que los cuatro años que según la legislación española puede estar detenida como máximo una persona pendiente de extradición "están próximos a vencer".

El ex militar argentino fue detenido en México en agosto de 2000 y enviado en 2003 a España, a solicitud del juez Baltasar Garzón, bajo los cargos de genocidio y terrorismo durante la dictadura en el país sudamericano (1976-83).

"Estaremos esperando, observando muy de cerca lo que está sucediendo" en España, añadió.

El juez argentino Sergio Torres solicitó a España a finales de diciembre pasado la extradición de Cavallo por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental, todos ellos contenidos también en el Código Penal español vigente desde 1995.

Torres investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros.

La mayoría de los cautivos de ese centro clandestino de detención integra la lista de 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura argentina, según organismos humanitarios.

pap/ol/jb

El Supremo estudiará el 13 de junio la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar al ex represor Cavallo en España

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo estudiará el próximo 13 de junio la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente para juzgar al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo en España por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Si fuese juzgado en España, la Fiscalía habría solicitado penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión por los delitos de genocidio y terrorismo.

El alto tribunal deliberará a puerta cerrada los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones personadas en la caso por infracción de precepto constitucional y de los tratados internacionales contra la negativa de esta sede judicial de juzgar al ex militar argentino, quien se encuentra en prisión provisional en España desde junio de 2003, fecha en la que fue extraditado por México, lugar en el que residía.

La Sala que revisará el recurso estará compuesta por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y José Manuel Maza, que será el ponente de la resolución que se adopte al respecto.

En su recurso, el Ministerio Público considera que el auto dictado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia que estimaba la declinatoria de jurisdicción promovida por la defensa de Cavallo, ejercida por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, "no es ajustado a derecho en términos de estricta observancia de la legalidad".

En el anuncio del recurso, la Fiscalía señaló que el auto incurre en "infracción de precepto constitucional" del artículo 24 de la Constitución sobre la tutela efectiva, puesto que el procedimiento en España se encuentra en fase "avanzada" al sólo faltar señalar la fecha de inicio del juicio, mientras que en Argentina las causas en las que sólo aparece citado se están empezando a investigar.

LUGAR DONDE SE COMETIÓ EL DELITO.

Pese a reconocer la competencia de la justicia española para perseguir delitos de genocidio y terrorismo, la Sección Tercera de lo Penal sostenía que en el caso del ex militar argentino, en prisión provisional en España desde junio de 2003, tenía prioridad el principio del lugar donde se ha cometido el delito por encima de cualquier otro criterio.

Cavallo está imputado en Argentina en varias causas por los hechos ocurridos durante la dictadura militar en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). En este periodo, la ESMA sometió a numerosas personas a privación ilegal de libertad, condiciones inhumanas de vida, torturas físicas y psíquicas y otras acciones realizadas en el marco de los delitos de lesa humanidad.

Las autoridades argentinas solicitaron su extradición por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental del Código Penal español vigente de 1995. Como Cavallo fue extraditado de México a España en su día, el país norteamericano debe autorizar su entrega a Argentina.

Arg - Ratifican arrestos a militares retirados del Ejército

Siete oficiales participaron de un acto que sobrepasó un homenaje a fallecidos.

Buenos Aires.- Un decreto presidencial ratificó los arrestos impuestos por el Ejército a siete oficiales retirados que participaron, hace un año, en un acto de homenaje a los muertos de la subversión en la plaza San Martín.

La norma, firmada por Néstor Kirchner y por la ministra de Defensa, Nilda Garré, ratificó las sanciones disciplinarias y señaló que el acto, realizado sin pedir la autorización del Ejército, sobrepasó lo relacionado con un homenaje a personal muerto en los años 70 y 80.

El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, aplicó en enero último arrestos de entre 10 y 60 días a los generales Miguel Giuliano y Miguel Mabragaña, y a otros cinco oficiales retirados que participaron, el 24 de mayo de 2006, en el acto en la Capital Federal.
Ese día, Giuliano reivindicó a los represores del terrorismo de Estado y acusó al Gobierno de tener memoria hemipléjica y de usar los derechos humanos con fines de revancha y cálculo político.

Los represores procesados por violaciones a los derechos humanos fueron definidos, por el mismo general retirado, como camaradas que están siendo perseguidos, sufriendo el escarnio.
Durante el acto, varios cronistas fueron increpados y señalados como zurdos e infiltrados, porque no aplaudían los discursos y -poco después- una patota de participantes agredió con golpes e insultos a un periodista de América TV.

El decreto señaló que seis de los siete oficiales sancionados vestían uniforme. (Télam)

Arg - En Formosa inician excavaciones en busca de desaparecidos

Formosa (El Comercial). En el marco de la causa que investiga el juez federal Marcos Bruno Quinteros, en la que se darán inicio a las excavaciones en el ex cementerio del barrio Itatí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Formosa) informó que este martes los antropólogos forenses llegados desde Buenos Aires harían las primeras excavaciones en busca de los restos pertenecientes a desaparecidos en la última dictadura militar.

En este sentido, el Gobierno de Formosa dispuso que se brinde un fuerte apoyo operativo y logístico al equipo de forenses encargado de los trabajos, a partir de un pedido del juez Quinteros al subsecretario de Derechos Humanos Jorge González.

Respondiendo a lo peticionado por el juez federal Marcos Bruno Quinteros, el Gobierno de Formosa dispuso que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se brinde un fuerte apoyo operativo y logístico al equipo de antropólogos forenses que tendrán a su cargo las tareas de excavación en el predio del ex cementerio Virgen de Itatí, en el marco de la causa "Carrillo Fausto Augusto y otros s/desaparición forzada".

http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=26655

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.

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Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.

Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó

Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.

Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".

Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".

Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".

Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.

Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.

Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".

Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.

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Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).

Desaparecidos:

Comunidad Cevede

Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
Aquileo Queragama - adulto
Óscar Baniama Arce -10 años
Comunidad Aguasal
Elkin Murillo - 18 años
Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años
Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años
Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años
Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años
Comunidad Vivicora
Ercilia Sintua Castañeda - Niña
Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño

Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos

Hermanas de la Diócesis de Quibdó

Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad

[Fuente: Boletín 166, ONIC, 28may07]

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Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:

Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 5662071
Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.

Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional
Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono (574) 3212422

Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co
Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: mdn@cable.net.co

Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co
Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co

Procuraduría General de la Nación:
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación
Cra 5 # 15-80, Bogotá
Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo:
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (571) 640 0491
Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com
Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co

Arg - Causa Brusa: revocaron la prisión preventiva y domiciliaria del represor Nicolás Correa

El conjuez de Santa Fe Leandro Corti que tramita la causa Brusa firmó el jueves pasado la resolución para revocar la prisión preventiva y domiciliaria del suboficial del Ejército, Nicolás Correa, y este lunes fueron notificadas las partes. La decisión se basó en que el procesado por el presunto delito de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales, violó en reiteradas oportunidades durante el 2006 las disposiciones de la justicia. De este modo, deberá permanecer entre las 8 y 17 horas en el Patronato de Liberados de esa ciudad y las horas restantes en su domicilio de barrio Candioti.

Corti decidió el jueves pasado revocar la prisión preventiva y domiciliaria del procesado y detenido ex suboficial, de 70 años, quien deberá permanecer entre las 8 y 17 horas en el Patronato de Liberados de la provincia de Santa Fe y las horas restantes en su domicilio de barrio Candioti, puesto que violó en varias oportunidades la prisión preventiva y domiciliaria en el 2006.

Si bien la resolución encontró algunas resistencias entre los defensores de Correa que, en todo momento, argumentaron que el preso tiene serios problemas de salud, sobre todo coronarios, los argumentos no fueron sólidos.

Fuentes de la querella indicaron que habían pedido la cárcel común, “puntualmente que sea alojado en el penal de Coronda ya que la violación de la prisión domiciliaria es muy grave”, según informó Notife.

Cabe recordar que Correa se retiró del Ejército en 1976 mientras se desempeñaba en el Destacamento 122 de Inteligencia de Santa Fe, y diversos testimonios lo señalan como el jefe de un grupo que se dedicaba a torturar detenidos. Actualmente, está procesado por el presunto delito de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales; y junto a otras ocho personas, entre civiles, ex policías, ex militares y hasta un ex juez federal, espera que la causa se elevada a juicio oral.

http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=59059

Corte Suprema rebaja condenas a represores chilenos por desaparecido

La Corte Suprema chilena rebajó hoy las condenas al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y al jefe exterior del organismo, el ex brigadier Raúl Iturriaga Neumann, procesados por la desaparición de un estudiante universitario en 1975.

En el caso de Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los magistrados de la sala penal del máximo tribunal le aplicaron una rebaja de 15 a 10 años de presidio, mientras a Iturriaga Neumann le rebajaron de 10 a 5 años la condena.

Las penas de ambos jefes represores que fueron modificadas hoy por la Suprema, habían sido dictadas en primera instancia por el juez Alejandro Madrid y ratificadas posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, en su dictamen, el máximo tribunal mantuvo la condena a cinco años de cárcel del brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko y exculpó del caso al ex agente Gerardo Urrich, al considerar que los antecedentes aportados al proceso eran insuficientes para establecer su culpabilidad en el crimen de Luis Dagoberto San Martín.

El general Contreras cumple actualmente varias condenas de entre diez y quince años por diversos casos de violaciones de los derechos humanos.

San Martín era un estudiante de agronomía de 22 años, que fue visto por última vez a fines de 1975 por presos políticos en un centro de torturas de la DINA, la policía secreta del régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990). (EFE)

Arg - Entidad realiza semana de combate de la desaparición forzada

Adital -
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos realiza, entre los días 26 de mayo y 1º de junio la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. La semana se lleva a cabo en varios países, en Argentina, se realiza en el Teatro "La Mascara", en Buenos Aires.

Según las estimaciones de la entidad, en América Latina ya se registraron más de 100 mil casos de desapariciones forzadas, número que crece cada año. En 2006, la organización recibió denuncias de desapariciones en Argentina, México, Honduras, El Salvador, Colombia y Guatemala. Las víctimas fueron defensores de los derechos humanos, testigos, abogados y parientes de personas ya desaparecidas.

La edición de este año viene embalada por la aprobación de la ONU de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, fruto de una lucha de más de 25 años. Con el posicionamiento internacional, representantes de 57 países se comprometieron a implementación las directivas en sus Estados.

En este año, la entidad convoca a los gobiernos de América Latina a redoblar sus esfuerzos para ratificar la Convención antes de fin de año. De esa forma, ésta pasará a tener fuerza de ley en los países signatarios.

Para dar cuenta del desafío, la FEDEFAM se vinculó a otras organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Linking Solidarity, la Federación Internacional de Acción Cristiana contra la Tortura y las Federaciones Internacionales de Familiares de Desaparecidos.

Arg - La Corte indemnizó a una Abuela de Plaza de Mayo por la muerte de su nieta durante la dictadura

Por unanimidad, el máximo tribunal reconoció el derecho de la mujer, ya que su hija fue asesinada de un balazo en la pelvis cuando el embarazo estaba a punto de llegar a término. Además, recordó que en estos casos los familiares tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte Suprema reconoció el derecho de una mujer a cobrar una indemnización por la muerte de su nieta nonata, debido al homicidio de su madre, cuando llevaba casi nueve meses de embarazo, durante la última dictadura militar.

La Corte consideró probado que Ana María del Carmen Pérez, hija de la demandante, fue víctima de homicidio por parte de las fuerzas de seguridad en setiembre de 1976 cuando, privada de su libertad, se hallaba con un embarazo "a término".

Expertos de Antropología Forense determinaron que los restos óseos de un nonato fueron hallados asociados en la zona pelviana de los restos exhumados individualizados como pertenecientes a Pérez, que falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en esa región del cuerpo.

Contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la demanda, la Corte afirmó que cuando la ley 24.411 -que estableció la indemnización por desaparición forzada de personas u homicidios por el accionar represivo previo a diciembre de 1983- menciona a "causahabientes", incluye a parientes del muerto, "víctimas" del hecho.

Por unanimidad, el máximo tribunal señaló que en estos casos los familiares del muerto tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte indicó que la abuela es "causahabiente" de la beba fallecida que estaba a punto de nacer y recordó que el Código Civil define como personas a todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones y que son tales las que "no habiendo nacidas están concebidas en el seno materno".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63538&id=152412&dis=1&sec=1

Phl - Activist Pastor Abducted after Sunday Service in Laguna

BY BULATLAT

Activist pastor Berlin Guerrero was abducted just outside the local United Church of Christ of the Philippines (UCCP) chapel in Biñan, Laguna (35 kms. away from Manila) at 6 p.m. after a Sunday worship service on May 27. According to a statement by the Promotion of Church People's Response (PCPR), Guerrero’s wife and children were shocked as armed men attacked and pointed guns at them as their father was forcibly taken to an L-300 van with the plate covered with paper.

Guerrero's abduction happened exactly a year after another UCCP member and Bayan Muna (People First) regional projects officer Noli Capulong, was gunned down in Calamba, Laguna (52 kms. away from Manila) on May 27, 2006.

“It appears that Pastor Berlin's abductors have learned their lesson from the case of Jonas Burgos – they did not want us to trace the vehicle to the military,” PCPR stated.

Since there was no known enemy of Berlin, church people suspected the abduction was allegedly the work of the military. “No one but the armed forces of this corrupt government have openly labeled social activists and human rights defenders, including activist church members, as enemies of the state and thus, targets for political persecution,” PCPR stated.

Guerrero is a theology student of the Union Theological Seminary, an active member of the Kapatirang Simbahan para sa Bayan (Ecumenical Center for Development) and former staff of the UCCP National Office. Aside from his ecumenical affairs, PCPR also said that his involvement in Bayan Muna and Bagong Alyansang Makabayan (Bayan or New Patriotic Alliance)-Southern Tagalog apparently made him a target of political repression. In the late 1970s, Guerrero was elected the founding chair of the College Editors Guild of the Philippines (CEGP)-Southern Tagalog, leading the campus-based “mosquito press” that exposed the excesses of the Marcos dictatorship.

“Despite international condemnation on the killings and enforced disappearances, the abduction of Pastor Berlin demonstrates the arrogance of the Arroyo government in continuing its policy of repression,” PCPR stated.

Berlin is the 197th victim of abduction under the Arroyo administration. More than 20 activist pastors and lay members of the churches have been victims of extra-judicial killings and enforced disappearances under the Arroyo government, which, said PCPR, “resorts to virtual martial rule to suppress dissent over its flagrant corruption and human rights violations.”

Members of the UCCP and ecumenical friends in the National Council of Churches of the Philippines (NCCP) have held a prayer vigil and noise barrage at the UCCP Compound in Quezon Ave. today to denounce Guerrero’s abduction.

Meanwhile, House Deputy Minority Leader and Bayan Muna Rep. Satur Ocampo, author of a bill outlawing forced disappearances, called on the Arroyo government to "immediately surface Berlin, and turn him over to his family, ministry and colleagues."

“The Arroyo government must protect all citizens, regardless of political beliefs,” Ocampo said. “Its security forces must not harm or kill its perceived political opponents. President Arroyo is duty-bound to order the AFP (Armed Forces of the Philippines) and the PNP (Philippine National Police) to do everything so that Berlin and other desaparecidos are found alive, and see to it that the abductors are punished.”

As of this afternoon, according to Bayan Muna public information officer Anthony Ian Cruz, Guerrero has been able to call up his relatives and inform them that he is in the custody of the PNP at Camp Pantaleon in Imus, Cavite. Bulatlat

http://www.bulatlat.com/2007/05/activist-pastor-abducted-after-sunday-service-laguna

Nepal - Bill tabled to amend civil code

KATHMANDU, May 27: The Government has registered a bill at the Legislature-Parliament Secretariat for bringing amendments to the Muluki Aina (Civil Code) aimed at establishing measures to check 'disappearance' of people.

The bill provides that the person who is involved in the 'disappearance' of any individual could be tried for murder in case the latter dies during the course of the disappearance.

The person who arrests, keeps under custody or control the individual who has been 'disappeared' will be regarded as the main person involved in the disappearance of the individual, it is stated in the draft bill.

Likewise, in case the person who is responsible for the disappearing of the individual concerned is not ascertained then the Chief of the Office where the individual was kept under control, custody or imprisonment before being disappeared would be regarded as the prime accused.

The bill also describes the situation where the official who has the authority to arrest as per the law, carry out investigation and interrogation or enforce the law does not allow the individual he/she has arrested or kept under any kind of control is not allowed to meet his/her family, not release information about his/her whereabouts to anyone or deprives the arrested individual from the protection he/she is entitled to as per the law as a state of 'disappearance'.

As per the draft bill, on the basis of the period and situation of disappearance, the person involved in the disappearance could be imprisoned to five years in jail and a fine of Rs. 50,000.

The person who has ordered the disappearance would also be entitled to the same level of punishment.

Similarly, the persons instigating the disappearance, involved or accomplice in the act of disappearance would be liable to half of the sentence given to the prime guilty.

As per the provisions in the Bill, in case the individual who has been disappeared reappears the person involved in the disappearance will have to compensate for the period with a fine of Rs. 500 per day and appropriate compensation in case the individual has been subjected to physical and mental torture. In case the person who has been disappeared dies, the compensation could be received by the next to kin.

Likewise, the Clause 8.b. of the Civil Code has been added in the bill to add provisions for legal punishment against those involved in kidnapping or holding people captive.

http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=19767

Week of the disappeared: Tears yet to dry for family members

Source: The Sangai Express

Imphal, May 27: Along with the heart breaking accounts of those whose whereabouts have not been known after being picked up by security forces, the observance of the International Week of the Disappeared began on a solemn note at Ngashan Inn, Hangleikhong in Ukhrul district yesterday.

Under the motto of ‘Helps us to find the disappeared’, the week-long observance is being organised under the aegis of Families of the Involuntarily Disappeared’s Association (FIDAM).

Recounting her grief and ordeal since the disappearance of her husband, Joicy said she has not been able to reconcile to the fact that her beloved husband may not return home and she keeps wondering whether he is still alive or dead even today.

‘But one thing, I am very sure.

I am not going to remarry’, she said with tears in her eyes.

Her husband, Mahaimi was arrested by the security forces from Imphal in 1996 and since then his whereabouts have not been known.

Originally hailing from Chamu village of Kamjong sub-division of Ukhrul district, Joicy is today running a tea shop at Ukhrul district headquarters to sustain the family and living for the sake of her two children.

Recounting another story, Canon Chamroi of Hatlang village informed that troops of 21 Sikh Light Infantry came to his village one morning in March, 1982.After calling out all the male family members, the troops picked up some of the youths including his elder brother Canon Paul and took them away.

That was the last day he saw his elder brother.

Paul was working as an assistant pastor in the Hatlang Baptist Church when the security personnel took him away.

The case of disappearance of his elder brother was taken up even in the Supreme Court.

But apart from issuing an order directing the Indian Army to pay an interim relief/exemplary damage of just Rs 1 lakh, nothing is known as to whether the security personnel responsible for the disappearance of his elder brother had been given befitting punishment or not, Chamroi said.

Paul left behind his wife and two children.

‘Because of poverty in the family, I cannot extend much help to them’, Chamroi lamented.

According to Ngachonmi Chamroi, son of late C Daniel who was arrested along with Paul, said at that time none of the public leaders could speak up against the atrocities of the security forces.

There were cases in which the Khullakpas were buried in the ground till half of their bodies and unregistered/unofficial rape of women at Somra among other excesses committed by the security personnel which were beyond human endurance, he said, adding that many families have are yet able to come out of the mental trauma they have gone through.

All these atrocities are being perpetrated with immunity granted under Armed Forces Special Powers Act, 1958 which does not differentiate between the hill and the valley people, he said while coming out strongly against the prolonged imposition of the inhumane Army Act in Manipur despite public outcry against it.

Another story that could lead to increase of membership of FIDAM was heard from Lamlangate village located along Old Ukhrul Road.

Although he could not remember the exact date, Pastor of Lamlangate Baptist Church RS Phungsin, who originally hailed from Simjang village, recounted that in 1980, his son RS Issac and one VS Canon have been arrested by the Assam Rifles from Ukhrul while they were transporting construction materials in a Tata truck.

On that particular day, a firing encounter took place between the Assam Rifles and underground activists at Ukhrul.

The duo were among many others who have been picked up by the Assam Rifles after the encounter, Phungsin said.

After four days, some of them were set free and according to their information his son RS Issac and VS Canon died from brutal torture by the Assam Rifles.

Though the body of VS Canon s/o of Meiteiching was recovered, that of his son was never found.

‘Since this incident took place long time back, I have stopped worrying about my son’, the aged pastor added.

Established in 1999 by the families of those whose whereabouts have not been known after being picked up by the security forces, FIDAM has been observing the International Week of the Disappeared since 2000. Meeting the family members of the involuntarily disappeared persons, sharing their grief and sorrow and holding discussion on possible legal assistance that could be sought for justice are some of the main highlights of the observance.

The inaugural function of the observance of the International Week of the Disappeared held at Ukhrul was attended by co-ordinator of Human Rights Law Network Advocate Meihoubam Rakesh, president of FIDAM Kangujam Ranjit and general secretary of MAFYF Premjit as chief guest, president and guest of honour respectively.

Meanwhile, on the second day of the week-long observance, a visit was paid to meet the family members of Yumlembam Sanamacha of Angtha Mayai Leikai whose whereabouts remain a mystery till today after he had been picked up by the personnel of 17 Rajput Rifles from his house on the night of February 12, 1998. Mother of Sanamacha, 75-year old Yumlembam Ongbi Arubi, whose eyes have not dried since that day, expressed her desire for construction of a memorial site in remembrance of her disappeared son to which FIDAM also gave the assurance of doing the needful.

It may be recalled that after fighting a case in the High Court, authority of 17 Rajput Rifles had given Rs 3 lakhs as compensation to the family members of Sanamacha, but the security personnel involved in the case are still at large.

Similar visits were also paid at Thangmeiband Hijam Leikai to meet the family of Laishram Bijoykumar who could not be traced after being picked by security personnel on the intervening night of June 4 and 5 of 1996 as well as at the houses of N Keizalal Paite at Langol Housing Complex and Longjam Arunkumar at Iroisemba who have also met with similar fate.

Simple gifts were also presented to the family members from the side of FIDAM during these visits.

http://www.e-pao.net/GP.asp?src=5..280507.may07

Escrache a Carlos Lucena, responsable de crímenes de lesa humanidad en Catamarca

Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de Mar del Plata van a realizar un escrache al general retirado Carlos Alberto Lucena donde cumple arresto domiciliario. Este martes, a las 17, se van a concentrar frente a Diagonal Alberdi 2536, para que desde el departamento B en el 5º piso se contemple que en esta ciudad tampoco hay olvido para los crímenes cometidos en Catamarca. No hay olvido sino repudio a su presencia, al igual que la de otros represores.

Lucena está imputado por la Justicia Federal de Catamarca en varias causas en las que se investiga la desaparición de militantes políticos mientras él se desempeñó al frente del Regimiento 17 de Infantería y posteriormente como interventor federal en esa provincia desde el inicio de la última dictadura militar. No sólo Lucena está imputado, sino también el coronel retirado Darío Otero Arán, quien se desempeñaba como jefe de inteligencia de la guarnición militar y actualmente cumple con arresto domiciliario en Posadas, Misiones, mientras se termina el proceso judicial. Se descuenta que ambos serán condenados a cadena perpetua.

Hasta el momento, esta acción está trabada porque el otro acusado, el general en actividad Raúl Horacio Gallardo, ha logrado postergar su presentación ante el juez Ricardo Antonio Moreno, al requerir nuevas pruebas testimoniales. En concreto, una argucia legal que tiene el respaldo institucional del general del Ejército, Roberto Bendini, quien logró su ascenso cuando el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, envió su pliego en diciembre al Senado de la Nación, con el visto bueno de la ministra de Defensa, Nilda Garré y del titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. En este caso puntual, la demora no proviene de la Cámara de Casación.

Tal vez la flamante Comisión creada por el presidente Néstor Kirchner para acelerar los juicios a los represores convoque al general Gallardo y le pregunte, al presentarse ante la Justicia de Catamarca para rendir cuentas, sobre su participación en los operativos para secuestrar a los militantes. Una acusación que no puede soslayar porque se aplica correctamente la teoría de la responsabilidad de la cadena de mandos.

Lucena, Otero Arán y Gallardo son tres de los tantos responsables de crímenes de lesa humanidad que todavía eluden la Justicia, pero no el repudio para quienes no hay ni olvido ni perdón. En Mar del Plata este martes 29, en el marco de actividades para recordar un nuevo aniversario del Cordobazo, el resto de sus vecinos se van a enterar que en ciudad, sigue sumando represores que solicitan el beneficio del arresto domiciliario.

http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/05/28/p2884

Chl - Familiares de desaparecidos: “Su sentido de la humanidad es muy bajo”

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, recuperada de una enfermedad, también dijo que “El Gobierno y la Concertación no tienen voluntad política para eliminar el decreto ley de amnistía, que sigue siendo una vergüenza internacional para Chile”.

“Sus palabras revisten un agravio para nuestras víctimas y sus familiares”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, refiriéndose a las palabras del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien opinó que seguir buscando a los desaparecidos es una “búsqueda de restos arqueológicos”.

En conversación con La Nación, la presidenta de la AFDD, recuperada recientemente de una enfermedad, respondió a Larraín, que habló la semana pasada en Radio Cooperativa, expresando que “si el señor (Carlos) Larraín cree que alguien que pierde a un familiar y lo busca, lo que hace es buscar restos arqueológicos, quiere decir que su sentido de humanidad es muy bajo”.

La dirigenta manifestó que “lo que se busca son hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet, crímenes de los cuales muchos militantes de Renovación Nacional son responsables al menos como cómplices”, expresó.

Pizarro añadió que “entender que buscar a los desaparecidos es un asunto del pasado y que hay que dar vuelta la página, si eso es lo piensa el señor Larraín y la gente de su partido, significa que no han entendido nada de lo que la humanidad ha resuelto hace mucho tiempo”.

En ese sentido, explicó que “cuando se violan los derechos humanos y el terrorismo de Estado se utiliza como arma para controlar a un país, se cometen crímenes contra toda la humanidad”, dijo.

La hija de la ex presidenta de la AFDD Sola Sierra, que murió en 1999 sin conocer los detalles del exterminio de su esposo, Waldo Pizarro, y el resto de la dirigencia comunista revelados este año en una investigación del ministro Víctor Montiglio, recomendó al presidente de RN que “él, como presidente de su partido, debiera velar porque cada uno de los detenidos desaparecidos sea encontrado o, al menos, se sepa la verdad completa de los que pasó con ellos”. Esto, dijo, porque “así se construye un país que no puede volver a vivir bajo la cultura de la muerte que impuso la dictadura”, precisó.

Pinochet y el nazismo

La presidenta de la AFDD también contestó a Larraín respecto de una comparación que hizo entre el nazismo de Hitler y el régimen de Pinochet, diciendo que no se pueden comparar los crímenes de la Alemania nazi con los cometidos en Chile. Allá se buscó “el exterminio de una raza” lo que en nuestro país no ocurrió.

Pero , dijo Pizarro, si bien Chile “no se persiguió a una raza, se buscó exterminar a una franja de la sociedad de izquierda y progresista por su pensamiento y eso es quizá comparable”, sostuvo la dirigenta.

“Más aún, hemos confirmado ahora último que los métodos utilizados para exterminar a los prisioneros bajo Pinochet, fueron los mismos que se usaron con Hitler en Alemania”, dijo Pizarro.

Aludiendo a los detalles de las torturas y formas de eliminación de los detenidos en la investigación de este año del juez Montiglio, la presidenta de la AFDD afirmó que “nuestra memoria no lograba dimensionar el horror cometido con los nuestros, pero ahora lo hemos conocido bien en la indagatoria que instruye el ministro Víctor Montiglio”, expresó. A su juicio “Hitler y Pinochet son de las figuras más detestables de la historia de la humanidad”. LN

No hay voluntad para eliminar

El informe sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2007 sobre hechos acontecidos en 2006, repuso para Chile la deuda para anular el decreto ley de amnistía de 1978 dictado por la Junta Militar para exculpar los delitos cometidos contra las personas después del golpe militar de 1973.

En una de sus partes, el informe recordó que, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó a Chile en septiembre de 2006 a eliminar de una vez por todas de su legislación el referido decreto ley, hasta ahora ninguna institución del Estado, incluido el Ejecutivo, ha resuelto el punto.

Al respecto, Lorena Pizarro dijo que “insistimos como agrupación en pedir a la Presidenta Bachelet que le ponga suma urgencia al proyecto que está en el Senado y que modifica el artículo 93 del Código Penal, buscando al menos una solución jurídica al problema de la amnistía. Ello requiere apenas de una mayoría simple y la Concertación la tiene en ambas cámaras”.

Tal reforma establece que la responsabilidad penal no se extingue por amnistía o prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

Pizarro sostuvo que de todas maneras eso no resuelve la anulación de la amnistía. Recordó, además, que en 2006 los presidentes de los partidos de la Concertación “se comprometieron” a que sus parlamentarios aprobarían “un proyecto de ley para anular la amnistía, y otro para reabrir los procesos de nuestras víctimas cerrados por la justicia militar por la aplicación de este autoperdón”.

Pero, dijo la dirigenta, “nos convencimos de que sencillamente el gobierno y los partidos de la Concertación no tienen la voluntad política para eliminar el decreto ley de amnistía, que sigue siendo una vergüenza internacional para Chile”.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070527/pags/20070527202118.html

Arg - “Victoria y víctima comparten la misma raíz”

La frase la pronunció Alberto Ferrari Etcheberry, ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, durante su discurso en la ceremonia de homenaje a Alberto Luis Calou, realizada en el Colegio Nacional Buenos Aires. Calou, quien fuera estudiante del mismo establecimiento, fue secuestrado en su domicilio junto con una amiga en la madrugada del 26 de julio de 1976.

Alberto Ferrari Etcheberry, ex subscretario de Asuntos Latinoamericanos y especialista en temas agrarios e integración con Brasil, homenajeó en el Colegio Nacional de Buenos Aires a un compañero suyo desaparecido y aseguró que "Victoria y víctima comparten la misma raíz".

El desaparecido es Alberto Luis Calou, sobrino nieto de una de las columnas del Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta, (donde está su busto), Juan Pedro Calou, poeta muerto apenas pasado los 30 años. Calou se graduó en historia en la UBA, donde ejerció luego la docencia.

En 1973 organizó la carrera de Historia en la Universidad de Salta, fue su director y docente y apoyó a su amigo el rector Martinez Borelli. Cesanteado con otros cuando el lopezreguismo se apoderó de la provincia y de la universidad, fue dos veces detenido sin causa para amedrentarlo sin otra imputación que la defensa de la universidad, pues no tuvo filiación política partidaria. Siguió en Salta enseñando en colegios secundarios compartiendo la cátedra con su amigo y admirado Cuchi Leguizamón.

Volvió a Buenos Aires después del golpe de estado y fue secuestrado en su domicilio de Pueyrredón y Viamonte junto con una amiga en la madrugada del 26 de julio de 1976.

Su habeas corpus fue presentado por el doctor Pablo González Bergez, amigo y coreligionario de su padre (escribano en Bragado).

A continuación, el texto completo del discurso que leyó Ferrari Etcheberry en recuerdo de su amigo graduado en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1956 y desaparecido desde el 26 de julio de 1976.

"Amigos: Estamos reunidos para recordar a Alberto Calou, una de las primeras víctimas de ese sistema monstruoso que hoy, cobijados en la tranquilidad semántica, denominamos terrorismo de estado.

Y nos reunimos porque esta placa que se ha colocado en este patio central del Colegio, por iniciativa de algunos de los amigos y condiscípulos de Alberto, viene a dejar testimonio de su martirio, pero también a llenar un olvido que no me animo a calificar de inexplicable pero sí de injusto.

Allí, a pocos metros, en esa gran placa de bronce, no figura el nombre de Alberto Calou. Como una manifestación de la que, para mí, parece ser una constante tendencia a tergiversar la historia en beneficio de intereses políticos del momento, no está Alberto pero, en contraste, están grabados los nombres de quienes cayeron mucho antes de que el terrorismo de estado adquiriera su carácter, esto es, la planificación sistemática del exterminio.

Es lamentable que esta distorsión se ofrezca como lección cotidiana a quienes tienen el derecho de educarse con la pretensión, al menos, de la búsqueda de la verdad.

Y están también algunos que murieron en combate ofrendando sus vidas a un proyecto elegido y construido conscientemente. No me parece justo calificarlos de víctimas. Me rodean aun los fantasmas de otros amigos que eligieron y cayeron en ese camino de la lucha política armada: ninguno de ellos hubiera aceptado ser presentado como víctima; no lo dudo.

Alberto Calou es una víctima en el doble sentido que el terrorismo de estado impuso. Víctima, reitero, del sistema de detención ilegal y clandestina, de los campos de concentración ocultos, de la muerte anónima y cobarde, de la apropiación no menos cobarde del cadáver. Seguramente todos los más jóvenes compañeros desaparecidos de esa larga nómina, muchos calificados de perejiles por sus asesinos, vivieron un calvario similar al de Alberto.

Alberto, como algunos de ellos y muchos otros, es también víctima porque tribunal alguno podía haberle imputado otra cosa que no fueran sus ideas o su ética intelectual y docente. Y es este segundo aspecto, la persecución del pensamiento y de la libertad para exponerlo, diría: el terror ante quien piensa con libertad, es el que, a mi juicio, determinó el supino grado de cobardía que cristalizó en el terrorismo de estado y su máxima expresión, la creación del nuevo género, los desaparecidos, base de la pretensión de impunidad potenciada por la amenaza de la delación recíproca.

Alberto se educó en este Colegio. Agrego: forjó su personalidad en este Colegio. Permítanme entonces que lo recuerde como era cuando dejamos las aulas. Hace diez años, a veinte de su secuestro, cuando nuestra promoción celebró su 40 aniversario, me tocó expresar el sentimiento colectivo y recordé a Alberto así: "un típico fruto de este Colegio. Espíritu exquisito, fino, culto, observador sagaz, buena persona, sensible.

En 1976 en la habitual nocturnidad cobarde, lo secuestraron. Nadie podía ni puede reprocharle nada. Nuestra promoción está presente en el "nunca más"! Como hubiera gozado hoy! Como nos ayudaría con su memoria y con su humor.

Guardo como un tesoro las cartas que me envió desde Bragado cuando dejamos el colegio, hace 50 años: su timidez desaparecía al escribir. Iniciábamos abogacía y me decía: "debe haber algo más interesante que los pleitos de almaceneros que tendremos que resolver a pesar de Kelsen, Cossio y todas las filosofías de la tierra. Yo quisiera ejercer la profesión de soñador inútil pero el cuerpo necesita satisfacciones. El cuerpo es una realidad concreta que crucifica las necesidades espirituales pero el espíritu sólo puede existir y manifestarse por el cuerpo. Misterio teológico." y citando a Hamlet lo traducía en tono de consejo por mi inquietud política: "sin embargo tu prosigues ese acto. No manches tu espíritu, no manches tu espíritu" y de inmediato y entre paréntesis, su humor: "Me lo contó Jorge Luis Borges", para volver a la confidencia: ùquiero escribir, y la necesidad de escribir se me está presentando como la necesidad del fumador privado de puchos. Por ahora trato de contentarme con "vivir los problemas" como recomienda Rilke.

Y pocos días después agradecía una carta colectiva marplatense de algunos aquí presentes: "veo con alegría que la práctica del divino Omar no les aparta el recuerdo de los amigos en exilio. Yo también he hecho lo posible para convertir los rubais en acción. Chupo bastante, morfo como siempre que si no es mucho me satisface. Apoliyo como un rey destronado en la mazmorra." Y se sorprendía por uno de nosotros, a quien había preparado para el examen de Historia del Arte: "me asombra que Luigi haya aplazado con Blanquita" (Blanca Stábile de Machinandiarena, nuestra profesora).

Estoy seguro de que no le dijo que Leonardo era un romántico prematuro o que Rafael pintaba de acuerdo a una idea. Ajedrecista empedernido, firmaba "Chaloff mago del tablero", aceptando la rusificando del apellido que habíamos hecho en el mejor estilo porteño. Y a los pocos días nos escribía para pedirnos le consiguiéramos un alojamiento marplatense. "Ya yo sé que bufarán pero les ruego que se sirvan servirme un poco y tendrán la recompensa inapreciable de mi presencia".

Otro verano y recién iniciado el 58 se preparaba para hacer el servicio militar adelantado en Bragado y analizando, como excepción, una revista política me decía: "El problema gremial no es sólo económico. Urge una reparación moral. Hay desconfianza, hay la sensación de ir a la deriva, hay pesimismo. Son condiciones que mueven más que las económicas porque se desarrollan dentro de cada individuo aisladamente." Sin embargo, luego concretaba: "entre Balbín y Frondizi, sin duda Frondizi".

Y ya soldado administrativo, "sumergido en una bufanda con una tos de poeta francés adquirida en una de mis guardias nocturnas" me contaba: "He leído "El retorno" de Mallea, un librito interesante del que no puede extraerse ninguna experiencia, ninguna reflexión, porque todo queda en operaciones de inteligencia;"Lïinvitée" de Simone de Beauvoir quien, sin duda, escribe mucho mejor que Sartre, pero no lo suficiente.

En cambio leí un libro extraordinario: "Crónicas marcianas" de Ray Bradbury, muy profundo, muy bello, con una atmósfera de poesía y de desolación muy bien lograda y desgraciadamente precedido por un ridículísimo prólogo de Jorge Luis Borges, que comienza así: "En el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata_; y sigue en otras partes: a principios del siglo XVI, Ludovico de Ariosto imaginó; en el siglo XVII, Kepler redactó un Somnium Astronomicum.

Hay una cita en inglés, como no podía ser de otra manera: "the dark backward and abysm of time", de Shakespeare. Saca además a relucir a Giordano Bruno y a Bacon. Dice también que el libro le toca de una manera íntima y que lo llena de terror y de soledad, nada de lo cual tiene que ver con la obra".

Y de inmediato el soldado conscripto de 19 años anunciaba "una conferencia sobre los vinos de Francia dada por un francés auténtico que ostenta en su país el título de conde y en el nuestro el título de propiedad de más de dos mil hectáreas por lo que prefiere el nuestro para habitar." Y continuaba con sus lecturas: "estoy leyendo (sea para tu dicha y para la mía) "La montaña mágica" y te recomiendo que leas "La condición humana" de André Malraux, pienso que no hay en la literatura contemporánea una obra superior a ésa, salvo quizás algún otro libro de Malraux. Y te dejo porque estoy impaciente para tomar el fusil y matar un ferroviario".

Y como que también lo llamábamos El Francés al definir su relación con el medio precisaba: "la separación, el detachement como dicen exacta y gráficamente los franceses, es de fondo" y agregaba: Es curioso como el carácter de un pueblo influye sobre el idioma. En francés se encuentra siempre una palabra concreta y en uso corriente para expresar los matices más sutiles, esos que en castellano o en inglés tienen necesidad de formas indirectas, metáforas o rodeos para ser explicados".

Y pasando al cine: "estoy de acuerdo con tu opinión sobre Truffaut. Yo he tenido oportunidad de ver aquí "Sin Dios y sin ley" con Randolph Scott debutante, proyectada de la siguiente manera: primero el primer rollo; después, el cuarto y último; luego el tercero y finalmente el segundo. El parecido con las películas de Resnais era sorprendente." Seguía con sus lecturas: Chesterton, Stevenson, Poe, Saint Exupery, Hemingway_

Y en otra: "para tu satisfacción estoy recibiendo una amplia instrucción sobre tango, impartida por un muchacho que tiene una discoteca verdaderamente importante y buena tradición: el padre de él, que fue comisario conservador durante la década del 30, hizo su primera entrada en la policía a los 17 años por haberle pegado un planazo a Arolas cuando éste tocaba en el quilombo de Bragado, junto con José Martínez, alrededor de 1914."

Leo y releo sus cartas, gozo con su impertinencia adolescente, me vuelvo a deslumbrar con su talento, su erudición y su causticidad, y me asombro con la sutileza para apreciar la realidad colectiva desde el individualismo espiritualista que proclamaba y más lo veo como una versión crociana mucho antes, por cierto, de haber los dos leido a Croce.

Poco tiempo después ese bagaje tanguero lo llevaría -a él, que juraba que no cambiaba nada por un cuarteto de Beetroven- a acompañarme en mis andanzas periodísticas en las entrevistas a Piazzolla, Rivero, Salgán y la que más lo deslumbró: Elvino Vardaro, quien, ante sus preguntas sobre su técnica, tomó el violín y tocó, para nosotros dos y nadie más, como contaba Chalof, su tango "Miedo" y el solo que Astor le había escrito para "Milonga triste".

Alberto: en la clandestinidad te secuestraron, te encerraron, te torturaron y te asesinaron. Con la clandestinidad pretendieron que no pudiéramos honrar tu vida y tu muerte. Han fracasado: este encuentro es tu funeral y esta placa testimonia tu retorno para siempre a las aulas en las que se forjó tu hermosa personalidad. Victoria trágica, pero victoria al fin, tal vez porque víctima y victoria comparten la misma raíz".

Thailand: More abductions & killings allegedly by Kalasin police

As the Asian Human Rights Commission (AHRC) has already reported (UA-136-2007; UP-065-2007) police in Kalasin district of northeastern Thailand are accused of abducting and killing at least 24 persons in the past two years. We have already reported on the details of four cases; in this update we give the names and basic details concerning the other cases.

Most victims (see sample letter below for details) of the alleged perpetrators have been young people who were accused of being involved in drugs and other small crimes. Some of the victims had been detained in the Kalasin District Police Station before their death or disappearance. The victims were variously shot dead, tortured to death, hanged (or made to appear as if hanged) or abducted and not seen again.

The Department of Special Investigation (DSI) under the justice ministry has been investigating at least one of the cases, the torture and killing of Kietisak Thitboonkrong (UA-136-2007), and has acknowledged that there appears to have been a pattern among the killings, as the ropes on the necks of hanged victims had been tied in a similar way and the same techniques had apparently been used in covering up the crimes.

After issuing the original appeal, the AHRC received a letter dated 11 May 2007 from the provincial police commander of Kalasin, Pol. Maj. Gen. Phisanha Arweekorn Wornthepnitinant, informing that the police had investigated the allegations about police involvement in Kietisak’s death and did not find any evidence to support the claims and had closed the matter. However, they did not give any details about how the investigation was conducted and how they came to such a conclusion. Under any circumstances, the response again speaks to the absence of effective independent channels for complaint against the police in Thailand.

ADDITIONAL COMMENTS:

In February 2003, the former government of Thailand launched the first phase of its "war on drugs" in which more than 2500 people were killed extrajudicially (for details, please refer to: "Extrajudicial killings of alleged drug dealers in Thailand", article 2, June 2003, vol. 2, no. 3; www.article2.org). Kalasin was the first province of Thailand that the government declared "drug-free", apparently due to the sorts of practices for which the police there stand accused. Many of the victims listed in this appeal were killed around the second phase of the "war", which unlike the first phase was not publicised widely.

Despite strong evidence against the Kalasin District Police, no disciplinary action or prosecution has followed. This is despite ongoing investigations by the DSI and findings by the National Human Rights Commission of Thailand that there should be prosecutions.

After the military coup in September 2006, around eight victims' families lodged complaints with the justice ministry with hopes that the change in administration may lead to some inquiries. But there has been no response so far. The acting police commissioner, Police General Seripisuth Themiyavet, has ordered the Kalasin District Police to conduct serious investigations into the killings, but there is no sign of any progress and nor should any be expected while the alleged perpetrators and their peers are called upon to also be the investigators.

SUGGESTED ACTION:

Please write to the following authorities to enquire the progress of the above cases, and urge the government to set up an independent investigation body to handle complaints against police officers in Thailand.

Sample letter:

Dear ________,

THAILAND: Investigate killings allegedly connected to Kalasin District Police

Name of victims:
1. Mr. Prasert Krungsriwattana, shot dead on 31 December 2003
2. Mr. Jatuphon Nainayacheurg, shot dead on7 January 2004 in front of Anukulnaree school
3. Mr. Thongchan Paraphee, hanged; body was found on 10 January 2004 in a farm hut at Baan Ta Ha, Loop sub-district
4. Mr. Suphan Ploywilert, shot dead on 16 January 2004 in Soi Kompholpatana, Muang District
5. Mr. Charnchai Korharn, shot dead on 16 January 2004
6. Mr. Paeng Saengsawant, shot dead on 21 January 2004 on 74 Moo 7, Baan Jote, Rupor sub-district, Muang District
7. Mr. Pitoon Raikiet, shot dead on 21 January 2004, shot dead on 95 Moo 12, Baan Kud-or, Muang District
8. Ms. Namphon Dolrasamee, shot dead on 11 February 2004 in Muang District
9. Mr. Songkran Dejtharapath, shot dead on 7 April 2004
10. Mr. Dath Macha Pathan, shot dead on 5 May 2004
11. Mr. Somsin Worawattanawong, shot dead on 14 August 2005 in a bus stop in front of a national politician’s house
12. Mr. Praiwan Phukhat, shot dead on 23 August 2005 near Rimpao Dam
13. Mr. Sakorn Saravithi, shot dead on 23 August 2005 near Rimpao Dam
14. Mr. Winai, shot dead on 1 October 2005 near Rimpao Dam
15. Mr. Preecha Khampratuang shot dead on 31 October 2005
16. Mr. Chaiwut Laocharoen, shot dead in front of Rimpao hotel
17. Mr. Pui, hanged in a bus stop on Mor Dindaeng Road
18. Mr. Udom Nawai, shot dead
Alleged perpetrators: Personnel of the Kalasin District Police Station

I am writing to express my concern about the above killings that happened in Kalasin province in 2004 and 2005. The families of victims and other persons familiar with the cases have alleged that the personnel of the Kalasin District Police Station may have been the perpetrators; however, there have been no effective investigations to reveal the truth, despite the amount of time that has lapsed between the incidents and today.

Most of the victims were young people who had been accused of dealing in drugs and committing other relatively small crimes. Some of them had been detained by the Kalasin District Police before their death or disappearance. Autopsies have shown that some of the victims were tortured or seriously injured before death. The Department of Special Investigation (DSI) under the Ministry of Justice has also reportedly identified a pattern among the killings, such as in the manner of killing and covering up the crime.

I have learned that after the military coup against the former government of Thailand in September 2006, around eight victims' families lodged complaints to the Ministry of Justice but have so far not obtained any response to their requests for justice. The Department of Special Investigation is reported to be conducting inquiries but so far no police officers are known to have had any action taken against them and some of the accused have been promoted. The acting police commissioner, Pol. Gen. Seripisuth Themiyavet, has ordered the Kalasin District Police to conducted serious investigations into the killings, but I know of no progress nor should it be expected, as the officers alleged to have committed these gross crimes and their peers cannot also be expected to investigate them properly. Indeed I am aware that internal investigations have already exonerated all of the accused.

I therefore wish to inquire into the current status of investigations into the deaths of all of the above persons, as well as those of Kietisak Thitboonkrong, Pravit Sattawuth, Oynapa Sukprasong and Wanthana Thakpama, as well as the disappearance of 15-year-old Krischadol Pancha, all in the same province.

I know that police officers in Thailand have long enjoyed absolute impunity for want of any independent body to receive complaints, investigate and commence prosecutions against police. Therefore, I urge the Thailand government to set up an independent investigation body to handle complaints against the police as suggested by the UN Human Rights Committee in 2005, so that claims of adherence to international human rights standards may be made a reality. This more than anything else will effect meaningful and lasting change to the policing system in Thailand.

I look forward to you intervention on these cases.

Sincerely,

----------------------

PLEASE SEND YOUR LETTER TO:

1. Mr. Charnchai Likitjitta
Interim Minister of Justice
Office of the Ministry of Justice
Ministry of Justice Building
22nd Floor Software Park Building
Chaeng Wattana Road
Pakkred, Nonthaburi
Bangkok 11120
THAILAND
Tel: +662 502 6776/ 8223
Fax: +662 502 6699/ 6734 / 6884
Email: moj@moj.go.th

2. General Surayud Chulanont
Interim Prime Minister
c/o Government House
Pitsanulok Road, Dusit District
Bangkok 10300
THAILAND
Tel: +662 280 1404/ 3000
Fax: +662 282 8631/ 280 1589/ 629 8213
E-mail: spokesman@thaigov.go.th

3. Mr. Aree Wongaraya
Interim Minister of Interior
Office of the Ministry of Interior
Atsadang Road
Bangkok 10200
THAILAND
Tel: +662 224-6320/ 6341
Fax: +662 226 4371/ 222 8866
Email: moi@moi.go.th

4. Mr. Kavee Kitisataporn
Governor
Kalasin Provincial Office
Muang District, Kalasin Province
46000
THAILAND
Tel: +66 43 812 184
Fax: +66 43 821 964

5. Pol. Gen. Seripisuth Themiyavet
Acting Commissioner-General
Royal Thai Police
1st Bldg, 7th Floor
Rama I, Patumwan
Bkk 10330
THAILAND
Fax: +66 2 251 5956/ 205 3738/ 255 1975-8
E-mail: feedback@police.go.th

6. Pol. Lt. Gen. Boonchop Kongnoi
Commissioner
Provincial Police Region 4
Khonkaen 40000
THAILAND
Tel: +66 43 247 120, 245 166, 241 230
Fax: +66 43 241 230, 247 120

7. Pol. Maj. Gen. Phisanha Arweekorn Wornthepnitinant
Commander
1 Kalasin Road
Kalasin Provincial Police
Amphur Muang
Kalasin 4600
THAILAND
Tel: +66 43 821 810
Fax: +66 43 812 528
E-mail: ict_kalasin@hotmail.com

8. Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Attorney General
Office of the Attorney General
Lukmuang Building
Nahuppei Road
Prabraromrachawang, Pranakorn
Bangkok 10200
THAILAND
Tel: +662 224 1563/ 222 8121-30
Fax: +662 224 0162/ 1448/ 221 0858
E-mail: ag@ago.go.th or oag@ago.go.th

9. Prof. Saneh Chamarik
Chairperson
National Human Rights Commission of Thailand
422 Phya Thai Road
Pathum Wan District
Bangkok 10300
THAILAND
Tel: +662 2219 2980
Fax: +66 2 219 2940
E-mail: commission@nhrc.or.th

10. Professor Philip Alston
Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions
Attn: Lydie Ventre
Room 3-016
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9155
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR EXECUTIONS)

Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)

Mex - Semana Internacional del Detenidos Desaparecido

México, D. F. a 26 de mayo de 2007.

BOLETIN DE PRENSA

SEMANA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2007
¡CONVENCIÓN AHORA!
¡POR EL DERECHO DE NO SER DESAPARECIDO!

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos –FEDEFAM-, Conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 26 de mayo al 1 de junio de 2007.
Este año es muy especial para FEDEFAM. El miércoles 20 de diciembre 2006 la 61ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Fue un logro por él que los familiares de detenidos desaparecidos de América Latina habíamos venido luchando desde hace 25 años con el objetivo de lograr la erradicación de la práctica de la detención-desaparición de la faz de la tierra.

El 6 de febrero en una ceremonia realizada en Paris, los representantes de 57 países pusieron su firma al texto de la Convención con el compromiso de lograr las
ratificaciones necesarias en sus países. Necesitamos conseguir 20 ratificaciones de los países firmantes para que este nuevo instrumento internacional entre en
vigor. Lograr estas ratificaciones es nuestro mayor empeño en este momento. Por eso, nuestra consigna sigue siendo la que usamos en esta última etapa de la
campaña por la Convención:
¡CONVENCIÓN AHORA! ¡POR EL DERECHO DE NO SER DESAPARECIDO!
En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido hacemos una convocatoria a los gobiernos y a los parlamentos de los países de América Latina y del mundo para que redoblen sus esfuerzos por ratificar la Convención antes del fin del año 2007. La ratificación significa que se adecua la ley interna a los requerimientos y a los principios establecidos en la Convención. Significará un trabajo legislativo importante y por eso va a ser necesario promover el apoyo a la Convención en los distintos ambientes de derechos humanos y de la opinión nacional.
Conociendo del desafío enorme que nos confronta ahora en adelante en nuestros países para lograr este propósito, nos hemos estrechado los vínculos con otros organismos internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Linking Solidarity, Federación Internacional de la Acción Cristiana contra la Tortura entre otros) y las federaciones internacionales de familiares de desaparecidos (Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, We Remember (Belarus), Familiares de Desaparecidos de los Países Mediterráneos entre otras) para una acción más coordinada a nivel internacional.
La realización de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecida es una ocasión propicia para invitarles a sumarse a esta campaña que tiene su coordinación en un equipo de trabajo en que estamos participando. Nos inspiramos en el trabajo exitoso de la Coalición de ONGs que se formó para lograr la ratificación del Estatuto de Roma y constituir el Tribunal Penal Internacional.
No será fácil la tarea que tenemos por adelante pero es un oportunidad de lograr plasmar cada uno en sus países las medidas inspiradas en la Convención que garantizará el “Nunca Más” de las desapariciones. Entre otros derechos a implementar son:
El derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada con todas las consecuencias y obligaciones para los Estados.
El derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber la verdad acerca del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias sobre este crimen.
El derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos.
El establecimiento de garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar.
El derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos.
Este derecho debe ser garantizado por la incorporación al código penal nacional de la figura de la desaparición forzada.
Las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad.
Se expone un concepto amplio de víctima al incluir también a los familiares y los allegados.
Se afirma las múltiples dimensiones del derecho a la reparación.
Se ratifica el derecho del niño - victima de desaparición forzada - a recuperar su identidad.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados del mundo para que firmen y ratifiquen esta Convención lo antes posible.
Exhortamos también a todos los Estados, organismos no gubernamentales y los medios de comunicación a difundir y promocionar la Convención lo más ampliamente posible. Un mundo sin desapariciones forzadas es ahora posible.
Comienza una nueva etapa para que el “Nunca Más” sea realidad.
¡Luchemos para que así sea!
¡Hasta Encontrarlos!
26 de mayo, 2007

FEDEFAM
Sin más por el momento

FRATERNALMENTE

JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de FEDEFAM

Col - Invitación de ASFADDES "25 años luchando, resistiendo y persistiendo"

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA MEMORIA

La Asociacón de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES, miembro de la Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM,

Conmemoran del 28 al 31 de mayo, la semana internacional por los Detenidos- Desaparecidos.

En el marco de esta conmemoración, ASFADDES, ha programado UNA GALERIA DE LA MEMORIA Y UNA MISA POR LOS MÁS DE 15.000 colombianos y colombinas, DETENIDOS DESAPARECIDOS.

CONVOCAMOS:

A todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Sectores populares, sindicales y a todas aquellas personas que amen la vida y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, a que nos acompañen en estas actividades, que se realizaran,

El dia 31 de mayo de 2007

GALERIA DE LA MEMORIA

SITIO: PARQUE EL RENACIMIENTO. Calle 26 - Carrera 22

HORA: 10:00 A.M

MISA:

SITIO: AUDITORIO DE FECODE. Carrera 13A # 34- 54

HORA: 6:00 P.M.

"Quedara de nosotros algo más, que el gesto o la palabra, este deseo candente de derrotar la impunidad"

Nepal - OHCHR Seeks Tougher Laws on Disappearance

THT Online
Kathmandu, May 27:

The Office of the High Commissioner for Human Rights has called on the parliament to increase penalty for those involved in forced disappearances.
The OHCHR-Nepal also demanded that time period for filing disappearance cases in court be extended, taking into account extreme seriousness of the crime. It also suggested the government to provide adequate reparations to victims dependants of disappeared persons and immediate family.

The "Disappearance Bill", which has been pending in the parliament, should explicitly state that civilian courts will have jurisdiction over all persons alleged to have committed forced disappearances, including Nepalese Army personnel, the OHCHR-Nepal said in a statement.
International human rights standards require that ordinary civilian courts exercise jurisdiction over military personnel, who commit serious human rights violations.
"Forced disappearance is amongst the most serious human rights violations, and extremely traumatic for family members of the victims. The criminalisation of forced disappearance is an encouraging step towards bringing perpetrators to justice," Lena Sundh, the representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, said in the statement.
"However, a comprehensive law on forced disappearance, which encompasses relevant international human rights standards, will be an even stronger indication that the government of Nepal is serious about ending impunity and ensuring accountability."

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aFanata0vfqzpa5a5Pa9pa.axamal&folder=aHaoamW&Name=Home&dtSiteDate=20070527

Pakistan’s “disappeared” stir up anger at Musharraf

(AFP)

27 May 2007

ISLAMABAD - When Adeela Munir finally got permission to see her brother at a secret location in Rawalpindi city, she says she found him in a pathetic state. He was hallucinating, disorientated and appeared to have been tortured.

Munir, 27, is just one of hundreds of Pakistan’s ”disappeared” — men detained without charge by the shadowy police and intelligence agencies.

Families of some of those missing gathered at the Supreme Court in Islamabad on Friday for the latest hearing in their fight to discover the fate of their loved ones.

It is a complex legal battle with growing political significance as military ruler President Pervez Musharraf faces major social unrest eight years after he seized power.

The public disorder, including deadly riots in Karachi two weeks ago, stems from Musharraf’s suspension of Pakistan’s top judge Iftikhar Muhammud Chaudhry, who has pushed authorities to reveal information about the missing.

Speaking outside court on Friday, Adeela Munir described how her brother was picked up in July 2006 by “the agencies,” as Pakistan’s intelligence services are universally known.

“He was with my father in Islamabad,” she said. “Imran got a call telling him to report to the agencies. He had no reason to fear anything, so he went along. That was when he was taken.”

His family heard nothing until the authorities recently admitted to holding Imran and, after a court order, two weeks ago an army officer drove Adeela in a blacked-out car to see him.

“He was afraid and weak. At first he did not recognise me,” said Adeela.

“He is being tortured inside, we are being tortured outside. They say he is a spy, but he has never been charged,” she told AFP. ”The agencies are above the law.”

The family suspect Imran was targeted over rumours he was having an affair with a relative of a senior ISI (Inter-Service Intelligence) agent.

If so, Imran is one of many men taken by the ISI, which is alleged to have used Pakistan’s role in the US-led “war on terror” to pursue an agenda of revenge, control and suppression of opposition voices.

Some of those detained are thought to have been taken into US custody in Guantanamo Bay, others are thought to be Baluchistan separatists, government opponents, on the ISI’s own hit list, or cases of mistaken identity.

The close links between the government, the ISI and the disappearances are exemplified by evidence given to the Supreme Court on Friday by Amna Masood.

Her husband, businessman Masood Janjua, has not been seen since July 30, 2005, when he left the family home in Rawalpindi to catch a bus to Peshawar.

Amna told the court that after influential family members begged authorities for news, Musharraf’s military secretary telephoned to assure them that Janjua was alive, but could give no further information.

Amna, who now leads a group of families of the “disappeared”, said outside the court: “President Musharraf promised he was going to help. My husband was picked up by mistake, but once the ISI have started, they can’t back down.

“Our three children are desperately missing their father. He was very religious but not interested in politics at all.”

Amna believes her husband was picked up in a major Pakistani security sweep enacted after the July 7 suicide bombings on the London transport network, just three weeks before he vanished.

She directly linked Chaudhry’s championing of the “disappeared” to his suspension by Musharraf on charges of alleged misconduct — a move that triggered the riots that have shaken Musharraf’s hold on power.

“The chief justice has been strong for us. Last year he ordered the ISI to come to court and give answers, but they never came,” she said.

Amna’s campaign group, which started with just two families making a street protest, now represents the relatives of 159 missing people. None has ever appeared in court.

I.A. Rahman, who is the director of the independent Human Rights Commission of Pakistan: “In the name of the so-called war against terror many people have been detained arbitrarily and also sent abroad without legal procedures.

“It is a national stigma and an indication of anarchy.”

The government recently told the court that nearly 100 missing people had been traced so far and efforts were underway to find the rest.

It denies allegations of torture.

“There are people listed as missing but they have joined militant organisations,” Interior Ministry spokesman Brigadier Javed Iqbal Cheema told AFP. “The government has nothing to hide and is fully cooperating with the court.”

Despite there being no victory in sight, Harron Mehdi still hopes the legal process will bring back his brother, Mansroor Mehdi, 24, a computer programmer from Peshawar who disappeared in September 2004.

“People tell us he is being kept by the ISI,” said Harron. “He left the house and said he would be back in two days. I don’t know why he was picked up. Perhaps it was because he had a beard.

“I think the court can help. I pray that one day I will see my brother again.”

Vinculan a Militares Uruguayos con Represor Argentino

MONTEVIDEO, 27 (ANSA) - La justicia uruguaya convocó hoy a cuatro militares encarcelados en Montevideo para notificarles que fueron requeridos por el magistrado argentino Norberto Oyarbide por sus vinculaciones con el represor de ese país Eduardo Ruffo, acusado de 65 crímenes.
El juez Julio Olivera Negrín llamó a primera hora a su despacho a los militares retirados del ejército José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Luis Maurente y Ernesto Soca, actualmente detenidos en una cárcel especial por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
Los cuatro militares ya tienen pedidos de extradición librados por los magistrados argentinos Oyarbide, Guillermo Montenegro y Daniel Rafecas, debido a su actuación a fines del siglo pasado en el centro clandestino de interrogatorios "Automotores Orletti", en Buenos Aires, donde desaparecieron numerosos opositores uruguayos.
27/05/2007 13:48

Chile:ex Presos Políticos Interpusieron Millonaria Demanda contra el Estado

Publicado el 26 May 2007

La Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile entabló una demanda colectiva en contra del Estado de Chile, por unos 277 millones de dólares (unos 145 mil millones de pesos), por daños morales, físicos y síquicos sufridos durante el tiempo de cárcel, bajo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Se trata de 963 personas que mediante la acción judicial buscan que el Fisco las indemnice luego de haber sido marginados de los beneficios entregados por la Comisión Valech, entre ellos pensiones y acceso a la salud, educación y vivienda.

La demanda fue presentada por el abogado Víctor Rosas ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, donde criticó "la lentitud de la justicia en materia de juicios de derechos humanos por reparación".

La Comisión Valech certificó en 2004 que unos 28 mil chilenos, de un total de 37 mil que prestaron testimonio, fueron encarcelados por causas políticas y padecieron la tortura durante el régimen que presidió el general Pinochet entre 1973 y 1990.

Sobre la base de estos datos, el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos elaboró una ley -aprobada en 2005- que concedió beneficios sociales y económicos a las víctimas.

El abogado Rosas sostuvo que dicha ley no alcanzó a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que dejó "en el más absoluto desamparo a las viudas y viudos de las víctimas reconocidas como fallecidas".

"Por esto, exigimos una indemnización de 150 millones de pesos para cada uno de los querellantes y pedimos que se corrija esta ley o se promulgue una nueva", añadió el jurista.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 víctimas en Chile, entre ellas 1.197 detenidos desaparecidos, así como miles de torturados y decenas de miles exiliados.

Desde 1990, cuando Chile retornó a la democracia, los gobiernos de la Concertación han establecido diferentes medidas de reparación.

http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=38449

Nota aclaratoria sobre la extradición de Cavallo

El artículo de AFP publicado aquí ayer tiene algunos errores. Procesalmente, el Tribunal Supremo español decidirá el caso de Cavallo el 13 de junio. Pareciera que se están adelantando a la decisión del tribunal.

Arg - Se define el futuro procesal de represores

La próxima semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, resolvería la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. El 28 de mayo deberá presentarse Juan Carlos Riso Avellaneda y el 30 Oscar Soto.

On extraordinary renditions

By Stephanie Ramage

About a month ago, the U.S. House Committee on Foreign Affairs heard the brief but scathing testimony of Michael F. Scheuer, chief of the CIA's Bin Laden unit under former President Bill Clinton and creator of the CIA's rendition policy. His testimony centered on "extraordinary renditions," the practice of placing terrorism suspects in prison in countries known to employ harsh interrogation techniques, including torture. But other interesting things came to light as well.

Scheuer was head of the CIA's Bin Laden tracking unit under Clinton from 1996 to 1999 and special advisor to the unit from September 2001 to November 2004 under President Bush.

Scheuer's testimony on April 17, at a hearing entitled "Extraordinary Rendition in U.S. Counter terrorism Policy: The Impact on Transatlantic Relations," received almost zero press coverage, but the transcript is available on the committee's Web site (www.foreignaffairs.house.gov/110/sch041707.htm).

First, he explained how Clinton launched the renditions program: "President Clinton and his national security team directed the CIA to take each captured al-Qaida leader to the country which had an outstanding legal process for him [a warrant]."

He continued, "The CIA warned the president and the National Security Council that the U.S. State Department had and would identify the countries to which the captured fighters were being delivered as human rights abusers."

In response, Clinton "asked if the CIA could get each receiving country to guarantee that it would treat the person according to its own laws. This was no problem and we did so."

The key phrase is "its own laws." What is perfectly legal in Jordan, Morocco and Saudi Arabia would result in a Department of Corrections overhaul here in the U.S. Scheuer says of Clinton, his national security advisor Sandy Berger and his counter-terrorism coordinator Richard Clarke: "I have read and been told that Mr. Clinton, Mr. Burger and Mr. Clarke have said since 9/11 that they insisted that each receiving country treat the rendered person it received according to U.S. legal standards. To the best of my memory that is a lie."

Scheuer also told the congressional committee, "To the best of my knowledge, not a single target of rendition has ever been kidnapped by CIA officers. The claims to the contrary by the Swedish government regarding Mr. Aghiza and his associate, and those by the Italian government regarding Abu Omar, are either misstatements or lies by those governments. Indeed, it is passing strange that European leaders are here today to complain about very successful and security-enhancing U.S. government counterterrorism operations, when their European Union presides over the earth's single largest terrorist safe haven and has done so for a quarter century. The E.U.'s policy of easily attainable political asylum and its prohibition against deporting wanted or convicted terrorists to countries with the death penalty have made Europe a major, consistent and invulnerable source of terrorist threats to the United States … Not one single al-Qaida leader has ever been rendered on the basis of any CIA officer's 'hunch' or 'guess' or 'caprice.'"

He concluded his remarks to the congressional committee by saying, "I am unable to speak with authority about the conditions these men found in the Middle Eastern prisons they were delivered to at President Clinton's direction. I would not, however, be surprised if their treatment was not up to U.S. standards, but this is a matter of no concern as the rendition program's goal was to protect America and the rendered fighters delivered to Middle Eastern governments are now either dead or in places from which they cannot harm America."

How the CIA treats its criminal suspects and how the American military treats its prisoners of war—with a few notable exceptions like Abu Ghraib—are two entirely different things. Throughout its history, the American military has treated its POWs with the understanding that they are not criminals but merely soldiers doing the bidding of their governments.

In his fascinating book, "Power, Faith and Fantasy: America in the Middle East, 1776 Until the Present," Yale University historian Michael B. Oren quotes from a letter written by Capt. William Bainbridge during the Barbary Wars regarding the capture of a Moroccan man-o'-war crew. "I sincerely hope that this capture may be productive of good effects to the U.S.," wrote Bainbridge, who stressed the "lenity" and "humanity" shown to the prisoners "to impress on their mind a favorable opinion of the American character."

The year was 1803 and hundreds of American sailors were being held in North African prisons, starved, forced to hard labor and in some cases probably raped, and yet our young nation believed that we should enlighten those countries rather than stoop to their degradation.

I would venture that this policy of treating prisoners decently in order to educate them regarding America's respect for human life and dignity has won more ground for us as a country and a culture than any battle in history.

The CIA's prisoners, though, are not POWs. They are criminal suspects. If we are not prosecuting them, the nation that is doing so is free to apply its own standards. But if we are prosecuting them, we need to own the process from beginning to end under maximum-security American correctional standards. They may think of themselves as soldiers in a holy war, but we should treat them like the common criminals they are. Given the admiration Islamic extremists have for torture, our use of it or approval of it only grants terrorists an exalted status that they do not deserve. SP

Stephanie Ramage is news editor of The Sunday Paper.

Pakistan locates 98 illegal detainees

Islamabad, May 25: Pakistani authorities Friday informed the Supreme Court in Islamabad that 98 victims of illegal detention, or "forced disappearances", have now been located, while 156 more were still unaccounted for.

An interior ministry officer presented the names of five more people, who had been found, to a two-member court panel during the hearing of four petitions demanding production of missing people by intelligence agencies.

Efforts to locate the other 156 would continue, Colonel Javed Iqbal told the court.

While the current hearings pertain to 254 people, activists said the actual number of missing people is far higher. Amna Masood Janjua, the wife of a missing man and a leading campaigner, told the BBC's Urdu Service that over 2,500 people are unaccounted for.

The disappearances became a major issue last year during protests in Islamabad by families of people who were believed to have been detained for alleged links with the Al Qaeda terrorist network.

The country's suspended chief justice Iftikhar Chaudhry, had then taken up the issue and ordered agencies to find them.

The Human Rights Commission of Pakistan and other civil rights organisations also filed petitions seeking information on those missing.

Since then, authorities informed the court of the whereabouts of about 60 people while several others have been released by intelligence agencies.

Eight people, including three Afghan immigrants, who were picked up from different parts of North-West Frontier Province (NWFP) were released last week, the Dawn newspaper reported.

While they did not reveal many details of their detention, they told their families that their captors kept asking them about links with Al Qaeda, according to the paper.

http://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=33020

Arg - Juan, fue robado por la dictadura

Sus padres fueron víctimas de la dictadura argentina, y cuando él nació fue raptado y criado por unos padres falsos

(Foto: Víctor Sánchez Rincones)
Karla Casillas>LATINO / Madrid

Juan Cabandié creció en una casa en donde algo le inquietaba profundamente: “no había fotos mías de chiquitito, no había fotos de la supuesta madre embarazada de mí”, dice. Esas imágenes no existían ni en la sala, ni en las habitaciones, ni en los álbumes; y eso fue lo que le llevó a tener una primera sospecha.

Haber nacido en Argentina, un país donde el robo de bebés durante la dictadura militar (1976-1983) fue sistemático, le llevó a pensar que él podía ser uno de esos 500 pequeños que fueron arrancados de los brazos de sus madres para luego entregarlos, en muchos casos, a los mismos oficiales que torturaron y/o desaparecieron a sus verdaderos padres.

“Quizás en Argentina, alguna vez, aquellos que tenemos esta edad nos hemos preguntado por nuestro origen”, dice Juan Cabandié. La duda fue creciendo, y a los 26 años -hoy tiene 29-, él descubrió su verdadera historia.

Hoy Juan se niega a pronunciar el nombre del ‘padre’ con el que vivió sus primeros 26 años de vida. Ese nombre es sinónimo de una gran infamia que le marcó.

“Saber la verdad es la dignidad que significa saber quién sos. Si no la conociera sería muy difícil poder avanzar”, dice Juan Cabandié durante una entrevista con Latino, a su paso por Madrid.

EL NÚMERO 77

El proceso al que Juan Cabandié se tuvo que enfrentar para conocer su origen no fue fácil. Un buen día, Juan fue a la Asociación Abuelas de Mayo. Sabía que ellas tenían un banco genético a través del cual podría comprobar si su ADN correspondía al de alguna familia de desaparecidos.

“Me acerqué a decirles que yo consideraba que era un hijo de desaparecidos, de los que ellas estaban buscando. Me hicieron el análisis y, en mi caso, las pruebas coincidieron con el ADN de mis abuelos, tías y tíos”.

Ese día, el 24 de enero del 2004, Juan se convirtió en un nieto más de las Abuelas de la Plaza de Mayo. “Mi caso es uno más de los 87 nietos a los que las Abuelas han restituido su identidad hasta el momento. Y yo soy el número 77”, dice. Curiosamente, sus padres desaparecieron en el año 77.

“Al momento de enterarme sentí dolor porque te das cuenta de que te mintieron toda la vida. Además, eso fue una obra planificada por genocidas, pero a la vez me sentí contento porque te encontrás con una familia que te estaba buscando hace años”.

DAMIÁN Y ALICIA

Damián Cabandié y Alicia Alfonsín de Cabandié. Esos son los nombres de sus verdaderos padres. Él tenía 19 años y ella 17, y cinco meses de embarazo, cuando fueron secuestrados por los militares. Juan nació en el tristemente célebre centro de tortura llamado Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él y su madre sólo pudieron estar juntos 20 días. Luego ella fue desaparecida.

El pequeño fue entregado a un agente de la Policía Federal llamado Luis Falco, quien se lo apropió y lo crió haciéndole creer que él era su padre y su esposa, su madre. Lo peor: su apropiador fue parte del engranaje y de la complicidad callada de la dictadura militar que desapareció a 30 mil personas, entre ellos a sus padres biológicos.

Damián y Alicia estuvieron en dos centros clandestinos de detención, “que serían como campos de concentración que estaban en medio de la ciudad, ocultos. Eran como lugares subterráneos”, describe Juan. Estuvieron juntos en un centro que se conocía como Club Atlético y luego fueron trasladados a otro llamado El Banco. Ahí los separaron y a Alicia la llevaron a la ESMA, dónde solían encerrar a las mujeres embarazadas y las torturaban. El matrimonio fue detenido por pertenecer a Los Montoneros, una organización guerrillera que quería acabar con la dictadura. “Los detienen porque pensaban distinto, desarrollaban tareas políticas y tenían un proyecto político que a los militares no les gustaba, pues era un proyecto de país más solidario y más justo”.

El rostro de Juan se endurece cuando habla de sus apropiadores. ¿Cómo era la relación con tu raptor?, se le pregunta. “No, no tengo”. ¿Pero no creciste a su lado? “Sí”. ¿Entonces? “No tengo más relación”. ¿Pero cómo fue en los primeros años? “Mala” ¿Por qué? “Porque él era una persona muy autoritaria. Una persona mala” ¿Había algún tipo de afecto, de él hacia ti o viceversa? “Me parece que no había nada. No había afecto”.

Respecto a quien se decía su madre, Teresa, sólo comenta que ella le ocultó la verdad. “Yo se lo pregunté. Me lo negó dos, tres veces”. Hoy Juan dice no sentir odio hacia ellos, sólo “indiferencia, ellos para mí no existen”.

Su gesto cambia absolutamente cuando habla de su verdadera familia: “mi abuela Muñeca fue una persona que me buscó toda la vida. Fue de las Abuelas de Plaza, y tengo mucha relación con ella y con mi tío Ricardo, hermano de mi papá”.

Ahora Juan sí tiene fotos de sus padres: “me encanta que me cuenten de ellos. Me cuentan los gustos que tenían en la comida, de la actividad política. Hasta las veces que tuvieron alguna pelea o alguna anécdota graciosa. Todo sirve para reconstruirlos, para tenerlos vivos y mantenerlos presentes”.

Juan piensa que en España puede haber hijos de desaparecidos, pues hubo muchos jóvenes que después de la crisis del 2001-2002 se vinieron a vivir acá y ahora tendrán su edad, entre 27 y 31 años.

“La memoria viva es fundamental para el crecimiento de un pueblo”, expone y eso tiene que ver con su visita a Madrid donde se reunió con grupos de derechos humanos. “Voy a ser siempre un luchador, pues la injusticia me duele”.

Juan es hoy maestro de escuela, trabaja en el Ministerio de Desarrollo y es candidato a diputado por Buenos Aires. Además, estudia psicología, quizá para tratar de entender lo atroces que pueden llegar a ser los seres humanos

http://www.latinomadrid.com/noticia.php?id=4834.

España pedirá "consentimiento" a México para extraditar a represor argentino

25 de Mayo de 2007, 09:52am ET
MADRID, 25 Mayo 2007 (AFP) -

El gobierno de España anunció el viernes que pedirá a su par de México su "consentimiento" para extraditar a Argentina al ex represor de la marina Ricardo Miguel Cavallo, reclamado por la justicia de su país por los delitos de detención ilegal, torturas y extorsión, durante la dictadura (1976-83).

"El consejo de ministros ha acordado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitar a México su consentimiento para extraditar al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, de España a Argentina", anunció el ejecutivo en un comunicado.

El pedido de aprobación a México responde a que se trata de un supuesto de "re-extradición" pues el ex capitán de corbeta argentino fue extraditado de México a España en junio de 2003, tres años después de haber sido detenido en territorio mexicano a pedido del juez español Baltasar Garzón.

Cavallo fue reconocido por supervivientes de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de represión de la dictadura militar, como "Marcelo", "Miguel Angel" o "Sérpico".

Por la ESMA pasaron 5.000 de los 30.000 desaparecidos del regimen militar, según organismos de derechos humanos.

El gobierno español precisó el viernes que la entrega de Cavallo a las autoridades competentes argentinas "está condicionada al consentimiento de las respectivas autoridades mexicanas".

Recordó que el 2 de febrero pasado, el consejo de ministros "acordó la continuación del procedimiento de extradición de Cavallo, solicitado por las autoridades argentinas".

El 20 de febrero, el juez español Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, indicó que pediría autorización a México para extraditar a Cavallo a la Argentina.

El juez argentino Sergio Torres solicitó a fines de diciembre pasado a España la extradición de Cavallo, por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental, todos ellos contenidos también el el Código Penal español vigente desde 1995.

El gobierno español informó asimismo que acordó prolongar el procedimiento de extradición pasiva de otro ex represor argentino, el ex oficial de inteligencia de la policía federal Ricardo Taddei, enviado a su país el 26 de abril pasado.

La justicia argentina lo reclamaba por detenciones ilegales, tortura y desaparición de 28 personas entre marzo de 1977 y noviembre de 1978.

Taddei, apodado "cura" o "padre" estuvo a cargo de grupos operativos de represión en los centros clandestinos conocidos como "Atlético", "Banco" y "Olimpo" -tres de los más de 340 que funcionaron en Argentina durante la dictadura-, recordó el gobierno español.

Arg - Procesan a cuatro bonaerenses

Fue la prisión clandestina cercana a La Plata donde desaparecieron 150 prisioneros, entre ellos los chicos de la Noche de los Lápices. La semana pasada detuvieron a sus cuatro máximos responsables, ahora procesados.

El juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, ordenó las detenciones y ahora los procesamientos.

A comienzos de 1976, alrededor de La Plata empezó a funcionar uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia de Buenos Aires. La jerga policial lo llamó “Sección de Cuatrerismo” o “Pozo de Arana”.

Por allí pasaron unos 150 detenidos-desaparecidos, entre ellos los alumnos de la Noche de los Lápices. La justicia de La Plata detuvo la semana pasada, después de mucho insistir, a cuatro de los máximos responsables del lugar. Ahora acaba de dictar los procesamientos en el marco de la primera investigación profunda sobre los crímenes cometidos en Arana. Entre los procesados está el jefe del Destacamento y el de la Brigada de Investigaciones de La Plata, uno de los represores que además trabajó codo a codo con el ex capellán de policía Christian von Wernich.

Las detenciones y procesamientos de los cuatro comisarios retirados de la bonaerense corrieron por cuenta del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, en base a un pedido elevado a fines de año por el fiscal Sergio Franco, en una causa que se había paralizado en 1986 con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En este caso, Corazza confirmó las detenciones y procesó a todos prima facie como partícipes necesarios de privación ilegal de la libertad y torturas, en concurso real. Con los procesamientos impuso además embargos de un millón y 500 mil pesos, de acuerdo al caso.

Los cuatro procesados son Miguel Kearney, comisario general retirado, nacido en Ameghino el 5 de setiembre de 1936; Rubén Oscar Páez, comisario general retirado, nacido en Ramallo el 27 de agosto de 1935; Bernabé Jesús Corrales, comisario general retirado, nacido en Pehuajó el 23 de noviembre de 1936 y, finalmente, a Pedro Antonio Ferriole, comisario inspector retirado, nacido en Pilar el 31 de enero de 1934. De acuerdo a la investigación, a los aportes de testimonios surgidos de la Conadep y de las audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, la justicia logró reconstruir las funciones de cada uno durante los primeros años de la dictadura, cuando estuvo en funcionamiento el Destacamiento de Arana.

De acuerdo a esa lectura, todos formaron parte de un grupo de tareas que se encargaba de detener y trasladar a los secuestrados. Por el lugar que ocuparon en la cadena de mandos de la policía bonaerense tuvieron, de acuerdo a la resolución, “conocimiento de la ilicitud del sistema”, impartieron órdenes y aportaron medios materiales para los procedimientos. Uno de los casos emblemáticos es el de Kearney. Ni los ex detenidos ni los que investigan la causa olvidan sus funciones en Arana. Kearney fue jefe del destacamento durante el tiempo que estuvo en funcionamiento desde comienzos de 1976, aunque nada de eso figura en sus papeles de servicio, como sucede en muchos otros casos. Los legajos lo dan como parte del personal de la Brigada de Investigaciones, desde el 17 de enero de 1979.

Un dato importante es que Arana dependía técnicamente de la Brigada de Investigaciones donde de hecho prestaba servicios para la misma época el resto de los procesados. Páez era el jefe de la Brigada, Corrales fue su segundo y Ferrioles lo sucedió tiempo después. Uno de los datos más curiosos indica un ascenso que recibió justamente Páez durante el funcionamiento del centro clandestino. Según su foja, el 3 de febrero de 1977 recibió un ascenso de Comisario de Seguridad a Comisario Inspector por “méritos extraordinarios”. Para entonces, aun comandaba la Brigada de Investigaciones. Lo hizo hasta el 2 de diciembre de 1977.

Esos datos no surgieron únicamente de la foja de servicio de los represores, porque parte de sus funciones reales no aparecían. La justicia reconstruyó roles y lugares con numerosos testimonios que dieron cuenta de esa estructura y de la participación de cada uno en los centros. Jorge Julio López, el ex detenido político cuyo testimonio sirvió para condenar al ex comisario general Miguel Etchecolatz el año pasado en La Plata y quien se convirtió ahora en otro desaparecido, también declaró contra Kearney y los hombres de Arana. López estuvo detenido en ese lugar, como estuvieron Pablo Díaz y Jorge y Raúl, los hijos de Hebe de Bonafini, hoy desaparecidos. Entre quienes permitieron dar cuenta de los roles de los represores, el informe puntilloso de Corazza retoma por ejemplo una declaración del Juicio por la Verdad sobre Corrales, a quien la justicia ubica desde el 25 de noviembre de 1977 y hasta el 5 de enero de 1979 como segundo de Páez en la Brigada de Investigaciones. Corrales era uno de los que “concurría a Arana en muy pocas oportunidades, pero los oficiales que estaban allí lo nombraban bastante como si fuera el Jefe”.

Finalmente, en la causa aún existe un pedido pendiente sobre el lugar. El fiscal Franco pidió rastrillajes porque supone que allí también se quemaron cuerpos. La resolución de Corazza integra un testimonio en ese sentido. Se trata de la declaración de Francisco Domingo Fanjul en el Juicio por la Verdad. Allí mencionó una charla con Roberto Grillo, un ex empleado de la Policía en 1978 o 1979. Grillo les dijo, según Fanjul, que su función en Arana era la de “tratar de hacer desaparecer los cadáveres”, quemándolos en fosas mediante el encendido de gomas de automóviles rociadas con gasoil. De acuerdo a los investigadores, ése era el sistema que habrían encontrado para que no se sintieran olores llamativos.

http://www.26noticias.com.ar/procesan-a-cuatro-bonaerenses-40882.html

Coordinaran organismos para acelerar los juicios

Con la misión de acelerar los juicios

El Programa Verdad y Justicia coordinará todos los organismos del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos y funcionarios vinculados con los juicios contra los represores. Será coordinado por Marcelo Saín.

Por Victoria Ginzberg

El gobierno nacional creó un programa especial que coordinará todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos de los juicios contra los represores. El organismo estará a cargo de Marcelo Saín, hasta ahora interventor de la Policía Aeroportuaria, y dependerá de la Jefatura de Gabinete. La iniciativa apunta a que haya una sola dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de todas las tareas relacionadas con estas investigaciones y sea el nexo con el Poder Judicial.

El Programa Verdad y Justicia –ése es su nombre– surge, por un lado, a raíz de la desaparición de Julio López, testigo central en el juicio contra Miguel Etchecolatz, y las amenazas y amedrentamientos sufridos por otras personas que deben declarar en los juicios o por los funcionarios judiciales que llevan los procesos adelante. Pero además, la apertura masiva de investigaciones contra represores que se realizaron a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida hizo que fuera necesario ordenar y agilizar esos expedientes. Actualmente hay más de 250 acusados presos, en cárceles o en sus casas, y más de mil causas abiertas en todo el país. Pero hasta ahora, en esta nueva etapa, sólo se realizaron dos juicios orales.

La tarea central en este proceso es del Poder Judicial y de hecho la semana pasada cinco miembros de la Corte Suprema se reunieron con el procurador, Esteban Righi, y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, para comenzar a pensar en mecanismos que permitan que los juicios relacionados con los crímenes de la última dictadura no terminen de concretarse en el 2050. Con el mismo espíritu, se presentó la semana pasada en el Congreso una iniciativa elaborada por dos ex miembros de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes: Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio.

El programa creado ayer involucra a las diferentes dependencias del Ejecutivo que intervienen en el proceso de juzgamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de investigación de las amenazas a testigos y funcionarios. A través de este organismo se canalizarán, por ejemplo, los pedidos que los jueces o fiscales encargados de estos casos hacen al Gobierno, ya sea una petición a las diferentes fuerzas de seguridad (policías de las diferentes provincias, Policía Federal, Gendarmería o SIDE) o una solicitud de reasignación de recursos.

La forma de implementación de los juicios sobre terrorismo de Estado –sobre todo luego de la desaparición de López– es una de las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había elaborado hace varios meses una serie de documentos con propuestas para subsanar las que consideraban deficiencias en diferentes organismos con responsabilidades en el tema: el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Casación.

Ayer, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró un “acierto” la creación de este programa y destacó otras medidas tomadas en el último tiempo como la implementación de un ámbito dentro de la Procuración para la organización de los fiscales y la decisión de la Corte de dar impulso a algunos juicios del interior del país mediante la resolución de conflictos generados por la existencia de causas sin juez y el nombramiento de vacantes de jueces en algunas provincias. El CELS destacó que estará “atento a que el desarrollo de este nuevo programa contribuya efectivamente a la urgente realización de los juicios orales y a la protección de víctimas y testigos”.

El decreto que pone en marcha este nuevo organismo tiene la firma del presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, e Iribarne.

“El juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad –dice la norma en sus considerandos– es un proceso que sentará bases profundas para el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabildad democrática. El compromiso del Gobierno con la verdad y la justicia debe ser materializado mediante la implementación de medidas adecuadas a la complejidad y la especificidad de este proceso”.

Según figura en el decreto, los objetivos del Programa Verdad y Justicia son:

- Coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

- Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares.

- Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.

- Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la protección de las personas involucradas en las investigaciones.

Para llevar a la práctica estos aspiraciones, el programa realizará un “seguimiento integral” de las pesquisas sobre el terrorismo de Estado y en “un plazo de 90 días” tendrá que tener listo un “diagnóstico de los hechos de amedrentamiento que hayan sufrido los testigos o funcionarios, “identificando posibles autores y modus operandi y estableciendo un mapa de riesgo de la situación”. Otra misión de Saín será la de “proponer un plan de protección de víctimas, testigos, defensores y funcionarios y coordinar con los organismos competentes o eventualmente proveer en forma directa las medidas de protección necesarias”. Además, tendrá facultades para realizar tareas de investigación e inteligencia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85508-2007-05-25.html

Buscando a Julio Lareu

Marcos Bamballi "Rulo" quiere ponerse en contacto con Julio Lareu, el padre de Pinky Lareu. Es un viejo amigo. Si alguien tiene contactos con Julio, por favor pásenle este mensaje. Pueden escribirnos a nn@desaparecidos.org

Poland's cooperation with the U.S. brings internal and diplomatic disapproval

A Strained Alliance
Poland's cooperation with the U.S. brings internal and diplomatic disapproval

By Nathaniel Heller

WARSAW, Poland — To describe the tiny town of Szymany as an unlikely focus of the world's attention is an understatement. About 95 miles north of the Polish capital of Warsaw, it is little more than a crossroads with a few shops and houses along the main road in a region covered with dense woods.

