Principales centros clandestinos de detención del circuito Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires

Dependiendo de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando del entonces Coronel Ramón Camps, y de la Dirección General de Investigaciones a cargo de Miguel Etchecolatz, operó un Circuito l de Campos Clandestinos de Detención, dentro del Area 113 (legajos N° 2818 - 2820 - 2821 -2822 - 2852 - 2857 - 683 - 3944 - 2846 - 4839 - 7169 - 4635).

El circuito comprendía funcionalmente los siguientes campos, ubicados en un radio geográfico relativamente extenso:

COT I Martínez: Avda. Libertador N° 14.237/43, de Martínez.

Pozo de Quilmes: Allison Bell esquina Garibaldi, de Quilmes.

Pozo de Bánfield: Vernet esquina Siciliano, de Bánfield.

Puesto Vasco: Don Bosco, Partido de Quilmes.

Arana: calle 137, esquina calle 640, de La Plata.

La Cacha: Antigua antena de Radio Provincia.

Comisaría 5ta.: calle 24, esquina calle 63, de La Plata.

Brigada de Investigaciones de La Plata: Calle 55 N° 930.

No se trataba sin embargo de un sistema enteramente cerrado, y los mismos centros, en caso necesario, resultaban estar vinculados también por razones operativas con otros dependientes del CRI (Central de Reunión de Inteligencia), correspondiente al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, como el caso de algunas comisarías de la zona oeste del gran Buenos Aires.

El COT I Martínez revistió dentro del circuito algunas características propias, funciones especiales, tales como albergar entre sus detenidos a numerosas personalidades de pública actuación, como los periodistas Rafael Perrotta y Jacobo Timerman, y a dirigentes políticos y a ex funcionarios de jerarquía durante el gobierno constitucional depuesto el 24 de marzo de 1976: tales los casos de Ramón Miralles, Juan Gramano, Juan Ramón Nazar, Alberto Líberman, Héctor Ballent, etc.

Otra de las características peculiares de este Centro fue la de no ocultar al barrio las actividades que allí se desarrollaban, actitud cuya conjetural intención última era sembrar el terror en el vecindario. En ocasión del procedimiento de verificación «in situ» realizado por la CONADEP el 20 de enero de 1984, con la presencia de dos ex detenidos, un vecino de la zona manifestó:

«Vivo aquí con mi familia desde el año 1973. Al llegar nosotros, ese inmueble colindante estaba desocupado. A fines del 76 empezaron a hacer modificaciones. Elevaron allí una gigantesca pared medianera y pusieron un alambre de púas, colocando rejas en las ventanas. Se escuchaba permanentemente el ir y venir de personas. De noche, los focos de la torre iluminaban por todos lados. Se escuchaban disparos de la mañana a la noche, como si practicaran tiro o probaran armas. También se oían gritos desgarradores, lo que hacía suponer que eran sometidas a torturas las personas que allí estaban. A menudo sacaban de allí cajones o féretros. Inclusive restos mutilados en bolsas de polietileno. Vivíamos en constante tensión, como si también nosotros fuéramos prisioneros; sin poder recibir a nadie, tal era el terror que nos embargaba, y sin poder conciliar el sueño durante noches enteras».

La relación de este Centro Clandestino de Detención con otros de este circuito está evidenciada por la presencia del mismo personal en unos y otros. Tal el caso del Comisario Valentín Milton Pretti, «Saracho», nombrado también en testimonios N° 4635, 1277, 3988, referidos al «Pozo de Quilmes»; el Subcomisario Amílcar Tarela, «Trimarco», mencionado por su actuación en el «Pozo de Bánfield» (Legajo N° 37S7); y el médico Jorge Antonio Bergez en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de La Plata (Legajos N° 1277, 683, 3944).

En cuanto a los detenidos, algunos de los cuales fueron objeto de extorsiones, eran frecuentemente trasladados de uno a otro Centro, tal como surge de numerosos testimonios de personas que, hoy liberadas, declaran haber recorrido varios Centros Clandestinos de Detención del mismo circuito.

«Luego de detenerme en mi domicilio de la Capital Federal, me llevaron a la jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires donde me interrogaron Camps y Etchecolatz; de allí me trasladaron a Campo de Mayo, donde me hicieron firmar una declaración. Luego me depositaron en Puesto Vasco, donde fui torturado, para pasar nuevamente al Departamento Central de Policía, donde después de veinticinco días pude tener contacto con mi familia. De allí me llevan al COT I Martínez para ser nuevamente torturado, luego otra vez al Departamento Central de la Policía Federal y por último me legalizan definitivamente en el Penal de Magdalena Jacobo Timerman, Legajo N° 4635).