Enter the CIA, and thus the world's attention.

After the September 11, 2001, terrorist attacks on the United States, the American intelligence agency began using an airfield outside Szymany for transiting terrorist suspects to secret CIA prisons and to countries known to employ torture, according to investigations by an assortment of European governmental commissions and journalists .

Investigators also suspect that Poland, part of what former Defense Secretary Donald Rumsfeld termed "New Europe," supportive of the Iraq war and U.S. counterterrorism efforts, has allowed the CIA to use Stare Kiejkuty, a Polish intelligence center that's a 15-minute drive from the Szymany airport, as a detention center for terrorist suspects.

If the allegations are true ― Polish officials deny them; American officials won't comment ― Szymany and Stare Kiejkuty represent just two of the ways Poland and the United States have worked together in the post-9/11 world:

* 900 Polish troops, one of the largest non-U.S. contingents in the "coalition of the willing" fighting in Iraq, are slated to remain at least through 2007; 24 Polish soldiers and journalists have been killed in Iraq.

* Poland has become one of the largest recipients of U.S. military assistance. In the three years before 9/11, it received just over $33 million in U.S. military training and assistance. In the three years after, the total was nearly tenfold: more than $300 million, mostly in Coalition Support Funds as reimbursement for expenses incurred by Polish forces in Iraq, according to ICIJ's database of military training and assistance.

* Poland spent close to $500,000 annually influencing American public opinion in the three years after 9/11 through lobbying, public relations, and trade promotion activities regulated and disclosed under the Foreign Agents Registration Act.

* With Polish support, the U.S. is pressing to place an anti-missile system in Eastern Europe ― with radar based in the Czech Republic and interceptor missiles based in Poland ― in the event Iran develops missiles and fires them at the U.S. or Europe.

Cooperation has come at a price. The Polish government is under pressure domestically for its support of an unpopular war in Iraq and for its alleged involvement in the CIA's trafficking of terrorist suspects. Six out of 10 Poles opposed the proposed American missile sites, according to an August 2006 poll. Diplomatic tangles abound. To Poland's east, U.S. anti-missile plans have drawn increasingly harsh responses from Russia; Poland, once a Communist country under Moscow's influence, has gained membership in NATO and the European Union with U.S. support. To Poland's west, the country's close relations with the U.S. have led to strains with "Old Europe," including France and Germany, which opposed the Iraq war from the start.
Council of Europe probe

European governmental commissions, including one appointed by the Council of Europe, have compiled substantial circumstantial evidence that CIA-chartered planes landed at Szymany, possibly to offload some passengers and take on others, and departed shortly after. The planes have been traced to or from such places as Kabul, Afghanistan, and Guantánamo Bay, Cuba, site of the controversial U.S. military prison.

Some of the "ghost detainees" who might have been on those flights and who were later released would recount graphic tales of torture at the hands of U.S. and foreign interrogators. After spending months or even years not knowing where they were or why they were being held, one was suddenly abandoned on an empty road while others were handed over to another government's intelligence services without any explanation. Some remain in custody to this day with no legal charges having ever been filed.

Almost five years to the day after the 2001 attacks, President Bush publicly confirmed that the CIA had been operating a system of secret prisons around the world, but he said that those prisons were now empty, all detainees having been transferred to Guantánamo Bay. The U.S. government refuses to disclose the locations of the secret prisons that were part of the CIA's program.

Intel School Guard Tower

Guard towers ring the secretive Stare Kiejkuty intelligence center in nothern Poland; rumors swirl that prisoners in the CIA's "extraordinary renditions" program have been detained there.
(Photo by Nathaniel Heller)

The former head of Polish intelligence has denied there was a secret prison at Stare Kiejkuty (a secretive complex hidden in the woods on a lake behind barbed wire, imposing guard towers, and surveillance cameras), or anywhere else in Poland, but he acknowledged to the British newspaper The Guardian that "CIA planes landed in Poland. … In 2003 this cooperation was very intense."
Secrecy surrounds airfield

Ask any people around Szymany what they ever heard or saw happening at the airfield, and you'll likely receive a universal response: "I'm not allowed to talk about it."

The guard at the airfield told two ICIJ reporters that he couldn't talk about it but that other guards routinely gossiped about such allegations. A visit to the airfield's management company a few miles north in the town of Szczytno yielded the same response. Farther north, at the nearest barracks of the Polish border guards in the town of Kętrzyn near the Russian border ― a unit rumored to be present at the airfield during various CIA landings ― the reporters were told that, yes, Polish border guards are in fact required to inspect all foreign aircraft that land in Poland. But specific questions about the allegations of CIA planes and foreign prisoners were met with rueful laughter, followed by silence.

One person who was willing to talk about what he saw is Jaroslaw Jurczenko, a former manager of the airfield. In December 2002, Jurczenko and his staff at the airfield were told to stay inside their building while a Gulfstream jet landed in the corner of the airfield at night.

Polish border guards were present, Jurczenko told ICIJ in 2006, and from what little he and his colleagues could see, a single car from the Stare Kiejkuty intelligence center pulled up to the plane and idled there for a few minutes. A man in civilian clothes paid for the plane's landing fees in cash but in an amount much higher than what was due, no explanation given.

ICIJ reporter Pawel Smolenski contributed to this report.
http://www.publicintegrity.org/MilitaryAid/report.aspx?aid=874

Col - Autodefensas de Norte de Santander entregarán ubicación de fosas, pero no saben cuándo

Así lo dijo ayer Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'Pedro Catatumbo', 'Pedro Frontera' o 'El iguano', uno de los hombres más cercanos al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Laverde aseguró el miércoles, durante su primera audiencia de versión libre ante la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, en Barranquilla, que hay que esperar "porque estamos verificando los sitios precisos con campesinos cercanos a la zona del Catatumbo, con desmovilizados que están libres y con otros (hombres a su mando) que tengo en la cárcel".

Mayo 23 de 2007

Al bloque Catatumbo, el principal de las estructuras que comandaba Mancuso, se le atribuyen unos 5.200 asesinatos y desapariciones entre 1999 y el 2004, en Norte de Santander.

Sólo en Cúcuta, a 'Pedro Catatumbo' lo responsabilizan de 33 homicidios, entre los que figuran los de dos fiscales especializados, un ex Defensor del Pueblo, tres investigadores del CTI, dos agentes de la Sijín y dos del DAS. También, de la desaparición de un investigador de la Fiscalía y de su novia.

A la audiencia no fue una sola víctima y la sala creada para que presencien las diligencias ni siquiera fue abierta.

"Reconozco desapariciones, pero los que supuestamente desaparecieron fueron dados de baja", respondió 'Pablo Catatumbo' cuando el fiscal Francisco Álvarez Córdoba le preguntó si conocía de personas desaparecidas.

Negó la vinculación de menores a su bloque y la tenencia de personas secuestradas.

El expediente de la Fiscalía contra 'Pablo Catatumbo', a quien Mancuso llevó a Ralito para que se desmovilizara con el 'bloque Córdoba', dice que se inició en las autodefensas a los 16 años como estafeta en Turbo (Antioquia). Luego, entre 1996 y el 2000, asumió el papel de sicario en esa región.

En enero del 2000 fue detenido por tentativa de homicidio, pero tras ocho meses en la cárcel de Itagüí fue dejado en libertad. Luego asumió el mando del 'bloque Catatumbo', hasta su desmovilización. Hoy está en Itagüí con los cabecillas de las Auc.

Versión por teleconferencia

Unas 60 víctimas de Briceño, en el nordeste de Antioquia, podrán ver por teleconferencia la versión libre de Jesús Higinio Arroyo, del 'bloque Minero' que declara hoy en el edificio José Félix de Restrepo, en Medellín.

Es una prueba piloto para facilitar el acceso de las víctimas a las versiones. Contra Arroyo han declarado unas 80 personas familiares de asesinados entre 1999 y el 2006. En ese municipio la Fiscalía halló nueve cadáveres de campesinos ejecutados por los paramilitares.

También hoy reanuda la versión libre Carlos Mario Montoya Pamplona, alias 'El Arbolito', paramilitar del 'bloque suroeste' que hasta el momento ha confesado 23 crímenes en esa región de Antioquia.

Ayer, el ex 'para' Róbinson Antonio Galvis Valverde, del 'bloque Central Bolívar' negó que tuviera algún delito que confesar dentro de la Ley de Justicia y Paz. En su versión, que duró dos horas, dijo que fue enfermero de ese bloque y que solo había firmado la postulación a la Ley como requisito de la reinserción.

ROBERTO LLANOS RODADO
Corresponsal de EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/paramilitares/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3567904.html

Se suicida ex represor chileno Carlos Marco

Jueves, 24 may 07, Actualizado: 17:29

Santiago de Chile. El ex represor chileno Carlos Marco, que era investigado por su responsabilidad en la desaparición de una decena de líderes comunistas en 1976, se suicidó al interior de una cárcel militar, informaron hoy fuentes castrenses.

Marco, un ex agente civil de inteligencia del ejército, de 72 años, se ahorcó esta madrugada en la prisión que existe al interior del Batallón de Policía Militar del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en la zona oriente de Santiago.

El ex funcionario fue sometido a prisión preventiva en enero pasado por el juez Víctor Montiglio, quien investiga la detención y desaparición de la cúpula del Partido Comunista (PC) en mayo de 1976 y donde se encuentran procesadas 74 personas.

El fallecido ex funcionario del ejército dejó cuatro cartas a sus familiares y al juez a cargo del llamado “Caso Calle Conferencia”, donde fue emboscada la dirección clandestina que tenía el PC en 1976, en los primeros años de la dictadura (1973-1990).

Marco era investigado como presunto coautor de una docena de secuestros calificados atribuidos a la denominada Brigada Lautaro de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represor que tuvo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Este es el tercer ex agente represor que se suicida en los últimos años ya que en 2005 terminó con su vida Germán Barriga, procesado en el mismo caso de Marco, y en 2006 se mató Gonzalo Asenjo, quien habría encubierto el secuestro de opositores a la dictadura.

http://www.todito.com/paginas/noticias/Internacional/217287.html

Col - Tribunal ordena seguir pagando sueldos de secuestrados y desaparecidos

24 de Mayo de 2007, 03:54pm ET

Bogotá, 24 may (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia dictaminó hoy que el Estado debe seguir pagando los salarios y prestaciones laborales de las personas secuestradas por grupos rebeldes o desaparecidas, informaron directivos del tribunal.

El magistrado Rodrigo Escobar Gil, presidente de la Corte Constitucional, declaró que "las personas víctimas de la desaparición forzada, o de la toma de rehenes, tienen derecho a la totalidad de los beneficios establecidos en la ley".

Las familias de los desaparecidos, explicó, podrán recibir los pagos hasta que "la persona aparezca viva o muerta, o exista una declaración de los jueces, reconociendo la muerte".

El juez aclaró que se debe diferenciar entre las personas secuestradas por extorsión, es decir, para obtener dinero, de los cometidos por grupos armados ilegales para presionar al Estado.

Este fallo respalda las aspiraciones de los familiares de políticos, soldados y policías secuestrados por las guerrillas, que quedan desamparados económicamente, en una situación que en algunos casos recientes se prolonga por períodos de más de ocho años.

Escobar Gil señaló que las víctimas de secuestros podrán exigir ciertos pagos sin importar la fecha de ocurrencia del secuestro o la desaparición.

Además, dijo que, aparte de los salarios, los familiares de rehenes de grupos armados o de desaparecidos tienen derecho a beneficios en salud, educación, seguridad social y créditos.

Entre los secuestrados por las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hay 56 personas, tres de ellas estadounidenses y una franco-colombiana, que esa organización pretende canjear por guerrilleros presos. EFE

Se busca a familiares de Jorge Daniel Raies

La hija de Alicia Gómez Mesa, la pareja de Jorge Raies, está buscando familiares de Jorge, particularmente del sexo masculino. Alicia y Jorge tuvieron un hijo, Mario, que nació luego de la desaparición de Jorge, cuando Alicia estaba en cautiverio. La familia quiere hacer los exámenes de ADN para confirmar que Mario es el hijo de Jorge. Para esto se necesitan familiares de Jorge de sexo masculino. Si conoce a alguno, por favor comunicarse a nn@desaparecidos.org. Muchas gracias.

New mass grave discovered in eastern Bosnia

HINA Croatian News Agency
24 May 2007

New Mass Grave Discovered

The victims are presumed to be the people from Kasindolska Street in Sarajevo,
who have been missing for as many as 15 years.

SARAJEVO, May 24 (Hina) -- A mass grave was discovered on the Romanija
mountain. So far, about 20 skulls have been found. The grave was discovered
by members of Missing Persons Commission of the Federation of Bosnia and
Herzegovina. The bodies were tossed one over the other and the perpetrators
tried to conceal the grave in a thick pine forest not far from the road
between Mokro and Sokolac.

Missing persons from Kasindolska Street

"By now, 20 skulls have been discovered on the skeletal remains and it
is obvious that the remains of some bodies are being pulled under those
already uncovered. I believe that the number of the discovered bodily remains
will coincide with [that of] the missing persons from Kasindolska Street,"
said Amor Masovic, the Missing Persons Commission president, to the daily
newspaper Dnevni avaz.

The victims in question are those from Kasindolska Street. This was concluded
based on the date on the watch of one of the victims. Their families have been
looking for them for 15 years already.

"A Seiko watch stopped on the 27th day in the month and the day in question
is Wednesday. By checking the dates in 1992, we arrived to the conclusion that
the only Wednesday that was the 27th day in the month was in May. The people
from Kasindolska Street in the Sarajevo district Ilidza were captured on May 14,
1992, and spent a certain period of time in the Kula prison, so it seems likely
that these victims could be from Kasindolska Street," Masovic clarifies.

The skeletal remains are very well preserved, as are the clothes, so the
representatives of the missing persons association will try to give a
preliminary confirmation of this information as soon as today.

An example of genocide

"Kasindolska is an example of the genocide that occurred in Bosnia-Herzegovina.
All the men, Bosniaks and Croats, who were caught in this street, were captured
and killed. It is a fact that the goal here was a complete elimination of an
ethnic group in a very small area. This case involved entire families as well -
fathers and sons, brothers, uncles," Masovic points out.

Mass grave near Mostar contains Bosniak soldiers

www.b92.net

Mass grave near Mostar contains Bosniak soldiers
24 May 2007 | 10:46 | Source: FoNet

Mostar -- DNA analysis confirms the 13 bodies found in mass grave near Mostar
are members of the Bosnian Army.

Bosnia's Missing Persons Commission has said in a statement that items
recovered among the mortal remains of sixteen bodies exhumed last week
confirmed that the grave site contained bodies of Bosnian Army soldiers
killed in the 1990s war.

The DNA analysis has thus far determined the identity of 13 bodies. Results
for the remaining three are expected to come in next week, as the grave is
believed to also contain bodies of murdered civilians.

Croatian Defense Council (HVO) members captured 13 Bosnian Army soldiers on
May 9, 1993 in Mostar and killed them afterwards.

Judging from the found objects, including watches and rings, and also according
to the age of recovered mortal remains, the Commission confirmed that 13 bodies
could highly likely be identified as Bosnian Army members.

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Arg - Homenaje a Rodolfo Walsh

HOMENAJE A RODOLFO WALSH
EN EL DIA DEL DOCUMENTALISTA

En el año 2002, el Movimiento de Documentalistas instauraba el 27 de Mayo -día de la desaparición de Raymmundo Gleyzer a manos de la dictadura genocida- como el Día del Documentalista y organizaba el primero de los cinco actos consecutivos realizados en los años siguientes en conmemoración de ese día.

Al mismo tiempo, el Movimiento de Documentalistas, siempre consideró que la tarea de documentar la realidad pars transformarla no se reducía a su expresión en los medios audiovisuales sino que incluía, entre otras, a las distintas manifestaciones del documental escrito, desde el histórico al periodístico, siendo Rodolfo Walsh su referente principal y fundamental en Argentina y Latinoamérica.

A cinco años de la su instauración nos proponemos, entonces, conmemorar así el Día del Documentalista
homenajeando a Rodolfo Walsh,
en un acto en el que descubriremos una placa donde cayó asesinado por la dictadura genocida con la dignidad de los héroes.

El 28 de Mayo a las 19 hs, en San Juan y Entre Rios

Convoca:
Movimiento de Documentalistas
Asamblea de Entre Ríos y San Juan
Adhieren:
Asamblea El Almacén
Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad

Recibimos adhesiones en: documentalistas@documentalistas.org.ar

Bahrain: An appeal to locate a young man who disappeared after detention and torture

Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR) would like to inform you with the severe violations that took place in Bahrain against a 22 years-old young man. Bahraini Security Forces arrested the young man in front of his family house and attacked him physically, according to his family. The young man was then transferred to the military hospital because of the injuries resulted from beating.

We would like also to inform you that Ali Al-Khabaz, student of Vocational Training Institute, has disappeared since the security service denied his family right to visit him. The family thinks that the reason for that denial is to hide the severe consequences of torture suffered by the young man in front of his family house.

BYSHR calls upon you to urge the Bahraini government to reveal the location of the Bahraini young man, Ali Al-Khabaz and to order the local authorities to transfer him to hospital as soon as possible to be cured from his severe injuries. Furthermore, we call upon you to take immediate necessary measures to stop questioning him for the incidents that were taking place in the area of his family – grandfather's – house. Particularly that, Al-Khabaz did not participate in any events held in this area, which witnessed violent clashes between Security Forces and a group of young men.

We would like to remind you that the European Commission Delegation will visit Bahrain soon. We are looking forward that you can notify the respectful delegation with the severe human rights violations in Bahrain.

Bahrain Youth Society for Human Rights appreciates your amazing efforts in support of human rights in Bahrain. Therefore, we hope that you will help to accelerate the procedures of locating that young man who was arrested since 20 May 2007 when the Security Forces attacked him under the eye of his people.

Sincerely,

Bahrain Youth Society for Human Rights

24 May 2007

Note: The e-mail of the Bahraini ambassador to the US is ambsecretary@bahrainembassy.org
_______________________________________________

Bahrain Youth Society For Human Rights
Mohammed AL-Maskati
President
P.O BOX : 18597 - bahrain
Mobile : (+973)39813867
Tel : (+973)17643721
Fax : (+973)17643721

UK = MPs seek guarantees for safety of rendition captives

By Colin Brown, Deputy Political Editor
Published: 24 May 2007

Pressure is increasing on Gordon Brown to adopt tougher safeguards against alleged "torture" flights carrying suspected terrorists to secret locations.

An all-party group of senior MPs has called for a change in the law to require written guarantees about the protection of the prisoners before Britain allows its airports to be used for the so-called "extraordinary rendition" flights by the US.

In a separate development, the Intelligence and Security Committee, which is chaired by former cabinet minister Paul Murphy and reports directly to the Prime Minister, is also due to deliver a report on its investigation into Britain's role in extraordinary rendition.

That report is likely to contain criticism of the way that the system abuses human rights and over the failure by the UK authorities to keep any proper records of the flights through British airports.

The all-party group on extraordinary rendition said the system was "morally questionable and also risks placing the UK in breach of domestic and international obligations".

The group's Tory chairman, Andrew Tyrie, has written to the Intelligence and Security Committee urging it to condemn the practice. He said the US authorities denied the use of torture but it was believed maltreatment of suspects included extended sleep deprivation, inducing hypothermia and sensory deprivation.

The British Government at first denied any knowledge of rendition, but in 2005 confirmed it had allowed two rendition flights and turned two down in 1998. But a European council report suggested there were up to 170 flights by CIA planes through Britain which were used for rendition.

"It is apparent that adequate records do not appear to have been kept," Mr Tyrie said. "Secondly, as far as we can be aware, the Government has not made any attempt to put in place a mechanism for ensuring that renditions do not take place in the future through UK airspace or territory. We have a moral dilemma: we are benefiting from the unacceptable activities of our closest ally; activities which the UK specifically prohibits in law."

The US President, George Bush, has claimed that the extraordinary rendition had helped to avert a terrorist plot to bomb Heathrow. But Mr Tyrie said it undermined the rule of law and alienated moderate Muslim opinion.

The evidence that rendition exists has been underlined by three cases said Mr Tyrie: the Canadian case of Maher Arar, picked up in New York; the German case of Khaled Masri, held in Macedonia; and the Italian case of Abu Omar, kidnapped from Milan.

The all-party group is proposing the forthcoming Counter Terrorism Bill could be used to change the law to require an advance declaration of a rendition before British airports can be used; written assurances that its laws will not be contravened; and details of the final location and the purpose of the transfer of the suspect. It could also require the suspect to be identified.

http://news.independent.co.uk/uk/politics/article2578492.ece

Kashmir - Q&A: Rewards trigger fake encounters

23 May, 2007 l 0021 hrs IST

Parvez Imroz is co-founder and patron of the Association of Parents of Disappeared Persons (APDP), which brings together Kashmiri families whose members have been the victims of enforced disappearances. A senior advocate at the Srinagar high court, he is also co-founder and president of the J&K Coalition of Civil Society that has been working to forge networks between Kashmiri civil society groups. Imroz spoke to Percy Fernandez in Srinagar:

Why has the J&K government refused to accept the findings of APDP?

The central and state governments are reluctant to probe into the enforced disappearances in the state since 1989. More than 10,000 people have disappeared in the last 17 years, higher than the combined figures of disappearances of five Asian countries. We have been repea-tedly telling them (PDP, Congress and NC) and they have come out with contradictory facts and figures.

What do you plan to do now?

The local mechanism has failed. The government wants to tire out its own citizens. Look what happened in the Sikh riots case. There should be pressure from the European Union, other democratic countries and global civil society groups to prevail upon the Indian government to address the grievances of 3,00,000 families who have been affected since 1989. The people who have disappeared belong to the lower strata of society. There are more than 1,500 to 2,000 half widows. They want to know where their near and dear ones have disappeared. In the case of enforced disappearances, we fear that people were tortured and killed and bodies dumped into the rivers and forests which we have in plenty.

Do you think there can be a solution?

Who can stop the disappearances? It is the army which is doing it along with the SOG (Special Operations Group) which was established under the NC. The state doesn't want to demoralise them by taking action against them. Nobody
can question the army. The chief minister is just a nominal head like the president of India. Rewards contribute to fake encounters in a big way. The government is not happy with the number of disappearances. What they can do is to minimise it by taking the perpetrators to task. But if there are convictions, BJP will hold demonstrations.

How has the disappearances affected the Kashmiri society at large?

Now they are talking about a truth and reconciliation commission (TCR). But ironically, the perpetrators are talking about TCR and not the victims. Will you tell these families to forget what happened? It is the right of the victims to decide what should be done to the perpetrators. They want justice. We have been thinking of having an international tribunal so that the world knows what has happened in Kashmir since 1989. It will be a moral indictment of the perpetrators. This would be a step forward. If the state fails to adhere to its duties, fails to deliver justice to its own people, what do you do? You remain silent or approach other forms which are available.Parvez Imroz is co-founder and patron of the Association of Parents of Disappeared Persons (APDP), which brings together Kashmiri families whose members have been the victims of enforced disappearances. A senior advocate at the Srinagar high court, he is also co-founder and president of the J&K Coalition of Civil Society that has been working to forge networks between Kashmiri civil society groups. Imroz spoke to Percy Fernandez in Srinagar:

http://timesofindia.indiatimes.com/Opinion/Editorial/QA_Rewards_trigger_fake_encounters/articleshow/2067544.cms

Custodial deaths continue in Kashmir: Amnesty

‘38 disappearances, 22 extrajudicial killings in 2006’

UNITED NEWS OF INDIA

New Delhi, May 23: Though “politically motivated violence” has slightly decreased in Jammu and Kashmir, deaths in custody, enforced disappearances and extrajudicial executions continued to be reported, said the annual human rights assessment report of Amnesty International.
“Some six deaths in custody, 38 enforced disappearances including several juveniles, and 22 extrajudicial killings were reported in 2006. Identity-based attacks by Islamist fighters continued,” said the 2007 report themed “Politics of Fear Creating a Dangerously Divided World.”
Coming down on the Indian government, the report, also released worldwide, said impunity for human rights violations by state agents continued, although in a few cases action was initiated after years of delay.
It cited the March 2000 extrajudicial killing case of five villagers in Pathribal village by Army and the CBI indictment of the guilty officers in April. “The officers were charged with fabricating evidence to support their claim that the men were foreign fighters killed in an ‘encounter’ with the troops,” it added.

A new report indicated that some 10,000 people had been victims of enforced disappearance since 1989, the Amnesty said.
The 340-page survey—which had a polycentric people’s launch across 12 cities in India—said the authorities failed to provide information about the whereabouts of disappeared people to their families.
Concerns over the existing powers of the State Human Rights Commission were heightened in last August when its chairperson resigned over the “non-serious attitude” of the state government towards human rights violations, said the report over the human rights situation during January to December 2006.

http://www.greaterkashmir.com/full_story.asp?Date=24_5_2007&ItemID=71&cat=1

Alemania sigue reclamando a Videla

Desde el asesinato de la alemana Elisabeth Käsemann por la junta militar argentina, su familia, como la de otros desaparecidos, ve señales positivas, pero sigue esperando justicia.

Han pasado 30 años desde el asesinato de la estudiante alemana Elisabeth Käsemann en Argentina. Activistas pro-derechos humanos ven señales positivas en el proceso judicial contra los ex –militares argentinos implicados. La Embajada alemana en Buenos Aires interpuso un recurso de casación contra la decisión de una corte argentina. Ésta había declinado la petición de captura y extradición realizada en el 2004 por el tribunal de Núremberg contra Jorge Videla y Emilio Massera, acusados de los asesinatos de Käsemann y otros ciudadanos alemanes durante la dictadura militar. Se estima que entre 1976 y 1983, más de 30.000 personas fueron asesinadas por la dictadura.

Videla fue llevado ante la justicia en el 2000. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Videla fue llevado ante la justicia en el 2000.

"La justicia argentina se negó a extraditar a Videla y Massera argumentando la anulación en Argentina de las leyes que impedían su procesamiento judicial", señala Esteban Cuya, portavoz de la organización "Coalición contra la Impunidad". "Como reacción al recurso de casación interpuesto por el representante legal de la República Federal de Alemania en Argentina, Pablo Miguel Jacoby, una semana después el gobierno argentino anuló las leyes de Amnistía que favorecieron a Videla, confirmando la sentencia a cadena perpetua dictada contra él en 1987", afirma. Entonces el dictador estuvo dos años en la cárcel. Presionado por los militares el Estado argentino proclamó, durante la gestión de Raúl Alfonsín, una ley de amnistía que lo puso en libertad

Jueces que cooperaron con la dictadura

"Los familiares de las víctimas alemanas, no confían en la justicia argentina, e insisten en la extradición a Alemania de los responsables", explica Cuya. "No hay garantías de un juicio que permita llegar a la verdad pues todavía hay jueces en activo que cooperaron abiertamente con la dictadura".

El experto recuerda con ironía las declaraciones de Videla que no acepta ningún poder por encima de él, ni de Argentina ni de ningún otro país. Sin embargo, gracias a la decisión del Tribunal Supremo que declaró las Leyes de Amnistía de 1986 y 1987 como anticonstitucionales, el dictador, actualmente de 82 años, se encuentra bajo arresto domiciliario.

La justicia alemana también reclama la extradición de Pedro Alberto Durán Sáenz y Franco Luque. Adicionalmente la fiscalía de Núremberg mantiene procesos contra 74 militares argentinos. Para Esteban Cuya las posibilidades de que los ex –militares sean enjuiciados en Alemania son pocas, pero la presión internacional sirve para garantizar que la justicia en Argentina asuma su responsabilidad ante las víctimas de la dictadura. "El Gobierno argentino está consciente de que hay una vigilancia internacional para que se lleven a cabo estos juicios justos". Esteban Cuya destaca que eso incluye el otorgar garantías de seguridad para los testigos pues ha habido casos de testigos desaparecidos recientemente.

Solidaridad con América Latina

Hoy fue recordada Elizabeth Käsemann en la ciudad de Núremberg con la inauguración de una exposición titulada "Una vida en solidaridad con América Latina". Presente estuvo no sólo la familia de esta joven idealista asesinada a la edad de 30 años, sino todos los partidos políticos del gobierno municipal. "Algo muy distinto a lo que ocurrió durante los años 70 y 80 cuando los políticos del más alto nivel dieron prácticamente la espalda a la familia Käsemann", recuerda Esteban Cuya.

La familia tuvo que pagar US$ 26,000 a los militares que la asesinaron para rescatar su cadáver. Elisabeth Käsemann viajó a América Latina en 1968 y se estableció en Buenos Aires en donde apoyó el movimiento barrial y a los obreros en sus esfuerzos por una mayor justicia social. En los años 70, la estudiante de teología ayudó a personas amenazadas de muerte a huír de Argentina, facilitándoles documentos falsificados y sacándolos del país. Esta actividad fue suficiente para que en 1977 el gobierno militar del general Jorge Videla, la considerara miembro del movimiento subversivo Montonero.

Käsemann fue torturada y asesinada el 24 de mayo de 1977 en el centro clandestino de detención "El Vesubio". El hermano de Elisabeth, Ulrich Käsemann, destacó durante la inauguración de la exposición, la importancia de los derechos humanos como requisito para la paz, la justicia y el desarrollo de toda sociedad. En un momento en el que los estándares de los derechos humanos en todo el mundo parecen retroceder.

Eva Usi

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2555248,00.html

Arg - Musa Azar negó haber participado de torturas y desapariciones durante la dictadura

El ex jefe de Inteligencia santiagueño Antonio Musa Azar negó haber participado en torturas y desapariciones de detenidos durante la última dictadura militar, informaron ayer fuentes judiciales.

En el marco de una nueva indagatoria realizada por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, Musa Azar dijo "no conocer" a las personas desaparecidas o presos políticos que denunciaron torturas durante la década del ’70 y en la etapa final de la tercera gestión de gobierno de Carlos Juárez.

Se trata de la causa en la que Juárez, de 89 años, está imputado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973-75.

La acusación a Juárez surgió cuando el fiscal Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial.

En la misma causa, también se encuentra acusados los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D’Amico y Musa Azar, detenido y procesado por el Doble crimen de La Dársena.

También fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales", los comisarios Ramiro López, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz, Jorge Brau, Correa Aldana y el fallecido Noly García, en todos los casos retirados de las fuerzas de seguridad.

Inicialmente, el ex juez federal Angel Toledo había ordenado una serie de procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.

Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.

Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.

Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos serán arrojados de helicópteros, trámite que sigue sin cumplirse.

http://www.santiagoaldia.com.ar/index.php?ID=11750

Arg - Investigan la vinculación de medios con la dictadura

La estrecha relación que mantuvieron empresarios periodísticos con la última dictadura militar volvió a ser tratada en el Juicio por La Verdad que se sustancia en los tribunales federales de La Plata y que tiene el objetivo de determinar cuál fue el destino de los desaparecidos durante el último gobierno de facto.

Ayer fue citada a declarar quien actualmente es la directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, e integrante de la Liga Anticomunista Mundial, Diana Julio de Massot, la cual fue una férrea defensora del accionar de la última dictadura.
Julio de Massot, de 79 años, fue convocada por el caso de una detenida por la que intercedió ante el jefe de la Policía Bonaerense, el coronel Ramón Camps, uno de los máximos responsables del accionar represivo durante los años de plomo.
Pese al requerimiento de la Justicia, la directora de La Nueva Provincia no se presentó ya que, según informaron a Hoy distintas fuentes judiciales, adujo cuestiones de salud: que padece un cuadro de bronquitis aguda. Por eso, el tribunal podría volver a citarla para la próxima audiencia, que se realizaría dentro de 15 días.
El caso en que tiene que prestar testimonio es el de Susana Lebed, médica, militante de la Juventud Peronista y sobrina del abogado del periódico, por quien la viuda de Massot intercedió en 1976 ante Camps y Edmundo Ojeda, jefe de la Policía Federal.
Obreros asesinados
Por otra parte, según consta en los registros judiciales, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia que solían realizar medidas de fuerza por reclamos sindicales, en la etapa previa al golpe de estado fueron secuestrados, torturados y acribillados por fuerzas represivas en 1976. Ambos crímenes se encuentran impunes.
Pero, en estos casos, no tiene intervención la Cámara Federal de La Plata, sino la Justicia Federal de Bahía Blanca, donde el Juicio por la Verdad se encuentra suspendido.
Otro medio en donde trabajaron obreros que fueron víctimas de la dictadura es La Gaceta de la Tarde, que dejó de existir en los años ‘80. Este medio era propiedad del director del diario El Día, Raúl Kraiselburd, a quien la esposa de Hugo Iglesias, uno de los trabajadores desaparecidos, responsabiliza por la desaparición de su esposo. “Yo sé que él tiene responsabilidad por lo que le ocurrió a mi esposo y debería tomar conciencia de lo que hizo”, le dijo Marilaff a Hoy luego de finalizar la audiencia del Juicio por la Verdad que se realizó ayer.
El caso Iglesias también está siendo investigado en el marco del Juicio por la Verdad y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevos testigos que aportarían datos claves.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268520390/

Fiscalía de Bolivia pide a Estados Unidos extradición de ex represor

La solicitud de extradición fue entregada el miércoles por el fiscal general, Mario Uribe.

La Paz.- El Ministerio Público presentó a la cancillería un exhorto suplicatorio para extraditar al ex represor Luis Arce Gómez quien cumple una condena por narcotráfico en un penal de Estados Unidos.

La solicitud fue entregada el miércoles por el fiscal general, Mario Uribe. “Ahora corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, realizar todos los trámites ante las autoridades norteamericanas para hacer realidad la extradición del ex ministro, Luis Arce Gómez”, dijo el funcionario en rueda de prensa en la ciudad de Sucre, al sur de Bolivia.

Arce Gómez, de 68 años ingresó a un penal de la Florida en 1991 y saldrá en libertad en noviembre de este año al haber cumplido la mitad de su condena, pero en Bolivia fue sentenciado a 30 años de prisión en 1993 por la muerte de varios opositores políticos durante la última dictadura de la que fue ministro del Interior.

El ex coronel fue uno de los principales ejecutores del sangriento golpe militar que encabezó el ex general Luis García Meza en julio de 1980 contra la presidenta Lidia Gueiler.

García Meza cumple la misma sentencia desde 1995 en un penal de máxima seguridad en las afueras de La Paz. Conocido en su tiempo como el “ministro de la cocaína”, Arce Gómez estuvo involucrado en narcotráfico por lo que fue extraditado a Estados Unidos.

http://www.milenio.com/index.php/2007/05/23/71980/

Cruz Roja urge a Nepal que forme comisión sobre desaparecidos en la guerra

El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) exigió hoy al Gobierno nepalí que se forme una comisión que aclare el destino del millar de desaparecidos durante la guerra en ese país a la que un acuerdo puso fin ahora hace seis meses.

Uno de esos desaparecidos es Hiramani Dahit, un carpintero de un pequeño pueblo del suroeste nepalí que fue detenido por el Ejército el 13 de abril de 2001 y nadie ha vuelto a saber de él ni de los casi mil desaparecidos en la contienda.

En una mesa redonda celebrada hoy sobre los desaparecidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) exigió al Gobierno que se forme la comisión que, según el acuerdo de paz, habría de aclarar el destino de esas personas y dar consuelo a sus familias.

Según el ICRC, hay 937 desaparecidos de la década de guerra, en la que otras 13.000 personas murieron.

De ellos, al menos 656 fueron detenidos por el Ejército, como Dahit, y otros 161 por la guerrilla maoísta, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC).

Dahit fue detenido por un grupo de soldados cuando volvía del trabajo en Thakurdwara, en el distrito de Bardiya, pero cuando su esposa, Manju, acudió al día siguiente al cuartel local le dijeron que no estaba ahí.

'No sé por qué lo arrestaron; no era un maoísta, pero a veces ellos venían a casa y nos obligaban a alimentarlos', explicó a EFE esta mujer, que ha movido cielo y tierra para saber qué fue de su marido, sin éxito.

Unos días antes del arresto del carpintero, cinco miembros del Ejército habían muerto en una explosión en la jungla vecina, emboscados por maoístas.

Otras 12 personas desaparecieron del pueblo junto a Dahit, entre ellas su hermano, Ram, un albañil, al que los soldados detuvieron en su casa una noche tres meses después, diciéndole que se lo llevaban para interrogarlo.

Su mujer, embarazada entonces, no se atrevió a preguntar por él temiendo correr la misma suerte y supo, por una información de la radio estatal unos días después, que Ram había 'muerto en un combate'.

'Pero no hemos visto su cadáver', denunció Manju, quien relató que su cuñada perdió al bebé a los dos días de dar a luz.

'Creo que mi marido aún está vivo. Quiero saber dónde está', exigió Manju.

El padre de Krishna Kumar Chaudhary, un maestro del mismo distrito, desapareció a principios de 2002. Su hijo no cree que siga vivo pero quiere 'saber por qué lo mataron y que los culpables lo paguen'.

El acuerdo de paz suscrito el 21 de noviembre de 2006 prevé crear una comisión de alto nivel para saber qué fue de los desaparecidos, pero tanto el Gobierno como los maoístas temen que se identifique a los culpables, afirmó a EFE el abogado Govinda Sharma Bandi, quien investiga las desapariciones a manos del Ejército.

Lo único que el nuevo Gobierno -en el que están incorporados los maoístas- ha hecho es presentar al Parlamento una ley que convierte en delito retener a una persona sin informarle del motivo y privándole de visitas de familiares.

'Pero la falta de interés por atender el asunto de los desaparecidos es obvia, porque la ley no es retroactiva', destacó Bandi.

En la misma línea, la representante de la ACNUR en Nepal, Sandra Beidas, criticó que 'la falta de avance en la resolución del destino de los desaparecidos y en la atención del derecho de sus familias a que se haga justicia plantea interrogantes sobre si existe la intención política de emprender una acción efectiva'.

Para la jefa de la delegación del ICRC en Nepal, Mary Werntz, el reto del Gobierno es mantener a los desaparecidos en el centro del debate, pero éste 'no debería convertirse en un asunto político, sino mantenerse en el plano humanitario'.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha investigado una serie de desapariciones de personas detenidas por el Ejército y ha pedido al Gobierno que haga público su paradero, 'que investigue a los responsables y adopte medidas contra ellos', según uno de sus miembros, Shyam Babu Kafle.

'Pero el Gobierno no ha hecho nada', dijo Kafle a EFE.

Portavoces del recién creado Ministerio para la Paz y la Reconstrucción y de Interior consultados por EFE dijeron que el asunto está fuera de sus competencias.

De formarse la comisión prevista por el acuerdo de paz, aún está por ver si su mandato permite el procesamiento de los culpables u opta por el perdón y el olvido.

Arg - Confirman que Etchecolatz deberá cumplir reclusión perpetua en una cárcel común

La Cámara Nacional de Casación Penal determinó la condena del represor por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Al rechazar recursos de la defensa, también decidió que, a pesar de su edad y estado de salud, quien fuera el segundo de Camps, pasará sus días en una prisión normal.

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la condena a reclusión perpetua de Miguel Etchecolatz como autor de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar y decidió que continúe en la cárcel bonaerense de Marcos Paz, pese a su edad y estado de salud.

La causa llegó a la máxima instancia penal debido a los planteos contra la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal de La Plata.

Los abogados de Etchecolatz argumentaron que se trataba de un caso de cosa juzgada e impugnaron la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.

La querella, representada por el abogado Alejo Ramos Padilla, pidió la ratificación de la condena y la continuidad del cumplimiento de la condena en una cárcel para presos comunes.

La Sala I de la Cámara de Casación recordó que Etchecolatz fue condenado por delitos tales como privación ilegal de la libertad, violación y homicidio y señaló que los tratados internacionales vigentes tienen "efectos nulificantes" contra cualquier decisión que impida el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

"En estas actuaciones -sostuvo el tribunal- se han acreditado conductas que han detraído a quienes las han padecido de las manifestaciones mas elementales de su ser".

Los camaristas Raúl Madueño, Liliana Catucci y Gustavo Mitchell citaron el Estatuto de Roma, cuyo preámbulo establece que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo".

Para los camaristas, ni siquiera la "pretendida condición de enemigos" a la que aludió el recurso en favor de Etchecolatz, justifica, en ningún caso, los tratos que recibieron las personas que se hallaban privadas de la libertad cuando el imputado se encontraba a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense.

La defensa había invocado razones de salud para que a Etchecolatz se le volviera a conceder el beneficio del arresto domiciliario, pero Madueño, Mitchell y Catucci (aunque ésta con algunos reparos) evaluaron que, donde está detenido -la cárcel bonaerense de Marcos Paz), puede tener asistencia médica.

El recurso de Echecolatz fue presentado el 2 de mayo último y en la misma sesión hubo una presentación contraria, a cargo de María Isabel Chorobi (familiar de una desparecida) y del abogado Ramos Padilla.

Etchecolatz, de 77 años, padece una enfermedad terminal (cáncer de próstata), según los defensores, había logrado la prisión domiciliaria tras la condena, pero el beneficio fue revocado porque en su vivienda fue secuestra una arma de fuego.

Ramos Padilla hizo un informe in voce y dijo que "si existe la Justicia, no se puede beneficiar a los delincuentes. Etchecolatz tiene que seguir detenido en una cárcel común".

"Echecolatz siguió comentiendo delitos" y ejemplificó lo dicho con los casos de injurias al fallecido diputado socialista Alfredo Bravo y cuando resistió una supuesta agresión de jóvenes con la exhibición de una pistola, que, se dijo, era de juguete.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63067&id=151563&dis=1&sec=1

Amnesty Blasts US on Terrorism War

May 23, 2007
Amnesty Blasts U.S. on Terrorism War
By THE ASSOCIATED PRESS

LONDON (AP) -- The United States is treating the globe like one giant
battlefield for its war on terror, eroding rights worldwide, a leading
human rights group said Wednesday.

Amnesty International's Secretary-General Irene
Khan said the United States and its allies' behavior was setting a
destructive example for other nations, and that countries across the
world were using the war on terror as an excuse to violate human rights
and stifle dissent.

''One of the biggest blows to human rights has been the attempt of
Western democratic states to roll back some fundamental principles of
human rights -- like the prohibition of torture,'' Khan told The
Associated Press, speaking before the launch of her organization's
annual report on the global state of human rights.

The report condemned the United States' response to international
terrorism, saying it had done little to reduce the threat, while
deepening mistrust between Muslims and non-Muslims and undermining the
rule of law. The Bush administration's policy of extraordinary rendition
-- the alleged practice of secretly flying terror suspects to countries
where they could be tortured -- came in for particularly scathing
condemnation.

''The U.S. administration's double speak has been breathtakingly
shameless,'' the report said. ''It is unrepentant about the global web
of abuse it has spun in the name of counterterrorism.''

America's unique position on the world stage justified the criticism,
Khan said.

''If we focus on the U.S. it's because we believe that the U.S. is a
country whose enormous influence and power has to be used
constructively,'' she said. ''When countries like the U.S. are seen to
undermine or ignore human rights, it sends a very powerful message to
others.''

The U.S. Embassy in London declined to comment, saying it wanted to
study the report before formulating its response.

European countries were attacked for failing to challenge the U.S.
rendition scheme, while U.S. allies Britain, Australia, and Japan were
singled out for passing harsh new anti-terror or anti-immigration
laws.

Russia's crackdown on journalists also attracted Amnesty's ire, as did
the deteriorating human rights situation in Zimbabwe. Above all other
concerns, though, was the continuing violence in Darfur, which Khan
called ''a bleeding wound on world conscience.''

''The authoritarian drift in Russia has been devastating for journalists
and human rights defenders,'' the report said, noting the assassination
of journalist Anna Politkovskaya and new laws clamping down on
rights organizations.

The report also criticized China's role in shielding Sudan from U.N.
action, saying that the Chinese
government and companies showed little regard for their ''human rights
footprint'' on the African continent.

But the weakened moral authority of those pushing for international
intervention was also to blame, Khan said.

''On the one hand distrust, and on the other hand double dealing has
made the U.N. Security Council dysfunctional on Darfur,'' she
said.

The report did sound some positive notes, saying that a change of the
political guard in the United States, and the growth of informal
networks of activists were grounds for hope.

Khan compared Amnesty's struggle to the fight against climate change

''Just as global warming requires global action based on international
cooperation, the human rights meltdown can only be tackled through
global solidarity and respect for international law,'' she said.

Haitian Ex - Paramilitary Leader to Stand Trial

May 22, 2007

By REUTERS

NEW YORK (Reuters) - A Haitian former paramilitary leader accused of
rape and murder in Haiti will stand trial in New York for mortgage
fraud, a state judge ruled on Tuesday after a human rights group argued
he could escape justice if he were to return to Haiti.

Emmanuel ``Toto'' Constant, 50, was to have served a reduced prison term
in return for pleading guilty in February to fraud and grand larceny.

But State Supreme Court Judge Abraham Gerges rejected that plea
agreement based on detailed information he recently received regarding
Constant's leadership role in the Front for the Advancement and Progress
of Haiti, known as FRAPH.

``These allegations, if true, are heinous, and the court cannot in good
conscience consent to the previously negotiated sentence,'' the judge
said in a written ruling. ``The court also cannot consent to time
served, as that would be a travesty.''

The judge set a trial date of September 24. If convicted, Constant faces
a maximum of 15 years in prison.

The Center for Constitutional Rights told the judge by letter that
Constant should not be deported but instead serve a full sentence for
economic crimes in New York because it was likely Constant ``could evade
justice in his home country'' for human rights violations.

The legal rights group said the ex-death squad leader of FRAPH, which
formed to undermine former Haitian President Jean-Bertrand Aristide, fled to New York in 1994 soon
after Aristide returned to power and issued his arrest warrant.

The group said Constant was a former paid CIA informant and had directly
conspired in the assassination of Aristide's Minister of Justice, Guy
Malary, but had been allowed to stay in the United States.

CAR: Hague Court Inquiry Focuses on Rapes

NY Times:

May 23, 2007

Hague Court Inquiry Focuses on Rapes
By LYDIA POLGREEN and MARLISE SIMONS

DAKAR, Senegal, May 22 - The prosecutor of the International Criminal Court in The Hague said Tuesday that he would investigate human rights violations committed during a brutal crackdown after a coup attempt in the Central African Republic in 2002 and 2003.

The investigation by the prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, will focus on at least 600 rapes, along with killings, beatings and other abuses reported during a five-month period after an unsuccessful revolt against the government of then-president Ange-Félix Patassé. The coup attempt was led by François Boizize, a general who ultimately seized power in 2003 and remains president.

The investigation is unique in that it focuses primarily on rape rather than on killings. Sexual violence has been a prominent feature of many conflicts in Africa in the past 15 years, and countless thousands of women have been raped in conflicts in Liberia, Sierra Leone, Congo, Sudan, Rwanda and Uganda, among other countries, but prosecutions for such crimes, except in Rwanda, have been rare.

"Rape is the most notorious issue here," said Mr. Moreno-Ocampo in a telephone interview. "There are killings, but there are four times more rapes than killings. We are talking about mass rapes, gang rapes, hundreds of cases that took place within a few days."

The investigation of abuses in the Central African Republic casts a spotlight on one of the least known parts of Africa, a landlocked country with a long history of coups and civil conflict, misrule and government brutality against citizens. Its porous borders and vast, lawless territory have made it a favored staging ground for rebellions from neighboring countries, including Chad, Congo and Sudan. As a result of these and homegrown conflicts, the country is flooded with weapons.

Human rights organizations in the Central African Republic and the government of Mr. Boizize have long said that Mr. Patassé's troops, aided by militias from neighboring Congo loyal to the warlord Jean-Pierre Bemba , terrorized civilians in areas around the capital, Bangui, in retribution for the coup attempt.

In late 2004, the Supreme Court of the Central African Republic referred the case to the International Criminal Court because it said it did not have the means to prosecute those responsible for the attacks on civilians.

Edith Douzima, a lawyer and human rights advocate in Bangui, praised the announcement, saying that rape had been used for too long "as a weapon of war wielded with impunity." But she also said the court had taken too long to begin its investigation.

"We have been waiting a long time for this day," Ms. Douzima said. "Too long."

Some human rights advocates had been critical of the delay - about two and a half years - before the prosecutor announced his decision.

Mr. Moreno-Ocampo said that his office had to make sure there were no other overlapping investigations by local courts, and that his own analysts had to assess the credibility of the crime reports reaching his office.

He said initial investigations indicated that the mass rape was the result of an organized campaign.

"There were several months of crimes, killings, lootings, but there was a peak of rapes in a few days," he said. "This will be our biggest challenge, to prove that someone was authorizing them or giving instructions."

The case was complex, he said, because his office would "not prosecute the rapists themselves," but the person or people issuing the orders or organizing the campaign. The International Criminal Court seeks to prosecute the leaders most responsible for grave human rights violations when national courts are unwilling or unable to do so at home.

United Nations workers in the area and investigators for human rights groups provided hundreds of statements, which were very valuable, Mr. Moreno-Ocampo said. But his own team of investigators will now have to start an official inquiry into the crimes, including killings, lootings and the large-scale rape, which he expects will take 18 months.

Lydia Polgreen reported from Dakar, and Marlise Simons from Paris.

Jordan's Queen Noor pressures Bosnia over missing persons

Agence France-Presse
22 May 2007

SARAJEVO, May 22 (AFP) -- Queen Noor of Jordan on Tuesday urged
greater commitment in the search for thousands of people missing
since Bosnia's 1992-95 war.

At a meeting with Bosnian Prime Minister Nikola Spiric in the town
of Mostar, Queen Noor, a commissioner of the International Commission
on Missing Persons (ICMP), expressed her disappointment over the lack
of progress in making a Missing Persons Institute (MPI) functional,
the ICMP said in a statement.

"Today, almost two years after the signing of the agreement...and
despite the fact that the Directors of MPI have been appointed and
the budget approved, the Institute is still not fully functional",
the statement quoted Queen Noor as saying.

Bosnian authorities agreed with the ICMP nearly two years ago to merge missing persons' commissions of the country's two ethically divided parts into one body, the MPI.

However, they have since failed to agree on the appointment of
generally acceptable candidates to the management bodies of the MPI, which is hoped to speed up exhumation and identification of the missing as well as to de-politicize the search for the mass graves.

Spiric pledged to "undertake all necessary measures to resolve this issue as soon as possible."

Bosnia's 1992-1995 war split the country into two highly autonomous entities -- the Serbs' Republika Srpska and the Muslim-Croat Federation, handing each entity its own government, parliament and police.

There are still more than 13,000 people missing from the Bosnian war which claimed some 200,000 lives.

The Bosnia-based ICMP was set up in 1996 with the aim of assisting
tens of thousands of families hoping to find out what happened to their relatives who disappeared during the 1990s wars in the former Yugoslavia.

Burundi, UN agree on truth commission, tribunal

Reuters
23 May 2007

Burundi, UN agree on truth commission, tribunal
By Patrick Nduwimana

BUJUMBURA, Burundi, May 23 (Reuters) -- Burundi has agreed to set up
a truth and reconciliation commission and a tribunal to try people who committed crimes during the central African nation's 12-year civil war, the United Nations said on Wednesday.

Louise Arbour, the U.N. High Commissioner for Human Rights, said Burundi would set up the two bodies soon and that the government had agreed
not to give amnesty for war crimes, genocide, crimes against humanity
and other serious violations.

"I think this is an important element in the process of peace, justice
and reconciliation in Burundi," Arbour said at a news conference at the end of her five-day visit to Burundi.

The coffee and tea-growing central African nation is emerging from
the ashes of civil war that began in 1993 and killed more than 300,000
in a clash between rebels from the Hutu majority against the dominant Tutsi minority.

Analysts say one of the biggest tests for President Pierre Nkurunziza's government is whether it will carry out a thorough reconciliation process, which is likely to implicate some of its allies and perhaps senior officials.

Nkurunziza himself was a Hutu rebel leader.

"The country needs a more reinforced justice system that will inspire confidence in the population that impunity is eradicated, that they
can turn to their state institutions for protection and reparation," Arbour said.

Even since Nkurunziza took power in August 2005 after his election, the culmination of a U.N.-backed peace plan, Burundian security agents have been implicated in assassinations, torture and extrajudicial killings.

The truth commission and the tribunal will be set up after national consultations to be led by a nine-member panel with three members each from the government, the United Nations and civil society groups.

Arbour said negotiations were still ongoing as to how the two bodies
would work together, and on the scope of freedom and authority the tribunal's prosecutor would have.

"The United Nations advocates of course a large degree of independence
for the prosecutor to conduct inquiries," she said.

Donors are meeting in Burundi on Thursday and Friday, and the watchdog Human Rights Watch this week urged them to make ending impunity a condition of aid.

Arg - Presentación libro Miguel Angel Bustos 29-05-07

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN
“FLOREAL GORINI”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Miguel Angel Bustos. Prosa (1960/1976)

Compilador: Emiliano Bustos
Martes 29 de mayo
19:00
Sala Osvaldo Pugliese

La presentación estará a cargo de Emiliano Bustos, Susana Cella, Daniel Freidemberg y Mariana Sverlij.

La rimbaudiana fórmula “místico en estado salvaje” con que lo describió Leopoldo Marechal dice bastante de la singularidad de Miguel Angel Bustos en el contexto de la poesía argentina. Cuando un grupo paramilitar irrumpió en su casa, el 30 de mayo de 1976, el de Bustos era un nombre bien conocido y valorado, pero la desaparición de su nombre y su obra que siguió a su desaparición física recién empieza a revertirse tres décadas después. Esta compilación de sus artículos y ensayos, llevada a cabo por su hijo, el poeta Emiliano Bustos, avanza en esa dirección, pero además cumple otra función develadora: hace surgir el rostro menos notorio –no opuesto sino complementario– del alucinado, el visionario, el “maldito”. Una cultura vastísima, una sed de conocimiento y de experiencia estética capaz de sustentarse en obras muy diversas y hasta inconciliables, una inteligencia siempre alerta y una vinculación casi natural y nada mecánica entre la inquietud política y las aventuras del espíritu, a través de una prosa bella y eficaz, dan por resultado un libro de impresionante vigencia y apasionante lectura, que al mismo tiempo permite recorrer algunos de los más candentes núcleos de interés de un momento particularmente intenso de la cultura en este país.

Emiliano Bustos nació en Buenos Aires en 1972. Es poeta y dibujante. Publicó Trizas al cielo (1997) mediante un subsidio a la creación de la Fundación Antorchas, Falada (2001) y 56 poemas (2005). Poemas, artículos y dibujos suyos fueron publicados en diversas revistas de Buenos Aires. Asimismo, participó de los volúmenes colectivos Por Tuñón (Ediciones del CCC, 2005) y Tres décadas de poesía argentina, 1976-2006 (Libros del Rojas, 2006). Compiló y prologó la obra en prosa de Miguel Angel Bustos (Ediciones del CCC, 2007). En 2005/ 06 escribió los textos de catálogo de la Línea Joven de Artes Plásticas del Fondo Cultura BA. Participó del VIII Festival Internacional de Poesía de Rosario (2000), del II Festival Latinoamericano (Salida al mar, 2005) y de las Lecturas de Primavera en Buenos Aires (2006). Además, estudió dibujo con Hermenegildo Sábat, participó en muestras colectivas e ilustró las Fábulas Fantásticas de Ambrose Bierce (Errepar, 2000)

Organiza Departamento de Ediciones.


Agradecemos la difusión de esta información.
Cecilia Balaguer - prensa@centrocultural.coop - 5077-8016
Maura Lacreu - mlacreu@centrocultural.coop - 5077-8387

Post-9/11 Renditions: An Extraordinary Violation of International Law

Some say lack of due process in kidnappings and detention at secret prisons amounts to war crimes

By Michael Bilton
International Consortium of Investigative Journalists

PORTSMOUTH, England — A plane lands in darkness and is directed to a far corner of an airfield, well out of public view. A group of men described as "masked ninjas" — wearing black overalls and hoods with slits for their eyes, nose and mouth — descend the aircraft steps and make their way to a nearby airport building. Inside a small room the detainee is waiting under armed guard, perhaps already blindfolded. He is immediately hooded as a process known as a "twenty-minute takeout" begins. Soon he is aboard the plane, on his way to another country to be harshly interrogated and possibly tortured.

That is what happened to two Egyptian asylum seekers in Sweden on December 18, 2001, and to numerous other terrorist suspects since the September 11, 2001, attacks on the World Trade Center and the Pentagon. Events like this rarely happened before 9/11, but many sources claim that the CIA began frequent use of the practice almost immediately afterward. Now its pattern is familiar and so is its odd name: "extraordinary rendition."

The United States has never acknowledged such renditions, but the CIA's activities have been extensively studied and documented by European and other governments, as well as organizations that monitor human rights violations. One such inquiry, by Sweden's parliamentary ombudsman, was set in motion when the Egyptian asylum seekers were swept away — and Sweden landed in hot water with the United Nations Human Rights Committee.

Extraordinary rendition may be a new term, but it is not a new practice — the English did it in the 17th century, shipping prisoners to Scotland to be tortured. Secret prisons are not a recent invention either. Britain ran such a camp holding Nazi prisoners at Bad Nenndorf, Germany, after World War II. Evidence of ill treatment there was kept secret for 60 years. America also had a secret postwar camp known only as "P.O. Box 1142" at Fort Hunt next to the Potomac River in Virginia just outside of Washington, D.C. There, former U.S. interrogators have now disclosed, more than 3,400 Nazi prisoners were kept "off the books" in violation of the Geneva Conventions while they were interrogated about vital technical intelligence that could be useful to America.

In the 1980s and 1990s, the United States captured terrorist suspects overseas and "rendered" them back to the U.S. or to a third country to face trial. The CIA's extraordinary renditions reported to have occurred after 9/11 are quite different. What makes them extraordinary is that there is no judicial proceeding or due process of law; after the kidnapping, terrorist suspects simply disappear into a system of secret prisons for long-term detention and interrogation, sometimes accompanied by torture.

Human rights advocates and some legal scholars argue that extraordinary renditions are violations of international law, with some characterizing them as war crimes. For example, Professor Jordan J. Paust of the University of Houston, a former U.S. Army lawyer who is an expert on international law, has presented a formal analysis asserting that U.S. government leaders and those who planned or took part in extraordinary renditions could be prosecuted for committing war crimes.

The program began after the 9/11 attacks; within a week, President Bush signed a classified presidential "finding" authorizing an unprecedented range of covert operations, including capturing terrorists in foreign nations and what the Washington Post characterized as "the expenditure of vast funds to coax foreign intelligence services into a new era of cooperation with the CIA." A portent of what was about to be unleashed came when Vice President Cheney said on NBC's "Meet the Press," "We also have to work, though, sort of the dark side, if you will. We've got to spend time in the shadows of the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion."

Foreign intelligence services — including those inside the European Union — worked closely with their CIA counterparts in hunting those suspected of planning the 9/11 attacks or being al Qaeda members. According to journalist Stephen Grey's respected chronology of known renditions before and after 9/11, terrorist suspects were being picked up under the new programs within weeks of the planes crashing in New York, Pennsylvania and Virginia. Reports indicate that these men were tracked down, handed over to CIA special operations teams and then flown to secret detention centers where harsh techniques were used in their interrogation.

This article examines three thoroughly documented extraordinary renditions.
Sweden criticized by U.N. panel

Soon after 9/11, Swedish security police lodged objections to applications for asylum from two Egyptians, Ahmed Agiza and Mohammed El Zari. Even before the Swedish government officially decided to return them to Egypt, a report by the Swedish ombudsman relates that the CIA offered use of an aircraft so the men could be expelled the moment a formal order was issued.

According to this report — which was based in large part on interviews with and documentation provided by Swedish security officials — at midday on December 18, 2001, CIA officials told their Swedish counterparts there would be no room on the plane for the Swedish security police. When the Swedes objected, the CIA relented but insisted that a security check would have to be conducted on the two detainees at Bromma Airport near Stockholm. That being Swedish territory, the Swedes believed they were in charge of the deportation of two men from their country. It did not turn out that way.

A few hours after the expulsion order was official, the men were arrested. They arrived at Bromma about 8:30 p.m. Swedish counterterrorism officers and CIA officials were present, along with the security police.

"Just before 9 p.m. the American plane touched down," according to the ombudsman's report, "Officer Y went to speak to the occupants of the plane. These included, in addition to its crew, a security team of seven or eight, among them a doctor and two Egyptian officials. Officer Y informed the American officials that A. [Agiza] and E.Z. [El Zari] were waiting in the vehicles parked in front of the police station [at Bromma Airport] and the Americans were taken to them.

"The security team, all of whom were disguised by hoods around their heads, then went up to the vehicles in which A. and E.Z. were sitting. One of the men was taken first to the police station by the team. Inside the station, in a small changing room, the American officials conducted what they had referred to as a security check.

"According to reports, a doctor was present in the changing room. When the check had been completed, the second man was sent for and the same procedure repeated.

"The inquiry has revealed that this security check comprised at least the following. A. and E.Z. were subjected to a body search, their clothes were cut to pieces and placed in bags, their hair was thoroughly examined, as were their oral cavities and ears. In addition they were handcuffed and their ankles fettered, each was then dressed in an overall and photographed. Finally loose hoods without holes for their eyes were placed over their heads. A. and E.Z. were then taken out of the police station in bare feet and led to the aircraft.

"In addition, K.J. lawyer has reported that E.Z. said that the security team had forced him to lean forwards in the changing room and he had then felt some object being inserted into his anal cavity. Afterwards he was equipped with a diaper. According to K.J., E.Z. then felt calmer, as if 'all the muscles in his body were slack.' E.Z. was, however, fully conscious for the entire journey. K.J. has added that E.Z. was blindfolded and placed in a hood and also forced to lie in an uncomfortable position on board the aircraft. …

"According to … witnesses, the security team conducted the security inspection rapidly, efficiently and professionally. The members of the team did not speak to each other but communicated using hand signals. …"

A Council of Europe inquiry obtained data from Eurocontrol, the European air traffic control agency, showing that the aircraft involved was a Gulfstream 5 executive jet with the call sign N379P, owned by Premier Executive Transport Services. The plane had set out on a prearranged two-day trip from the United States to board the two detainees in Sweden, take them to Egypt and then return to the U.S. after a brief refueling stop in Scotland.

This Eurocontrol data indicated that the executive jet that day covered many thousands of miles. It took off from Dulles International Airport during the early hours of December 18, flew direct to Cairo and collected two Egyptian officials; after refueling, it immediately headed for Sweden. The plane was on the ground at Bromma for just 65 minutes before heading back to Egypt.

According to the Swedish ombudsman's report: "Just two representatives of the Security Police were on board the plane: officer Y and the civilian interpreter. The original intention had been for three people to accompany the plane to Egypt but late in the day they were informed by the captain of the plane that there was only room for two from the Swedish Security Police. A. and E.Z. were placed at the rear of the plane, each lying on a mattress to which they were strapped. Their handcuffs, ankle fetters and hoods were not removed during the flight to Egypt.

"The transport log drawn up by officer Y contains the following entry: 'They were kept under observation for the entire time and the guards were changed every other hour. The doctor in the escort inspected them all the time. … [T]he body-search at the airport and the use of handcuffs and fetters was at the express order of the captain of the aircraft. In addition, it was noted that the explanation for requiring A. and E.Z. to wear hoods was that this was a policy that had been laid down on the basis of the events of September 11, 2001, about the transport of deportees with terrorist links.

"At about 3 a.m. the plane landed at Cairo. A. and E.Z. disembarked and were received by Egyptian officials. They were then driven off in a transit bus."

Despite Egypt's diplomatic assurance to Sweden that the two men would be treated humanely, Human Rights Watch says, based on testimony subsequently given by one of the two men, that they were subsequently tortured. U.N. Committees later decided Sweden had violated the Geneva Conventions by sending the men to Egypt.

"Egypt's promise not to torture was a mere fig leaf for the Swedish authorities," said Holly Cartner, Europe and Central Asia director at Human Rights Watch, an independent non-governmental advocacy organization. "Transferring people to countries where they face torture violates international law, regardless of what empty promises a country gives… The U.N. committee noted that Egypt had a well-documented history of torture abuses, especially when dealing with terrorism suspects. It said that Egypt's routine use of torture, in combination with interest in Agiza by the U.S. as well as Egypt, should have led to a 'natural conclusion' that he was at risk of torture upon return."

Egypt — a key ally of the United States — has long been the second-largest recipient of U.S. foreign aid, after only Israel. Its secret police are notorious for their brutality during interrogations. The U.S. State Department noted in a 2002 human rights report their frequent torture of prisoners, during which people were stripped, blindfolded, suspended from the ceiling or door frame with their feet just touching the floor; beaten with whips, fists, metal rods; subjected to electric shocks; and doused with cold water.
Canada apologizes to citizen

Canadian citizen Maher Arar was born in Syria in 1970 and emigrated to Canada as a teenager, settling in Montreal. In September 2002, he visited Tunisia with his family and was returning home to Canada via the United States. At New York's Kennedy International Airport he was arrested, strip-searched and then held in an immigration detention center for 12 days. On October 8, he was told he was being deported to Syria. Shackled, he was taken to New Jersey, put on an executive jet and flown to Jordan. The next day, blindfolded, he was driven across the border to Syria and taken to Far Falestin, the notorious detention center run by the Syrian military intelligence.

Witnesses to a Commission of Inquiry in Canada testified what they and Arar experienced in Far Falestin: "[They] closed the cell door. It was like a grave, exactly like a grave. It had no light. It was three feet wide. It was six feet deep. It was seven feet high." Arar told the Commission he met the person he later discovered was the head interrogator, identified as George Salloum, and gave this account:

Salloum introduced him to "the chair" — a torture device capable of breaking a detainee's back. Arar could hear fellow prisoners screaming with pain. Soon he was receiving the same treatment. He was beaten about his body, four lashes with a two-foot-long electric cable that had been shredded. Then he was asked questions. The torture would stop and start, getting worse and worse. He admitted being trained by al Qaeda in Afghanistan only because he had decided to "say anything" necessary to avoid torture. He was constantly warned that "tomorrow will be worse." He slept only two or three hours a night, on a cold concrete floor, known to his guards only by his cell number: Two.

Arar reported that he and other detainees were doused with cold water and had the soles of their feet beaten with thick black plastic cables. Another detainee told investigators that he was ordered to undress, except for his underwear. Interrogators then poured cold water on his body while he stood. He was then laid on the floor and, as interrogators trained a fan on him, more cold water was poured over him. They asked him to raise his legs from the knee and started beating him with black rubber cables.

Arar confessed to membership in al Qaeda, even though the Canadian Commission of Inquiry subsequently found that he had absolutely no connection with the organization or terrorism. After 10 months and 10 days of detention, he was transferred to Sednaya Prison, also in Syria, where he reported that conditions were "like heaven" compared with Far Falestin. On October 5, 2003, he was released from custody after signing a "confession" given to him by a Syrian prosecutor. He has since been awarded $8.9 million in damages (and an official apology) by the Canadian government but remains on a U.S. terrorist watch list.
How the CIA's cover was blown

The aircraft used to transfer detainees from one country to another were supposed to be part of a clandestine CIA operation, but a sloppy mistake blew their cover and helped European investigators create a comprehensive record of renditions.

One frequently used aircraft was Gulfstream N379P, whose trips included delivery of Agiza and El Zari to Egypt. The company that owned it, Premier Executive Transport Services, was a CIA front whose officers had post office box addresses where 325 fictitious names also were registered. The plane's connection began to emerge when another of its renditions got under way at 2:40 a.m. on October 23, 2001, at a little-used terminal at Karachi International Airport in Pakistan.

A 27-year-old Yemeni man, Jamil Qasim Saeed Mohammed, had been apprehended by the Pakistan intelligence service, Inter-Services Intelligence (ISI). He was taken blindfolded and in chains to be handed over to the CIA. Suspected of involvement in the 2000 bombing of the USS Cole in Yemen, he had been reported missing for three weeks from Karachi University, where he was studying microbiology. He was flown from Pakistan to Jordan and then promptly disappeared.

What gave this transfer significance was the clumsy way in which it was handled. According to Pakistani sources, an airport official at the Karachi airport demanded a landing fee from the CIA plane. The crew refused. ISI agents then instructed airport staff that they would pay the fees, and the plane took off. But the incident created a minor stir that drew attention to the Gulfstream, which had been tucked away in a quiet corner of the airport so as not to be conspicuous.

On October 26, 2001, Masood Anwar, a Pakistani journalist with The News in Islamabad, wrote how Mohammed claimed he had been flown out of the country aboard a plane bearing tail number N379P. Those details ricocheted via the Internet among spy-hunters, bloggers and plane-spotting enthusiasts curious about precisely how the newly declared war on terrorism was being conducted.

Research by human rights groups, journalists and European governments subsequently revealed that the CIA had operated some 30 aircraft disguised by the use of companies like Premier Executive Transport Services and in other ways. Other aircraft were leased to operating companies and their subsidiaries. Eurocontrol data showed that 32 such aircraft made at least 1,245 stopovers in the various European countries.

Dozens of flights went to Guantánamo Bay, Cuba, where the U.S. was detaining terrorism suspects. European investigators believed many of the flights were for extraordinary renditions. Eurocontrol data show the CIA planes made the following stopovers between October 2001 and the end of 2005: 76 in Azerbaijan; 72 in Jordan; 61 in Egypt; 52 in Turkmenistan; 46 in Uzbekistan; 40 in Iraq; 40 in Morocco; 38 in Afghanistan; and 14 in Libya.

http://www.publicintegrity.org/MilitaryAid/report.aspx?aid=855

Chechnya authorities kidnap with impunity -Amnesty

23 May 2007 11:26:54 GMT

MOSCOW, May 23 (Reuters) - Russian forces kidnap and torture people with impunity in Chechnya despite Kremlin assurances the southern region is returning to normal after a separatist war, rights group Amnesty International said on Wednesday.

Chechen rebels and Russia's military have fought two wars since 1994, devastating much of the region and its capital Grozny, once the largest city in the north Caucasus. The rebels have now been driven back into mountain hideouts.

In a 22-page report entitled: "What justice for Chechnya's 'disappeared'?" Amnesty wrote that the number of disappearances had dropped but that kidnappings were still commonplace.

"The incidence of 'temporary' disappearances, when individuals are arbitrarily detained and held in incommunicado detention while the authorities deny knowledge of their whereabouts, is high," Amnesty said.

"During the incommunicado detention the individuals are at a very high risk of torture and other ill-treatment in order to extract a 'confession'."

Amnesty's investigation adds to the growing pile of reports from international groups which insist Chechnya is still riddled with kidnappings and torture, challenging the official line that the rule of law has been re-established in Chechnya.

Human rights groups accuse Chechen president Ramzan Kadyrov -- a 30-year-old former rebel and boxing fan -- and militia groups which swear allegiance to him of some of the murders and kidnappings.

He has always denied the allegations and has promised to pursue anybody suspected of involvement in abuses.

Federal soldiers and rebels have also kidnapped and murdered people, Amnesty said, but although the Chechen authorities have investigated kidnappings there have been virtually no convictions.

"Impunity for human rights abuses has prevailed," Amnesty said. "The authorities have failed in virtually all cases to investigate and prosecute the serious human rights violations."

Amnesty said the second war, which started in 1999, has killed around 25,000 people and turned thousands more into refugees. Human rights groups say that up to another 5,000 people are missing.

Today cranes tower over Grozny, workmen plaster concrete onto walls and university students stroll to lessons in freshly painted classrooms. Money has poured into Chechnya but the war and its scars are not hard to find.

Shelled apartment buildings litter the outskirts of Grozny and rebels hide out in the mountains. They launch attacks and bombs which kill policemen and soldiers every week.

Arg - Presos de la dictadura reconocieron los centros de detención clandestina

Víctimas del último proceso militar de la Argentina, reconocieron el pasado jueves los lugares en donde estuvieron detenidos y fueron torturados. Fue en el marco de la causa iniciada por denuncias del ex suboficial del Ejército Angel Panetta y que está a cargo del juez Federal Carlos Soto Dávila

Durante el jueves de la semana pasada en la ciudad de Goya, varias personas que estuvieron presas ilegalmente durante la última dictadura militar, reconocieron los lugares de detención en los que fueron torturados. Así, "la casa de los Murciélagos", (casona abandonada en un predio que era propiedad de la Policía provincial, en el Puerto Boca), el Regimiento de Ingenieros 7 y el ex campo Hípico formaron parte del recorrido.

Esto se dio en el marco de la causa "Panetta Angel Vicente S / Denuncia Expediente Nº 577/05" a cargo del juez Federal de Corrientes, doctor Carlos Soto Dávila.

En ese marco, el magistrado ordenó la inspección judicial a los lugares sindicados como centros de detención durante la nefasta época, como parte de los avances de la causa que aún está en la "etapa instructoria".

El abogado querellante en representación de la familia de los desaparecidos Abel Arce (cumplía el servicio militar) y Elida Goyeneche (era docente y fue secuestrada en el Club Doña Goya), Juan Rajoy, explicó que la investigación se inició en 2005 con las denuncias de Angel Vicente Panetta, un ex suboficial del Ejército que prestaba servicios en el Regimiento Ingenieros 7 durante la dictadura, quien narró en esa oportunidad algunos hechos de los cuales fue testigo.

Estas precisiones fueron brindadas por Rajoy, que también estuvo en el itinerario. Por su parte, el letrado Ramón Leguizamón, quien colabora en la Capital correntina con la investigación, precisó que "algunas personas reconocieron los lugares donde permanecieron detenidas, e incluso dieron nombres de algunos de los torturadores".

Además, Leguizamón detalló que se tomaron fotografías y se adjuntaron los planos de los edificios a la investigación. "Varias diligencias serán evaluadas e incorporadas al expediente, y a partir de allí seguramente el juez citará a declarar a los involucrados".

En ese sentido, reveló que ellos son militares del Ejército, y miembros de otras fuerzas de seguridad como Policía y Prefectura. "Se nombró a personas que ya están incluidas en la causa, por lo cual, estas afirmaciones materializan y objetivizan las suposiciones. Ahora les tendrán que tomar la declaración indagatoria", detalló.

Asimismo, Leguizamón informó que entre las personas que realizaron el recorrido se encontraban el matrimonio Bello, el Padre Arroyo, el señor Pezzelatto, el juez Federal Soto Dávila, el secretario Penal y el secretario de Derechos Humanos del Juzgado, y personal de Gendarmería Nacional que se encargó de la parte técnica (fotos, planos, etc.).

En tanto que Rajoy consideró muy positiva la inspección, teniendo en cuenta que a partir de ahora "se espera la opinión del fiscal, que en base a los informes podría tomar medidas para que avance la instrucción".

También aclaró que si bien aún no hay procesados, hay muchos militares que pertenecían "a las que en ese entonces eran las fuerzas conjuntas (Policía de Corrientes, Policía Federal, Prefectura), que sí están imputados por la desaparición de personas, apremios ilegales y torturas".

http://www.mega24.com.ar/enlace.php?idn=20554

Arg - "Pretenden hacer creer que Bussi era como Heidi"

Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que el represor Antonio Bussi no podía desconocer que funcionaba un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hoy el militar se encuentra detenido.

"Bussi y su defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, trabajan en hacer creer que los dictadores despóticos eran Heidi".

Así lo aseveró , Lobo Bugeau, quien en la actualidad asesora a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en las más de 500 causas en la que está imputado el represor por su actuación durante la última dictadura militar. Lobo fue el primer secretario de Derechos Humanos de Tucumán, en los inicios de la asminisstración del gobernador José Alperovich.

Lobo Bugeau insistió en que "es inverosímil que Bussi, que se desempeñó como comandante de la V Brigada de Infantería e interventor militar de Tucumán desde diciembre de 1975 hasta diciembre de 1977, desconociera la instalación, organización, funcionamiento y jerarquía de los mandos a su cargo en los centros clandestinos de detención".

"El poder estaba concentrado en su persona como comandante de la región. Se había cerrado la Legislatura y secuestrado a su presidente (Dardo Molina,que permanece desaparecido), y se controlaba al Poder Judicial y quienes no compartían estrambóticos instrumentos eran echados de la magistratura", manifestó a la prensa el letrado.

Durante esta semana, el juez federal Jorge Parache debe resolver la situación procesal de Bussi en la causa Arsenal Miguel de Azcuénaga que reune unos 60 casos de víctimas del Terrorismo de Estado y en la que ha sido imputado el delito de genocidio. El represor ya está procesado en media docena de otros expedientes por violaciones a los derechos humanos.

La semana pasada Parache se trasladó hasta el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde Bussi cumple la prisión preventiva, para indagarlo en el lugar -porque el militar retirado tiene problemas cardíacos.

Desde el 16 de marzo de 2006 Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado) también se aloja allí. .

Sobre los dos militares retirados pesa una media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, teniendo en cuenta que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.

http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=746

Arg - Un represor pasó de la cárcel a su casa

El fiscal también interpuso un recurso de apelación contra la sorpresiva resolución.

Sin haber recibido una notificación oficial, el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, se enteró por casualidad de que el represor Luis De Cándido fue trasladado del penal de Villa Urquiza a su domicilio particular. Por ello, le solicitó al juez federal Nº1, Jorge Parache, que le remita su resolución en la que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. De Cándido está procesado desde 2004 en la causa por las desapariciones de los hermanos Marta y Rolando Coronel.

Sorpresa y media. Creía que el represor Luis Armando De Cándido seguía alojado en el penal de Villa Urquiza pero por casualidad se enteró de que en realidad estaba gozando de las comodidades de su domicilio particular. Esto le sucedió al fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, quien aseguró en un escrito que nunca fue notificado de esta medida judicial que fue tomada por el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache.

En un escrito que le presentó ayer al magistrado, Ferrer dijo que a través de un informe del médico Carlos Posse se enteró de que el interno De Cándido “no se encuentra” alojado en el penal de Villa Urquiza, sino que cumple arresto domiciliario desde el 14 de diciembre de 2006. “Esta es la primera noticia que tiene este Ministerio Público sobre el cambio en la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva de De Cándido, ya que nunca me fuera notificada la resolución que así lo ordenara”, expresó el fiscal al mismo tiempo que solicitó en forma urgente la resolución de Parache que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. Inclusive, ese informe médico se realizó en el marco de otra causa, la de Alicia Cerrota de Ramos

De Cándido fue agente del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán durante el último gobierno militar. Fue detenido y desalojado en julio de 2004 de la vivienda que había usurpado ubicada en calle Chacabuco al 400 y luego fue procesado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio con alevosía, asociación ilícita y usurpación de la vivienda de Marta y Rolando Coronel, desaparecidos en mayo de 1977, durante la última dictadura militar.

En su planteo, Ferrer también dejó en claro su disconformidad e interpuso un recurso de apelación contra la resolución que hubiera modificado la modalidad de la prisión preventiva de De Cándido al aclarar que adolece de nulidad absoluta. “Planteada la apelación en contra de cualquier resolución jurisdiccional, aclaro que me veo impedido de motivarlo exhaustivamente por la falta de conocimiento de los argumentos (¿edad...enfermedad terminal en etapa de desenlace...?) que fundaron la resolución impugnada”, agregó dejando traslucir su malestar al tratarse de personas que están “reprochadas de ser responsables de delitos de lesa humanidad”.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34717

Arg - Se define el futuro procesal de represores

Durante esta semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, podría resolver la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. El 24 de mayo deberá presentarse ante Parache Ernesto Rivero.

Chl - Familiares de Desaparecidos Dudan de Anuncios de Bachelet

SANTIAGO DE CHILE, 22 (ANSA)- Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile, puso hoy en duda que se concrete el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, quien respaldó una moción parlamentaria para declarar inaplicable la Ley de amnistía impuesta en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Ese decreto de amnistía garantizó impunidad a los violadores de derechos humanos y buscó la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, aunque no fue viable por la interpretación contraria de la Corte Suprema de Justicia.

"Hubiésemos querido escuchar que se va a poner suma urgencia al proyecto de ley para declarar que cesa la amnistía y la prescripción (de las violaciones a los derechos humanos) y que requiere quorum simple. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado", dijo Pizarro a ANSA.
"Reconocemos que la presidenta Bachelet, a diferencia de los otros presidentes de la Concertación, este tema de los derechos humanos no lo deja de lado, pero sentimos que siendo el segundo informe anual que entrega al país como mandataria se requerían precisiones más claras", añadió.
El plazo de "suma urgencia" demandado por Pizarro significa que el parlamento dispone de un mes para votar un proyecto que, de lo contrario, puede seguir en trámite indefinidamente.
Bachelet dijo ayer, ante el parlamento, que "apoyaremos la moción que declara inaplicable la amnistía y la prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

Arg - Se busca información sobre Carlos Soler

Carlos Soler hizo el servicio militar (clase 55) en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 6 con asiento en la ciudad de Neuquén. Un día en 1976 vino la policía a buscarlo, y sus compañeros no lo volvieron a ver. Sin embargo, no aparece en ninguna lista de desaparecidos.

Si Ud. conoce a Carlos Soler, por favor comuníquese con nosotros. Un compañero del servicio militar lo está buscando.

Crean banco ADN para identificar desaparecidos chilenos

Mayo 22, 2007

SANTIAGO, Chile | AP

El hasta hace poco desprestigiado Servicio Médico Legal (SML) creará un banco de ADN de los familiares de 1.195 detenidos desaparecidos políticos para poder identificarlos si aparecen, para utilizar nuevas técnicas y para tener material genético de los parientes más directos, que empiezan a morir.

El director del servicio forense estatal, Patricio Bustos, dijo en declaraciones publicadas el martes por el diario El Mercurio que las muestras se utilizarán para trabajar en las osamentas que guardan en sus laboratorios y para volver a identificar a más un centenar de restos de detenidos desaparecidos que el SML identificó erradamente.

Dijo que también conservarán material genético incluso de los familiares de víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) de quienes no existen causas en los tribunales, para el caso de que se encuentren restos, puedan ser comparados con los de personas que pudieran estar fallecidas.

La dictadura dejó 3.197 opositores muertos, de los cuales 1.200 desaparecieron después de su detención por agentes de organismos represivos.

El SML exhumó 126 osamentas de detenidos desaparecidos de una fosa común del Cementerio General, y después de identificar a 96 se las entregó a sus familiares que las volvieron a enterrar, entre 1993 y 1995.

Sin embargo, y ante sospechas que se fueron acumulando, en abril del 2006 el servicio admitió sus errores. Reconoció que identificó mal a 48 personas, y en forma dudosa a otras 37. Treinta más nunca las pudieron identificar.

El hecho remeció a la opinión pública y se convirtió en una de las primeras crisis que tuvo que enfrenar la presidenta Michelle Bachelet, que virtualmente intervino el SML e hizo que expertos forenses realizaran una auditoría.

Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo al diario electrónico El Mostrador que entregarán las muestras porque el solo hecho de que hayan venido dos veces a nuestros país estos expertos, es una tranquilidad para nosotros.

El SML recibió una fuerte cantidad de recursos para adquirir equipos nuevos, crear nuevas unidades de investigación y actualizar los conocimientos de su personal.

Arg - El represor Pernías pidió a la Justicia que cite a declarar a más ex almirantes

El ex capitán de la Armada formuló su pedido al ampliar nuevamente su declaración indagatoria por la “magacausa ESMA”, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En su último testimonio, había dicho que "nadie hacía lo que quería" y que todo lo actuado fue "obedeciendo órdenes”.

El detenido represor Antonio Pernías pidió hoy a la Justicia que cite a declarar a ex almirantes de esa fuerza en el marco de la causa en la que está procesado por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

Pernías formuló el pedido al ampliar nuevamente su declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres quien interviene en la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y posterior nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

Fuentes allegadas a la causa indicaron que el ex capitán de la Armada le solicitó al juez que convoque, como testigos, a los ex almirantes Edgardo Aroldo Otero, Argimio Fernández y Eduardo Girling y a una docena de sobrevivientes, entre ellos Juan Gasparini, Sara Solarz de Osatinsky y Beatriz Daleo.

El listado completo de testimonios propuestos incluye, además, los nombres de los sobrevivientes Elbio Vasallo, Ana María Martí, Martín Tomás Gras, María Amalia Larralde, Miguel Angel Lauletta, Ricardo Héctor Coquet, Silvia Labayru, Andrés Ramón Castillo y Marisa Mounier.

A efectos de ampliar su indagatoria Pernías fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, desde el apostadero naval de Río Santiago, donde cumple prisión preventiva (confirmada por la Cámara Federal) por un centenar de hechos.

Las fuentes dijeron que el represor entregó al juzgado memorandums de la fuerza según los cuales, entre 1976 y 1981, "efectivamente se impartieron cursos de lucha contra la subversión" de los que "se hizo participar a la mayor cantidad posible de personal, con la finalidad de enfatizar el carácter general de esta capacitación".

La indagatoria de Pernías fue solicitada por su defensor Juan Aberg Cobo (h) en la "megacausa ESMA" y en los legajos correspondientes al secuestro del escritor y periodista Rodolfo Walsh y en la desaparición de las monjas frances Leonnie Duquet y Alice Domont.

Los pedidos de ampliación de indagatorias (que incluyeron el del destituido capitán Alfredo Astiz, quien declaró el 7 de marzo último) se efectuaron a poco de que se conociera el pedido del fiscal Eduardo Taiano para que la causa se eleve a juicio oral, en lo que los observadores calificaron como una medida tendiente a postergar el debate.

No obstante fuentes tribunalicias dijeron a Télam que las declaraciones "no interrumpen" el trámite de las diligencias previas a la remisión del expediente al Tribunal Oral en lo federal Cinco que será el que deberá tramitar la causa por el secuestro del escritor.

El 6 de marzo último, Pernías declaró durante aproximadamente cinco horas, circunstancia en la que afirmó que en la Armada "nadie hacía lo que quería" y que todo lo actuado fue "obedeciendo órdenes" aunque sostuvo no haber participado del secuestro de Walsh e ignorar si había estado secuestrado en la ESMA.

En esta causa el 13 de febrero último el fiscal Taiano pidió la elevación a juicio de Astiz, Pernías, Jorge "El Tigre" Acosta, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, el Prefecto Héctor Febres, el mayor del Ejército Julio Coronel, el comisario Ernesto Weber y el penitenciario Carlos Generoso.

En un dictamen de 130 páginas, al que Télam tuvo acceso, Taiano detallló el funcionamiento del "centro clandestino de detención, torturas y exterminio" que funcionaba en la ESMA y al que fue trasladado Walsh luego de haber sido herido y secuestrado en el barrio porteño de San Cristóbal, el 25 de marzo de 1977.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62915&id=151165&dis=1&sec=1

The CIA's latest "ghost detainee"

New details confirm a CIA prisoner disappeared in U.S. custody for months, renewing suspicions the agency could be violating the law and using torture.

By Mark Benjamin

May 22, 2007 | WASHINGTON -- In late April the Pentagon announced with fanfare that Abd al-Hadi al-Iraqi, a former top advisor to Osama bin Laden, was in custody at the military prison at Guantánamo Bay, Cuba. Although al-Hadi was "one of al-Qaida's highest ranking and experienced senior operatives" and may have been planning attacks on Western targets at the time of his capture, he would be treated humanely, the Pentagon said. Military officials had alerted the International Committee of the Red Cross that al-Hadi was in their custody, and said they would grant the Red Cross access to monitor his treatment.

But as the Pentagon also noted in late April, al-Hadi was not a new prisoner; he had been in CIA custody since the fall of 2006. And Salon has discovered that, in contrast to the protocols followed by the Pentagon, the CIA kept al-Hadi's months-long detention a secret -- not only from the public but from the Red Cross as well, raising new questions about the CIA's treatment of prisoners in the war on terrorism. While the U.S. military recently adopted new rules for interrogation in the wake of the Abu Ghraib torture scandal, legal and human rights experts say the CIA may be continuing to flout the law -- potentially using abusive interrogation tactics at secret prisons known as "black sites" -- at the direction of the Bush White House.

Red Cross officials confirmed to Salon that the CIA did not alert them during the months that al-Hadi was a prisoner with the agency. "We have repeatedly asked U.S. authorities to be notified and have access to all detainees, including those held by the CIA," said Simon Schorno, a spokesman for the Red Cross in Washington. "But we did not have access to Mr. al-Hadi before his transfer [to military custody]. For us, that is problematic."

The Red Cross' access to detainees, set forth in the Geneva Conventions, is premised on the idea that anonymous, secret detentions create conditions conducive to torture. During the worst abuses at Abu Ghraib, for example, some "ghost detainees" were kept off the books at the military prison and hidden from the Red Cross. One of those prisoners, Manadel al-Jamadi, died during a CIA interrogation in a shower room at Abu Ghraib on Nov. 4, 2003. The Armed Forces Institute of Pathology later ruled al-Jamadi's death a homicide, caused by "blunt force injuries to the torso complicated by compromised respiration."

The CIA's secret imprisonment and interrogation of suspected terrorists, first exposed by news reports and eventually confirmed by Bush at a press conference last Sept. 6, allegedly involved an array of inhumane tactics. At black sites scattered around the globe, the CIA reportedly subjected high-value detainees like al-Hadi to sleep deprivation, stress positions, slapping, induced hypothermia and "waterboarding," or simulated drowning. Bush did not discuss any specific techniques on Sept. 6, but said the CIA's actions had been approved by the Justice Department and were "designed to be safe, to comply with our laws, our Constitution and our treaty obligations." The program, Bush said, "has given us information that has saved innocent lives by helping us stop new attacks."

But the future of the CIA's interrogation program had been "put into question," Bush acknowledged, by the Supreme Court decision in Hamdan v. Rumsfeld last year, which held that all detainees -- including high-value prisoners in the hands of the CIA -- are protected by some provisions of the Geneva Conventions. Bush called some of the protections "vague" and asked Congress to pass a new law to clarify permissible treatment of prisoners by the military -- while at the same time ensuring "that the CIA program goes forward."

A battle ensued on Capitol Hill, with Bush officials fighting vigorously to exempt the CIA from tighter rules on prisoner treatment.

The White House apparently lost when Congress overwhelmingly passed the Military Commissions Act of 2006. It forbids detainee abuse, using specific language that experts on human rights and international law say would be hard, if not impossible, to circumvent legally.

Those experts were subsequently shocked by what Bush said in the East Room of the White House when he signed the bill last October. "This bill will allow the Central Intelligence Agency to continue its program for questioning key terrorist leaders and operatives," Bush said. "[The CIA] program has been one of the most successful intelligence efforts in American history."

Attorneys were baffled: How could the CIA lawfully continue interrogations like the ones that had reportedly been conducted in the past? "The administration wanted these prohibitions on the military and not on the CIA, but it did not work out that way," said Scott Horton, who chairs the International Law Committee at the New York City Bar Association, referring to the new legislation. The rules of the Military Commissions Act cover all prisoners in U.S. custody, presumably including those in the custody of the CIA.

Al-Hadi's treatment during his months of CIA detention remains unknown. A CIA statement to Salon responding to questions about al-Hadi said that the United States "does not conduct or condone torture, and the CIA's terrorist interrogation program operates in strict accord with American laws and treaty obligations." Close to the time of al-Hadi's detainment by the CIA, meanwhile, Bush announced that 14 other high-value detainees were being transferred to Guantánamo, leaving the CIA black sites empty -- though Bush said the top-secret prisons might be used again in the future.

Since the Red Cross was never alerted that the CIA was holding al-Hadi, there is no way to independently corroborate the CIA's claims about al-Hadi's treatment. But at the least, he is proof that secret CIA prisons are still in operation. "They did not shut them down, and al-Hadi made this obvious," said Horton. "So this raises the question of CIA interrogation techniques. I've been asked many times what I think is going on. And I say I absolutely don't know."

Al-Hadi's case and the mystery surrounding CIA detainees, experts say, underscore a stark divide between the CIA and the Pentagon on ground rules for treating detainees three years after the Abu Ghraib scandal stained the reputation of the United States worldwide. In its statement to Salon, the CIA also said that it had no legal responsibility to alert the Red Cross of al-Hadi's status, calling him an "unlawful combatant," a categorization that critics charge the Bush administration has used to circumvent the Geneva Conventions. The CIA acknowledged that the Department of Defense alerted the Red Cross about al-Hadi -- but suggested DoD was not required to do so. "Although, as unlawful combatants, these detainees have no legal claim to ICRC [International Committee of the Red Cross] visits, those visits have been arranged at Guantánamo," the CIA said. (In a statement to Salon, the Pentagon said only that the Red Cross has access to all detainees at Guantánamo).

"There is a concern that a different set of standards and rules are being applied to the CIA as opposed to the military," said Hina Shamsi, an attorney for Human Rights First. Meanwhile, Human Rights Watch, a different organization, has assembled a list of 38 detainees believed to have been held in CIA custody during the wars in Iraq and Afghanistan who, unlike al-Hadi, seem to have disappeared altogether.

Specific authority for covert operations in the war on terrorism were put in place by a secret "presidential finding" signed by Bush six days after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, authorizing broad covert action by the CIA to capture, detain or kill members of al-Qaida anywhere in the world. Mary Ellen O'Connell, a professor of international law at Notre Dame Law School, said the al-Hadi case raises the possibility that the president has secretly given the CIA a new mandate to operate outside the constraints of the new law put in place by Congress last year. "This suggests that the president has signed some sort of additional authority for the CIA," she said.

When the Pentagon unveiled new rules for interrogation at a press conference last September, Lt. Gen. John Kimmons, the Army deputy chief of staff for intelligence, said, "No good intelligence is going to come from abusive practices." The Army's revised manual explicitly bars abusive tactics such as hooding, forced nudity, sexual humiliation and mock executions.

But while military leaders may be more focused on following the letter of the law now, the White House may be behind the CIA's continued interest in tough interrogations, says John Sifton of Human Rights Watch. "It is better to speak of it as a divergence between the military and the White House," rather than the military and the CIA, he said. "The White House has wanted to take the gloves off with detainees and has used the CIA as their proxy."

http://www.salon.com/news/feature/2007/05/22/cia_prisoner/

Phl - Desaparecidos’ Exhibit: A Day of Remembering and Protest

Their loved ones may be missing, but the families of the disappeared have come forward to stand together and protest the continued enforced disappearances under the Arroyo administration.

BY BULATLAT
Vol. VII, No. 15 May 20-26, 2007

It was an exhibit of personal items owned by people of varied personalities. There was an LP record of the Rolling Stones, owned by Jonas Burgos. There was Gloria Soco’s mug, a Christmas gift from her son, unused and still wrapped in a box. A small blue pillow owned by UP student Karen Empeño. An old, faded night shirt of Leopoldo Ancheta. There was Romulos Robiños’s black cap, Gabriel Calubad’s keys, Rogelio Calubad’s shaving kit, Honor Ayroso’s pale red cotton shirt, Cesar Batralo’s cap and corduroy jacket, and a black bag full of clothes owned by Abner Hizarsa.

The objects on exhibit were ordinary, but those who looked around became teary-eyed, for they were looking at objects left behind by their owners, who had become desaparecidos – abducted and still missing under the administration of Gloria Macapagal-Arroyo. These were shown at the monthly gathering of Hustisya! (Arroyo Regime Victims United for Justice), held at the Quezon City Memorial Circle. The gathering highlighted victims of enforced disappearances under Arroyo, now numbering 199.

Desaparecidos is the Spanish word meaning “the disappeared.” It was coined in Latin America where thousands became victims of enforced disappearance implemented by tyrannical regimes to suppress public outcry for social change.

The gathering was held inside a small hall, where three hand-painted pictures of the latest desaparecidos served as a backdrop: Jonas Burgos, 37 who was abducted in Quezon City April 28, Abner Hizarsa, 55 who was abducted March 22 in Subic, Zambales, and Luisa Posa-Dominado, who was abducted April 12 with Leonilo Arado in Iloilo.

“Bakit sila? Dahil sila’y aktibista (Why them? Because they are activists)” Ghay Portajada, spokesperson of the Families of Desaparecidos for Justice or Desaparecidos, said, referring to all the other victims of disappearance. “Dahil pinili nilang maglingkod sa bayan, magtanggol ng ating karapatan (Because they chose to serve the people, to protect our rights),” she added.

University of the Philippines professor Judy Taguiwalo spoke about Luisa Dominado, or Luing, whom she knew as an 18-year-old activist who became a fellow political detainee in Panay island during the Martial law. Luing is the spokesperson of SELDA, an organization of former political detainees when she was abducted. Taguiwalo said Luing spearheaded the setting up of a memorial in Iloilo city as a tribute to all victims of Martial Law in Panay. “Napaka-ironic na kasama na siya sa hinahanap natin (It’s ironic that she’s among those who are missing now),” she said.

Cris Hizarsa, wife of Abner, said she brought a bag full of Abner’s clothes and other personal items, the same pack she lugged around in her search at military and police camps. “Ilang beses na siyang nadukot, pero natatagpuan din naming sa kulungan (He had been abducted in the past, but he was always surfaced at a certain jail),”she said. Abner had been a peasant organizer in Central Luzon and had been arrested, detained and released for four times. He had retired from organizing in 2000 to manage a small family store but remains a SELDA member when he was abducted.

JL Burgos, younger brother of Jonas, called on other families to participate in a synchronized sending of text messages and email letters at 1:20 pm, on May 28, a month after Jonas’s abduction. “Itext natin: Ilitaw ang mga nawawala! (Let us send text messages, saying: Surface all the disappeared!”

Protest

Evan Hernandez, Hustisya! convener said that the monthly Hustisya gathering are being held as a form of protest and strengthening of the families’ resolve to attain justice. “Nagpupugay tayo sa mga biktima, at nagpoprotesta tayo at naniningil sa gobyernong Arroyo na siyang maysala sa mga paghihirap ng sambayanan (We pay tribute to the victims, and we are protesting against the Arroyo government which is responsible for all the people’s sufferings),” she said.

Abner’s wife Cris urged other families of desaparecidos to continue with their resolve to seek justice.
“Mahirap nang gawin pang miserable ang buhay natin sa nangyari sa kanila. Kaya dapat manindigan pa rin tayo at balang araw, makakasama rin natin sila (Let us not make our lives even more miserable, given what was done to them. Let us remain firm, and one day, we will have them back with us),” said Cris.

A Desaparecidos statement said that Arroyo should sign the International Convention for the Protection of all Persons against Enforced Disappearance to curb the cases of disappearance. Desaparecidos said that under the Convention’s definition, enforced disappearance is committed by government officials or by organized groups acting in behalf, or with the support, consent or acquiescence of the government. Under the Convention, signatory states are required to investigate disappearances and punish those who are found guilty.

The Desaparecidos’ statement also noted that the Philippines’ reelection to the United Nations Human Rights Council was “ironic.” “The country’s membership to the recently-created UNHRC has not reflected in any show of respect, much less protection of human rights of Filipinos, as shown by the rising cases of disappearances and extrajudicial killings,” the statement. Bulatlat

http://www.bulatlat.com/2007/05/desaparecidos-exhibit-day-remembering-and-protest

Nepal Govt urged to make whereabouts of `disappeared` people public

Kathmandu, May 21: Nepal's former prisoners of conscience have demanded the government make public the whereabouts of "disappeared" people from the barracks of the military's infamous Bhairavnath battalion, accused of torturing and killing innocents under the direction of the then Army General Pyar Jung Thapa.

In a meeting attended by top Maoist leader Baburam Bhattarai and minister Matrika Yadav, at least 40 former prisoners of conscience appealed to the government to make public the whereabouts of those who "disappeared" from the custody of Bhairavnath battalion.

"Friends, who were in Bhairavnath, have been killed under the direction of the then Army General Pyar Jung Thapa," said Krishna KC, one of the former prisoners of conscience while appealing to human rights activists and media to put pressure on the government to disclose the whereabouts of those who "disappeared" from Bhairavnath.

He asked why the interim government has not been able to make public the whereabouts of hundreds of prisoners. "Who should answer this question King Gyanendra or Prime Minister Girija Prasad Koirala?" Krishna read out the names of 47 people, who had disappeared from Bhairavnath.

"They have disappeared, and the war criminals have not been punished. Why is the government quiet?" asked Bina Magar, another prisoner recalling her days in Bhairavnath.

The office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) had submitted its report on the Bhairavnath saga to the government earlier.

Maoist leaders Bhattarai and Yadav regretted that the status of the prisoners has not yet been made public. "We are sad and can't do anything for friends, but the revolution has not ended, we are ready to be killed but would not bow down," Bhattarai was quoted as saying by Himalayan Times Online.

Bureau Report

http://www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=372477&sid=SAS

Arg - Militar acusado por represor estuvo a cargo de la seguridad en la Capital

Jorge Fernández Rojas - jfernandez@losandes.com.ar

El ex oficial del ejército Luis Stuhldreher detenido y acusado por la Justicia Federal de haber cometido crímenes de lesa humanidad al inicio de la dictadura militar en San Rafael, es un hombre vinculado con la dirigencia radical de la Capital dado que fue el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002.

Stuhldreher que fue delegado militar en el departamento sureño entre marzo y junio de 1976. El hombre acusado de torturar y secuestrar a militantes políticos en el mismo edificio municipal de San Rafael. Ahora, desde el viernes pasado, está arrestado por orden del juez federal de San Rafael, Raúl Acosta en el Batallón de Apoyo Logístico de la Capital.

Stuhldreher ha tenido una estrecha vinculación con Roberto Grillo y Alejandro Saralegui, ex ministro de Seguridad y ex jefe de asesores de esa cartera, respectivamente hasta 2005. De hecho, el ex militar fue llevado por Grillo al Ministerio como director de Logística, pero antes fue gerente de la Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario (Asifar) y mientras esa empresa estuvo bajo su mando, la custodia de todos los “objetivos” municipales de la Capital fueron adjudicadas a él.

La prueba concreta de relación de Grillo y Saralegui con el oficial retirado es que ambos aparecieron en los registros oficiales como representantes legales de esa firma en Mendoza.

Si bien la empresa de seguridad era liderada por el ex oficial, era su esposa Raquel Estela Videla, quien aparecía como titular de la firma en las actas notariales que le conferían los poderes a Grillo y Saralegui.

Los memoriosos de las relaciones internas aseguran también que Stuhldreher ha sido instructor de distintos referentes oficialistas que se formaron en el Liceo Militar General Espejo. Incluso a modo de anécdota, entre ellos recuerdan y aseguran que el mismo gobernador Julio Cobos ha recibido órdenes del hoy acusado cuando el mandatario era cadete de ese instituto castrense.

Ahora bien, fue en el recambio de Gobierno en diciembre de 2003 cuando se decidió ubicar al ex oficial en al frente de la Dirección de Logística, según confesó un funcionario radical.

La misma fuente reconoció es que es posible que haya habido un cambio en la composición de la empresa. De tal modo que “hasta denominación de la firma podría haber tenido cambios, a partir del momento en que Stuhldreher pasó al ministerio”, explicaron por aquella época. “Pero la estructura interna de la agencia no ha cambiado”, aseguró el mismo informante. Está claro que Asifar ya no figura en los registros gubernamentales como proveedora de seguridad privada.

Pero han quedado los antiguos vigiladores que obedecían órdenes de Stuhldreher. Un ex empleados de Asifar recordó su experiencia como custodio privado. “Esta agencia se encargaba, por lo menos mientras yo trabajé, de la seguridad de los museos municipales, del Área Fundacional, los gimnasios municipales, y de los centros de salud de La Favorita”, explicó el consultado que pidió reserva de su nombre.

Como se advierte de la documentación oficial la empresa es de la Provincia de Santa Fe y en la práctica según los testimonios, Stuhldreher era el gerente que se encargaba personalmente de los movimientos de los vigiladores en los distintos objetivos custodiados. En ese contexto es que el ex militar hacía movilizar al personal a los sectores donde se lo requerían. Así recordó el antiguo vigilador: “También nos tocaba salir a hacer servicios a los actos radicales, por ejemplo yo tuve que dejar la custodia del Museo de la Plaza Pedro del Castillo porque me destinaron a custodiar el día de lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad como candidato a diputado nacional”.

http://www.losandes.com.ar/2007/0521/politica/nota377648_1.htm

Uru - Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia

Nunca más terrorismo de Estado: la consigna de la primera marcha con militares y policías presos

Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia

Unas 50 mil personas se movilizaron ayer en silencio por 18 de Julio reclamando verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Fue la primera Marcha del Silencio en la cual hay violadores de los derechos humanos que se encuentran en prisión en nuestro país.

Bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado" el colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones, convocó a la decimosegunda Marcha del Silencio. Cuando la cabeza de la marcha llegó a la Plaza Libertad, el final aún no había pasado por El Gaucho, más de seis cuadras de abigarrada multitud: 50 mil almas en silencio y perfecto orden.

Algunos minutos después de las 17 horas comenzaron a llegar las primeras personas hasta la Plaza de los Desaparecidos de América, en Jackson y Rivera, punto de partida de la marcha que comenzó a las 18:20 horas.

Portando retratos de detenidos desaparecidos, familiares y activistas por los derechos humanos comenzaron una emotiva caminata por más de 75 minutos a lo largo de la principal avenida capitalina, que culminó en la Plaza de Cagancha, en donde se pasó lista a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado y posteriormente se cantó el Himno Nacional.

Por primera vez ayer se hizo una Marcha del Silencio "con policías, militares y civiles presos por violaciones a los derechos humanos", explicó el senador Rafael Michelini en el día en que se conmemoraban 31 años del asesinato de su padre, Zelmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y del matrimonio de William Whitelaw y Rosario Barredo. En la plaza aguardaban a los manifestantes gigantografías con el rostro de los detenidos desaparecidos, además de placas con contornos humanos recortados en donde podían leerse consignas tales como "siguen secuestrados", "queremos la verdad", "siguen siendo más de 200", "no son sólo memoria" y "verdad y justicia", entre otras leyendas. De fondo, unas letras gigantes realizadas por alumnos de la Escuela de Bellas Artes reclamaban "dónde están".

"No es una marcha más"

Michelini explicó que esta "no es una marcha más", ya que se lleva a cabo en el marco de "un gobierno que lucha contra la impunidad". Esta es una marcha en la que "el pueblo uruguayo en silencio está reclamando más y más justicia", agregó el senador.

Por su parte, la integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos Luisa Cuesta celebró que el pueblo "una vez más acompañó" en la movilización.

En tanto, el integrante del PIT-CNT Luis Puig explicó que la marcha demuestra "la plena voluntad del pueblo uruguayo de terminar con la impunidad en este país".

El Nunca Más puede plantearse sólo como "Nunca Más terrorismo de Estado", ya que "la gente sabe que efectivamente acá no hubo una guerra entre bandos, sino la consagración de la maquinaria terrorista más atroz, que es el Estado criminal".

En tanto, Michelini enfatizó que el Nunca Más se hace "en la calle y en las acciones de todos los días". El Nunca Más "es esta marcha y cuando el Presidente de la República habilita a entrar a los cuarteles para buscar restos de desaparecidos", agregó.

Sandro Soba, hijo del desaparecido Adalberto Soba Fernández, aseguró que "es muy difícil que haya una reconciliación" en la sociedad uruguaya "cuando la otra parte no dice la verdad y sigue ocultando información".

El dirigente de Familiares Javier Miranda compartió que la consigna de esta marcha es una reafirmación del Nunca Más terrorismo de Estado. Hay "una fuerte apuesta a la búsqueda de la verdad, esa verdad que mantienen secuestrada aquellos que los 18 de mayo hacen discursos corporativos y reivindicativos de lo que fue la represión ilegal y el Estado terrorista".

Además afirmó que hay una "desmarcación del discurso sobre el Nunca Más del Presidente de la República" y agregó que aún no se sabe si el colectivo participará en el acto del 19 de junio.

"Obviamente, Familiares no va a participar de un desfile militar y mucho menos cuando hace dos días el Ejército reivindicaba prácticamente la guerra sucia e incluso la participación corporativa en un homicidio fuera de dictadura, frente a un reclamo de la Justicia chilena", señaló Miranda.

El abogado llamó a que se siga investigando y reclamó que "los que saben den la información", ya que los datos "que se dieron el 8 de agosto de 2005, por las tres fuerzas, lo menos que se puede decir es que no han sido corroborados por los hechos".

Ley de Caducidad

En la duodécima Marcha del Silencio "se reclama justicia para todos" y puede tomarse como "el inicio de la anulación de la Ley de Caducidad, que va a enterrar esa normativa ilegal que nos llena de vergüenza", explicó Michelini, que entendió que "sin dudas el pueblo uruguayo va a acompañar esta iniciativa".

También Cuesta dijo que la marcha puede tomarse como un respaldo para aquellos que trabajan por la anulación de la Ley de Caducidad.

"Para los que están luchando por levantar las firmas puede darles una noción de lo que quiere el pueblo", subrayó Cuesta. Soba reclamó que la normativa "debe ser anulada", ya que "no hay argumentos válidos para poder sostenerla" por lo que "esta bandera la va a seguir portando el pueblo y no la bajará hasta que se sepa toda la verdad y se diga en dónde están los desaparecidos".

Finalmente Puig sentenció que la anulación de la Ley de Caducidad es una de las "garantías de no repetición" del terrorismo de Estado. El dirigente sindical reclamó "terminar con las mentiras de las Fuerzas Armadas" de parte de los comandantes en jefe de las armas.

"El Estado tiene la obligación de investigar, quiénes dieron las órdenes y quiénes efectuaron los traslados, esto es imprescindible para el avance de la democracia, y en esto está trabajando la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad", expresó Puig.

Además, la coordinadora viene trabajando "en un proyecto de reforma constitucional por iniciativa popular para devolverle el protagonismo a la gente y que sea el pueblo uruguayo el que anule definitivamente la impunidad", señaló el sindicalista. *

http://www.larepublica.com.uy/lr3/larepublica/2007/05/21/politica/259016/mas-de-50-mil-personas-marcharon-por-18-de-julio-reclamando-verdad-y-justicia/

Arana: "Sin amnesias"

El ministro de Vivienda, Mariano Arana, aseguró sentirse "absolutamente consustanciado con la expresión cívica" que constituye la marcha, que "habla de lo mejor del pueblo uruguayo". Esta manifestación va en el sentido del "Nunca más" de una "manera profunda e integral, sin amnesias ni anestesias", agregó el secretario de Estado. *

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Payssé: "Verdad, justicia y memoria"

"Todavía la impunidad sigue vigente" para el abogado del Serpaj Guillermo Payssé, por lo que realzó el "¿Dónde están?" de la consigna.

"Lamentablemente es una realidad que las actuales autoridades de las Fuerzas Armadas están dispuestas a continuar con la impunidad de los delitos que se cometieron durante la dictadura", agregó Payssé.

El abogado explicó que es imprescindible para el pueblo uruguayo "recorrer un camino de verdad, justicia y memoria para llegar a esa reconciliación tan anhelada", pero este gobierno no debe "apresurarse como han intentado hacer otros anteriores" con la Ley de Caducidad y la Comisión para la Paz, pero "parece ser que hoy tiene el mismo apuro". *

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Castro: Reparación no puede ser sólo económica

La diputada del MPP Nora Castro se mostró "impactada" por la participación de "gente joven" en la Marcha del Silencio, sobre todo la que "nació después del período de reinstitucionalización" democrática. Además expresó su acuerdo con la consigna "Nunca más al terrorismo de Estado", o como dice el senador Eleuterio Fernández Huidobro, "siempre más".

La legisladora se refirió a la reparación de familiares de víctimas fallecidas en la dictadura, que no debe ser "exclusivamente económica" sino que "pasa por la justicia, por la verdad, y es una tarea que paso a paso, a ritmo uruguayo, se está llevando adelante".

"La reparación no pasa por lo económico, porque el dolor no se olvida con el tiempo y para pasar de la herida a la cicatriz" se precisa de "un proceso", que en este caso "está liderado por la Justicia uruguaya", que busca que "se esclarezca la verdad y haya justicia".

Con respecto al "Nunca más" sentenció que "si está concebido en el marco de la teoría de los dos demonios no la llevo, le hace mal al país y a la verdad histórica". *

Integrantes del Ejecutivo y legisladores del FA participaron de la movilización

Uruguayas y uruguayos de todas las edades, la memoria y el futuro unidos: aquí, una de las más pequeñitas.
Uruguayas y uruguayos de todas las edades, la memoria y el futuro unidos: aquí, una de las más pequeñitas.

Además de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos, varias autoridades del gobierno concurrieron ayer a la Marcha del Silencio. Entre los integrantes del Poder Ejecutivo se encontraban la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, el ministro y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano y Belela Herrera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, el ministro y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica y Ernesto Agazzi, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Martín Ponce de León, la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, la directora del Panes, Bertha Sanseverino, la subsecretaria de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian, y el subsecretario y el director nacional de Educación y Cultura, Felipe Michelini y Luis Garibaldi, entre otros.

También concurrieron el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, el ministro de la Corte Electoral Wilfredo Penco, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, y el presidente del INAU, Víctor Giorgi.

En cuanto a legisladores, participaron de la marcha, entre otros, los senadores Rafael Michelini, Alberto Couriel, Mónica Xavier y Lucía Topolansky, y los diputados Héctor Tajam, Edgardo Ortuño, Eduardo Brenta, Nora Castro, Javier Salsamendi, Pablo Alvarez, Alfredo Asti, Daniela Payseé, Luis Rosadilla y Esteban Pérez.

Del secretariado general del PIT-CNT concurrieron a la movilización, entre otros, Juan Castillo, Luis Puig, Marcelo Abdala y Fernando Pereira. *

El senador Rafael Michelini y el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, dos de los participantes en la marcha de ayer.

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La reparación es la verdad y la justicia

La factible reparación que se plantea desde el gobierno nacional también fue objeto de cuestionamientos ayer en la Marcha del Silencio.

Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba Fernández, explicó que "no hay reparación posible, sólo puede haber un alivio para los familiares sabiendo la verdad y haciéndose justicia".

Por su parte la histórica dirigente de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Luisa Cuesta, expresó que lo que se pide es "una reparación integral".

"Queremos darles la verdadera identidad a los desaparecidos, que haya calles con los nombres de ellos, plazoletas y muchas cosas más", señaló.

Cuesta resaltó que si bien "está comprendida una indemnización a los familiares, no es eso lo principal de nuestro pedido". *

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Fernández Galeano: "Se va a seguir investigando"

"Hay un compromiso muy fuerte de la sociedad uruguaya con el nunca más terrorismo de Estado, pero se va a seguir investigando y trabajando en el esclarecimiento de la verdad y por la aplicación de la justicia", más allá de la fecha del 19 de junio, explicó el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano.

Para el jerarca, "la verdad y la justicia tendrán por mucho tiempo una vigencia importante para poder construir el futuro", por lo que parece "muy difícil" concebir la democracia nacional "sin que se siga avanzando y consolidando el tema de la verdad".

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Daniela Payssé:"Nunca más"

La diputada de Asamblea Uruguay Daniela Payssé reconoció que "tenemos una cuestión pendiente. Acá los desaparecidos siguen desaparecidos y nosotros no cejamos en el intento de que aparezcan. La Justicia está actuando porque este gobierno hizo lo que tenía que hacer con respecto a las leyes que nosotros tenemos".

Según la legisladora "no se agota la investigación de la Justicia a los datos que aporta el Poder Ejecutivo, que sigue buscando datos, sino que también la investigación periodística, los datos que se aportan por familiares están coadyuvando para que podamos avanzar. Cuanto más rápido quienes tienen información la den, aunque sea de forma anónima, más rápido vamos a poder llegar a la verdad, a la justicia y consecuentemente a una búsqueda al final de camino o en la mitad del camino de un no más hermanos contra hermanos".

La legisladora agregó que "el programa del Frente Amplio habla de lo que nosotros resolvimos, en el Congreso Héctor Rodríguez, en materia de búsqueda de la verdad y dice claramente que vamos a actuar en el marco del estricto cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad. No me rehúso a discutir eso en un próximo Congreso, cuando avancemos en la elaboración del programa que sigue al que tenemos. Mientras tanto, lo que los frenteamplistas le dijimos a la población es que íbamos a investigar en el marco del artículo cuarto, y aclaro que voté verde y que no me gusta nada la Ley de Caducidad".

Asturias cifra en 11 los asturianos desaparecidos y dos los asesinados durante la dictadura argentina

La Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo cifra en 11 el número de asturianos o descendientes de asturianos desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983 y dos los asesinados.

El director de la Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, ofreció una rueda de prensa en la que ofreció nuevos datos de asturianos desaparecidos en Argentina y de los proyectos en materia de recuperación de información en los que la Agencia está trabajando con una inversión de 205.000 euros.

Respecto a los datos de asturianos o descendientes de asturianos desaparecidos en Argentina, Palacios señaló que se conocen tres nuevos casos que hacen un total de 11 las personas desaparecidas.

El representante regional citó el caso, recientemente conocido, de los hermanos Eleonora María y Roberto Luis Cristina Álvarez de Domínguez, ambos nietos de asturianos y secuestrados y vistos por última vez en las dependencias de la policía.

La otra persona desaparecida de la que se ha encontrado información sobre ella es Adriana Claudia Marandet Bobes, nieta de Luis Bobes, nacido en Noreña, que fue secuestrada en su domicilio en día 17 de febrero de 1977.

Respecto a los asesinados, Palacios comentó el ya conocido caso de Mario Vicente Rodríguez y el nuevo caso de Jesús Antesana de la Ribera, hijo del presidente del Centro Asturiano de Mar de Plata, que fue asesinado por el comisario Miguel Ángel Fuster.

El representante regional recordó los nombres de los ocho asturianos desaparecidos de los que ya se tenía constancia que son; Rocío Ángela Martínez Borbolla, Antonia Margarita Fernández García de Tellez, Adriana María, Ana Maria Cristina y Eduardo Franconeti, Ceferino Fernández Álvarez, Cecilia Viñas de Penino y Josefa Fernández Álvarez.

PROYECTOS EN ARGENTINA

De los proyectos en los que la institución asturiana está colaborando, Palacios se refirió en primer lugar al titulado 'Reconstruyendo memoria' que consiste, según señaló el representante regional, en 'recuperar la verdadera historia a partir de la investigación de datos'. La Agencia invierte en esta actuación 30.000 euros y por ahora están documentados 600 casos de españoles desaparecidos', dijo Palacios.

La iniciativa 'Recuperando Identidad' es otro de los proyectos en los que colabora la Agencia, con un presupuesto de 30.000 euros y que apoya la elaboración de un informe que, según señaló el representante regional, se va a publicar y tiene el objetivo de recuperar la memoria oral de cientos de personas, entre ellos, ya se han rescatado datos de 500 niños.

Palacios señaló que además ahora se trabaja en dos proyectos que son la 'Búsqueda de víctimas a través de análisis genético', con un inversión por parte de Asturias de 50.000 euros y 'Memoria, verdad y justicia', con una inversión de 50.000 euros. 'Ambas son iniciativas que pueden suponer la recuperación de identidad de muchas personas y además mostrar al mundo la realidad de las acciones realizadas en Argentina'.

El representante regional informó a los medios de una nueva actuación que es la creación de una 'Academia Nacional de Derechos Humanos en Argentina' en la que la Agencia asturiana de Cooperación va a comenzar a trabajar en los próximos días.

http://actualidad.terra.es/articulo/asturias_cifra_asturianos_desaparecidos_asesinados_1586679.htm

Uru - Una denuncia por el caso Gelman en la CIDH jaquea la amnistía oriental

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tomar el caso de la nuera y la nieta del poeta al entender que Uruguay archivó la causa. La decisión habilitaría la discusión internacional sobre la invalidez de la ley de caducidad.
Por Victoria Ginzberg

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra Uruguay por el secuestro y desaparición forzada de la nuera y la nieta del poeta Juan Gelman durante la dictadura militar en ese país. Este proceso permitiría discutir en el organismo internacional la invalidez de la ley de caducidad, la norma que impidió y todavía impide hacer justicia en el país vecino sobre los crímenes cometidos durante la dictadura que se extendió desde junio de 1973 a marzo de 1985.

“Hay decisiones sobre otros países en las que se ha manifestado que las leyes de amnistía para este tipo de delitos son violatorias del sistema interamericano de derechos humanos”, señaló a Página/12 Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo de derechos humanos que patrocinó a Juan Gelman y su nieta Macarena ante la CIDH junto con el abogado José Luis González.

Tojo recordó el caso de la masacre de Barrios Altos en Perú y el de la ejecución del profesor Luis Alfredo Almonacid en Chile. En ambas resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a los estados por aplicar normas que impedían investigar los crímenes y sancionar a los responsables. En Argentina, el antecedente de Perú fue valorado por la Corte Suprema al confirmar la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, así como un informe anterior de la CIDH respecto de las leyes de impunidad en el país.

Al admitir el caso de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su hija Macarena, el organismo internacional consideró que “aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del Plan Cóndor, no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso específico de la desaparición de María Claudia Gelman el 19 de octubre de 2005”. Así, la CIDH entendió que las víctimas habían agotado los recursos a nivel local y, por lo tanto, correspondía habilitar la discusión en la instancia internacional.

María Claudia fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires junto con su marido, Marcelo Gelman, el 24 agosto de 1976. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Marcelo Gelman fue asesinado tiempo después. En 1989 fueron hallados sus restos, que habían sido arrojados al Río Luján en un tonel. María Claudia, que estaba embarazada de siete meses al momento del secuestro, fue trasladada a Uruguay en el marco de las acciones amparadas bajo la Operación Plan Cóndor, en la cual se coordinaron las políticas represivas de los países del Cono Sur. Durante su cautiverio en Montevideo, dio a luz su bebé en el hospital militar. La nena fue entregada a otra familia, que la crió como propia. La niña, Macarena, recuperó su identidad en 2000 a partir de una investigación de su abuelo. Pese a las gestiones realizadas por las familias Gelman y García Iruretagoyena, el paradero de María Claudia nunca pudo ser esclarecido, ni encontrados sus restos.

La investigación penal sobre la desaparición de María Claudia fue reabierta en Uruguay por el juez Gustavo Mirabal. Además, el presidente Tabaré Vázquez consideró que este crimen estaba “excluido” de la ley de caducidad, por lo que dio el aval para que el expediente siga su curso. Aun así, el fiscal del caso, Enrique Moller, insistió con que el hecho quedaba comprendido dentro de la amnistía a los represores uruguayos, argumento que fue respaldado por un tribunal de apelaciones. De este modo, la justicia oriental terminó cerrando la causa. La desaparición de María Claudia fue incluida recientemente como parte de la investigación general sobre un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina y llevados luego a Montevideo. Pero hasta el momento no hubo novedades judiciales al respecto. En Argentina el caso es investigado por los jueces federales Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide, que pidieron la extradición de los involucrados.

Ahora que la CIDH consideró “agotados los recursos” en Uruguay, Gelman, su nieta y sus abogados esperan que sean removidos los “obstáculos” que impiden hacer justicia. Por eso, esta denuncia podría ser un caso testigo para comprometer al gobierno de Tabaré Vázquez en la anulación de la ley de caducidad. Actualmente, existe en Uruguay una Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad, que decidió comenzar la elaboración de un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de invalidar la norma que impide el juzgamiento de los represores.

Página 12

Dick Marty: "Does one have to fight tyranny with the instruments of the tyrants?"

Global Research, May 18, 2007
Voltairenet

After a lot of research into the CIA abductions and the CIA secret flights in Europe, Dick Marty has proven at length, that it is not about the individual cases, because generally, they have become the norm. The President of the Commitee on Legal Affairs of the Council of Europe has concluded, in the end, that an organized system acts in public- if not in fact with an active agreement from the European states.

Dick Marty is a member of the Council of States of the Swiss Federal Assembly and a member of the Council of Europe Parliamentary Assembly, where he is President of the Committee on Legal Affairs and Human Rights. As special rapporteur for the Council of Europe he was asked to give a report on the alleged existence of CIA secret prisons in Europe. In 2007 he received the Swiss Award in the category of politics. On February 1st, 2007 he was invited to the University of Neuchâtel (Switzerland), where he gave a lecture entitled: "Research on Phantom Airplanes and Secret Detention Centres: Does one have to fight tyranny with the instruments of the tyrants"?

When the Washington Post revealed at the beginning of November 2005, that agents of the Central Intelligence Agency (CIA) had kidnapped Muslims assumed to be terrorists and had detained them in illegal secret prisons, I was unable to imagine what would be in store for me over the following months. That same day the American NGO Human Rights Watch published a report, in which similar information was brought to light and substantiated and where we learned that these secret detention centres were in Poland, Romania and other Eastern European countries. As we later learned, the sources for the Human Rights Watch came from, amongst others, the CIA themselves.

Parallel to this, the radiostation ABC published a similar message on its internet site. It only remained online for approximately half an hour because the owner of the transmitter intervened in order to prevent diffusion of this message. The journalist immediately informed his friends about the ban, so that they could retain the message for posterity and so that it would not get lost.

The disclosure by the Washington Post and by the Human Rights Watch was not really news. The journalist Stephen Grey, for example, had already published articles, in which he talked about "extraordinary renditions" and about "the outsourcing of torture". At that time, however, there was not really a conscious public awareness.

Naturally there have been media, who have alluded to the CIA abductions and the CIA secret detention centres, however, at the same time one could easily ascertain, without further ado that strong pressure has been brought about to silence them. Later it was revealed that there had been a meeting in the White House with the publishers of the main newspapers, with the probable aim of making them understand, that it would not be good to disseminate information relating to counterterrorism.

Immediately after the details of the existence of secret detention centres in Europe were made known, the Council of Europe reacted: The Parliamentary Assembly requested that a report be made about these abductions, which if proven to be true, would obviously be in contradiction to the European Human Rights Laws.

I would like to remind you, that no other intergovernmental organization has such a specific and strong parliamentary dimension as the Council of Europe. The Parliamentary Assembly is composed of delegations from the different parliaments from each of the 46 member states. These delegations represent the national parliaments, the different parties and must be proportionally representational of both genders as well as all minorities in each country.

As chance would have it, the Commission for legal affairs and human rights of the Parliamentary Assembly met in Paris, two days after the revelations by the Washington Post and Human Rights Watch, primarily in order to elect a new president. I was nominated and appointed president of the commission.

The first task that I had to tackle, was that of the abductions and the secret detention centres. It was some weeks later on November 25th, 2005, when in Bucharest the Parliamentary Assembly confirmed my mandate with which the Commission had entrusted me, that I first realized how much of a burden it would represent. The press conference, which announced my nomination as a reporter, almost finished in a riot because of the number of journalists present. It was there that the explosive nature of this affair first became clear to me and the fact that my mission had now begun.

The media usually calls me the "investigation agent" for the Council of Europe. In reality I was not and am still not a real investigator. An investigation agent has the chance to summon individuals, to seize documents and to arrest individuals. I had this authority during the fifteen years that I was prosecuting attorney, but am bitterly missing it in this case. I have hereupon decided to operate on the same level as those whom we suspect of maintaining the secret detention centres and therefore to try a kind of "intelligence service" activity.

I hardly, however, had the resources. The secretary of the Commission’s office was indeed, at my disposal, but it was completely overloaded. I finally obtained the support of a 28 year old Scot and together we contacted independent investigative journalists, NGO’s and different countries’ "intelligence services" specialists. Thus we began to investigate and put parts of the puzzle together.

At the beginning of 2006, the Parliament of the European Union decided to start a parliamentary investigation into CIA flights and CIA secret detention centres in Europe. Parliament wanted to test Poland, a member of the European Union, and Romania, a candidate for its membership. An ad hoc committee of 46 delegates was formed. The commission had important resources - 13 persons from the secretariat of the European Union worked solely on this case. The committee met each week and their main focus was hearings. Although these hearings took place behind closed doors, it was not possible to guarantee secrecy. I, however, who worked alone, could guarantee that the sources would be kept secret. We thus had completely diverse methodologies and approaches.

In January 2006, I submitted the first interim report and at the beginning of June 2006, the main report. I could receive important assistance from the Milanese prosecuting attorney’s office. I knew the concerned prosecuting attorneys personally, who were to investigate the disappearance of Abu Omar, an ex-Imam of the mosque of Milan, of Egyptian origin, who several years ago had received political asylum in Italy. These prosecuting attorneys were successful in proving that Abu Omar had been kidnapped in February 2003, by agents of the American intelligence services and transported in a delivery van to Aviano, the Italian Nato military base. From Aviano he was brought to Ramstein, and in so doing flew over Switzerland. He was then transferred from Ramstein to Cairo, where he was handed over to the Egyptian authorities, who tortured him.

I would like to underline here, the importance of the independence of the law. The Milanese prosecuting attorney’s office had instituted proceedings, despite the open animosity of the Berlusconi government, who tried to sabotage the investigation. Thanks to the outstanding work of the prosecuting attorneys and certain Milanese police departments, which led an investigation of noteworthy quality, 25 CIA agents involved in the abduction of the Imam, were identified. Thus, the prosecuting attorney’s office of Milan was able to issue an international arrest warrant for 22 of them.

The Milanese prosecuting attorneys put all investigative documents at my disposal. During one week I read them meticulously. I became convinced that I was on the correct path and that we were under the effect of a highly developed logistics system. It was impossible that such things could exist without the co-operation of the local authorities one way or another, or that the Pentagon and the CIA could be the only services involved in these "extraordinary renditions".

What does the term "extraordinary renditions" used by the CIA mean? In practice it means to hold captured individuals suspected of having connections to terrorism, without scrutinizing whether they having been legally accused and then transferring them to the governments of their country of origin, where they are subjected to brutal interrogations.

The aim of these secret "renditions" is to extort from the captured individuals information by means of torture and by means of threats, so that they will collaborate with the intelligence services and will practically become infiltrate agents. CIA agents have probably kept more than one hundred individuals imprisoned on the basis of these terms of "renditions". We do not have precise data at the current time.

When the public heard about the system of the "extraordinary renditions" there were active debates in the United States. The US-Administration then tried, through the use of laws, to justify the "extraordinary renditions". The lawyer, who developed the theory of this global system, is the current head of the United States Department of Justice, Roberto Gonzales, who in the American judicial system and is also the US Attorney-General.

These "renditions" - and that was crystal clear to me from the beginning – pre-suppose logistics as the existence of interim detention centres. It turned out later that many of the detained individuals, who had not been transferred to their country of origin were held in secret detention centres like Bagram in Afghanistan, Abu Ghraib in Baghdad or Guantánamo.

On December 5th, 2005 Mrs. Rice with her justification of the "extraordinary renditions" and the existence of Guantánamo, gave us an important clue when she explained that "the United States would not have violated the sovereignty of the European countries". I think that Mrs. Rice, in this case, told the truth. With these words she revealed that what had been exposed about the secret prisons in different European countries had happened with the co-operation of the governments of these involved countries. In this respect, there had been no violation of sovereignty on the part of the United States. Mrs. Rice wanted to inform Europeans, who criticized the United States: "Don’t suppose that you are too intelligent to have used the system of extraordinary renditions yourselves at different times".

Mrs. Rice referred, with that, to the case of the terrorist Carlos, who had been abducted in the Sudan by the French intelligence services. The big difference, which Mrs. Rice did not mention then, is that Carlos had been transferred to the French judicial system and that he received a fair trial and that he had the right to take advantage of the European Human Rights Court of Justice in Strasbourg. This is the fundamental difference. One can defend this kind of "rendition", if the sought-after individuals are in countries, which either do not co-operate with the judiciary or which are not able to arrest and transfer sought-after individuals; if the goal consists of handing over the abducted individuals to the justice system.

In Poland and in Romania, in particular, we were confronted with a great deal of difficulty regarding our investigations. The people we met in these countries, were thoroughly terrorized by the idea that their statements could harm their country. Especially in Romania, where in the meantime, it had become a question of national interest to say nothing of how it might jeopardize their request for application for membership in the European Union.

The role of countries like Switzerland in co-operation with CIA abductions turned out to be trivial; even when important questions were raised. The fact that countries such as Sweden are involved is more disturbing. The Swedish police spontaneously handed over to CIA agents, two Egyptians who had received asylum. There are testimonies from the police, which confirm that these Egyptians had already been ill-treated at the airport by the CIA agents. They were then brought to Cairo and were subjected to the same torture as Imam Abu Omar. Sweden was condemned by the UN- Commission against Torture for this matter.

Also other countries, like Bosnia, handed over individuals spontaneously. When we asked the Bosnian authorities, they admitted the fact and regretted it.

Canada also collaborated actively with illegal CIA-abductions. This country, by the way, recently paid a compensation of 10 million dollars to an individual of Canadian origin, who had been detained for several years in Guantánamo, although he was not accused of anything. In the USA, released individuals have received neither an apology, nor any compensation. At present there are 500 attorneys in the USA, who are working together to defend the interests of these abducted individuals. This will lead to a series of judicial actions against the government of the United States of America.

This summary of the facts requires some reflection.

The government of the United States made a choice, which is based on the following considerations: Terrorism represents such a serious threat to our country that we must consider ourselves, at present, to be at war. In this war our judicial system is completely unable to fight terrorism. Therefore no law, therefore Guantánamo, therefore secret detention centres, therefore no trials and nothing at all. We must obtain information at any price.

As soon as one speaks about "war", it is necessary to speak about martial law. And if one speaks about martial law, one speaks also about the Geneva Convention; and if one speaks about the Geneva Convention, that means one must report the names of all prisoners to the ICRC (International Committee of the Red Cross) and must permit inspections.

Still, the United States takes the view that the Geneva Convention is an inadequate instrument in dealing with terrorism. They have selected a third way, namely that of arbitrariness - neither of justice nor of international law. This way of arbitrariness is certainly not applicable on American soil, nor can it be applied to American citizens. Thus a sort of legal apartheid system has been introduced, a model that is certainly completely foreign to our understanding and to our judicial tradition. Nevertheless, European countries have tacitly accepted this system.

Eventually the facts show us that we are right. Most European governments have co-operated actively with the US, in one way or another, in order to adopt this doctrine of "extraordinary renditions". By its implementation they have participated in everything that is connected to it, whether it is by the fact that they have tolerated it or by the fact that they knew about it and did not protest against it. Admittedly there have been some more or less polite protests against Guantánamo. But as far as the "extraordinary renditions", the secret detentions and the use of torture were concerned, they acted as if they knew nothing.

When I heard about the Italian investigation documents, I got in contact with my former colleague Armando Spataro, the deputy prosecutor of Milan and the investigator in the abduction case of Abu Omar. I shared with him my conviction that all this could have only happened with the participation of the police or the Italian secret service. This was also his opinion.

At the same time, the head of the Italian military secret service, Mr. Nicola Pollari made a statement in front of the Parliamentary Assembly of the European Parliament in Brussels in which he denied any collaboration in this affair and that he had never heard anything about it nor had ever taken part in this kind of activity.

What is more is to take note today that Mr. Pollari has been recalled by the new government, that he has to appear in court in Milan, because it has been proven that the Italian secret service, of which he was the head, had co-operated closely with CIA secret agents in the abduction of Abu Omar. Today it has been established that the first person who approached Abou Omar, who led him to understand that it was a "police" matter and who asked to "see his documents", was in fact an Italian intelligence service officer, who confessed this himself. A few seconds late, Omar was loaded into a van and handed over to CIA agents.

The participation in the machinations of the CIA intelligence services was very active, as one could also observe in other countries.

What really impressed me during this investigation - perhaps I was too naive and still am – was to what degree European governments lied, either actively or by omission and continued to lie. They lied or at any rate refused to tell the truth while persuading themselves that this was justified: This is important in the interest of the state or, This is a state secret and therefore not only can we lie, but we ought to lie!

Yesterday the public prosecutor’s office in Munich issued 13 arrest warrants for the CIA secret agents, accused of kidnapping Khaled El-Masri, a German citizen of Lebanese origin. When I met Khaled El-Masri, nobody in Germany believed him yet. He had been abducted to Macedonia and transferred to Kabul, where he was subjected to several months of torture. He was returned to Europe and released somewhere in Albania and finally after a long struggle, it was proven that Khaled El-Masri had told the truth, that he had been abducted by CIA secret agents, certainly with the co-operation of the German agents.

When I met the German public prosecutor, I conveyed to him the information that we had received in Macedonia. Yesterday Munich’s public prosecutor’s office announced that thanks to the co-operation and the information collected by the Spanish police, to the public prosecutor’s office in Milan and to the Council of Europe’s reporter, Dick Marty, he was successfully able to track the 13 CIA agents.

I do not say this to praise myself, but simply to show that if a person, who works with only one assistant can produce results, we could have gone a lot further in establishing the truth if there were just a little bit of will on the part of the European governments, including Switzerland.

It is my conviction - I cannot prove it yet - that the European governments have signed secret agreements with the United States, probably following the strong emotions triggered by the events of September 11th, 2001. That could explain the silence, though it doesn’t excuse it.

Switzerland is not excluded from criticism. The airplanes, which belong to the US government, need an annual flight permit. CIA airplanes move all over Europe. The majority of these flights are used to transport logistical material from the CIA, which has offices all over the world. The Federal Authorities of the Swiss Confederation renewed this flight licence, although they knew that CIA airplanes had obviously abused this licence by having transported Abu Omar, abducted in Milan, through Swiss airspace. This constitutes a criminal action and it is the responsibility of the Prosecuting Authorities in our country to find and punish the culprits.

When the Federal Council was asked about the number of flights and landings of CIA airplanes in Switzerland, our authorities answered: three flights. One hour after this confession, Amnesty International proved that it was four flights. Today we know that there have been at least 48 flights. We would have appreciated it, if the Federal Council had given more precise information about the number of flights!

As previously mentioned, the transit of airplanes, which transport abducted individuals, is a crime, which falls under the jurisdiction of the Swiss Prosecuting Authorities. It took a very long time for the Office of the Attorney General of Switzerland to decide to open an investigation, although the Italian magistrates had documents which proved overwhelmingly, that the airplane, which transported Abu Omar, had flown over Switzerland. When we inquired at the Federal Office of Civil Aviation: "Did this or that airplane fly over Switzerland on the 13th of February 2003?" the prompt answer was: "Yes, Sir, twice! In the morning from Ramstein to Aviano and in the afternoon from Aviano to Ramstein." It was the same destination and the same time-schedule as in the Italian police documents.

We think, therefore that there have almost certainly been secret agreements; but there have also been corresponding policies and interests, which have been implemented, in contradiction to our values and political principles. I am perfectly aware of the fact that it is the role of a government to protect its country’s interests and that there can be conflict situations. Personally, however, I would have preferred it, if one had spoken openly, instead of lying to us: We cannot be on bad terms with the USA, because we have strong interests with them.

For the Federal Swiss Authorities all this means that there has been a lack of political will to find out the truth. I am convinced today – I’m repeating it - that there have been secret, formal or informal agreements between the USA and Switzerland, as with other European countries. And if these agreements were only struck at the intelligence service’s level, it would be even more disturbing.

In the last days we heard from the press that the Office of the Attorney General of Switzerland has taken steps directly or through the police department to have investigations in Guantánamo. The Federal Swiss Authorities have given lists of names and photos of Muslims who were detained in Switzerland to the authorities of the USA in order to obtain information about the prisoners in Guantánamo. This means in fact an acceptance of the extortion of information under torture. I think this is simply scandalous. On the one hand our Foreign Minister, Mrs. Calmy Rey says amicably to Mrs. Condoleezza Rice that the prison of Guantánamo is unacceptable, that it must be closed and that it is against international law. On the other hand, our Federal Authorities, by making investigations into Guantánamo, legitimize this kind of structure, thereby supporting the torture. At the same time they know exactly that possible evidence obtained under torture or in secret detention centres, would not be acceptable in any European court.

During this period of investigation, I often felt very lonely. But, an irony of fate is that today I can express my thanks to President Bush, for his indirect important support when, on the 6th of September, 2006, he finally admitted the existence of these secret detention centres. Consequently my report about CIA abductions and CIA flights attained particular significance.

Another encouraging and positive element is what just occurred in Germany, where the 13 agents of the American espionage service, who abducted Khaled El-Masri, will be legally prosecuted. In addition to this, there is the trial in Milan as well as the steps taken by the Spanish legal authorities, who have requested access to all documents from the Spanish secret services regarding CIA airplanes. In short, I believe that the dynamics of truth has just been put into motion.

I was also pleasantly surprised by the quality of some NGOs in the USA, as well as by the dynamics expressed by some circles of civil society. If certain facts have emerged, then it’s happened partly thanks to these NGOs.

It is of substantial importance to have an independent press. We saw to what degree the media is influenced by those in power. There was another, revealing example: the conditioning of the public opinion, by the media, in favour of the war in Iraq. There cannot be real democracy without a really independent press, politically as well as economically.

One element of great importance is the independence of the judiciary. And when I say the judiciary, I mean in particular the Office of the Attorney-General. If Italy was able to find the truth in this affair, it is due to the independence of the Office of the Attorney- General, who could act despite the animosity of the political power. In the Italian system the public prosecutor’s office is regarded, in every respect, as an independent judicial authority and the police, which co-operate with the prosecuting attorney’s office, is subject to the same independence.

I’m insisting on this point, because in Switzerland, the present head of the Federal Department of Justice and Police would alone like to exercise control over the Office of the Attorney-General of Switzerland. This is occurring in the middle of complete apathy amongst the political class, which gives the impression that it is not interested in the problems of the judiciary. I find that this is very dangerous and that one should absolutely react.
Can the fight against terrorism justify these practices?

Every day I meet people who say: "Oh, terrorism is so dangerous. We must accept torture, so that lives can be saved." I find these kinds of considerations wrong and extremely dangerous.

Terrorists are certainly dangerous individuals, because their aim consists of destroying, by all means, our democratic system and western values. It is nevertheless shocking that we fight these terrorists ourselves by renouncing the fundamental institutions of our democratic system; our judicial system; the fundamental principle of Human Rights and the guarantee of a fair trial. By behaving in such a way, we indirectly legitimize the fight of these people, who today in the face of the violations, are convinced that the system is brutal, illegal and uses torture. Above all, these illegal actions could lead to a sympathetic movement for the culprits of terrorist actions.

When I co-operated with the head of the Italian anti-terrorism unit, General Carlo Alberto dalla Chiesa, he said to me: "Terrorists are madmen, but they are not numerous; they only become dangerous when a movement of sympathy for them develops; this encourages, motivates and stimulates them." He illustrated his words with the following image: "Sympathy for terrorism is like oxygen for fire." I am convinced that this is in accordance with the truth.

What also shocked me during my mission, was the realization that in the context of this war against terrorism, there is no strategy at all.
The USA said: no judiciary, no Geneva Convention, we are giving the intelligence services and the Pentagon free rein.

There has never been a debate between the USA and Europe about the ways and means to counter terrorism. There has also never been a debate within of Europe about a real strategy.

Besides, as far as I know, there is no international legal definition with regards to terrorism. There are conventions which talk about terrorism, but there is no real definition of terrorism. I think we should probably change or adapt some of the mechanisms of the present system concerning pursuit by the police and judicial prosecutions. I maintain that democracy and the judicial authorities have the means to cope with the threat which terrorism represents.
I believe that there are still other threats, which are just as dangerous as terrorism. I think corruption, for example, is a world-wide evil that causes immeasurable disasters.

The real instrument in the fight against terrorism lies at the political level. I am really convinced that we will not solve the Palestinian problem as long as we do not offer a political solution and a life of dignity for these hundreds of thousands of Palestinians who were born there, have grown up there, and have seen their family members die in the refugee camps and who have lost all hope, leading, unfortunately, to more human beings, who will blow themselves up, like this grandmother recently in Gaza.

How can one imagine that there will be no more terrorists, as long as there are wars that are based on lies?
What worried me most about this affair and shocked me deeply, is the indifference. How many people said to me: "Why do you do all that, they are just terrorists! The Americans are right." And they add: "They are, after all, only Muslims".

What a kind of confusion! I believe that we are on our way to commit a historical error by criminalizing Islam. We are forcing the moderate Islamic movement towards extremism; I am afraid that we will pay a very high price for this mistake.
Does one have to fight tyranny with the instruments of the tyrants? That is the title, which I wanted to give to this conference and it will be my conclusion. This phrase is not my own. I found it in a judgment in a terrorism case of the Supreme Court of the United States, uttered by judge Sandra Day O’Connor: "If our country wants to remain faithful to our values, which are symbolized by our flag, we cannot fight tyranny with the instruments of the tyrants".

Recording and editing by: Silvia Cattori, in coordination with Dick Marty.
Translated from German by Monica Hostettler.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=MAR20070518&articleId=5694

Uru - Esta tarde se realizará la 12ª "Marcha del Silencio" por la avenida 18 de Julio de Montevideo

Familiares reclamarán hoy por "Nunca Más"

Bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más Terrorismo de Estado", hoy, 20 de mayo, tendrá lugar como desde hace 12 años, la denominada "Marcha del Silencio", a la cual convocan, entre otras organizaciones vinculadas a los derechos humanos, la agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La convocatoria es para la Plaza de Desaparecidos de América, ubicada en el cruce de Rivera y Jackson, a la hora 18. Desde allí se partirá, recorriendo la avenida 18 de Julio, para culminar en la Plaza Libertad (Cagancha).

Como cada 20 de mayo desde 1995, la "Marcha del Silencio" recuerda y reclama Justicia al cumplirse el aniversario de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio de militantes tupamaros que integraban Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinados en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976. Tomando como partida estos cuatro brutales crímenes, la movilización reivindica la necesidad de conocer la verdad sobre este caso así como también sobre unos 200 uruguayos opositores a la última dictadura que aún permanecen desaparecidos.

Luisa Cuesta, una de las figuras emblemáticas de Familiares, dijo ayer a LA REPUBLICA que la convocatoria de esta tarde "tiene un gran significado; primero porque hemos vuelto a la consigna que teníamos cuando desaparecieron nuestros seres queridos, el 'nunca más'; y segundo porque reafirmamos que la verdad sigue secuestrada".

La de hoy será la primera marcha que se realiza luego de los procesamientos de varios militares, el propio Bordaberry y el ex canciller Blanco por casos de violación a los derechos humanos. Más allá de esta circunstancia, Cuesta aclaró que el accionar de la Justicia "no calma" el sentimiento de dolor porque "las Fuerzas Armadas no hablan de verdad, sino que hablan de lo que hicieron, hablan de vuelos pero no de nombres de las personas que trajeron, y por eso nuestra consigna es muy justa para este momento".

Además, la representante de Familiares cuestionó las carta pública dada a conocer en los últimos días por el ex represor Gavazzo: "Nosotros no tenemos odio, tenemos amor a los nuestros que desaparecieron y a los hijos y a las madres del futuro", dijo Cuesta.

Finalmente, con la fuerza y la esperanza intactas, al igual que hace más de 30 años, Cuesta concluyó: "La esperanza está en el pueblo que siempre nos acompaña, y por eso, pido a nuestro pueblo que esté con nosotros y que nos ayude a llevar las fotos de nuestros seres queridos". *

http://www.larepublica.com.uy/lr3/larepublica/2007/05/20/politica/258699/familiares-reclamaran-hoy-por-nunca-mas/

Uru - La dictadura respondió a OEA denuncia de Michelini el día que lo secuestraba

Documentos obtenidos por LA REPUBLICA muestran otro capítulo atroz de la "historia reciente"

La dictadura respondió a OEA denuncia de Michelini el día que lo secuestraba

Un informe de Zelmar sobre los "rehenes" tupamaros habría sido uno de los motivos de su asesinato. El mismo 18 de mayo de 1976 en que era secuestrado junto a Gutiérrez Ruiz, el embajador en Washington, Mateo Marques Seré, contestaba con ironía sus denuncias sobre las cárceles uruguayas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 18 de mayo de 1976, el mismo día del secuestro de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Argentina, la dictadura uruguaya dio respuesta a una denuncia sobre maltrato a los presos políticos que el propio líder frenteamplista había hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El material al que accedió LA REPUBLICA refleja otro capítulo atroz de lo que se ha dado en llamar la "historia reciente" y evidencia la complicidad con la que el cuerpo diplomático del régimen se manejaba en las relaciones del Estado uruguayo con los organismos internacionales.

La nota oficial también agrega otro móvil de la dictadura para concretar el homicidio de Michelini y los demás dirigentes políticos exiliados en Argentina, quienes denunciaban al mundo las torturas y condiciones inhumanas en las que se encontraban los presos políticos en Uruguay.

El documento, proveniente de los archivos de la propia CIDH, está firmado por el entonces jefe de la misión permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Mateo Marques Seré, quien representaba al régimen militar en Washington.

Otros informes con que Marques Seré defendió a la dictadura fueron usados recientemente en un editorial del matutino "El País" (23/01/07), para sustentar la llamada teoría de los "dos demonios", que busca equiparar la guerrilla del '60 con la represión militar. El documento del 18 de mayo no fue mencionado.

Los "rehenes" del MLN

A partir de su exilio en Buenos Aires, horas antes de la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973, el senador de la Lista 99 del Frente Amplio, Zelmar Michelini, junto a otros dirigentes políticos exiliados se había puesto a la cabeza de las denuncias en contra de la dictadura en Uruguay.

El 4 de noviembre de 1973, el diario "La Opinión", donde Michelini escribía, denunció la situación de "rehenes" que la dictadura había impuesto a un grupo de dirigentes tupamaros, particularmente a Raúl Sendic, quienes serían ejecutados si la organización volvía a operar dentro del país.

Michelini integraba el Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay, que en diciembre de 1974 elaboró un memorándum sobre la situación de rehenes que desde fines de setiembre de 1973 padecía ese grupo de tupamaros y denunció las torturas y condiciones de prisión a que les sometían.

El memorándum explicaba que la denuncia internacional realizada durante un año había logrado evitar el fusilamiento de aquellos presos políticos, pero advertía que "parece igualmente claro que la muerte de estos detenidos sigue estando planteada en la mente de los militares".

"Ahora se persigue el aniquilamiento por otros medios. Se trata de lograr una muerte lenta que surgiría como resultado del proceso de deterioro físico, de las repetidas torturas y de las presiones sicológicas ejercidas sobre quienes están sometidos desde hace casi un año a un régimen tan brutal", añadía el informe.

Campaña humanitaria

El memorándum explicaba que el grupo de rehenes estaba integrado por Raúl Sendic Antonaccio, Jorge Manera Lluveras, Julio Marenales Sáenz, Adolfo Wassen Alanis, Jorge Zabalza Wacksman, Mauricio Rosencoff Silverman, José Mujica Cordano, Eleuterio Fernández Huidobro y Henry Engler Golovchenko.

El informe concluía que "la total carencia de todo tipo de actividad física e intelectual, la incomunicación con el mundo exterior, la amenaza reiterada de que la situación en que están se prolongará indefinidamente, la falta de conversación y de contacto humano, la imposibilidad de hablar o expresarse en alguna forma, la permanencia constante en lugares de reducidas dimensiones, constituyen las nuevas formas de tortura que se ensayan como complemento a la tortura física directa".

"Por la conocida trayectoria revolucionaria de los nueve rehenes, sin duda la idea de la muerte ha sido asumida por ellos desde tiempo atrás. Recordamos su respuesta en setiembre de 1973 cuando se les comunicó su situación: 'Podrán fusilarnos, pero no lograrán detener la lucha del Pueblo'", decía.

Finalmente, se proponía una campaña internacional para lograr el reintegro de los nueve rehenes al Penal de Libertad, su urgente atención médica controlada por un organismo internacional y la designación de una misión permanente de la Cruz Roja Internacional para Uruguay.

La denuncia de Zelmar

El memorándum del Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay, que el propio Michelini habría redactado, fue enviado entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para que se exigiera a la dictadura garantías sobre las vidas de los rehenes.

El propio Zelmar Michelini le escribió una carta al entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Luis Reque, a quien pedía ser recibido por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos para explicar personalmente la situación que sufrían los presos políticos en Uruguay.

La nota, fechada el 18 de abril de 1975, decía: "La situación ahora ha empeorado y la ausencia total de libertad hace que la represión sea mucho más dura y el desconocimiento de los derechos consagrados en los acuerdos internacionales, más continuo (y) flagrante".

"Pienso que es sumamente importante para la suerte del pueblo uruguayo y de miles de hombres y mujeres que sufren persecución, prisión y destierro, que esa Comisión conozca una voz tan diferente a la que se suele expresar por los medios gubernamentales y oficiales", escribía.

Michelini señala en su carta que pensaba viajar a Washington en torno al 20 de mayo de aquel 1975.

El viaje se frustró cuando el gobierno dictatorial le anuló su pasaporte oficial. Exactamente un año después, cuando intentaba nuevamente concretar el viaje fue secuestrado, torturado y asesinado.

Respuesta política y militar

Aunque Michelini no pudo viajar a Estados Unidos para concretar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el memorándum elaborado por el Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay sobre la situación de los rehenes tupamaros fue recibido por la comisión de la OEA.

Las graves denuncias descritas fueron inmediatamente incorporadas por la CIDH, que creó el Caso 1929 y envió, el 8 de agosto de 1975, una nota dirigida al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, en la que solicitaba una respuesta ante el memorándum.

La primera contestación de la dictadura ante las denuncias de Michelini sobre los rehenes se dilató hasta comienzos de 1976, cuando por una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores se decidió la cancelación de su pasaporte, junto a los de Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz.

La segunda respuesta fue la nota formal con la que el embajador Mateo Marques Seré ironizó sobre la situación que sufrían los rehenes y sostuvo que se trataba de una campaña de desprestigio, que las cárceles y la atención médica eran de las mejores del mundo y que no se realizaban torturas.

Ese mismo 18 de mayo de 1976, la dictadura también daba una respuesta militar a las denuncias: Zelmar Michelini era secuestrado y su cuerpo aparecería junto a los de Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo ­todos ejecutados y con señales de torturas­ dos días después, hace hoy exactamente 31 años. *

http://www.larepublica.com.uy/lr3/larepublica/2007/05/20/politica/258694/la-dictadura-respondio-a-oea-denuncia-de-michelini-el-dia-que-lo-secuestraba/

La denuncia de Zelmar

Buenos Aires, abril 18 de 1975 Dr. Luis Reque Washington
Facsímil con la denuncia de Zelmar Michelini, fechada en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba exiliado, en abril de 1975.
Facsímil con la denuncia de Zelmar Michelini, fechada en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba exiliado, en abril de 1975.

Estimado Dr. Reque:

Soy un senador uruguayo, exiliado en la ciudad de Buenos Aires, tras los acontecimiento de junio de 1973 en mi país. Durante mi actuación como legislador en mi patria me ocupé reiteradamente de las violaciones a los derechos humanos. La situación ahora ha empeorado y la ausencia total de libertad hace que la represión sea mucho más dura y el desconocimiento de los derechos consagrados en los acuerdos internacionales, más continuo (y) flagrante.

Quisiera exponer esa situación ante la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Personas amigas, con conocimiento del trámite de estos asuntos, me han recomendado que me dirija a Ud. para formular la petición formal.

Pienso estar en Washington alrededor del 20 de mayo próximo y creo que esa fecha podría ser accesible para mi presentación ante la Comisión. El tema concreto de mi denuncia estaría relacionado con la situación imperante en Uruguay respecto a la vigencia de los derechos humanos.

Ruego a Ud. trasmita a los Sres. miembros de la Comisión mi aspiración y se sirva indicarme ­si es posible­ los requisitos que debo cumplir para poder concretar mi deseo. Pienso que es sumamente importante para la suerte del pueblo uruguayo y de los miles de hombres y mujeres que sufren persecución, prisión y destierro, que esa Comisión conozca una voz tan diferente a la que se suele expresar por los medios gubernamentales y oficiales y que entiendo ­es mi convicción­ que no representa la verdad de lo que ocurre en el país. Al informar de los hechos reales sólo pretendo ubicar a la Comisión en la dramática realidad uruguaya.

Quedo a la espera de sus noticias, totalmente a las órdenes y al agradecerle la atención que se sirva dispensarme le expreso la seguridad de mi estima personal.

(firma)Zelmar Michelinis/d Corrientes 626 Buenos Aires República Argentina

Facsímil de la respuesta del embajador Mateo Marques Seré, del 18 de mayo de 1976.
Facsímil de la respuesta del embajador Mateo Marques Seré, del 18 de mayo de 1976.
Washington, 18 de mayo de 1976 Al Dr. Andrés Aguilar,

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington DC

Señor Presidente.

De acuerdo con instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de dirigirme al señor Presidente para hacer referencia a la nota de esa Comisión de fecha 8 de agosto de 1975 (Ref. Caso 1929) enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, mediante la cual trasmite una comunicación sobre derechos humanos, y solicita la información al respecto, para poner en su conocimiento lo siguiente:

1 - Las afirmaciones genéricas que se formulan en la comunicación que se contesta se encuadran dentro de la campaña sistemática -organizada a nivel internacional- de desinformación en contra de mi país que persigue el propósito de impostar una falsa imagen de la realidad nacional.

2 - Las condiciones de alojamiento y alimentación que se proporcionan en los establecimientos de reclusión son comparables a las mejores del mundo.

3 - La atención médica es permanente y está respaldada por el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas donde se hace la atención especial de los reclusos.

4 - En ningún establecimiento de detención, arresto o reclusión se ejercitan torturas o prácticas vejatorias de ninguna clase.

5 - El autor o autores de la comunicación a que se hace referencia han incurrido en una lamentable confusión debido tal vez al hecho de que la situación que se describe y que se sintetiza en sus conclusiones "la total carencia de todo tipo de actividad física e intelectual, la incomunicación con el mundo exterior, la amenaza reiterada de que la situación en que están se prolongará indefinidamente, la falta de conversación y de contacto humano, la imposibilidad de hablar o expresarse en alguna forma, la permanencia constante en lugares de reducidas dimensiones, constituyen las nuevas formas de tortura que se ensayan como complemento a la tortura física directa", coincide totalmente con el "tratamiento" que el auto denominado "MLN Tupamaros" suministraba a las víctimas de sus secuestros en las llamadas "cárceles del pueblo" según es público y notorio.

Otra razón que vendría en abono de esa lamentable confusión es precisamente el hecho de que las personas que se nombran en la comunicación como presuntas "víctimas" (Raúl Sendic, Julio Marenales, Wassen, Rosencof, etc) constituían la dirección del Movimiento Tupamaro y fueron los que ordenaron en su momento el "tratamiento" al que en forma tan gráfica se hace referencia en la comunicación que se contesta.

Reitero al señor Presidente las seguridades de mi más alta consideración.

(Firma) Mateo Marques Seré Embajador.

Arg - Repressor's daughter changes her name

• A court granted Ana Rita Pretti Vagliatti, the daughter of one of the repressors from Argentina’s 1976-83 military dictatorship, the right to change her paternal name. Her father, former police officer Valentín Milton Pretti, aka “Saracho,” headed a clandestine detention center on the outskirts of Buenos Aires.

Rendition victim sent to mental institution after arson attack

By Tony Paterson in Berlin
Published: 19 May 2007

German authorities have been accused of failing to help a man who set fire to a supermarket while suffering from severe depression caused by his kidnapping, imprisonment and torture by the CIA.

Khaled el-Masri has been a "psychological wreck" and has lived in constant fear that his children would be shot for the three years since he was released from an Afghan prison by the US, according to his lawyer.

The lawyer, Manfred Gnjidic, was attempting to explain why the 43-year-old German of Lebanese descent went berserk at a supermarket in the southern city of Ulm on Thursday and set fire to it, injuring no one but causing half a million euros of damage.

German state prosecutors committed Masri to a psychiatric institution for an indefinite period immediately after the arson attack. Mr Gnjidic said yesterday that in common with other victims of the CIA's controversial "renditions" programme, Masri had been severely traumatised by his experiences and had been unable to recover.

"This is an example of what happens to torture victims when they are left on their own and not given any proper treatment," Mr Gnjidic said. He said he had asked doctors and appealed to the government for help in providing the kind of psychiatric care his client badly needed, but nobody had offered to take him.

He said that since his release from a CIA prison in Afghanistan in May 2004, Masri had received only superficial treatment at a centre for torture victims. "Mr Masri has been left alone. One cannot simply sit back and wait until a case like this explodes," he insisted. "He lives cooped up most of the time in his apartment and in constant fear that his children could be shot. He has suffered a complete nervous breakdown," he added.

Khaled el-Masri was the focus of international attention in 2004 after he was released from US captivity and dumped on a road near the border between Macedonia and Albania where he was told by guards: "Don't bother telling anybody what happened to you - they won't believe you."

But he later revealed to the American press how the CIA had mistaken him for an al-Qa'ida suspect and kidnapped him while he was on holiday and travelling through Macedonia on a coach in December 2003. Masri was then flown to a CIA renditions prison in Afghanistan where he was beaten and sexually abused by his captors for five months before they realised they had detained the wrong person.

His case is the subject of a major parliamentary investigation in Germany over the extent to which the then government of Chancellor Gerhard Schröder had knowledge of the kidnapping. In America, his case has been frequently cited by human rights activists in their campaign to stop the practice of renditions.

German state prosecutors issued international warrants for the arrest of several suspected CIA agents alleged to have taken part in Masri's abduction and torture in January after US courts refused to take up his case, claiming that to do so would jeopardise national security.

Yesterday it emerged that Masri's arson attack was the latest in a long line of acts of desperation that appeared to stem from the deep psychological trauma he had been suffering from since his captivity.

Prosecutors said that Masri also faced charges for allegedly attacking an instructor who had been teaching him how to drive lorries. They said Masri had lost his temper after the instructor criticised him for failing to attend his lessons.

Prior to his arson attack on the Metro supermarket, they said Masri had spat in the face of one of the store's female staff after she refused to take back an iPod he had bought there.

http://news.independent.co.uk/europe/article2559986.ece

Philippines denounced for ‘most cruel form of human rights violation’

MANILA — The Families of Desaparecidos for Justice or Desaparecidos condemns the regime of Gloria Macapagal-Arroyo for its continued implementation of enforced disappearances, deemed the cruelest form of human rights violations.

Enforced disappearance deprives the victim the right to life, liberty, against torture, and even the right to a decent burial. We, the families of victims have been subjected to risks and continued psychological torture as we continue to search and remain uncertain of the fate of our missing loved ones.

Ironically, the Philippines was reelected yesterday as member of the United Nations Human Rights Council, after finishing a one year term. We at Desaparecidos, however maintain that the country’s membership to the recently-created UNHRC has not reflected in any show of respect, much less protection of human rights of Filipinos, as shown by the rising cases of disappearances and extrajudicial killings.

Those who remain missing have reached 199 from 2001 to May this year. From January to May this year, 16 persons were abducted and had remained missing, among them, six are women and one is a minor. In 2006 was recorded the highest number of disappeared, with 75 victims.

As part of the regime’s Oplan Bantay Laya, elite intelligence and operation groups of the Armed Forces of the Philippines have conducted the surveillance, abduction, torture, concealment and possibly execution of their victims, who were mostly members of cause-oriented groups and even the underground Left.

According to the International Convention for the Protection of all Persons against Enforced Disappearances, enforced disappearance is committed by government officials or by organized groups acting in behalf, or with the support, consent or acquiescence of the government, depriving the victim of liberty and placing him/her outside the protection of the law.

Indeed, this had been evident in the testimonies of witnesses and data gathered in cases of disappearance, pointing to the involvement of state security forces, use of government resources and facilities.

· The latest victim, Joseph Jonas Burgos, 37, was abducted by armed men suspected to be soldiers on April 28, at the Ever Gotesco mall in Quezon City. The abductors’ Toyota Revo had the license plate TAB 194 which was traced to an XLT jeep impounded at the 56th ID headquarters in Norzagaray, Bulacan.

· On April 3, Cavite urban poor leader Lourdes “Nay Ude” Rubrico was abducted by armed men who identified themselves as agents of the “NBI” (National Bureau of Investigation) and used a brown van with license plate XRR 428 which was traced to Army Major Darwin Sy.

Nay Ude, 63, who was released on April 10, attested that she was detained at an office of the 301st Air Intelligence and Security Squadron inside the Fernando Basa Air Base. She had since filed criminal and civil charges against several AFP officers.

· Oscar Leuterio, a former security guard in Doña Remedios Trinidad, Bulacan, was also abducted last year and kept incommunicado for five months, inside the Fort Magsaysay where he saw other victims of disappearance. He had filed criminal and civil charges against his abductors and captors, including now ret. Maj. Gen. Jovito Palparan Jr.

· On April 12 in Cebu , soldiers were the ones who abducted and tortured Bayan Muna coordinator Preciosa Daño, 48 and Kabataan partylist’s Beethoven Avila, 28. The military later released them to the Regional Intelligence Investigation Division in Toledo City.

· On March 27, in Sta. Ana, Pampanga, peasant Villamor Adona was abducted by armed men who carried Armalite rifles with laser devices, which are used by military and police men.

· Soldiers in civilian clothes were the ones involved in the May 7 illegal arrest of Virgilio Borja in Ormoc, Leyte which could have also led to another disappearance, were it not for the presence of Bayan Muna partylist Rep. Teddy Casiño who accompanied Borja.

To stop the continued rise in disappearances, we challenge the Arroyo regime to sign the International Convention for the Protection of all Persons against Enforced Disappearance which requires the states to investigate enforced disappearances and punish those who are found guilty of such crime.

For the third Saturday gathering of Hustisya, we would like to remember those who were disappeared this time last year, whose families have spent a whole year searching and seeking justice:

· Manuel Sioson Jr., abducted May 5 in brgy. Lambakin, San Miguel, Bulacan by armed men suspected to be soldiers of the 56th IB PA led by Lt.Col. Noel Clement

· Benedicto Magdaong, 52, Anakpawis member, abducted May 5 in Pampanga by 2 armed men in ski masks

· Leoniso Ragudos, 33, farmer, abducted May 6 in Sapang Dalaga, Misamis Occidental

· Philip Limjoco, 52, NDF consultant, disappeared May 8 in Dau, Pampanga

· Roland Rallo Porter, 50, member of Bayan Muna and First Quarter Storm Movement, abducted May 16 in brgy. Olympia, Makati City

· Virgilio Tranquilino, 34, abducted May 17 in Nueva Ecija

· Fidel Palting, worker of the United Church of Christ in the Phils., abducted May 21 by suspected soldiers of the 71st IB PA

· Dionelo Borres, 45 and Roberto Marapo, 44, peasants, abucted May 28 by suspected operatives of the 61st IB PA

http://davaotoday.com/news/2007/05/19/philippines-denounced-for-most-cruel-form-of-human-rights-violation/

Arg - Inician querella criminal por desaparición de trabajador yerbatero durante la dictadura

CASO NERI PEREZ

La familia de Neri Pérez, sindicalista yerbatero desaparecido del Establecimiento Las Marías durante la última dictadura militar, inició una querella criminal en el Juzgado de Posadas para que se investigue su alojamiento en centros clandestinos de detención en Misiones, según surge de declaraciones recientes en otras causas similares. Pidieron al juez federal en turno que se agilicen investigaciones al respecto.

Desde la presentación de la denuncia por la desaparición de Pérez, todos los jueces de la jurisdicción se habían excusado de tomar la causa argumentando relaciones personales con propietarios del Establecimiento Las Marías, y otras razones previstas en el Código Penal.

Así el juez primigenio, Juan Ángel Oliva, y una decena de conjueces rechazaron hacerse cargo del proceso, por lo que tomó el puesto el abogado Tomas Chalup.

De todos modos, los familiares de Pérez presentaron la querella criminal ante el Juzgado Federal de Posadas, pidiendo que se tome información de otras causas donde existen declaraciones recientes que hacen alusiones a la desaparición del sindicalista yerbatero, en otras causas similares ya que la actividad yerbatera, sector donde se produjeron las desapariciones, se desarrolla en el norte de Corrientes y sur de Misiones.

Así, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, decidió unir esta querella a la causa madre que investiga desapariciones en Misiones, causa caratulada como Caggiano Tedesco Carlos, Molina Javier y otros, sobre Asociación Ilícita agravada por torturas y Homicidio Calificado.

Los abogados de la familia Pérez, Ramón Enriquez, Fernando Canteli y Rafael Pereyra Pigerl, argumentaron que en varias causas que investiga ese juzgado existen declaraciones que confirman la denuncia de que Neri Pérez fue secuestrado del establecimiento Las Marías y trasladado a centros clandestinos de Misiones.

"Se pidió celeridad en analizar esta querella criminal" señaló a momaarandu.com Hilda Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos, entidad que acompañó esa presentación.

Neri Pérez, trabajaba desde el año 1968 en el establecimiento Las Marías, en la ciudad de Virasoro, también territorio correntino. Era delegado de los tractoristas ante la Federación de Trabajadores Rurales de la República Argentina hasta que el 2 de junio de 1977 fue secuestrado de manera clandestina y arrancado de su domicilio particular.

http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=66810

Uru - Marcha del 20 de Mayo. Nunca más terrorismo de Estado

Bajo la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”, Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará el domingo su Marcha del Silencio, como cada 20 de mayo. Este año el mensaje refleja una respuesta ante una decisión del gobierno.

Brecha

La de instituir el 19 de junio como el día del “Nunca más, para todos”, o del “Nunca más hermano contra hermano”, que tergiversa el verdadero sentido de la frase emblemática contra el terrorismo de Estado.

A diferencia del año pasado, esta vez no se explicita el reclamo de “justicia” para los crímenes de lesa humanidad.

Esto revela el ánimo en la interna de Familiares, donde hay opiniones dispares respecto de la forma y el contenido de los pronunciamientos que involucren el tema del derecho de justicia.

La organización como tal no se ha sumado a la campaña para anular la ley de caducidad, a pesar de que la norma ha cercenado el derecho de justicia dispuesto en las convenciones internacionales que Uruguay debe cumplir, en tanto se trata de derechos humanos fundamentales.

En conferencia de prensa brindada por Familiares, Luis Urtazú sostuvo que las Fuerzas Armadas y algunos civiles “siguen mintiendo, ocultando la verdad sobre nuestros desaparecidos”.

Luisa Cuesta dijo que Familiares “está de acuerdo con la justicia” pero que “la verdad es un forma de justicia para el pueblo” (Radio Uruguay, jueves 17). Y puso en duda que integrantes de la organización concurran al acto del 19 de junio, organizado por el gobierno.

Sostuvo que hace varios meses habían pensado concurrir con pancartas que recordaran las frases célebres de Artigas, pero que hoy esa posibilidad se diluyó sobre todo luego de que el Poder Ejecutivo hiciera suyo el “proyecto de reparación” del diputado colorado Daniel García Pintos, que deja en pie de igualdad a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.

La marcha partirá a las 18 horas desde Rivera y Jackson, para continuar por 18 de Julio hasta la plaza Libertad.

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Plebiscito contra la ley de caducidad

La Coordinadora Nacional por la Anulación de la ley de Caducidad decidió iniciar una campaña de reforma constitucional para lograr su cometido.

Para ello es necesario recolectar antes del 30 de abril de 2009 una cantidad de firmas que supere el 10 por ciento del padrón electoral (hoy serían unas 250 mil).

De llegar al número, y si la Corte Electoral convalida la normalidad del procedimiento, el plebiscito debería realizarse junto a la elección de octubre de 2009.

En principio, un grupo de juristas encabezado por Óscar López Goldaracena será el encargado de la elaboración del proyecto de reforma constitucional que podría ser plebiscitado, el que luego será sometido a consideración de las organizaciones que integran la coordinadora.

En su proclama emitida ayer, jueves, la coordinadora afirma que “la ley de caducidad es jurídicamente nula por ser contraria a normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a juzgar los crímenes de lesa humanidad, por haber sido aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, por desconocer la separación de poderes, y por violar derechos humanos fundamentales”.

Sostiene que declarar la nulidad de la ley de caducidad “es un imperativo histórico, moral y jurídico indispensable para consolidar un Estado de derecho democrático y pleno”. Y recuerda que el Poder Legislativo “tiene el derecho y el deber de ajustar las realidades antijurídicas al derecho y, para el caso, tiene la obligación de dictar, por simple mayoría, una ley que declare nulas e inexistentes las normas de impunidad de la ley de caducidad”.

La coordinadora convoca “a toda la ciudadanía y, muy especialmente, a todos los actores políticos y organizaciones sociales a sumarse a los esfuerzos para declarar nula la ley de caducidad”. Y además invita a participar en la marcha del domingo 20 “para terminar con una ley nula e inmoral”.

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Notas

Este artículo fue tomado de la edición del semanario Brecha (www.brecha.com.uy) correspondiente al viernes 18 de Mayo de 2007.

Fil - Acusan al Gobierno de mantener operaciones contrarias a los derechos humanos

El grupo Familias de Desaparecidos para la Justicia (Desaparecidos) condenó hoy al Gobierno de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, por mantener las operaciones de desapariciones forzosas, que calificaron como la más cruel de las violaciones de derechos humanos.

La desaparición forzosa priva a la víctima del derecho a la vida, de la libertad, de protección contra la tortura e incluso del derecho a un entierro decente, señala un comunicado de Desaparecidos.

El grupo considera desapariciones forzosas las detenciones por parte de agentes de seguridad de civiles, a quienes se priva de libertad y se les coloca fuera de la protección de la ley.

Según el comunicado de Desaparecidos, desde que Magapagal fue nombrada presidenta en 2001 se han producido las desapariciones forzosas de 199 personas, supuestamente detenidas por las fuerzas de seguridad y que permanecen en paradero desconocido.

Desaparecidos también califica de irónico que Filipinas haya sido reelegido el viernes como miembro del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCR), puesto que el país 'no ha mostrado respeto, mucho menos protegido los derechos humanos de los filipinos, como muestra el creciente número de casos de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales'.

El grupo señaló que 'elementos de las Fuerzas Armadas de Filipinas han realizado operaciones de vigilancia, secuestro, tortura, ocultación y posiblemente ejecución de sus víctimas, la mayoría miembros de organismos sociales e incluso de la izquierda'.

La condena de Desaparecidos sigue a una manifestación hoy contra Macapagal Arroyo, a quien se exigió que haga reaparecer a las 199 personas desaparecidas bajo su régimen, la última el 28 de abril pasado, cuando un grupo armado secuestró a Joseph Jonas Burgos, hijo de un activista agrario.

Burgos, según testigos, fue introducido en una furgoneta, que portaba una matrícula perteneciente a un vehículo incautado por las autoridades y que supuestamente permanece en un depósito bajo control de la 56 División de Infantería en la provincia de Bulacan, al norte de Manila.

Desaparecidos instó también a la presidenta a firmar la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzosas, que exige a los gobiernos a investigar esos casos y castigar a los culpables.

Terra Actualidad - EFE

Garzón recibirá a hijo de desaparecidos argentinos nacido en cautivero

EFE

El juez español, Baltasar Garzón, recibirá el próximo lunes a Juan Cabandié, el último de los hijos recuperados de la dictadura militar argentina, que realiza una visita a España en el marco de su campaña para convertirse en concejal de Buenos Aires.

Cabandié, de 27 años, se enteró hace tan sólo dos años de que sus verdaderos padres habían sido torturados y asesinados por los organismos represivos de la época, en dependencias de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde él nació.

Después de conocer su verdadero pasado, un tribunal argentino ordenó el restablecimiento de su identidad, al constatar que su nombre y apellido habían sido cambiados por las personas con las que convivía.

Ahora, este joven aspira, como candidato por el partido oficialista, a convertirse en miembro del gobierno de la capital argentina, cargo que pretende ejercer con un marcado perfil de defensa de los derechos humanos.

Por ello ha decidido reunirse con Garzón, magistrado que quien conoce muy bien casos como el suyo porque se encarga de investigar los delitos cometidos durante el régimen militar argentino (1976- 1982).

Además de Garzón, Cabandié tiene previsto reunirse el mismo día con el secretario de Movimientos Sociales del gubernamental Partido Socialista Español (PSOE), Pedro Zerolo, con quien analizará diversas cuestiones relacionadas con la lucha por los derechos humanos y el respeto a los inmigrantes. También prevé mantener contactos con agrupaciones de hijos de desaparecidos en España.

Uru - Continuaran excavaciones

CONTINUARAN EXCAVACIONES EN BUSCA DE DESAPARECIDOS

MONTEVIDEO, 19 (ANSA) - El secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, se reunirá el martes con el antropólogo José López Mazz, con el propósito de decidir la reanudación de las excavaciones en busca de restos de opositores políticos desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).
El presidente Tabaré Vázquez anunció el viernes que inmediatamente ordenaría la reanudación de la búsqueda después que López Mazz declaró ante la justicia que tiene serios indicios sobre puntos donde podrían encontrarse tumbas clandestinas.

El antropólogo, que encabeza un equipo de técnicos que halló en cuarteles militares los restos de dos desaparecidos a fines de 2005, aclaró ayer que sus declaraciones no hacían referencia a los restos de la maestra Elena Quinteros, una militante de izquierda secuestrada en 1976 cuando pretendía refugiarse en la embajada de Venezuela en Montevideo.
Señaló que se limitó a decir al juez Juan Fernández Lecchini que poseía información sobre el posible enterramiento "de una mujer" en un predio militar.
López Mazz dirigió el equipo que durante dos años buscó cuerpos de desaparecidos enterrados clandestinamente en cuarteles militares y predios privados.
En 2006 finalizó la primera etapa de la búsqueda, pero entonces el Poder Ejecutivo destacó que se reanudarían las excavaciones si aparecían nuevos informes.

19/05/2007 15:19

Arg - La Cámara de Casación confirmó la condena contra el Turco Julián

El represor había recibido 25 años por la desaparición del matrimonio Poblete. Fue la primera sentencia luego de la anulación de las leyes de impunidad. El fallo quedó firme.
Por Victoria Ginzberg

La Cámara de Casación confirmó la sentencia a 25 años de prisión contra el ex suboficial de la Policía Federal Julio Simón, alias el Turco Julián. El represor fue considerado responsable de los secuestros de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, las torturas a las que fueron sometidos y el ocultamiento de su hija, Claudia Victoria. Con esta resolución queda firme la primera condena por secuestros y torturas durante la última dictadura dictada luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.

El fallo de Casación, firmado el martes pasado, rechaza el planteo que hizo la defensa del represor, quien había reclamado que se aplicara la prescripción y la obediencia debida. Además, había pedido que se bajara el monto de la pena. La Sala I de la Cámara de Casación –integrada esta vez por Raúl Madueño, Liliana Elena Catucci y Amelia Berraz de Vidal– negó todos los recursos de Simón y ratificó por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 5 en agosto del año pasado.

En el escrito, los jueces hicieron mención al fallo de la Corte Suprema que en este mismo caso convalidó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y que confirmó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el caso del ex agente pinochetista Arancibia Clavel. Así, reconocieron que la desaparición del matrimonio Poblete es crimen de ese tipo.

José Poblete, Gertrudis Hlaczik y su beba Claudia Victoria Poblete fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978 y llevados al centro clandestino de detención El Olimpo, en Floresta. El año pasado, el Turco Julián fue condenado a 25 años de prisión por este hecho. Fue la primera sentencia después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. El tribunal consideró que el hecho había sido “doblemente agravado” porque el represor había sido funcionario público y porque el secuestro duró más de un mes. También culpó a Simón por “imposición de tormentos agravados por ejecutarse en perjuicio de perseguidos políticos” y por el “ocultamiento” de Claudia Victoria, la hija del matrimonio Poblete, aunque no por su secuestro. Además, le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua. Todo esto fue ratificado por Madueño, Catucci y Berraz de Vidal. “El juicio seguido a Simón fue contundente, de manera que la Sala I debía seguir el camino trazado por la Corte Suprema en el histórico pronunciamiento de 2005”, señaló Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, organismo que fue querellante en el proceso a través de la abogada Carolina Varsky. La familia Poblete estuvo representada por Alcira Ríos.

Berraz de Vidal, una de las juezas que firma el fallo, ya presentó su renuncia, que se hará efectiva desde el 1º de junio. La magistrada dio un paso al costado “para jubilarse” luego de los cuestionamientos a la Cámara de Casación por demorar las causas contra los represores de la última dictadura. Berraz de Vidal no estaba directamente mencionada en la denuncia que 61 familiares de desaparecidos y sobrevivientes hicieron al Consejo de la Magistratura porque se apartó de las causas de derechos humanos por su amistad con un militar acusado. Aun así, firmó esta resolución.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85203-2007-05-19.html

Si no hay justicia hay escrache

SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE

Esta consigna nacida hace ya una década, desde la impotencia y el dolor más profundo, combinados con una certero análisis político de aquel momento cruzó a lo largo y a lo ancho nuestro país y se hizo carne en las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Aquí en Rosario, nació la COMISION DE ESCRACHE de la mano de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas , estudiantes, trabajadores, militantes que hoy integran la UADH junto con otras organizaciones políticas.

La comisión funcionó como un espacio de acción desde donde se señalaba y se esclarecía a la comunidad acerca de quiénes eran los responsables del terrorismo de estado, sus cómplices y partícipes civiles.

La base fundamental de nuestro accionar ha sido siempre una respuesta ante la falta de justicia a pesar de la acumulación de testimonios y pruebas irrefutables presentadas por los abogados de derechos humanos ante los distintos jueces que actuaron en su gran mayoría en defensa de los genocidas y sus cómplices.

Esta forma de protesta fue asumida como propia por el pueblo todo como forma de expresar su repudio ante cualquier acto de abuso del poder.

Se convirtió en un ejercicio popular de denuncia y protesta cuando las respuestas de los gobernantes solo consiste en mirar para otro lado ante los reclamos populares, y señalar a más de un político corrupto integrante de los gobiernos que se sucedieron.

Los gobiernos que deberían dar respuestas para lo cual fueron elegidos, pero olvidan que la memoria popular perdura en el tiempo, jamás tienen en cuenta que están sentados en lugares de privilegio, gozando de esta democracia gracias a que en los peores años de la dictadura existieron organizaciones de derechos humanos que constituimos la resistencia.

Es nuestro deber denunciar que en la actualidad se intenta criminalizar al escrache como forma legítima de expresión popular.

BASTA DE RESPONDER A LOS RECLAMOS DE LA GENTE CON REPRESION.

SI NO HAY JUSTICIA SIEMPRE HABRA ESCRACHES O TODAS AQUELLAS FORMAS DE HACERSE ESCUCHAR QUE LOS PUEBLOS SABEN ENCONTRAR.

APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ A CASI 8 MESES DE SU DESAPARICION.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS ROSARIO

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

UNIDAD ANTIREPRESIVA POR LOS DERECHOS HUMANOS

COORDINADORA DE TRABAJO CARCELARIO

MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DDHH

Arg - La justicia mendocina citará a declarar a Videla

Es en el marco de la causa que investiga la desaparición de Héctor Fagetti y el secuestro y tortura de Jorge Verón durante el gobierno de Isabel Perón. Como medida previa a la citación, un juez de San Rafael solicitó a la Policía Federal que establezca el domicilio del dictador.

El juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, citará a declarar al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, en la causa que investiga por la desaparición de Héctor Fagetti, y el secuestro y tortura sufridos por Jorge Verón en el gobierno de Isabel Peron, se informó oficialmente hoy.

En una medida previa a la citación, Acosta dispuso que la Policía Federal establezca el domicilio de Videla para citarlo a declarar como imputado.

"Se trata de una medida previa porque creemos que estaría con arresto domiciliario en el barrio porteño de Palermo", dijo Acosta, a cargo de la causa sobre la desaparición de personas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando Videla se desempeñaba como jefe del Ejército.

En declaraciones a Télam, el magistrado dijo que lo citará a comparecer ante el Juzgado Federal, algo que ocurriría "según el tiempo que demande" la ubicación de su paradero.

Videla, de 81 años de edad, cumple prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad y quedaría vinculado en la misma causa en la que está imputada, entre otros, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, cuya extradición desde España fue pedida por Acosta.

El ex Jefe Militar deberá responder por dos casos de desaparecidos: el del estudiante Héctor Aldo Fagetti, quien tenía 24 años y militaba en la Juventud Peronista cuando fue detenido el 24 de febrero de 1976 y supuestamente liberado con un acta falsa el 10 de marzo; y el de Jorge Verón-menor de edad- quien también fue detenido y secuestrado ese mismo mes de febrero.

Por esos hechos se hallan imputados además el diputado nacional del PJ Carlos Ruckauf, el ex senador nacional Antonio Cafiero, y el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62568&id=150459&dis=1&sec=1

Búsqueda de Salvador Sliba

A quien corresponda: Soy abogada de la A.P.D.H. delegacion Mar del plata y estoy buscando un chico desaparecido llamado Salvador Sliba dni 13552481 militaba en el P.Socialista de los trabajadores.se fuede MdP el 15/11/76 fue visto por última vez entre junio y julio de 1978 en Cordoba. No tiene denuncia en CONADEP. Por favor si tienen datos, lo esta buscado su hermano
María Susana Nudelman
Abogada.

A.P.D.H. M.d.P
sunudelman@hotmail.com

Asamblea Extraordinaria de HIJOS Mar del Plata

La Agrupación H.I.J.O.S. Mar del Plata

DEFINE SU FUTURO

La Agrupación Hijos Regional Mar del Plata convoca a todos sus integrantes hijos de desaparecidos y militantes miembros, a una Asamblea Extraordinaria a realizarse el día Sábado 19 de Mayo a las 19 hs en la sala del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sito en la calle H. Irigoyen 1541. A los efectos de debatir y decidir el futuro de la agrupación, y hacer público luego las conclusiones de la misma. De acuerdo al siguiente orden del día propuesto:

1) Analizar y evaluar la decisión tomada por algunos integrantes de abandonar la organización. Establecer acciones al respecto.

2) Dilusidar y evaluar, situaciones de intromisión externas en los asuntos internos de la agrupación por parte de organismos, personas físicas o agentes externos, con intereses sectoriales o personales, y que aportaron a la crisis interna de la agrupación. Proyectar acciones futuras preventivas.

3) Evaluar la tarea realizada a la fecha por la Mesa Ejecutiva de la Comisión del Juicio a la Verdad, la continuidad de sus autoridades y del Equipo Jurídico coordinado por el Dr César Sivo; tanto en lo que hace a materia de acciones jurídicas, como de construcción colectiva de la búsqueda de justicia y socialización de la investigación. Decidir acciones y tareas para ser elevadas al Plenario de la Comisión, como miembros del mismo.

4) Debatir, y definir políticas y acciones de la agrupación en el marco de las causas penales contra represores.

5) Analizar y definir acciones de los Abogados representantes de Hijos Regional Mar del Plata.

6) Debatir virtudes y defectos de la Comisión Municipal de la Memoria. Analizar acontecimientos internos para fijar posición y acciones futuras respecto de nuestra participación en este espacio.

7) Definir vínculo y representación en la Central de Trabajadores Argentinos regional Mar del Plata.

8) Comisiones de Trabajo internas, continuidad y proyectos

9) Participación en la Red Nacional H.i.j.o.s..

10) Fijar fecha y hora de conferencia de prensa a fin hacer conocer las conclusiones de la presente Asamblea.

Así mismo invitamos a militantes y amigos del campo popular a compartir con nosotros esta reunión o al menos estar junto a nosotros un rato, ya que necesitamos el acompañamiento de todos los amigos y compañeros en estos momentos tan especiales para la vida de la agrupación Hijos Regional Mar del Plata. El debate que comenzará puntualmente a las 19 hs culminará a las 21 hs, y concluiremos degustando entre los presentes unas empanaditas con alguna bebida.

Esperándolos a todos saludamos atte.

SOMOS TODOS HIJOS DE UNA MISMA HISTORIA
REIVINDIQUEMOS LA LUCHA DE NUESTROS PADRES

HIJOS MDP
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

NI OLVIDO NI PERDON. JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES

e-mail: hijos_mardelplata@hotmail.com

hijosmardelplata@yahoo.com.ar

Mensajero de la Convocatoria: Mariano Zurita
Contacto Te: 15-4387680

Arg - Acto en el Obelisco a 8 meses de desaparición de Julio Lopez

A 8 MESES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ
Acto en el Obelisco. Viernes 18 de mayo a las 17,30 hs

El Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia realizará el viernes 18 de mayo a
las 17.30 horas una concentración en el Obelisco en la que se llevarán a
cabo las siguientes actividades (Leer nota).
( Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia , 18 de Mayo del 2007 )

Se puede leer la nota completa en
http://argentina.elmilitante.org/index.asp?id=muestra&id_art=2690

Arg - Juzgados por todos sus crímenes

Organismos de Derechos Humanos agrupados en Justicia Ya! Buenos Aires, fundamentó ante la Cámara Federal San Martín el pedido de ampliación de indagatoria a los asesinos del Negrito Avellaneda por la desaparición de 32 compañeros, el asesinato de tres y la privación ilegal de libertad de otros 39.

El Dr. Jorge Brioso representante de la familia Avellaneda, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del Partido Comunista en la causa donde se investiga el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda, afirmó "Venimos a pedir que se aceleren todas las investigaciones para que los asesinos del Negrito Avellaneda sean juzgados por todos sus crímenes, porque no se cometieron delitos individuales, todos los compañeros fueron victimas de un plan de exterminio que sólo puede ser juzgado y condenado si se abandona el paradigma jurídico liberal de pensar en víctimas y asesinos individuales"

Iris Avellaneda, la madre del Negrito, recordó que en estos días su hijo cumpliría 48 años (tenía 14 años en 1976) y afirmó "que si estuviera con nosotros estaría pidiendo justicia para sus compañeros de cautiverio". De eso se trata estrictamente, de que haya justicia para los compañeros.

Peru - Caso Cantuta: ¿De Testigo a Procesado?

Las Confesiones del General EP (R) Pérez Documet

17 de mayo del 2007

El jueves 10 se presentó en el juicio oral contra el destacamento Colina por el asesinato de los 9 estudiantes y un profesor en la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, el general EP (r) Luis Pérez Documet, quien había sido citado en su condición de testigo para que relate los hechos relacionados al crimen cometido por el mencionado destacamento militar.

Como se recuerda, el 18 de julio de 1992, fecha en la que el destacamento Colina secuestra y asesina a los 9 estudiantes y al profesor de La Cantuta, el general se desempeñaba como Jefe de la División de Fuerzas Especiales - DIFE, unidad que tenía a su cargo el control de la base militar instalada en la Universidad La Cantuta.

En su testimonio, el general (r) Pérez Documet acusó al ex Comandante General del Ejército, general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos, al ex Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general EP (r) Juan Rivero Lazo y al mayor EP Santiago Martin Rivas de ser los responsables del asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta. Al ser interrogado por la 1ª Sala Penal Anticorrupción, Pérez Documet precisó que un día antes del operativo en La Cantuta, el 17 de julio de 1992, lo llamó Hermoza para decirle que preste apoyo a Rivero Lazo. "Éste (Rivero) nunca llegó. En su lugar se presentó Martin Rivas, el cual me comunicó que por encargo de Rivero Lazo necesitaba el apoyo del teniente Aquilino Portella "para realizar un interrogatorio" (La República, 11/05/07).

Agregó que la mañana del 18 de julio, luego de que el Coronel EP Carlos Miranda Balarezo y el Teniente EP Aquilino Portella le contaron lo sucedido en La Cantuta (el asesinato), llamó a Rivero y éste le contesto: "se les pasó la mano". Pérez Documet anotó que una semana después lo llamaron Rivero y Hermoza para decirle que debía adiestrar a Portella en lo que podía responder sobre lo sucedido en La Cantuta, pero que se negó (La República, 11/05/07).

El testimonio del general EP (r) Luis Pérez Documet ratifica la versión dada anteriormente en este mismo juicio por el Coronel EP (r) Carlos Miranda Balarezo, quien en diciembre del 2005, y al haberse acogido a la confesión sincera señalo que: “fue el general EP (r) Luis Pérez Documet quien ordenó para que el Teniente Aquilino Portella apoye en el ingreso de un comando del ejército a la universidad La Cantuta, comando que estaba al mando del mayor EP Santiago Enrique Martín Rivas. Que incluso el general Pérez Documet le mencionó que la orden provenía del Comandante General del Ejército Nicolás De Bari Hermoza y del general jefe de la DINTE Juan Rivero Lazo (ver “Caso Colina: entre el silencio y la confesión sincera”).

En aquella oportunidad, el coronel Miranda Balarezo señaló además que el teniente Aquilino Portella lo llamó a su casa, el mismo 18 de julio de 1992, a las 5:30 a.m., para contarle que ya había cumplido la misión ordenada pero que debía reportarle un hecho preocupante, “que las personas que fueron con él, habían secuestrado y ejecutado a los estudiantes y un profesor de La Cantuta”. Que, ante esa información, pidió de manera urgente entrevistarse con el general Pérez Documet, y al hacerlo y verlo tan preocupado dicho general le señaló: “qué tanto te preocupas Miranda si los responsables de esto son Hermoza Ríos y Rivero lazo, son ellos los que deben resolver el problema”.

Señaló, asimismo, que esa misma noche del 18 de julio él y Aquilino Portella Núñez, se reunieron en casa del general Pérez Documet y fue el mismo Portella quien le contó a Pérez Documet todo lo sucedido en la madrugada de ese día. Es decir que el general en mención conoció de los hechos desde el primer día en que estos sucedieron.

Como podemos notar, y en versión no solamente del Coronel EP Miranda Balarezo, sino en boca del mismo general EP Pérez Documet, éste habría sabido del crimen de La Cantuta desde el mismo día en que estos sucedieron y, a pesar de ello, no solamente no denunció ese crimen, sino que incluso adoctrinó a sus oficiales subalternos para que guarden un silencio cómplice ante tan execrable delito. Esto para nuestra legislación penal constituye, por lo menos, encubrimiento.

Es por ello, que desde estas líneas nos preguntamos si la condición del general EP (r) Luis Pérez Documet debe seguir siendo la de testigo, o debe ser denunciado penalmente y sometido a la justicia por su participación en los hechos vinculados al asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta. Creemos que a versión de parte, relevo de pruebas. El general ha reconocido los hechos y las circunstancias relacionadas al crimen investigado.

Finalmente, si bien el ahora testigo Pérez Documet ha señalado no haber conocido las razones por las cuales ese destacamento militar (Colina) ingresó a la universidad La Cantuta, resulta poco creíble que esta intervención fuese una operación de inteligencia de carácter secreto, realizada en horas de la madrugada en una zona bajo control militar, sobre personas de quienes se sospechaba ser integrantes de Sendero Luminoso por los antecedentes de operaciones militares similares en el centro del país, en las que el objetivo de la intervención era detener y luego desaparecer a las personas.
(Antonio Salazar García)

http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/mayo/17/caso_cantuta.htm

Peru - Se Inicia Juicio Oral en Caso“Chavín de Huántar”

17 de mayo del 2007

El 18 de mayo se dará inicio al juicio oral de uno de los casos de derechos humanos más controversiales, como es el de las ejecuciones extrajudiciales durante el Operativo “Chavín de Huántar”. Si bien en los últimos años se ha pretendido presentar este caso como un ejemplo de persecución del Poder Judicial contra los comandos, lo cierto es que el objeto del proceso penal no es la operación militar de rescate de los 71 personas que permanecían de rehenes en la residencia del Embajador japonés, sino las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los integrantes del MRTA que tomaron por asalto la residencia[1].

El juicio oral que está a cargo de la Tercera Sala Penal Especial, y tiene como acusados a Nicolás Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga por el delito de homicidio calificado. La fiscalía superior ha solicitado se les imponga 20, 18 y 15 años de pena privativa de libertad respectivamente. En un inicio, el Ministerio Público también formuló acusación contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Fortunato Luis Solari de la Fuente y Herbert Danilo Angeles por el delito de encubrimiento real, pero ese extremo de la acusación fue desestimado por la Sala debido a que los delitos habían prescrito.

Cabe señalar que en un inicio el proceso penal comprendió tanto a los actualmente acusados, así como a los oficiales del Ejército Peruano Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, y los responsables de los equipos especiales de comandos participaron en el operativo militar. Pero, a la par que el Poder Judicial abrió proceso penal, el Consejo Supremo de Justicia Militar, en junio del 2002, inició proceso penal militar contra las mismas personas por los mismos hechos y además entabló contienda de competencia.

Esa contienda de competencia, el 16 de agosto del 2002, fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Guillermo Cabala, emitiendo un fallo no sólo discutible, sino que además contrario a normas internacionales, ya que determinó que en el extremo del caso que comprendía a los comandos debía pasar a la justicia militar y el extremo del caso que comprendía las responsabilidades de Montesinos, Hermoza, Zamudio y Huamán Azcurra se quedaba en el Poder Judicial. Posteriormente, la justicia militar falló absolviendo a todos los comandos de los cargos bajo el argumento de la inexistencia de pruebas.

Como se advierte, la Tercera Sala Penal Especial tendrá como tarea el juzgamiento de quienes pueden ser considerados como autores intelectuales del hecho (Hermosa y Montesinos) y solo dos autores materiales (Huamán y Zamudio).

Existirían una serie de evidencias forenses y testimonios recogidos durante el proceso que indicarían que luego de finalizar la incursión de los comandos a la residencia del Embajador Japonés, los miembros del MRTA se rindieron y fueron desarmados. El ciudadano Hidetaka Ogura ha afirmado que tres emerretistas asesinados se encontraban con vida al finalizar la operación; similar afirmación realizaron los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, quienes capturaron a Eduardo Cruz Sánchez (a) Tito y lo entregaron a Jesús Zamudio Aliaga. Por su parte, existe un Informe Pericial Médico Legal que concluye que las víctimas se encontraban de espaldas a sus victimarios y con imposibilidad de moverse, debido a la trayectoria del proyectil y los orificios de entrada y salida que se apreciaban en los restos.

Los testimonios actuados durante el proceso afirman que los Comandos, luego de haber culminado su participación, entregaron con vida a los emerretistas a los denominados “Gallinazos” (grupo operativo conformado por miembros de la PNP y del Servicio de Inteligencia Nacional disfrazados de comandos), dirigidos por el propio Teniente Coronel EP Jesús Zamudio y quienes habrían ejecutado a los detenidos.

Además, también existen indicios que permitirían establecer una cadena de mando conformada en su cúspide por Alberto Fujimori, quien mantuvo el control y manejo total de las operaciones, luego se ubicaría Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás de Bari Hermoza, quienes se encontraban conduciendo el operativo desde el Centro de Operaciones Tácticas, mientras en los últimos escalafones se encontraron Huamán Azcurra, y debajo de él, Jesús Zamudio Aliaga, según lo manifestaron los efectivos policiales Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga.

Entre las pruebas de la existencia real de una cadena de mando estarían las decisiones de Fujimori para la elaboración de un plan operativo militar, en el que participaron Montesinos y Hermoza Ríos, así como la orden dada por el propio Fujimori para dar inicio a la intervención, la misma que fue transmitida a través de todos los escalafones de la cadena de mando. También se hace notar el encargo dado por Montesinos a Huamán Azcurra para que realizara las labores de explotación de información y éste, a su vez, ordenó a Zamudio la construcción de túneles y la seguridad en las casas aledañas a la residencia.

Resulta evidente que más allá de las responsabilidades penales que alcancen a los cuatro procesados (Hermosa, Montesinos, Huamán y Zamudio), el tribunal tendrá que emitir alguna opinión sobre los niveles de responsabilidad penal de aquellos efectivos militares que habrían entregado a los emerretistas rendidos y capturados al grupo del SIN.
(Mariella Valcárcel Angulo)

[1]Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (c) “Tito”, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva (c)“Cinthya.

http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/mayo/17/inicia_juicio.htm

Lanka president shuns UK, US aid suspension

Published: Thursday, 17 May, 2007, 11:08 AM Doha Time

COLOMBO: Sri Lankan President Mahinda Rajapakse yesterday defied moves by Britain and the United States to halt some aid to the island over human rights concerns, saying the state would go it alone if necessary.

Britain suspended around $3mn of debt relief aid to the government earlier this month, citing human rights and defence spending concerns amid renewed civil war between the state and Tamil Tiger rebels.

The United States followed suit last week, announcing it had suspended an aid project given “the security situation and the human rights
situation”.

“If we are offered genuine aid we will take it,” Rajapakse’s office quoted him as saying. “If not, we will forget about aid and do our job. We will not be dependent on aid.

“The work of resettlement, whether the tsunami displaced or those displaced due to the conflict is the responsibility of the government,” he added. “We will discharge this obligation whether we get aid or not.”
Aid organisations and donors across the world gave hundreds of millions of dollars to Sri Lanka in the aftermath of the 2004 tsunami at the time estimated to be double what the island needed to rebuild damaged homes and infrastructure.
But as aid dollars flowed in, suppliers of building materials jacked up their prices and many aid groups had to go back to the drawing board to rebudget post-tsunami housing projects. Others were delayed because of bureaucracy and difficulty in obtaining land to build on.
A resurgence of the island’s two-decade civil war compounded matters. Many post-tsunami projects had to be abandoned, and in some cases in the restive east, were destroyed by artillery shells.
More than two years on, tens of thousands of families are still living in spartan transitional shelters.
The Tigers have vowed to intensify their fight for an independent state in the north and east, while the government has pledged to wipe out all rebel military assets. Analysts fear a conflict that has killed nearly 70,000 people since 1983 could rage on for years.
Around 200 protesters marched in downtown Colombo yesterday to demand the government end a state of emergency declared in late 2005, which gives security forces wide detention powers they argue lead to human rights abuses.
“Stop all illegal arrests,” read one banner. “Immediately stop the disappearances,” said another, referring to more than 600 disappearances and abductions reported to the island’s Human Rights Commission so far this year and blamed on both sides. – Reuters

La fiscalía de la Audiencia Nacional, favorable a la extradición a Argentina del ex guardaespaldas de Fraga

17/05/2007

La justicia argentina reclama a Rodolfo Almirón por delitos «de lesa humanidad» cometidos por la ultraderechista «Triple A» en la década de 1970.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunció hoy a favor de extraditar a Argentina al ex policía Rodolfo Almirón, que ejerció posteriormente de guardaespaldas de Manuel Fraga, a quien la justicia de su país reclama por delitos «de lesa humanidad» cometidos por la ultraderechista «Triple A» en la década de 1970.

Durante la vista que se celebró en la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira consideró que procede extraditar a Almirón, como así lo han solicitado las autoridades argentinas, para ser juzgado por un delito de doble homicidio y otro de asociación ilícita relacionado con su presunta pertenencia a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

A esta organización se le atribuyen 1.500 atentados y asesinatos de opositores de izquierda entre 1973 y 1975, durante la dictadura argentina.

El abogado defensor de Almirón, Marcos García Montes, se pronunció en contra de que el ex policía, en prisión provisional desde el 29 de diciembre de 2006, sea extraditado y argumentó que los cargos que se le imputan estaban tipificados en 1984 como un «delito común», mientras que el 27 de diciembre de 2006, un día antes de su detención en España, «la Justicia argentina lo calificó como delito de lesa humanidad».

También alegó que durante la dictadura militar su cliente sólo desempeñó «tareas burocráticas» y no tuvo responsabilidades en el Gobierno.

Además defendió el «arraigo» familiar -tiene la nacionalidad española por matrimonio- y laboral de Almirón, de 71 años, como elementos a considerar para que no sea extraditado y así adujo que éste había sido guardaespaldas del ex presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga y había formado a agentes de la seguridad del anterior presidente socialista, Felipe González.

En el supuesto de que se determine la extradición del ex policía, éste puede presentar un recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de la Audiencia Nacional y, de no aceptarse, podría recurrir en última instancia al Tribunal Constitucional.

El caso de Almirón es la tercera extradición de una persona vinculada con la dictadura argentina pendiente de resolución en España, junto a la de la ex presidenta María Estela Martínez Cartas, conocida como Isabelita Perón, y del ex militar Ricardo Miguel Cavallo.

http://www.lavozdegalicia.es/se_galicia/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=100000128201

Arg - La FAA repudió declaraciones de Apaolaza

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su repudio a las declaraciones del dirigente bonaerense Pedro Apaolaza, quien defendiera las acciones del recientemente fallecido represor Luis María Mendía.

“Desde nuestra entidad rechazamos la absurda ‘Teoría de los dos demonios’ sostenida por Apaolaza para justificar los secuestros, torturas, homicidios y robos de bebés perpetrados por los genocidas de la última dictadura en nuestro país”, dijo la FAA en un comunicado.

Mendía se encontraba bajo arresto domiciliario acusado de asesinato, y se le adjudicaba ser impulsor de los robos de bebés en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “Fue responsable del Plan de Contraisnsurgencia Terrorista de la Armada y autor intelectual de los llamados ‘vuelos de la muerte’, reivindicando hasta sus últimos días su accionar durante la dictadura militar. Y Apaolaza, respaldó todo esto”, agregan los chacareros
“En esos años oscuros, nuestra organización también sufrió la pérdida de compañeros federados a manos de los asesinos de Estado”, recuerda luego.
“Hoy, tras 24 años de gobiernos democráticos, observamos con indignación que el pensamiento autoritario sigue vigente en quienes defienden los actos criminales de los represores. Suponemos que Pedro Apaolaza ha hablado a título personal, puesto que sabemos que no todos los productores y dirigentes de Carbap piensan del mismo modo que su titular”, añade.
“Hay momentos en que las entidades acordamos acciones conjuntas. Pero hay otras circunstancias en que deben marcarse las diferencias: la FAA está en las antípodas del pensamiento manifestado por Apaolaza”, se remarca en el comunicado.
En ese sentido, “una vez más reiteramos nuestro rechazo al terrorismo de Estado y al genocidio que tanto daño han causado a la República”.
“Porque no todo el campo es lo mismo. Por eso, hoy repudiamos los dichos de Apaolaza y expresamos, como siempre, que nos oponemos a cualquier forma de autoritarismo y seguiremos luchando por la profundización de la democracia”, finaliza el texto de la FAA.

La Rioja: citaron a declarar a represores

Durante la dictadura mataron a Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, colaboradores del ex obispo Angelelli, también asesinado por el regimen militar. Los acusados declararán en los próximos días.

18.05.2007 | 11:55

La fiscalía federal de La Rioja imputó responsabilidad penal a una docena de militares y policías por los homicidios de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, crímenes cometidos durante la dictadura militar.

El fiscal federal Horacio Salman confirmó que los involucrados serán citados a prestar declaración indagatoria en las próximas semanas.

Los curas Murias y Longueville eran colaboradores del ex obispo Enrique Angelelli, también asesinado por la dictadura.

Los religiosos fueron muertos en la ciudad de Chamical, donde cumplían en 1976 su misión pastoral.

Sus cadáveres fueron encontrados por una cuadrilla de ferroviarios, a 5 kilómetros del distrito, maniatados, acribillados a balazos, con restos de cinta adhesiva y algodón en la boca.

En estado lamentable, el cura Murias, al que le arrancaron los testículos, evidenciaba una muerte lenta.

El juez Daniel Herrera Piedrabuena comenzó con el envío de las respectivas notificaciones para que los imputados designen a sus abogados defensores.

Luego de esa instancia, los involucrados serán citados a declaración indagatoria en la que decidirán si se abstienen de declarar o bien aceptan ser interrogados respecto a los cargos que se le imputan.

El fiscal Salman no brindó los datos filiatorios de las personas que han sido incriminadas en los homicidios, pero confirmó que " están comprometidas personas de la fuerza de seguridad de ese momento, tanto del Ejército como de la Policía de la Provincia y algunos federales también".

Salman investiga estos casos con su pares del Juzgado Federal de Córdoba, Graciela López de Filañuk y Alberto Lozada.

Fuente: Télam

http://www.perfil.com/contenidos/2007/05/18/noticia_0023.html

Chl - El Colegio de Periodistas sanciona a periodistas-agentes de la dictadura por fabricar noticias en 1975

Ernesto Carmona
Mapocho Express

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como “testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. “Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de “ética periodística”.

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento” a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos

El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno –asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un “violento enfrentamiento”. Como “prueba” irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación “mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género “periodismo de ficción”

“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

“Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados”.

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos “extremistas”.

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar “en vivo” por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen

El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista” gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal “del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio. El texto íntegro de la decisión se encuentra en la página web del Colegio de Periodistas: http://www.colegiodeperiodistas.cl/index.php?action=documentos_colegio¬icia_id=177

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51011

Arg - A 8 meses de desaparición de López, aseguran que testigos no tienen "garantías"

Lo sostuvo una de las querellantes en el juicio contra Etchecolatz, Nilda Eloy. El albañil fue visto por última vez el 18 de septiembre del año pasado. Fue uno de los testigos clave en el juicio en el que se condenó al represor por genocidio. Organismos de DDHH se movilizarán en La Plata

Al cumplirse 8 meses de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, Nilda Eloy, una de las querellantes en la causa, sostuvo que "las condiciones de seguridad para quienes atestiguan en casos contra represores no se han modificado desde el juicio anterior".

De esta manera, Eloy se refirió a la situación de los testigos que deben declarar en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. "Siguen sin seguridad", apuntó.

En declaraciones radiales, expresó su preocupación con respecto a la desaparición de López y dijo: "Seguimos con los represores libres, sin haber modificado ninguno de los puntos que podrían transmitir seguridad real a los testigos".

Al respecto, mañana, al cumplirse ocho meses de la desaparición del albañil, organismos de Derechos Humanos y agrupaciones estudiantiles realizarán en La Plata una nueva marcha de antorchas para reclamar la aparición con vida de López, el testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, condenado por genocida en septiembre pasado.

La convocatoria formulada por la multisectorial La Plata se hará a las 17 en la Plaza Moreno, frente a la Municipalidad local donde el Tribunal Oral Federal de La Plata realizó las audiencias del juicio que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.

Bajo las consignas "Aparición con vida Ya de Jorge Julio López, basta de impunidad y gatillo fácil, cárcel común y efectiva a los genocidas y nulidad de los indultos", la columna marchará luego hasta la casa de Gobierno provincial.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando debía presentarse a la audiencia de alegatos del juicio que se realizó en La Plata y que condenó a reclusión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía, Miguel Etchecolatz.

Al reclamo por López se sumará también el de "Juicio y castigo a los culpables del asesinato del docente Carlos Fuentealba" en la provincia de Neuquén.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268519397/

Uru - Por el Día del Ejército Visitan a Militares Presos

Amigos son los amigos
17.05.2007

En vísperas de la celebración del Día del Ejército, numerosas personas se dieron cita en la Unidad Penitenciaria Nº8 del Ministerio de Defensa, donde se encuentran los militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos.

Un nutrido grupo de personas concurrió a la cárcel militar para manifestar su apoyo a los ex represores.
Los visitantes confesaron, en su mayoría, concurrir para saludar a los amigos presos, a quienes definieron como excelentes profesionales.

El Inspector (r) Saúl Clavería, ex director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, señaló no estar arrepentido de los años que trabajó vinculado a la dictadura. "Yo no estoy arrepentido de nada, pienso que lo que hicimos fue defender la Constitución y la ley. A mí no me resulta agradable que los camaradas estén en un centro de reclusión, pero ellos (en referencia a los militares presos) no se quejaron para nada".

El 18 de mayo, aniversario de la Batalla de Las Piedras, se conmemora el Día del Ejército Nacional.

http://www.montevideo.com.uy/nnoticias_43397_1.html

López Goldaracena: los desaparecidos están en Uruguay

“Estoy absolutamente convencido de que la gran mayoría de los uruguayos desaparecidos en Argentina fue trasladada a Uruguay y la búsqueda debe realizarse en Uruguay”, dijo el abogado Oscar López Goldaracena. El jurista denunció unos 40 traslados clandestinos ocurridos entre 1977 y 1978.

Emiliano Cotelo

Además aportó nuevos datos sobre enterramientos en el establecimiento de La Tablada y el Cuerpo de Artillería Antiaéreo Nº 1.

EMILIANO COTELO:

“Hubo un tercer traslado masivo de desaparecidos desde la República Argentina. Todos ellos fueron asesinados”.

El anuncio figuraba en la portada del diario La República, ayer, y se agregaba que en 1978 se realizó otra operación de traslados por tierra, mar y aire desde Argentina, que involucró a 40 uruguayas y uruguayos que figuran como desaparecidos en ese país y en realidad fueron traídos y asesinados aquí en Uruguay.

El artículo da cuenta de la existencia de una operación de cinco traslados de uruguayos desde Argentina entre febrero y agosto de 1978. Los detenidos habrían sido trasladados por lancha, avión y avioneta y ejecutados y enterrados en Uruguay. Los trasladados eran militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el Agrupaciones de Militantes Sociales (AMS), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que fueron secuestrados en Buenos Aires en julio y diciembre de 1977, recluidos primero en los pozos de Quilmes, Banfield y Centro de Operaciones Tácticas (COT-1) Martínez, y torturados por oficiales uruguayos.

En la denuncia penal se señala como indagados a todos los represores de la Armada, la Aviación y el Ejército que operaron en el Fusna (Fusileros Navales), el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), decía el anticipo.

Luego de esa publicación, ayer mismo, el doctor Óscar López Goldaracena presentó una denuncia penal por estos hechos ante el juez Luis Charles, que tiene a su cargo las investigaciones por el caso llamado “segundo vuelo”.

El doctor Óscar López Goldaracena es abogado, especializado en derechos humanos, autor del proyecto de Ley de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad.

Doctor López Goldarecena, ¿usted participó en esta investigación que llevó adelante Roger Rodríguez, de La República?

ÓSCAR LÓPEZ GOLDARACENA: Sí, con Roger Rodríguez desde hace unos cuantos meses estamos patrocinando esta investigación (en mi caso desde el punto de vista jurídico) con las familias de los desaparecidos (tendría que ir más de un año hacia atrás) y ayer se presentó la denuncia penal.

Querría hacer alguna precisión con relación a la versión periodística. Siempre decimos que en estos temas hay que hablar en tren de hipótesis, “habrían sido trasladados”.

EC - Prefiere ponerlo en condicional.

OLG - Sí, como figura en la denuncia penal. Tengo elementos de convicción más que suficientes de los traslados, fundamentalmente del primero, por lancha, en febrero del 78, porque existen testigos que vieron a los desaparecidos uruguayos en los centros clandestinos de detención, y hay otro testigo que vio a estos mismos uruguayos siendo torturados en La Tablada; además testimonios coincidentes en que el traslado habría sido por lancha. Estamos en febrero de 1978, en Carnaval de 1978, para ser más preciso.

Si aplicamos un razonamiento, siguiendo la regla de la experiencia en la valoración de los hechos, concluiríamos que los detenidos desaparecidos en Argentina eran trasladados a Uruguay, fueron trasladados a Uruguay por distintas vías. Esto es muy importante.

EC - Hasta ahora se había hablado mucho de los vuelos, del primero y el segundo vuelos, o sea de dos grupos de prisioneros que fueron traídos en dos aviones a Montevideo, donde quedaron encarcelados y fueron torturados y, por lo visto, también asesinados.

OLG - Exactamente.

EC - En este caso, para simplificar, se habla de un tercer traslado, pero en realidad incluye varias operaciones de traslado.

OLG - Hay un sinnúmero de traslados, el primero que se denuncia en este caso concreto es el de febrero del 78, por lancha. Pero hablando del patrón regular de conducta de la represión, ya en diciembre de 1977 fue detenido acá un ciudadano argentino, secuestrado en el puerto de Colonia y trasladado en helicóptero a Argentina. Esto fue acordado en un cónclave de la época y está reconocido en el informe que la Armada le brinda al presidente de la República.

En el mismo diciembre del 77, un diputado peronista, Jaime Dri, fue detenido, torturado en Uruguay por personal de las Fuerzas Armadas uruguayas y oficiales de la Marina argentina, y trasladado clandestinamente a Argentina en un avión que, por las características que se describen, era una avioneta.

Una ciudadana argentina que estaba con sus hijas, también secuestrada en Uruguay en diciembre de 1977, fue trasladada a Argentina en forma clandestina en una avioneta.

También en febrero de 1978, una uruguaya que va a declarar como testigo en la causa manifiesta que la subieron a un avión que era muy chico, que viajó parada con las manos esposadas, colgada de un gancho: una avioneta.

O sea, hubo un sinnúmero de traslados de ida y de vuelta, y a partir de esto no se puede descartar ningún medio de transporte: lancha, avioneta, helicóptero, avión. En mayo de 1978 se produce un traslado masivo de unos 20 o 21 uruguayos que estaban detenidos en el Pozo de Banfield. Ese traslado, por sus características, debió haber sido en un vuelo (cuando digo en un vuelo me refiero a un avión, no a una avioneta) o en varios lanchones o en varias avionetas, pero la hipótesis es que fue en un vuelo.

Pero si tenemos en cuenta la fecha, 16 de mayo de 1978, una investigación periodística de El Observador de agosto de 2005, del periodista Gabriel Pereira, ya señalaba que había existido un tercer vuelo de la muerte con seis uruguayos, una familia entera, la familia Severo. Y, coincidentemente, en esa misma fecha habría existido este traslado de 21 uruguayos del Pozo de Banfield.

Por un lado la familia Severo, por otro lado el traslado de los 21 uruguayos del Pozo de Banfield, ¿en el mismo avión?, me pregunto. En esa misma época también existió un traslado en avión hacia Argentina de otra familia entera secuestrada el 18 de mayo en Uruguay.

EC - ¿En ese caso también estamos hablando de uruguayos?

OLG - De argentinos que vivían en Uruguay, la familia Logares. El mismo avión iba y venía, una hipótesis absolutamente creíble. O más de uno. Por eso, para ser precisos hablamos de un sinnúmero de traslados.

EC - Un conjunto de traslados que terminarían abarcando a unas 40 personas.

OLG - En esta denuncia sería un total de 40 personas. Porque luego existe otro traslado en junio del 78, y hay un último traslado (de los que se tienen relevados) en el mes de octubre del mismo año. Estamos hablando de familias enteras. Y cuando digo familias enteras me refiero a una pareja con la madre embarazada, muchas veces, que la dejan tener familia o la “aguantan”, la dejan en un centro clandestino de detención hasta que tiene familia para secuestrarle el bebé. Por eso en muchos casos se daban esos traslados alternados; el último traslado, el de octubre, es de la última persona, que había tenido familia en agosto, María Artigas de Moyano.

Y el hecho fundamental de que en febrero del 78 hayan sido vistas e identificadas muy claramente tres o cuatro (yo diría cuatro) de las cinco o seis personas traídas en el primer traslado. Se trataría de cinco o seis personas que dos testigos en el Pozo de Banfield señalan, una de ellas puede identificarse ya en las declaraciones de los testigos, porque uno dice “el esposo de fulana y cinco más” fueron trasladados por lancha (porque las hicieron preparar la comida para el viaje a las mujeres que estaban detenidas) y luego esa misma persona es identificada por el testigo de La Tablada. Y otra es vista, con testimonios absolutamente creíbles que en su momento se presentaron ante organismos de derechos humanos.

EC - A partir de esta enumeración y este detalle que usted aporta, a partir de lo que sería un conjunto de traslados que abarcaría a unas 40 personas a lo largo del año 1978 y que se viene a sumar al primero y al segundo vuelo, ¿ya pueden sacar la conclusión de que los desaparecidos uruguayos en Argentina habrían sido, por lo menos en su enorme mayoría, traídos aquí, y que por lo tanto la búsqueda de sus restos tendría que realizarse aquí, y no, como en algún momento se supuso, en Argentina?

OLG - Estoy absolutamente convencido de que esa hipótesis es más que sostenible, en lo personal estoy absolutamente convencido de que es así: la gran mayoría de los uruguayos desaparecidos en Argentina fueron trasladados a Uruguay y la búsqueda debe realizarse en Uruguay.

EC - Esas muertes, ¿habrían sido lisa y llanamente ejecuciones o, como en algunos casos aislados, episodios de tortura? ¿Qué impresión tienen ustedes?

OLG - El episodio de tortura deriva en la muerte con ejecución.

EC - Entiendo lo que dice, pero una cosa es que alguien muera durante la tortura porque le falló el corazón, porque estaba muy debilitado, etcétera, cuando quizás la intención no era matarlo, y otra cosa es que se haya procedido lisa y llanamente a fusilamientos.

OLG - Quienes tienen la respuesta son quienes cometieron esos actos. Yo presumo, con absoluta certeza, que si fueron traslados a Uruguay (siempre en hipótesis), cosa que todos los índices determinarían, fueron muertos en Uruguay. ¿Murieron por muerte natural? Fueron muertos, fueron asesinados, ¿por causa derivada de la tortura?, ¿por un fusilamiento? Lo tienen que decir, es lo que se está reclamando.

EC - ¿Qué se procura con la denuncia presentada ante el juez Luis Charles?

OLG - Indagar sobre lo que sucedió, deslindar las responsabilidades penales y que se disponga la ubicación de los lugares donde se podría excavar en función de los indicios sobre enterramientos, que existen y se brindan, y que por orden judicial se acometan las excavaciones del caso.

EC - ¿Ustedes están convencidos de que estos casos pueden investigarse, de que no caen bajo el amparo de la ley de caducidad?

OLG - No caerían bajo el amparo de la Ley de Caducidad. En primer lugar, es una denuncia formulada contra los mandos y los mandos están excluidos de la Ley de Caducidad. Son hechos que se cometieron en Argentina, hay un supuesto ilícito que abarca extraterritorialmente a Argentina, por lo tanto no sería de aplicación la Ley de Caducidad, si estamos a lo que ha sido la interpretación del Poder Ejecutivo.

EC - Es una investigación en la justicia penal que podría conducir a la identificación y la condena de los culpables, pero por otra parte iría en la búsqueda de los restos de los desaparecidos.

OLG - Sí, y es más, se solicita en forma expresa que se realicen las consultas del caso con el equipo de antropólogos porque se proporcionan sitios que por distintas vías, por distintos testimonios darían con lugares de enterramientos.

EC - ¿Son lugares nuevos, no son lugares donde ya se han realizado excavaciones?

OLG - No, no se han realizado excavaciones. Uno es el establecimiento de La Tablada y el otro es el grupo del Cuerpo de Artillería Antiaéreo Nº 1, solar 34. Testimonios por diversas vías han sido proporcionados al equipo de antropólogos, algunos de ellos han sido puestos a disposición del juzgado a los efectos de aportar los elementos. Es un tema sumamente delicado, por lo que está en juego para las familias. Hasta hace poco tiempo estos desaparecidos debían ser buscados en Argentina, y ahora se abre una hipótesis para indagar e investigar en Uruguay.

EC - ¿Y por qué la denuncia se presenta ante el juez Luis Charles, que viene investigando el segundo vuelo?

OLG - Entiendo que existen elementos de conexión con la causa del segundo vuelo y con las demás causas que está investigando Charles. Nuestro derecho positivo en materia procesal penal establece que cuando elementos probatorios con relación con el delito o con las circunstancias del delito de un expediente pueden aportar a los elementos probatorios de otro delito, de otro supuesto delictivo, se da una conexión procesal. Lo mismo que con relación a los sujetos que están siendo indagados, por ejemplo los que están siendo indagados en la causa del segundo vuelo. En esta denuncia se plantea una coordinación Uruguay-Argentina, pero también una participación de todas las armas, Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Con relación al Ejército, particularmente el OCOA y el SID. Tengamos presente que La Tablada, donde fueron vistos los transportados en febrero del 78, era un centro clandestino de detención dependiente del OCOA, y allí podrían existir o existen indicios de posibles enterramientos. Fue el último lugar donde estuvieron.

EC - ¿Ya ha habido una respuesta del juzgado al escrito que ustedes presentaron ayer?

OLG - No, yo estimo que recién la semana que viene, a partir del martes o el miércoles, podrá haber alguna resolución.

EC - ¿Qué otros pasos piensan dar?

OLG - Seguir investigando. Este es el fruto del trabajo de los familiares durante muchísimos años, es el momento de procesar información que se encuentra en libros, en testimonios, que ya fue brindada ante tribunales extranjeros, como es el caso de la prueba testimonial que se aporta. Aportamos los testimonios de las declaraciones oficiales realizadas en juicios seguidos en la República Argentina pedidas por el propio juzgado, sin perjuicio de poder ubicar a esos testigos, que ya declararon en esos juicios, para que vengan a declarar aquí.

EC - Cabe presumir que van a presentar más denuncias.

OLG - Más denuncias o más pruebas. Es fundamental que todo aquel que tenga un elemento indiciario fundamentalmente con relación a posibles enterramientos lo ponga a disposición de las organizaciones de derechos humanos que con total confidencialidad investigarán todas las pistas.

EC - La presentación de esta denuncia ocurre muy pocos días antes de que tenga lugar una nueva Marcha del Silencio, la marcha que tradicionalmente se organiza el 20 de mayo. Esta vez será el domingo 20 de mayo la 22ª Marcha del Silencio, convocada por la Organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, con la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”.

La marcha partirá a las 19 horas de Rivera y Jackson y se dirigirá a la plaza Cagancha.

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Entrevista realizada en el programa "En Perspectiva" de Radio El Espectador (www.espectador.com) en la mañana del jueves 17 de mayo de 2007. Editado por Mauricio Erramuspe

http://www.elmundoalreves.org/Article.do?id=26678

Arg - Renovado pedido de justicia a ocho meses de la desaparición de Julio López

Esta tarde habrá distintas actividades en Buenos Aires y en La Plata para pedir la aparición con vida del testigo clave del juicio a Etchecolatz. A las 17, frente al tribunal que condenó al represor, se realizará una marcha de antorchas.

Organismos de Derechos Humanos y agrupaciones estudiantiles realizarán hoy en Buenos Aires y en La Plata, actividades a ocho meses de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.

Una marcha de antorchas en reclamo por la aparición con vida del albañil de 77 años, se realizará hoy a partir de las 17 en la Plaza Moreno, frente a la Municipalidad local donde el Tribunal Oral Federal de La Plata realizó las audiencias del juicio que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz.

La convocatoria formulada por la agrupación Hijos-La Plata y la Multisectorial de esa ciudad se realiza bajo las consignas "Aparición con vida Ya de Jorge Julio López, basta de impunidad" y marcharán hasta la Casa de Gobierno provincial, en la plaza San Martín.

Según se informó, al reclamo por López se sumará también el de "Juicio y castigo a los culpables del asesinato del docente Carlos Fuentealba" en la provincia de Neuquén.

En tanto, en el Obelisco porteño, integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizarán a las 17.30 una "jornada de denuncia" y entregarán a los transeúntes y automovilistas una cartilla con información sobre el estado actual de la causa y las irregularidades que denuncian.

También se proyectará un video con imágenes del testimonio de López durante el juicio a Etchecholatz, se leerá un documento a su término los manifestantes realizarán una ronda de antorchas alrededor del Obelisco.

Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando debía presentarse a la audiencia de alegatos del juicio que se realizó en La Plata y que condenó a reclusión perpetua al ex Director de Investigaciones de la Policía, Miguel Etchecolatz.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62515&id=150393&dis=1&sec=1

BA: Conferencia Inconstitucionalidad de los Indultos

Para información visita http://www.iurederecho.com/

Lun 21-21hs-Homenaje a Goyo Levenson, video suyo y otro de Tacuarita Brandazza

*El amor es la mejor solución para cualquier cosa

"La historia de “Tacuarita” Brandazza, secuestrado y asesinado en Rosario por la dictadura militar en 1972, es testimonio del espíritu que nos recorría en aquel momento, el anhelo de que el ideal del “hombre nuevo” – dignidad, amor y justicia – se hiciera realidad."

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ANGEL “TACUARITA” BRANDAZZA

“ EL PRIMER DESAPARECIDO”

( GOBIERNO DE LANUSSE )

LA OESTERHELD LE HACE UN HOMENAJE, PRESENTANDO EL DOCUMENTAL

“Me llamo Brandazza, me secuestra la policia…”

DE JORGE JAGER

Y RECORDAMOS A

GREGORIO “GOYO” LEVENSON

AL CUMPLIRSE 3 AÑOS DE SU PARTIDA

AL “COMANDO CELESTIAL”

(HABLANDO EN LA OESTERHELD)

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ESTE LUNES 21 DE MAYO A LAS 21 HS - EN

LA BODEGUITA - SARMIENTO 1594

UN LUGAR CALIDO, AMIGO Y COMPAÑERO

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INVITACION

Los Compañeros de Utopías de la Mesa de los Sueños

de la Agrupación Oesterheld, te invitan

a compartir el pan en su tradicional comida de los lunes.

Este lunes tan especial del 21 de Mayo de 2007, a las 21 hs,

cuando brindaremos por los Compañeros Angel Tacuarita Brandazza, nuestro “Primer Desaparecido” y el querido Gregorio Goyo Levenson,

al cumplirse 3 años de su partida rumbo al Comando Celestial.

LA BODEGUITA

Sarmiento 1594 casi Montevideo Te: 4 375 3388

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VIENE

JORGE JAGER

Desde Rosario, especialmente, para asistir a la Oesterheld.

Este lunes 21 de Mayo a las 21 horas, los Compañeros de Utopías de la Mesa de los Sueños de la Agrupación Oesterheld vamos a encontrarnos en La Bodeguita, que nos ha abierto sus puertas de Sarmiento 1594 y Montevideo, para recordar a nuestro “Primer desaparecido” Angel “Tacuarita” Brandazza y al querido Gregorio “Goyo” Levenson que hace tes años se mando para el “Comando Celestial”.

Los Compañeros de Utopias, serán siempre bienvenidos, aunque vengan por primera vez

Nos encontramos a las 21 hs, para saludarnos, mezclarnos, reencontrarnos, darnos un abrazo, tomarnos unos vinos y picar alguna cosita. A las 22 hs sentarnos a comer ( Tienen muy buena cocina los Scordo en la Bodeguita ).

A las 23 hs vamos a ver el documental de Jorge Jager “Me llamo Brandazza, me secuestra la policía”

El asesinato se produjo hace 35 años y en el término de un año produjo el esclarecimiento.

Jäger cuya investigación llevó unos cuatro años nos dice :- "Es un rompecabezas que destapa la impunidad que se practicó en el país mucho antes del golpe de 1976".

Yo había sido compañero de militancia de Tacuarita Brandazza: -“cuando lo meten dentro de un baúl logra zafar y gritó «Me llamo Brandazza y me secuestra la Policía» como un acto de libertad y lo volvieron a agarrar".

La dictadura inscribió su nombre en la larga lista de mártires que luchó por una patria liberada. Su muerte resultó una experiencia que luego se transformó en el paradigma que imperó como el nuevo método de los dueños de la impunidad: secuestro, tortura, asesinato y desaparición.

En 1973, durante el gobierno constitucional, se creó en la provincia de Santa Fe la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas que el 30 de noviembre del mismo año presentó el llamado Informe Brandazza con el esclarecimiento total de su asesinato.

Contar la historia de Tacuarita es también un espacio para hablar de lo que persiste vivo en los sueños, las contradicciones y los deseos de los hombres y mujeres que somos parte del movimiento vital, creativo y revolucionario en nuestro país.

Tres años de investigación, entrevistas con integrantes de la Comisión Investigadora y abogados defensores, conversaciones con numerosos allegados - familiares, amigos y compañeros - y un relevamiento exhaustivo de materiales de archivo documental audiovisual y gráfico, fueron los recursos sobre los cuales se construye la memoria en este documental.

Investigación realizada en el marco del Concurso de Becas 2000 de la Secretaría de Cultura de Santa Fe, etapa coproducida con la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario.

Declarado de Interés Provincial y Cultural por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Postproducido con el Apoyo del Centro Audiovisual Rosario.

El precio del cubierto es de $ 25.- por todo concepto, ( entrada, plato principal, vino - canilla libre- gaseosas, postre, café, propina, etc). Los jóvenes de hasta 29 años, pagan solo $ 12. en total. ( también con todo incluido, comida, vino canilla libre, postre, café y propina).

La Agrupacion Oesterheld recuerda en su nombre al gran escritor y guionista de historietas reconocido y admirado en gran parte del mundo, Hector German Oesterheld autor de obras tales como el Sargento Kirk, Bull Rockett, Ernie Pike, Mort Cinder, Sherlock Time, Patria Vieja, Watami, Joe Zonda, Ticonderoga, El Cobra, Randall, Nekrodamus, La Guerra de los Antartes, del diario Noticias, que dibujara Gustavo Trigo y dibujado por Francisco Solano Lopez y por Alberto Breccia, El Eternauta.

Hector German Oesterheld fue secuestrado el 27 de abril de 1976, y luego torturado, muerto y desaparecido durante la Dictadura del Proceso, junto a sus cuatro hijas, Beatriz, Diana, Marina y Estela, entonces, de 14 a 19 años, queridas compañeras militantes de la UES y la Jotapé, hijas de Hector y de Elsa Sanchez, su esposa, que quedo a cargo de sus nietos Fernando y Miguel Martin y que sigue buscando con las abuelas de Plaza de Mayo a dos hijos mas de las hijas de Hector y Elsa, victimas que sufrio el peronismo, como héroes y mártires de su lucha por la Libertad y la Justicia Social, habiendose cumplido, este año, el 30 Aniversario de la fecha en que se calcula su secuestro y el de sus hijas, compañeras de la UES y la Jotapé.

Nos estaremos reuniendo junto a nuestros posters queridos como los de Goyo Levenson; Claudia Falcone; Cristian Caretti, Los Chicos de Los Lapices; el Roña Pekerman; Dorita Falco, Jorge Rosario Infantino, Carlos Mugica, Evita, Homero Manzi, Arturo Jauretche, Hector German Oesterheld, Hugo Pratt, Gustavo Trigo, Rodolfo Walsh, Ricardo Carpani; Francisco Paco Urondo, Juan Domingo Peron, Leopoldo Marechal, Rodolfo Puiggros, Envar Cacho El Kadri, Ernesto Che Guevara, Carlos Mugica, Azucena Villaflor, Olga Aredez, Haroldo Conti, Bernardo Alberte, Reynaldo Gleyzer, la Operación Condor, Dardo Cabo y Andres Castillo, Armando Cabo, José Sabino Navarro; Susana Valle, Carlos Ennio Pierini, Gustavo Rearte, Alejandro Olmos, Juan Manuel de Rosas; Vicente Chacho Peñaloza, Ramon Carrillo, John William Cooke; Mauricio Prelooker, Oscar Bidegain; Jose Ignacio Rucci, Monseñor Enrique Angelelli; el General Manuel Nicolás Savio, Mary Teran de Weiss; German Abdala, Atilio Lopez, Jorge Di Pascuale, Rafael Yaccuzzi, Rodolfo Ortega Peña, Pablo Gazzari, Horacio Mujica, Paulino Andrada, Nicolas Sarquis, Miguel Ragone, Cesar Marcos, Alberto Gato Carbone, Cacho Taborda; Jose Luis D`Andrea Mohr; Jeronimo Podesta, etc.(Unos 70 posters).

Los Compañeros de Utopias de la Mesa de los Sueños de la Agrupacion Oesterheld se reunen lunes a lunes, desde el 28 de Diciembre de 1997, de marzo a diciembre, (salvo los lunes feriados) con compañeras y compañeros militantes del movimiento nacional, que integran unas y otras de las tantas listas, tendencias y partidos en los que se articula hoy en día el movimiento popular del amor por el pueblo y por la patria, en distintos espacios, siendo la de este lunes 21 de Mayo de 2007, a las 21 Hs, la reunión numero 387.

La Oesterheld, inicio en el 2007 su décimo año, teniendo como única actividad la comida de los lunes, y el envío de noticias periódicas a través de la NAC&POP, (que comenzó su séptimo año, en Marzo del 2007) y que ha abierto como cita natural de los Cumpas su pagina web en www.nacionalypopular.com , para luego afirmarse tambien en la www.laoesterheld.com.ar, adhiriendo naturalmente a todas las movidas de los compañeros – no importa en que frente se encuentren- defendiendo la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación - por lo que no se le da a esta reunión, otro significado mas que la consagración de la amistad y el reconocimiento entre los compañeros del campo popular y nacional, en un puente de encuentro entre cuadros militantes de importancia estratégica para la Patria, históricos compañeros de lucha de la primera y segunda Resistencia peronista, mujeres valientes como Blanca Cabo, Elsa Oesterheld, Delia Carnelli de Puiggros,, Toni Bidegain, Esther El Kadri, Clelia Luro, Dorita Falco, Doris Carpani, Haydee Longoni, Beba Balve, Alba Castillo, etc. compañeras heroicas de tantas gestas y aun de las gestas por venir, y jóvenes dirigentes y militantes que llevaran la bandera del Pueblo a la victoria, los que hicieron el 17 de octubre de 1945, los que protagonizaron el Cordobazo, el Rosariazo y tantas otras gestas inolvidables de la lucha del pueblo, los que pelearon heroicamente en Malvinas, los que fueron protagonistas del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001 y los que lucharon en las jornadas heroicas de la guerra social de la desocupación y la marginación, que con su lucha e inmolación han cubierto la cuota de sangre de las nuevas generaciones y por eso ya fueron recibidos en el Panteón de la Gloria de los Patriotas junto a la sangre y heroicidad de otras generaciones, todos unidos por el mismo sentimiento de argentinos de la Patria Grande, como protagonistas principales de esta historia de amor y lucha por lo mejor de nosotros mismos, que es el Movimiento Nacional, tal como nos lo legaran, Peron, Evita y todos los miembros del Comando celestial.

Brindaremos con vino y chocando las copas, por el Goyo Levenson, a tres años de su partida, por Angel Tacuarita Brandazza, nuestro primer desaparecido, héroe peronista de la Unión de Estudiantes del Litoral, agrupación universitaria peronista que integraba la Unión Nacional de Estudiantes, siendolo durante la Dictadura “Argentina” del General Alejandro Agustin Lanusse, y por todos los cumpas militantes caídos, o que simplemente, ya no estan y que protagonizaran las heroicas gestas del pueblo en su liberación de yugo alguno, y por los que, vivos, son testimonio humano, acotado y grande de un pueblo en marcha por su destino.

También brindaremos y haremos sentir nuestro pedido, a viva voz, para que aparezca el compañero peronista Jorge Julio López, desaparecido hace ya siete meses ( aunque ojalá ya hubiera aparecido para este lunes).

Incorregibles

La Oesterheld

agrupacionoesterheld@yahoo.com.ar

www.laoesterheld.com.ar

www.nacionalypopular.com

Los Compañeros de Utopias de la Mesa de los Sueños de la Agrupación Oesterheld: Elsa Oesterheld, Rosana Salas, Clelia Isasmendi, Esther El Kadri, Virginia Franganillo, Beba Balve, Helena Goñi, Alba Castillo, Blanca Cabo, Ana Jaramillo, Susana El Kadri, Sara El Kadri, Delia Carnelli de Puiggros, Lucrecia Cardoso, Carolina Silvestre, Toni, Gloria y Cristina Bidegain, Adriana Robles, Adriana Reydo, Isabel Lita Artola, Juliana Marino, Patricia Perez, Zully Pintos; Alicia Muzio, Jassy Braun, Maria Freier, Lizzy Murphy, Gabriel Fuks, Martin Garcia, Gabriel Fernandez, Lobi Antonuccio, Emilio del Guercio, Pepe Azcurra, Julio Fernandez Baraibar, Vilma Gomez, Daniel Brion, Ronaldo Suarez, Osvaldo Casella, Oscar Castellucci; Luis Garcia Duran; Gabriela Carbone; Leo Cofre, Marcelo Tangir, Arturo Avellaneda, Inti Alpert, Andres Repar, Carlos Falco, Roberto Baschetti, Carlos Kunkel, Gabriela Huidobro; Alejandro Lencina; Luis Brunati; Raul Santana; Daniel Santoro; Miguel Schetino; Silvio Chenna; Marcelo Arevalo; Walter Iluminatti; Norberto Hubeli, Carlos Chino Ledesma; Walter Moore, Diego Carbone, Bernardo Maresca, Javier Gonzalez, Leon Guinsburg, Alberto Liparelli, Justo Pereyra, Eric Calcagno (h), Fedora Cinzano, Dorita Falco, Angelita Urondo, Silvia Castro, Lissy Lettner, Clelia Luro, Graciela Dragovski, Florencia Kush, Mercedes Falcon, Mario Gurioli, Carlos Falchi, Carlos Atkins, Jorge Savino, Jorge Catena, Carlos Galettini, Alfredo Ossorio, Nestor Gorojovsky, Enrique Oliva, Alberto Buela, Julio Piumato, Eduardo Murua, Martín Tellechea, Osvaldo Jauretche, Daniel Hubeli; Orlando Vargas, Ernesto Jauretche, Humberto Sabattini, Tony Spina, Jorge Suligoy, Gerardo Gonzalez; Pablo Hernandez, Cristina Zuker, Celina Miller, Maite Zunino, Mausi Martinez, Luis Coco Barone, Carlos Lafforgue, Jordi Villa del Prat, Carlos Pedrazzini, Carlos Carcavallo, Gerardo Sandalio Silva, Carlos Pesce, Nestor Zapata, Pocho Dasso, Angel Fernandez, Chango Farias Gomez, Adam Pedrini, Bernardo Borenholtz, Bernardo Lichinsky, Carlos Albiac, Alejandro Zaridis; Miguel Landro, Francisco Javier Pancho Martínez Jáuregui; Jorge Saavedra, Santiago Camarda, Leonardo Soto, Víctor Schajovitsch, y María, Graciela Pechersky, Silvia Zecca, Marta Prono, Mabel Simpson, Maria Ines Sivoli, Stella Maris Pampita Fabrizi, Cristina Alvarez Rodríguez, Isabel Salomone, Guadalupe Farias Gomez, Eduardo Lopez; Jorge Mucchiutti; Agustin Tirelli; David Berestein, Ruben Borre, Armando Chichi Rivero, Francisco Solano, Hector Lopez, Mario Clavell (h), Alejandro Alvarez (h), Juan Carlos Añon, Carlos Vilas, Jose Tchercaski, Jose Pollach, Mario Bertellotti, Julio Lopez, Pablo Malizia, Eduardo Auzmendi, Jose Luis Di Lorenzo, Esteban Tancoff; Bruno Capria, Luis Duran, Laura Podetti, Piero De Benedectis, Roberto Lopresti, Rodolfo Tancoff; Osvaldo Columbres; Juan Esquer (h); Horacio Guardado, Carlos Suarez, Victor Cantero, Mario Burkun, Ana Colotti, Ana Franchino, Martha Villafañe, Mario Mazzitelli; Delfina Tieghi, Luis Wald, Jorge Rachid, Jesús Maria Tito Plaza, Daniel Barberis, Jose Greco, Juan Carlos Corica, Juan Puigbo, Carlos Carcavallo, Gonzalo Chavez, Ruben Fama, Ruben Ibarguren, Ulises Gelos, Palito Corries, Gustavo Romero, Humberto Tumini, Graciela Draguicevich, Olga Hammar, Lilian Rios, Alicia Pierini, Maria Julio Giusto, Iris Morera de Justo, Liliana Brailowsky, Hugo Chumbita, Pablo Brichta, Juan Carlos Paulina, Carlos Villalba, Poni Micharvegas, Gabriel Mariotto, Beto Asurey, Alfredo Carlino, Julio Cardoso, Edgardo Esteban, Ariel Carlino, Roberto Perdia, Jorge Saavedra, Gustavo Moran, Arnaldo Goenaga, Sergio Pollastri, Silvio Chenna, Jaime Lozano, Carlos Cancelli, Nicolas Gonzalez, Luis Luco, Luis Bragagnolo, Ana Maria Taibo, Cristina Olmos, Carina Terrero, Beatriz Bueno, Thono Baez, Juan Vattuone, Alejandro Ruiz, Alberto Lapolla, Ricardo Gil Soria, Daniel Carbonetto, Faustino Velasco, Guillermo Selzke, Oscar Reali, Rolando Mañanes, Hector Ciampoli, Alejandro Zengotita, Martin Castelano, Carlos Chino Valenzuela, Ricardo Morini, Rolando Baro, Juan Carlos Dimas, Pato Vieyra, Tata Cedron, Fernando Del Corro, Eva Piwowarski, Cristina Dabusti, Silvia Sanchez, Ruben Santagada, Cayetano Delella, Alejandro Pandra, Horacio Lalli, Jorge Mendez, Toto Balestri, Flora Chiri Rios, Juan Ale, Juan Carlos Coco Manoukian, Enrique del Percio, Tony Lopez Yapur, Andres Castillo, Raul Oviedo, Carlos Pascanan, Juan Domingo Palermo, Roberto Cesan, Fernando Pedrini, Nemesio Juarez, Lidia Paulucci, Zulma Olivetta, Susana Velleggia, Haydee Longoni, Catalina Pastuso, Maria Julian Chequer, Irene Castro, Roberto Vega, Agustin Tireli, Eduardo Rotundo, Silvia Longoni, Cesar Trejo, Roberto Bardini, Jose Luis Robinson, Teresita Quintela, Jose Luis Ponsico y siguen las firmas.

Los Compañeros de Utopias nos reunimos porque amamos a nuestras compañeras y compañeros del Comando Celestial: al Gregorio Goyo Levenson, Angel Tacuarita Brandazza, Carlos Mugica, Rafael Yacuzzi, Pablo Gazarri, Jaime de Nevares, Fray Luis Beltran, Fray Justo Santamaria de Oro, Jorge Novak, Monseñor Angelelli, Enrique Santos Discepolo, Armando Discepolo, Benito Quinquela Martin, Gerardo Vallejo, Juan Berenc, Martin Castellucci, Susana Valle, Fermin Chavez,; Eduardo Marcos Astiz Moner Sans; Ada Cota de Senar, Alberto Senar, Negro Francisco Granata Cristian Caretti; Horacio Húngaro, Daniel Racero, Francisco López Montaner, María Clara Ciochini, María Claudia Falcone y Claudio de Acha.; Cesar Marcos, Jorge Di Pascuale; Carlos Ennio Pierini, Andres Framini, Ricardo Carpani y el Grupo Espartaco, Eduardo Pereira Carlon Rossi, Osvaldo Cambiasso, Hugo del Carril, Rodolfo Ortega Peña, Jeronimo Podesta, Rodolfo Puiggros, el Tte. Cnel. (R) Adolfo C. Philippeaux, Jorge Enea Spilimbergo, Martín Oso Cisneros, Mario Brion, Mauricio Prelooker, Oscar Bidegain, Miguel Briante, Maximo Mena; Jose Maria Pepe Rosa, Julio Dalessandro, Atanasio Duarte; Vicente Damasco; Eduardo Astesano; Darío Santillán; Maximiliano Kosteki; Everardo (Negro) Facchini; Adalberto (Goyo) Wimer; Victorio (Gringo) Colubri; Osvaldo (Gordo) Rigoni; José Segundo (Jefe) Valessi; Juan Alfonso; el Negro Copello; Manuel el Bicho García; Alberto (Hormiga) Peretti; Carlos (Carloncho) Giacoma; Jose Luis Leonetti; El (Negro) Palma; Francisco Santiago; Aldo Hugo (Colcerniani), Rodolfo Achem, Carlos Miguel; Fidel Toniolli, Juan Carlos Loimil, Juan Barba Bortoletto, Carlos Cajjade, Vicente Infantino, Juan Domingo Peron, a Maria Eva Duarte de Peron, Evita; a Gustavo Lafleur, Carlos Hobert, Envar Cacho el Kadri, Hilda Rosenberg, Sebastián Borro, Graciela Maliandi, Carlos Caride, Bernabé Ceballos, Tito Weitzman y Julia, Gustavo Rearte, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Raul Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Enrique Santos Discepolo, Alejandro Olmos, Rodolfo Walsh; Miguel Ragone; Atilio Lopez, Jose Espejo; Alberto Gato Carbone, Carlos Carella, Carlos Magliano, Americo Barrios, Catulo Castillo, Jorge Huidobro, Juan Domingo Bocha Plaza, Emilio Barletti, al cineasta Jorge El Tigre Cedron, Federico y Julio Troxler, German Abdala, al Norberto Croqueta Ivancich, Luis el Ñato Iglesias Barbeito, Helba Ferreyra, Rosario Infantino, Dorita Falco, Roberto Tato Miller, Sergio Bugallo, Ricardo Zucker, Yasser Arafat, German Rozenmacher, Olga Beatriz Gonzalez, Joaquín Giannuzzi, Juan Puigbo, Jose Luis Torres, Haroldo Conti, el Chango Funes, Sandra Cabrera, Vicky Walsh, Jorge A. Falcone, Carlos Lizaso, Nicolas Sarquis, Juan Cymes, Juan Alfonso, motoquero de la CTA; Enrique Grynberg, Walter Rodríguez, Armando Cabo y Dardo Cabo, Constantino Razzetti, Tati Di Mattia, Avelino Fernández, Oscar Landi, Maximo Mendoza, Arturo Enrique Sampay, Francisco Paco Urondo, Jorge Taiana, Romeo Messuti, Gervasio Martín Yayo Guadix, Rodolfo Achem, Horacio Chaves, Rolando Chaves, Carlos Miguel, Luis Macor, Roberto Arlt, Luis Politti, Barbara Mugica, Margot Tobar, a Leonardo Bettanin, Cristina Bettanin, Guillermo Juan Bettanin, Cacho Taborda, Paulino el Negro Andrada, Lalo de los Santos, Diego Lucero, Emilio Alfaro, Arturo Maly, Fernando Salas, Cachito Lopez, Martin Miguel de Guemes, Bernardo Alberte, Atahualpa Yupanqui, Osvaldo Andechaga, Felipe Varela, Vicente Chacho Peñaloza, Felipe Vallese, Manuel Dorrego, Juan José Castelli, Edgardo Suarez, Ricardo Rene Haidar, Osvaldo Ardizzone, Rodolfo Audi, Hector German Oesterheld, Gustavo Trigo, Hugo Pratt, Ricardo Barreiro, Pedro Duffau, Alfredo Leaden y Alfredo Alfie Kelly y Salvador Barbeito; José Tedeschi, Francisco Soares, Carlos H Ponce de León, Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias, María del Carmen Maggi, Gabriel Longeville, Alfredo Leaden, Elizabet Kasemann, José Manuel González, Elizabeth Fress, Héctor Jesús Ferreirós, Carlos Dorniak, Daniel Bombara, Héctor Federico Baccini, Carlos Armando Bustos, Mauricio Silva Iribarnegaray, Jorge Azur; Jorge Galli, José Colombot, Marcos Cirio, Carlos A. Di Pietro; Juan Ignacio Isla Casares, Anibal Gadea, y Humberto Pantoja, Raúl E. Rodríguez, Alice Domon, Léonie Duquet, Julio San Cristóbal, Hugo A. Corsiglia, Luis Oscar Gervan, María del Carmen Maggi, José Serapio Palacios, Beatriz Carbonen de Pérez Weiss, Horacio Pérez Weiss, Mada Martha Vásquez Ocampo de Lugones, César Amadeo Lugones, Francisco Blato, Mónica María Candelaria Mignone, María Esther Lorusso, Mónica Quinteiro, María Femanda Noguer, José Villal, Alejandro Sackrnan, Esteban Garat, Valeria Dixon de Garat, Roberto Van Gelderen, Ignacio Beltrán. Alberto Rivara, Horacio Russín, Néstor Junquera, María Eugenia González, Luis Oscar Gervan, Luis Congett, Anteró Darío Esquivel, Eduardo Luis Ricci, Adriana Landaburu, Leonor Rosario Landaburu de Catnich, Juan Carlos Catnich, Susana Carmen Moras, Susana Antonia Marco, Roque Agustin Alvarez, Armando Corciglia, Cecilia Juana Minervine, Laura Adhelma Godoy, Oscar de Agneli, Marcos Chirlillo, Juan Pedro Sforza, Gertrudis Hlaszick, losé Pobrete, Mónica Brull, Juan Guillén, Gilberto Rengel Ponce, Adolfo Fontanella, Roberto Tomás Abad, Roque Raúl Macán; Mauricio López, Elizabeth Kasemann, Patricia Anna Erb, Víctor Pablo Boinchenko, Lilian Jane Coleman de Boinchenko, Oscar Alajarin, Claudio Adiego Francia, Horacio Pilar, Marta Merkin, Héctor Lencinas, Caferata Martínez, Rubén Díaz, Héctor Flores; Elena Santa Cruz; Olga Aredez y Luis Aredez, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, Guillermo Changuito Diaz Nieto; Blanquita Ortíz de Murúa; los 304 asesinados por las bombas y la metralla del 16 de Junio de 1955, en la Masacre del Bombardeo a la Plaza de mayo; a Raul Tanco, y al General Juan Jose Valle, a Dardo Cano, Eloy Caro, Jorge L. Noriega y Nestor M. Videla, Miguel A. Paolini, Ernesto Gareca, Isauro Costa y Luis Pugnetti, Hugo Quiroga, Luciano I. Rojas y Jose M. Rodriguez, Miguel Angel Mauriño, Nicolas Carranza y Francisco Garibotti, al Capitan Jorge M. Costales, Osvaldo Alvedro, Dante H. Lugo, Clemente Ros y Norberto Ross, al Coronel Jose A. Irigoyen, al Coronel Oscar Cogorno, Alberto Abadie, Carlos Irigoyen, Ramon Videla y Rolando Zaneta, los Coroneles Alcibiades E. Cortinez y Ricardo Salomon Ibazeta, Vicente Rodriguez, el motoquero Juan Alfonso; los compañeros caidos en la masacre de Fátima: Inés Nocetti, Ramón L. Vélez, Ángel O. Leiva, Alberto E. Comas, Conrado Alzogaray, Daniel Argente, José D. Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Carmen Carnaghi, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma S. Fontini, Selma J. Ocampo, Horacio O. García Gastelú, Carlos Raúl Pargas, Raúl Ricardo Herrera y Juan Carlos Vera;.a los villeros el santiagueño Andres Segui desaparecido en octubre del 76 en Sevel, donde trabajaba; a Guillermo Mazuco y su compañera Patricia Alvarez de la JP y Marian Erize secuestrada en San Juan en el 76 por Etchecolaz, ambas de villa Martin Guemes Zona Eva Peron Retiro, Alberto Chejolan asesinado en la movilizacion el 25 de marzo cerca de Plaza de Mayo en Peron y Paseo Colon, , Manuel Ortiz Pereyra, Irma Laciar de Carrica, Toto Monserrat, Carlos Laham, Miguel Angel Bustos, a Pedro Leopoldo Barraza, Roberto Santoro, Jorge Abelardo Ramos, Horacio Húngaro, Luis Lucchi, Francisco López Muntaner, María Clara Cioccchini, Claudio de Acha, Daniel Alberto Racero, José Fernando Penelón, Eduardo Requena, Jorge Ruartes, Diego Botto, Polo Cortez, Silvia Shelby, Malisa Zini, Pedro Maratea, Marcos Raijer, Carlos Raul Paz, Nora Russo de Zigarán, Elpidio Torres, Eduardo Requena, Ricardo Benegas, Carlos Tagle Achaval, Jorge Giacobbone, Monseñor Antonio Zaspe, Homero Manzi, Ricardo Russell, Eduardo Alberto Hernández, Laureano Maradona, Armando Santos Discepolo, a Leopoldo Marechal, a Macedonio Fernandez, Nestor Antonio Meza Niella, Cipriano Reyes, Dalmiro Flores, Hernandarias, Darwin Passaponti, Rodolfo Sant Angelo, Venicio Ulpiano Perez , Brigadier Pedro Ferre, Armando Tejada Gomez, Ana Maria Giacosa, Fernando Carpio, Angel y Jose Perelman, Arturo Ferre Gadea , José Luis Rojas , Leonardo Samuel Slutzky Sammi, a Jose Ignacio Rucci, Benito Romano, Agustin Tosco, Jose de San Martin, Jose Gervasio de Artigas, Simon Bolivar, Bernardo O Higgins, Omar Torrijos, Benito Juarez, Salvador Allende, el colombiano Jorge Elicer Gaitan, el Mariscal Francisco Solano Lopez, el Emilio Petcoff, el Elias Castelnuovo, Manuel Belgrano, Santiago de Liniers, Santiago Pampillon, Osvaldo Pugliese, Armando Tejada Gomez, Coronel Caamaño Deno, Mariano Balcarce, Antonio Balcarce, Farabundo Marti, Sandino, Oliverio Girondo, Alberto Breccia, Enrique Muiño, Mariano Pujadas, Oscar Galvez y Juancito Galvez, Alberto Olmedo, Pepe Biondi, Fidel Pintos, Miguel Hernandez, Blas Manuel Alberti, Oscar Alende, Eduardo Vaca, Horacio Mujica, Raul Matera, Moises Lebensohn, Ernesto Guevara, el General Velazco Alvarado, el general Lázaro Cardenas, Don Juan Manuel de Rosas, Guillermo Brown, Facundo Quiroga, Juan Jose Hernandez Arregui, Benito Quinquela Martin, Rene Mugica, Raul Gonzalez Tuñon, Julio Huasi, Osvaldo Soriano, toda esta frondosa historia de, amigos y maestros, heroes y martires como Anibal Veron, muerto en Salta por la represion, como antes otros compañeros en Corrientes o Cutral Co, como Teresa Rodríguez, tantos compañeros y compañeras como Roberto Quieto, como que se completa con vos que sos los mejor que hay de esta historia de Forja, de Leandro N. Alem, de Hipolito Yrigoyen, de Amadeo Sabattini, de John William Cooke, de Domingo Alfredo Mercante, de Miguel Miranda, de Ramon Carrillo, de Rene Favaloro, Enrique Finocchietto, de Paco Jamandreu, de Jose Maria Gatica, de Carlos Monzon, Ricardo Arias, Ernesto Fritz, Oscar Ganete Blasco, Raul el Curro Gimenez, Oscar Alende, Chacho Peñaloza, Mariano Moreno, Atilio Castelpoggi, Roberto Galan, Fanny Navarro, el Negro Copello de Rosario, Manuel el Bicho García de Santa Fe, Julian Centeya, Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamon, el Pedro, Mariano y el bongo Farias Gomez, Alfredo Zitarrosa, Raimundo Villaflor, el Turco Cafatti, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Felipe Ludueña, Raúl Garcia, Luis Chicho Tobo, Roberto Palometa Pirles, a Osvaldo Viejo Cambiaso, Osvaldo B. Gallardo, a Ramona E. Leguizamón -la Coty, Tatín, el Pera Pozo, Santiago Mac Guire, el Gringo Viale, al Cachilo, Hernán Gomez, Constantino Razetti, Raúl Aragón Carlos Astudillo, Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Ángel Polti, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla, el General Enrique Mosconi, el General Manuel Nicolás Savio, el General Juan Pistarini, todos patriotas distinguidos de este pueblo maravilloso que le ha dado sentido a esta lucha de los argentinos por su libertad y su dignidad, tanta gente valiosa y significativa de Perón y Evita, tantos famosos anónimos de este pueblo grande y maravilloso de Patria Vieja, el nombre de aquella historieta de Oesterheld, donde el protagonista de la guerra de la independencia era el pueblo mismo, anónimo, que se prepara heroico y humillado, unido y dominado; talentoso y reagrupado para la gran batalla del Siglo XXI: La batalla final del Amor.

NOTA DE LA OESTERHELD: Sabemos, naturalmente, que nos faltan nombres de queridos compañeros y compañeras a quienes deberíamos nombrar y homenajear. Pedimos a las compañeras y compañeros que nos envíen el suyo con los datos y sus razones para poder incorporarlos a nuestra galería de patriotas queridos y recordados a aoesterheld@sinectis.com.ar

Arg - Conferencia de Prensa de Red Nacional de Abogados de DDHH

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CONFERENCIA DE PRENSA

RED NACIONAL DE ABOGADOS DE DD.HH.

Viernes 18 a las 14 hs. en Avda. de Mayo 651-2do.piso.

(Federación Argentina de Colegios de Abogados)

Los abogados que llevamos las causas sobre delitos de lesa humanidad en Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Luis, Neuquén, Bahía Blanca, General Roca, Viedma, Mar del Plata , Rosario, Paraná y La Pampa, convocamos a los periodistas a la conferencia de prensa en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Avda. de Mayo 651, 2do. Piso, el viernes 18 de mayo a las 14 horas, a fin de hacer pública la situación actual de los procesos judiciales y de la protección de testigos. Asimismo se harán importantes anuncios relativos a distintas provincias donde existen situaciones especiales referidas a la participación de represores en la seguridad pública y de intimidaciones y amenazas a jueces, abogados, testigos y víctimas.

Arg - Bussi se escudó en los decretos de Isabel Perón para justificar los crímenes de lesa humanidad

El médico forense dijo que estaba en condiciones de prestar declaración y lo hizo por varias horas. El general represor aportó pruebas documentales de la época, dijo que luchó contra el terrorismo internacional y le pidió al Juez Parache que prestara particular atención a las pruebas aportadas.

Los organismos exigieron que la justicia acelere los procedimientos y que se expida por la realización de los juicios orales.

Finalmente, el juez federal Jorge Parache indagó a Antonio Bussi y a Mario Albino Zimmerman en el lugar donde guardan prisión preventiva por acusaciones en una docena de causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, época en la que estuvieron al frente de las prácticas de terrorismo de Estado aplicadas en Tucumán.

La requisitoria corresponde a la etapa de la instrucción de la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la que están conectados alrededor de sesenta expedientes judiciales que dan cuenta de unos ochenta casos de personas detenidas desaparecidas, ajusticiadas o muertas bajo tortura en el mencionado predio militar, considerado un campo de exterminio por los organismos de derechos humanos. Por estas características, el juez Parache imputó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería Nacional involucrados en la causa por el delito internacional de genocidio, y bajo ese cargo, se llevó la indagatoria.

Previamente, el médico forense de la Justicia Federal, de apellido Aciar sometió a Antonio Bussi a una auscultación médica debido a que una semana antes de que comenzaran las indagatoria, el represor fue internado con un diagnóstico de dolencias cardíacas. Sin embargo, y tras la manifestación del abogado defensor del militar de que quería declarar en la causa Arsenales, Aciar informó al juzgado que Bussi estaba en condiciones de ser indagado. No fue el caso de Zimmerman, quien alegó no estar en un buen estado de salud.

LA DECLARACIÓN DE BUSSI

El represor, a través de su abogado, Horacio Conesa Mones Ruiz presentó lo que consideraron “prueba documental de la época”, consistente en doscientos sesenta fojas presentadas como aval de acontecimientos que tuvieran lugar en los ’70. En este sentido reiteraron la línea de defensa ya expuesta con Luciano Benjamín Menéndez que sostiene que el accionar de las fuerzas conjuntas de seguridad fue una respuesta “a una guerra promovida por el terrorismo internacional”.

A través de los textos, Bussi se propone demostrar, como es de esperar, quiénes son los promotores de esa guerra, excluyendo de esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas y refutando de esa manera las imputaciones que aparecen en la causa “Arsenales”, entre ellas, la de comisión del delito de genocidio, contra grupos nacionales, como alegan la querella y la fiscalía, a cargo del doctor Emilio Ferrer.

Sobre este punto, la abogada querellante, Laura Figueroa ya había explicado a la prensa que la imputación por genocidio contra grupos nacionales, “tiraba por tierra el discurso de las fuerzas de seguridad en cuanto que en Tucumán se llevó adelante una guerra y que las personas desaparecidas y/o muertas fueron consecuencia de un conflicto bélico interno”.

Por otro lado, Conesa Mones Ruiz aportó documentación periodística de la época, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de entonces por el que se declarara el estado de sitio y las razones de esa declaración, además de las resoluciones por las que las organizaciones político militares Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros fueron declaradas “fuera de la ley” . Como en casi todas las causas en la que están involucrados los militares y policías del Proceso, presentaron como atenuante de su accionar, los cuatro decreto emitidos durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón que establecen el “aniquilamiento del terrorismo”. En los escritos presentados, también se intenta justificar el accionar militar en directivas impartidas por el entonces Consejo de Seguridad Nacional. Bussi pidió al juez Jorge Parache que le prestara “particular atención a las pruebas aportadas”.

Según lo anticipó, la próxima semana el abogado de Bussi opondrá las excepciones previas a la acción penal porque sostiene “que después de 30 años, es totalmente extemporáneo el proceso que se lleva adelante”.

MANIFESTACIONES FRENTE AL JUZGADO

Los organismos de derechos humanos junto a organizaciones políticas se concentraron frente a la sede del Juzgado Federal y no se hicieron presentes en el Arsenal Miguel de Azcuénaga como se pensó que lo harían. Voceros de los diferentes grupos explicaron que este es el tiempo de la Justicia a la que le exigen que “se ponga a la altura de las demandas sociales que exigen juicio y castigo a los responsables del genocidio en Tucumán”.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, Virginia Sosa, destacó asimismo, que además de exigir una justicia rápida, se requiere una justicia coherente y conocedora de la temática de los derechos humanos a la que calificó de “compleja”. Al respecto, puso como ejemplo los fallos de la Cámara de Apelación de la Justicia Federal de Tucumán, que ordenó la prisión domiciliaria del Antonio Bussi, y la libertad provisoria de una mujer, civil, acusada de haber participado en casos torturas contra detenidos desaparecidos, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977.

Hoy se espera que preste declaración, un gendarme de apellido Palomo, con un alto grado jerárquico dentro de la fuerza.

Isauro Martínez
http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=674

Suspendido en Italia el proceso contra el represor argentino Massera por padecer demencia

EFE - Roma - 17/05/2007

El juez que instruye el proceso en Italia contra el ex almirante argentino Emilio Massera por la desaparición de tres italianos durante la dictadura (1976-1983) suspendió ayer el juicio porque el acusado padece demencia, y fijó la fecha del 26 de septiembre para revisar el caso. También en Argentina se suspendieron en 2005 los procesos por delitos de represión que se seguían contra Massera, uno de los tres jefes militares que encabezaron el golpe de Estado en 1976, tras dictaminar una junta médica que sufría un estado de "involución mental" por daños cerebrales.

El magistrado italiano Marco Mancinetti llegó ayer a esa conclusión tras estudiar el informe del perito italiano Roberto Tatarelli, que examinó a Massera.

Vera Vigevani, del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, agradeció a la justicia italiana todos sus esfuerzos, "porque ha hecho todo lo que ha podido" para juzgar a los culpables de esas muertes. El perito italiano explica en su escrito que el acusado "no es capaz de participar conscientemente en el proceso", porque "bajo el aspecto neuropsiquiátrico padece un trastorno mental orgánico de grado severo [demencia]".

El estudio de Tatarelli ha sido confirmado por el médico psiquiatra argentino Alfonso Carofile, nombrado por la acusación, quien estuvo presente durante la prueba pericial. Carofile agrega que, durante la prueba a la que se sometió, Massera "estaba sentado en un sillón, en ropa de cama", y que Tatarelli le preguntó su nombre y apellido a lo que el acusado "contestó con evidente perseveración en el lenguaje".

"El rostro es manifiestamente inexpresivo y parece presentar una ligerísima hemiparesia. El sujeto se autoidentifica, pero afirma tener 60 años [tiene en realidad 81], estar casado con [Lily] Vieira y tener seis hijos", añade el documento. Añade que, "al ser preguntado sobre su profesión, dice ser ingeniero y con grado de almirante. Desconoce el día, la fecha, el mes y el año, y al preguntársele por la estación afirma estar en verano, cuando en realidad es otoño".

"El rendimiento de la prueba alcanza una puntuación de alrededor de 9, siendo lo normal 30. Este rendimiento revela habitualmente un síndrome cerebral de tipo moderado a severo", agrega el escrito.

Todo ello ha llevado al juez Mancinetti a suspender el proceso y a fijar el 26 de septiembre como fecha para la revisión del caso por si las condiciones del ex militar argentino evolucionaran favorablemente.

El sumario contra Massera en Italia se separó de otro por el que ya fueron juzgados en rebeldía y condenados a cadena perpetua los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febrés. Todos ellos fueron condenados por el asesinato, entre 1976 y 1977, de los italianos Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegorato y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en prisión.

Proyecto para Agilizar las Causas contra Represores

Para terminar antes del 2057
Por Eduardo Tagliaferro

“Los indultos seguirán la misma suerte que las leyes de obediencia debida y punto final. No hay manera de respetar el derecho consuetudinario internacional al que ha adherido la Corte Suprema”, afirmó ayer el jurista Ricardo Gil Lavedra al presentar públicamente el proyecto suscripto por el bloque de senadores de la UCR para agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos. En una rueda de prensa, de la que también participó el jurista Andrés D’Alessio, los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales defendieron la iniciativa y adelantaron que esperan el acompañamiento del oficialismo para su propio tratamiento.

En la presentación pública, el ex decano de la Facultad de Derecho destacó que en la actualidad hay 1004 sumarios abiertos por violaciones a los derechos humanos. Gil Lavedra tomó la posta y señaló que “esa cantidad de casos no se puede resolver solamente con el Código Penal”. Luego de recordar que a dos años de la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final hubo sólo dos procesos con condenas –el del ex subjefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar, Miguel Angel Etchecolatz, y el del represor Julio Simón, conocido como el “Turco Julián”–, el jurista subrayó que “a este ritmo necesitaríamos entre 50 o 60 años para realizar todos los juicios”.

En palabras de Gil Lavedra, el principal objetivo de la iniciativa es “poder cerrar esta etapa del modo más rápido posible, ya que es una necesidad de las víctimas, que hace treinta años que reclaman justicia, tanto como de los victimarios sobre los que pesa una acusación, como de la sociedad que necesita cerrar con justicia el pasado”.

Gil Lavedra reivindicó la derogación de las leyes denominadas de impunidad o de olvido, así como “la voluntad política de este gobierno en el tema derechos humanos”, pero señaló que “es inadmisible que no hubiera una sola política pública de cómo llevar adelante estos juicios”. En su defensa de la iniciativa legislativa, Gil Lavedra la calificó como “un camino que debe hacerse si queremos que los juicios no sean algo declamativo, sino algo palpable”.

Luego de la presentación pública del proyecto, Sanz especuló que “fuera girado a la Comisión de Justicia y a lo sumo a la de Presupuesto”. También comentó que había hablado con la titular de la Comisión de Justicia para implementar “audiencias públicas para debatir la iniciativa”. “No quisiera pensar que lo van a cajonear”, concluyó.

En diálogo con este diario, un legislador del oficialismo destacó que “el trámite normal de funcionamiento de este año es nada”. Para que no queden dudas, subrayó: “No conseguís quórum ni a palos”. Al margen del proyecto del radicalismo, el oficialismo destaca que “el problema de la Cámara de Casación es claramente político”. Algo que minutos antes había reconocido el propio Sanz cuando afirmó que el proyecto “no va a modificar la conducta de algunos jueces”.

El proyecto de ley contiene cinco artículos. El central de ellos, el primero, establece que los juicios se desarrollarán por el Código Penal y por 18 disposiciones especiales. Todas ellas apuntan a la economía de tiempos y de diligencias. Se destaca que esto se realizará en las causas por delitos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983. Esto incluye el período anterior al golpe militar del 24 de marzo de 1976.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-85092-2007-05-17.html

Arg - Juicio contra represores: Preocupa la desprotección de testigos

La Plata - Se cumplen ocho meses de la desaparición de Jorge Julio López y los testigos que deben declarar en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, siguen sin seguridad.

Esa es la preocupación que manifestó a Radio Provincia Nilda Eloy, una de las querellantes en el juicio contra Etchecolatz.
Sostuvo que "las condiciones de seguridad no se han modificado desde el juicio anterior, seguimos con los represores libres, sin haber modificado ninguno de los puntos que podrían transmitir seguridad real a los testigos".
En ese marco, dijo que ya desde el año pasado se demostró que las amenazas contra el Juez Rozansky se hicieron desde teléfonos del Servicio Penitenciario y hoy se repiten: "eso es la impunidad".

Col - Dudas en familia de desaparecido

Mayo 17, 2007

Flor María Ludeña | EL CARMEN, Manabí

Uno de los cadáveres que aparecen en el listado de los ecuatorianos que han sido identificados y que presuntamente fueron asesinados por las fuerzas irregulares de Colombia es el del manabita Jerónimo Geovanny Quijije Cedeño. Las víctimas fueron encontradas en fosas comunes en el sector de Putumayo.

A la conclusión de que se trataba de Quijije se llegó por un documento que la víctima portaba cuando la encontraron. Sin embargo, la familia del fallecido quiere viajar a Colombia para verificar si efectivamente se trata de su pariente desaparecido hace seis años.

Pero el anhelo de viajar y comprobar si el cadáver encontrado es el de Jerónimo se ve truncado por la falta de recursos económicos. Por eso la familia de la víctima pide al Gobierno que a través de la Defensoría del Pueblo o de los Derechos Humanos la ayuden para transportar el cadáver hasta el cantón El Carmen, en Manabí, para darle sepultura.

Salvador Quijije recuerda con nostalgia que su madre murió sin saber nada del paradero de su hijo Jerónimo. “El hecho de no saber nada de mi hermano la deprimía mucho y al final Dios se la llevó”.

Según Salvador, su hermano menor viajó a Colombia el 26 de noviembre del 2001, con el propósito de trabajar en la recolección de coca porque su oficio de albañil no le permitía mantener a su familia.

La víctima estudió hasta el segundo año de educación media en el colegio El Carmen, en el cantón del mismo nombre.

Al cumplir la mayoría de edad, Jerónimo Quijije decidió acuartelarse. El servicio lo realizó en el Oriente, en el sector fronterizo con Colombia.

Su hermano Salvador cuenta que fue en ese entonces cuando a Jerónimo le nació la idea de irse a trabajar a Colombia.

Cuando él terminó el acuartelamiento –dice– el único trabajo que consiguió fue como albañil y de vez en cuando lograba alguna obra de construcción donde laborar.

Salvador manifiesta que la información que dio el ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Carlos Holguín, sobre el hallazgo de las presuntas víctimas de los paramilitares (cuyas fosas fueron descubiertas en el sector de La Hormiga, departamento de Putumayo) donde actuaba un bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidad de Colombia, generó preocupación en el resto de la familia y en otras que también tienen a parientes desaparecidos en el Ecuador.

El hermano de la víctima comenta que se enteraron de la noticia por un canal de televisión cuando dieron la lista de los desaparecidos que fueron encontrados muertos.

Al momento de la noticia la familia Quijije pensó que la muerte había sido reciente.

http://www.eluniverso.com/2007/05/17/0001/12/CAB49263DC1F4E74AC82C9F2FF96B4D3.aspx

Chl - Estado deberá pagar millonaria indemnización a madre de desaparecido

La demanda acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago a la madre del militante del MIR René Acuña Reyes, desaparecido desde 1975, había sido denegada en primera instancia.

El Estado chileno deberá pagar 100 millones de pesos a la madre de un detenido desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, por daño moral y síquico, según un dictamen emitido este miércoles por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En la resolución los ministros Alejandro Madrid y Lamberto Cisternas señalaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles tanto para el ámbito penal como para el civil, sentando un importante cambio en la jurisprudencia nacional.

Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) consideraba que la acción civil indemnizatoria de los familiares de las víctimas se encontraba prescrita.

Por ello, el CDE ha sostenido sistemáticamente que los tribunales no deben acoger las demandas civiles reparatorias que, en paralelo a la querella criminal, interponen los familiares de desaparecidos, ejecutados o sobrevivientes que sufrieron prisión.

Asimismo, los magistrados Madrid y Cisternas sostuvieron, en su sentencia, que "la imprescriptibilidad de las acciones civiles de los daños producidos por crímenes de lesa humanidad fluye de los convenios internacionales sobre crímenes de guerra y derechos humanos", que el Estado está obligado a respetar.

La demanda acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago a la madre del militante del MIR René Acuña Reyes, desaparecido desde 1975, había sido denegada en primera instancia.

El abogado del Fasic, Nelson Caucoto, aseguró que "esta es una sentencia fundamental y un gran triunfo que permite avanzar, pero todavía falta que este mismo criterio lo asuman también los ministros de la Corte Suprema".

EFE

Sri Lanka - Presidential Commission on abductions, disappearances to submit final report soon

COLOMBO: The one man Presidential Commission of Inquiry appointed to inquire into the incidents of abductions, disappearances and attacks on civilians resulting in deaths throughout the island is due to submit its final report to the President soon.

A press release issued by the Commission said that it was now in the process of preparing its final report to be submitted to the President soon.

The Commission has also brought to the notice of the public that positive measures were taken by the law enforcement authorities to prevent abductions, disappearances, unexplained killings in the future, on the directions of the President, based on the recommendation of the Commission.

The one man Commission Chaired by Mahanama Tilakaratne states that it had submitted two interim reports so far, one on December 12, 2006 and the second one on March 23, 2007 after receiving complaints from the public till November 7, 2006 after giving notice to the public on September 24, 2006 to send in their complaints to the Commission.

The Commission states that, in response to the public notice, no Non-Governmental Organisation except for two organisations interested in Human Rights forwarded any information to the Commission.

“Further no political party or group forwarded any information, nor did they appear before the Commission and furnish any information nor did they represent any of the alleged aggrieved parties”, the release added.

The Commission also visited Batticaloa from January 18 to 21 this year and conducted its sittings.

The Commission had received 282 complaints; 132 on abduction cases, 41 on disappearance cases, 109 on cases of killings. This number also includes the number of cases inquired by the Commission during its sitting in Batticaloa.

The Commission as per the mandate completed inquiries in to 58 complaints on abduction, 26 complaints on disappearance cases, 10 complaints on cases of killings.

The Commission was appointed to inquire into and report on the following a) Examine the circumstances relating to incidents of abductions, disappearances and unexplained killings throughout Sri Lanka in the recent past;

b) Identify any Armed group or groups, any other forces or persons who are directly or indirectly responsible or involved in these incidents

c) Identify the causes and motives for such incidents

d) Assess the adequacy of the security arrangements made by the Security Forces and the Police to prevent such incidents

e) Whether the actions of the Security Forces/Police in the immediate aftermath of such incidents and in the detection and apprehension of offenders, have been adequate,

f) Recommendations for measures to be adopted to prevent such incidents in the future based on the findings of inquiry.

Uruguay: denuncian traslados de detenidos desde Argentina

Por RAUL O. GARCES
The Associated Press

MONTEVIDEO --
Una denuncia sobre varios traslados clandestinos de detenidos-desaparecidos en Argentina hacia Uruguay durante la dictadura militar, y de un montonero y un ex diputado argentinos entregados al régimen de facto de ese país en la década de los 70, fue presentada el miércoles por el abogado Oscar López Goldaracena.

La denuncia de más de 100 páginas fue presentada por López Goldaracena, abogado de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, en el despacho del juez penal Luis Charles quien tiene a su cargo una voluminosa causa sobre otros episodios de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar entre 1973 y 1985.

"Entre las denuncias que presentamos figura la entrega a la dictadura argentina del montonero De Gregorio (desconocía su nombre) capturado en Uruguay y del ex diputado peronista Jaime Dri", dijo López Goldaracena. Estos casos ocurrieron en diciembre de 1977 de acuerdo a la denuncia y habrían sido trasladados en helicópteros.

El abogado indicó que esta es una denuncia "independiente" de la investigación en curso sobre otros dos vuelos clandestinos con detenidos en Argentina trasladados a Uruguay, ocurridos en 1976. "Pero, aunque independiente, esta denuncia tiene puntos de conexión con las anteriores porque fueron todos traslados clandestinos de detenidos que luego desaparecieron", dijo.

Aunque en la denuncia elaborada por testimonios recogidos se dan amplios detalles, el abogado enumeró sintéticamente que el primero de febrero de 1978 hubo traslados de cinco o seis detenidos en lanchas por "lo cual se involucra a la Armada".

El segundo de estos traslados es del 16 de mayo de 1978 "cuando hubo un traslado masivo de mas de veinte prisioneros y tenemos la presunción que fueron trasladados en avión. En junio hubo otros dos traslados de cuatro personas y en octubre fue trasladado un sólo detenido".

López Goldaracena estimó que fueron utilizados todos los medios de transporte entre ambas capitales del Plata en el traslado de los detenidos, los cuales en su mayoría desaparecieron y "hay testimonios de sobrevivientes que en la denuncia presentada estuvieron detenidos en el centro clandestino llamado Pozo de Banfield y fueron interrogados por militares uruguayos". El "Pozo de Banfield" era uno de esos centros utilizados por las fuerzas de seguridad para encerrar detenidos. Otro conocido es "Automotores Orletti".

De acuerdo a documentos, en Argentina fueron secuestrados más de 150 uruguayos, y hubo otros casos en Paraguay.

Declaración de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata

La semana que pasó fue signada por la reaparición en escena de algunas de las metodologías más tradicionales utilizadas por los violadores de derechos humanos: la amenaza y la represión.

El juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua; y presidente también del mismo tribunal, que en poco tiempo más juzgará por primera vez a un sacerdote por su participación en crímenes de lesa humanidad, volvió a recibir una de las máximas expresiones de la cobardía: la amenaza en su casa y recibida por miembros de su familia.

Da la sensación de que los enemigos de la verdad y de la justicia quieren hacernos suponer que estamos en peligro. Da la sensación, también, de que pueden hacerlo impunemente y de que las instituciones del estado son impotentes cuando se trata de detectar a quienes utilizan sus resquicios para operar.

Es la oportunidad en que tenemos que señalar que a casi ocho meses de su desaparición no sabemos nada de Jorge Julio López. Tampoco sabemos nada de la cadena de intimidaciones y amenazas ocurrida después de la condena a Etchecolatz.

Los servicios de inteligencia nativos están demostrando su verdadera utilidad: espiar a la ciudadanía y servir a los intereses políticos y económicos del gobierno y/o de los poderosos de turno.

La desaparición de López y las amenazas a Rozanski están marcando una vez más la fragilidad institucional en que nos desenvolvemos y de la cual sería muy peligroso para las autoridades no tomar nota. Porque hay veces en que esa fragilidad parece beneficiar a quien temporariamente ocupa posiciones de poder; pero termina inexorablemente abandonándolo a fuerzas completamente ajenas a su voluntad y también a la voluntad del pueblo.

El uso de la fuerza represiva para contener la protesta social es otro signo de fragilidad institucional. Y si uno puede no sorprenderse demasiado cuando la represión es dirigida por un “manodurista” como Jorge Sobisch, no ocurre lo mismo cuando quien ordena la represión es un representante directo del Poder Ejecutivo Nacional, empeñado en un discurso público diferente.

Aquí hay una cuestión que –aunque parezca mentira- debe ser puesta sobre la mesa y clarificada: el reclamo de los docentes y de los municipales santacruceños es absolutamente legítimo. Cobrar sus sueldos en blanco, proteger a sus jubilados e intentar adquirir una mejor calidad de vida es defender los derechos humanos.

La práctica de pagar gran parte de los salarios estatales “en negro” debe ser desterrada inmediatamente. La calidad de vida de los trabajadores ocupados y desocupados debe ocupar un lugar protagónico en la discusión nacional acerca de qué se hace con el ingreso en nuestro país.

Estas verdades, que dichas así parecen de Perogrullo, se ven obligadas a abrirse paso entre los bastonazos de la policía y de la gendarmería nacional, como en la más cinematográfica república bananera. Y esto también es fragilidad institucional. Y es violación a los derechos humanos.

Necesitamos, entonces, reunir todas nuestras fuerzas para salir en defensa de quienes hoy son víctimas de estas prácticas y encarar la construcción de una democracia que a fuerza de popular y participativa, a fuerza de satisfacer las necesidades de su pueblo, merezca llevar ese nombre.

Paraguay: treinta años de desaparición forzada de personas

Por Gustavo Torres, especial para Causa Popular. Si
bien el nombre asemeja ser algún centro de formación
profesional de oficio, la Dirección Nacional de
Asuntos Técnicos, más conocida como la Técnica,
paradójicamente fue uno de los tantos crueles centros
de torturas del dictador paraguayo Alfredo Stroessner
(1954 - 1989). El tenebroso lugar, hoy día Museo de la
Memoria: Dictadura y Derechos Humanos, fue inaugurado
en agosto del año pasado, justo en el mismo día y hora
en que fallecía el tirano en Brasilia, la capital de
Brasil. En aquel sitio cruel, 53 años después,
organismos de Derechos Humanos recordaron el golpe de
Estado del 4 de mayo de 1954 y el comienzo del
terrorismo stronista, con la abierta intervención de
Washington para la creación de la primera Escuela de
asesinos en el Paraguay.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y Asesinados de Paraguay y organismos de Derechos
Humanos al recordar la oscura época, presentó a la
opinión pública una declaración sobre los efectos
actuales del Terrorismo de Estado. La ceremonia se
realizó en el auditorio "Justicia y Dignidad", ubicado
en el ex centro de torturas conocidos como "La
Técnica" (Chile 1066 entre Manduvirá y Jejui) de la
capital paraguaya, Asunción. Desde el martes 24 de
abril, en el Museo de la Memoria, (Similar a la
siniestra Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, en
Argentina), empezaron las series de recordaciones a
los primeros veinte detenidos desaparecido en el
primer semestre del año 1977, al cumplirse 30 años de
las primeras desapariciones de personas dentro del
operativo Cóndor, compuesto por los gobiernos
militares de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y
Brasil para aniquilar a los disidentes y opositores
políticos. El Movimiento Nacional de Víctimas de la
Dictadura de Paraguay recordó el 25 de abril como cada
año a los muertos y desaparecidos durante los oscuros
años del stronismo en la “Pascua Dolorosa”, que se
realiza en la localidad de Santa Rosa, departamento de
Misiones. La “La Pascua Dolorosa” fue una brutal
represión en la década del ‘70 del gobierno de Alfredo
Stroessner contra campesinos organizados, agrupados en
las Ligas Agrarias Cristianas, que dejó varios
torturados, muertos y desaparecidos.
Para Federico Tatter, activista de Derechos Humanos
esta jornada de recordación y homenaje a los 20
detenidos y desaparecidos de la dictadura stronista,
tanto en el país como en el extranjero, se inscribe
dentro de la serie de recordaciones, buscando la
reivindicación moral, social y económica de las
víctimas de la dictadura, y, en este caso, del
hallazgo de los restos de quienes fueron secuestrados
por efectivos de seguridad en el marco del Plan Cóndor
en los años 1970 y que involucró a las dictaduras
militares del Cono Sur.

“Siempre recordamos a los desaparecidos, pero en esta
ocasión recordamos a los 20 Desaparecidos del primer
semestre de 1977 que cumplen 30 años de desaparición.
Durante el curso del año haremos la recordación de los
otros 19 desaparecidos en el segundo semestre de 1977,
siempre teniendo en cuenta y poniendo énfasis en la
existencia de más de 500 desaparecidos durante el
período 1954-1989. La recordación por segmentos, nos
permite que la gente vaya grabando nombre a nombre y
con testimonios de amigos, compañeros, familiares que
van relatando y describiendo a cada uno de ellos. El
Movimiento por los Derechos Humanos en Paraguay no ha
sido constante ni está en la agenda como ocurre en
otros países. En el caso de Paraguay, siempre al borde
del retroceso, por lo que debemos reinstalar la
temática y abordar la recordación sobre un grupo de
paraguayos y de otras nacionalidades que han
desaparecido en 1977; haciendo mención al Operativo
Cóndor. De los 20 que recordamos, 16 son
paraguayos-argentinos que han desaparecido en la
Argentina, de los cuales varios son trasladados al
Paraguay, de la misma forma, dos argentinos y dos
uruguayos son detenidos en el Paraguay y desaparecidos
en el intercambio”, afirma Tatter, hijo del
desaparecido Federico Jorge Tatter, un Teniente de
Fragata del Ejercito paraguayo, que por su lucha y su
militancia política fue condenado al exilio en 1963 en
la república Argentina, donde fue secuestrado el día
15 de octubre de 1976 de su domicilio en la calle
General Urquiza 133, de la ciudad de Buenos Aires. El
Presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de la
Dictadura, Santiago Rolón, afirma que a 31 años de la
“Pascua Dolorosa” persiste la dictadura en el país, en
el plano político, social y económico, Stroessner se
fue pero quedó un circo gubernamental corrupto que
hambrea al pueblo. El actual sistema crea una
expulsión de los compatriotas a España y Argentina, la
gente corre del país por falta de trabajo y esto es
responsabilidad de Nicanor Duarte Frutos, quien antes
que preocuparse por el pueblo busca perpetuarse con su
rosca en el poder como el mismísimo dictador. El
Gobierno está en deuda con las víctimas, sus
familiares y los desaparecidos, porque hasta hoy no se
hizo justicia. Rolón denunció que hay un manto de
olvido hacia los que sufrieron la cárcel, torturas y
fueron muertos; muchos luchadores se están muriendo
hoy excluidos y olvidados.
Durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner, se
calcula que hubo como mínimo 1000 asesinatos y 500
desaparecidos, millares de presos políticos y más de
un millón de exiliados.

El abogado y educador Martín Almada, descubridor de
los Archivos del Horror, ratifica que la Técnica
empezó a operar a partir de 1956 con el apoyo del
presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower (1953 -
1961), quien envió al coronel Robert Thierry para
“enseñar a torturar” a los paraguayos en la “Técnica”.
El Museo de la Memoria exhibe diferentes salas,
oficinas y calabozos de la época stronista que
permanecen en el lugar, así también se puede apreciar
las colecciones de documentos y fotografías de los
protagonistas de la dictadura, como las imágenes y
nombres de miles de víctimas que se exhiben en el
lugar.

En el año 1977, en un operativo conjunto de las
fuerzas de seguridad argentina y paraguaya, fue
secuestrado en la ciudad de Paraná (Entre Ríos,
Argentina) y desaparecido, el político paraguayo
Agustín Goiburú, primera víctima del sistema de
exterminio internacional conjunto desarrollado en
complicidad por las fuerzas de seguridad de Chile,
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil para perseguir y
aniquilar a los disidentes y opositores políticos,
intercambiar datos de inteligencia, captura y
desaparición de personas; siniestro plan político
conocido años más tarde como Operativo Cóndor.

El golpe de Stroessner
El 4 de mayo de 1954, Alfredo Stroessner, encabezó un
golpe de Estado derrocando al presidente Federico
Chávez, en agosto de 1954 fue elegido por la Junta de
Gobierno para Presidente. Fue reelegido durante ocho
periodos, en elecciones fraudulentas, siendo el único
candidato: 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y en
1988. Durante su régimen fueron asesinadas entre 3.000
y 4.000 personas, debido a sus tácticas de mano dura
contra la disidencia, en especial los comunistas,
empleando la tortura, el secuestro, asesinatos
políticos y el crecimiento de la corrupción. Fue uno
de los dictadores partícipes de la Operación Cóndor,
iniciado en la década del sesenta, producto de una
especialización contrainsurgente conjunta en las
academias militares norteamericanas. Esta
especialización se enmarcó dentro de la "Doctrina de
Seguridad Nacional", cuya esencia era la de lograr el
"orden" en la sociedad civil y la eliminación física
de los disidentes. Estas relaciones de militares
argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos,
brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían
sus frutos en los años de las dictaduras. En su
accionar no establecieron diferencia entre la
oposición. Estas acciones afectaron a ciudadanos de
Argentina, España, Uruguay, Reino Unido, Alemania,
Estados Unidos, Chile, Suiza y Francia, entre otros.
Strossner y el stronismo en la actual estructura de
poder

El stronismo persiste como sistema político-económico
en la actual estructura de poder, que domina el
partido Colorado desde más de 60 ano, sus
protagonistas son jerarcas del desaparecido dictador a
cuya cabeza se encuentra, el nieto de Alfredo
Stroessner, Goli Stroessner que lidera el Movimiento
Paz y Progreso (lema del gobierno de stroessner)
dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El
nombre de Stroessner nieto es mencionado como
candidato a vicepresidente o senador número uno en la
lista de postulantes a la Cámara Alta por el sector
antioficialista del Partido Colorado, en alianza con
el vicepresidente de la República, Luis Alberto
Castiglioni para las elecciones presidenciales del
2008.
A pocos días de la muerte del dictador, la propia
Junta de Gobierno del Partido Colorado le rindió un
homenaje, quien fue presidente honorario de la ANR.
Stroessner usó al Partido Colorado como el brazo
político de su estructura de poder, que se completaba
con las FFAA y la oligarquía prebendaria. Para afuera
procuró dar a su régimen una imagen de democracia,
permitiendo a otros partidos presentarse en
“elecciones” que siempre le otorgaban en torno a 90
por ciento de los votos.

El stronismo sigue operando firmemente en la política
paraguaya, con funcionarios, inclusive dentro de la
“transición democrática paraguaya”, como la
diplomacia, por citar algunas, como la del embajador
paraguayo en Brasil, Luis González Arias, quien esta
denunciado por los organismos de Derecho Humanos por
ser integrante del aparato represivo de la dictadura
como delator. La denuncia fue presentada en Asunción
en la reunión del “Mercosur Político”. Martín Almada,
acusa que González Arias en su gestión diplomática en
la Argentina en la década del ochenta, elaboró
informes que dieron pie a la detención ilegal,
torturas físicas y psicológicas y destierros de varios
paraguayos que se oponían al régimen stronista, que
gobernó con mano dura el país desde mayo de 1954 hasta
el 2 y 3 de febrero de 1989. Recordemos que durante la
última dictadura militar en la Argentina,
desaparecieron más de cien paraguayos.
Otro denunciado es el embajador paraguayo en Buenos
Aires, Orlando Fiorotto Sánchez, destituido del cargo
en mayo del 2006, luego de la denuncia de la Comisión
de los Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en
Buenos Aires, durante el Foro de la Comisión de Verdad
y Justicia, realizado en Buenos Aires. La denuncia fue
presentada por el ex diputado paraguayo Cubas en
Asunción ante la misma comisión Verdad y Justicia y
ratificada personalmente en los salones de la cámara
de diputados en el mismo foro que investiga crímenes
de lesa humanidad de la dictadura stronista.
“Fiorotto, en sus años de estudiante de derecho, fue
delator e informante de la policía política de
Stroessner", había acusado Cubas.
La última denuncia de personeros de la dictadura en la
función pública salpica al presidente del Tribunal
Superior de Justicia Electoral (TSJE), Juan Manuel
Morales, acusado por el Titular del Tribunal Ético
contra la Impunidad, Antonio Palazón, denunciando que
el funcionario tuvo activa participación como
informante en tiempos de la dictadura. FIN.

Arg - Detuvieron a represor que actuó en la "Noche de los Lápices"

Se trata del ex comisario Miguel Kearney, quien estuviera a cargo del centro clandestino de detención que funcionó en Arana. Es el cuarto ex jefe policial detenido en los últimos días. Está acusado de homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas

El ex jefe del centro clandestino de detención que funcionó en el Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, fue detenido por crímenes, privaciones ilegales de la libertad y torturas ocurridas durante la última Dictadura Militar.

Fuentes judiciales informaron que se trata del ex comisario Miguel Kearney, que fue detenido por orden del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, con lo que es el cuarto jefe policial detenido en la causa que investiga delitos de lesa humanidad.

Los voceros detallaron que Kearney se negó a prestar declaración indagatoria ante el magistrado y luego obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por tener más de 70 años.

En la orden de detención, se le imputa al ex jefe policial homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas, entre ellos los casos de los jóvenes desaparecidos en la denominada "Noche de los Lápices".

El Destacamento de Arana funcionaba en la Dirección de Cuatrerismo de la Policía y estaba bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de La Plata que a su vez dependía orgánicamente de la Dirección General de Investigaciones a cargo del comisario Miguel Etchecolatz.

La Cámara Federal porteña había ordenado la detención de Kearney en 1986, pero el ex comisario fue benficiado por la leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que la detención no se hizo efectiva.

Kearney es el cuarto jefe policial detenido en los últimos días, ya que esta semana fue apresado el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Oscar Páez, y la anterior ocurrió lo mismo con Pedro Antonio Ferriole, quien se desempeñó como Jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979 y de Bernabé Jesús Corrales, que ocupaba la subjefatura durante ese período.

http://www.eldia.com.ar/edis/20070516/20070516175548.htm

Arg - Otro revés para represores procesados por violaciones a los derechos humanos

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue al rechazar las presentaciones efectuadas, en distintas causas, por los defensores de Benjamín Menéndez, Rádice y Alberto González.

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final al rechazar planteos de ex miembros de las fuerzas armadas procesados por violaciones a derechos humanos durante la última dictadura militar.

Según confirmaron hoy fuentes judiciales, la decisión fue tomada por la Sala III del tribunal al desestimar las presentaciones efectuadas, en distintas causas, por los defensores de Jorge Rádice y Alberto González y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.

En los casos de Rádice y González el tribunal coincidió con la solución adoptada en su momento por la Sala II de la Cámara Federal de esta capital en los hechos que tuvieron como víctimas a detenidos desaparecidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La decisión que involucró a Menéndez y otros ex integrantes del ejército, está vinculada con el caso "Brandalisis", de privaciones de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas en el centro clandestino "La Perla", en Córdoba.

Los camaristas Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi recordaron la resolución tomada por la Corte Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Simón".

En esa causa, contra el represor Julio (el Turco) Simón, el máximo tribunal consideró "impostergable" la supresión de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y remover obstáculos normativos para la persecución de crímenes contra la humanidad.

Los camaristas agregaron, además, que, por tratarse de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles y pueden seguir investigándose aún a décadas de su comisión.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62345&id=149936&dis=1&sec=1

Arg - Aniversario de Detención-Desaparición de Rómulto Artieda

Como les anticipáramos el 14 de mayo se cumplió el 30º aniversario de la detención-desaparición de Rómulo Artieda, en el siguiente enlace pueden ver una pequeña crónica del ejercicio de la memoria que realizámos ese día y ver imágenes: http://www.cpdhcorrientes.com.ar/Romulo_Artieda/index.html

Diego Cazorla Artieda

Arg - Familiares y militantes de derechos humanos protestarán en Tribunales Federales

Molestos con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, familiares e hijos de desaparecidos y militantes de agrupaciones en defensa de los derechos humanos se concentrarán hoy, a partir de las 9, en el edificio de Tribunales Federales, en Las Piedras y Congreso, para exigir una vez más juicio y castigo a los represores que cometieron delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar.

La manifestación se realizará al mismo tiempo que el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache, se encuentre en el ex Arsenal tomándole declaración indagatoria a los represores Antonio Domingo Bussi y Mario Alberto Zimmerman. “La concentración se hará en Tribunales porque allí es donde se toman las decisiones en cuanto a las causas de la dictadura”, explicó la abogada Laura Figueroa ante la consulta de por qué la protesta no se realiza en el predio militar.

“Hay mucho malestar con la Cámara Federal por sus fallos a favor de la prisión domiciliaria de Bussi y de la libertad de Susana Auad alias “La Piturra”. Creemos que hay una desidia en cuanto a todo el desenvolvimiento de estas causas, por ello vemos una Cámara ausente”, expresó la letrada, querellante en la causa del ex Arsenal.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=34561

Arg - Por más de seis horas declaró el ex jefe de Inteligencia de la dictadura

En el marco de la ronda de indagatorias, el ex jefe de Inteligencia Alberto Luis Cattáneo se sometió a las preguntas de la Justicia Federal en el marco de la causa en la que se investiga el delito de genocidio cometido contra cientos de víctimas que fueron detenidas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En cambio, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, volvió a negarse a declarar. Hoy, el juez federal Parache se trasladará al ex Arsenal para indagar a Bussi y a Zimmerman.

Por más de seis horas estuvieron ayer los represores Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Luis Cattáneo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Justicia Federal, para cumplir con el acto de la declaración indagatoria en el marco de la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Como estaba previsto, el primero se abstuvo de declarar (ante la ampliación de las imputaciones en su contra) mientras que el segundo se sometió a las preguntas del secretario Norberto Véliz, quien investiga por primera vez el delito de genocidio cometido en el ex Arsenal que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar.

En su segunda citación judicial en lo que va del mes, Menéndez respiró tranquilo porque llegó a un inactivo Tribunales Federales (por el paro de los empleados) y sin la presencia de familiares e hijos de desaparecidos, quienes fueron víctimas el 2 de mayo pasado de agresiones por parte de la Policía mientras repudiaban al represor cuando se retiraba del edificio de Las Piedras y Congreso.

En un acostumbrado hermetismo y acompañados del abogado defensor Horacio Conesa Mones Ruiz, ambos represores llegaron después de las 8 y se retiraron después de las 14 de la Justicia Federal. Si bien Menéndez siguió con su postura y no abrió la boca ante las nuevas acusaciones en su contra, la indagatoria se extendió debido a que Cattáneo, quien fue jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia, sí contestó a las imputaciones en su contra por el delito de genocidio.

La megacausa del ex Arsenal reúne los casos de más de 200 víctimas que fueron detenidas y fusiladas en ese lugar está encabezada por la desaparición de Julio César Campopiano, un joven poeta de 18 años que fue secuestrado el 22 de octubre de 1976. Debido a la extensión de la indagatoria, al cierre de esta edición no se pudo saber los detalles de la declaración de Cattáneo.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34573

Arg - Para darle cuerda al reloj judicial

Cinco jueces de la Corte, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el procurador general, Esteban Righi, se reunieron en busca de mecanismos que permitan organizar y acelerar los procesos.

Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, salió raudamente de su despacho cerca del mediodía con una computadora portátil colgando del hombro y se fue hasta otra oficina del cuarto piso de Tribunales. Allí, una cumbre juntó a cinco jueces supremos con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien impulsa la coordinación de iniciativas para acelerar las causas sobre crímenes de la dictadura. El encuentro fue el paso inicial para el armado de un programa de trabajo sobre los expedientes contra represores. El alto tribunal ya estudia sus propios mecanismos para apurar las investigaciones y organizar los juicios orales en puerta.

Los escollos en las causas sobre violaciones a los derechos humanos fueron tema en la sobremesa de un almuerzo reciente en el que se encontraron Righi y Lorenzetti. Así surgió la idea de una suerte de plenario que se concretó ayer con la intención de hilar fino en la búsqueda de una solución a un problema que hoy exhibe un dato elocuente: desde la anulación de las leyes de impunidad, hace dos años, sólo fueron condenados por los crímenes dictatoriales los ex policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón, conocido como el Turco Julián. Un ingrediente que agrava las circunstancias es la desaparición de Julio López, junto con las amenazas a testigos, jueces y fiscales.

El mismo día que el presidente Néstor Kirchner reiteró el pedido para que se anulen definitivamente los indultos (ver página 4), los jueces se reunieron en el despacho de Carmen Argibay. Además de la “anfitriona” y Lorenzetti, asistieron Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. A Ri-ghi lo acompañaron los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. El principal dilema se centra en qué herramientas concretas pueden utilizar la Corte, la Procuración y la cartera judicial, en plan de apurar los juicios, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y que asume como propio el Gobierno.

En esta conversación inicial surgió, según relataron tres participantes, un esbozo de los grandes obstáculos en los expedientes contra represores, además del más conocido referido al embudo que se produce en la Cámara de Casación Penal. En cuestiones organizativas se planteó, por ejemplo, la posibilidad de unificar procesos en lugar de hacer juicios separados con un único imputado, algo que no sólo incrementa el trabajo de los tribunales, sino que implica una situación de desgaste, exposición y padecimiento para los testigos (muchos de ellos sobrevivientes y familiares de desaparecidos). También se mencionó la necesidad de evitar que un mismo tribunal sustancie más de una megacausa, como ocurre con ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, ambos en el Tribunal Oral 5.

A esto se suma un complicado escenario en el interior del país: en algunas provincias los jueces se fueron inhibiendo de intervenir por distintas razones –desde parentesco, amistad o hasta enemistad con los imputados– o fueron apartados, o recusados, o bien los tribunales permanecen vacantes. Así las investigaciones quedaron paralizadas en lugares como Salta, Chaco y Formosa.

En la reunión en la Corte se acordó que desde el alto tribunal y el Poder Ejecutivo cooperen con una tarea de diagnóstico y seguimiento “caso por caso”. Identificar las razones puntuales que demoran cada causa, dicen, permitirá determinar las medidas a adoptar.

Sobre la protección de testigos, este año el CELS reclamó ante la Comisión Interamericana que el Estado adopte medidas para resguardar a más de 4500 personas. Iribarne explicó que por una resolución de su cartera todo pedido de un juez para dar protección es incorporado de inmediato al Programa Nacional de Protección de Testigos. En el máximo tribunal no descartan crear un programa o secretaría específicos para abordar el asunto de las demoras y dilaciones en estos juicios. Esto podría proporcionar un “lugar” de referencia donde jueces, querellantes o testigos puedan recurrir ante las dificultades. En el Gobierno se estudia crear un ámbito que funcione como nexo con el Poder Judicial.

Proyecto radical

El ex ministro de Economía y candidato presidencial Roberto Lavagna presentará hoy en el Senado una iniciativa elaborada por los juristas radicales Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio para agilizar las causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos. El proyecto de dos ex camaristas del Juicio a las Juntas apunta a establecer disposiciones especiales para aquellas “causas por delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”, con el fin de que puedan ser resueltas con mayor celeridad. Entre otras “disposiciones especiales”, el texto menciona la posibilidad de concentrar en un solo tribunal todas las causas cuyas víctimas hayan padecido cautiverio en el mismo centro clandestino de detención, o de que el juez a cargo de la causa disponga que se tramite un solo expediente por “razones de economía procesal y mayor facilidad de investigación”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85046-2007-05-16.html

Arg - Menéndez, cada vez más cerca del juicio

La Cámara de Casación rechazó un planteo de prescripción del caso Brandalisis, elevado por la defensa de los imputados.

La Cámara Nacional de Casación Penal puso a tiro del juicio oral a Luciano Benjamín Menéndez y a otros seis ex militares acusados de delitos de lesa humanidad en la denominada “causa Brandalisis”.

Sucede que la sala III del Tribunal de alzada, uno de los más cuestionados por el presidente Néstor Kirchner, rechazó el planteo de la defensa de los represores que reclamaban la prescripción de la causa.

La resolución de Casación se conoció en coincidencia con una nueva embestida de Kirchner para que se consagre la nulidad de los indultos y la agilización de los procesos judiciales contra los represores.

Además, el Presidente había abierto una dura polémica con los jueces de Casación el 24 de marzo pasado en Córdoba, en oportunidad de encabezar en La Perla el acto de traspaso de ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al Museo de la Memoria.

Como anticipó este diario un día después de aquella evocación, y en función de lo resuelto ahora por la Cámara de Casación, en octubre próximo la Justicia Federal de Córdoba escenificaría el primer juicio contra represores de la dictadura, con Menéndez y otros seis represores en el banquillo.

Con todo, a la defensa de los acusados en el expediente Brandalisis le queda todavía un par de vías de apelación: en un plazo de 10 días a partir de hoy, podrá presentar un recurso extraordinario ante la misma Sala III de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma.

Frente a un eventual nuevo revés en esta instancia (que se considera factible por el temperamento que ha asumido el tribunal en otros casos similares), la defensa podrá ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Al banquillo. Vale precisar un dato respecto del enrevesado trámite: la queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo, por lo cual una vez que Casación rechace el recurso extraordinario, el expediente retornará a la jueza de Instrucción Cristina Garzón de Lascano, del Juzgado N° 3, quien notificará a las partes para que opinen si la instrucción está agotada o no y, en consecuencia, elevar el trámite a debate en juicio.

Al llegar a este punto, se decidirá por sorteo cuál de los dos Tribunales Orales que funcionan en la Justicia Federal de Córdoba se hará cargo de llevar adelante el proceso contra Menéndez y los otros seis procesados.

Cabe apuntar también, que el recurso en queja ante la Corte tiene escasas posibilidades de prosperar, dado que el alto tribunal ya fijó criterio en el caso Poblete, que terminó con el juicio y condena a Julio Simón, alias el “Turco Julián”.

En la causa Brandalisis, que tramita Garzón de Lascano, con la fiscalía de Graciela López de Filoñuk, se investiga la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas e Hilda Palacios, hechos ocurridos en 1977, un año después del golpe militar.

Los restos de Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en diciembre de 2002, en el Cementerio San Vicente.

Galería de procesados. Por este hecho están acusados Menéndez, Jorge Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Valentín Padován, y Ricardo Lardone. También estuvo procesado César Anadón, ya fallecido.

El abogado de organismos de Derechos Humanos, Claudio Orosz, dijo que la medida adoptada por Casación implicaría que inmediatamente la causa, si no hubiese ningún recurso extraordinario, baje a Córdoba y se pueda producir la acusación de las partes y de la Fiscalía como para que se pueda elevar a juicio. Este expediente había sido remitido a Casación en febrero de 2006, recordó el letrado.

Para Orosz, la Cámara confirmó la resolución que oportunamente adoptara Garzón de Lascano en el sentido de ordenar el procesamiento y prisión preventiva de Luciano Menéndez y de todos los integrantes del GP3, el grupo que tenía a su cargo operativamente el campo de concentración La Perla.

“Desaparecidos” Canal 2 Andalucía. Memoria Documentada

“Desaparecidos” Canal 2 Andalucía. Memoria Documentada: Jueves 24 Mayo 22 horas
Un número indeterminado de españoles (¿50.000, 60.000, 90.000…?) desaparecieron durante o inmediatamente después del Golpe de Estado de 1936. Desaparecieron de muchas formas, ominosas todas, y el pacto de amnesia de la transición contribuyó a que su memoria y su rastro se perdieran para siempre. Este documental discurre por los territorios de la tragedia y el horror, secuenciándose en las diversas formas del “desaparecedero” español de la guerra.

Miércoles 16 de mayo de 2007

El Golpe de Estado del Ejército de África del 18 de julio de 1.936, que a su fracaso devino en una guerra bestial y cruelísima de casi tres años que devastó la nación, provocando la desaparición, de entrada, de ese mínimo de civilidad imprescindible que los pueblos precisan para no hundirse en el cainismo más salvaje y despiadado, pero hasta esa elemental verdad fue negada durante más de cuarenta años por la historia oficial franquista, que en su delirio obsesivo por justificar el injustificable crimen de la guerra provocada por la sublevación, inventó que esta se había hecho inevitable e imprescindible para salvar España de un sinfín de añagazas satánicas, judeomasónicas, liberales y marxistas.

Hubert R. Southworth, el eminente hispanista americano, fue consciente de que la verdad histórica es difícil de hacerla desaparecer, como queda patente en la obra El mito de la Cruzada de Franco.

Durante cuarenta años, los españoles fueron obligados a tragarse una falsa historia de su país y los efectos secundarios de una dieta tan asquerosa pueden desaparecer en unos meses.

Al término de la guerra, cuando ya solo mataba un bando, los vencedores pudieron buscar, encontrar, registrar y honrar a sus desaparecidos, constituyendo esas dramáticas gestiones una prueba más de la “barbarie marxista” que justificaba la sublevación y la cruzada de los buenos españoles, pero sobre los desaparecidos republicanos (tres veces más numerosos sin contar las acciones bélicas, las evacuaciones de niños, el exilio y las ejecuciones regulares que se seguían produciendo) cayeron más paletadas de silencio y más paletadas de olvido sobre las que ya los cubrían.

“…Hasta hace muy poco tiempo no se ha podido iniciar el proceso de búsqueda e identificación de estos desaparecidos. La localización de estos “desaparecederos” es algo que va aumentando día a día y con ello la necesidad de clarificar este periodo histórico y de honrar a las víctimas anónimas de la sublevación franquista. Las nuevas tecnologías están permitiendo una mayor clarificación en este proceso, basta asomarse a las páginas de internet para ver los miles de ciudadanos que buscan pistas para localizar a sus abuelos, tíos o vecinos desaparecidos. Este gran tablón de anuncios es de por sí una monumental denuncia y constituye en sí un mausoleo virtual de desaparecidos. Las nuevas técnicas para la identificación del ADN es otra herramienta válida para la vinculación familiar de los desaparecidos. El mapa con la localización exacta de las fosas comunes es otro de los procesos que actualmente está en ejecución.

Este documental nos transporta a los primeros días del golpe en Sevilla y a los pueblos de sus alrededores. Ondeando todavía la bandera republicana en el ayuntamiento sevillano (para mayor desconcierto ciudadano) se produce el secuestro y asesinato de miles de republicanos, como avanzadilla publicitaria y ejemplarizante de lo que les espera a los que no comulguen con el golpe militar que se está afianzando en ese momento, en el que la guerra como tal, no existe todavía.

Después de setenta años familias de muchas de estas primeras víctimas del fascismo todavía siguen buscando a familiares desaparecidos por registros, archivos y sobre todo mediante “asociaciones” que a través de Internet pueden algunas veces dar alguna pista del paradero de estas victimas.

INTERVIENEN EN ESTE DOCUMENTAL:

Familiares de fusilados, desaparecidos, represaliados de Benamahoma y Ubrique (Cádiz), Zalamea la Real y Valverde del Camino (Huelva), Sevilla….

Antonio Domínguez, (Familiar de desaparecido)
Santiago Salguero, (Familiar de desaparecido)
Antonio Casado, (Familiar de desaparecido)
Rubén Díaz, (Familiar de desaparecido)
José González, (Familiar de desaparecido)
Emilio Maestre, (Familiar de desaparecido)
Francisco García, (Familiar de desaparecido)
Manuel Ponce, (Familiar de desaparecido)
Andrés García Gómez, (Familiar de desaparecido)
Isabel Bazán, (Familiar de desaparecido)
Ana María Venegas Bazán, (Familiar de desaparecido)
Mateo Venegas Bazán, (Familiar de desaparecido)
Josefa Alicia Venegas Bazán, (Familiar de desaparecido)
Mercedes Gómez Delgado, (Hija de desaparecido)
Francisco Flores, (Familiar de desaparecido)
Susana Vecino Romero, (Hija de desaparecido)
Evaristo Moreno, (Familiar de desaparecido)
José Moreno Delgado, (Familiar de desaparecido)
Juan José García, (Familiar de desaparecido)
José Blanco, (Familiar de desaparecido)

Pepe Vázquez, (Testigo)
Cándido Moyano, (Testigo)

Asociaciones y Organizaciones.

Francisca Maqueda Fernández (AMHyJA)
Lara Rodríguez Romero (AMHyJA)
Juan Luís Castro, (Foro por la Memoria Andalucía)
Cecilio Gordillo, (Coord. “RMHSA” CGT.A.)

Historiadores, investigadores, arqueólogos….

Antonio Miguel Bernal, (Historiador)
Francisco Espinosa Maestre, (Historiador)
Juan Ortiz Villalba, (Historiador)
José Luis Gutiérrez Molina, (Historiador)
Fernando Sígler Silvera, (Historiador)
Alfonso Pando, (Arqueólogo. Junta de Andalucía)

Representantes Instituciones.

José Chamizo, (Defensor del pueblo andaluz)
Antonio Mateos Salguero, (Ex alcalde de Grazalema)
José María Romero Calero, (Ex Comisario Memoria Histórica de Andalucía)

http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article18147

Col - Entrevista a Teresita Gaviria

“Mi trabajo es por todos los desaparecidos”

Semana.com entrevistó a Teresita Gaviria, presidente de la Asociación Madres de la Candelaria, ganadores en 2006 del Premio Nacional de Paz. Este martes, 15 de mayo, se realizaró en Medellín el lanzamiento de la IX versión de dicho premio.

Fecha: 05/15/2007 -

Semana.com: ¿Cómo ve el tema de las versiones libres de los Paramilitares y la ley de justicia y paz?
Teresita Gaviria: una de nuestras obligaciones es asistir a estas versiones libres, pero es poco lo que ellos nos han ayudado con su testimonio. De todas maneras debemos estar al pie de esto, de la Fiscalía y de ver cuándo estos señores nos van a decir la verdad. Hay un poco de temor de las víctimas que estamos asistiendo a estas versiones libres, pues nos sentimos bastante afectados. El caso concreto es el de Don Ramón Isaza, fue algo muy doloroso pues él reconoce que asesinó a más de 800 personas que pasaban por su zona, en colaboración con un miembro de las Fuerzas Militares. Los catalogaba como “muchachos sin rumbo” que iban de Medellín, como personas que no se dejaban orientar y que no querían pertenecer al movimiento de él por lo que terminaron asesinados. Esa declaración es gravísima.

Una publicación del Diario El Colombiano hace un poco más de un mes confirma las muertes en la zona de Ramón Isaz, y que los cuerpos eran tirados al Río Magdalena para no dejar evidencia. Yo como doliente relacioné a mi hijo como uno de esos cadáveres y es mucho el dolor que siento... pero debo sobreponerme para liderar este movimiento, tomo fuerzas para acompañar a las demás madres, pero el dolor es inmenso, me duele mi alma cuando veo este tido de cosas, me duele mi alma porque veo que no hay posibilidad de que él me diga si él mató a mi hijo.

Semana.com: ¿Cuál es la verdad que buscan las Madres de la Candelaria?
Teresita Gaviria: Seguimos insistiendo en una verdad transparente, que no genere más dudas tanto para ellos que han cometido todo este tipo de delitos como para nosotros y tener la tranquilidad de acabar con esa incertidumbre que nos mata día a día. Todos los días de la vida estamos al pie de esta lucha, trabajando por todos los desaparecidos del país. Queremos saber la verdad, quién ordenó, quién autorizó la detención y luego la muerte de estas personas, no solamente la de mi hijo. Yo sigo trabajando por todos los desaparecidos del país porque me identifico totalmente con aquellas madres o con aquellos hogares que han perdido sus hijos.

Semana.com: ¿Cómo sienten este proceso de reparación?
Teresita Gaviria: Los primeros días sentíamos que era un juego y no servía para nada, estudiábamos la ley y aunque le hacíamos críticas decíamos que esa era la ley y con ella debíamos trabajar. Finalmente la apoyamos. Hemos buscado la manera de llegar a esos lugares donde estos señores están dando su versión libre. Es cierto que todos no hemos tenido la oportunidad de vernos cara a cara con ellos. Solamente yo tuve la oportunidad de verme en la cárcel de Itagüí cara a cara con Don Berna y Don Diego, luego me vi cara a cara con Ernesto Baez. A todos ellos les he pedido “señores yo creo en la paz, yo creo en la reconciliación, pero necesitamos ese granito de arena de ustedes que es la verdad”. Ellos con mucha cultura me dicen “Tranquila señora que a eso le estamos trabajando”.

Yo no trabajo solamente por Cristian Camilo, mi lucero, que desapareció el 5 de enero de 1998, sino por todas las desapasiones del país. Me duele todo lo que hagan con estos humildes hogares, con estos campesinos, señalándolos injustamente por pertenecer a la guerrilla o a los paramilitares. Cuando estuve en los Montes de María (Sucre) fueron muy dolorosas las historias que me contaron las mujeres de Magangue, San Onofre, Zambrano, por esta bendita guerra que nos ha quitado cosas muy lindas: nos quitado los seres queridos, pero no nos ha quitado las ganas de seguir trabajando y luchando por los derechos de las víctimas.

Semana.com: En esta visita a la cárcel y en las versiones libres ha tenido la oportunidad de estar cerca de los jefes paramilitares ¿Qué se siente tener al supuesto victimario al frente?
Teresita Gaviria: Primero sentí alegría porque estaba con personas que supuestamente eran muy temibles, pero que podrían tener información sobre nuestros hijos. Luego me imaginaba a estas personas cometiendo ese montón de crímenes. Sentí mucho susto , terror. Recordé que incluso por ellos había barrios enteros a los que no se podía entrar; ahora veo que también muchos delincuentes se aprovecharon del nombre de estas personas para volver añicos a otras. Cuando dije que iba para la cárcel a hablar con ellos, muchos me dijeron que no lo hiciera porque de allá no salía, pero ahora después de verlos tengo confianza en que hablarán con la verdad. De pronto una de las madres encuentra así a su hijo. Ningún valor tiene que yo sola los escuche y luego tenga que buscar a las mamas de esos muchachos, lo que debe suceder es que todas las victimas asistan, escuchen y encuentren a su familiar.

Semana.com: ¿Han logrado encontrar alguno de los muchachos desaparecidos con lo dicho en las versiones libres?
Teresita Gaviria: con la gente de Ramón isaza tenemos la certeza que encontraremos a mi hijo Chistian Camilo Quiroz Gaviria, a Oscar Alberto Torres y al hijo de la señora Orfilia de Barbosa porque los tres desaparecieron en Doradal (Antioquia). En este momento somos unas 10 personas que creemos que sino estaban reclutados a la fuerza en las filas del grupo de Don Ramón Isaza, él dio la orden de matarlos. A Salvatore Mancuso, en la segunda versión, le pasamos un listado de 161 desaparecidos y nos dijo que conocía tres, que en la próxima versión nos diría cuál había sido su suerte. A cada uno de estos señores les vamos a pasar el listado de los muchachos desaparecidos cada vez que haya una versión libre.

Semana.com: ¿Para qué les sivió ganarse el Premio Nacional de Paz?
Teresita Gaviria: para hacer visible el problema de las víctimas de desaparición forzada, capacitar a las mujeres sobretodo a las desplazadas pues muchas no tienen ni la primaria. Decir y reconocer públicamente que uno se ganó el Premio Nacional de Paz es muy lindo, que reconozcan nacional e internacionalmente que aquí están las víctimas que buscan a los desaparecidos. Que estamos todos los miércoles a las 12:30 en la Iglesia de la Candelaria diciendo “los queremos vivos, libres y en paz”. Que en el atrio de esa iglesia hay un grupo de hombres y mujeres con esperanzas e ilusiones de encontrar a sus seres queridos, así estén muertos, pero encontrarlos. Antes nadie nos tenía en cuenta, pero hoy en día decir que somos las Madres de la Candelaria hace que seamos bien recibidas en todos lados.

Semana.com: ¿Cree que algún llegue el perdón?
Teresita Gaviria: es duro de hacer pero debemos apuntarle al perdón después de que nos digan la verdad. Así seremos capaces de perdonar, y en un futuro mezclarnos con los victimarios de nuestros hijos.

QUÉ ES LA ASOCIACIÓN MADRES DE LA CANDELARIA
1- La Asociación Caminos de Esperanza cuenta con 227 mujeres y hombres.

2- Buscan a 240 desaparecidos.

3- Las primeras desapariciones comienzan en 1996 en Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

4- Hasta el momento sólo han encontrado a la señora Margarita Grisales, quien fue liberada y estaba en poder de las FARC. Igualmente se supo del señor José Abdul Cofar, taxista, que fue encontrado muerto en el Barrio Santo Domingo Sabio de la Ciudad de Medellín, su exhumación fue realizada por los familiares. Se ha tenido información de varios jóvenes que se encuentran en poder las AUC en la zona de Urabá, sus familiares los han identificado a través de videos.

5- La Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, fue fundada el 19 de marzo de 1999, y en año 2003 se tramitó la personería Jurídica. Hasta el momento lleva 8 años de constante lucha y búsqueda por sus seres queridos. Todos los miércoles interrumpidos, como compromiso, se reúnen con todas las víctimas de la desaparición forzada. Dejarán este espacio el día que llegue el último desaparecido del país.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103658

Arg - Presentan una investigación sobre diez chicos desaparecidos en Florencio Varela

Teodocio Acuña, Daniel Demaestri, Horacio Gushiken, Julio Gushiken, Ángel Iula, José Lépore, Silvia Schand, Alejo Zurita, Claudio Zurita y Sergio Zurita, son los chicos que estudiaban en el Instituto Santa Lucía, y fueron desaparecidos. El libro de Britez y Denza los recupera para la memoria.

El Centro de Participación Popular Enrique Angelelli y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela presentan el libro Los pibes del Santa: Represión estudiantil en Florencio Varela , de Rafael Britez y Néstor Denza, con prólogo de Estela de Carlotto.
La cita es el próximo sábado 19 a las 16.30 en la Escuela Nº 1 de Varela, sita en la calle Chacabuco y 25 de Mayo.

Esta investigación contó con el aval del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - La Plata (APDH-LP); Asociación Japonesa de Florencio Varela; Iglesia Evangélica del Río de La Plata (IERP), y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
Teodocio Acuña, Daniel Demaestri, Horacio Gushiken, Julio Gushiken, Ángel Iula, José Lépore, Silvia Schand, Alejo Zurita, Claudio Zurita y Sergio Zurita estudiaron en el Instituto Santa Lucía de Florencio Varela , señalan los autores en la introducción del libro.
Todos ellos fueron secuestrados y desaparecidos en los años de la dictadura militar. Son diez nombres, son diez historias entrelazadas por una época y un lugar que los tuvo como ejemplo de lo que fue gran parte de la juventud argentina, protagonistas del sueño colectivo de una sociedad justa e igualitaria, cercenado brutalmente por el plan de exterminio llevado adelante por la dictadura .
En Florencio Varela se dieron ciertas condiciones para la aplicación del terrorismo de Estado. Este trabajo pone el foco en la historia de los pibes del Santa, como se los menciona desde el momento de su secuestro y desaparición .
El caso de los ex alumnos del Instituto Santa Lucía como eje de investigación se impuso por su propio peso al planificar la reconstrucción y el análisis de la represión ejercida sobre la juventud en Florencio Varela .
Este procedimiento permite mostrar el entramado social sobre el que se desenvolvieron los acontecimientos, sus causas y consecuencias; al mismo tiempo que se rescata la realidad cotidiana de los protagonistas, se cuenta la militancia, los sueños y esperanzas de las víctimas .

RESPONSABILIDADES LOCALES
También se traza un perfil de las responsabilidades locales en las desapariciones, y se analiza el modo -muchas veces sesgado e indirecto, pero estratégico- en que se colaboró desde el ámbito educativo con la dictadura. Finalmente, se plantean algunas conclusiones que emergen de los testimonios y de los documentos consultados , añaden los autores Britez y Denza.
Aquí están los testimonios, los recuerdos, los documentos, los análisis y las valoraciones que se proyectan más allá de los años de la dictadura y que dejaron un saldo trágico en la población .
Entendemos que sólo poniéndoles nombre a los protagonistas, y precisiones a las circunstancias y su contexto, se contribuirá a la verdad, a la búsqueda de justicia, y se aportará desde el valor educativo y ético que conlleva la defensa de la vida, de la dignidad humana y el ejercicio de la memoria .

PALABRAS DE ESTELA CARLOTTO
Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señala en su prólogo: Treinta años después podemos imaginarnos los patios y las aulas del Colegio Santa Lucía de Florencio Varela con centenares de activos estudiantes de la zona, hijos de obreros y clase media, cuyos deseos paternales eran el progreso de su prole .
La feroz dictadura se ensañó con ellos y diez bancos vacíos tuvieron la pretensión del olvido, por el miedo, el desconocimiento o la complicidad .
Los autores, con generosidad y deber histórico, desempolvan la historia de diez luchadores a los que silenciaron los genocidas, por su valentía y compromiso, pero que nunca dejaron de estar presentes en el consciente colectivo porque eran visibles, alegres, generosos, compañeros, hijos, alumnos inolvidables. Y ellos no morirán nunca. Se los recordará y honrará por siempre .
Treinta años después llegará la justicia y con aportes como los que desgranan las páginas de este libro, sabremos quién fue quién en esta historia. Estoy segura de que no nos han vencido.Gracias por 'Los pibes del Santa' .

http://www.perspectivasur.com/noticias/2699.htm

Uru: Familiares de desaparecidos: Justicia es la vía más rápida

Para los familiares de detenidos desaparecidos y sus abogados la Justicia es la vía más rápida en este momento para retomar las excavaciones en predios militares y civiles en busca de restos.

Los familiares aseguran que existen datos de enterramientos que no fueron tomados en cuenta por el Poder Ejecutivo, planteo que también comparte el equipo de antropólogos que trabajó en las excavaciones.

En caso de que el juez ordenara excavar, debería coordinar con el Poder Ejecutivo la autorización del ingreso a los predios militares.

Este lunes el Poder Ejecutivo excluyó 18 nuevos casos de la Ley de Caducidad, integrantes de lo que se denomina "Segundo vuelo".

Al tiempo que la fiscal Mirtha Guianze solicitó al juez Luis Charles medidas cautelares sobre los terrenos que indicó el jefe del Grupo de Investigación Arqueológica Forense (GIAF), José López Mazz, basado en testimonios no oficiales de civiles y ex militares.

Las zonas marcadas que no fueron excavadas están ubicadas en los predios militares del Batallón de Infantería N° 13, Batallón de Paracaidistas N° 14, Brigada de Artillería N° 1 y cárcel de La Tablada. Además, hay zonas marcadas y no excavadas en predios civiles.

Esas son zonas que están indicadas con algún punto de referencia, por ejemplo un predio cercano a un río o pantano, pero no determinadas en forma precisa, por lo que la fiscal solicitó además que se continué la investigación para determinar estos lugares y saber si se justifica pedir al Poder Ejecutivo colaboración para nuevas excavaciones.

http://www.avisador.net/index.php?option=content&task=view&id=5477&Itemid=28

Red Cross urges Nepal to find missing war victims

Tue May 15, 2007 1:20AM EDT

KATHMANDU, May 15 (Reuters) - Nepal's interim government, which includes former Maoist rebels, must set up a panel to find hundreds of people who went missing during the decade-long civil war, the International Committee of the Red Cross (ICRC) said.

Rights groups blame the poorly trained military and the former guerrillas for human rights violations, including the unexplained disappearances of almost 1,000 people, during the war in which more than 13,000 people died.

A November peace deal between the government and the Maoists that ended the conflict promised a high-level commission to investigate the disappearances but it has yet to be formed.

"The ICRC stands ready to provide its experience and expertise in this area and calls for action by the government to work towards resolution of this painful humanitarian issue," the group said in a statement late on Monday, on the eve of the International Day of Families.

In February, the ICRC published a list of 812 people, including women, who went missing due to the conflict. Another 131 families have since complained of missing relatives, the Geneva-based agency added.

Under the landmark power-sharing deal, the Maoists have joined a provisional parliament and have been included in an interim government.

They have also disarmed their fighters and sent them to U.N. monitored camps.

Chile: Nueva condena de 15 años contra el jefe de la policía secreta de la dictadura chilena

EFE - Santiago de Chile - 15/05/2007

Un juez chileno condenó ayer a 15 años de prisión al general retirado Manuel Contreras, quien fuera jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por la desaparición de una estudiante universitaria.

El fallo, dictado por el juez especial Alejandro Solís, sentencia además a 10 años de prisión a otros cinco miembros del organismo represor y absuelve a otros dos, informaron fuentes judiciales.

De este modo, Contreras, que fuera uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet, que falleció en diciembre pasado, completa alrededor de 15 condenas por violaciones a los derechos humanos, por períodos que van de 10 a 15 años de cárcel.

La sentencia dictada por el juez Solís se refiere a la desaparición de Jacqueline Binfa, de 28 años, estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que luchó con las armas contra la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Binfa fue detenida por agentes de la DINA el 27 de agosto de 1974 y su rastro se perdió tras haber sido vista en un centro de torturas del municipio santiaguino de Ñuñoa y en el campo de concentración Cuatro Álamos, en el sector sur de la capital chilena.

Además de los 15 años de pena para Contreras, el juez Solís condenó a 10 años de prisión a los ex brigadieres del Ejército Marcelo Moren, César Manríquez y Miguel Krasnoff; al ex coronel de Carabineros Ciro Torré y al civil Osvaldo Romo. El magistrado absolvió al ex coronel de Gendarmería (servicio de Prisiones) Orlando Manso y al ex suboficial del Ejército Basclay Zapata.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Nueva/condena/anos/jefe/policia/secreta/dictadura/chilena/elpepuintlat/20070515elpepuint_3/Tes

Piden que se active causa contra Patti

El Gobierno pidió a la justicia que reactive el proceso contra el ex comisario Luis Abelardo Patti y otros ex policías por las muertes de los dirigentes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurridas en mayo de 1983, cuando todavía estaba la dictadura militar en el poder.


La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y parientes de las víctimas, querellantes en la causa, pidieron que "se resuelvan los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de nulidad de la cosa juzgada que en época de la dictadura favoreció a los responsables de las muertes, los policías Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez", indicó el organismo estatal a cargo de Eduardo Luis Duhalde.

El pedido, a 24 años exactos de las muertes, se formalizó en una audiencia con el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo.

Allá estuvieron el Jefe de Gabinete de la Secretaría, Luis H. Alén; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto; el Secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Domingo Pochettino; la Subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Corbacho, y Gladis Cambiasso, hermana de una de las víctimas, asistida por sus abogadas Ana Oberlin y Nadia Schujman, se indicó.

Patti y los otros ex policías actuaban en la fuerza de seguridad bonaerense el 14 de mayo de 1983, cuando murieron a balazos Cambiasso y Pereyra Rossi, en un presunto enfrentamiento.

El ex comisario y ex intendente de Escobar no pudo asumir como diputado nacional justamente por las denuncias en su contra por la presunta comisión de crímenes durante la dictadura, como los casos de los militantes montoneros.

Según las denuncias, Cambiasso y Pereyra Rossi habrían sido secuestrados en un bar de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y luego ejecutados en cercanías de Lima, partido de Zárate, en territorio bonaerense, en un episodio en el que habrían intervenido Patti y los otros acusados.

También se dijo que la policía simuló un enfrentamiento para encubrir los asesinatos.

Patti y los otros acusados fueron sobreseídos, pero se pidió que se revea esa decisión además porque la resolución había sido emitida durante el régimen castrense y los casos habían sido juzgados como delitos comunes y no de lesa humanidad.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268518996/

Chile: Asociación de Magistrados rinde homenaje a jueces exonerados en dictadura

por Jorge Molina Sanhueza

A juicio de la directora de la entidad, la jueza de Garantía Francisca Zapata, el acto se instala como una ''rectificación y la reconstrucción de la memoria del espacio judicial que la exoneración borró''.

El próximo 16 de mayo, a las 18.00 horas en el Palacio Ariztía, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) rendirá un homenaje a los jueces que fueron exonerados durante la dictadura militar.

La ceremonia se enmarca dentro de los acuerdos que en noviembre del año pasado acordaron los jueces en su convención nacional -con votación unánime-, como una forma de recuperar la memoria histórica del Poder Judicial.

Esta es la primera vez que se realiza un acto de este tipo recordando a los jueces que debieron abandonar sus cargos por decisiones del régimen de Augusto Pinochet.

A juicio de la directora de la ANM, la jueza de garantía Francisca Zapata -de la tendencia Nueva Justicia- el acto se instala como una “rectificación y la reconstrucción de la memoria del espacio judicial que la exoneración borró”.

“Los jueces debemos mantener nuestra prescindencia política, no hay ninguna duda, pero nuestra mirada hacia el bicentenario no puede ser neutra, porque en otras áreas del quehacer nacional hay historia en el caso de la justicia no tiene por qué ser distinto ya que no podemos mirar para el lado con la historia”, explicó Zapata a El Mostrador.cl.

La propuesta para realizar el evento fue presentada recientemente al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, quien aceptó la realización.

Si bien no se trata de un acto político propiamente tal, dijo Zapata, el encuentro será también un espacio de reflexión y aclaró que no debe ser tomado como que “somos unos juececitos hablando de lo político”.

La magistrado indicó que el acto está abierto a todos los jueces que fueron exonerados y a todos los que deseen asistir. Explicó que les ha costado mucho hallar a estos funcionarios, porque lo que hizo un llamado a correr la voz para el día del acto.

Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, "el Poder Judicial fue el único de los tres poderes del Estado que continuó funcionando sin que fuera intervenido ni disuelto..." por los gobernantes militares, debido al "interés por mantener... una imagen de legalidad".

Y agrega: "La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos".

Los Decretos Leyes 80 y 81 contribuyeron a la creación de un Poder Judicial sumiso a la dictadura: Por ejemplo, remover jueces con el 50 por ciento de los votos de la Corte Suprema cuando anteriormente se requería el dos tercios. Se usó la mala calificación para remover a los jueces por intromisión política.

A fines de abril del 1974, 57 jueces, ministros de cortes, y relatores — casi el 10% del cuerpo judicial - fueron removidos por calificación del grado 4. Uno de los magistrados despidos por considerarlo políticamente incompatible con la visión hegemónica del régimen militar fue el juez del Segundo Juzgado de Santiago, René Farías, que fue presidente de la Asociación Americana de Juristas en Chile.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=217296&estHomepage=Titulo1

Arg - Colaborador civil de la dictadura debe "bancarse" las críticas

Dos vecinos de Luján fueron absueltos por la Dra. María Laura Pardini, magistrado a cargo del Juzgado Correccional Nº 3 de Mercedes, por el delito de "calumnias e injurias", que les fuera iniciado por la querella interpuesta por Gerardo Amado, un ex funcionario del último gobierno militar.

Esta persona se sintió calumniada e injuriada por los imputados, quienes lo llamaron "sujeto servil y funcional a cuanta dictadura gobernó el país, acólito de Salaberry, cómplice de la dictadura genocida, de la que fue funcionario y fundamentalmente alcahuete, soplón", en una nota gráfica que fuera publicada por un medio de esa ciudad bonaerense.

Según se probó en el juicio oral, que se había iniciado a Santiago Lazzarini y Enrique Mestres, el querellante se desempeñó como funcionario público de destacada actuación durante los años de plomo, cubriendo cargos de relevancia en la estructura municipal y en la Universidad de Luján, en ésta como interventor.

Los testigos que depusieron en el juicio oral y público -entre otros, el intendente local Miguel Prince-, afirmaron que el ingeniero Gerardo Antonio Amado tuvo conocimiento y participación en forma directa o indirecta de hechos cometidos en contra de varios ciudadanos de la ciudad de Luján, por su actividad política y laboral.

Los testigos hablaron de allanamientos ilegales de moradas, persecución ideológica, lo que derivó para muchos en la pérdida de su empleo como sanción menor.

Así pues, la jueza hizo un análisis profundo de dichos derechos desde la faz doctrinaria y constitucional de los mismos, y hasta su faz histórica en el ámbito nacional, para luego hacerlo desde la órbita de la jurisprudencia estadounidense que fuera recogida por la Corte Nacional de Justicia, como último interprete de nuestra Constitución Nacional.

En ese sentido, Pardini determinó que quien ejerce o ejerció funciones públicas, puede ser sometido a críticas y carece de un derecho absoluto al honor por esa función.

Asimismo, se sostuvo en el fallo que las manifestaciones realizadas por los querellados no constituyen un ataque al honor del ingeniero Gerardo Antonio Amado, por más duras y horripilantes que hayan sido esas expresiones, porque las mismas tuvieron como centro la actividad funcional que aquel desarrolló como funcionario público.

http://www.0223.com.ar/detalleNoticia.php?idNoticia=7272

Kirchner defendió su reclamo para que la Justicia avance contra los represores

Fue durante un acto para recordar las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. "Yo no me entrometo en la Justicia. Pido Justicia y tengo derecho" a hacerlo, sostuvo. Además, pidió disculpas en nombre del Estado a las víctimas de la dictadura

El Presidente encabezó en Resistencia un acto para recordar a las víctimas de la denominada masacre de Margarita Belén y fue la primera vez que un jefe de Estado honró a los muertos en ese hecho ocurrida en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

Kirchner aseguró que "no" se entromete en el accionar de la Justicia, pero recordó que le corresponde a ésta avanzar en la nulidad de los indultos a ex comandantes y represores de la dictadura.

Tras inaugurar un monumento, el jefe del Estado, en compañía de su esposa, Cristina Fernández, y de algunos ministros, aclaró: "no vengo con una actitud individual, sino como expresión colectiva de la conciencia que el pueblo argentino ha tomado, gracias a Dios, sobre estos hechos".

Kirchner estuvo acompañado además, por los ministros de Interior, Aníbal Fernández, y de Planificación Federal, Julio De Vido.

En Resistencia, el mandatario fue recibido por el gobernador chaqueño, Roy Nikisch, el único mandatario radical que no se sumó hasta ahora a la concertación plural de la Casa Rosada.

El de hoy fue el primer homenaje de un presidente de la Nación a los muertos en la masacre de Margarita Belén, ocurrida en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, durante la última dictadura militar.

El presidente Néstor Kirchner honró a los jóvenes militantes fusilados en aquel episodio, que se buscó disfrazar como un intento de fuga y enfrentamiento, en un acto que se realizará en el monumento que recuerda a las víctimas, sobre la ruta nacional 11, cerca de Margarita Belén.

Aunque la cifra nunca fue precisada con exactitud, se estiman que al menos fueron 22 las víctimas de aquella masacre, cuando en plena dictadura se simuló un traslado de detenidos políticos desde Resistencia hacia Formosa.

http://www.infobae.com/contenidos/316692-100799-0-Kirchner-viaj%C3%B3-Chaco-cr%C3%ADmenes-la-dictadura

Arg - Bussi declararía esta semana en el ex Arsenal

El represor, Antonio Domingo Bussi, recibiría en las proximas horas la visita de un grupo de médicos quienes determinarán si el ex militar está en condiciones de prestar declaración y de trasladarse a los Tribunales Federales o un funcionario Judicial le tomará declaración en el arsenal Miguel de Azcuénaga.

En caso de que el resultado sea negativo, el renunciante juez Jorge Parache, se trasladaría el próximo miércoles al ex arsenal para tomarles declaración indagatoria a los represores Antonio Domingo Bussi y Mario Alberto Zimmerman. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Norberto Véliz.

Recordemos que están acusados por el delito de genocidio que se cometió contra más de 200 víctimas que fueron torturadas y fusiladas en el ex arsenal, que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura.

Por su parte el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, deberá presentarse por segunda vez el 15 de mayo próximo para ampliar su declaración indagatoria.

En tanto, todavía no se sabe que pasará con el traslado de Bussi tras ser beneficiado con el arresto domiciliario, luego de que la defensa del represor, a cargo de Horacio Conesa Mones Ruiz, apeló la resolución solicitando que sea llevado a un domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la última palabra está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

http://www.tucumanaldia.com.ar/index.php?ID=21591

Arg - Detuvieron a un ex jefe policial represor de La Plata

El represor Rubén Oscar Páez fue responsable de la Brigada de Investigaciones de la capital bonaerense durante la última dictadura. Tras su captura, se negó a declarar ante el juez Corazza.

El jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata durante la dictadura, Rubén Oscar Páez, fue detenido en una causa por homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana.

Páez, quien se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, se desempeñó al frente de la Brigada de Investigaciones de la capital bonaerense entre diciembre de 1976 y mayo de 1977.

Fuentes judiciales explicaron a la agencia Télam que el ex jefe policial, de 72 años, fue beneficiado con el arresto domiciliario, tras presentarse en los Tribunales Federales platenses.
En la misma causa, Corazza dispuso la semana pasada la detención de otros dos ex jefes policiales, Pedro Antonio Ferriole, Jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979, y de Bernabé Jesús Corrales, subjefe durante ese período.

La Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana, donde funcionaba la Dirección de Cuatrerismo de la Policía, dependían en esa época de la Dirección General de Investigaciones, a cargo del comisario Miguel Etchecolatz, condenado el año pasado a reclusión perpetua por genocidio.

http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=74703

Uru: Se Retoman las Excavaciones

SE RETOMAN LAS EXCAVACIONES
La verdad está allá abajo
14.05.2007

Se retomarían las excavaciones en los cuarteles, tras la confirmación del vuelo del 5 de octubre de 1976 con presos políticos. Se citarán mandos militares y se intentará conformar la lista de pasajeros.

El tema desaparecidos tendrá una nueva etapa, tras confirmarse el traslado ilegal del 5 de octubre de 1976 con presos políticos. Así lo afirma el periodista Roger Rodríguez en La República, asegurando que la lista de pasajeros del segundo vuelo y la posibilidad de ubicar sus restos es el próximo objetivo en la megacausa que llevan adelante Mirtha Guianze y Luis Charles.

La Justicia ahora intentaría hallar los cuerpos de las personas trasladadas, realizando excavaciones en lugares señalados dentro del Batallón 13, el 14, la Brigada de Artillería 1 y el centro de reclusión La Tablada.

De acuerdo a la instrucción judicial, se continuará con los interrogatorios de los militares y subalternos que cumplieron obligaciones en esas unidades militares. Entre los citados, dice la crónica, estaría también el mayor Walter Dopazzo, a cargo de la Brigada de Mantenimiento en la fecha del segundo vuelo, y también un grupo de represores conocido como Los Valpardos.

También se espera que el juez Luis Charles cite al ex comandante Ángel Bertolotti y a su ex secretario Raúl Gloodtdofsky.

http://www.montevideo.com.uy/nnoticias_43117_1.html

Arg - Luis María Mendía, el impulsor del robo de bebés a secuestradas embarazadas en la ESMA

El comandante de Operaciones Navales en la última dictadura falleció a los 82 años, en su casa donde cumplía arresto domiciliario. El represor, que sufría problemas cardíacos, estaba procesado por delitos de lesa humanidad.

El represor y comandante de Operaciones Navales en la última dictadura, Luis María Mendía, murió el fin de semana, a los 82 años, en su casa, donde cumplía arresto domiciliario procesado en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.

El deceso fue notificado oficialmente ayer al juez federal Sergio Torres, quien dictará la prescripción de la acción penal por fallecimiento, informaron a Télam fuentes judiciales.

Mendía, un vicealmirante de la Armada que tenía problemas cardíacos, prestó por última vez declaración indagatoria en marzo pasado y aceptó haber firmado el Placintara (Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina) en 1976.

A Mendía también se le atribuyó haber sido el impulsor del robo de bebés a secuestradas embarazadas en la ESMA para darlos en adopción ilegal y "evitar la contaminación" que habría supuesto a los niños devolverlos a sus familias biológicas.

En su última ampliación de declaración, el procesado había dicho al juez que dio órdenes de "acabar con la subversión" a través de ese Plan que incluía torturas y eliminación física.

Sin embargo, dijo que sus subordinados habían actuado con "abnegación, valor, valentía y heroísmo" cumpliendo sus órdenes.

"Muchos de mis subordinados hoy se encuentran detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal", dijo entonces Mendía quien el 10 de marzo de 1976, en una arenga a 900 oficiales en un cine de Puerto Belgrano, instó a "combatir todo lo que fuera contrario a la ideología occidental y cristiana".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62206&id=149560&sec=1&dis=1

Está al borde de la ruptura el acuerdo para el desarme de los paramilitares en Colombia

Luego que un semanario local acusara a líderes de esos grupos de persistir en conductas delictivas desde la cárcel, el gobierno de Uribe decidió abrir una investigación oficial. En tanto, el jefe de la misión de la OEA reiteró que, de corroborarse los hechos, los imputados perderán los beneficios conseguidos.

El acuerdo de 2004 entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitares, para avanzar hacia su desarme y desmantelamiento, quedó al borde de la ruptura a partir de la denuncia de que sus líderes presos persisten en conductas delictivas, lo que obligó al Ejecutivo a abrir una investigación.

Ministros nacionales salieron a defender la investigación iniciada por la administración de Alvaro Uribe y dejaron abierta la posibilidad de que los líderes "paras", si se comprueba que incumplieron el acuerdo, sean extraditados a Estados Unidos.

Las repercusiones de la investigación se amplificaron, además, porque la Corte Suprema ordenó la detención de otros 5 congresistas y una ex, a los que acusa de haberse reunido con los jefes "paras" y de haber firmado acuerdos con ellos. Tres de ellos ya habían sido capturados esta tarde.

"Se tomarán decisiones esta misma semana y se procederá a quitarle los beneficios a la gente implicada. Si encontramos una prueba que comprometa a jefes paramilitares también les vamos a quitar los beneficios de la ley de Justicia y Paz, bajo la que fueron desmovilizados", anunció el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

El funcionario afirmó que el Ejecutivo procederá "con toda la contundencia" para verificar la autenticidad de las grabaciones telefónicas reveladas en un informe que publicó la revista "Semana", y que denunció que desde la cárcel los ex jefes paramilitares supuestamente daban órdenes para ejecutar asesinatos, traficar con narcóticos y rearmar a sus hombres.

También el titular de Interior, Carlos Holguín, explicó que la aspiración del Ejecutivo es "saber si (los dirigentes presos) están cumpliendo con los requisitos de justicia y paz" y aunque admitió que en casos las grabaciones no constituyen una prueba, "allí hay un buen elemento y debe servirnos una vez que se complemente con la investigación que haga la Fiscalía".

Holguín puso en duda la continuidad del proceso de desarme porque ahora existe "una situación distinta". "Hasta ayer se suponía que ellos estaban cumpliendo con los requisitos y las exigencias de justicia y paz, y esto deja la impresión de que no es así", amplió el titular de Interior.

Tras conocerse el informe periodístico, el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna, reiteró que de corroborarse la autenticidad de la denuncia, los paramilitares vinculados perderán los beneficios con los que fueron desarmados.

"Si se demuestra que personas que se han acogido a la ley de Justicia y Paz siguen delinquiendo y están relacionadas con el tema van a perder los beneficios de la ley; eso está claro", declaró Caramagna.

Por su parte, el director de la Policía Judicial (Dijin), general Oscar Naranjo, insistió en que ninguno de los tres organismos colombianos que tienen el aval para realizar interceptaciones telefónicas realizaron las grabaciones reveladas por la revista.

"El servicio secreto (DAS), el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía y la Dijin son los organismos responsables de estas intercepciones. Hemos verificado esta situación, dado que cualquier información que sea intervenida bajo uno de estos tres organismos debe contar con autorización previa y fiscalizada por una autoridad competente", agregó, según consignó la agencia DPA.

La revista "Semana" publicó ayer una investigación según la cual los ex paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagí (noroeste), donde fueron recluidos por órdenes del presidente Uribe.

El semanario "obtuvo decenas de grabaciones de los últimos cuatro meses en las que varios de los paramilitares recluidos en el patio uno del centro carcelario, coordinan todo tipo de negociaciones ilegales a través de celulares y correos electrónicos", advierte el informe.

La misma revista reveló en otro reporte de la semana anterior que la "sede de los diálogos de paz en Santa Fe de Ralito terminó convertida en una zona de parranda, sexo y negocios de los paramilitares".

Los ultraderechistas que se encuentran recluidos en Itagí cuentan con algunos privilegios, como teléfonos móviles y acceso a Internet.

Los dirigentes presos pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que iniciaron en julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno de Uribe, en el marco de las que se desarmaron unos 31 mil hombres, aunque aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

Arg - Murió el represor Luis María Mendía

El comandante de Operaciones Navales en la última dictadura falleció este fin de semana a los 82 años, en su casa donde cumplía arresto domiciliario. El oficial, que sufría problemas cardíacos, estaba procesado en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.

El represor y comandante de Operaciones Navales en la última dictadura, Luis María Mendía, murió el fin de semana, a los 82 años, en su casa, donde cumplía arresto domiciliario procesado en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.

El deceso fue notificado oficialmente hoy al juez federal Sergio Torres, quien dictará la prescripción de la acción penal por fallecimiento, informaron a Télam fuentes judiciales.

Mendía, un vicealmirante de la Armada que tenía problemas cardíacos, prestó por última vez declaración indagatoria en marzo pasado y aceptó haber firmado el Placintara (Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina) en 1976.

A Mendía también se le atribuyó haber sido el impulsor del robo de bebés a secuestradas embarazadas en la ESMA para darlos en adopción ilegal y "evitar la contaminación" que habría supuesto a los niños devolverlos a sus familias biológicas.

En su última ampliación de declaración, el procesado había dicho al juez que dio órdenes de "acabar con la subversión" a través de ese Plan que incluía torturas y eliminación física.

Sin embargo, dijo que sus subordinados habían actuado con "abnegación, valor, valentía y heroísmo" cumpliendo sus órdenes.

"Muchos de mis subordinados hoy se encuentran detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal", dijo entonces Mendía quien el 10 de marzo de 1976, en una arenga a 900 oficiales en un cine de Puerto Belgrano, instó a "combatir todo lo que fuera contrario a la ideología occidental y cristiana".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62160&id=149487&dis=1&sec=1

Comentarios varios

Hemos estado recibiendo comentarios a mensajes con los que no tienen nada que ver. Por lo tanto iniciamos este mensaje. Si tiene algún comentario sobre algún tema relacionado con los desaparecidos, que no está relacionado con una nota en particular, por favor póngalo en respuesta a éste.

Phl - Elderly activist’ complaint of abduction against military drags on

The complaint of an elderly activist, Lourdes Rubrico, who was forcibly abducted and disappeared on 3 April 2007 but released seven days later by her perpetrators later identified to be military personnel, is dragging before the office of the Ombudsman.

the complaint filed by Lourdes Rubrico, a known urban poor leader who was earlier abducted and forcibly disappeared for seven days against five military men, including a military major, is dragging on before the Office of the Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Offices (Moleo). Rubrico filed charges against the military men responsible of forcibly abducting her and illegally detaining her for seven days inside a military camp.

On 3 April 2007 around 3:00 pm, Rubrico (a.k.a. Nay Ude), was taking a nap inside a shelter in Megahouse, Sta. Cruz 1, Dasmariñas when four unidentified men forcibly dragged her towards a van waiting outside. The van was light brown in colour with the plate number XRR 428, two other men were inside. Some people who witnessed the incident tried to intervene but they were prevented from doing so when the armed men pointed handguns at them before fleeing the area.

Prior to the incident, Rubrico led a campaign to expose the illegal activity of the organizers of Barangay Alternative Community Leaders (Bacal). The group is reported to be under the oversight of the office of the Provincial Governor of Cavite. They are allegedly collecting sums of money in the amount of P. 5,000 (USD 105) from poor urban families in exchange of promised units at the Megahouse, an abandoned industrial site designated by the National Housing Authority (NHA) as the temporary relocation site for homeless families in Dasmariñas.

Two days later, on April 5, Police Chief Superintendent Fidel Posadas, Cavite Provincial Police Office (CPPO) police director, downplayed Rubrico’s abduction as being related to her involvement as an urban poor leader and accused her of having been involved in a land scam. Chief Supt. Posadas claimed Rubrico is no longer active in the group. However, Rubrico’s colleagues, friends and families met Chief Supt. Posadas’s claim with strong condemnation.

It was only in midnight of April 10 when Rubrico was released by her captors at a shopping mall in Dasmariñas. After she was released, Rubrico recounted that she was interrogated and forced by her captors to admit that she is a member of a leftist organization. They also forced her to admit that her organization, the Ugnayan ng Maralita para sa Gawa at Adhikain (UMAGA) Federation, had links with the leftist groups because it would not have been able to continue operating from the 1980s had there been no assistance from them.

In her statement she said: “I was showed a number of pictures of various individuals and asked if I recognize the faces who were allegedly members of leftist groups. They also forced me to claim that I’m also a member”. It was later found out that Rubrico had been kept somewhere at the headquarters of 301st Air Intelligence and Security Squadron, Philippine Air Force (PAF) Field Station, Fernando Air Base.

She also accused members of the PAF for being responsible for her adduction and illegal detention. Rubrico recounted that had she not signed papers supposedly accepting their offer to cooperate with them and to agree to be their intelligence operative, she would have not been released from their custody. “They made me sign papers, gave me a sim card (phone card) and P200 (USD 4) in order for me to go home,” Rubrico said in her statement.

On April 20, Rubrico filed a formal complaint against her abductors before the Office of the Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Office (MOLEO) in Quezon City. In her complaint, Rubrico accused Major Darwin Sy, Captain Angelo Cuaresma, Ruben Alfaro, Jimmy Santana, a certain Jonathan and several John Does as responsible for her abduction and illegal detention. Major Sy (a.k.a. Darwin Reyes) is stationed at the headquarters of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in Camp Aguinaldo, Quezon City while the others are in 301st Air Intelligence and Security Squadron, PAF Field Station, Fernando Air Base.

Rubrico charged the respondents for kidnapping and illegal and arbitrary detention for violation of Articles 267 and Article 124 of the Revised Penal Code (RPC) respectively. The respondents were also charged for violation under paragraphs (a) and (b) of Section 4 of the Act Defining certain rights of person arrested, detained or under custodial investigation (RA 7438). Paragraph A is refers to the failure of the authorities to inform the victim of her right to remain silent and to be represented by counsel, while Paragraph B is for preventing the members of her immediate family from gaining access to her while in detention.

Rubrico is active in a number of cause-oriented organizations. She is the village coordinator for Bayan Muna (People First), Board of Trustee of the Cavite Ecumenical Movement for Justice and Peace (Cemjp), chairperson of UMAGA Federation. For the past four decades, she devoted her struggle to help the urban poor sector in her municipality of Dasmariñas to acquire decent housing. Her family is one of those who relocated to the locality from Metro Manila in the 1970s.

Disappeared without a trace: more than 10,000 Iraqis

Shashank Bengali, McClatchy Newspapers

Posted on Sun, May. 13, 2007

BAGHDAD, Iraq - When her heart is heaviest, Sahira Kereem tries to think of the little things her husband did that annoyed her. She remembers times when she suggested they visit her parents, and he just rolled his eyes.

The mental trick rarely brings her comfort. The fact remains that Riyadh Juma Saleh, her husband of nearly 15 years, went missing one day nearly three years ago and Kareem has no idea what became of him.

Over the past four years, as sectarian kidnappings and killings have gripped Iraq and U.S. forces have arrested untold numbers in an effort to pacify the country, tens of thousands of Iraqis have vanished, often in circumstances as baffling as that of Kereem's husband, a Shiite Muslim father of three.

There's no accurate count of the missing since the war began. Iraqi human rights groups put the figure at 15,000 or more, while government officials say 40 to 60 people disappeared each day throughout the country for much of last year, a rate equal to at least 14,600 in one year.

What happened to them is a frustrating mystery that compounds Iraq's overwhelming sense of chaos and anarchy. Are they dead? Were they kidnapped or killed in some mass bombing? Is the Iraqi government or some militia group holding them? Were they taken prisoner by the United States, which is holding 19,000 Iraqis at its two main detention centers, at Camp Cropper and Camp Bucca?

Since her husband disappeared with his taxicab on July 30, 2004, Kereem has made countless inquiries at hospitals, police stations, morgues and missing-persons centers throughout Baghdad. No record of him has turned up.

"My husband was a very simple, straightforward fellow," said Kereem, 32, as she fought back tears during a recent interview in a Baghdad hotel. "He had no affiliations. He was an ordinary Iraqi man."

In Saddam Hussein's time, secret arrests and detentions were widespread, although families rarely dared to investigate. "If a person went missing, it was best not to draw attention to the fact, as it could affect the entire family," said Fadhil Abdul Zahra, a spokesman for the human rights committee of Iraq's parliament.

These days, U.S. and Iraqi forces maintain a prisoner database that's available to Iraqi citizens. Military officials admit that the database is incomplete, but they say that unlisted prisoners in American custody don't account for many of the missing Iraqis.

In February, nearly 3,000 families visited the National Iraqi Assistance Center, a U.S. military-run office in Baghdad's fortified Green Zone, to search the prison records for missing relatives. That was more than three times the number from a year earlier, the center's director said.

Few families find satisfaction there. Fewer than 3 out of 10 inquiries find a prisoner. Inquiries with Iraqi authorities are also usually fruitless. "Unfortunately, the number of the names found is much smaller than the number of those not found," Zahra said.

Kereem described Saleh, a broad-shouldered 44-year-old, as the love of her life. He'd met her right after completing military service, when she was a shy teenager with fair skin and brown hair that cascaded down her back. They were married right away and had a son and two daughters.

Shortly before he disappeared, they'd celebrated their 12th wedding anniversary with a small party at her sister's home. Baghdad was quieter then, and that night they stayed out until a quarter past 2 in the morning, drinking and dancing.

A few days later, he didn't come to pick her up after a wedding and failed to turn up at their home in the Zafaraniya section of southeastern Baghdad. She and several relatives fanned out to hospitals and police stations, and later to the missing persons office in the Green Zone, in a desperate search that grew more frantic each week.

"It became like any job," she said. "Twice a day to look in the hospitals, twice a day in the morgue."

As Baghdad became more violent, the numbers of the missing mounted, and Kereem began to think that Saleh had been carjacked and left for dead somewhere. Three times, she watched as armed men commandeered passing cars, dragged the drivers into the street, shot them dead and drove off.

Her children became inconsolable. Once, a distant relative greeted her and asked, "Is there any news about Saleh, Allah yirhama?" The phrase translates to "God have mercy on his soul," and it's usually used to refer to the deceased.

"Why did she say that?" one of Kereem's daughters screamed. "Is he dead?"

Money became tight. Saleh had a second job as a government security guard, and a co-worker brought Kereem his paychecks for a few months. But a supervisor put a stop to that eventually. Kereem was forced to move the family to her parents' cramped home, where they sleep under a makeshift shelter on the roof.

A few months ago, through a family connection, she met an Iraqi who worked for the U.S. military at Camp Cropper, near Baghdad's airport. He offered to look secretly for Saleh's name on the roster of some 2,000 prisoners.

In dozens of visits to the Green Zone she'd never found Saleh on any list, but when this man entered her husband's name, he told Kereem, five matches appeared.

The family was skeptical, but the man wasn't asking for any money. Kereem asked him to enter Saleh's license plate number, in case he'd been arrested with his car. Several days later the word came: There was a match. There was reason to think that Saleh was at Cropper.

For now, however, there's nothing the family can do to confirm this. U.S. officials in the Green Zone continue to tell Kereem that coalition forces aren't holding Saleh.

Lt. Col. Kathy Brill, the director of the National Iraqi Assistance Center, said many families told stories of relatives who they believed were imprisoned but who weren't in the database. The military stands by the database, she said.

"If they got that information from someone inside the system, that person isn't authorized to do that, so you have to wonder about where that information came from," Brill said. "I guess it's possible, but I'm not aware of any programs that keep some people out of the database."

Every day, dozens of families line up at the center, a collection of slate-gray trailers inside a fortified blast wall. They clutch the photographs and identification papers of their loved ones. There's a quiet solidarity among these broken families.

Kereem watched once as security guards turned away a frail woman in her 60s from entering the center, apparently for not having the proper identification. The woman, who was holding a cheap homemade sack, broke down in tears as she told the guards she was looking for her son.

Kereem asked for the son's papers so that she could look for him in the system. The guards wouldn't allow it - only immediate family members can search the records, they said - and the woman was left outside in the sun, alone.

"I am consoled by this," Kereem said, "because when I go and I ask and I look, I find that so many other people's tragedies are worse than mine."

McClatchy special correspondent Sahar Issa contributed to this report.

:: Article nr. 32855 sent on 14-may-2007 12:37 ECT

www.uruknet.info?p=32855

Nepal: Widespread disappearances still unresolved despite peace

KATHMANDU, 13 May 2007 (IRIN) - Shanta Bhandari says she has been desperately searching for her son, Bipin, since 2002 when he was arrested by government security forces and disappeared. "We want to wage a war against this government," said Bhandari.

Thousands of families of missing persons have said that they will begin a nationwide demonstration for an indefinite period starting on Monday as they are frustrated by what they say is the government's apathy and negligence towards them.

"There seems to be no other way out. Now we are taking to the streets to pressure this government to take some initiative to find our sons and daughters," Bhandari told IRIN.

According to local NGO the Society of the Families of the Disappeared, there are more than 5,000 people still missing after their forced disappearances during the country's civil war, which lasted for more than a decade.

A November 2006 peace agreement brought a truce, ended the King's direct rule, and disarmed Maoist rebels who later joined a coalition government with seven other national parties.

The new government promised the families of missing persons that it would reveal the status of all their disappeared relatives, said Bhandari.

World's highest number of disappearances

During the breakdown of peace talks in 2001 and 2003, the government arrested or abducted anyone it thought was a Maoist. Maoist rebels did the same for anyone they deemed a government spy. During these years, the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances said Nepal had the highest number of disappeared people in the world.

"The government's seriousness towards this issue is lacking and despite calls to form a higher level commission [to look into the matter of the diappeared] with members including the families of the disappeared persons, it has done nothing," said Shyam Bahadur Kafle, protection officer of the Disappearance and Abduction unit of Nepal's National Human Rights Commission (NHRC).

UN and aid agencies concerned

The United Nation's human rights agency (OHCHR) in Nepal said it was concerned about the government's delay in resolving the issue of the disappeared.

"Delays in setting up proper, independent inquiries to clarify the fate of all the disappeared is simply prolonging the agony of their families - who do not know the whereabouts of their loved ones or what happened to them - as well as denying them the right to truth and justice," said Lena Sundh, OHCHR Nepal representative.

Earlier this month, OHCHR officials called on the Nepalese government to fulfill its commitment by holding broad consultations with civil society and other interested parties in order to establish an independent commission to look into the cases.

The Maoists, too, have failed to respond to the request of rights groups to reveal the names of people they had abducted, said NHRC officials.

"We don't want any more disappearances and we don't want more people to suffer like us," said Bhandari. She and other mothers of the disappeared recently met senior army officers dealing with human rights issues but the officers failed to give them convincing answers, said Bhandari.

When approached by IRIN, the army officers were unavailable to comment on the issue.

Human rights activists are appalled at the government's lack of action.

"It's shocking that despite such a high number of disappearances, not a single case has been tried or any perpetrators brought to justice despite evidence against them," said prominent human rights lawyer Mandira Sharma from Advocacy Forum, which has been actively fighting a system of impunity over the past few years.

Represor sin juicio

Juan Carlos Algañaraz MADRID. CORRESPONSAL
jcalganaraz@clarin.com

El Juzgado Central de Instrucción número 4 paralizó el proceso de extradición del ex represor Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado en la República Argentina por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robo con violencia, intimidación y falsificación documental que habría cometido durante la dictadura militar (1976-1983).

En fuentes judiciales se dijo que se espera que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión de la Audiencia Nacional de declinar su competencia con respecto a esta causa.

La paralización de la entrega también se condiciona a la autorización de la misma que realice México, país en el que residía Cavallo cuando fue detenido, y que posteriormente lo envió a España, donde el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo investigó por sus presuntas actividades represivas en Argentina.

"Tenso y estresado", el ex represor Barreiro busca eludir la extradición

Compareció ante la Corte Federal de Virginia, en EE.UU., donde está detenido. Se declaró inocente y rechazó el proceso de juicio rápido que se utiliza en ese país.

por Leonardo Míndez

Vestido con un mameluco verde, más oscuro que el oliva, el ex mayor del Ejército Ernesto "Nabo" Barreiro, amo y señor del centro de detención de La Perla durante la última dictadura, fue ingresado a las 11.50 del jueves pasado a la sala de audiencias de las Corte Federal de Alexandría, Virginia. En su espalda, un estampado en enormes letras blancas advertía su condición: "PRISONER" (Preso).

Lucía demacrado, menos redondo que en las fotos de los 70 y 80, y en voz baja le confió a su abogado que estaba "tenso y estresado". Sin embargo, la estrategia desplegada por su defensa para estirar los tiempos judiciales demuestra que Barreiro prefiere seguir detenido en la celda de Virginia donde lleva ya más de un mes. Sabe que, si sale, le espera una deportación o extradición a Argentina, donde deberá rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad.

El viernes se tramitó una de las tres causas que enfrenta el "Nabo", en la que se lo acusa de mentir al solicitar su visa en el consulado de Buenos Aires. Barreiro dijo allí que nunca lo habían arrestado, ocultando que estuvo detenido en 1987 hasta que zafó de la Justicia por la Ley de Obediencia Debida.

Como el fraude migratorio es un delito menor y las pruebas en su contra son contundentes, lo usual hubiese sido que se declarase culpable. "Le hubieran dado un par de meses bajo probation y quedaba en libertad inmediatamente", dijo a Clarín una fuente de la causa. Pero claro, eso hubiera acelerado los tiempos de la deportación o la extradición.

Por eso, Todd Richman, el defensor público de Barreiro, dijo que su cliente se declaraba "inocente", rechazó el proceso de "juicio rápido" que ofrece el sistema judicial norteamericano y pidió tiempo hasta setiembre próximo para buscar testigos en la Argentina. "Si lo deportan, podría ser juzgado por eventos que ocurrieron en los años 70 y 80", argumentó. El juez T.S. Elliot III se sorprendió: "¿Qué clase de eventos son esos?". "No necesito saber", agregó enseguida, y fijó la fecha del juicio para el 1º de agosto. Ese día, Barreiro deberá enfrentar un jurado popular de 12 miembros que decidirá sobre su futuro.

Los Barreiro llegaron a Estados Unidos en 2004, cuando huyeron de la Argentina poco antes de que la Justicia dictara una orden de captura contra el ex mayor del Ejército por su participación en la represión.

El ex represor y su esposa, llamada Ana Delia Magi, se instalaron en The Plains, un poblado ubicado a 80 kilómetros al oeste de Washington, la capital de los Estados Unidos. Allí Barreiro intentaba iniciar una vida nueva, dedicándose a la venta de artesanías criollas y antigüedades. Abrieron un local sobre la calle principal del pueblo, que bautizaron Pampas Corner. Incluso abrieron una sucursal en Madrid, donde vive uno de los hijos del matrimonio.

http://www.clarin.com/diario/2007/05/14/elpais/p-01101.htm

Preso por torturar y mentir

La Justicia argentina solicita la extradición de Barreiro por el secuestro, tortura y muerte del estudiante Diego Hunziker, apenas una de las decenas de denuncias en su contra. Los sobrevivientes de La Perla lo recuerdan como un torturador sádico en ese centro de detención clandestino cordobés. El "Nabo" se escapó a Estados Unidos en 2004, horas antes de que se solicitara su captura y vivió con su esposa en la bucólica The Plains, donde fue detenido el 1º de abril. Quedó preso en la prisión federal del Estado de Virginia, en los alrededores de la capital norteamericana, luego de una breve audiencia ante el juez Jones de la Corte Federal de Alexandría, quien le negó la libertad bajo fianza.

El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos informó en su momento que obtener una visa de manera fraudulenta para ingresar a ese país es un delito que puede implicar una sentencia de hasta 10 años de prisión y la deportación.

Barreiro gozó de un gran poder en La Perla: el sitio donde entre 1976 y 1979, los militares de la dictadura asesinaron a más de 2.500 personas.

"Desaparecidos", dos periodistas en México

Un periodista de televisión y un camarógrafo mexicanos fueron reportados como desaparecidos por la televisora TV Azteca, para la que laboran.

La cadena de televisión, una de los más importantes del país, informó que, desde el jueves, no ha sabido nada del reportero Gamaliel López y el camarógrafo Gerardo Paredes, quienes trabajan desde la sede de Monterrey, en el norte del país.

La empresa reportó el caso a la unidad antisecuestros de la policía.

La organización internacional Reporteros sin Fronteras ubica a México en el segundo lugar entre los países más peligrosos para ser periodista. El primero es Irak.

Este año ha habido un incremento en los niveles de delitos violentos en la ciudad de Monterrey, pese al despliegue de militares ordenado por el presidente de México, Felipe Calderón, para enfrentar la violencia.

Desafío

Tan sólo este año, en todo el país, han muerto unas 700 personas en crímenes relacionados con el tráfico de drogas.

Este domingo, en una autopista del estado sureño de Guerrero, se encontró el cadáver de un capitán del ejército, quien había sido secuestrado horas antes. El capitán Jacinto Pablo Granada fue hallado por la policía con dos heridas de bala en la cabeza.

En el estado de México, en el centro del país, un comandante de la policía fue muerto por dos hombres armados que lo atacaron mientras jugaba fútbol con un grupo de amigos.

Un día después de que se anunciara el inicio de un operativo contra el narcotráfico en el puerto de Veracruz, fue hallada la cabeza de un mecánico fuera de un cuartel militar, con una nota de desafío presuntamente dejada por una banda de narcotraficantes.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6653000/6653355.stm

Mex - Periodistas piden a PGR aclarar asesinatos y desapariciones

ntegrantes de diversas asociaciones de periodistas entregaron a la PGR un documento en el que piden se aclaren los 32 asesinatos y cinco desapariciones de trabajadores de los medios de comunicación, ocurridos de 2000 a la fecha.

Malvina Flores, Raúl Omar Martínez, Rogelio Hernández López y Rogaciano Méndez indicaron que ante el peligro en que se encuentran los trabajadores de los medios, es urgente que las autoridades otorguen las garantías suficientes para desarrollar su trabajo.

Comentaron que se debe investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los homicidios, desapariciones y agravios contra periodistas, así como las agresiones perpetradas contra medios de comunicación.

Señalaron que todo homicidio o desaparición forzada de periodistas debe ser atraído para su investigación, consignación y castigo, por la Procuraduría General de la República (PGR).

Al entregar el documento asistieron representantes de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, la Asociación Mundial de Radio Comunitaria-México y la Fundación Manuel Buendía, entre otras.

Los representantes de las agrupaciones antes mencionadas pegaron en la entrada principal de la PGR cartulinas con las fotografías de los periodistas asesinados y desaparecidos.

También estuvieron presentes los diputados Gerardo Priego, Humberto López Lena y Layda Sansores, de la Comisión Especial para Atención a Agresiones a Periodistas.

"En este Día Internacional de la Libertad de Prensa no hay nada que festejar, pues los periodistas en nuestro país no han escapado a la violencia, por lo que es urgente tomar cartas en el asunto", indicaron.

El presidente de dicha comisión, Gerardo Priego, indicó que realizan reuniones con diversas autoridades, con el objeto de implementar acciones para prevenir las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación.

http://www.ehui.com/?c=1&a=72219

RD - Altagracia Ramírez confía serán castigados culpables de desaparición de Narcisazo

Argénida Romero/Clave Digital

SANTO DOMINGO, DN.-Luego de más de cuatro horas de interrogatorio ante representantes del Ministerio Público, Altagracia Ramírez, esposa del profesor universitario Narciso González (Narcisazo), se mostró esperanzada de que los responsables de la desaparición de su esposo sean castigados.

Sostuvo que la gestión realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a este caso es un aval de que las pesquisas iniciadas este jueves con su interrogatorio aclaren las circunstancias en que fue desaparecido Narcisazo el 26 de mayo de 1994.

"Yo tengo mucha esperanza, porque está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que hizo posible que este caso saliera de la gaveta del olvido”, afirmó.

Ramírez fue interrogada desde las 4:45 de la tarde hasta pasada las 8:30 de la noche por los fiscales Francisco Polanco y Dante Castillo, en las oficinas del la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicadas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A pesar de que dijo sentirse segura de que está vez las autoridades judiciales tienen la voluntad suficiente para lograr identificar a los implicados en este caso, advirtió que si esto no sucede recurrirá nuevamente a la CIDH.

De su lado, el fiscal Francisco Polanco dijo que aún el Ministerio Público no ha determinado el total de personas que serán llamadas a interrogatorio, pero aseguró que las autoridades están en proceso de elaborar el esquema con él que desarrollaran las investigaciones.

"Llamaremos a todo el que haya que llamar”, aseguró, pero no ofreció mayores informaciones al respecto.

Desde 1996 el expediente de este caso ha estado en manos de varios procuradores fiscales, entre ellos Luis Nelson Pantaleón, Guillermo Moreno, Francisco Domínguez Brito y Máximo Aristy Caraballo. Ahora está bajo la responsabilidad de José Manuel Hernández Peguero.

Horas antes de su desaparición, Narciso González había pronunciado un discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) llamando a la población a la desobediencia civil ante las denuncias de fraude electoral en los comicios presidenciales.

Asimismo, denunció la corrupción que arropaba al gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer, y la forma en que había utilizado los grupos militares para mantenerse en el poder.

http://www.clavedigital.com.do/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=10003

RD - Senior officers to be questioned into university professor’s disappearance

SANTO DOMINGO. - The National District’s Office of the Prosecutor will question rear admiral Luis Rafael Lee Ballester next week, in connection with the the May 26, 1994 disappearance of university professor Narciso Gonzalez (Narcisazo).

The official will be interrogated this afternoon and will include those who were in the SUV in which Gonzalez was supposedly kidnapped.

A commission designated during president Leonel Fernandez’s first term in office (1996-2000) interrogated Lee Ballester into Narcisazo’s disappearance amid the 1994 post-electoral crisis, after he wrote an article against the president Joaquin Balaguer.

Gonzales had also delivered a speech in the State University (UASD) where he called for civil disobedience against the Government for the widespread fraud detected in the elections held 10 days before.

The retired general Constantino Matos Villanueva; the generals Juan Bautista Rojas Tabar, Rafael Guerrero Peralta, the civilians Claudio de los Santos and Manuel Venegas will also be questioned in connection with the case.

http://www.dominicantoday.com/app/article.aspx?id=23871

Phl - 2 Army officers quizzed over Jonas’ disappearance

05/12/2007 | 07:38 PM

The military has placed two Army officers under investigation in connection with the disappearance of a left-wing activist, an A3rmy spokesman said Saturday.

Lt. Col. Noel Clement, former commander of the 56th Infantry Battalion, was summoned for questioning Friday over the abduction two weeks earlier of Jonas Burgos, a member of a farmers' group allied with the National Peasant Movement, the country's largest left-wing peasant federation, said army spokesman Lt. Col. Nestor Torres.

Torres said he was not informed about the results of the questioning by the military's provost marshal.

Lt. Col. Melquiades Feliciano, who replaced Clement as part of a routine reshuffle in January, was suspended Friday "to give him and the investigators a free hand to conduct the investigation," Torres said.

Burgos has not been seen since April 28, when gunmen dragged him from a restaurant inside a mall on Commonwealth Avenue, Quezon City, to a waiting Toyota Revo whose license plate was traced to another vehicle that was impounded last year at the 56th Infantry Battalion camp in Bulacan.

The vehicle was seized by authorities in Bulacan in June 2006 because it was allegedly used in illegal logging, police said.

Burgos, 36, had conducted an organic farming seminar for members of his group earlier in the day and was scheduled to meet family members later but never showed up and did not answer calls to his mobile phone.

Burgos is the son of the late Jose "Joe" Burgos Jr., a prominent crusader for press freedom under ex-dictator Ferdinand Marcos.

Witnesses said they saw Burgos struggling as he was being dragged away and telling the gunmen, "Sir, I am just an activist," according to Ruth Cervantes of the human rights group Karapatan.

His abduction is one of the latest in a series of attacks on left-wing activists in the country.

Karapatan has reported that more than 800 people, about half of them left-wing activists, have been killed in alleged politically motivated attacks by suspected security forces since 2001. In addition, about 200 have been abducted and remain missing, it says.

A government commission that investigated the killings last year and a UN human rights expert both concluded in February that soldiers were involved. - AP

Philippines: Congress must pass bill banning enforced disappearances – Satur

MANILA — House Deputy Minority Leader and Bayan Muna Rep. Satur C. Ocampo today
urged Congress to immediately pass a bill banning and penalizing the
crime of enforced disappearances.

Ocampo made the call as the family of desaparecido Jonas Burgos
continued to press the Arroyo government to surface the farmers’
advocate and son of press freedom icon Joe Burgos. The Burgos family
has blamed the military over the abduction and has asked prominent
personalities for support.

Burgos is the 201st desaparecido under the Arroyo government.

HB 4959, which is authored by Ocampo, criminalizes involuntary
disappearances has been passed by the House but remains pending in the
Senate. Senators Ralph Recto, Francis Pangilinan and Jinggoy Estrada
filed separate Senate versions of the measure.

Ocampo stressed that that such law is much needed to provide a legal
framework that would put stiff penalties on those proven guilty as
perpetrators, accessories or even witnesses who refuse to inform the
victim’s relatives or the authorities.

Despite being considered a “crime against humanity” by international
laws, involuntary disappearances are not covered by the Revised Penal
Code, notes Ocampo.

The bill also seeks compensation to families of victims. Lifetime
imprisonment awaits those who will be proven guilty of the crime.

The bill distinguishes the crime as an offense mostly by agents of the
government or commissioned private individuals, explaining that in
past administrations, enforced disappearance is a part of a state
policy mainly against dissenters.

Other bills Bayan Muna hopes to push through the legislative mill in
the next Congress are: the Anti-Torture Bill; the Philippine Human
Rights Code; the Marcos Victims Compensation Act; Freedom of
Information Act;

The Child Nutrition Law; Student Entitlements Act; mandatory health
insurance for senior citizens; mandatory life insurance for Filipino
journalists;

Private School Fee Regulation Act; Free and Open Source Software Act;
and a Mobile Phone Subscribers Protection Act; bills renationalizing
Petron and instituting centralized procurement of oil products; and
the Marcos Martial Law Regime Debt Cancellation Act. ###

http://davaotoday.com/2007/05/12/philippines-congress-must-pass-bill-banning-enforced-disappearances-%E2%80%93-satur/

Arg - Detienen al “Tano Nicola”, otro represor de la dictadura

Está acusado de participar en el secuestro y posterior cautiverio de un periodista marplatense el 25 de marzo de 1976, apenas 24 horas después del golpe militar. La Justicia Federal informó que la detención de Nicolás Caffarello, de 53 años, se realizó la noche del miércoles aunque no fue en la ciudad costera.
telam

Mar del Plata. El ex represor Nicolás Caffarello, alias el “tano Nicola”, fue detenido en las últimas horas por disposición de la Justicia federal acusado de haber participado el 25 de marzo de 1976 en el secuestro y posterior cautiverio del periodista Amílcar González en esa ciudad.

La detención fue informada hoy a Télam por voceros de la fiscalía federal número 2, a cargo de Jorge Gutiérrez, y la fiscalía general, a cargo de Daniel Adler, quienes precisaron que la detención de Caffarello, de 53 años, “se realizó el miércoles a la noche”, aunque no fue en la ciudad costera.

Caffarello está imputado por privación ilegítima de la libertad coactiva, mediante la sustracción, retención y ocultamiento de una persona con el fin de tolerar algo contra su voluntad, agravada”, según consta en la causa.

La tarde del 25 de marzo de 1976, un grupo paramilitar armado entró al ministerio de Trabajo de Mar del Plata y secuestró a Amílcar González quien, junto con otros miembros del Sindicato de Prensa local, participaban de la firma un acuerdo en la cartera laboral.

La puesta en marcha del Juicio por la Verdad , en febrero 2001, llevó al periodista a denunciar su propio secuestro ante la Justicia.

La causa involucra también al jefe del operativo paramilitar, Fernando Delgado, actualmente prófugo y uno de los represores más conocidos en el ámbito local por su accionar a cargo del aparato represivo en los años del proceso militar.

También involucra al coronel Pedro Barda, a quien respondía Delgado, que fue juzgado en 1985 por crímenes de lesa humanidad.

El secuestro del periodista, quien en ese entonces tenía 36 años, se produjo veinticuatro horas después del golpe militar que derivó en la desaparición de 30.000 personas.

González, fallecido en junio del 2004, era miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y había sido fundador del Peronismo de Base en Mar del Plata, cinco años antes de su secuestro.

El periodista, que logró salir del país en 1978 y vivió exiliado en Venezuela hasta 1984, contrajo un cáncer a los 55 años de edad.

Víctima de reiteradas torturas y tormentos, González fue uno de los primeros secuestrados en Mar del Plata, ciudad en la que en total hubo más de 400 desaparecidos durante la dictadura militar.

En una recordada audiencia que duró más de cinco horas, el periodista -que fue preso político durante dos años, sin causa y sin proceso- describió con detalles su cautiverio y las responsabilidades de Delgado y Caffarello

La derogación por parte del gobierno nacional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminó con el amparo de los represores denunciados ante la Cámara Federal marplatense.

Arg - Ordenan la detención de seis represores en Bahía Blanca

Están acusados de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de personas. El pedido fue realizado por un juez federal de esa localidad bonaerense, quien informó que los efectivos se desempeñaban en el departamento de Inteligencia del Comando en V Cuerpo del Ejército, en donde además funcionaba el centro de detención clandestino “La Escuelita”.

Un juez Federal de Bahía Blanca solicitó la detención de seis ex integrantes del Ejército que desempeñaron sus funciones durante la última dictadura militar en el Comando V Cuerpo acusados por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de personas.

Se trata del juez Federal 1, Alcindo Alvarez Canale, quien dio lugar a un pedido solicitado por los fiscales Antonio Castaño y Hugo Omar Cañón en el marco de las causas

Tras una petición realizada por los fiscales Antonio Castaño y Hugo Omar Cañón, el juez Federal 1, Alcindo Alvarez Canale envió esta semana el pedido de detención contra los seis militares que se desempeñaron en la última dictadura militar en el V Cuerpo del Ejército.

Al respecto el fiscal Castaño informó hoy a Télam que "el magistrado ordenó en las últimas horas el pedido de detención de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, del teniente coronel Osvaldo
Bernardino Páez y del mayor Jorge Guillermo Streich".

“Estas personas desempeñaban sus funciones en el departamento de Inteligencia, Operaciones y Personal del Comando en V Cuerpo del Ejército, en el que además funcionaba el centro de detención denominado "La Escuelita"", agregó el fiscal.

Por su parte fuentes del Juzgado Federal a cargo de Alvarez Canale señalaron que "se enviaron exhortos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital Federal y a los Juzgados Federales de San Rafael, Mendoza y San Martín de los Andes, Neuquén, ciudades donde habitualmente residen los ex militares".

"Las detenciones fueron ordenadas en el marco de la investigación por privaciones ilegales de la libertad, aplicación de torturas, homicidios y desaparición forzada de personas", agregó el vocero.

En otro orden se informó que en las últimas horas el suboficial Santiago Cruciani alias el "Tío" quien se encontraba detenido desde el año pasado en la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina fue trasladado al penal de Marcos Paz.

Cruciani de 71 años fue detenido en julio del 2006 por la Policía Federal en su casa de la ciudad de Mar del Plata tras un pedido solicitado por el juez Alvarez Canale.

El ex militar estaba procesado por su presunta participación en 65 privaciones ilegales de la libertad, 65 casos torturas, 26 homicidios y dos lesiones graves, pero una resolución judicial le había otorgado la libertad.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=&sec=&idPub=&id=148933&idnota=148933

Arg - Procesan a ex represores por sustracción de bebe en la ESMA

La juez federal María Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a dos ex represores de la ESMA y a la esposa de uno de ellos, acusados del robo y supresión de identidad de una recién nacida en 1980.

Según informaron hoy fuentes judiciales, la decisión recayó sobre el ex suboficial de Prefectura Antonio Azic, su esposa Esther Abrego y el médico militar Octavio Capdevila.

En la causa se investiga si la supuesta hija de Azic y Abrego es en realidad una beba nacida el 10 de ocubre de 1980 en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Ese día, según distintos testimonios, dio a luz en el centro clandestino de detención la secuestrada Silvia Daneri, quien había sido llevada allí junto a su esposo Orlando Ruiz.

Ambos continúan desaparecidos mientras que otros dos pequeños hijos que tenía la pareja fueron separados y abandonados en plazas de Córdoba y Rosario, donde se los recogió y terminaron adoptados legalmente por familias del lugar.

Servini consideró que existe prueba suficiente para considerar que el matrimonio Azic adoptó ilegalmente a su hija, por lo cual quedó procesado por "sustracción, ocultación y retención de un menor de 10 años", al igual que Capdevila.

El médico está sindicado como quien asistió el parto de la detenida Abrego en la ESMA.

Azic y Capdevila ya están detenidos en la megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en la ESMA, a cargo del juez federal Sergio Torres.

Si bien la juez considera que la joven anotada como hija de Azic, llamada Carla Silvina, puede ser hija del matrimonio desaparecido, hasta el momento ese aspecto no pudo probarse por la negativa de la joven, de 27 años, de someterse a un ADN.

La magistrada ordenó allanar la casa de la localidad bonaerense de Bernal donde vive la familia Azic y allí secuestró objetos personales de la mujer en un intento por obtener muestras, que resultó fallido. (Télam).

Col: Fosas comunes dan pistas a parientes de perdidos fronterizos

Mayo 13, 2007

Entre 1998 y el 2002, más de medio millar de campesinos, médicos, profesores, comerciantes ecuatorianos que laboraban en La Hormiga, La Dorada, El Tigre, El Placer, San Miguel y otras veredas del Putumayo colombiano fueron víctimas de masacres propiciadas por grupos paramilitares. Sus familiares callaron hasta ahora.

Cientos de ecuatorianos, hombres, mujeres y niños, que entre 1998 y el 2005 viajaban o residían ocasionalmente en una decena de poblados del sur del Putumayo colombiano, están desaparecidos a consecuencia de la acción armada de grupos paramilitares del vecino país.

Los familiares callaron y no denunciaron, por temor; los organismos de derechos humanos y el Gobierno ecuatoriano desconocían los casos. Hoy, cuando la Fiscalía de Colombia descubrió hace más de una semana varias fosas comunes de donde se desenterraron los restos de unas 154 personas, los parientes reviven sus heridas y deciden contar sus desgracias.

En cada comunidad de Sucumbíos, provincia fronteriza con Putumayo, hay un promedio de dos casos de personas que nunca regresaron de Colombia. Gleicer Puente, Fermín Álvarez, Johnatan Escobar, José Peña, Emiliano Espinales, entre otros, son algunos de aquellos ciudadanos. Sus madres, esposas e hijos aún los esperan.

Gloria Vélez abraza a sus hijas, Shirley, de 11 años, y Lucero, de 9. Las tres lloran. Con profunda convicción, la madre, quien padece de cáncer al útero, expresa: “Cuando vengo de lavar ropa ajena, llego ilusionada; pienso que mi marido está esperándome, pero al entrar a la casa no lo encuentro, no vuelve, y entonces me invade la tristeza”.

Ella lleva siete años con aquella diaria ilusión, que se transforma también en una rutinaria desilusión. Santos Fermín Álvarez, su esposo, partió hacia Colombia la mañana del 14 de junio del 2000, y no regresó.
Desapareció junto a sus amigos Gleicer Puente Lara y Carlos Ortiz, residentes en la comunidad Pacayacu, a 35 km de Nueva Loja y a 10 km de la frontera colombo-ecuatoriana. Los tres mantenían negocios de combustibles con comerciantes del vecino país.

Desesperada por la ausencia, dos días después, Gloria fue a la frontera a indagar el paradero de su pareja, pero nadie le dio pistas. “Mejor me aconsejaron que no preguntara nada porque hasta nosotros corríamos peligro”, refiere. Tampoco denunció, porque “la ley no es capaz de ayudar al pobre”.

Así transcurrió el tiempo. Hoy, las heridas por la desaparición de Álvarez, Puente y Ortiz vuelven a sangrar, y con fuerza, en sus esposas e hijos, una vez que hace dos semanas personal de la Fiscalía de Colombia desenterrara en La Dorada, frontera con Ecuador, los restos de 154 personas, entre estas al menos cinco ecuatorianas, según los primeros informes, víctimas de los paramilitares que operaron en la zona desde 1998.

Justamente la noticia de ese hallazgo provoca que familiares de personas que viajaban ocasionalmente o vivían en esa parte de Colombia, desde la década del noventa hasta el 2003, y no retornaron, se pregunten si esos restos son de sus parientes.

En Ecuador, a excepción de los parientes, que optaron por callar, y algunos vecinos, nadie sabía de estas desapariciones. “En esa época no había ningún control migratorio y la frontera era muy dinámica, por lo que es difícil dar cifras de personas afectadas”, indica Manuel Ibarra, director de la Pastoral Social del área fronteriza de Sucumbíos.

Lo mismo afirma Fanny Pilco, presidenta del Comité Provincial del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (Fedhu). “Nosotros no tenemos esos datos, hemos llevado solo casos puntuales”, menciona.

Pero es en la zona fronteriza que ese letargo de dolor se despierta al conocer el hallazgo de fosas comunes en el lado colombiano. Así como en Pacayacu se vuelve a hablar de los tres desaparecidos del pueblo hace siete años, en la parroquia El Eno, al sur de Nueva Loja, los parientes de Emiliano Espinales Bravo y José Leonardo Peña Calderón reviven su dolor.

Espinales, oriundo de Chone (Manabí) y que tenía 50 años, trabajaba en San Miguel recogiendo hojas de coca. “Yo estaba enferma en Quito y un día había salido de la casa diciendo que iba allá, a Colombia, a cobrar un dinero para que yo me cure. Desde ahí no sé nada de él”, afirma Indira Jácome, su conviviente.

“Un vecino de apellido Bermeo me avisó meses después que a Emiliano lo habían acribillado y hecho pedazos. No denuncié en ningún lado porque como pasó en Colombia a una le da miedo”, agrega la mujer.

Elisa Estela Calderón es la madre del desaparecido José Peña, quien tenía 26 años. Ella, a sus 74, padece de osteoporosis y lleva como una carga el dolor por la pérdida de su hijo. “Iba por temporadas para Colombia y allá hasta se consiguió una mujer que se llamaba Rosario.
Ella me conversó que unos paramilitares le cogieron en La Hormiga y se lo llevaron para matarle. No sabemos nada de su cuerpo, lo tenemos como muerto pero no denunciamos”, indica.

En Patria Nueva y Puerto Nuevo hay otros cuatro casos. Uno de ellos es el hijo de Juan Escobar, presidente de la segunda comunidad.
Johnatan Marcelo, de 12 años, acostumbraba viajar a La Dorada para lustrar zapatos. Hace seis años, en un mes de marzo, nunca más se supo de él. “No denuncié porque creía que iba de volver. Esto es difícil para la gente de ambos lados de la frontera. Ahora que oigo lo de las fosas comunes pienso que mi hijo puede estar ahí”, manifiesta Escobar, directivo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo.

El dirigente estima que el 20% de desaparecidos por ataques paramilitares en el Putumayo colombiano podría ser ecuatoriano. En cada comunidad hay un promedio de dos familias cuyos miembros están perdidos. Si se toma en cuenta que en el cordón fronterizo de Sucumbíos hay unas 250 comunidades, se estima que serían unas 500 las víctimas del conflicto armado del vecino país. A ellos se suman los casos de comerciantes, médicos, profesores y agricultores, hombres y mujeres, que de distintos sectores del país ingresaban a esa conflictiva región, y que no retornaron.

El éxodo de ecuatorianos al Putumayo colombiano se dio por el boom de la coca en esa región, que entre 1985 e inicios del 2002 provocó un intenso movimiento económico y coincidió con la presencia de la guerrilla de las FARC. A inicios de 1998 comenzaron las masacres por la llegada de grupos paramilitares, cuya misión era combatir, al margen de la ley, a la guerrilla. Los paramilitares, según testigos y relatos de sus integrantes ante la Fiscalía colombiana, atacaban pueblos enteros, asesinaban a hombres, mujeres y niños, y sus cuerpos los arrojaban a los ríos o los enterraban en fosas, parte de las cuales hoy se están descubriendo.

El terror traspasó la frontera y cuando algún ecuatoriano no regresaba del vecino país, sus parientes no se atrevían a denunciar. Un miembro de la Fiscalía de Nueva Loja, que pide se reserve su nombre, explica que incluso las autoridades de Sucumbíos se negaban a conocer los casos porque estos se produjeron en otro país. No obstante, en los archivos de esa institución se registra un promedio de 40 denuncias al año, entre el 2001 y 2003, por desapariciones de personas en Nueva Loja, aunque sus parientes sabían que estas viajaron a Colombia, pero allá reinaba el terror y no podían ir a denunciar.

Mario Shingre, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, y Fanny Pilco, de la Federación de Derechos Humanos de Sucumbíos, piden que el gobierno de Rafael Correa o algún organismo internacional levante un registro de desaparecidos ecuatorianos en esta zona de Colombia.

“Es difícil que la gente denuncie. Ahora que están desenterrando las fosas (en Colombia), hablan, y lo que han dicho en las comunidades es totalmente cierto. Sería interesante hacer una evaluación. Sería ideal que el Gobierno trate de establecer una cifra, que se forme un grupo de investigación”, dice Pilco.

Mientras, Gloria Vélez, quien subsiste con los $ 120 que obtiene al lavar ropa ajena, no solo llora por la ausencia de su esposo Fermín Álvarez, sino por el futuro de sus hijas, pues teme que el cáncer de útero que soporta se agrave y ellas se queden solas y no logren culminar sus estudios. Su primer hijo, que tenía 11 años cuando desapareció el padre, ya obtuvo su bachillerato y está en el cuartel.

“Hace dos semanas mi hijo vino franco. En cuanto llegó me preguntó si no había vuelto mi Fermín”, recuerda Gloria.

Santos Fermín Álvarez
Comerciante oriundo de Loja y residente en Pacayacu. Fue al Putumayo colombiano el 14 de junio del 2000. Lo esperan su esposa y tres hijos.

Emiliano Espinales Bravo
Oriundo de Chone y residente en El Eno, Sucumbíos. Tenía 50 años cuando se fue a San Miguel, Colombia, hace más de seis años.

Carlos Ortiz
Comerciante de Pacayacu, Sucumbíos, donde lo conocían como Cólera. Se fue hace siete años. Su esposa Martha Torres y su hijo lo esperan.
Gleicer Puente Lara (foto)

Comerciante nacido en San Miguel de Bolívar y residente en Pacayacu. Partió en el 2000. Su esposa y sus dos hijas aguardan por él.

Johnatan Marcelo Escobar
Nació en Naranjito, Guayas, de donde partió con su padre a Sucumbíos en el 2006. Tenía 12 años cuando se fue a La Hormiga, en el 2001.

José Peña Calderón
Oriundo de El Eno, Sucumbíos, tenía 26 años. Trabajaba en La Hormiga hace seis años. Procreó un hijo con una colombiana.

Cifras
Los efectos
250 Comunidades. Se sospecha que en unas 250 localidades de Sucumbíos hay al menos dos casos de desaparecidos en el Putumayo colombiano.

Pry - Continúa la búsqueda de los desaparecidos en Abraham Cue

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). Sigue la infructuosa búsqueda de los restos de desaparecidos en Abraham Cue, donde habrían sido enterrados campesinos que luego de ser torturados murieron, durante la represión de la dictadura stronista.

Las excavaciones se realizan también en el Segundo Cuerpo de Ejército.

La búsqueda es emprendida por la Comisión de Verdad y Justicia, como parte del proceso de investigación, de rescate a la memoria histórica; reivindicación de las víctimas de la dictadura, reparación moral, social y el castigo a los responsables que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Desde el jueves último antropólogos y médicos forenses iniciaron las excavaciones en el patio de Abraham Cue, en el lugar donde se encuentra un aljibe y en el predio del Segundo Cuerpo de Ejército.

En ambos lugares se presume la existencia de los desaparecidos quienes luego de sufrir crueles tormentos habrían fallecido. El hecho se produjo en abril de 1976, durante la dura represión de Alfredo Stroessner.

Versiones de víctimas describen desgarradoras escenas de torturas a que fueron sometidos campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas. Esta organización ha promovido el trabajo cooperativo, la minga, el desarrollo económico y social basado en la solidaridad y la libertad de pensamiento, respeto a las ideas ajenas y la instauración de la democracia.

De producirse el hallazgo, los restos óseos serán llevados a la morgue judicial para un estudio laboratorial, antropométrico, de las características físicas y de ADN, a fin de determinar su identificación.

El objetivo es encontrar a los desaparecidos, identificarlos, entregar a sus familiares para una cristiana sepultura y buscar la reparación del daño.

http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=329227&ABCDIGITAL=59a5fa257d7369709d7da90d0f7bf5a8

Fundación Manuel Cepeda Vargas

La Fundación Manuel Cepeda Vargas tiene su propia página de web en:

http://manuelcepeda.atarraya.org/

En ella pueden encontrar información sobre la fundación, al igual que ensayos sobre la historia y poblemática colombiana.

ROMULO GREGORIO ARTIEDA- UN EJERCICIO DE MEMORIA

14 /05/ 1977- 30 AÑOS- 14 /05/ 2007-

El 14 de Mayo de 1977 a las 14 hs. en la estación de trenes de Burzaco, Provincia de Buenos Aires, en un operativo conjunto de fuerzas militares fuiste secuestrado y detenido, desde ese momento y hasta hoy seguimos buscándote.-

Sabemos que tus desaparecedores te han traído al Regimiento 9 a principios del mes de Junio de ese año, y que presintiendo el final que te darían enviaste a través de algunos compañeros, el ultimo saludo a tu madre, Doña Esther.-

Hoy se cumplen 30 años de aquel día y tu familia, amigos y compañeros de la vida, creímos que la mejor manera de recodar y tener presente esta fecha, era la de juntarnos y hacer un ejercicio de Memoria; volver a charlar sobre aquellas razones que te llevaron a vos y a tantos otros compañeros de aquellos años, a tomar el compromiso de defender la vida, esa vida que todos merecemos vivirla con dignidad.

Esas razones que hicieron que tomaran la decisión de enfrentar ese modelo de país que se estaba diseñando y que hoy padecemos, siguen presente, es cierto tal vez de otra forma y con otros actores, pero no desaparecieron. Los desaparecieron a Uds., exiliaron a otros, detuvieron a muchos, pero no pudieron borrar el derecho y la autodeterminación de un pueblo a luchar por una sociedad mas justa y con igualdad de oportunidades.

Charla debate a las 19,30 en el Sindicato de Periodistas (Rivadavia y San Juan), 14/05/07

US: 3 anti-torture activists convicted for trespassing during protest

The Associated Press

SMITHFIELD, N.C. --
A judge convicted three activists of trespassing Thursday, a month after they were arrested while protesting a company they said helped the CIA take terrorist suspects to other countries for interrogation.

The protesters were arrested April 9 at the Johnston County Airport when they passed through a gate at the headquarters of Aero Contractors, a private air carrier. None will serve jail time, and charges against five others were dismissed.

Francis Coyle of Orange County and Steve Woolford of Chatham County received 14-day suspended sentences, and Barbara Zelter of Wake County received a one-day suspended sentence. They were fined $50 and ordered to stay away from Aero Contractors' property.

All three plan to appeal.

"It will give us an opportunity to shed some light on the crimes being perpetrated by our government," said Zelter, a senior staffer with the North Carolina Council of Churches.

The activists accused Aero Contractors of supplying planes used by the CIA to covertly shuttle terrorism suspects to countries where they were possibly tortured. The company has said it does work for the government, but has declined to discuss any details.

US/Iraq - Six Questions for Tara McKelvey on Detainee Abuse

BY Ken Silverstein

Tara McKelvey is the author of the new book Monstering: Inside America’s Policy of Secret Interrogations and Torture in the Terror War, which tells the story of the Abu Ghraib scandal and, more broadly, examines the pattern of detainee abuse in Iraq. McKelvey, a senior editor at The American Prospect and a research fellow at the NYU School of Law’s Center on Law and Security, lives in Washington, D.C. I recently asked her six questions about what she learned while researching her book.

1. The general story of the abuses at Abu Ghraib has by now been well covered. What has the media missed?

The media only focused on the photographs. They missed the fact that the abuse was systematic and that the worst things were not even shown in the pictures. That’s what my book is about: what happened beyond the frame of the Abu Ghraib photos. Thousands of detainees have gone through U.S.-run facilities in Iraq, but thousands more—anyone held for less than fourteen days—were never registered or tracked. Human-rights reports and interviews I conducted show that some of the worst abuses took place at short-term facilities—a police station in Samarra, a school gymnasium, a trailer, and places like that, where individuals were held for up to two weeks. It’s also important to remember that reports from the International Committee of the Red Cross, as well as numerous military documents, show that 70 to 90 percent of the detainees had no information that would have been useful to the troops.

2. Who is ultimately responsible for the abuses?

If there’s a smoking gun, it’s in the hands of John C. Yoo. He worked at the Justice Department’s Office of Legal Counsel, and he’s the guy behind the August 1, 2002, memo that said interrogators could do what they wanted as long as the intensity of pain inflicted was less than “that which accompany serious physical injury such as death or organ failure.” It created conditions that allowed for almost any sort of physical abuse. So guys like Yoo and Timothy Flanagan, who was deputy White House counsel under Alberto R. Gonzales, discussed techniques like stress positions and sleep deprivation that were approved for high-level Al Qaeda suspects—and those techniques were used on Iraqi civilians. I had a heartfelt conversation with Flanagan and told him what I had heard from Iraqis: that these techniques had been used on men, women and children in Iraq. He feels bad about it; I know he does. But the fact is that he and Yoo and some of these other people from the best law schools and universities in this country were the ones who came up with the legal definitions that allowed for the abuse to happen.

“When [Lynndie England] told me she’d quit her job over the conditions at the plant, I was surprised. She had stood up to what she thought was wrong.”

3. What was Donald Rumsfeld’s role?

Rumsfeld has had a very lackadaisical attitude towards the Geneva Conventions. On February 8, 2002, he said, “The reality is that the set of facts that exist today with respect to Al Qaeda and Taliban were not necessarily the kinds of facts that were considered when the Geneva Conventions were fashioned.” On May 4 of 2004, after the pictures from Abu Ghraib were published, he told a journalist that the Geneva Conventions “did not precisely apply” in Iraq. There has also been testimony from people who say Rumsfeld got nightly briefings about what was gathered during interrogations.

4. Have those guilty of detainee abuse been held accountable?

More than 260 soldiers have faced punishment for detainee-related incidents since October 2001. Of those, nine individuals, all except one below the rank of captain, have been sentenced to time behind bars. Keep in mind, that’s just the military; meanwhile, there are about 100,000 contractors in Iraq, almost as many as there are troops. But only one contractor has been punished for a detainee-related crime, and that was in Afghanistan. Not a single contractor in Iraq has been punished. I doubt all those contractors are angels; we know, for instance, that several were implicated in the Abu Ghraib scandal—but those cases never went anywhere. This is not just a prison scandal. It’s a huge blow to America’s image and it’s something we’ll be dealing with for generations.

5. What do you think of former CIA director George Tenet’s recent comments in which he defended the use of tough tactics against detainees?

Tenet has said in interviews that we didn’t employ torture, that everything was authorized, and that the attorney general told us the techniques did not amount to torture. This goes back to John Yoo, who along with others broadened the definition of what was allowable. Some of the stuff, like “stress positions,” seems benign. But it covers a lot of ground. It means you can be kept crouching and not allowed to move for 45 minutes, but then they can move you into another stress position. There’s one stress position, called a “Palestinian Hanging,” which was apparently pretty common at Abu Ghraib. Your arms are pulled behind your back, and you’re hung from your arms. I interviewed a ghost detainee who was put in that position and he said it was incredibly painful. One detainee, al-Jamadi, died after being put in that position. We don’t know if these techniques are still allowed. Officially they say “no,” but we have no idea.
“This is not just a prison scandal. It’s a huge blow to America’s image and it’s something we’ll be dealing with for generations.”

6. You got an exclusive print interview with Lynndie England. What was your impression of her?

Part of her defense was that she was a compliant personality but in fact, as I discovered, she’d been a whistleblower. She had worked at a chicken processing plant in Moorefield, West Virginia, and had walked off the job to protest lousy assembly line practices. Less than a year later, a PETA investigator went into the plant undercover and filmed incredibly horrific acts of animal abuse. It made it into the national media, which called it a “mini Abu Ghraib.” When she told me she’d quit her job over the conditions at the plant, I was surprised. She had stood up to what she thought was wrong. Lynndie England—and all of the people at Abu Ghraib—had the option to say “no” to the abuse. There was a combination of events that allowed the detainee abuses to happen, it wasn’t just administration policy or Lynndie’s psychopathic boyfriend, or any one thing. I was so shocked about the abuse when I first heard about it from Iraqis, and I wondered how such horrible things could happen. But by the time I’d finished the book and saw how everything had come together, the abuse seemed almost inevitable.

http://harpers.org/archive/2007/05/hbc-90000032

'Ghost' child prisoners languish in RP jails

05/08/2007 | 09:54 AM

Many Filipino child offenders are still imprisoned together with adult crime suspects in dirty police jails, a child-welfare group said Tuesday.

Worse, the child offenders are now virtual "ghost" child prisoners because authorities refuse to officially acknowledge their incarceration.

"Until now, the government has yet to officially acknowledge and stop this egregious practice of police child detention and torture, notwithstanding protests aired by the UN Committee on the Rights of the Child and the UN Human Rights Committee against this inhumanity," the Coalition to Stop Child Detention Through Restorative Justice said in a statement Tuesday.

It added these children still languish in police headquarters, stations, and substations under the authority of the Philippine National Police pending inquest proceedings by the Department of Justice, and while awaiting court-issued commitment orders.

These are separate from children previously confined under Bureau of Jail Management and Penology custody in city and municipal jails, it said.

According to the group, President Arroyo may be held liable for allowing this practice to go on.

"As a matter of state norm and practice, the PNP criminally persists in hauling off children to police jails all over the country, save for Cebu City. This brazen violation of the Special Child Protection Act, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Convention on the Rights of the Child occurs with the President's criminal neglect, if not tacit approval and acquiescence," it added.

"For her refusal and failure to stop this barbarity, the President is ultimately liable for this monstrosity on account of the principle of command responsibility," it added.

The group said Arroyo should take the first step by acknowledging the existence of these ghost children prisoners who lurk in the shadows of police dungeons especially in Metro Manila and major urban centers, "without official acknowledgment, transparency and accountability."

The group also branded as "misleading" Arroyo's claims that the establishment of CRADLE and the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 has stopped the violations of children's rights.

It said the BJMP and the Department of Social Welfare and Development routinely refuse to assume custody over children accused of violating the law unless police produce commitment orders issued by the courts.

BJMP and DSWD have long been justifying this anti-child practice of admitting to their custody only children with court-issued commitment orders by citing their own manual of internal policies and procedures.

The two agencies ignore the Special Child Protection Act (RA 7610) and the country's treaty obligations, it added.

"Such BJMP, DSWD, and PNP practice conspire in condemning children to perpetually suffer from abuses, e.g., tattooing, torture, and sexual abuse, in the hands of the police and adult crime suspects during police detention. Never mind if it takes eons of time for the commitment order to be delivered to DSWD and/or BJMP," it said.

It added the tedious process begins with police paperwork that undergoes evaluation by the prosecutors, and eventually winds up in snail-paced and backlog-ridden courts, then back again to the police, at the expense of children traumatized and brutalized during police incarceration in the interim.

"More children will continue to suffer from this institutionalized violence unless the President observes in good faith the letter and spirit of the law by requiring DSWD and BJMP to assume custody over CAVL even without court orders," it said.

The Coalition urged Arroyo to abrogate the DSWD and BJMP anti-child requirement for the police to produce court-issued commitment orders before admitting CAVL into their custody.

"Rather, police officers should be allowed to immediately turn over, at the precise point of arrest, to CRADLE and other DSWD and/or BJMP facilities all children accused of violating the law without further need of court-issued commitment orders that proves prejudicial to their best interests. This way, the long-standing practice of police child detention and its concomitant evils would be cast into oblivion," it said. - GMANews.TV

http://www.gmanews.tv/story/41394/Ghost-child-prisoners-languish-in-RP-jails

Phl - NGOs, militants seek special UN court on killings

MANILA, Philippines -- The European Union and the United Nations should form a special court to try the administration of President Gloria Macapagal-Arroyo for the extrajudicial killings in the country, the Concerned Citizens of the Philippines said Friday.

Some 200 members of the group, led by former Transportation and Communication Secretary Josie Lichauco, Bettina Legarda, Marilyn Orosa, national artist Bienvenido Lumbera, Nini Quezon-Avanceña, and lawyer Harry Roque, staged a rally in front of the office of the Delegation of the European Commission to the Philippines at the RCBC Plaza on Ayala Avenue.

The Bagong Alyansang Makabayan (Bayan or New Patriotic Alliance) joined the action in support of the concerned citizens' call. Legal leftist organizations have borne the brunt of the killings, which human rights groups estimate have claimed close to 900 lives since Arroyo came to power in 2001.

Other groups that joined the march and rally were Karapatan (Alliance for the Advancement of People's Rights), Free Jonas Burgos Movement, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP or Peasant Movement of the Philippines), Catholic Lay Preachers of the Philippines, and Kubol Pag-asa (Hut of Hope) were some of the organizations which participated in the rally.

Opposition senatorial candidate Sonia Rocco, widow of late senator Raul Rocco, also joined the march.

As the protesters massed in front of the Yuchengco Tower, former Social Welfare secretary Corazon "Dinky" Soliman, Roque, Edith Burgos, widow of press icon Jose "Joe" Burgos Jr. and mother of missing activist Jonas Burgos, Ballsy Aquino-Cruz, daughter of former president Corazon Aquino, Lichauco and Quezon-Avanceña met with Gabriel Munuera Viñals, head of political, economic, trade and public affairs section of the EU delegation and submitted a manifesto seeking the creation of the special court.

They were assured the manifesto would be submitted to EU Ambassador Alistair MacDonald.

MacDonald has announced the scheduled visit of a team of experts from EU member-countries on June 4 to assess the needs of the Philippine government so that it could stop and solve various human rights violations, including extrajudicial killings and forced disappearances.

Viñals said his office is going "beyond condemnation" with the planned EU mission to the Philippines this June.

"I received the manifesto in behalf of Ambassador MacDonald. I told them that we have gone beyond condemnation...We are not only condemning the killings but actually doing something to help stop the killings," he told INQUIRER.net.

Soliman said the meeting "went very well."

"They [EU] will study what is proposed in the manifesto," said Roque, adding that the EU has expressed its sentiments on the extrajudicial killings in the country, calling these a matter of "utmost importance and concern."

In the meantime, the EU has pledged to send technical assistance to help in the "monitoring and reporting" of extrajudicial killings and the forced disappearances of militant leaders, said Roque.

However, Roque stressed that time was of the essence as the killings continue unabated.

"We hope that the international community will not wait too long," said Roque, adding he hoped the Philippines does not become another Rwanda, where up to 800,000 people are believed to have been killed in a genocide before the international community took notice.

Orosa said they decided to submit the manifesto because of the Arroyo's "inability to stop and solve the killings and kidnappings of young activists."

"The manifesto is an offshoot of a May 3 forum on extra-judicials killings. A professor told us in that forum that we were just talking and that talking wouldn't solve the killings so we agreed to draft a manifesto," Lichauco said.

Lichauco said she and others went as private citizens who want to do something to stop the killings.

"It was [Thomas] Jefferson who said that the first and only object of government is care for human life. We are talking of people's lives here. Life has become cheap in the Philippines, and as private citizens we wanted to do something to stop these killings and abductions of young activists," she told INQUIRER.net.

"There is no doubt in our minds that the Philippine president is responsible, by virtue of command responsibility, for the deaths and disappearances of hundreds of activists since 2001," Bayan secretary general Renato Reyes said.

Reyes said stronger sanctions by the international community against the Arroyo government were needed. He said this included withdrawal of military aid.

"It is apparent that the shaming mechanism of the UN and other international bodies is simply being ignored by Arroyo" he said.

The KMP urged the EC delegation to also talk to the families and organizations of the victims.

"This is to ensure that the Arroyo government would not bombard the mission with black propaganda and so that the mission can see the real human rights situation in the country. We ardently hope that the EU mission can help stop the killings and forced disappearances and help seek justice for the victims," said KMP spokesman Carl Ala.

Ala said any mission that sought to help stop the killings and abductions must be "victim-centered." "Paano lalapit ang witnesses kung gobyerno mismo pumapatay? So magiging useless pagpunta ng EU mission kung ganoon lang gagawin nila [How can the witnesses approach a government that is responsible for the killings? The EU mission would be useless if they would only talk to the government]," he said.

"The justice system has already collapsed," Dulce Sepeda, a Concerned Citizens member, said. She also complained that authorities tasked to investigate these cases are "not moving" and that "they are probably the ones involved."

http://www.asianjournal.com/?c=186&a=20168

UN urged not to renew Philippines’s membership to rights council

MANILA — The Philippine human rights organization KARAPATAN, joins the families of victims of human rights violations and concerned Filipinos in urging the United Nations to set up a special tribunal to hear the cases of extrajudicial executions, disappearances and other human rights violations committed by the Arroyo regime against the Filipino people.

Karapatan has, on several occasions, filed cases of human rights violations as well as presented shadow reports on the real human rights situation in the country before the UN treaty bodies and special mechanisms. The most recent efforts are the presentation of cases to the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Prof. Philip Alston, in February 2007.

But the Arroyo regime continues to turn deaf ears to the findings and recommendations of the Special Rapporteur as well as other local and international human rights organizations in bringing an end to the spate of summary executions and disappearances in the country. The Philippine Mission representatives in fact have lied to the Human Rights Council by saying that disappearances in the Philippines have been committed only during the Marcos dictatorship but not under the Arroyo regime!

The current call for a creation of a tribunal by the UN will be an added boost to our campaign to bring to the attention of the UN these grave concerns to put an end to the continuing killings, disappearances and other human rights violations as well as to serve justice to the many victims of this regime.

What is ironic is, in the midst of all the intensifying human rights violations currently happening, the Arroyo government has still the gall to apply for an extension of its membership with the UN Human Rights Council which will be heard on May 17, 2007. Today, as we join this call for a creation of a tribunal, we also urge various groups to lobby with the UNHRC not to renew the Philippine government’s application of its membership to the UN body tasked to oversee states’ compliance to human rights treaties and covenants.

With its dreadful record of 858 victims of summary executions and 198 victims of disappearances since it assumed the presidency in 2001 up to the present, the Arroyo regime has no moral ground to renew its membership, let alone be a member of the UNHRC.

Recent cases, reported to our organization and in the media reveal that there is no let up in the violation of people’s rights –

· the abduction and disappearance of Jonas Burgos, son of Press Freedom icon Jose Burgos, on April 28, 2007

· the massacre of peasants - Bobby Quilo, 20 ; Richard Sarillo, 28; Benjamin Gelongga, 72, all from Negros Occidental, by elements of the armed forces of the Philippines.

· the failed assassination of peasant leader Orly Marcellana in Cabuyao, Laguna only yesterday, May 10, 2007

to mention a few.

What the present regime has accomplished is to worsen the human rights situation and has currently nothing respectable to show off as regards its compliance to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and other international human rights instruments it is a signatory of.

The Philippine government has done nothing to honor its pledges made before the UN when it sought membership in the Human Rights Council a year ago. It has in fact a bloody and appalling human rights record and has worsened the human rights situation in the country by the series of killings, disappearances and other human rights violations as well as implementing laws and measures like the CPR, EO 464, EO 546, BP 880 and signing into law the anti-terrorism act deodorized as Human Security Act of 2007, and waging a counter-insurgency war such as the Oplan Bantay Laya 1 and 2 which victimizes more civilians.

Thus, we call on the United Nations to reject the Philippine government’s bid to renew its membership in the Human Rights Council. Doing so would be tolerating a grave human rights violator and allow the continuous suffering of the Filipino people.

Justice to victims of human rights violations!

Surface the disappeared victims!

http://davaotoday.com/2007/05/11/un-urged-not-to-renew-philippiness-membership-to-rights-council/

Arg - Buscarán archivos de desaparecidas en la dictadura

A pedido del Presidente del Archivo Nacional de la Memoria y Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, el máximo Tribunal entrerriano autorizó a personal de esa dependencia a examinar, en el Poder Judicial de la provincia, testimonios e informaciones que pudieren estar vinculadas con el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado Argentino, en lo que respecta a enterramientos de personas desaparecidas.

Para ello, dos abogadas de Buenos Aires examinarán de manera irrestricta y exhaustiva documentos obrantes en el Archivo y en el Centro Médico Forense referidos a identificación de cadáveres, trámites de inhumación, autopsias y partes médico-forenses producidos durante la intervención del Poder Judicial, en el período comprendido entre los años 1974 y 1983.
Las investigadoras podrán tomar anotaciones y fotografías digitales, realizar consultas, y extraer fotocopias, a los fines de dar efectivo cumplimiento al cometido del Archivo Nacional de la Memoria, con la autorización del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

http://www.eldiariodeparana.com.ar/textocomp.asp?id=120235

Arg - Piden profundizar una investigación sobre desaparecidos

Funcionarios nacionales instan a indagar sobre el destino de santiagueños que fueron secuestrados y cautivos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
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Los representantes jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación insistieron en la necesidad de que se profundice la investigación sobre las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Luis Alén, jefe de gabinete de la Secretaría, junto con Héctor Carabajal y Bernardo Lobo Bugeau, asistentes jurídicos de la Secretaría en Santiago del Estero y en Tucumán, subrayaron que la investigación debe girar sobre “el destino, búsqueda, e identificación de los cuerpos de dirigentes santiagueños secuestrados y mantenidos cautivos en el arsenal”.

Los funcionarios manifestaron que “el Estado Nacional pone a disposición todos los registros, cuerpos de profesionales y herramientas logísticas a fin del esclarecimiento de hechos de dictadura sucedidos entre 1975 y 1983”.

La semana pasada, el ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, se negó a declarar ante el juez federal Jorge Parache acerca de las desapariciones que se produjeron en la unidad militar, en la que está detenido el ex gobernador Antonio Bussi.

En los ex arsenales -ubicados en las afueras de la capital tucumana- habrían muerto 154 personas y habrían sido torturadas otras 1.000.

En forma paralela, Mario Racedo, a cargo del juzgado federal número dos, investiga la posible existencia de restos humanos enterrados en la unidad militar.

Racedo considera que la investigación no puede seguir adelante por la eventual existencia de explosivos ocultos, que antes deberían ser desactivados, para lo cual es necesario un presupuesto extra.

Como consecuencia, la semana pasada, Racedo viajó a Buenos Aires y gestionó fondos para la investigación. (Télam)

Mex - Niega PGR protección a familiares de desaparecidos: CNDH

México, 10 de mayo.- La Procuraduría General de la República (PGR) negó el otorgamiento de medidas cautelares de protección solitadas por la CNDH para familiares y representantes legales de tres personas presuntamente desaparecidas en la población de Ciénega de Flores, Nuevo León.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que existe temor fundado en las personas en cuyo beneficio y de conformidad con sus facultades solicitó a la PGR otorgar medidas de protección, ante la posibilidad de que se consumen sobre ellas daños de difícil o imposible reparación.

Refirió que ante la presunta desaparición de Luis Gerardo Carrillo de Luna, Patricia Deyadira Garza Ortiz y José Francisco González Montemayor, el 30 de agosto de 2006, sus familiares informaron por escrito a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de su temor por ataques contra su vida.

Asimismo, la CNDH señaló en un comunicado que los denunciantes reiteraron su petición de que sea investigado el paradero de sus parientes.

Indicó que sin prejuzgar sobre el fondo y la veracidad de estos hechos y de conformidad con su normatividad, el 3 de mayo solicitó a la SIEDO otorgar a los quejosos y a sus representantes legales la protección necesaria para garantizar a esas personas los derechos consagrados en la Constitución.

Sin embargo, por conducto de su Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos, la PGR informó el 4 de mayo su negativa a tal petición, con base en el Acuerdo A/032/06 del Procurador General, para regular el servicio de escolta. (Con información de Notimex/GCE)

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=57153&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

Paraguay busca sus desaparecidos de la dictadura de Stroessner

Un equipo técnico de antropólogos y médicos forenses iniciaron ayer la excavación de un aljibe en Abraham Cue, donde se presume fueron enterrados los desaparecidos durante la represión stronista en el año 1976. El trabajo de investigación lleva a cabo la Comisión de Verdad y Justicia.

San Bautista, Misiones (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). Tras el estudio geofísico realizado en marzo pasado en Abraham Cue, donde se ha detectado la existencia de un aljibe, comenzó ayer, la excavación del lugar a fin de determinar la existencia de restos humanos que habrían sido enterrados luego de ser torturados por un grupo parapolicial, en la cruenta represión desatada por la dictadura.

Por mandato de la Ley 2.225, la Comisión de Verdad y Justicia, bajo la presidencia de Mons. Mario Melanio Medina, tiene a su cargo la búsqueda de los desaparecidos. Además tiene como objetivo investigar, rescatar los restos, impulsar un estudio antropológico y genético de las personas a fin de determinar la identidad y la entrega a familiares de víctimas.

Como parte del trabajo de investigación, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), integrado por Darío Olmo, Daniel Bustamante y Fernando Olivares, inició ayer la excavación del patio de Abraham Cue, donde se encuentra un aljibe.

Carlos Portillo, miembro de la Comisión de Verdad y Justicia, explicó que la excavación forma parte del trabajo de investigación y de rescate de la memoria histórica de las víctimas de la dictadura.

Añadió que hasta hoy no se puede decretar de hecho el fallecimiento, desde el momento que son personas que tienen identidad, nombre y apellido y una historia. Precisó que parte del trabajo es la búsqueda de los restos óseos y la posterior identificación mediante estudios genéticos.

Eso requiere un procedimiento arqueológico que es la excavación que se hace con todas las delicadezas y respeto a la memoria de los desaparecidos y los familiares, indicó Portillo.

El trabajo comprende estudiar las características del terreno y la posibilidad de encontrar personas, luego la custodia, el traslado de los restos a la morgue judicial y el análisis antropológico, laboratorial y la prueba de ADN para identificarlos.

El fiscal de la causa, abogado Blas Lorenzo Barrios, señaló que la excavación se lleva adelante bajo todos los recaudos pertinentes que confiere la ley. Añadió que en caso de encontrarse restos de desaparecidos servirán para presentar como pruebas en un juicio oral y público. El trabajo forma parte del programa que tiene una cobertura en todos los países del Cono Sur.

http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=26036

Detienen a un represor que actuó en el centro clandestino "El Olimpo"

Se trata del ex teniente primero del Ejército, Enrique José del Pino, alias "Miguel" o "Capitán", quien tenía pedido de captura desde septiembre de 2005. La justicia le imputa más de un centenar de secuestros y torturas durante la última dictadura.

Un represor que actuaba en el centro clandestino de detención "El Olimpo", al que se le imputan más de un centenar de secuestros y torturas durante la última dictadura militar, fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas y conducido al penal de Marcos Paz.

Así lo confirmaron anoche a Télam fuentes allegadas a la causa en la que el magistrado investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército quienes identificaron al detenido como el entonces teniente primero del Ejército, Enrique José del Pino.

Del Pino, a quien se lo conocía por el alias de "Miguel" o "Capitán", tenía pedido de captura desde septiembre de 2005.

Los informantes señalaron que después de meses de intensa investigación, que incluyeron escuchas telefónicas y otras tareas de inteligencia, efectivos de Interpol Argentina detuvieron a Del Pino cuando salía de un restaurante del barrio de Palermo.

De las constancias del expediente se desprende que "Miguel", de 62 años, había actuado en 1975 bajo las órdenes del General Domingo Bussi y, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, pasó a tener "un papel destacado" en "El Olimpo" y otros centros clandestinos que funcionaban bajo el comando del fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason.

A Del Pino se le imputan, al menos, 114 secuestros y torturas, entre 1977 y 1978, ya que cumplía funciones de "interrogador, torturador y secuestrador", según el relato de sobrevivientes que señalaron a "Miguel" como Jefe de uno de los Grupos de Tareas de "El Olimpo" y "Banco".

Cuando Rafecas lo indague en las próximas horas le imputará, entre otros casos, los homicidios de Lucila Révora y Carlos Fasano. Ambos fueron asesinados el 11 de octubre de 1978 en la puerta de su domicilio de la calle Belén de Capital Federal, y la sustracción del hijo de ambos, por entonces de apenas 2 años, el cual fue reintegrado a su familia, tres meses después.

Del Pino se suma así a los ya quince procesados por Rafecas por los delitos llevados a cabo en los centros de detención "Atlético, Banco, Olimpo", entre quienes se encuentran el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino".

También están en esa nómina, entre otros, el comisario Roberto Antonio Rosa, quien actuaba bajo el apodo "Clavel", y el ya condenado en otra causa, Julio "el turco Julián" Simón, respecto de quienes la Cámara Federal confirmó los procesamientos dictados por Rafecas.

Tras la indagatoria de "Miguel" el magistrado tendrá diez días para expedirse sobre su situación procesal estimándose que lo hará en la misma resolución en la que defina la situación de Ricardo Taddei alias "Cura" o "Padre", quien fue el primer extraditado por causas por violación a derechos humanos, el 27 de abril último, procedente de España.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61828&id=148875&sec=1&dis=1

Fil - 5 desaparecidos más

Cómo fue indicado en el mensaje anterior, 5 personas fueron desaparecidas en las Filipinas. Ellas son Josephine Nogoy (32) de Tarlac, Alan Bumanglag de Cagayan, Jonas Joseph Burgos y su compañera Melissa Reyes y otra persona de la Ciudad Quezón. Todos en el area de Luzon. Todos era miembros o trabajaban con grupos campesinos. Sus destinos son desconocidos.

PHILIPPINES: Forcible abduction and enforced disappearance

The Asian Human Rights Commission (AHRC) deeply regrets to inform you the cases regarding the forcible abduction and subsequent disappearance of five more persons, including a mother of two-month-old twins, in separate incidents in March and April 2007. The whereabouts of the victims, namely Josephine Nogoy (32) of Tarlac, Alan Bumanglag of Cagayan, Jonas Joseph Burgos and his companion Melissa Reyes and another person (name unknown) of Quezon City, all in Luzon areas, have remained unknown. All of the victims were either members or have been closely involved in helping peasant groups prior to their abduction.

CASE DETAILS:

The information below are gathered from various sources, including the Alliance for the Advancement of People's Rights (Karapatan), a human rights group based in Quezon City, Metro Manila.

At 1:00am on March 27, unidentified armed men onboard two separate vans had arrived at the house of Josephine Nogoy's sister-in-law Divina Guevarra in Purok Masagana, Iba Village, San Jose. One of the vans is black in color while the other is dark brown or maroon. The vans did not bear any license plates with them. The perpetrators numbering around 15 were armed. They were wearing black long sleeves, bonnets and gloves and combat shoes, when they forced their selves in into the house split into two groups where the victim was visiting.

One group, which is composed of eight of men, forced their selves and started threatening by pointing their guns at Divina, her husband and their two children. The others were searching for something inside the house. Upon seeing Nogoy inside, they then forcibly took her into a van waiting outside the house at gunpoint. The armed men sped away taking Nogoy with them. Nogoy's twin children were left behind the Guevarras custody.

At the time of incident, Nogoy was with her twin children visiting the Guevarras family. Not only the perpetrators did forced their selves into the Guevarras the other groups who are companies of those who took Nogoy likewise entered into the nearby house of Patricio family, the Guevarras neighbour. They also threatened and pointed guns at those inside the house asking for the whereabouts of Josephine.

In another incident, another victim Alan Bumanglag (age around in his 40s), a member of Kagimungan, the local chapter of the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) in Cagayan, was also reported to have been abducted and disappeared on April 26. Prior to his disappearance, the soldiers attached to the 17th Infantry Battalion, Philippine Army allegedly took him inside their camp located in Tanglagan, Gattaran, Cagayan for questioning. He was interrogated for several hours and was only allowed leave there at around 2:00pm. It is reported, however, that three men were reportedly seen following him from the military camp. His whereabouts have been unknown since then.

Two days later in Metro Manila, on 28 April, three more persons were reportedly disappeared after they were allegedly forcibly abducted. According to the information, Jonas Joseph Burgos failed to arrive at their home as he was expected. He already informed his family that he is on his way to home and that he was just somewhere in SM North Edsa by sending SMS message. It was found out later that Burgos, who was with his companion Melissa Reyes and an unnamed person, could no longer be located.

Burgos had promised to arrive at his family's place at around 6:00pm. Although his family kept sending text messages to his mobile phone to ask his whereabouts for all through the night, the family received a message from his mobile at 10:46am on the following morning on April 29 saying: "Sensya na, ligo lang" (I'm sorry, was just taking a bath).

The exchange of text messages continued with the victim's family trying to find out about his condition but the supposed reply from the victims did not make any sense. And when his family called him up, though they were able to speak with him but his voice sounded like he was drugged and his answers are not clear. His family continued on checking him through SMS messages and by calling his mobile phone occasionally. His phone however was off from that whole night until the following morning, April 30.

The family of Burgos' companion Reyes', have likewise reported that she also failed to come home since April 28 evening.

At the time of incident, Burgos, who is a graduate of agriculture from the Benguet State University, had been giving agricultural technology training for members of the Alyansa ng Magbubukid sa Bulacan (AMB), a chapter of the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP or Peasant Movement of the Philippines) for past nine years. The AMB and KMP are peasant organizations lobbying for the solution of agrarian issues in Central Luzon. Prior to Burgos' disappearance, several leaders and members of the AMB have already been victims of either killings or abductions allegedly committed by security forces in the past.

Burgos is the son of the late Jose "Joe" Burgos Jr., former publisher and editor of the We Forum and Malaya newspapers. The late elder Burgos’ publications are the pioneering alternative press during the Marcos regime. The elder Burgos was also an awarded journalist, a widely known civil libertarian and defender of press freedom until he died in 2003.

As of May 5, various sources reported about the abduction of Burgos, and conveying disappointments of his family about delay in the process of police investigation into disappearance of the victim. The victim's brother, Jose Luis "JL" Burgos, told the media that they have yet received any information on the progress of investigation and the victim’s whereabouts from the authorities. The clue that the police have had so far is the license plate number of the car that was used to take the victims away.

According to the victim's mother, Edith Burgos, they have received further information from several witnesses of her son's abduction. Edith claimed having received a phone call from a man who told her that he should speak to a security guard at another shopping mall where her son was also seen. There has not been made substantial progress so far regarding the victim’s whereabouts.

SUGGESTED ACTION:

Please write letters to the concerned authorities requesting for their immediate intervention to effectively investigate in determining the whereabouts of these disappeared victims. The authorities must also ensure that the victims' relatives are actively involved in this process. They must also consider providing protection and security for them if necessary.

Once again, please also renew calls to the Philippine government, in particular the Congress to enact the proposed law which considers acts of enforced disappearance as a criminal offence without delay. The enactment of the bill is an initial step and one of the many ways to ensure that cases of disappearance are properly investigated, adequate compensation and protection are afforded to the victims and their families, amongst others.

To support this appeal, please click here:

Suggested letter:

Dear ________,

PHILIPPINES: Forcible abduction and disappearance of five persons including a mother of two-month-old twin

Case 1:
Name of disappeared victim: Josephine Nogoy (32), a resident of Talaga village, San Jose, Tarlac. She has two-month old twins.
Alleged Perpetrators: Unidentified armed men believed to be military elements
Place of incident: Masagana Zone, Iba village, San Jose town, Tarlac
Date of incident: At around 1:00am on 27 March 2007

Case 2:
Name of disappeared victim: Alan Bumanglag, a member of a peasant group Kagimungan
Alleged perpetrators: Unidentified men believed to have links with the military
Place of incident: In Tanglagan, Gattaran, Cagayan close to the camp of 17th Infantry Battalion, Philippine Army
Date of incident: 26 April 2007

Case 3:
Name of disappeared victims:
1. Jonas Joseph Burgos (38), a resident of Tandang Sora, Quezon City. He has one child. He was the Trainor of Alyansa ng Magbubukid sa Bulacan (AMB or Peasants Alliance in Bulacan)
2. Melissa Reyes, a mother of four children
3. Still to be identified male companion
Alleged perpetrators: Unidentified men
Place of incident: At the vicinity of Shoe Mart (SM) North Edsa, Quezon City
Date of incident: At around 6:00pm on 28 April 2007

I am writing to draw your attention to the alleged forcible abduction and subsequent disappearance of five persons, including a mother of two-month-old twins, in separate incidents in March and April 2007. I have learned that the whereabouts of victims Josephine Nogoy (32) of Tarlac, Alan Bumanglag of Cagayan, Jonas Joseph Burgos of Quezon City and his two companions, Melisa Reyes and another person (name unknown), all in Luzon areas, have remained unknown.

On March 27, Nogoy was forcibly abducted by armed men while visiting her sister-in-law's house in Tarlac. She was with her two-month-old-twin when the perpetrators forcibly took her. On April 26, Bumanglag was allegedly abducted following his release from a military camp of the 17th Infantry Battalion, Philippine Army, where he was subjected for questioning. On April 28, Jonas Joseph Burgos and his companions, Melissa Reyes and another unnamed person, were reportedly forcibly abducted at the vicinity of a mall in Quezon City.

I am extremely shocked and completely disappointed by the disappearances that took place within a short span of period. I therefore urge you to exhaust all means to ensure these cases are properly and effectively investigated. Any investigation conducted on these cases must aim at locating the victims' whereabouts and to the alleged perpetrators. The investigating authorities must also closely coordinate with the disappeared victims' relatives and families. The loss and trauma the victims' families have to suffer as a result of these incidents is enormous, therefore, the authorities must practice high level of efficiency and sensitivity in dealing these.

I am aware that these cases added to the alarming and increasing cases of enforced disappearances and extra-judicial killings taking place all over the country. I am completely disappointed of the government's either failure or incapability to prevent these incidents from taking place and to prosecute those responsible. While I deeply appreciate the government's limited actions in addressing the country's deteriorating human rights condition, however, I am not satisfied of the progress. Once again I urge you to exert more effort and take pro-active measures in protecting the lives of your citizens. The cases of enforced disappearance and unabated extra-judicial killings have no place in a civilized society like yours.

Once again, I renew my call to your government to consider the enactment of the proposed bill, which considers acts of forcible and enforced disappearance as a criminal offence without delay. By enacting this law, it could provide greater mechanism for police, assistance and adequate compensation to the families of disappeared victims. This could help prevent cases of disappearance if not totally eradicating it. Unless there is an existing mechanism where authorities are mandated by law to act on, there is a negligible expectation to improve the situation.

I trust that you will take action in these cases.

Yours sincerely,

-----------------

PLEASE SEND YOUR LETTER TO:

1. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
PHILIPPINES
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80

2. Ms. Purificacion Quisumbing
Commissioner
Commission on Human Rights
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188
Fax: +63 2 929 0102
Email: drpvq@yahoo.com

3. Director General Oscar Calderon
Chief, Philippine National Police (PNP)
Camp General Rafael Crame
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 726 4361/4366/8763
Fax: +63 2724 8763
Email: bluetree73@gmail.com

4. Mr. Raul Gonzalez
Secretary
Department of Justice
DOJ Bldg., Padre Faura
1004 Manila
PHILIPPINES
Fax: +63 2 521 1614

5. Mr. Orlando Casimiro
Deputy Ombudsman
Office of the Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Offices
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman
1104 Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +632 926 9032
Fax: +63 2 926 8747
Email: omb1@ombudsman.gov.ph

6. Gen. Hermogenes Ebdane
Secretary
Department of National Defence
Room 301, DND Building
Camp Emilio Aguinaldo
E. De los Santos Avenue
Quezon City
PHILIPPINES
Fax: +63 2 911 6213
Email: osnd@philonline.com

7. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary General for human rights defenders
Attn: Melinda Ching Simon
Room 1-040
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 93 88
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDERS)

Thank you.

Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)

EU team aims to aid Philippines in probes of political killings

May 10, 2007, 6:15 GMT

Manila - The European Union said Thursday that it would dispatch a team of experts to the Philippines in June to assess what form of assistance the government there needs in resolving a spate of extrajudicial political killings in the country.

The team would be composed of three officials from the Brussels-based European Commission (EC) and up to five police, technical and human-rights experts from EU countries, said Ambassador Alistair MacDonald, head of an EC delegation in Manila.

'The team is likely to arrive on the 4th of June, and they'll be here for 10 days,' he said. 'They're going to make an assessment of needs. They're not going to make an assessment of the killings.'

'They'll be discussing with Philippine authorities ... as to what technical support they need to help them carry forward more effectively in their investigation and prosecution,' he added.

MacDonald said the team was expected to submit a recommendation of what kind of assistance the EU or individual member countries could give the Philippines in efforts aimed at putting a stop to the political killings.

According to the Philippine human-rights group Karapatan, close to 900 people have become victims of extrajudicial killings in the Philippines since 2001. Most of the victims are leftist, political, human-rights and labour activists.

There have also been about 180 cases of forced disappearances of activists in the same period.

Activists have accused the military of being behind most of the attacks.

Several foreign fact-finding missions, including one conducted by a UN human-rights investigator, have concluded that the armed forces could indeed be blamed for most of the killings and forced disappearances.

Amid mounting international pressure to resolve the political attacks, the Philippine government has called on various foreign governments and organizations, such as the EU and the UN, to help it investigate the killings.
© 2007 dpa - Deutsche Presse-Agentur

PAKISTAN: Hundreds missing in conflict-torn Balochistan

QUETTA, 10 May 2007 (IRIN) - Dr Hanif Sharif, 29, was regarded until 2005 as one of the most gifted young writers in the Balochi language.

Known for his quick wit, charm and ability to coin unusual turns of phrase, he formed the nucleus around which a group of talented Baloch intellectuals gathered in the small town of Turbat in Pakistan’s impoverished, but resource-rich south-western province of Balochistan.

In November 2005, while sitting with friends in a restaurant, Sharif was dragged away by six armed men. Despite widespread publicity of the case and a petition in the Balochistan High Court, he remained missing for nine months.

He was eventually released, apparently from the custody of security forces, in July 2006. He had been extensively interrogated about his role in Baloch nationalist activities, and so severely tortured that he is today reportedly suffering acute psychological problems that have left him a shadow of his former self.

Other Baloch activists taken away by intelligence agencies have provided similar accounts of their ordeals. Dr Imdad Baloch, a leader of the radical Baloch Students Organization (BSO), 'disappeared' for just under four months in 2005.

''My brother, Samad Bugti, has been gone now for two years. Our mother is in anguish. She is in poor health and just wants to see her eldest son once before she dies.''
But they are among the fortunate few who have returned after spending time in safe houses or secret jails allegedly run by security forces or intelligence agencies in Pakistan. Some of these entities, such as the Inter-Services Intelligence (ISI) or the Military Intelligence agencies, appear to operate beyond government control, activists say.

The Pakistan government denies this. Interior Minister Aftab Sherpao has said the "government is not involved" in disappearances. A few weeks ago, Pakistani President Pervez Musharraf said the missing persons may have "gone away on their own”.

Hundreds missing

According to the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), hundreds of people in Balochistan have disappeared.

"The number of disappeared people is very high. We have hundreds of names, and are in the process of verifying them," Zahoor Ahmed Shawani, an advocate and the vice chairperson for HRCP in Balochistan, told IRIN. The number of missing exceeds 600, he said, while some political organisations in Balochistan say that up to 1,000 people could be missing.

Among them is Ali Asghar Bangulzai, who disappeared four and a half years ago. His eight children, the youngest of whom cannot remember their father, have regularly set up protest camps outside the Quetta Press Club, but so far their pleas have been unheard.

"We believe he is alive, but no one has seen him now for many years," Nasrullah Bangulzai, Bangulzai's nephew, said.

The issue of disappearances in Pakistan was previously unknown in the country but has repeatedly made news over the past year.

International rights group Amnesty International has taken up the matter, and in October 2006 organised a high-profile seminar with HRCP in the capital, Islamabad, in an effort to draw attention to the problem.

Since then, HRCP has moved the matter to court – presenting the Supreme Court with a list of 190 names of missing people. At least 114 of them are from Balochistan.

"We need to verify each name to make sure the facts are accurate. This is a new task for us," I.A. Rehman, the director of HRCP, said.

Impact of 9/11

The problem of missing persons first arose in Pakistan in 2002, after the attacks in the US on 11 September 2001 (9/11) brought changes in global anti-terror policies.

According to rights activists, persons believed to be involved in extremist activities were ‘picked up’, and either kept in local safe houses or handed over to US authorities. A small number ended up in Guantanamo Bay, a US-run military prison camp in Cuba. Many others simply disappeared.

"My husband, Masood Janjua, is an educationist and businessman. He has been missing since July 2005. My three children and I wait each day, not knowing if he will ever return," said Amina Masood Janjua, an Islamabad-based housewife who has emerged as a leading campaigner for the families of disappeared people.

The problem, however, soon expanded beyond the ranks of suspected militants. Activists says security agencies used the post-9/11 anti-terror climate to tackle growing dissent - particularly in the minority provinces of Sindh and Balochistan where strong nationalist movements exist as a response to perceived injustices by successive governments in Islamabad.

As such, the largest number of disappeared people is in Balochistan. Many of them were taken away in 2005 and 2006 at the height of fighting between paramilitary forces and rebels allied to Baloch tribal leaders who seek greater autonomy from the government. Hundreds remain missing.

"My brother, Samad Bugti, has been gone now for two years. Our mother is in anguish. She is in poor health and just wants to see her eldest son once before she dies," said Talib Bugti in Quetta. His elder brother was taken away in 2005 from their village near the conflict-torn area of Dera Bugti.

Across Balochistan, families wait for sons, husbands, fathers and brothers to return. Some, such as the family of Munir Mengal, a Baloch Voice television executive who was taken from Karachi airport in April 2006, have threatened self-immolation.

But despite the uproar, hundreds of people in the country remain missing, leaving families behind who do not know if their relatives will ever return.

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=72078

Buscan en Entre Ríos información sobre desaparecidos entre 1974 y 1983

Personal del Archivo Nacional de la Memoria buscará información en organismos judiciales de Entre Ríos sobre el enterramiento de personas desaparecida en el período 1974-1983.

Para ello, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia habilitó la investigación de documentos obrantes en el Poder Judicial que comprenden a aquel período de la historia reciente del país.
En ese sentido, dos abogadas de Buenos Aires examinarán de manera irrestricta y exhaustiva documentos obrantes en el Archivo y en el Centro Médico Forense referidos a identificación de cadáveres, trámites de inhumación, autopsias, abducciones y partes médico-forenses producidos durante la intervención del Poder Judicial, en el período correspondiente a los años de plomo.

Además, a pedido del presidente del Archivo Nacional de la Memoria y Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el máximo tribunal entrerriano autorizó a personal de esa dependencia a examinar en el Poder Judicial los testimonios y las informaciones que pudieren estar vinculadas con el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino, específicamente en lo que respecta a enterramientos de personas desaparecidas.

De resultar necesario las investigadoras podrán tomar anotaciones y fotografías digitales, realizar consultas y extraer fotocopias con el objetivo de dar efectivo cumplimiento a la iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, que cuenta con la autorización del STJ de la Provincia.

http://www.eloncedigital.com.ar/secciones/general/nota.asp?id=68778

Argentina y Chile apoyarán la búsqueda de desaparecidos en Colombia

La búsqueda e identificación de desaparecidos por los grupos paramilitares de Colombia contará con el apoyo de expertos y tecnología de Argentina y Chile, dijeron hoy fuentes no gubernamentales en Bogotá.

La ayuda extranjera fue solicitada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), informó el presidente de la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Carlos Iván Lopera.

El portavoz de esa organización no gubernamental (ONG), que reúne a decenas de asociaciones civiles de todo el país, explicó a la prensa que Argentina y Chile 'tienen mucha experiencia' en tareas relacionadas con víctimas de desaparición forzada.

El presidente de Redepaz dijo que los expertos solicitados por la CNRR, órgano responsable de reparar a las víctimas de las AUC, son médicos forenses, antropólogos, geólogos e historiadores.

'Colombia requiere todos los aprendizajes de otros países', consideró Lopera, para quien 'el problema del país desborda a nivel mundial'.

Lopera aludió a las previsiones de la Fiscalía General de la Nación, según las cuales los casos de desaparición forzada a manos de paramilitares pueden sumar unos 10.000, de los cuales 3.000 están documentados.

Desde el año pasado, la fiscalía ha exhumado unos 900 cadáveres de desaparecidos en diversas regiones del país, como el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador.

Sólo en esa región, la entidad ha hallado los restos de 211 víctimas en tareas realizadas desde agosto pasado y hasta el fin de semana último.

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/argentina_chile_colombia_1563016.htm

Arg - Rechazaron las recusaciones de Bisordi contra seis integrantes del Consejo de la Magistratura

El plenario de ese cuerpo dio por terminado el planteo de "falta de imparcialidad" presentado por el titular de Casación, acusado de demorar los juicios a represores. En el caso de cinco de los consejeros, el rechazo fue por unanimidad, mientras que para Diana Conti la votación terminó 5-4 a su favor. “Yo me doy por destituido", dijo el camarista tras el debate, y reiteró que no piensa en renunciar.

El juez Alfredo Bisordi sufrió esta mañana un duro revés en el Consejo de la Magistratura. El plenario de ese cuerpo rechazó la recusación del presidente de la Cámara de Casación Penal contra seis de los 13 consejeros que llevan adelante el proceso en su contra por presuntas demoras en la resolución de causas que involucran a represores.

En el caso de Carlos Kunkel, Nicolás Fernández, María Laura Leguizamón, Marcela Losardo y Santiago Montaña, el rechazo las recusaciones fue por unanimidad, mientras que para la diputada Diana Conti, la votación terminó 5-4 a su favor.

Durante el debate estuvo presente cuestionado Bisordi, quien luego de finalizada la votación habló con Télam y dijo que “la manifestaciones de la diputada Diana Conti son la expresión de un país donde prevalece la hipocresía”. Y aclaró que con la legisladora “la enemistad es compartida”

Al ser consultado sobre si pensaba en renunciar a su cargo, dijo que no y sostuvo: “Yo me doy por destituido. Me da la impresión que este Consejo la decisión ya está tomada”.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61740&id=148716&dis=1&sec=1

Arg - Detienen a dos ex jefes de la Bonaerense por violaciones a los derechos humanos en la dictadura

Se trata de Pedro Ferriole y Bernabé Corrales, quienes se desempeñaron como jefe y subjefe -respectivamente- de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre 1977 y 1979. Están acusados de homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en el denominado "Pozo de Arana", que dependía de Miguel Etchecolatz.

El ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata fueron detenidos ayer acusados de homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Destacamento de Arana durante la dictadura, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Pedro Antonio Ferriole, que se desempeñó como jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979 y de Bernabé Jesús Corrales, quien ocupaba la subjefatura durante ese período.

Los ex policías fueron detenidos ayer por orden del juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, que investiga los crímenes y torturas ocurridas en el Destacamento de Arana, un centro clandestino de detención que dependía de la Brigada de Investigaciones.

Las fuentes explicaron a Télam que Ferriole está acusado de los homicidios calificados de Rolando Acuña, Raúl Bonafini y José Fernando Fanjul Mahia que hasta ayer permanecen desaparecidos y de la privación ilegal de la libertad y torturas de otros seis detenidos en el Destacamento de Arana.

En tanto, a Corrales se lo acusa del asesinato de Daniel Jorge Lencinas y de la privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio en al menos otros 20 casos de detenidos en ese centro clandestino.

Las fuentes explicaron que Corrales prestó hoy declaración indagatoria ante el juez Corazza y negó la relación existente entre la Brigada y el Destacamento de Arana, mientras que Ferriole se negó a prestar declaración.

La Brigada de Investigaciones de La Plata y el Desatacamento de Arana donde funcionaba la Dirección de Cuatrerismo de la Policía, dependían en esa época de la Dirección General de Investigaciones a cargo del comisario Miguel Etchecolatz, condenado el año pasado a reclusión perpetua por genocidio.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61681&id=148633&dis=1&sec=1

CIA agents’ testimony to boost new report into secret renditions

AFP

GENEVA • Swiss Senator Dick Marty said yesterday that the latest volume of his report for the Council of Europe into the alleged secret transfer of terrorist suspects by the United States will include statements from disgruntled CIA agents.

“They spoke to me because they found what was happening to be disgusting,” Marty said in an interview with Swiss newspaper La Liberte.

Their statements will help to “strengthen the findings of the first report published on June 6, 2006, on the secret activities of the CIA in Europe,” Marty said.

The latest volume of his report will be presented to the Council of Europe on June 8 in Paris.

Last year’s report found that 14 European countries colluded in or tolerated the secret transfer of terrorist suspects by the United States, and two of them—Poland and Romania—may have harboured CIA detention centres.

The report identified a “spider’s web” of landing points around the world used by the US authorities for the practice of “extraordinary rendition”—the undercover transfer of security suspects to third countries or US-run detention centres.

The Swiss senator told La Liberte that he believed Western governments had signed secret agreements after the September 11, 2001 attacks in the United States to give more power to their security services.

“This is why some countries are opposed to my investigations,” he said.

Marty would not specify which countries he had in mind, but did say that Britain, France and Germany “knew what was happening... but they didn’t act.”

He also believes secret flights by the US Central Intelligence Agency are continuing, “but I like to think this is not happening any more in Europe.” He was also sharply critical of the so-called “war on terror” launched by US President George W Bush after September 11, saying it was an excuse to attack personal freedoms.

“The war on terror is a pretext to curb individual liberties. These (liberties) irritate those who are in power,” Marty said.

Burgos kin to Arroyo: Probe Army's 56th IB officers, men

The Burgos family said on Wednesday that it already considers soldiers of the Philippine Army’s 56th Infantry Battalion as “prime suspects" in the April abduction of Jonas Joseph at a mall in Quezon City.

JL Burgos, the victim’s younger brother told GMANews.TV that Army men of the 56th IB headed by Lt. Col. Meliciadez Feliciano should be immediately investigated by the Armed Forces of the Philippines (AFP) “because all evidence so far gathered by our family give clear clues that the 56th IB could be behind the abduction of Jonas."

“We consider them now as suspects. The plate of the car used in the abduction of my brother clearly points to the fact that the crime emanated from the 56th IB’s turf," said JL.

JL said “it is now the time for" President Gloria Macapagal Arroyo and the officials of the AFP to prove their “sincerity in helping our family and put an end to these disappearances."

He said his family talked on Tuesday with Brigadier General Delfin Bangit, deputy chief of staff for intelligence of the AFP. JL said Bangit promised that he will help the Burgos family look for Jonas and those who perpetrated his abduction.

“Our family is counting on their promises. They said they will immediately solve this case. We now have a suspect. Now is the time," said JL.

It was earlier reported that the plate number of the vehicle used in Jonas' abduction inside a restaurant at the Ever Gotesco Mall was the same plate number – TAB 194 - earlier attached to a vehicle parked at the 56th IB’s camp in Norzagaray, Bulacan.

The Burgos family owns a one hectare farm in San Miguel, Bulacan, supervised by Jonas who is an agriculturist and promotes the practice of organic farming. JL said his brother also helps small farmers in their area under the Alyansa ng Magbubukid sa Bulacan, learn farming technologies that are more sustainable and environment-friendly.

JL said that his brother’s abduction “adds to the pattern of involuntary disappearances" in the province.

“We can call it a penchant for abducting persons who are being critical of the government and suspected of being communists. This is the paranoia in Bulacan that has triggered the unexplained disappearances of several people in the area. My brother Jonas is among the victims of this military paranoia," JL said.

Last November, workers from the Metal Ore Mining Company in Doña Remedios Trinidad, Bulacan were allegedly detained by members of the 56th IB. The International Labor Solidarity mission said the workers were released after the barangay captain filed a police blotter and negotiated for their release.

Also in June, University of the Philippines students Karen Empeño and Sherlyn Cadapan and their peasant companion Manuel Merino were abducted in Hagonoy, Bulacan. Some believed that the same battalion was involved in their disappearance. - GMANews.TV

http://www.gmanews.tv/story/41607/Burgos-family-to-Arroyo-Probe-56th-IB-men-execs

Sri Lanka: A thriving industry of Tamil extortion

Amidst kidnappings and ransom demands, Tamil businesses in Colombo are downing the shutters. It seems the government couldn’t care less

Sixty-year-old Egamabaram Palaniraja, the owner of Mythili Jewellers in the heart of Colombo, went missing on 12 September last year, along with his 23-year-old son Balasaravanan and employee, Ganesan Muhundan.

All three were abducted while returning home at around nine in the evening, just metres away from the Sri Lankan prime minister’s office. Two days later, Palaniraja was released 250 km from Colombo, in Polonnaruwa in the North Central Province, and ordered to arrange an “undisclosed” amount of ransom money to secure the release of his son and employee. After extracting millions of rupees, the abductors released both of the youths but retained the vehicle.

For a citizenry that slid into a virtual war last July despite the existence of a truce to which both the government and the LTTE rebels continue to pay lip service, the past few months have been a nightmare. Beyond the stepped-up military engagements, there have been dramatically increased levels of forced disappearances, extortions, extrajudicial killings, general harassment and intimidation. Amidst widespread human-rights violations in Sri Lanka today, one of the most significant, and most under-reported is the ongoing intimidation, extortion and abduction of affluent Colombo-area Tamil businessmen. This phenomenon was recently referred to as a “thriving industry”.

Palaniraja is among the lucky few. Many abducted Tamils never return home, even after paying multi-million-rupee ransoms. S Srikandarajah, a leading sugar merchant, and his driver were abducted in July 2006. But they failed to secure their freedom even after SLR 30 million was paid for their release. While Thirunavakurusu Puvaneshwaran, a successful Tamil businessperson, was released after SLR 1.5 million was extracted as ransom money, trader Maxie Bolton has still not been let go although the requested money was deposited.

More white vans

With the phenomenon of disappearances prevailing in Colombo, its sizeable and economically powerful Tamil population is seized by fear. Not only is it susceptible to forced disappearances by the Sri Lankan Army, the LTTE breakaway Karuna group and occasionally the Eelam Peoples’ Democratic Party (EPDP) for alleged connections with the LTTE, its commercial success also puts it at risk. Some of the abducted have been released after severe warnings, while the mutilated bodies of other victims have been recovered near culverts, waterways, paddy fields and roadsides, transmitting a potent message to the living.

Since the resumption of virtual wartime conditions in July 2006, the Civil Monitoring Committee (CMC), a multi-party human-rights group that works in Colombo and its suburbs, has recorded over 80 disappearances. Although there has recently been something of a lull in the numbers of abductions reported, the trend in extortion is on the up and up. A likely indicator of the excessive intimidation has been the increase in the number of Sri Lankan Tamil business families fleeing the island. According to CMC records, over 30 Tamil businessmen have left the island during the past two months, to shift their base of operations to India, Singapore, Malaysia, Europe or West Asia.

These victims tended to lay the blame on the Karuna group and, to a lesser degree, army deserters as well as activists with the EPDP. It was the LTTE that used to kill or demand ransom from the supporters of alternative Tamil political parties such as the EPDP and Karuna faction. But in Colombo today, Karuna activists far overshadow any other outfit in carrying out extortions, with occasional collaboration from government security forces.

While analysts point out that the disappearances do not necessarily have a political element to them – with victims being not just Tamils with origins in northeastern Sri Lanka, but also those of Indian origin and the occasional wealthy Moor – others note that government complicity is aiding the culture of impunity. Either way, says CMC chairman Sirithunga Jayasooriya, the evidence is incontrovertible as to who is being targeted: “Many victims are from two predominantly Tamil areas, Colombo 6 and Colombo 13. They are also business hubs.”

Many of the victims have only returned to the island following the 2002 Ceasefire Agreement (CFA), with an eye to investing in their homeland. One Sri Lankan Tamil who keeps houses in Britain and Sri Lanka, who did not want to be named, says that a white van has recently been seen repeatedly near his Colombo residence. The passengers of the vehicle had questioned the man’s neighbours about his return from the UK, and also about his Sri Lankan businesses. “I took a couple of years to formulate a business plan,” he explained. “The business climate created by the truce is what inspired me to return after decades in the UK. Now I have returned here only to be hounded by white vans wanting to find out details about my investments.” He is now contemplating returning to the UK, and abandoning his Sri Lankan venture.

Many others have, of course, already thrown in the towel. A reputed Colombo jeweller, who has received several threatening telephone calls demanding millions of rupees, says that it is not possible to continue his business in Sri Lanka anymore. “I have already selected a location in Chennai to relocate my business,” he said. “It is sad because I ran two jewellery shops for 30 years in Colombo without any problem, and even survived the 1983 communal riots.”

Collusion?

Not only do Tamil businesspeople in Colombo feel physically and commercially threatened, says CMC convenor and Colombo District legislator Mano Ganesan, but matters have been compounded by significant police inaction. “There is a complete breakdown in the law-and-order situation,” he says. “We have provided telephone numbers, some bank-account numbers of extortionists, and eyewitness accounts in certain instances to assist the authorities. They have done absolutely nothing to bring the culprits to book.”

As the pressure mounts, Ministry of Defence spokesman Keheliya Rambukwella admits to “some problems”. But while he adds that a presidential inquiry into the matter “could be appointed”, he refuses to discuss when this will happen. He also denies widespread charges that the government has failed to take action. “It is easy to blame the government,” he said. “Civil society can help the authorities by providing vital information.”

Even while the CMC has been attempting to provide just those details, the allegations of government complicity have received added momentum from within the government itself, particularly from Deputy Vocational and Technical Training Minister P Radhakrishnan, himself a Tamil. Upon receiving complaints from other Tamils who had recorded their own interactions with extortionists, Radhakrishnan took the matter up with President Mahinda Rajapakse, providing the telephone numbers of several extortionists, along with an appeal for immediate intervention. The only outcome: Radhakrishnan was summoned by the police to explain how he got the telephone numbers.

With the Sri Lankan government failing to control the situation, the opposition is getting vocal, as is the demand for international intervention. Opposition leader Ranil Wickramasinghe says that the government has failed to contain the extortion situation. “The incidents are on the increase. In such circumstances, we are compelled to support the call for an international human-rights monitoring mission,” he said in late April. “People have lost faith in the law-enforcement mechanism. The United National Party is obliged to assist these victims, and do everything possible to prevent an escalation in abductions and extortions.”

The possibility of international involvement in highlighting the disappearances has brought some hope to even victims’ families, says Ganesan. “Given the gravity if the issue, what we ask is so little,” he says. “But for a government that is hell-bent on abetting the crimes by sheer non-action, this may prove impossible.”

http://www.sibernews.com/news/sri-lanka/-200705098490/

Arg - La cárcel de los represores

Si bien aún no se definió cuándo comenzará a utilizarse, las instalaciones están terminadas. Representantes del Ejecutivo visitaron el lugar la semana pasada. Vea las fotos a las que Infobae.com tuvo acceso en exclusiva

El problema con los radares y la renuncia de su segundo obligaron a la ministra de Defensa Nilda Garré a postergar el traslado de los detenidos militares a una cárcel común, que se refaccionó especialmente, y que estaba previsto para el 2 de mayo pasado.

Ya finalizaron los arreglos del Regimiento 7, en Arana (cerca de La Plata), donde funcionará el lugar de detención a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal, aunque este punto generó más de una rispidez entre la cartera de Defensa y la de Justicia.

Allí convivirán unos 40 detenidos, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Héctor Febres, cuatro coroneles, un agente civil y varios oficiales de la Armada. Es posible ampliar la cantidad de plazas hasta 100.

A simple vista, los pasillos internos se asemejan a los de una escuela, pero nada fue librado al azar: el ministerio de Defensa estuvo detrás de cada detalle de la refacción.

Entre los pedidos de Garré y su equipo está el de evitar todo tipo de similitudes con espacios que puedan considerarse “vip”, y el de que no existan grandes lugares comunes donde los represores puedan llegar a reunirse.

En estos días, se está definiendo la lista de quiénes serán llevados a esta unidad; además de organizar con las familias los días y horarios de visitas. Restan determinar cuestiones operativas como los viajes diarios del personal que trabajaría en la unidad, la provisión de alimentos y la asistencia médica.

Cuando se concrete el traslado, se daría una respuesta al viejo reclamo de los organismos de derechos humanos, que se oponen a que los represores cumplan con sus condenas en unidades militares.

Arg - Una junta médica determinará el estado de salud del represor Bussi

Es porque no prestará mañana declaración indagatoria en una de las cientos de causas en la que está imputado por violaciones a los derechos humanos. Con el examen, solicitado por la Justicia, se determinará cuándo el ex gobernador estará en condiciones de prestar testimonio.

El represor Antonio Bussi no prestará mañana declaración indagatoria en una de las cientos de causas en la que está imputado por violaciones a los derechos humanos y una junta médica determinará cuándo se encontraría en condiciones de hacerlo.

El juez federal Jorge Parache solicitó al Sistema Provincial de Salud que disponga que especialistas examinen al ex gobernador en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se encuentra detenido desde marzo de 2006.

El magistrado tomó la decisión, pese a que Julio César Picón, médico de la Justicia Federal, dictaminó que Bussi no estaba en condiciones de declarar durante los próximos 60 días.

"Pese a lo aconsejado por Picón, Bussi quiere declarar en el ex arsenal, cuando lo disponga el juez", aseguró hoy a Télam Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado del ex titular de la V Brigada de Infantería entre 1976 y 1977.

Al igual que Bussi, el lunes tampoco declaró Mario Albino Zimmerman, jefe de la Policía entre 1976 y 1977, que también se encuentra detenido en el ex arsenal, ubicado en las afueras de la capital tucumana, sobre la ruta 9.

"Zimmerman fue recientemente operado, porque tenía una obstrucción arterial del 85 por ciento. Ahora se recupera y está en cama", manifestó Conesa Mones Ruiz, que también defiende al militar retirado.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61611&id=148469&sec=1&dis=1

Mex - Desaparecidos los hijos de la anciana violada por los militares

Por: INFODEMEX
Fecha publicación: 08/05/2007

Este lunes se cumplen dos semanas desde que los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Inés -Marta, Carmen e Isabel, Francisco y Julio- fueron sacados de Tetlaltzinga, su comunidad en lo alto de la sierra de Zongolica, por tres patrullas de la Policía Auxiliar veracruzana y trasladados, inicialmente, a Jalapa. Se ignora su paradero.

Justo a partir del momento en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio un giro de 180 grados en su postura inicial de investigar la muerte de la mujer nahua por una violación tumultuaria y concluir sorpresivamente que se trató de una muerte natural, 'por parasitosis', y que no procedía la acción penal, sus descendientes abandonaron sus casas.

Lo anterior fue constatado por tres diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Valentina Batres, Alliet Bautista y Marisela Contreras, quienes viajaron el fin de semana a la región y llegaron hasta las viviendas de la familia. Ahí sólo encontraron las casas abandonadas y a policías del estado, con armas largas, bajo las órdenes del comandante Héctor Manuel Alcántara Ortiz, vigilando el área. Un sobrino de doña Ernestina, Bernardo Ascensión, que laboraba en uno de los talleres de carpintería de la familia, recibió al grupo de legisladoras, pero no proporcionó ningún dato.

A partir de ese día, 30 de abril, cuando el fiscal especial Juan Alatriste y el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López Márquez, anunciaron el no ejercicio de la acción penal, los hermanos Ascensión Inés perdieron todo contacto con sus vecinos, el resto de su parentela, sus autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.

Según el testimonio del presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a partir del 22 de abril -fecha en la que él subió hasta Tetlaltzinga para interesarse por la familia-, un comando integrado por 10 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, con dos camionetas tipo pick up de la corporación, permaneció custodiando las viviendas de los hijos de Ernestina, en las orillas del pueblo. Los agentes decían estar brindando 'protección' a los familiares, pero en la práctica los aislaban de todo contacto con el exterior.

El día 30, cerca de las siete de la mañana, varios testigos de los pueblos aledaños vieron bajar a los cinco hermanos de la montaña dentro de una patrulla, custodiados por dos camionetas con policías armados. No hablaron con nadie. Algunas autoridades del municipio suponen que fueron trasladados a Orizaba, pero otros consideran que es probable que hayan sido llevados hasta Jalapa.

Según datos recabados por las legisladoras en las entrevistas que realizaron con pobladores de la región, en el pueblo se rumora que están en México, 'invitados por el presidente Felipe Calderón, porque los quiere tener cerca'.

Arg - La Justicia aún no sabe por qué Bussi no puede declarar

Por: PRIMERA FUENTE
Fecha

Ante las fuertes dudas sobre su incapacidad para someterse a una declaración indagatoria, el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache, le solicitó ayer al presidente del Siprosa que designe una Junta Médica para que determine el real estado de salud del represor Antonio Domingo Bussi. El médico oficial de la Nación Julio César Picón dictaminó que el ex gobernador de facto no está en condiciones de prestar declaración indagatoria ni en el Juzgado ni en el ex arsenal. Esta nueva encrucijada judicial terminó en la suspensión de la indagatoria contra Bussi, que estaba prevista para el 10 de mayo próximo en el marco de la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

La salud de Antonio Domingo Bussi sigue despertando más dudas que certezas. A pesar de que el médico oficial de la Nación Julio César Picón sostuvo -sin dar detalles- que el represor no puede prestar declaración indagatoria, aún no está dicha la última palabra respecto a la salud del ex gobernador de facto.

Por ello, el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache, decidió ayer pedirle al presidente del Siprosa que designe una Junta Médica para que determine en forma fehaciente el real estado clínico, cardiológico y neurológico de Bussi. El pedido fue elevado al titular del Siprosa, cargo que ocupa actualmente el ministro de Salud Pública Juan Manzur, quien deberá designar ahora tres médicos (clínico, cardiólogo y neurólogo) para que se conforme el tribunal profesional.

Según altas fuentes judiciales, en su informe, Picón coarta cualquier posibilidad para que Bussi cumpla con el paso de la indagatoria ya que aclara, sin dar argumentos médicos, que no está en condiciones de hacerlo ni en el Juzgado ni en el ex arsenal, donde permanece alojado desde el miércoles pasado, cuando le dieron el alta en el sanatorio Galeno. Allí estuvo internado cinco días tras sufrir una descompensación cardíaca y una infección en los pulmones.

En esta nueva encrucijada judicial (aparentemente impulsada por la defensa de Bussi a cargo de Horacio Conesa Mones Ruiz) quedó suspendida la citación a prestar declaración indagatoria contra Bussi que estaba prevista para el 10 de mayo próximo en el marco de la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga en la que se investiga por primera vez el delito de genocidio que se cometió contra más de 200 personas que fueron detenidas y torturadas en ese centro de exterminio que actuó durante la última dictadura militar.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=042388&Parte=0

Arg - La Noche de los Lápices en el Juicio por la Verdad

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
I n f o r m a c i ó n d e P r e n s a
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.ar

El Juicio por la Verdad retoma investigaciones sobre la fábrica Saiar, la Noche de los Lápices y el "circuito Camps"

LA PLATA (08may07).- El miércoles 9 de mayo se desarrollará una nueva audiencia en el Juicio por la Verdad que se sustancia en la Cámara Federal de La Plata. Cuatro personas fueron citadas para brindar declaración testimonial, mientras que una deberá brindar declaración informativa, en el marco de las causas que se investigan por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar. Primero, a las 9:30 hs, será el turno de Marcos Ronaldo Alegría Rivera, citado por la desaparición del obrero Francisco Domingo Orellana. A las 10:00 será el turno de José Celada, citado por la causa caratulada “Aiub María Concepción”, secuestrada en junio de 1977. Seguidamente tomarán declaración informativa a Abel Landercheverry, por la causa “Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal. Y por último se tratará la causa caratulada “López Francisco Bartolomé y López Muntaner Luis César. En este caso fue citado a brindar testimonio otro de los hermanos de las víctimas, el actual coordinador de Derechos Humanos de la Municipalidad de Berisso, Miguel López Muntaner.

Causa 739
- Carátula: Orellana, Francisco Domingo

9:30 Hs
Declarante: Marcos Ronaldo Alegría Rivera


Francisco Domingo Orellana era delegado de la UOM en la fábrica Saiar, pertenecía al grupo de Gutiérrez, disidente de la conducción de ese gremio, ejercida por el fallecido Lorenzo Miguel.

Fue secuestrado junto a varios trabajadores de aquella fábrica. Entre los desaparecidos se encuentra Héctor Tomás Capdepadros, cuya esposa, Adriana Sotelo, ya declaró en el juicio por la Verdad.




Causa 2376
- Carátula: Aiub, María Concepción

10:00 Hs
Declarante: Celada, José


Desapareció el 20 de junio de 1977, en el barrio Malvinas de La Plata. María, su marido Rafael Caelli y el hijo de ambos, un bebé de pocos meses llamado Claudio, vivían en una modesta vivienda de 141 entre 530 y 531. Rafael se dedicaba a reparar electrodomésticos y lo conocían los pocos vecinos que había en el barrio.




Causa 2108
- Carátula: Taub, Luis Guillermo

10:00 Hs
Declarante: Dombiak, Jaime – Declaración informativa


Guillermo Luis Taub fue privado de su libertad el día 7 de septiembre de 1977 en su domicilio, ubicado en Lapida 2044 de Capital Federal, por personas armadas, que dependían operacionalmente del Ejército Argentino.

A Luis Guillermo Taub se lo mantuvo clandestinamente en cautiverio en el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y el Comando de Operaciones Tácticas 1, pertenecientes a la Policía de la Provincia de buenos Aires, que operan bajo el comando del primer Cuerpo de Ejército. También estuvo en la Cárcel de Villa Devoto. Recuperó su libertad el día 14 de noviembre de 1983.




Causa 646
- Carátula: López, Francisco Bartolomé y López Muntaner, Luis César.

10:00 Hs
Declarante: López Muntaner, Miguel Ernesto


Francisco López Muntaner fue secuestrado de su domicilio el 16 de septiembre de 1976, durante la madrugada conocida como “La Noche de los Lápices”. El joven aun desaparecido, que tenía sólo 16 años, fue secuestrado por un grupo de 8 a 10 personas comandado por una persona que estaba a cara descubierta.

Luis César Muntaner desapareció el 8 de abril de 1977. Era el mayor de los hermanos. Se había ido a vivir a Mendoza porque temía por su vida. Fue secuestrado cuatro días después de que su esposa diera a luz.

El declarante, Miguel Ernesto López Muntaner, también fue secuestrado en enero de Pasó dos semanas en cautiverio y contó que estuvo en un centro clandestino de Arana.




Causa 2540
- Carátula: Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal


Declarante: Landercheverry, Abel

Memoria de los genocidios como anticuerpo al autoritarismo

Este breve editorial, enfatiza en la importancia de
los actos, eventos, programas de recordación de los
grandes genocidios que han marcado el destino de la
humanidad.
Vale decir, que este argumento es pertinente para las
recordaciones que en ámbito nacional el Paraguay debe
asumir en forma permanente y comprometida.
La recordación permanente de las víctimas de la
dictadura stronista, tiene un valor agregado que va
más allá de la evocación de los héroes cívicos que han
caído bajo el sistema represivo, pues sirven para una
recordaión permanente de sus múltiples peligros en el
presente y el futuro.
El mejor anticuerpo social frente al autoritarismo
latente del Paraguay, es y será, mientras no surja
otro instrumento mejor, la recordación permanente de
las víctimas de la dictadura, sus antecedentes y
consecuencias.
Federico Tatter.

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Memoria de los genocidios
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EDITORIAL. CLARIN. ARGENTINA. 1 DE MAYO DE 2007. Las
evocaciones del genocidio armenio y del Holocausto del
pueblo judío en fechas cercanas en los últimos días
han permitido recordar el daño ocasionado en el pasado
por las justificaciones y olvidos de las matanzas
colectivas. Estas tragedias marcaron a sangre y fuego
los destinos de la humanidad durante el siglo XX y
ocurrieron en contextos de guerras civiles o guerras
entre imperios o Estados, bajo regímenes que negaban
todo derecho individual que se opusiera a los dictados
de sus jerarcas.

Su justificación formó parte de los modos en que se
desplegaron las confrontaciones ideológicas y
geopolíticas, los nacionalismos y las conflagraciones
bélicas potenciadas por doctrinas totalitarias y
tecnologías devastadoras. Pero también fue parte de
ese siglo la construcción de un sistema jurídico
internacional que consagró los derechos humanos, la
sanción de los crímenes de lesa humanidad y el castigo
a sus perpetradores.

Dicho conjunto de principios e instituciones y
mecanismos ha tenido aplicación disímil pero no ha
dejado de afirmarse y desarrollarse con el paso del
tiempo. Existen, sin embargo, señalamientos
ineludibles frente a las distintas formas de
negacionismo, justificación de las matanzas y
resistencias a abordar y reconocer los horrores del
pasado.
Su recordación, como bien se ha señalado en estos días
en distintos actos y pronunciamientos, es por ello más
que el debido homenaje a las víctimas y mártires de
aquellos ominosos acontecimientos. Es también un
llamado de atención frente a las condiciones
propiciatorias de violaciones a los derechos humanos y
una manera de contribuir a que nunca más se repitan.
La recordación del genocidio armenio y el Holocausto
judío subraya el deber de rendir homenaje a las
víctimas como parte de la defensa de los derechos
humanos y la prevención de sus más graves violaciones.
FIN.

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Pry - Hacienda paga hoy indemnizaciones a grupo de victimas de la dictadura

Por Karin Saleb - 03/05/2007 - 14:15

El Ministerio de Hacienda, resolución mediante, empezó hoy a pagar a un total de 65 personas beneficiadas por Ley 838/96 que indemniza a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura. El total a ser desembolsado asciende a 6.500 millones de guaraníes y el listado de las personas beneficiadas se confeccionaron de acuerdo a las resoluciones dictadas y enviadas por la Defensoría del Pueblo. Esta vez cobran aquellas personas que posean hasta la Resolución 200/06.

En lo que va del año, el total de víctimas indemnizadas este año ya asciende a 165 y el total desembolsado en el 2007 en este concepto llega a 16.459 millones de guaraníes. Este total proviene de los recursos previstos en la Ley 3148 del Presupuesto General de la Nación del 2007.

Hasta el año pasado el Estado paraguayo había destinado un total de 69.430 millones de guaraníes a favor de las víctimas de la Dictadura. Los pagos se iniciaron en el 2004 cuando se desembolsó un total de 9.739 millones de guaraníes.

Es de recordar que después de 15 años de la caída de la Dictadura y ocho años de la promulgación de la Ley 838/06, el Gobierno actual es el primero que está indemnizando a las víctimas de la dictadura.

El Gobierno realiza un enorme esfuerzo para dar cumplimiento con la mencionada Ley y reconoce los derechos de las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos durante el período comprendido entre 1954 a 1989.

http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=26504

Las atrocidades de la dictadura de Stroessner darán a conocer en colegios

Desde este año los jóvenes estudiarán en los colegios las persecuciones y atropellos a los derechos humanos durante el régimen de Alfredo Stroessner. El contenido a ser implementado, en el tercer curso, nivel medio, se llama “El Autoritarismo en la Historia Reciente del Paraguay”. El objetivo es conocer el lado oscuro de la dictadura.

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). En los colegios los profesores del área de Ciencias Sociales enseñarán a sus alumnos los hechos de violencia, terrorismo de Estado, desapariciones y toda clase de atropellos a los derechos humanos que sufrieron los campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas y demás sectores que fueron perseguidos por sus ideales de libertad.

Los alumnos del tercer curso, nivel medio, estudiarán el contenido programático “El Autoritarismo en la Historia Reciente del Paraguay, desde 1954 hasta 1989”. La enseñanza en forma optativa comenzará en este segundo semestre.

El primer taller de consulta a los docentes del área de Ciencias Sociales sobre la metodología a ser implementada desde este segundo semestre tuvo lugar en el salón auditorio de la Gobernación de esta ciudad, epicentro del aparato represivo de la dictadura.

Judith Rolón, integrante de la Comisión de Verdad y Justicia, señaló que se tiene que enseñar a los jóvenes qué sucedió en el Paraguay durante la dictadura de Stroessner.

Añadió que “muchos piensan que en la dictadura se vivía mejor, que era la época de “paz y progreso”, pero no se conoce el lado oscuro como las persecuciones, detenciones arbitrarias y torturas que sufrieron los campesinos en Abraham Cue”, indicó.

Rolón explicó que la Comisión de Verdad y Justicia ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para que el contenido sea implementado en los colegios desde este año, en forma optativa y como contenido imprescindible desde 2008.

La Comisión de Verdad y Justicia va a proveer del contenido de tres módulos que abarcan la parte histórica a nivel internacional, los hechos de persecuciones en el contexto nacional y los testimonios de las víctimas.

Judith Rolón señaló que el emprendimiento cuenta con el apoyo del Gobierno suizo para desarrollar 12 jornadas de capacitación con profesores del área de sociales a nivel nacional.

Derechos humanos como materia
Por su parte, Juan Díaz Bordenave, miembro de comunicación y educación de la comisión, señaló que la finalidad es que los jóvenes conozcan lo que pasó en materia de derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Indicó que el taller es una consulta a los docentes sobre la metodología a ser implementada a los jóvenes. “Queremos saber cuál es la opinión de los docentes para implementar este contenido”, concluyó.

http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=327929&ABCDIGITAL=90bbc6206ee884658d4c197029275ba2

Desaparecidos durante la dictadura de Pinochet son homenajeados en Chile

"Testimonio Rieles de la Bahía de Quintero” es el nombre que lleva el monumento inaugurado en Chile en homenaje a los presos políticos de la dictadura militar de Pinochet. El proyecto museístico exhibe los restos de los rieles que eran amarrados a los cuerpos de los asesinados para que no flotaran y desaparecieran en el océano.

Chile inauguró el monumento "Testimonio Rieles de la Bahía de Quintero" en homenaje a los presos políticos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El acto de inauguración se realizó el pasado 5 de mayo en "Villa Grimaldi" un antiguo centro de torturas en Santiago de Chile, que funcionaba como una cárcel clandestina de la policía secreta de Pinochet, en la que desaparecieron al menos 350 personas.

El monumento, fue elaborado con rieles encontrados en las cercanías de la bahía de Quintero, a unos 140 kilómetros al noreste de la capital chilena, durante una de las investigaciones sobre los crímenes perpetrados durante la dictadura.

El chileno Juan Guzmán Tapia, un ex juez quien fuera el primer magistrado que procesara a Pinochet, explicó que los cuerpos de las personas asesinadas eran amarrados a los rieles y lanzados al mar.

Los rieles fueron donados por el juez, a la corporación por la paz "Villa Grimaldi", integrada por los sobrevivientes del centro de torturas, donde también estuvo detenida la actual presidenta del país andino, Michelle Bachelet.

"Indudablemente ver los rieles es algo muy doloroso, pero por otro lado también es algo que es fundamental si nosotros efectivamente queremos que todo esto que se vivió en Chile no se vuelva a repetir", dijo el presidente del Parque por la Paz "Villa Grimaldi", Rodrigo de Villar.

"Testimonio Rieles Bahía de Quintero" es un proyecto financiado por el Gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, cuyo titular es el ministro Belisario Velasco.

Los arquitectos a cargo del diseño del monumento, Juan Pablo Araya y Leonel Sandoval, explicaron a medios locales chilenos que la obra consiste en un cubo de unos cinco metros, revestido con láminas de cobre en el que aparecen testimonios acerca de la represión y la tortura.

"Testimonios Rieles de la Bahía de Quintero", es una representación del dolor que sufrió el pueblo chileno durante la férrea dictadura militar y un homenaje para las víctimas que combatieron por la libertad.

Arg - Solicitarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos

Los abogados de las organizaciones de Derechos Humanos, el jueves o viernes próximos, le pedirán al Fiscal Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que autorice la extracción de sangre de los familiares de los 11 santiagueños que son buscados en Tucumán, desaparecidos durante la dictadura. Desde Tucumán, los abogados de les hicieron llegar a sus pares de Santiago del Estero el listado con las once personas oriundas de esta provincia que fueron vistas en el ex arsenal, en donde se estima estuvieron en prisión alrededor de 1000 personas de las cuales 154 habrían sido ultimadas.

Se conoció el listado de santiagueños desaparecidos en Tucumán

El diario El Liberal de Santiago del Estero tuvo acceso al listado de las personas que habrían estado detenidas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Se estima que fueron ejecutadas y sus cuerpos enterrados en la localidad de Pozo de Vargas. Quienes se encuentran mencionados en los expedientes judiciales que tramitan en los tribunales federales de nuestra provincia son: Luis, Germán y Anabel Cantos Carrascosa (estudiantes secuestrados en 1976 y 1977); Armando Arquetti (docente universitario); Santiago Augusto Díaz (estudiante); Miguel Ángel y Gloria Susana Figueroa (secuestrados el 22 de junio del 76); Alfredo y Domingo Arévalo (oriundos de Los Juríes); Hugo Milcíades Concha (soldado) y Osvaldo Giribaldi.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34392

Arg - Vuelven a denunciar amenazas a magistrados que juzgan a represores

Esta vez la intimidación fue dirigida al juez que condenó a Etchecolatz y ahora debe juzgar a Von Wernich. Se trata del presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozansky, quien ya había sido amenazado en otras ocasiones. El viernes, determinó que el ex capellán policial sea trasladado a una prisión común.

El presidente del Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de La Plata que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz y que debe juzgar al ex capellán de la Policía Bonaerense, Cristian Von Wernich, fue amenazado telefónicamente, informaron fuentes judiciales.

Los voceros explicaron que se trata de Carlos Rozanski, que ayer a la madrugada "recibió al menos una decena de llamados intimidatorios a su teléfono particular", por lo que esta mañana radicó una denuncia ante el juzgado Federal de La Plata, a cargo de Manuel Humberto Blanco.

Las fuentes explicaron que se investiga si las amenazas provienen de un teléfono ubicado en el interior de alguna unidad penitenciaria y si tiene relación con la decisión adoptada el viernes de trasladar a Von Wernich a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

Esta es la segunda vez que amenazan a Rozanski, ya que el magistrado fue también víctima de una carta que le llegó el año pasado a varios jueces federales que participan en procesos penales por delitos cometidos en la dictadura.

En esa oportunidad se les advertía a los jueces que "se aparten de la investigación de estos hechos y que no hagan causa común con la política del gobierno nacional de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar".

Rozanski integra junto Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que en septiembre pasado condenó a reclusión perpetua por genocidio a Miguel Etchecolatz, el ex Director de Investigaciones y mano derecha del Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps.

El mismo tribunal es ahora el encargado de juzgar en audiencias orales y pública al ex capellán de la Policía, Cristian Von Wernich, acusado de siete homicidios y 41 casos de pirvación ilegal de la libertad y tormentos ocurridos en la dictadura.

El viernes pasado, el TOF 1 ordenó que Von Wernich, que se encontraba preso en el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la Federal, que sea trasladado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

En la resolución los magistrados explicaron que el lugar donde está alojado el ex sacerdote "no sólo no reúne los requisitos legales y de seguridad sino que además cuenta con prerrogativas netamente diferenciales respecto del resto de los detenidos a disposición de este Tribunal".

Los voceros dijeron la decisión se adoptó tras un informe incorporado a la causa el 25 de abril pasado en el que se señala que Von Wernich "ocupa un dormitorio con baño compartido en la dependencia policial".

Ante esa situación, ordenó que se "traslade en forma inmediata a Von Wernich a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal apropiada a su situación procesal y que resguarde debidamente su integridad psicofísica".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61449&id=148037&dis=1&sec=1

Película Madres

Arg - Dictamen del Procurador General de la Nación sobre la inconstitucionalidad de los indultos

El Dictamen del Procurador General de la Nación sobre la inconstitucionalidad de los indultos en el caso de la comisión de crímenes contra la humanidad está disponible ahora en la web en:

http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/riveros4.html

Belarus: 8 Years agoYury Zakharanka Disappeared

The former minister of Interior Affairs, Police general Yury ZAkharanka was abducted on May 7, 1999 in the evening not far from his house. The investigation of his disappearance by state investigation agencies was fruitless. Witnesses of the abdication, found by a public commission on search of the disappeared general, stated that Yury Zakharanka was seized and forcibly taken in a car by unknown people.

A few years before the abduction of Yury Zakharanka (Zakharenko) he was removed from the position of Interior Minister of Belarus. The firing of the officer respected by his colleagues was connected to his attitude towards president Lukashenka and his entourage. The most probable reason for Yury Zakharanka’s abduction was the work of the general aimed at creation of the Union of Officers, an organization not manageable by the authorities, which was to unite the higher officers of police and Armed Forces.

Investigators of the Prosecutor’s Office Petrushkevich and Sluchek, who were in charge of the case of Zakharanka had to seek asylum outside Belarus after discovering some facts, and later published sensational materials. These materials proved existence of death squads in Belarus. “Death squads” are a force structure placed beyond the law and created by the regime for neutralization of dissenters. Petrushkevich and Sluchek believe that it were death squads are in charge of Yury Zakharanka’s abduction.

A former Interior Minisetr Yury Sivakou, a commander of special forces Dzmitry Paulichenka, Interior Minister Uladzimir Navumau and Security Council Secretary Viktar Shejman are suspected of involvement in abduction of general Zakharanka. These officials are banned entry to the EU countries and the US.

Col - Principio de un hallazgo macabro

Lunes, 07 de Mayo de 2007
DESENTERRARON 211 CUERPOS ASESINADOS EN EL SUR COLOMBIANO
Principio de un hallazgo macabro

En todo Colombia se encontraron casi mil cadáveres de asesinados y puestos en fosas comunes por los paramilitares de ultraderecha. La fiscalía tiene documentación para dar con unas 10 mil víctimas.

Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Bogotá

Con los 211 cadáveres exhumados en Putumayo (sur), ya se encontraron casi 1000 cuerpos de desaparecidos en todo Colombia por parte de los paramilitares. En fincas y al borde de carreteras del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, fueron hallados 105 cadáveres en 56 fosas comunes, la mayoría de ellos desmembrados y con tiros en la cabeza. Los autores de los crímenes serían los paramilitares del Frente Sur del Putumayo de las Autodefensas, reducto el Bloque Central Bolívar. Según el informe judicial de la Comisión que desenterró los cuerpos este sábado y que se sumaron a otros 106 encontrados en las últimas semanas en la misma zona, el responsable de ordenar la mayoría de los crímenes es Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex comandante del Central Bolívar.

El grupo paramilitar ultraderechista llegó a la zona en 1999 para tomar el control del territorio, rico en cultivos de cocaína, hasta entonces dominado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Macaco está recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, Antioquia, junto a los demás ex jefes de los grupos paramilitares desmovilizados en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe y en el marco de la polémica y cuestionada Ley de Justicia y Paz, que les otorga beneficios jurídicos como el de pagar máximo ocho años de cárcel por crímenes como los de Putumayo.

Desde hace más de cuatro semanas, 14 fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y 14 funcionarios de criminalística de la Policía Judicial (Dijín) se encontraban en la zona recogiendo información y explorando los terrenos. “Con el trabajo de los investigadores se lograron exhumar 211 cuerpos en Putumayo, con los que son ya casi 1000 los cadáveres de desaparecidos encontrados en todo el país”, le informó a Página/12 el portavoz de la Fiscalía, Rodrigo Barrera.

Los hombres, mujeres y niños encontrados en Putumayo habrían sido asesinados por ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Quienes los señalaban recibían dos millones de pesos colombianos (unos mil dólares) de manos de Macaco y Arnolfo Santamaría Galindo, alias Pipa, el segundo al mando del Bloque. Estos y otros paramilitares interrogaban a los ciudadanos, en lugares apartados y boscosos, para después decidir si morían o no. “Por lo general, a quienes caían en sus manos les esperaba la muerte. (...) el cuerpo del supuesto colaborador de la guerrilla era desmembrado y enterrado para no dejar rastro alguno”, relata un documento de inteligencia de la Policía revelado ayer en el diario El País, de Cali.

El presidente Uribe dijo el sábado, en un consejo comunal en Pasto,ciudad al sur del país, que “estamos en la tarea de buscar a todos los compatriotas que se han denunciado en varias décadas como desaparecidos (...) para que por lo menos la tristeza no esté dentro de la incertidumbre”.

Entre los centenares de cadáveres de personas asesinadas por los grupos de autodefensa encontrados este fin de semana había algunos ecuatorianos. “Hay que advertir, en este momento, que parte de las víctimas eran extranjeros, en este caso ecuatorianos”, dijo el fiscal general de la Nación, Mario Igurán, en conferencia de prensa.

Rodrigo Barrera le explicó a este diario que sobre los extranjeros “no se sabe nada todavía. La identificación de los ecuatorianos será especialmente difícil pues no hay ayudas como la entrega de prendas u objetos que, comúnmente, aportan las familias de los desaparecidos”.

El próximo paso en la búsqueda por la verdad sobre los crímenes de los paramilitares en las veredas de El Placer, La Dorada, El Tigre y San Miguel, del municipio de La Hormiga, en el bajo Putumayo, será el de identificar los cuerpos que serán llevados a la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. La tarea se complica cuando los recursos de laboratorios son escasos en Colombia y la cantidad de restos a identificar va en aumento. Se calcula que podrían ser 3000 los cuerpos todavía enterrados en esa fosas comunes en esa zona del país, según el fiscal Igurán. “Por la gran cantidad de cuerpos encontrados y de los que se están buscando la identificación podría tomar mucho tiempo, pero se estima que pronto se dispondrán los recursos necesarios para agilizar el proceso”, comentó Rodrigo Barrera.

Ayer, Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, anunció que ante la magnitud de los hallazgos será necesaria la creación de un centro único de identificación de cadáveres, en Bogotá, y otros regionales que recibirían apoyo de organismos internacionales y de la embajada de Estados Unidos. González dijo también que las fosas se han encontrado gracias a informaciones de desmovilizados de las autodefensas, familiares de las víctimas y habitantes de la zona.

Más fosas que esconden el horror y la crueldad de los paramilitares están siendo buscadas en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Caldas y Córdoba. Son cerca de 10 mil los hombres y mujeres víctimas de los “paras” enterrados en fosas comunes, sobre los que la fiscalía tiene documentación. Fiscales, un antropólogo forense, un bacteriólogo, un topógrafo, criminalistas y funcionarios de apoyo viajan por el país en busca de más macabros hallazgos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-84600-2007-05-07.html

Arg - Cuando la plata no logra cicatrizar viejas heridas

En Buenos Aires, Solá propuso resarcir económicamente a los padres de los desaparecidos. Querellantes rosarinos creen que con eso no alcanza.

"Creo que los subsidios no aportan a la justicia y a la verdad, aportarán con respecto a los padres de los desaparecidos en la medida en que muchos de estos son muy ancianos y no tienen ningún tipo de recursos económicos y han gastado lo que han tenido en la búsqueda de sus hijos. Esta es una realidad contundente que no se puede negar, pero esto no resuelve la injusticia. Esto tiene que ver con lo que pasa posteriormente con la gente muy grande que ha dedicado su vida a la búsqueda de sus hijos y que no lo han logrado, y de alguna manera es un resarcimiento de gastos, no emocional, jurídico o político, tiene otro sentido -que puede ser aceptado o no- pero creo que lo que tiene sentido en esto es seguir en el planteo de que haya justicia", aseveró Rivero.

Así, aclaró que si bien no está en contra de que "estas personas que están en malas condiciones puedan tener, no un resarcimiento económico sino un recupero de lo que gastaron en la búsqueda de sus hijos, a esto hay que evaluarlo muy bien porque de nada valdría un subsidio vitalicio para personas que están muy bien económicamente y que tal vez a los gastos que hicieron por sus hijos los pudieron hacer cómodamente".

Diferente es el caso de aquellas familias "que no pudieron hacer todas las cosas y los pedidos porque muchas veces no tuvieron cómo hacerlo ni la plata para presentar un Recurso de Amparo, ni un Habeas Corpus, ni nada por el estilo", y acentuó: "Yo realmente no tengo oposición a esto, sí digo que no es la solución. La solución pasa por que haya justicia, que se sepa el paradero, que los desaparecidos aparezcan, que se sepan dónde están sus cadáveres, y que no haya más impunidad".

Uno de los aspectos que Rivero planteó como pendientes en el marco de la búsqueda de justicia a través de la memoria es el vinculado a la seguridad de los testigos. Así, aseguró que más allá de que a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hubo una reapertura de las causas, "en realidad, con una policía que no ha sido desmantelada de los cuadros represivos de aquella época, una policía que su escuela es represiva, no educativa, un gobierno que se cree que son los Maradona de la justicia y que en realidad sostienen esto a raja tabla, me parece que no ayuda a la seguridad de los querellantes" para denunciar los hechos cometidos durante ese período.

"En realidad -continuó- la justicia pasa por otros caminos. Pasa por una sociedad distinta, por un Estado diferente, por un pueblo expresado de distinta manera. O sea, creo que todavía no hay un estado de conciencia que resuelva el tema de la seguridad de nadie, porque en realidad nosotros pasamos de un Estado que era parte de la vida de cada uno de los ciudadanos a un Estado sin códigos donde la seguridad no existe para nadie, porque la sociedad se rompió, entonces hay que construir nuevas formas de ciudadanía desde la perspectiva de que esto crezca, se desarrolle, y crear lugares de contención para que los chicos puedan ir a la escuela, que hoy está destruida", y aclaró que si bien "a esto hay que cambiarlo, no hay ningún decreto que pueda hacerlo. Esto es un compromiso de todos de construir cosas nuevas".

Otro de los aspectos que planteó fue el concepto de libertad. "Todos los ciudadanos tenemos derecho a salud, vivienda, educación, pero para eso tenemos que tener libertad. Y la libertad no es estar suelto, sino que es sentirse plenamente en el colectivo. En el marco de los derechos humanos a estas cosas hay que plantearlas así. Estas cuestiones que hacen a las personas son anteriores a las normativas. Estoy convencido de que para construir hay que sacrificar muchísimas cosas, pero en el sacrificio con la comprensión del fenómeno de los tiempos a vivir está la libertad, está la justicia, y está la paz. No va a haber nunca paz sino es en ese plano".

Al respecto, destacó como uno de los ejes fundamentales al trabajo. "Creo que el trabajo dignifica si responde a las necesidades de los individuos. El trabajo mal pago, el trabajo de la prepotencia, el trabajo de la injusticia y la explotación, el trabajo de los grandes centros de producción del mundo no produce equidad", disparó, y remarcó que "hay una cuestión central que es la estructura represiva y política del mundo, el terrorismo estructural en el mundo pasa por Estado Unidos e Inglaterra".

Así, volviendo a los modos para cambiar esto, explicó que "no podemos pedir al presidente que resuelva el tema de los derechos humanos porque no está en él, no depende de él y no va a poder hacerlo si no estamos nosotros. Este es un tema que tiene que planteárselo cada uno, así como en la economía y en las formas de gobierno. Entonces la memoria tiene que ver con eso. La memoria tiene que rescatar, tiene que ser una máquina de expresar cosas hacia el futuro para que no nos pase más, para no cometer errores, pero también para construir las cosas en un marco nuevo".

Informe: Paula Kearney.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-8438-2007-05-07.html

Hallaron fosas comunes con más de 200 cadáveres en Colombia y se sospecha de los paramilitares

Bogotá informó que aún no se ha culminado con el proceso de excavación en la zona por lo que no se descarta que se encuentren nuevos restos humanos. Se presume que podría haber tres mil cuerpos más.

El gobierno de Colombia informó ayer que más de 200 cadáveres fueron hallados en fosas comunes removidas en el departamento colombiano de Putumayo, en la zona fronteriza con Ecuador, donde la justicia estima habría indicios sobre otros 3.000 cuerpos enterrados.

El ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín, informó del hallazgo de fosas comunes con al menos 200 cadáveres en el selvático departamento de Putumayo, e indicó que aún no se ha culminado el proceso de excavación en la zona por lo que no se descarta que se hallen nuevos restos humanos.

Entre esas estimaciones, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, afirmó también ayer que se tienen indicios de que hay "por lo menos 3.000 cadáveres" enterrados en fosas comunes en el mismo departamento del sur fronterizo.

"Estamos convencidos de que hay más fosas", afirmó Iguarán al presentar el resultado de excavaciones que terminaron el viernes, por las cuales se encontraron 105 cadáveres, que se sumaron a otros 106 hallados los días previos.

Varios de esos cadáveres corresponden a ciudadanos ecuatorianos, dijo Iguarán, basado en testimonios de vecinos de la región y de familiares de varios desaparecidos.

Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, afirmó que ya han sido plenamente identificado el 30 por ciento de los cadáveres y que tienen información para procesar "por varios meses".

Los víctimas habrían sido asesinadas por grupos paramilitares entre 1999 y 2000 cuando hubo crudos enfrentamientos para ganarle el dominio territorial al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Fiscalía y la policía judicial (Dijin) vienen realizando esta operación hace cuatro semanas y han localizado una serie de fosas en los municipios de La Hormiga, San Miguel y La Dorada, en base a las confesiones de paramilitares desmovilizados.

El descubrimiento de las fosas se logró gracias a la información que suministraron los confesos ultraderechistas detenidos, que buscan ampararse bajo la cuestionada ley de Justicia y Paz que acordaron organizaciones paramilitares con el gobierno de Alvaro Uribe.

"No deja uno de horrorizarse y sorprenderse de cuanta crueldad hubo en esta guerra", expresó Holguín en declaraciones periodísticas reproducidas por las agencias Ansa y Dpa, al informar el hallazgo de 211 cuerpos.

Los cadáveres encontrados corresponden a campesinos y personas que los ultraderechistas asesinaron "en su insaciable afán para apoderarse del territorio para ponerlo al servicio del narcotráfico", dijo Holguín.

También habría cuerpos de algunos combatientes de grupos guerrilleros y paramilitares.

"Para nadie es un secreto que estas masacres son el producto de una lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las desarmadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el dominio de ese territorio que era de dominio durante 1999 de la guerrilla", agregó.

Las AUC iniciaron el 1 de julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano, en el marco de las cuales se desarmaron unos 31.000 hombres, y aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

Hace diez días, la justicia colombiana halló en una fosa común 78 cadáveres de personas asesinadas por paramilitares en un área rural del municipio sureño de Mapiripán, y se estima que los cuerpos allí enterrados podrían ascender a 400.

De acuerdo con las autoridades, la ubicación exacta de los cadáveres en el departamento de Meta se logró en base a las declaraciones que realizó el desmovilizado jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias "Jorge pirata", ante la justicia.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61312&id=147840&sec=1&dis=1

Phl - 'Disappeared' Activist Lives to Tell Her Tale

Stella Gonzales

MANILA, May 4 (IPS) - Lourdes Rubrico could easily have been an added statistic to the growing list of Filipino activists who have been abducted by suspected agents of the government and were never heard of again

Rubrico fits the profile of scores of people listed as 'disappeared'. She was an active urban poor community leader and had been involved in community organising for the past two decades. On April 3, the 63-year-old was abducted by what human rights groups believe were military men. A frantic search for her and requests for police assistance yielded negative results. Her case was listed by rights groups as one of "enforced disappearance".

Then seven days later, she was released unharmed by her captors for reasons still unclear to her. Her abduction, however, was just a portent of the ordeal that she and her family would be going through.

On Apr. 23, days after Rubrico talked to the media about her abduction and after she filed a formal complaint, a group of hooded men in camouflage uniforms and armed with handguns scoured the neighbourhood searching for her daughter. (During her captivity, Rubrico's captors had threatened her that they would go after one of her four children if something went wrong.)

Rubrico and her children now fear for their lives. They cannot go home and are on the run from people trying to hunt them down. "We are like wild boars. We are forced to hide," Rubrico told IPS in an interview in a coffee shop in a crowded mall in Metro Manila.

In her account, Rubrico had just attended a "pabasa" (a traditional reading of the Passion of Christ that is held during Lent) on the afternoon of Apr. 3 and was resting in a shelter in Dasmariñas town, Cavite province just south of Manila when three men in plainclothes alighted from a van. The men, who claimed to be agents of the National Bureau of Investigation, said they were "inviting" Rubrico for questioning. They had no identification cards and could not present an arrest warrant when Rubrico demanded one.

They forced Rubrico into their van and then blindfolded her. One of the men apologised and told her they were just doing their job. Another assured her there was nothing to worry about: "We will not harm you."

After a journey of about four hours, Rubrico was told to get off the vehicle. "I was frightened. I thought they were going to kill me. They were taking me to a grassy place. I could feel the grass under my feet as I walked," Rubrico told IPS. Her captors took her to a room and then removed her blindfold. Someone greeted her: "Welcome, Nay Ude." (Nay Ude is Rubrico's nickname. Nay is short for "nanay," or mother.) One man, who would be her principal interrogator for the days to come, accused her of being a member of the communist New People's Army (NPA). But she answered back that she was too old to be a member of the NPA.

"I am only the president of an organisation," she told him. The man said her organisation would not have lasted long without the backing of the NPA. Then he rattled off names and showed her pictures of people, but Rubrico said she did not know any of them. "Our organisation is even registered with the Securities and Exchange Commission," she said, referring to her group Ugnayan ng mga Maralita sa Gawa at Adhika (Association of the Poor in Action and Aspiration). "They even know of us at the (Damariñas) municipal hall."

The interrogation went on for seven days, Rubrico said. Her captors allowed her to rest and gave her food because, they told her, they did not want to be accused of violating her human rights. They also gave her a change of clothes and told her to take a bath.

In the meantime, Rubrico's son, who was searching for her, was told by the local police not to worry about his mother. He told IPS that one police officer even assured him that his mother had been clothes, slippers and anti-asthma medicine. This bolstered the family's belief that the police had knowledge about the military-led abduction.

Rubrico said there were times when her captors would argue about what they should do to her. Some said they should just dig a grave and kill her, but others were insistent that she was a good person and should not be harmed. On the seventh day of her captivity, they offered Rubrico a deal: she would be released if she agreed to become their "asset" (informer). They gave her a document to sign and took her picture with a sign identifying her as "deputy secretary general urban committee," (apparently of the NPA). When Rubrico protested, her captors told her to take it easy: "We just want a remembrance."

Finally, they left her alone in the room and told her to rest. Rubrico said the room appeared to be an office. It had a table and two chairs. There was a window near the ceiling and she could see trees outside. There were times when she could hear children's voices, planes and vehicles.

Sensing that her captors outside the room were asleep, Rubrico rifled through the drawers. She deduced from documents she found that she was being held at the Fernando Air Force Base in Batangas province. (This would become the basis of her complaint later.) It was dark when Rubrico was once more blindfolded and then taken to a vehicle by her captors. They dropped her off outside a mall in Cavite and gave her 200 pesos (four US dollars) for her fare home.

Rubrico said she does not know why her captors spared her life. But during her interrogation, she said, she kept telling them about the Bill of Rights. She said she was also insistent that her organisation was legally recognised and that its members go through the legal process when fighting for their rights.

Several times she asked them when they planned to release her. "I know that when you abduct people, you kill them," she had told them. "So when do you plan to kill me?" But her captors would tell her that they would not kill her because they, too, have mothers.

When IPS interviewed Rubrico a few days after armed men went to their neighbourhood to search for her daughter, there was rage in the urban poor leader's eyes. "I am angry because I know we won't win the case," she said, referring to a complaint she filed on April 20 against her abductors before the military ombudsman.

After being released, Rubrico did not seek police assistance because she believes they colluded with her military captors.

Just after Rubrico's abduction, one daughter and two other eyewitnesses were brought by policemen to an isolated place where a police sketch artist supposedly lived. The three, fearing they might be liquidated instead, sent mobile phone text messages to their families and friends who were able to take the witnesses back from the police.

And on the night she was released, Rubrico said, their vehicle was stopped at three checkpoints but her captors merely paid off those who were manning them. "We have nobody to run to, not even the police," Rubrico said.

The human rights group Families of Desaperecidos for Justice said "the motive, the resources, and the manner by which (Rubrico) was abducted, interrogated and illegally detained, all point to the military as the perpetrators." It called on the government to surface all those who have been abducted, believing that many are being detained, interrogated and tortured in military camps, detachments and so-called safe houses. It said most of the victims were activists and supporters of groups which the government of President Gloria Arroyo had marked as "enemies of the state''.

According to the rights group Families of Victims of Involuntary Disappearances (FIND), there have been 188 cases of "disappearances" in the country since 2001, the year Arroyo assumed the presidency. Of this figure, 81 have surfaced alive while 17 were found dead. The rest are still missing. (END/2007)

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=37615

Ecuador founds truth commission to investigate human rights violations

By Gonzalo Solano
ASSOCIATED PRESS

6:38 p.m. May 4, 2007

QUITO, Ecuador – Ecuador's new leftist government has set up a truth commission to investigate alleged human rights abuses committed over the last 27 years, particularly during the right-wing administration of former President Leon Febres Cordero.

President Rafael Correa said Thursday that the four-member commission – composed of a lawyer, two human rights activists and the father of two brothers who disappeared at the end of Febres Cordero's 1984-1988 government – is intended to “halt impunity.”

Pedro Restrepo's two sons disappeared in January 1988 and are believed to have been killed by police, who mistook them for Colombian guerrillas. Their bodies were never found.

Interior Minister Gustavo Larrea said the human rights of “hundreds of citizens were systematically violated.”

Larrea said there have been 327 cases of political assassinations, torture and disappearances that have gone unpunished.

The commission will have nine months to present a report, with a possible extension of three months.

The Ecuadorean panel will follow others in Guatemala, Peru and Chile that have belatedly tried to reconcile the fates of thousands who disappeared in Latin America's so-called dirty wars. Colombia in 2000 created the National Commission for the Seeking of Disappeared People and authorized it to build a “unified registry” of the missing in its ongoing conflict.

Members of the Ecuadorean victims' families and human rights groups accuse the 76-year-old Febres Cordero, for decades a dominant figure in Ecuadorean politics, of ordering political killings during his government. He has strongly denied the accusations.

He ordered police to crush a small leftist urban guerrilla group Alvaro Vive, which took up arms during his government. The violence claimed the lives of a dozen or so people, including the rebels' leader, a former university student who his family charges was killed after being arrested.

In a news conference from the port city of Guayaquil on Friday, Febres Cordero accused Correa of forming “a tribunal of the Inquisition” and said his political enemies want to try him “for having fought terrorism.”

He called Correa “a totalitarian” who has revealed himself to Ecuadoreans.

“I've never run, nor will I run,” the leader said, denying he planned to flee the country.

Febres Cordero resigned from Congress in January and retired from politics due to poor health.

UK - Death certificates to be issued to the families of the Disappeared victims

Hain move to ease suffering of relatives

Saturday, May 05, 2007

By Sam Lister

New laws are being brought in to help ease the decades of misery suffered by the families of the Disappeared.

Northern Secretary Peter Hain yesterday pledged to introduce legislation allowing death certificates to be issued in cases where bodies of suspected IRA victims have never been found.

Nine victims, all believed to have been abducted, murdered and secretly buried, have never been discovered.

Mr Hain said: "For the families of those whose remains cannot be located, the fact remains that without a body being found it is not possible, under the law as it stands for the deaths to be registered and a certificate issued.

"The families have expressed the view to NIO ministers that having a death certificate would bring great comfort to them.

"While I am pleased that the efforts to locate the bodies of the Disappeared are encouraging and continuing, I am of the view that something should be done to help the families obtain some measure of closure.

"The Government has produced proposals for new legislation which would allow the deaths, not only of the Disappeared but other people who have been missing for as long as seven years, to be registered and death certificates issued."

The IRA apologised to the families of the Disappeared in 2003 after the remains of Belfast woman Jean McConville were discovered on a beach in the Republic.

She had been murdered by the IRA and secretly buried during the 1970s.

Since May 1999 the remains of five of the 14 have been recovered.

DUP leader Ian Paisley intervened on behalf of the McVeigh family to demand that their missing son Columba's body was returned.

He said: "This is a welcome step forward in helping to resolve some of the practical matters impacting on the relatives of these victims. I have taken a deep personal interest in the plight of the Disappeared. This cannot however be considered an end point for Government.

"I will not allow Government or others to have these families considered out of sight and out of mind.

"There can be no let up in our determination to bring resolution on this matter.

"I have raised this issue at talks with Government, the Irish government and with Sinn Fein and will continue to press for the needs of the families of the Disappeared to be met.

"I have not yet been convinced that Government and their counterparts in the Irish Republic have done every last thing they can to bring the maximum pressure to bear on those who may have knowledge of the whereabouts of these victims.

"As the new administration is established at Stormont, the needs of innocent victims of terrorism must remain a key priority for all of us."

The measures will be taken forward by the incoming Assembly and Executive, which will set the timescale for their introduction.

Mr Hain revealed DUP deputy leader Peter Robinson - who will become the new finance and personnel minister on Tuesday when devolution returns - had agreed that work on the proposals would proceed under his direction and that the legislation would be taken forward by the incoming Assembly and power-sharing government.

He added: "The new Minister of Finance & Personnel has agreed that work on these proposals will proceed under his direction, with the restored Executive taking forward the necessary legislation in its programme for the coming year."

The new law is expected to be modelled on the Presumption Of Death (Scotland) Act 1977, which allows families to apply to a court for a declaration that the missing person may be presumed to be dead after seven years.

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/article2514776.ece

Arg - Represor Riveros: "No hubo desaparecidos sino terroristas aniquilados"

Lo aseguró el ex general en una carta que envió al jefe del Ejército, Roberto Bendini, Hoy, el procurador Righi avaló varios fallos que dictan la inconstitucionalidad de los indultos que habían beneficiado, entre otros, a Riveros

El represor Santiago Riveros, cuyo indulto consideró hoy inconstitucional el Procurador General Esteban Righi, fue un ferviente defensor de la actuación de las fuerzas militares durante la última dictadura.

En el marco de lo que llamó "la guerra contra el terrorismo" que buscó "derrocar al enemigo", Riveros dijo que"no hubo desaparecidos sino terroristas aniquilados".

Incluso, en diciembre de 2004 Riveros -entonces detenido- le escribió una carta al jefe del Ejército, Roberto Bendini, en la que justificó sus acciones "con una orden de servicio dada inicialmente por un gobierno constitucional".

"Si ese es el precio por haber participado en una guerra justa en la cual se derrotó a un enemigo que pretendía imponer un orden basado en el terror, lo acepto con cristiana serenidad, haciendo honor a la lealtad que le debo al Ejército al cual serví toda mi vida", dijo allí.

Y resaltó que "luego de transcurridos más de veinte años de concluido el enfrentamiento armado y destruida la documentación con la cual podría probar las órdenes que recibiera, las que impartiera y las operaciones realizadas con sus resultados, sólo queda la memoria de quienes participamos en dicha confrontación como elemento contribuyente al conocimiento de la verdad de lo acaecido".

"No ha habido desaparecidos sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria que por tal fue irregular", aseguró.

Bajo el mando de Riveros estuvieron el Colegio Militar en "El Palomar", las escuelas Superior de Guerra, Superior Técnica y de Inteligencia del Ejército en la Capital Federal; las escuelas de Infantería, de Caballería, de Artillería, de Ingenieros y de Comunicaciones en Campo de Mayo; entre otras.

El 21 de mayo de 1976 se creó la Zona de Defensa IV y le fue adjudicado su comando a Riveros, con poder sobre una vasta jurisdicción territorial y operativa.

Fuente: DyN

http://www.perfil.com/contenidos/2007/05/04/noticia_0059.html

Arg - Von Wernich, preso común

El Tribunal Oral de La Plata que juzgará a Christian Federico von Wernich por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, ordenó que el ex capellán de la Policía Bonaerense sea trasladado a una cárcel común. Los jueces tomaron la decisión tras constatar que el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la Federal donde está el acusado “no reúne los requisitos legales y de seguridad”. Criticaron además que el acusado gozara allí de “prerrogativas netamente diferenciales respecto del resto de los detenidos”.

La resolución lleva las firmas de Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isarraulde, quienes serán los encargados de juzgar al sacerdote en las audiencias orales.

Von Wernich, quien se desempeñó bajo la órbita del ex jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, está detenido desde septiembre de 2003 por orden del juez federal Arnaldo Corazza, acusado de participar en siete homicidios y 41 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman, el director de La Opinión.

Para fundamentar la acusación contra el ex sacerdote, el fiscal Sergio Franco evaluó decenas de testimonios recepcionados en el Juicio por la Verdad, que desde 1998 se sigue en La Plata y otros efectuados ante la Conadep. Según esos testimonios, Von Wernich fue visto en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría quinta de La Plata, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Puesto Vasco, el denominado COTI de Martínez y la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

En el pedido de elevación a juicio se le imputó a Von Wernich la coautoría de los homicidios calificados de Domingo Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Cecilia Idiart, María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone.

El fiscal sostuvo que “Von Wernich concurría asiduamente a algunos de los centros clandestinos del circuito Camps, accedía a las zonas en las que se encontraban ilegalmente privadas de su libertad las víctimas y mantenía contacto directo con ellas”. Con sus acciones, agregó Franco, “realizaba más que considerables aportes para mantener esa situación e imponía tormentos principalmente psicológicos y morales a los prisioneros que, conjugados con las condiciones torturantes de detención y los padecimientos físicos, constituían un cuadro decididamente horroroso”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/84523-27139-2007-05-05.html

Arg- Dictamen del Procurador sobre la Constitucionalidad del Indulto

El último velo de la impunidad

Esteban Righi consideró que el indulto dictado por el ex presidente Carlos Menem en favor del general Santiago Omar Riveros es “inconstitucional”. Será el caso testigo para que la Corte Suprema se pronuncie en el mismo sentido.

Por Irina Hauser

Ahora sí: la Corte Suprema ya tiene lo que le faltaba para poder anular los indultos a represores que concedió Carlos Menem. El alto tribunal estaba esperando la opinión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien finalmente la dio a conocer ayer, con un dictamen que propone declarar la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales que impidieron juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. La resolución se refiere al ex general Santiago Omar Riveros en la causa sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo. Será el caso testigo con el que los jueces supremos terminarán de derribar el manto de impunidad que se tejió en democracia.

“No es posible olvidar que ya al momento del dictado de los indultos éstos eran inconstitucionales”, advierte el procurador. Eso era así, explica, porque la Constitución Nacional “contiene de suyo la prohibición de amnistiar los delitos cometidos en el ejercicio de facultades extraordinarias o de la suma del poder público”. Esta ley –especifica– “pretende” evitar “la lesión de las vidas, el honor y las fortunas de los argentinos”. Righi reconoce al indulto como una facultad presidencial, pero que tiene importantes restricciones que surgen del propio derecho argentino. Hay crímenes, los de lesa humanidad, que no caben en el universo del perdón, alega.

El dictamen del jurista estaba al mediodía de ayer en los escritorios de los siete jueces de la Corte, pero no todos lo leyeron. El tema forma parte de la agenda de prioridades del tribunal, aunque todavía no fijó una fecha. Entre Sus Señorías ya hay consenso para anular los indultos que beneficiaron a represores y cerrar así un ciclo de fallos que pusieron de relieve el carácter imprescriptible de los crímenes dictatoriales y que tuvieron como hito previo, en 2005, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Riveros integró la primera tanda de indultos que concedió Menem a través del decreto 1002/89, que benefició a cerca de cuarenta represores y que va camino a caer definitivamente. Entre 1975 y 1978, este militar fue comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. Allí funcionó un centro de exterminio que, se estima, fue el que más detenidos albergó durante el terrorismo de Estado y el que menos sobrevivientes tuvo. Fue, además, sede de numerosos partos clandestinos. Mientras gozaba del amparo del perdón presidencial, el ex general evitó que lo juzguen por las desapariciones, pero fue procesado por apropiación de menores nacidos en cautiverio.

La nulidad de las leyes de impunidad permitió la reapertura de la causa sobre Campo de Mayo, a cargo del juez de San Martín Alberto Suares Araujo. En 2006 la Sala II de la Cámara de Casación Penal anuló el indulto a Riveros. Este año quedó detenido, aunque con arresto domiciliario. Un grupo de querellantes le reclamó al máximo tribunal que invalidara también el decreto de Menem. Como acostumbra hacer en los fallos con impacto institucional, la Corte le pidió al procurador que se pronunciara.

Así como parte de los fundamentos de Righi se apoyan en las normas locales, otro tanto se basa en el derecho internacional. Recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada por Argentina en 1984, antes de los indultos. Esto implicaba para el país la adopción de los criterios fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Ambos organismos reprobaron los decretos que favorecieron a represores.

El tribunal internacional, repasa el procurador, señaló en varios fallos (de aplicación obligatoria) la prohibición de toda medida que impida que se juzguen los “crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones”. Las violaciones a los derechos humanos “tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”, definió esa Corte, no son amnistiables. Y algo más que está vedado, destacó Righi, es “la invocación de la cosa juzgada”, un recurso al que suelen apelar religiosamente para defenderse los militares, civiles y miembros de fuerzas de seguridad acusados de crímenes aberrantes. Así lo hizo Riveros, quien incluso aventuró que los crímenes que se le atribuyen son delitos comunes.

Righi señala que existe una protección universal de los derechos humanos y allí donde su violación está en juego no tiene cabida el concepto de “cosa juzgada”. Más allá de eso, aclaró, hay hechos para los que no existe “cosa juzgada” simplemente porque no habían sido identificados e investigados antes del indulto.

Hubo dos factores que le dieron al procurador el empujón decisivo para que firmara el dictamen. Uno fue el fallo con que la Cámara Federal anuló la semana pasada los indultos a los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera en un expediente de fuerte significado histórico, el del Juicio a las Juntas. El reciente fallo los obliga a completar la pena de cadena perpetua que recibieron en 1985. También influye el reclamo del Gobierno para que haya más celeridad en los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado. En este punto, varios jueces de la Corte dejaron trascender: “No nos van a condicionar los tiempos políticos”. Aun así, es probable que el máximo tribunal intente que su futuro fallo no se superponga con el fragor de las elecciones.

En el máximo tribunal es casi cantado que el único juez que avalaría los indultos (como una facultad presidencial absoluta) sería Carlos Fayt, como ya lo hizo a comienzos de los noventa. El resto estaría dispuesto a seguir, cada quien con su pluma personal, la misma línea de Righi, quien sostuvo sin vueltas que el decreto que indultó a Riveros “está viciado de nulidad”. “La persecución (penal) y, en su caso, la sanción de los crímenes de lesa humanidad se ha erigido en una obligación internacional”, reforzó el procurador. Esto quiere decir que para todos los represores deberá haber juicios que empiecen y lleguen a una sentencia, algo por lo que luchan históricamente los organismos de derechos humanos. Quiere decir que pronto caerá la trama que amparó a los genocidas y se volverá efectivo el derecho de los familiares de los desaparecidos y las víctimas de la dictadura a conocer la verdad.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-84523.html

Aministía realizó una jornada en Roma sobre los desaparecidos de Argentina

03/05/2007 - Política
Aministía realizó una jornada en Roma sobre los desaparecidos de Argentina

Amnistía Internacional organizó hoy en Roma una jornada dedicada al tema de los desaparecidos de la última dictadura militar argentina, en coincidencia con el estreno en Italia del filme "Crónica de una fuga", dirigida por Adrián Caetano.

"Argentina para no olvidar"

Junto a la distribuidora cinematográfica local Fandango, Amnistía Internacional organizó la jornada en la casa del Cine de Roma bajo el título "Argentina: para no olvidar".

El filme "escandalosamente ha sido prohibido para menores de 14 años cuando justamente son los jóvenes de todas las edades los que deben ver la película", declaró el distribuidor Domenico Procacci, durante la presentación a la prensa italiana de "Crónica de una fuga".

La prohibición, por ejemplo, impedirá que el filme sea proyectado en las escuelas del país, informó ANSA.

"Crónica de una Fuga", presentada en el Festival de Cannes del año pasado, cuenta la historia de cuatro desaparecidos que logran fugarse de un centro clandestino de detención.

Durante la jornada además se proyectaron dos documentales, "Argentina 1978: el triunfo y el terror" y "Noi che siamo vive", de Daniele Cini.

La primera cinta será difundida por el canal temático History Channel el 5 de mayo, y el segundo, de media hora, forma parte de un largometraje, "Tanos", que Cini está realizando sobre la comunidad italiana en Argentina.

El documental argentino centra su atención en 1978, año en el que la dictadura usufructuó el Campeonato Mundial de fútbol ganado por ese país y a la alegría popular opone el dolor de la gente afectada por la represión.

El italiano muestra las diferentes etapas del proceso celebrado en Roma contra siete represores de la Escuela de la Mecánica de la Armada (ESMA), donde se torturó y se mató a casi 5.000 opositores, en su mayoría jóvenes que luchaban por sus ideales.

Las protagonistas de "Noi che siamo vive" es un grupo de mujeres que salieron vivas de la ESMA y madres de desaparecidas, entre ellas Vera Vigevani Jarach, presente durante la proyección.

"Lo importante es no olvidar. Yo trato de proyectar la memoria en el futuro porque si bien ésta no es una garantía, por lo menos da la esperanza de que no todo tiene necesariamente que volver a repetirse", explicó Vigevani Jarach.

"Lo peor es la indiferencia, que era lo que sentíamos durante los primeros años de la dictadura, y la gente nos miraba como si fuéramos locas o seguía de largo", dijo Vigevani Jarach, quien cita siempre el lema que le escribió una estudiante turinesa: "No ser nunca indiferente ni pasiva ante la injusticia".

http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=456

Uru - Ex dictador Gregorio Alvarez declaró en juzgado por desaparecidos

El ex dictador y ex jefe del Ejército, Gregorio Alvarez, compareció hoy ante un Juzgado Penal para declarar en la investigación por el traslado de un grupo de detenidos desde Argentina y que desaparecieron en Uruguay a finales de 1976.

Anteriormente comparecieron ante la justicia otros militares, entre ellos el actual Jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, quien a mediados de 1976 fue piloto de un primer vuelo que también trajo a Uruguay a detenidos desde Buenos Aires, pero que luego fueron liberados.

Alvarez, de 81 años, considerado el principal ideólogo del régimen militar que gobernó Uruguay en la década de los setenta hasta 1984, manifestó estar tranquilo al llegar al juzgado para declarar.

Tras prestar declaración ante el juez Luis Charles, la fiscal Mirtha Guianze, dijo a los periodistas que Alvarez 'no aportó ningún dato relevante para la investigación'.

Según la fiscal, el ex dictador 'no tenía idea de los vuelos', que trasladaban uruguayos desde Argentina, además de 'no aportar ningún dato de importancia', para la causa.

Guianze afirmó también que en el interrogatorio el ex dictador había dicho que no tenía conocimiento de un 'Segundo Vuelo' y agregó que ignoraba la existencia de desaparecidos.

La justicia trabaja sobre la existencia de este 'Segundo Vuelo', descubierto hace poco, después que en el primero no se produjeran desapariciones.

En este segundo viaje se trajeron a unos 30 detenidos desde Argentina que desaparecieron y se cree que fueron asesinados en cuarteles uruguayos.

Las operaciones conjuntas contra los izquierdistas se desarrollaban dentro del denominado 'Plan Cóndor', de las dictaduras del Cono Sur de la época.

Alvarez deberá también concurrir otra vez ante la justicia el próximo 22 de mayo, pero ante el juez Sergio Torres, que investiga la muerte del militante del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) Roberto Luzardo, ocurrida en el Hospital Militar en el año 1973.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/ex_gregorio_alvarez_1549751.htm

Arg - 400 desaparecidas, ¿algo habrán hecho?

Según la Organización Internacional para las Migraciones,
ese es el número de mujeres desaparecidas en 2006. De muchas se supone que están sometidas a explotación sexual ¿por qué este número no espanta?

¿Dónde están?

Supuestas tradiciones que no se discuten —como llamar a la prostitución el oficio más viejo del mundo—, flujos de dinero que se toleran como un mal menor —de los prostíbulos sale parte de la caja chica de la policía—, más la complicidad de funcionarios en las redes de trata de personas con fines de explotación sexual hacen que un número tan contundente como el que cuenta a las mujeres desaparecidas en el último año sea invisible.

Por Luciana Peker y Roxana Sandá

“Aparición con vida de las mujeres secuestradas y desaparecidas por las redes de prostitución”, reclamaron, ayer, 3 de mayo, en la Plaza de los Dos Congresos, la Red No a la Trata, la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas y la ONG Mujeres Trabajando, entre otras organizaciones. La palabra desaparecidas y la consigna de aparición con vida cargan con tanto dolor y tanto peso que la necesidad de usar esas consignas demuestran la necesidad de apelar a palabras claras para que se entienda que, en la Argentina del Siglo XXI, hay esclavitud sexual de mujeres que permanecen secuestradas (sin DNI, dinero, ni vías de comunicación), torturadas (física, emocional y mentalmente) y obligadas (sin libertad, elección, autonomía, ni escapatoria), a tener relaciones sexuales con clientes de prostíbulos de los cuales no se pueden ir, ni hablar por teléfono, ni pedir ayuda y que cuentan —generalmente— con impunidad (judicial, policial o política) para funcionar.

Sin embargo, las denuncias de desapariciones todavía no han generado ni sismos institucionales ni conmoción en la opinión pública (que es lo que, la mayoría de las veces, provoca sismos institucionales) como el asesinato de María Soledad Morales, en Catamarca, o el crimen de Leyla Nazar y Patricia Villalba, en Santiago del Estero. “Es difícil admitir que hay secuestros de mujeres de manera permanente en un momento electoral y con autoridades provinciales que, seguramente, quedarían implicadas”, señala una investigadora de trata que prefiere conservar su identidad. La historiadora Fernanda Gil Lozano es categórica: “Hay un Estado que es terrorista sexual, aunque no intervenga directamente, por el silencio que impone. El dinero que maneja la red de trata cierra todas las bocas del aparato político”, remarca. Una boca que la Justicia no abre. Por complicidad o miedo. Mirta Guarino es actualmente jueza de menores de Moreno. Pero, cuando se desempeñaba como magistrada de Tres Arroyos, desarticuló una red de prostitución infantil que le costó un llamativo accidente automovilístico. Ella destaca: “Si existen estos espacios donde se obliga a las jóvenes a prostituirse es porque alguien gana dinero, paga favores, y compra silencios... Este drama devela tramas siniestros que generan mucho miedo porque el accionar que tienen estos grupos es a través del terror. Además muchos funcionarios (no solamente policiales, también judiciales) son usuarios del sistema de prostitución”. Hay algo más allá de la corrupción que habla de la sociedad argentina que no habla del secuestro de mujeres. Y es la palabra prostitución. La periodista Marta Vasallo opina sobre los prejuicios que arrinconan la trata en el mito del oficio más viejo del mundo: “La opinión pública más extendida es que siempre hubo prostitución, por algo será, no va a dejar de haber. Y, por eso, las chicas son siempre sospechadas de connivencia con sus explotadores”, subraya.

EL SUBCO

—Hola, comisaría Octava.

—Sí, campeón. ¿Ya está C. (da nombre y apellido)?

—A ver... un momento. ¿Quién habla?

—A, de... (menciona un cabaret).

—¿Cómo anda, señor A?

—¿Quién habla ahí?

—V. habla acá. A ver esperá... (consulta). Está el subco, A.

—Ah... ¿Sabés qué?, yo tengo que llevar una chica para fichar.

—¿Cómo está?

—Está rebuena.

—Uy, ¡qué los parió! Esperá, A. Le preguntamos al subco... le están preguntando. ¿Todo al pelo, por allá?

—Sí, todo muy tranquilo... acá estoy acostado con las chicas.

—Qué envidia que te tengo. ¿Cómo es que estás acostado con las chicas?

—Saluden, chicas... (se oyen voces femeninas saludando).

—(Se ríe) ¿Y de dónde es la piba esta nueva?

—De La Pampa.

—¿Cuántos años tiene?

—Acaba de cumplir quince...

—(Se ríe) ¿De qué? ¡De ancho! Che, ¿todo al pelo?

—Sí, todo tranquilo loco.

—Listo, nos vemos. Traela nomás, no te hagás problema.

Esta conversación telefónica entre un policía de Choele Choel (se trataría del oficial César Cayumil, según reveló El Diario de Río Negro) y un proxeneta (en la que, presuntamente, el subcomisario mencionado es Moisés Rodríguez) no deja dudas. Es una de las pruebas sobre la pista de trata de mujeres en la investigación por la desaparición de Otoño Uriarte, de 16 años, hace seis meses, en Río Negro. Susana Stilman, presidenta de Mujeres Trabajando e integrante de la Red No a la Trata, cree que hay un antes y un después de esta grabación. “Esta escucha demuestra la complicidad policial con los proxenetas. Y es la primera vez que esta complicidad se demuestra con pruebas concretas.” También Germán Bernales, del Centro de Derechos Humanos del Comahue, de Río Negro, valoriza las revelaciones de la investigación, pero advierte sobre sus consecuencias: “Esta conversación revela una situación clara de trata. Sin embargo, los policías implicados están separados de la fuerza, pero no imputados, como mínimo, por no ir a rescatar a una menor que estaba en un prostíbulo”.

Actualmente, los familiares de Otoño están esperando las pericias definitivas sobre el ADN del cuerpo encontrado. Pero, más allá de los resultados, y de las hipótesis de si la adolescente pudo haber estado esclavizada en un prostíbulo, si fue asesinada después de una violación (también un femicidio que no es casual que se produzca en zonas liberadas para el sometimiento sexual de las mujeres) u otras pistas, lo cierto es que esta causa reveló —como nunca antes en la Argentina— la complicidad policial con el secuestro de mujeres para esclavizarlas en prostíbulos.

En Argentina, siempre se consideró que los vueltos por las multas no escritas, las pizzas gratis, la quiniela clandestina y las coimas de los prostíbulos para funcionar sin ser molestados eran parte de la corrupción policial, supuestamente, tolerable. La caja chica no horrorizaba a nadie. Sin embargo, esa caja chica empezó a mostrar el machismo institucional cuando el fantasma del supuesto “loco de la ruta” (una leyenda para encubrir crímenes institucionales) se corporizó, en Mar del Plata, en la venganza de los policías que cobraban con la muerte a las trabajadoras sexuales que no les daban su parte de las ganancias del trabajo sexual.

En el 2007, con la revelación a todas luces del secuestro de mujeres, los prostíbulos ya no son sólo los lugares donde la exclusión empuja a muchas mujeres al filoso trabajo sexual (una situación debatida, nunca gratis, ni plenamente autónoma, pero no asimilable a la trata en donde la esclavitud sexual no es una opción revertible sino un secuestro). Los prostíbulos son hoy verdaderos campos clandestinos de concentración tolerados por la costumbre y la vista gorda. La escritora Myrtha Schalom, autora de La Polaca (la historia de Raquel Liberman, quien denunció, en 1930, a la Zwi Migdal, famosa organización de tratantes de mujeres) cree que la esclavitud sexual no es nueva, pero nunca puede ser legitimada. Ella desafía: “Mientras no haya una fuerte y sincera voluntad política de denunciar a la trilogía que sustenta el negocio de rufianes, policía y municipalidades más víctimas quedarán silenciadas”.

Para no quedarse en el duelo de la denuncia, ni en la espera de que la conmoción se produzca, Stilman propone: “Necesitamos una ley que aborde el problema de la trata de personas y un programa de atención a las victimas que incluya posibilidades de reinserción social y protección para no volver a caer en manos de las redes”. Sara Torres, de la Red No a la trata, también cree que se necesita una nueva ley, pero en una versión mejorada al actual proyecto que espera sanción en el Congreso. “Es necesario que la nueva norma que se apruebe no haga diferencias entre mayores y menos de 18 años. Y no puede exigirse a la víctima que pruebe que no prestó su consentimiento para que se configure el delito de trata. Es imposible que las víctimas puedan probar eso y los agresores (proxenetas, madamas y cafishios) van a quedar en libertad. Hay que tener en claro que a ninguna edad una persona consiente su propia esclavitud.”
1977-2007

1977: Por algo será...
2007: A ellas les gustará...

1977: Los argentinos somos derechos y humanos.
2007: En la Argentina la Justicia investiga, la policía allana y la política no ampara la esclavitud sexual de mujeres.

1977: Las Madres de Plaza de Mayo que piden por sus hijos guerrilleros y subversivos son viejas locas.
2007: Las locas de las madres dicen que sus hijas son prostitutas porque están secuestradas y no porque les gusta la vida fácil.

1977: ¿Usted sabe dónde están sus hijos ahora?
2007: Si usted no sabe dónde está su hija es porque ella se fue de su casa.

1977: Los desaparecidos están en París.
2007: Si las desaparecidas están en Madrid, ¿por qué no piden auxilio vía mail?

1977: ¿Yo? Argentino.
2007: ¿Yo? Argentino.

La opinión pública más extendida es que siempre hubo prostitución, por algo será, no va a dejar de haber. Y, por eso, las chicas son siempre sospechadas de connivencia con sus explotadores.

Fernanda Aguirre
La niña de las flores

Tres claveles. Esa fue la diferencia entre la vida y la nada de Fernanda Aguirre el 25 de julio de 2004, mientras ayudaba a su madre a traer y llevar esas flores del puesto que la familia tiene en la localidad entrerriana de San Benito. La chica, que este mes cumpliría 16 años, fue secuestrada de camino a su casa por Miguel Angel Lencina, un peón que vivía en ese pueblo, y existen sospechas firmes de que habría sido vendida para ser utilizada en redes de prostitución. El juez Héctor Toloy, que investiga el secuestro, considera que “si Fernanda está con vida es muy fácil pensar que estaría integrando una red de prostitución infantil. Es una posibilidad real”.

El 6 de agosto de 2004, días después de su detención, Lencina apareció ahorcado en la celda de la comisaría 5ª de Paraná. Su mujer, Mirta Chávez, también fue detenida y en la actualidad permanece alojada en la cárcel de mujeres de la misma ciudad, acusada de haber llamado por teléfono a los Aguirre para pedir un rescate de 2000 pesos. El tercer implicado en la causa es Raúl Monzón, primo de Lencina, procesado como partícipe secundario en el secuestro de Fernanda.

Este mes, su madre, María Inés Cabrol, volvió a exigir respuestas de las autoridades provinciales que ayuden a echar luz sobre paraderos posibles, y pidió la colaboración de testigos que puedan aportar datos. “De las autoridades espero una respuesta y que se pongan las pilas para investigar y decirme dónde está mi hija. No puede ser que no tengan nada —deploró—. Tampoco la gente quiere hablar, pero alguien tiene que haberla visto.” El panorama es oscuro: el abogado Sergio Federik, que representa a la familia Aguirre, reconoció este lunes que los cientos de llamados anónimos recibidos durante estos años nunca acercaron pistas concretas. Y el cuerpo de Fernanda se polariza en mil geografías posibles. La telaraña que se tragó a la niña crece saludable: sólo en 2006, en la Argentina hubo 476 desapariciones de mujeres.

Andrea López
El peso de la frontera

La situación del caso de Andrea Noemí López expone la carencia más pesada que arrastran las desapariciones de mujeres: la nacionalización de su búsqueda. Surge como traba inmediata la ausencia de una ley que desdibuje límites y abra caminos, pero tampoco se aprecian resultados nítidos desde la gama variopinta de organismos oficiales que dedican áreas a trata y tráfico. Algunos familiares de las víctimas hacen de esto una lectura más bien pesimista; dicen que la vasta oferta de agencias públicas no aúna, más bien disgrega los esfuerzos para hallar y asistir a las víctimas. Y la desaparición de Andrea es un espejo donde se refleja ese abanico de flaquezas.

Antes de desaparecer en La Pampa, el 9 de febrero de 2004, la mujer de entonces 24 años era obligada a prostituirse por su pareja, el boxeador Víctor Purreta, quien también acostumbraba a molerla a golpes y someterla a su voluntad, bajo amenaza de atentar contra el hijo de ambos, Carlos, que hoy tiene ocho años. De todo esto podría dar cuenta la actual jueza de Menores, Cristina Baladrón, que representara a Purreta como defensora de Estado en el juicio por proxenetismo, y que antes interviniera en una audiencia de conciliación y acuerdo entre “golpeador y golpeada”, como estipulaba la ley provincial de Violencia. En la actualidad Purreta cumple condena por “facilitación a la prostitución” y Baladrón le niega la tenencia de su nieto Carlos a Julia Ferreyra, madre de Andrea, que sólo logró obtener una guarda. El colectivo Mujeres por la Solidaridad denunció que en los límites provinciales la búsqueda se redujo a las acciones formales y que Jorge Luis Howe, el juez de la causa contra Purreta, “nunca aceptó la colaboración de los organismos nacionales”. Para Mirta Fiorucci, integrante de ese movimiento, existen indicios fuertes de que Andrea haya sido captada por una red de trata y tráfico de mujeres. “Sin embargo la policía y la Justicia no motorizan la causa. La Pampa se ha quedado callada y todo depende de la voluntad de la familia de Andrea, porque la creencia sigue siendo que debe haberse ido por propia voluntad.”

Florencia Pennacchi
Cuando la desaparición no implica delito

A la estudiante neuquina Florencia Pennacchi se la tragó la tierra con lo puesto la mañana del 17 de marzo de 2005. El encargado del edificio donde vivía junto a su hermano Pedro, en Güemes al 4700, del barrio de Palermo, la vio salir con el teléfono celular en la mano. La noche anterior había cenado con amigas y luego fue a una disco de la zona. Al día de hoy no existen indicios siquiera débiles sobre su paradero o sobre los autores de la desaparición. Sólo pesan las críticas de sus familiares, amigos y amigas hacia el desempeño del fiscal de la causa, Martín Retes, que nunca logró resultados concretos ni bifurcó su investigación ante un posible caso de trata y tráfico de personas. Según Lilén Díaz, amiga y compañera de Florencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Retes manifestó en varias oportunidades que “la desaparición por sí sola no constituye delito, por lo que no debería haber un expediente de búsqueda de persona en su fiscalía”. También cuestionó la actuación de policías de la comisaría 23ª, que durante los cuatro días posteriores a la última vez que vieron a Florencia “no investigaron. Era Semana Santa —recordó Díaz— y los agentes se quejaban porque los hacíamos trabajar”.

Como un caso de manual, el de Florencia Pennacchi no dejó lugares comunes por transitar: en la primera etapa de instrucción, voces de la División Antisecuestros de la Policía Federal deslizaron que habría escapado junto a un hombre a alguna provincia del país o a Río de Janeiro. Otras fuentes inflaron aún más la fábula difundiendo un supuesto consumo de psicofármacos y alcohol. Pusieron en duda su salud mental y hasta pretendieron adosarle “una vida nocturna intensa”, como si ese dato bastara para desaparecer. Valgan algunos datos extra que confirman la desidia a la hora de investigar las desapariciones de mujeres: el listado de números marcados y llamadas recibidas desde el celular de Florencia demoró meses en ser realizado. Los días previos a la desaparición, la joven hizo varias llamadas a un hombre que no pertenecía a su entorno; la Justicia logró ubicarlo, pero lo citó a declarar un año después de lo ocurrido. Los rastrillajes provinciales dejaron de hacerse hace tiempo y, obviamente, la imagen de la joven ya no empapela Buenos Aires.

Marita Verón
Todos los 3

”Pido justicia por el secuestro y desaparición de mi amada hija Marita y de todas las mujeres desaparecidas en democracia”, repite como una plegaria Susana Trimarco en las movilizaciones que encabeza los días 3 de cada mes. Es el número que cristaliza el aniversario siniestro del 3 de abril de 2002, cuando a María de los Angeles Verón, “Marita”, la capturó una banda mafiosa en Tucumán para venderla por 2500 pesos a un prostíbulo de La Rioja. Desde entonces, Susana recorrió el país, cruzó fronteras, liberó a unas cien mujeres esclavizadas para ejercer la prostitución y recibió algunos galardones que no le llenan el alma pero le abren puertas valiosas que ayuden a encontrar a su hija, como el premio Mujeres de Coraje, que le entregara en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Lo que Susana Trimarco logró hasta hoy, en definitiva, es un arduo trabajo de concientización para que las desapariciones de adolescentes y jóvenes dejen de figurar en los registros policiales como “fugas de hogar”, cuando en verdad se trata de secuestros organizados por circuitos de tratantes. En el camino la acompañan otros actores solidarios, como el abogado Carlos Garmendia, de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, que sostiene las denuncias de las víctimas y realiza un trabajo peregrino para romper la aprensión judicial. “Es un problema grave —reflexiona Susana—, porque los tratantes de personas tienen mucho dinero y poder; son capaces de comprar jueces y policías. Todos los días las mafias secuestran a una mujer en la Argentina; de hecho, Marita habría vuelto a casa hace cuatro años, pero la fiscalía de Tucumán recibió muchísimo dinero de los tratantes para desviar todas las pistas que teníamos y finalmente volvimos a perderla.”

Otoño Uriarte
Oídos sordos

En horas, el caso de Otoño Uriarte se convirtió en un cuerpo mutilado de 16 años, con campera negra de vivos verdes. La reducción a ese horror es la última metamorfosis sufrida por una causa que padeció el autismo de su carátula prácticamente inamovible de “averiguación de paradero” desde el inicio, las sospechas arrojadas sobre una relación conflictiva entre la adolescente y su familia, los juicios desvergonzados de funcionarios policiales que todavía relacionan las desapariciones de mujeres con cuestiones sentimentales, y la mezquindad de la Justicia rionegrina al recaratular tardíamente —una semana antes de que aparezca un cuerpo que podría ser el de Otoño— el caso como “privación ilegítima de la libertad”, después de que el 8 de este mes se revelaran escuchas telefónicas realizadas en la comisaría de Choele Choel que descubrieron la connivencia entre policías y proxenetas de la zona para la explotación sexual de adolescentes.

Otoño desapareció la noche del 23 de octubre de 2006, en la ciudad de Fernández Oro, donde residía con su padre, Roberto Uriarte, y su hermano, Leandro. Cursaba el secundario en el CEM 14, tenía un novio, una bicicleta roja que también se tragó la oscuridad y un celular que apareció hace menos de un mes en manos de un sospechoso reciente. Apenas veinticuatro horas después de cumplirse seis meses de su desaparición, el cuerpo de una joven, seccionado y sin manos, con una campera idéntica a la última prenda que vistió Otoño, fue hallado en el pozo de agua de una usina en Cipolletti. El nuevo fiscal de la causa, José Rodríguez Chazarreta, aguarda que el resultado de los análisis de ADN les dé una identidad a los restos. “Es muy angustiante —dice Ana Becerra, la madre de Otoño—, porque estamos buscando a una persona viva.”

“Siempre supimos que no se fue por voluntad propia, pero nunca quisieron escucharnos”, lamenta Roberto Uriarte. Al parecer, la sordera alcanza al ex fiscal de la causa, Oscar Cid, y al comisario de la ciudad, Ives Vallejos. De ambos podría decirse que ignoraron o al menos desatendieron las líneas de investigación que proponían los Uriarte y que señalaban la posibilidad de que Otoño hubiera sido víctima de una red de trata y tráfico de mujeres. Cid fue apartado de la causa luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro solicitara informes sobre la actuación judicial en el caso y Vallejos fue separado del cargo para que se investigue su responsabilidad en el presunto encubrimiento policial a proxenetas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-3334-2007-05-04.html

Alg - M. Abdelaziz Zoubida has been located

The International Secretariat of the OMCT has received new information from a reliable source and from Antenna International, member organisation of the SOS-Torture Network, on M. Abdelaziz Zoubida’s whereabouts. Mr. Abdelaziz Zoubida, a 25 year-old student who had gone missing on 11 April 2007, was located on 28 April 2007 in the Serkadji prison in Algiers. Since then, his brother was allowed to visit him in prison.

The charges against him and the date when he will be presented before court remain unknown to this day.

The International Secretariat of the OMCT welcomes that Mr. Abdelaziz Zoubida has been located. Nevertheless, it remains highly concerned about his arrest and the risk to his physical and psychological integrity. OMCT recalls that Algeria is Party to the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which prohibits torture and all other ill-treatment. Furthermore, Algeria is also Party to the International Covenant on Civil and Political Rights, which states in its article 9.1 that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention.

Brief reminder of the situation

The International Secretariat of the OMCT was informed of the arbitrary arrest and disappearance of Mr. Abdelaziz Zoubida in the city of Constantine.

According to the information received, Mr. Abdelaziz Zoubida was arrested on 11 April 2007 around 19:45 by agents of the Department for Information and Security (DRS- Département du renseignement et de la securité). The arrest took place at the university residence’s hall in Constantine.

The morning of his arrest, some agents came looking for him while he was in class. Later that day, once he was back in his room, one of the university guards informed him that some visitors were waiting for him at the entrance hall of the building. M. Abdelaziz Zoubida made his way down to the entrance hall and was not to be seen again since.

According to the same information, when Mr. Zoubida’s friends noticed that he had not come back, they alerted the guards. The guards then informed them that Mr. Abdelaziz Zoubida had been arrested by two DRS agents. The agents had come onboard a grey Cielo automobile with Algiers licence plates, and had presented no warrant of arrest. Mr. Abdelaziz Zoubida’s friends immediately alerted the Police brigade, who assured them that an investigation would be launched into these events. Nevertheless, there had been no news.

When the organisation Association of the Families of Disappeared Persons in Algeria (CDFA - Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie) informed Mr. Abdelaziz Zoubida’s family of the situation, the Zoubida family immediately went to Constantine to register a formal complaint. Accompanied by the president of the NGO SOS-Disappeared (Comité de Sos Disparus), they reportedly met the guards at the residence’s hall before heading to the National Police Brigade of Zouaghi. The Brigade’s commanding officer allegedly claimed to know nothing of Mr. Abdelaziz Zoubida’s whereabouts.

Mr. Abdelaziz Zoubida’s family registered a complaint before the Public Prosecutor of the Court of Ziada (Procureur de la République près le Tribunal de Ziada). Then they went to the “Territorial Intelligence and Enquiry Centre” (CRDI - Centre territorial des renseignements et des investigations) of the Ministry of Defense, where the officials reportedly stated to have no information on Mr. Zoubida’s whereabouts.

Actions requested

Please write to the Algerian authorities urging them to:

1. Guarantee Mr. Abdelaziz Zoubida’s physical and psychological integrity;

2. Order Mr. Abdelaziz Zoubida’s immediate release in the absence of valid charges, or, if such charges exist, bring him before an impartial, independent, competent and fair tribunal and guarantee his procedural rights at all times;

3. Order a thorough, independent and impartial investigation into these events, in order to identify all those responsible, bring them to trial and apply the civil penal and/or administrative sanctions as provided by law;

4. Ensure the respect of human rights and fundamental freedoms throughout the country in accordance with national legislation and international human rights standards.

Addresses

Mr. Abdelaziz Bouteflika, President of the Republic, El Mouradia-BP Alger Gare, Fax 00213 21 69 15 95, Email: President@el-mouradia.dz
Mr. Tayeb Belaiz, Minister of Justice, Ministry of Justice, 8 Place Bir-Hakem El-Biar, Alger, Algeria, Fax 00 213 21 92 17 01/ 29 56, Email: info@mjustice.dz
H.E Idriss Jazaïry, Ambassador, Permanent Representative to the United Nations (Geneva), Route de Lausanne 308, CH-1293, Bellevue, Suisse, Email: mission.algerie@mission-algerie.ch, Fax: +4122 / 774.30.49
H.E. Halim Benattallah, Ambassador, Embassy of Algeria in Brussels, Avenue Molière 207, 1050 Brussels, Fax: 0032 343 51 68, Email: Iinfo@algerian-embassy.be
Please also write to the Algerian diplomatic representations in your country.

***

Geneva, 3 May 2007

Kindly inform us of any action undertaken quoting the code of this appeal in your reply

Arg - Genocidas al banquillo

(AW) Por primera vez en Argentina las indagatorias a los represores se harán bajo el delito internacional de genocidio. Así lo resolvió el Juzgado Federal 2 de Tucumán, aceptando los planteos de la querella. Es en el marco de la megacausa Centro Clandestino de Detención (CCD) "Arsenales", unidad militar del Arsenal Miguel de Azcuénaga que comenzó ayer. Esta mañana hubo agresión policial a integrantes de organizaciones de DD.HH

Tucumán, 2 de mayo de 2007 (H.I.J.O.S. Tucumán, FADETUC, Asociación de Abogados de Tucumán, APDH Tucumán)

Comunicado de Prensa

A partir del día miércoles 2 de mayo, comenzarán las audiencias indagatorias por los delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) "Arsenales" la unidad militar del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Son varios los aspectos novedosos de esta instancia:

1. El Juzgado Federal 2, del Dr. Jorge Parache, aceptando los planteos de la querella, resolvió que las indagatorias sean tomadas por el DELITO INTERNACIONAL DE GENOCIDIO, al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en nuestro país en el periodo 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Esta imputación constituye un hito en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que los organismos de Derechos Humanos hemos venido desarrollando. Es la primera vez en Argentina que los imputados serán indagados, en la etapa de la instrucción, bajo estos cargos.

2. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar: los acontecimientos relacionados a la CCD Arsenal permiten tener una idea global del funcionamiento del Plan Sistemático de Violaciones a los Derechos Humanos, que no constituyó otra cosa que un GENOCIDIO.

3. Miembros de la Gendarmería Nacional Argentina serán indagados, por primera vez, en el marco de las causas por violaciones a los derechos humanos que se vienen realizando en Tucumán. En los crímenes cometidos en el Arsenal tomaron participación miembros del Ejército (del Destacamento 142 de Inteligencia) y de Gendarmería.

El CCD Arsenales, estaba localizado en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Funcionó a partir del año 1976, bajo directas órdenes de Antonio Domingo Bussi, Gobernador Militar de Tucumán y Comandante de la V Brigada de infantería. Fue un centro de Detención, Tortura y Exterminio, ya que conforme surge de diversos testimonios allí, se ejecutaba a los detenidos, que luego eran quemados y sepultados en grandes enterramientos. Fue el CCD más grande del Noroeste Argentino, por donde pasaron cientos de tucumanos, pero también detenidos-desparecidos de otras provincias hermanas: Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca. Se adjunta una lista de 154 personas que pasaron por este CCD.

Las fechas de las audiencias son las siguientes:

2 de Mayo a las a las 9 hs Luciano B.Menéndez . Comandante del III cuerpo del Ejercito.
7 de Mayo a 9 hs. Mario Albino Zimmerman. Jefe de la Policía de Tucumán entre Abril de 1976 y Julio 1977.
10 de Mayo a las 9 Antonio Bussi. Comandante de V Brigada de Infantería de Tucumán. Gobernador Militar de Tucumán.
14 de mayo 9 hs, el Gendarme Celso Barraza. Cumplió funciones de Guardia en el CCD Arsenales.
15 de mayo 9 hs, Alberto Luis Cattaneo. Fue Segundo Jefe del Comando de la V Brigada
17 de mayo 9 hs, Benito Palomo. Torturador en el CCD Arsenales.
21 de Mayo 9 hs, Carlos Lafuente.
24 de mayo 9 hs Ernesto Rivero.
28 de mayo 9 hs, Juan Carlos Riso Avellaneda
30 de Mayo 9 hs, Oscar Soto.
4 de junio Miguel Ángel Pepe.
7 de junio Secundino Alanis
11 de Junio Carlos A.Mendoza
14 de junio Luis G.Pérez.
19 de junio José M.Montes
26 de Junio 9 hs, Marcelo Godoy (El Indio). Torturador del CCD Arsenales. Miembro de Gendarmería Nacional.
28 de junio Carmelo F. Ortiz
2 de Julio Rubén D. Mendieta
4 de julio Gregorio D. Escalante

H.I.J.O.S. Tucumán – FADETUC – Asociación de Abogados de Tucumán - APDH Tucumán

Teléfonos:
H.I.J.O.S.: 154.678.744 – Julia Vitar
FADETUC: 156.404.902 – Marta Rondoletto

La suerte de Isabel se definiría en los próximos días

Telam

Según confirmaron hoy en el Tribunal Federal local, el pedido de extradición contra la ex mandataria, actualmente con residencia en España, "podría tener una definición inmediata", dado que el máximo tribunal de la justicia española ordenó seguir la causa penal.

Autoridades de la Audiencia Nacional española ordenaron esta semana continuar la causa penal contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón -en el marco de causa por Triple A- por los delitos de lesa
humanidad que investiga el juez federal de San Rafael, Héctor
Acosta, en perjuicio de dos sanrafaelinos.

Según confirmaron hoy en el Tribunal Federal local, el pedido de extradición contra la ex mandataria, actualmente con residencia en España, "podría tener una definición inmediata", dado que el máximo tribunal de la justicia española ordenó seguir la causa penal.

Se trata de la investigación sobre la desaparición de Héctor Fagetti y la privación ilegítima de la libertad y torturas de Jorge Berón, ambos oriundos de San Rafael y que en ese entonces tenían 17 años, en el marco de la investigación por torturas y desaparición forzada de personas ocurridas en el sur mendocino durante el gobierno constitucional de Isabel Perón.

Según conoció Acosta esta semana, la justicia ordenó que prosiga la causa penal en España iniciada por varios delitos de lesa humanidad, que no tienen prescripción.

De acuerdo con un comunicado recibido por Acosta, el titular del Juzgado Centro de Instrucción 3 de Madrid, Fernando Grande Marlaska Gómez, recibió instrucciones del Ministerio de Justicia de España y el acuerdo del Consejo de Ministros para que prosiga la causa penal contra Isabel.

Fuentes del tribunal local indicaron que dado que la ex presidenta argentina solicitó no ser extraditada, se remitió el pedido a la Sección Segunda de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid (principal instancia penal española), que está integrada, entre otros, por el juez Baltasar Garzón.

El 13 de enero pasado, el juez sanrafaelino había ordenado la detención y extradición de Isabel Perón. Otro pedido contra la ex mandataria fue cursado por el juez federal porteño porteño Norberto Oyarbide.

María Estela Martínez de Perón, jefa de Estado argentino durante 1974-1976, fue imputada por Acosta por desaparición forzada de personas y torturas.

Una vez que concluya el trámite de la causa penal en España, la Audiencia Nacional resolverá sobre la extradición de la ex mandataria.

En enero pasado, Isabel fue detenida en su casa de Villanueva de la Cañada, en el oeste de Madrid, y llevada ante el juez español Juan Del Olmo, de la Audiencia Nacional ante quien se negó a ser extraditada.

Luego, el fiscal requirió que se le concediera la libertad condicional teniendo en cuenta que la ex mandataria tiene 75 años de edad.

Bayan says 'disappearances' escalating in last 3 months

The militant Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) on Thursday expressed alarm over the rising number of "enforced disappearances" highlighted by the recent abduction of Jose Burgos Jr's son, Jonas.

n a statement on its website (www.bayan.ph), Bayan said the labduction of Burgos shows "imprints of military operation."

"The abduction of Jonas Burgos is the latest in a wave of abductions and disappearances that have targeted leftist activists. The figures are staggering. The methods show sheer impunity and a total disregard for the law," said Bayan secretary general Renato Reyes Jr.

He said there had been more than 800 victims of extrajudicial killings but this still does not show the whole picture of repression.

Reyes said there are now almost 200 victims of enforced disappearances, almost all of whom have yet to surface.

"The number of dead may be far higher than what is being reported," Reyes said.

Citing Bayan's figures, he said that over the past three months, there were several cases of reported abduction of activists in Cavite, Cebu and Iloilo.

Among those abducted were Nilo Arado, the chairman of Bayan in Panay and former political prisoner Luisa Dominado.

Reyes said that unlike extrajudicial killings wherein only half of the total victims are organized activists, the victims of enforced disappearances are almost all activists.

"Unlike in cases of extrajudicial killings where there are bodies present, enforced disappearances leave people speculating if the person is still alive or dead. Disappearances are therefore as cruel as extrajudicial killings. Perhaps state forces think that the public outrage over disappearances may be less compared to the public outrage in cases of extrajudicial killings," he said.

"It is too early for the Philippine National Police to dismiss the angle that the military is involved. Nor could we dismiss the angle that operatives of the police are also involved. Whoever abducted Burgos appeared to have acted with authority and were unmindful of the many witnesses in the abduction," he added.

On the other hand, he said the climate of impunity that has caused the deaths of activists and journalists in the country only emboldens state security forces to commit enforced abductions without fear of the law.

"We join other human rights advocates in calling for the immediate surfacing of Jonas Burgos. We hold the Arroyo regime ultimately accountable for its failure to stop violent attacks on legal activists. We firmly believe that the Arroyo regime maintains a policy of repression and annihilation against the legal Left," he said. - GMANews.TV

Homenajearon a dos médicos desaparecidos durante la dictadura

Se trata de los doctores Julio "Suhy" Ramírez y Mario Aníbal Bardi, quienes fueron recordados durante un acto en el que se descubrieron dos placas con sus nombres. A la ceremonia asistieron familiares, directivos y trabajadores del centro de salud, representantes de entidades locales y el diputado provincial Fernando Navarro.

Emotivo homenaje a los dos médicos del hospital Gandulfo desaparecidos durante la dictadura.

Un emotivo homenaje a los médicos del hospital Gandulfo Norberto Julio Norberto Julio “Suky” Ramírez y Mario Aníbal Bardi, desaparecidos durante la ultima dictadura militar, tuvo lugar ayer en el hall del centro de salud. Allí, se descubrieron dos placas con el nombre de los doctores, durante una a la que asistieron familiares directos de Ramírez y Bardi, personal del hospital, representantes de distintas entidades locales y el diputado provincial Fernando Navarro.
En la apertura del acto, uno de los directores del Gandulfo, Nelson Donato, señaló: “Vamos a recordar a dos compañeros y en ellos a todos los desaparecidos”.
Por su parte, Selva Bardi, hermana de Mario, destacó que “es la primera vez que ponen una placa. Para mí es un ejemplo que me da energía, es liberador y da ganas de seguir adelante”.
En el mismo sentido, Marcela Ramírez, hija de Julio y a quien acompañaban sus padres y tíos, pidió que las placas “sean un recordatorio diario del Nunca Más cotidiano”.
Por su parte, otro de los directivos del centro de salud Carlos Oviedo expresó: “Cada vez que podemos hacemos esto, que es rendir homenaje a estos hombres que dejaron la vida sin renunciar a sus ideales”, mientras que el diputado Navarro señaló: “Estamos acá para reconocer a estos hombres que deseaban una sociedad más justa”.
Navarro destacó las palabras de esperanza de la hija de Bardi y señaló que “tenemos la obligación, sobre todo aquellos que estamos en la función pública, de trabajar cotidianamente para hacer realidad los sueños por los que tantos compañeros murieron”.
Cerrando el acto, los familiares de Ramírez y Bardi descubrieron las placas, rubricadas por la Comisión de la memoria del Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo, que fueron ubicadas sobre la entrada principal del hospital, entre otras cuya lectura permite transitar en el bronce la historia del principal centro de salud de Lomas de Zamora.

http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=49452&id=120657&dis=1&sec=4

Arg - Patti pidió postergar su indagatoria

Patti pidió postergar su indagatoria en una causa en la que se investiga si protegió a un represor

El ex subcomisario Luis Patti, acusado de haber dado protección a un represor, pidió postergar la indagatoria a la que debía presentarse hoy ante el juez federal Ariel Lijo. Se estima que el magistrado accedería y fijaría una nueva fecha para citarlo a declarar como imputado.

La causa está relacionada con la protección que Patti brindó al ex teniente coronel Jorge Horacio Granada cuando se hallaba prófugo ya que tenía una orden de captura librada por el juez federal Claudio Bonadío.

Se trata del expediente en el que Bonadío investigaba el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros durante la denominada "segunda contraofensiva", a principios de la década del 80, durante la última dictadura militar.

El 27 de agosto de 2003 el juez dictó el procesamiento de Patti por haber "encubierto" al represor cuando se encontraba "prófugo de la justicia", pero luego se declaró una serie de nulidades y el expediente recayó en el juzgado a cargo de Lijo.

En septiembre de 2006 el nuevo juez consideró que estaba concluida la instrucción y elevó el expediente a juicio oral y como se trata de un delito "correccional" se sorteó un nuevo tribunal (unipersonal) para el debate, correspondiéndole a Guillermo Montenegro llevarlo adelante.

Montenegro advirtió entonces algunas omisiones procesales, tal como que el fiscal Oscar Amirante no había formulado requerimiento de elevación a juicio por lo que el expediente volvió a Lijo quien citó nuevamente a Patti.

En el sumario se investiga la ayuda brindada por Patti a Granada para eludir la orden de captura dictada en su contra el 8 de julio de 2002 y en ese sentido Lijo sostuvo que está probado que "colaboró para que (el represor) eluda las diversas acciones desarrolladas por fuerzas de seguridad para lograr su captura".

http://www.clarin.com/diario/2007/05/03/um/m-01411549.htm

Continúa en Uruguay proceso indagatorio por traslado de desaparecidos

Montevideo, 3 may (PL) La primera ronda de interrogatorios por la causa del segundo vuelo concluye hoy en Uruguay con las declaraciones del ex dictador Gregorio Alvarez y una manifestación de protesta frente al juzgado.

Durante casi tres semanas, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze entrevistaron a oficiales y ex militares, denunciantes y familiares de las víctimas del traslado clandestino de prisioneros políticos registrado en octubre de 1976.

La justicia trata de precisar el número de detenidos-desaparecidos que fueron trasladados desde Buenos Aires a Montevideo, y su destino final.

En este caso, el ex presidente de facto es considerado una pieza clave. En aquella época ocupaba el cargo de jefe de la Región I del Ejército, una de las cuatro en que estaba dividido militarmente el país.

Es la segunda vez que Alvarez es convocado por investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Conocido aquí como "El Goyo", deberá volver a presentarse ante la justicia el día 22, por la muerte del militante del Movimiento de Liberación Nacional Horacio Ramos.

La existencia del segundo vuelo fue denunciada en 2002 tras una investigación del periodista Roger Rodríguez, y confirmada tres años más tarde por la Fuerza Aérea Uruguaya.

Hasta el momento, los ex militares interrogados coincidieron en no recordar la existencia del traslado clandestino.

La justicia solicitó a la Fuerza Aérea las carpetas de vuelo de los oficiales señalados como integrantes de la tripulación.

Asimismo, y como resultado de los interrogatorios, los magistrados pidieron agregar el expediente que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman a la causa del llamado segundo vuelo.

Desde la víspera, miembros de la organización Plenaria Memoria y Justicia se concentraron frente al juzgado, en respuesta a una convocatoria para "exigir justicia por toda aquella inconducente violencia".

Arg - La defensa de Etchecolatz pidió que se revoque la condena y dice que sufre una enfermedad terminal

Los abogados solicitaron a la Cámara de Casación que hasta que se defina esa cuestión se le vuelva a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria. Otro de los argumentos, es avanzada edad del represor, quien cumple la condena a perpetua en el penal de Marcos Paz.

El represor y ex comisario de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, solicitó a la Cámara Nacional de Casación Penal que revoque la sentencia que lo condenó a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y que, hasta que se defina esa cuestión, se le vuelva a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria, informaron ayer fuentes judiciales.

Una querellante, en cambio, reclamó a la Sala I de la Cámara que confirme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que responsabilizó al represor Etchecolatz por privaciones ilegales de la libertad, homicidios y tormentos, y mantenga en su actual lugar de detención, la cárcel Marcos Paz.

Los pedidos fueron expresados ayer por la mañana en sendos "informes orales" ante los camaristas Raúl Madueño, Liliana Catucci y Gustavo Mitchell por los abogados de Etchecolatz, Jorge Casabal Elía y Luis Boffi Carri Pérez y el de María Isabel Chorobik -familiar de una desaparecida- Alejo Ramos Padilla.

El trámite se cumplió en la sala de audiencia de la Cámara, en la planta baja de Comodoro Py 2.002, de esta ciudad y, aunque se trató de un acto público, casi sin asistentes.

Etchecolatz, de 77 años y con "una enfermedad terminal" (cáncer de próstata), según sus defensores, había obtenido la prisión domiciliaria luego de ser condenado, pero el beneficio fue revocado porque en su vivienda fue hallado y secuestrado un arma de fuego.

"Que vuelva a su casa para vivir sus últimos días", porque "en la actualidad" Etchecolatz "está muy enfermo y no representa peligro" para la sociedad, argumentaron sus defensores, quienes para sostener el pedido de "absolución", mencionaron la "cosa juzgada" y la extinción de la acción penal contra el ex policía.

Ramos Padilla realizó el "informe in voce" con un tenor opuesto al de los defensores, a quienes atribuyó querer minimizar los delitos por los que Etchecolatz fue condenado.

"Si existe justicia, no se puede beneficiar a los delincuentes" y Etchecolatz "tiene que seguir detenido en una cárcel común" para que "estos hechos de genocidio no se vuelvan a repetir", enfatizó Ramos Padilla.

"Etchecolatz siguió cometiendo delitos", agregó el letrado, quien recordó los casos de injurias al fallecido ex diputado nacional Alfredo Bravo y cuando resistió una supuesta agresión de jóvenes con la exhibición de una pistola que, se dijo, era "de juguete".

(Telam)

Mex - AFADEM exige investigación sobre periodistas desaparecidos

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, nos solidarizamos ante la necesidad de exigir investigación apegada a derecho en el caso de asesinato, entre otros, de Amado Ramírez y otros periodistas desaparecidos.

Les enviamos nota, sobre algunas actividades en el estado de Guerrero.

Periodistas de varias regiones del estado marcharán este jueves 3 de mayo, de manera simultánea a partir de las diez de la mañana. A la misma hora, en la ciudad de México, la organización Periodistas sin fronteras realizará un plantón en la sede de la PGR.
En Acapulco la marcha irá desde la glorieta de La Diana hasta la delegación de la Procuraduría General de la República, a donde insistirán en demanda de que la dependencia federal atraiga las investigaciones del asesinato del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, y posteriormente concluirán con un mitin en la fiscalía regional de la Procuraduría local, donde se lleva la indagatoria del caso.

En Iguala los periodistas se concentrarán en las afueras de palacio municipal, sobre la avenida Vicente Guerrero, de donde a las diez horas en silencio empezarán a recorrer las calles del centro de la ciudad, haciendo paradas frente a las representaciones de la PGR, de Gobernación estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
En una reunión que se celebró al mediodía de este domingo en Acapulco, a la que asistieron reporteros de diferentes medios de comunicación, los comunicadores acordaron realizar una marcha en silencio, vestidos de blanco, en la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión (3 de mayo) establecido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Simultáneamente, se realizarán las marchas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, mientras en el Distrito Federal el plantón en las oficinas de la PGR demandará que se federalicen los delitos contra periodistas.
Además de exigir resultados en la investigación del asesinato de Ramírez Dillanes, los reporteros, camarógrafos, fotógrafos, articulistas y demás trabajadores de los medios de comunicación exigirán justicia en el caso de los otros periodistas guerrerenses asesinados, Abel Bueno León, Misael Tamayo Hernández y Rafael Villafuerte Aguilar, y de Leodegario Aguilera Lucas, quien se encuentra desaparecido hasta la fecha luego de que un comando armado lo secuestrara de su domicilio hace casi cuatro años.
La reunión en Acapulco acordó la integración del reportero Ignacio Hernández Meneses a la Comisión de Seguimiento del caso Amado Ramírez, quien se suma a los reporteros Maribel Helguera Sánchez, Roberto Ramírez Bravo, Carlos Ortiz Moreno y José Antonio Sánchez.
La marcha de Acapulco partirá a las 10:00 de la mañana de la glorieta de la Diana, y podrán asistir los ciudadanos que lo deseen, con la particularidad de que al frente vayan sólo periodistas.


FRATERNALMENTE

JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de FEDEFAM

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM

FEDEFAM 1981-2007: 26 años de lucha contra la impunidad
AFADEM 1978-2007: 29 años de lucha contra la impunidad
DESAPARECIDOS PRESENTACION
¡NO AL PROYECTO HIDROELECTRICO LA PAROTA!

Julio Mata Montiel
Secretario Ejecutivo de AFADEM
Vocal de FEDEFAM Acapulco: 045 74 4118 5044 Cd Mex: 045 55 2893 6354

British Resident Released From Guantanamo, 'Disappeared' in Morocco

London Guantanamo Campaign)

British resident AHMED ERRACHIDI has been released from Guantánamo Bay and has subsequently “disappeared” in Morocco

Following on from Ahmed Errachidi's release from Guantanamo and subsequent disappearance in Morocco, campaigners demanding the closure of Guantanamo and the release of all detainees will be protesting outside the American embassy on Thursday the 3rd and Friday the 4th between 6.00 pm to 7.00 on each day.

Please join the protest to ensure the safe return of all British residents held at Guantanamo including Ahmed Erracchidi. We are also proposing a letter writing campaign. The urgent Action notice below includes sample letters and addresses, including email addresses, that letters should be directed to. Please do everything you can.

Background:

Ahmed Errachidi, a 41 year old Moroccan national, lived in Holloway, North London; he had lived in the UK for 18 years and was granted indefinite leave to remain in the UK in the late 1990s. He has two children who are British nationals.

In 2001, he travelled to Pakistan to start a business venture to raise funds for a desperately-needed heart operation for his son. He was sold to the US military by Pakistani bounty hunters in Islamabad.

He was then transferred to American jails in Afghanistan before being sent to Guantánamo Bay.

Ahmed Errachidi had been held in Guantánamo Bay for over 5 years, during which he earned himself the nickname “The General” for his good English and organising other prisoners in actions against prison guards.

He spent three years in constant solitary confinement, the longest of any Guantánamo detainee, for refusing to cooperate with the prison authorities.

Ahmed Errachidi took part in the hunger strike in 2006 to protest his innocence.

In March 2007, the American government corroborated that and cleared him for immediate release as he poses NO threat to security whatsoever - this was after 5 YEARS PLUS of detention without charge or trial.

The British government has obtusely refused to seek the return of the ten British residents to the UK, although they secured the return of an Iraqi, Bisher El-Rawi, in March 2007.

Ahmed Errachidi was released on 24 April 2007 to Morocco where he subsequently “disappeared” upon arrival. “Disappearances” are common in Morocco, a country which is well known for its practice of torture and repression. Binyam Mohammed, a fellow British resident, was tortured in Morocco for several months, en route to Guantánamo.

Take action!

Write to the British Foreign Secretary (the least she can now do is press the Moroccan authorities to reveal his whereabouts) and the Moroccan Authorities (in English, French or Arabic) asking:
- for Ahmed’s whereabouts to be revealed
- for assurances to be provided that he is safe and not facing torture or any other forms of degrading and inhuman treatment
- for Ahmed to be granted immediate access to medical care, his family and lawyers
- to demand that Ahmed Errachidi be charged with recognisable legal offences or released IMMEDIATELY

Sample letter to Moroccan authorities: (feel free to adapt and/or write your own)

Dear,

I am writing to you concerning Ahmed Errachidi. Ahmed is a 41 year old Moroccan national who was returned to your country from Guantánamo Bay on Tuesday 24 April where he disappeared immediately upon arrival. His current whereabouts are still unknown and I am concerned for his physical and mental wellbeing.

Ahmed was released after 5 years of detention without charge or trial at Guantánamo Bay after the American authorities acknowledged that he was innocent and has no links to terrorism. Ahmed was unjustly detained for five years.

I call you on you to make his whereabouts known immediately and to provide me with assurances that he is safe and is not facing torture or any other forms of degrading and inhuman treatment. I demand that Ahmed be granted immediate access to medical care, his family and lawyers. Ahmed Errachidi is an innocent man and has already been wrongly detained for five years; I therefore call you on charge Ahmed Errachidi with recognisable offences for which you have proof or to release him immediately.
Please take action to uphold Ahmed’s human rights now.

Yours sincerely,

Write to:

His Majesty King Mohammad VI
King of Morocco
The Royal Palace
Rabat, The Kingdom of Morocco
Fax: + 212 37 76 85 15
(Greeting: Your Majesty)

Mohamed Bouzoubaa
Minister of Justice
Place El-Mamounia
Rabat, Morocco
(Greeting: Your Excellency)

Moroccan Embassy in the UK
HE Mohammed Belmahi
The Moroccan Embassy
49 Queen’s Gates Gardens
London, SW7 5NE
Fax: + 44 20 7225 3862
mail@sifamaldn.org mail@sifamaldn.org mail@sifamaldn.org

Sample letter to Margaret Beckett: (feel free to adapt and/or write your own)

Dear,

I am writing to you concerning Ahmed Errachidi. Ahmed is a 41 year old Moroccan national who was returned to Morocco from Guantánamo Bay on Tuesday 24 April where he disappeared immediately upon arrival. His current whereabouts are still unknown and I am concerned for his physical and mental wellbeing.

Ahmed lived in Holloway, North London; he had lived in the UK for 18 years and was granted indefinite leave to remain in the UK in the late 1990s. He has two children who are British nationals. Ahmed was released after 5 years of detention without charge or trial at Guantánamo Bay after the American authorities acknowledged that he was innocent and has no links to terrorism. Ahmed was unjustly detained for five years.

I call on you to take immediate steps to determine his whereabouts and ensure his immediate return to Britain. You would need to take urgent action to ensure against any form of degrading and inhuman treatment. Additionally The British Foreign office must try and get access to Ahmed Errachidi as soon as possible to confirm his safety and security.

I hope you will take immediate action to uphold Ahmed’s human rights now

Yours sincerely,

Write to:
The British Foreign Secretary
Margaret Beckett
Foreign and Commonwealth Office,
King Charles Street,
SW1A AH
Fax: + 44 20 7839 2417
Private.office@fco.gov.uk Private.office@fco.gov.uk Private.office@fco.gov.uk

,

BA: Este sábado en el Paseo de los Derechos Humanos

La Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Memoria Abierta lo invitan a participar el sábado 5 de mayo a las 11 horas de la incorporación al Paseo de los Derechos Humanos de 4 nuevos grupos de homenaje.

Los grupos de homenaje a víctimas del terrorismo de Estado que se incorporan son:

- Familiares de desaparecidos de origen europeo

- Federación Judicial Argentina

- Escritores y periodistas

- Facultades de ingeniería, arquitectura y ciencias económicas

También estarán presentes los grupos que ya forman parte del Paseo:

- Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini

- Colegio Nacional Buenos Aires

- Comunidad Boliviana

- Astilleros Astarsa

- Ex – Comisión Mercedes Benz

- Comisión por la memoria y justicia de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Celina

- Asociación de familiares de desaparecidos judíos

El evento se suspende por lluvia.

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¿Cómo llegar?

El Paseo de los Derechos Humanos se encuentra en el Parque Indo americano (Av. Escalada y Castañares -Villa Lugano)

La Fundación Memoria Histórica y Social Argentina pone a disposición de los interesados un transporte gratuito para llegar al Paseo. Los ómnibus partirán a las 9.30hs de Plaza Italia (en la entrada al Predio Ferial de Buenos Aires "La Rural" ubicado en Avda. Sarmiento 2704).

Para reservar su lugar, contáctese hasta el miércoles 2 de mayo a las 18hs a comunicacion@memoriaabierta.org.ar o al 4951-4870/3559.

Para llegar en auto:

consulte en http://www.memoriaabierta.org.ar/p_ddhh/paseo_DDHH_como_llegar.php

Líneas de colectivos que lo acercan al Paseo:

5, 7A, 36, 47, 50, 56, 86D, 86E, 86G, 101A,114, 193

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Paseo de los Derechos Humanos

Con el objetivo de fundar un espacio de recordación y reflexión, la Fundación Memoria Histórica Social Argentina propuso en 1991 la creación de un bosque en conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado.

El diseño del Paseo es producto de un trabajo de construcción de consenso con los vecinos: Veinte montes con diferentes especies de árboles honran a veinte colectivos de ciudadanos detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.

La suma de los montes, una plaza de la reflexión y los caminos que conectan cada parte, conforman el Paseo de los Derechos Humanos: un espacio para la comunidad, un espacio en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos.

El proyecto fue desarrollado por la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Memoria Abierta y el Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Para mayor información

E-mail: comunicación@memoriaabierta.org.ar

Tel.: 4951-4870/3559.

Página web: http://www.memoriaabierta.org.ar/p_ddhh/index.php

Concern over Chad 'disappeared'

Human rights groups in Chad are to stage a protest to demand the release of some 20 people who disappeared after being arrested by police a year ago.

The men were rounded up by security forces after a failed rebel attack on Chad's capital, N'Djamena, last April.

The coalition of rebel groups has since been dissolved.

However, human rights activists say the government has not revealed any information about those arrested despite repeated promises to do so.

Chadian non-governmental organisation, Human Rights Without Borders, says the government must now come clean.

"We've repeatedly asked the government to stick to its word and free these people. Many people have been arrested, and their families have been abandoned. There is no worse violation than a disappearance."

All night you don't sleep, wondering: Are they alive? Are they dead?
Hadija whose husband is missing

Hadija has not seen her husband since he left for work as usual, one morning a year ago.

"We have no idea where they are. We don't even know if they alive, dead, in prison, in Chad, in another country," she says.

"There is no information, there is no trace. We are in a situation without an end. All night you don't sleep. You are awake, wondering: Are they alive? Are they dead? Are they alive? Are they dead?"

Col Khamis Doukoune, who used to be a senior figure in the Chadian army, vanished on the eve of the rebel attack on N'Djamena.

His nephew, Mahamat Bichara, says his family were devastated.

"When we wake up every day we hope and pray to see him. It's hard to describe to you how hard it is, that he disappeared from one day to the next," he says.

"It's not a legitimate government which kidnaps someone and then refuses to tell the family where they are, or what they've done with them."
Story from BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/6614829.stm

Phil - Armed men seen taking Burgos' son in QC mall

May 2nd, 2007

MANILA, Philippines -- Finally, a lead in the disappearance of Jonas Joseph Burgos.

Two days after the son of the late press freedom icon Joe Burgos mysteriously vanished in Quezon City, his family received word from eyewitnesses that he had been abducted by "military-looking" men.

But Lt. Col. Bartolome Bacarro, spokesperson of the Armed Forces of the Philippines, denied the AFP was involved and said it was "unfair" for militant groups to implicate the military in the incident without evidence and to issue statements "filled with malice."

"We have checked it and there are no reports that Jonas is under the custody of the AFP," Bacarro said.

Burgos' widow Edith said witnesses reported that they saw eight armed men accost her 36-year-old son on Saturday inside the Ever Gotesco mall on Commonwealth Avenue, Quezon City, cover his face with a sack and beat him before dragging him into a maroon-colored van.

Edith said some of the men were "clean-shaven" and "appeared like members of the military."

Two others -- a woman identified as Melissa Reyes and an unidentified man -- were earlier reported to have disappeared with Jonas but the witnesses gave no account of the two and Edith had no further details about them.

Edith said the witnesses identified Jonas after his photograph was shown on television newscasts on Monday following her news conference. She said she was grateful that clues regarding her son's possible whereabouts had surfaced.

"But having heard that he may have possibly been abducted by these people scares me," Edith said.

Jonas is one of five children of Joe Burgos, the late publisher of We Forum and Malaya newspapers that challenged press restrictions during the martial law regime of Ferdinand Marcos. For his efforts, the International Press Institute named Joe Burgos one of the world's 50 Press Freedom Heroes of the Century.

Appeal to Arroyo: 'Do your job'

In an interview over dzBB radio Tuesday, Edith was asked to react to President Gloria Macapagal-Arroyo's Labor Day message in 2006 for "destabilizers" to stop their campaign and allow her to do her job.

Edith said she was taking the President's word for it and asked Ms Arroyo to "please just do your job" as Commander in Chief and "send word to the field that whoever is holding Jonas should free him immediately."

She said she and other supporters were planning to go to different military camps to look for Jonas.

"Any other information regarding my son would be greatly appreciated," she said.

Edith said at Monday's press conference that she last heard from her son on Saturday when he replied to a relative's text message, saying he was on his way home from SM North Edsa mall. She explained that the family was meeting regarding the future of We Forum that night.

Is training a crime?

Jonas, an agriculture graduate of Benguet State University, had conducted an organic farming training earlier on Saturday in San Miguel, Bulacan, for the Alyansa ng Magbubukid sa Bulacan (AMB), a chapter of the militant peasant organization Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

AMB and KMP are both militant peasant organizations that advance agrarian issues and the struggle of farmers in Central Luzon. Some KMP members were among the more than 800 victims of extrajudicial executions since 2001 (the Philippine Daily Inquirer count is 301).

Bayan Muna party-list Rep. Satur Ocampo, who authored a bill seeking a ban on enforced disappearances now pending in the Senate, expressed grave concern that the younger Burgos had become the latest "desaparecido" (disappeared).

"If the Armed Forces of the Philippines has a case against him, the AFP should go to court and not resort to extrajudicial measures," Ocampo said in a text message to the Inquirer.

"But what is his crime? Is it now a crime to provide agro training to organized farmers?" Ocampo added.

Disappearances

As of March 2007, the Families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND), an organization founded in 1985 by relatives, friends and colleagues of desaparecidos, had listed 188 cases of disappearances in the country since 2001.

Last year, 77 people were reported missing, an almost 200-percent jump from the 26 recorded in 2005.

Reelectionist Sen. Ralph Recto Tuesday said the government should put in as much effort in looking for the missing son of Joe Burgos as it did in its search for US Peace Corps volunteer Julia Campbell who was found murdered last month.

"The country owes the Burgos family a great deal of gratitude for the freedom it enjoys today that it should repay their valor by finding a missing kin," said Recto.

"During dangerous times, his father did not disappear for teaching us about freedom so why should his son go missing for simply teaching some folks about farming in these supposedly normal times?"

( www.inquirer.net )

Hoy 2 de mayo un hito histórico en Tucumán

Hoy 2 de mayo un hito histórico en Tucumán
Acto por los desaparecidos de Jujuy

02/05/2007 - 00:03
Castro

(Jujuy al día) - Hoy, 2 de mayo, en el Juzgado Federal de Tucumán, comenzarán las indagatorias a genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenales de esa provincia.

A las nueve de la mañana deberá declarar Luciano Benjamín Menéndez, quien actuó como comandante del III Cuerpo desde 1975 hasta 1979. Las provincias que estaban bajo la responsabilidad de este genocida eran: Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Laura Figueroa, integrante de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán, expresó que es la primera vez que se indagará a genocidas por las causas referidas con un CCD y esta acción constituye “un hito histórico para Tucumán y para todo el país”. Según expresa Figueroa, Arsenales fue “el centro de exterminio más grande del norte (cientos de personas oriundas de distintas provincias) dentro de Jurisdicción militar, que operó como tal desde 1976 a 1981”. Es necesario, en este punto, recordar que Tucumán tiene el triste privilegio de ser la provincia donde empezaron a operar institucionalmente los CCD.

Hasta el momento, existen certezas absolutas (aportadas por testigos que también estuvieron detenidos) que, en el CCD Arsenales, 154 personas fueron detenidas-desaparecidas y asesinadas. A esta cifra deben agregarse otros nombres que habían sido detenidos-desaparecidos en otros CCD y que posteriormente fueron trasladados a Arsenales.

Entre las personas de la primera lista figuran personas vinculadas con Jujuy (ya sea porque son nacidas en esta provincia o porque sus secuestros ocurrieron aquí): Juan Carlos Pastori, Juan Ángel Baca, Víctor Hugo Safarov, Julio Rolando Álvarez García (“Pampero”), José Manuel Cabrera, Rubén Molina, Hugo Antonio Narváez Herrera, Juan Gerardo Jarma, Rubén Edgardo Canseco, Juan Carlos Espinoza, Roberto Alejandro Polanco y Osvaldo Giribaldi. Entre los que fueron vistos en otros CCD y luego traslados a Arsenales están: Víctor Orlando Farfán y Ezequiel Matías Claudio Pereyra.

La responsabilidad de los militares que tuvieron actuación en Tucumán será indagada a partir de hoy. En días posteriores, otros represores deberán declarar en días posteriores; tal vez, la cita más esperada sea la del 10 del mayo, cuando declare Antonio Domingo Bussi, ya que existen sobrados motivos para no olvidar su paso por aquella provincia.

En distintos tramos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó a los comandantes de de las Juntas Militares, se expresa que “cada uno de los jefes militares obró con autonomía sin someterse a ninguna autoridad superior” y que “cada Comandante en jefe actuó con independencia y fue soberano en sus decisiones”. Por lo tanto, existen más que sobrados motivos para coincidir con lo expresado por la abogada Laura Figueroa: la citación de estos genocidas marca un hito histórico en la larga lucha por la justicia en este país.

Cumpleaños en Tucumán*

Hugo Antonio Narváez Herrera estudiaba Agronomía en la Universidad Nacional de Tucumán. Alquilaba, junto a otros estudiantes jujeños, un departamento. La noche del 16 de julio de 1976, él estaba en las vísperas de cumplir veintitrés años, así que salió a festejar junto a sus comprovincianos Rubén Canseco, Rubén Molina, José Manuel Cabrera y Juan Gerardo Jarma.

A la medianoche, mientras los jóvenes se divertían en la peña Alto La Lechuza, un grupo de encapuchados allanó el departamento. Buscaban a Eduardo Cáceres, pero no lo encontraron; sólo estaban Osvaldo Jayat, Gerardo Herrera y Víctor Lemme, quienes se habían quedado estudiando. Los obligaron, mediante amenazas, a decir dónde se encontraban los otros; luego los dejaron, en calzoncillos, en medio de los cañaverales de un paraje llamado El Manantial.

En la peña, a las dos de la madrugada, seis encapuchados ingresaron con armas de distinto calibre y obligaron a los jujeños (ese día, también fueron detenidos dos jujeños en San Miguel de Tucumán: Juan Carlos Espinoza, estudiante de Derecho y Ciencias Exactas, y Roberto Alejandro Polanco, estudiante de Medicina) a salir y se los llevaron en dos autos (Ford y Torino), sin patentes. Sobre el frente de acceso a un galpón estaba la siguiente leyenda: “Tucumán: cuna de la independencia, sepulcro de la subversión”.

• Fragmento de mi libro Con vida los llevaron: Memorias de madres y familiares de detenidos-desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina. Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2004.

Por Reynaldo Castro

http://reynaldocastro.blogspot.com/2007/05/un-hito-histrico-en-tucumn.html

http://www.jujuyaldia.com.ar/leer/35535

Tras su internación, Bussi regresa a cumplir prisión a un ex arsenal

El represor, que permanecía en un sanatorio privado por un edema pulmonar, recibió hoy el alta médica. Ya fue trasladado al lugar donde cumple con su condena por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El represor Antonio Bussi recibió hoy el alta médica y regresó al ex arsenal Miguel de Azcuénaga procedente de un sanatorio privado, donde había estado internado desde el viernes por un edema pulmonar.

Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado del ex gobernador (1995-1999), confirmó a la prensa que su cliente, tras haber sido revisado por los médicos que lo atendieron, "fue derivado otra vez al ex arsenal", donde cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El viernes, Bussi había sido internado de urgencia en el sanatorio Galeno, de esta capital provincial, donde fue tratado en la unidad coronaria de la entidad por el cardiólogo Federico Roig, quien hoy autorizó el alta del militar retirado.

Bussi sigue en el ex arsenal, ubicado en las afueras de esta ciudad, sobre la ruta nacional 9, pese a que el juez federal Jorge Parache autorizó a que cumpla con arresto domiciliario la prisión preventiva que pesa en su contra.

Mientras Bussi era trasladado al ex arsenal, desde esta unidad militar fue llevado a los Tribunales Federales el ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, imputado junto a Bussi en medio millar de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

Menéndez, que también tiene como abogado a Conesa Mones Ruiz, negó hoy competencia a la justicia civil para actuar y aseguró que debería intervenir la Justicia militar. En las afueras de los Tribunales, se concentraron militantes de organismos de derechos humanos, que reclamaron el esclarecimiento de los hechos.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60950&id=147065&sec=1&dis=1

Arg - Solá anunció un subsidio para padres de desaparecidos en la última dictadura

El gobernador bonaerense informó que enviará la iniciativa a la Legislaltura. El proyecto abarca a los desaparecidos y muertos entre el 6 de noviembre de 1974 al 6 de diciembre de 1983, y para aquellos que no gocen de ningún beneficio de ese tipo.

El gobernador Felipe Solá anunció esta tarde que la provincia de Buenos Aires enviará a la Legislaltura un proyecto par otorgar un subsidio vitalicio a los progenitores de personas desaparecidas durante la dictadura militar y que no están alcanzados por ningún beneficio de ese tipo.

"Vamos a enviar un proyecto de ley por el cual la provincia va a otorgar un subsidio mensual y vitalicio a los padres de personas secuestradas, desaparecidas y muertas en el período que abarca del 6 de noviembre de 1974 al 6 de diciembre de 1983", sostuvo Solá.

El gobernador formuló el anunció al encabezar en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, un acto en homenaje a los 30 años de las Madres de Plaza de Mayo.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60950&id=147069&dis=1&sec=1

Entrevista a marta Vázquez

“Algo superior nos guiaba”

En esta entrevista, Martha Vázquez, de Línea Fundadora, repasa los orígenes de las Madres en su 30º aniversario.

Por Adriana Meyer

“Algo superior nos guiaba, siempre digo que fueron nuestros hijos.” Así reflexionó Martha Vázquez sobre la lucha de las madres de desaparecidos, a 30 años de las primeras rondas en Plaza de Mayo. En 1996, durante una entrevista para un documental de la BBC de Londres, el marino Adolfo Scilingo le dijo que su hija María Martha estaba muerta y que había dado a luz un varón mientras estuvo cautiva en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “Fue un enorme dolor cuando me dio a entender que había hecho ‘el vuelo’. Pero sentí cierta tranquilidad y la esperanza de buscar con firmeza a ese niño”, recordó en diálogo con Página/12. Vázquez destacó que “con este gobierno el cambio respecto de los derechos humanos ha sido muy grande”, pero le pidió a la administración de Néstor Kirchner que “obtengan las listas que aún existen, que se aceleren los juicios y que los represores vayan a cárceles comunes”.

Martha Vázquez solía entregarse a la costura en los ratos libres que le dejaban sus tareas de ama de casa. Aunque estaba acostumbrada a viajar y al protocolo diplomático derivado del trabajo de su marido, su vida cambió de manera abrupta el 14 de mayo de 1976 cuando secuestraron a su hija María Martha y a su yerno César. Esta mujer de 81 años, que desde hace tres preside Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, disfrutaba hacer de repostera en los cumpleaños de sus nietas, pero ahora pasa sus días escribiendo y leyendo sobre derechos humanos y leyes internacionales. “He luchado con ellos cuerpo a cuerpo... una mira para atrás y no entiende cómo hizo todo esto”, contó sobre los primeros días en que las Madres chocaban con la policía en la plaza, acomodada en el living de su departamento de Barrio Norte mientras junta energías para las numerosas actividades por el 30º aniversario del nacimiento de las Madres.

–¿Cómo cambió su vida desde que se llevaron a su hija?

–Completamente. Fue un vuelco enorme, vivíamos en México porque mi marido era ministro consejero en la embajada. Durante un año esperaba, se movía él. Luego empecé a hacerlo yo junto a Chela Mignone, porque nuestras hijas eran íntimas amigas que habían sido llevadas juntas por su trabajo en las villas del Bajo Flores. Tanto María Martha como Mónica eran sensibles, solidarias y humanas, lo mismo su marido, estaba casada con César Lugones. Se habían conocido haciendo este trabajo solidario misionando en Esquel. Ella era psicopedagoga y tenía 23 años, César tenía 26 y era veterinario.

–¿Cuáles fueron los primeros pasos de la búsqueda?

–Emilio (N.d.R: Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales) y mi marido se movían, por sus conexiones. Pensamos que iban a obtener algo. No hay militar que no hayan entrevistado y nadie les decía la verdad. Un día comprendí que no podía quedarme en casa, y le dije que quería ir con él a las entrevistas, entonces íbamos los cuatro. Hasta que un día Emilio dijo ‘vayan ustedes solas’. Una vez vimos a un alto jefe de la Marina en el edificio Libertad, a principios del ’77. Fue todo una mentira, negó todo. Le dijimos que sabíamos que la Marina se los había llevado. Una salía con una sensación de fracaso enorme.

–¿Esos fracasos las motivaron a unirse y salir a la calle?

–Con otros matrimonios nos reuníamos para ver qué se podía hacer. Emilio fue el principal consejero de las Madres durante mucho tiempo. Todos hacíamos el mismo recorrido, Ministerio de Interior, capillas, regimientos, comisarías. Chela me dijo que un grupo de madres estaban yendo a la Plaza de Mayo. El primer día no hice caso, pero la segunda vez sí, y me incorporé al mes del inicio. Me vienen tantos recuerdos...

–¿Como cuáles?

–Y, las veces que hemos enfrentado a las Fuerzas Armadas en plena dictadura, cuando íbamos a la plaza y no nos dejaban pasar. En dos ocasiones he luchado con ellos cuerpo a cuerpo, me di vuelta esperando que me agarraran y el policía se fue para otro lado, estaba de civil. Se quería llevar a un muchacho joven y lo soltó cuando lo agarré de atrás. Hacíamos esas cosas muchas de nosotras. Esos hechos han contribuido a este largo caminar, es increíble que hayan pasado treinta años.

–¿Ya daban vueltas a la Pirámide?

–No, al principio nos reuníamos en la iglesia San Ignacio, de Alsina y Defensa. Ahí conocí a Azucena (Villaflor), que era una líder y por eso es que hoy no está. Al jueves siguiente fui a la plaza, y a la tercera vez vino la policía y nos dijo: “Señoras no pueden estar aquí, hay estado de sitio, más de dos personas no se pueden reunir, por favor, circulen”. Así fue que empezamos a circular, mansitas nos paramos y caminamos pero sin dar vueltas. Ya la siguiente vez fuimos al cantero frente a Casa de Gobierno, y empezamos a marchar. Había un padre, Julio Binstock, que nos contaba. Un día llegamos a ser cien. Ibamos prevenidas por si nos llevaban presas, con el cepillo de dientes en la cartera. Hasta limones teníamos, por si nos tiraban gases, y bolitas para hacer caer a los caballos.

–¿Cómo las afectó la desaparición de Azucena Villaflor?

–Fue un día terrible. No sabíamos para qué lado ir. Nos reunimos con Emilio, Augusto Conte y un grupo en una confitería de Montevideo, entre Arenales y Santa Fe, para ver qué hacer. Ellos estaban muy preocupados por nosotras. Querían que no fuéramos más, mi marido temía por mí.

–Si les hubieran hecho caso no habrían llegado a ser lo que son.

–Jamás tuvimos miedo, fuimos inconscientes.

–¿O aprendieron a convivir con el miedo para que no las paralice?

–No sé, porque nunca lo analizamos. La verdad es que afrontábamos las cosas con alegría. Había algo superior que nos guiaba, y siempre digo que fueron nuestros hijos. Cómo voy a hacer todo lo que hice, las entrevistas a nivel internacional, yo era más bien tímida (N.d.R: Vázquez tuvo un rol destacado en la aprobación de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas, que reconoce al terrorismo de Estado como delito de lesa humanidad).

–¿Se puede decir que tomaron las banderas de sus hijos?

–Sí, esa es nuestra mayor preocupación: reivindicar su lucha y sus valores. Por algo se los llevaron, en el mejor sentido.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-84308.html

30 años de Madres de Plaza de Mayo: La dignidad rosarina

(AW) Semblanza e historias de las Madres de plaza 25 de mayo, Rosario. Homenaje a la lucha y el coraje de quienes enseñaron el camino de la dignidad. Por Carlos del Frade.

“Si busca dignidad, vaya a la Plaza”, decía Rubén Naranjo, maestro, artista y militante cada vez que explicaba su presencia todos los jueves de sus últimas décadas en la Plaza 25 de Mayo de Rosario.

Allí estaban, allí están, las Madres de la Plaza 25 de Mayo.

El próximo 30 de abril cumplirán treinta años, 1558 jueves marchando. Porque no es una ronda que gira siempre sobre lo mismo, es una marcha que va en busca de justicia, como ellas mismas dicen.

Una marcha que empezó aquel sábado 30 de abril y que no paró más.

Porque en la plaza se encontraban sin escritorios de funcionarios de por medio y la charla se hacía democrática y horizontal. Porque la plaza era el corazón palpitante de la historia política argentina.

Y hacia Buenos Aires viajaban todas las semanas las Madres rosarinas, santafesinas, entrerrianas y de otras provincias.

Cada una con su historia de despojo y exigiendo justicia. Nunca venganza, simplemente justicia.

Las Madres de los pañuelos blancos

Pañuelos blancos que amanecieron en octubre de 1977, cuando decidieron sumarse a una peregrinación de cientos de miles de jóvenes a Luján para pedir por la aparición con vida de sus hijos y no sabían cómo llamar la atención.

-Habrá que calzar los pañales de los chicos -dijo una de ellas y así fue.

Desde entonces el pañal, símbolo del nacimiento del proyecto de amor concretado, se convirtió en sinónimo de la dignidad.

Cuando en diciembre de 2001 todo pareció derrumbarse en el país de los argentinos, cualquier posa era imaginable. Podía desaparecer el estado, podían disolverse el peronismo y el radicalismo, podía no existir casi ninguna institución, pudo pervertirse el fútbol en simple negociado de minorías; pero lo que resultaba inimaginable era pensar la Argentina sin el pañuelo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo.

Resistencia y sueños colectivos inconclusos, ronda de los jueves que no gira sobre si misma, sino que marcha hacia un futuro de justicia, amor y belleza para todos.

Desde el pañal, desde el lugar más profundo donde nace el dolor incalculable de la desaparición de una hija, de un hijo y del secuestro de los nietos, desde ese mismo lugar en el que es parido el amor, surgió el sentimiento de la dignidad del pueblo resumido en mujeres del pueblo que se cansaron de peregrinar por pasillos siempre oscuros y decidieron mostrarse en la Plaza.

-La única lucha que se pierde es la que se abandona - fue la frase que resumió el horizonte de dignidad para el pueblo argentino. Es imposible el futuro sin las Madres.

En el último acto con motivo de cumplirse los 31 años del golpe de estado genocida, aquel proceso contrarrevolucionario que tuvo como consigna matar para robar, para domesticar a las nuevas generaciones de trabajadores, el patio cívico del Monumento Nacional a la Bandera, ese cielo abierto de la historia rosarina, las Madres de la Plaza 25 de Mayo fueron ovacionadas por pibas y pibes menores de veinte años.

Parece mentira, mujeres tan grandes y pariendo dignidad, echando a andar la rebeldía, el coraje y la admiración en las nuevas pibadas que asoman al tercer milenio desde el sur de la provincia de Santa Fe.

“Hubo jueves que vendíamos los diarios de las Madres en la esquina de San Martín y Córdoba donde Manolí Labrador los insultaba de arriba abajo a los policías...Estábamos locas pero nunca tuvimos miedo...Después todo lo que nos hicieron. Nos hicimos duras pero sin perder nunca la ternura, como diría el Che”, recuerda Darwinia Galicchio, maestra de artes visuales.

Las Madres rosarinas empezaron a reunirse en el local que tenía Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, sobre la cortada Riccardone. Ellas, las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario nunca tuvieron local propio.

Hasta bien entrada la democracia, las Madres rosarinas no aparecían en las agendas de los grandes medios de comunicación de la ciudad. Cuando no se las descalificaban por “locas”, como alguna vez las llamó Albano Harguindeguy, preferían hablar con referentes nacionales. No sea cosa que aparecieran en los relatos de las mujeres las complicidades múltiples de los tantos que colaboraron con el terrorismo de estado por estos arrabales del mundo.

“Desde el edificio del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército nos llegaron a tirar de todo. Cualquier cosa de porquería. Pero nosotras seguíamos adelante”, agregó Darwinia en diálogo con este cronista recordando algunas cosas que están a mano después de treinta años de peregrinaje, de marcha buscando un futuro mejor con el amor, la memoria, la verdad y la justicia como base de lo que vendrá.

Ya hay algunas Madres rosarinas que siguen marchando por la pampa de arriba, como María Rosa White, Irma Martínez, Elena Belmont y el propio Rubén Naranjo al que siempre lo consideraron un hermano.

“Espero los días de la plaza...Es una necesidad”, remarca Darwinia.

Historias

Desde el 24 de marzo de 2004, las Madres rosarinas tienen su propia revista: “Alapalabra”, escrita con precisión, altísima sensibilidad y gran calidad literaria por periodistas militantes como Carina Barbuscia, Jorge Cadús, Pablo Alvarez y Facundo Toscanini, entre otros.

En sus contratapas, cualquier rosarino puede encontrarse con fragmentos de la vida de estas mujeres que simbolizan la dignidad de los que en medio del dolor más profundo siguen peleando por la justicia y el amor.

“En su casa de barrio Rucci, entre diarios e imágenes, libros y recortes, Noemí de Devicenzo nos cuenta su vida, entre mate y mate. Un 27 de septiembre de 1976, es cuando desaparece su hijo, Roberto Devicenzo, y su nuera, Miriam Moro. Ellos se habían conocido en la escuela secundaria, donde juntos militaron, se enamoraron y soñaron con un país y un mundo muy diferente”, relatan sobre una de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario.

“Noemí nos cuenta de aquellos primeros años, cuando no iba a la Plaza pero se hacía fuerte con los afectos, y desandaba el dolor encontrando refugio en los nacimientos, en los nietos que llegaban para dar otro color al mundo. Sobre la mesa se mezclan las épocas y los recuerdos y Noemí nos habla del presente... "Al final estamos pagando una deuda que inventaron los que mataron a nuestros hijos...". Noemí nos habla de Dios y nos dice que todavía cree en la justicia, también nos dice que espera encontrarse con sus hijos cuando le toque partir a ese misterioso viaje final”, apuntan los cronistas y regalan una imprescindible historia que alguna vez deberá enseñarse en las escuelas rosarinas.

Norma Vermeulen es otra de las Madres rosarinas. Ella les dijo a los hacedores de “Alapalabra” de su hijo Osvaldo Mario, de su militancia, del silencio que nunca le ganó, y de cómo cada jueves vuelve a la plaza para encontrarse con él. Norma nos habla de la importancia de seguir nombrando a Osvaldo y nos regala unas palabras que encontró y guardó para nunca dejar de pronunciarlas... “Hay que regar los recuerdos como a las flores, y para regarlos hay que mantener regularmente el contacto con los testigos del pasado, es decir, con los amigos. Son nuestro espejo, nuestra memoria”.

En la revista de las Madres asoman las peripecias de mujeres como Esperanza Labrador.

Un día permaneció horas dentro del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta que alguien salga a dar respuestas.

“Señora, si su hijo es un montonero”, respondía Leopoldo Fortunato Galtieri, desde la soberbia de quien decide la vida y la muerte.

Palmiro Labrador, su hijo, había desaparecido el 10 de septiembre de 1976, tiempo después sería asesinado su marido y otros dos hijos, y la casa despojada.

“Si los montoneros son todos como mi hijo, Pues que vivan los montoneros!”

La voz en cuello de Esperanza paralizaba a los verdugos, que solo podían echarla a los empujones... “Saca esa mano de ahí, hijo de puta, que esa mano esta llena de sangre de mis pobres hijos”

Junto a su hija, Manolí, junto a las Madres mantuvo la lucha inclaudicable, consiguió que Galtieri y otros represores sean citados por el Juez español Baltazar Garzón y sean por siempre llamados asesinos de lesa humanidad.

“Yo muchas veces pienso cómo estaremos vivas las madres. Cómo estaremos vivas con todo lo que hemos hecho, cómo hemos jugado con la muerte...”. Esperanza se pregunta y Manolí nos dice que los asesinos nunca contaron con las Madres, nunca habrían podido imaginarlo, el movimiento de las Madres no se terminará nunca, es para toda la vida”, apunta la revista y tiene razón.

Allí, en la revista de las Madres rosarinas, también está la crónica existencial de Lila Forestello: “Corría el mes de agosto de 1977 cuando Lila Forestello partía hacia España, dos veces habían allanado su casa en busca de su hija, Marta María, las llamadas Fuerzas Conjuntas, a punta de pistolas, rostros ocultos y prepotencia. El exilio duró solo tres meses, hasta que el 2 de noviembre fallecía su marido, Lila emprendía el regreso cargando las cenizas y la incertidumbre de no saber cómo estaba su hija, y su nieta Victoria, en la clandestinidad. Marta María estudiaba Ciencias Económicas y se había recibido en el Colegio de las Adoratrices, donde conocer la Doctrina Social de la Iglesia la movilizó a trabajar en las villas, porque el sol debía salir para todos. Un año después, en 1978, ella es detenida, con su hija Victoria de apenas un año y medio. Así empieza la búsqueda, Lila recorrió comisarías y comandos, calles y pasillos, preguntó a los vecinos de Lavalle, entre 3 de febrero y 9 de julio, que vieron cómo se las habían llevado, presentó recursos de Hábeas Córpus, en juzgados Federales y Provinciales, preguntó en la misma policía. Hasta que un día se le ocurrió presentarse en un Juzgado de Menores. Un secretario llamado Artigas, el mismo que hoy es Juez, le dijo que había encontrado a su nieta, que estaba en la policía de mujeres, así fue como Lila encontró a Victoria, quince días después, con signos de maltrato y abandono, en manos de la policía. La búsqueda siguió, Lila conoció a las Madres en las primeras reuniones, en el local de Familiares. Un día le dijo a Darwinia Galichio que también ella encontraría a su nieta, y así fue”, confirma el relato.

Síntesis. Las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario

Voces que expresan las complicidades de los que mataron para robar, de los que convirtieron a la ciudad obrera en ciudad goleada, donde los profetas de Cristo se transformaron en justificadores de Pilatos y el imperio.

Como alguna vez lo narró Nelma Jalil, la mamá de Sergio Jalil.

Su testimonio sintentiza el drama y la esperanza de las Madres.

La simpleza de una mujer de barrio que se enfrenta, a puro amor, contra los responsables del terrorismo de estado y sus socios de sotana.

“El 14 de octubre de 1976 empieza nuestro drama. Se presentaron en mi casa quince o veinte hombres fuertemente armados, que vestían ropa de fajina, parecía que tenían peluca, barba y bigotes postizos. Estaban tan excitados que parecían drogados. Dijeron ser de la policía, de la jefatura y que venían a buscar a mi hijo Sergio. El no estaba en casa. Lo mismo pasaron, revolvieron y buscaron hasta el último rincón. Al ver que no estaba se fueron diciendo “vamos, vamos que está todo levantado”. Después que se fueron el comentario en la familia, vivían mi hija, mi yerno y mi marido. Viste lo que dijeron, que estábamos todos levantados. Mirá vos, con un ejército dentro de la casa íbamos a quedar durmiendo...

“No tonta, no es eso...El 15 a la tarde a Sergio lo detienen en calle República 3635 en un procedimiento que matan a una chica que le decían Lala. Eso nos enteramos después por los vecinos, recorriendo, íbamos con fotos. Los vecinos nos contaron que esta chica Lala estaba de rodillas implorando que no la maten, totalmente desarmada y la mataron a quemarropas. A Sergio lo detienen, le vendan los ojos con un pulover rojo que tenía en la cintura, lo esposan y lo llevan en un auto blanco a Jefatura donde lo torturan salvajemente... Esto pasó el 15 y el 17 a la madrugada junto a seis compañeros son llevados a Los Surgentes donde son fusilados.

“Yo fui a hablar con el padre Zitelli que era muy amigo del padre Griffa que se crió con mi marido y en una carta muy extensa le pidió, le suplicaba que hiciera todo lo posible por informarnos”, siguió diciendo Nelma.

“Y entonces el padre Zitelli nos recibió y me dijo que no le correspondía a ellos. Que tenían otra misión. Son tantas las que vienen por lo mismo. Yo no puedo hacer nada. No me corresponde, yo tengo otras cosas más importantes de las que ocuparme. Así que dígale al querido Antonito, por Griffa, que lamentablemente no lo puedo complacer en su pedido”, explicó la increíble rosarina de la zona norte.

Pero quizás el caso de mayor vergüenza para los cristianos sea la práctica del cura García, el secretario de monseñor Bolatti.

“El padre García me tuvo engañada tanto tiempo. Me decía que Sergio estaba bien, que como se había recibido ese año de agrónomo lo tenían trabajando de agrónomo en el campo que estaba perfectamente y que de un momento a otro iba a estar con nosotros. Y me decía siempre ya falta menos, falta menos, ya va a llegar y un día, víspera de navidad, las navidades eran terribles para mi y siguen siendo, me dice Señora póngase contenta, vaya a su casa, prepárele la camita, ventílele toda la ropita, prepárele la comida que más le gusta porque esta navidad Sergio la pasa con ustedes. Yo me fui enloquecida a mi casa y empecé a hacer todo lo que él había dicho. Y me dispuse a esperarlo... y Sergio no llegó. El padre García era el secretario del obispo Bolatti y él se encargaba de dar falsas noticias a los familiares de los desaparecidos a cambio de regalos que él mismo nos pedía. Me acuerdo que un día me pidió un maletín de cuero y yo en ese momento no contaba con dinero porque había abandonado todas mis actividades, yo trabajaba en el comercio con mi esposo y me dediqué únicamente a buscar a Sergio, entonces no contaba con dinero y juntando las moneditas y fui y le compré el maletín y se lo regalé. Le llevaba vinos finísimos y como yo desfilaban las madres porque a todas nos tenía igual. Hasta que un día me convencieron sobre lo que estaba pasando y yo nunca más le llevé regalitos pero tampoco tuve más audiencias”.

“Para mi Sergio está presente en cada niño que muere de desnutrición, en cada padre que no tiene trabajo, en cada marcha de los maestros, en la lucha de sus compañeros, con los jubilados, está todos los jueves en la plaza junto con las madres...por eso yo te digo, Sergio no estás desaparecido. Estás presente en la lucha de tu pueblo y todas la mañanas cuando me despierto, veo el rostro de mi hijo que me sonríe y me dice dale gorda, adelante, vos podés, fuerza”, se emociona al contar su creencia íntima y social.



Treinta años después, más chiquitas pero más luminosas, en la Plaza 25 de Mayo, todos los jueves por la tarde, las Madres rosarinas marchan alrededor del pequeño obelisco y en sus pasos que no se detienen enseñan el camino al futuro mejor, aquel por el que pelearon sus hijas e hijos revolucionarios.

Que los cumplan muy feliz.

Gracias por treinta años de dignidad.