Tanto el ex Jefe de Policía de la Provincia Ramón J. Camps cuanto el comisario general Miguel Etchecolatz son mencionados además por los testigos (Julio Alberto Emmed - legajo N° 683, Carlos Alberto Hours - legajo N° 7169, Héctor María Ballent - legajo N° 1277, Ramón Miralles legajo N° 3757, Eduardo Schaposnik - legajo N° 3769, Juan Amadeo Gramano - legajo N° 4206).

Si bien el Puesto Vasco era un centro de capacidad reducida en cuanto a la cantidad de detenidos, recibía la visita frecuente de altos jefes militares y policiales, hecho que indica que las tareas de inteligencia que allí se realizaban revestían particular importancia.

«Fui entrevistado por el general Camps - testimonia el Dr. Gustavo Caraballo, abogado, 40 años, legajo N° 4206 - quien personalmente ordenó que yo fuera sometido a apremios ilegales en ese centro».

El C.C.D. al que hace referencia el Dr. Caraballo y que pudo reconocer en las fotografías tomadas durante la inspección de la CONADEP, es precisamente la Sub-comisaría de Don Bosco, que operó en el circuito clandestino con el nombre de Puesto Vasco.

Dentro del mismo circuito funcionaron dos centros con una característica especial: estaban asignados no sólo a acciones represivas dentro del esquema del I Cuerpo de Ejército, sino también a otras dirigidas contra ciudadanos uruguayos residentes en la Argentina, a partir de un convenio de coordinación represiva establecido entre los que parecen ser grupos operativos de ambos países. Participaban de esas acciones - tanto en el plano de la conducción como del aprovechamiento del «botín de guerra» - funcionarios de OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas del Uruguay), muchos de cuyos oficiales ya habían actuado con sus pares de la Policía Federal Argentina en el Centro Clandestino «Orletti», y aparecen mencionados por detenidos de los «pozos» de Quilmes y Bánfield.

«En la madrugada del 21 de abril de 1978 irrumpieron en mi domicilio de Lanús Oeste veinticinco personas de civil, fuertemente armadas . Mi esposo y yo fuimos encapuchados, esposados y luego introducidos en una camioneta. Sabemos, por muchos indicios, que estuvimos en el sótano de la Brigada de Investigaciones conocida como «Pozo de Quilmes». Allí fuimos interrogados acerca de nuestra actividad en el Uruguay - de donde provenimos - , y en la Argentina. En este campo pudimos ver a numerosos uruguayos, algunos de ellos en muy mal estado, debido a la tortura. Cinco días después nos dejaron en libertad, previo acuerdo de que debíamos entregar una fuerte suma de dinero. Tanto la extorsión como el secuestro y el interrogatorio estuvieron dirigidos por un individuo que se hacía llamar "Saracho". Fuimos llevados hasta nuestro domicilio, donde debimos entregar una elevada suma de dinero, producto de una indemnización por accidente percibida por mi suegra días antes». (Beatriz Bermúdez -Legajo N° 3634).

Otro uruguayo, Washington Rodríguez (Legajo N° 4985) declara que a principios de abril de 1978 compartió su detención en este Centro con veintidós compatriotas,- quienes le relataron haber estado recluidos en el Pozo de Bánfield donde fueron torturados por oficiales de OCOA. Tanto el tema de los interrogatorios como los métodos de tortura ponen en evidencia que los mismos actuaban también en Quilmes.

El reconocimiento del «Pozo de Quilmes», actualmente ocupado en parte por la Brigada Femenina de la Policía Provincial, fue realizado por la CONADEP el 18 de mayo de 1984, junto con una decena de testigos, quienes ubicaron con precisión los sitios donde habían estado detenidos, tanto más cuanto que algunos guardias les permitían bajarse las vendas de los ojos.

La Sra. María Kubik de Marcoff señaló el lugar donde había visto por última vez a su hija, quien en ese momento había alcanzado a susurrarle:

«Me dijeron que si no hablaba, te llevarían a vos y al abuelo».

Rubén Shell recordó:

«Los calabozos no estaban pintados por dentro como ahora, eran simplemente de cemento gris. Yo había hecho una inscripción en el mío que todavía está allí. Incluso reconozco otras inscripciones que ahora veo en las paredes».

También Alfredo Maly descubre raspando la pintura nueva de la pared de su celda las marcas que él había hecho durante su cautiverio.

Todos los testigos reconocen la entrada por la que se ingresaba al Centro desde el garaje, aunque el portón está actualmente modificado, sin que hayan desaparecido las huellas de los rieles por los que anteriormente corría. Oculta actualmente por un tabique de cemento, está aún la escalera tipo caracol que comunicaba el garaje, la sala de admisión y el «quirófano», con el resto de las instalaciones.

Un mes antes, el 18 de abril de 1984, la Comisión efectuó una inspección en la actual Brigada de Homicidios de Bánfield, verificando que allí funcionó el antiguo Centro Clandestino llamado «Pozo de Bánfield»

Una de las funciones del «Pozo de Bánfield» fue la de albergar a detenidas durante los últimos meses de embarazo, disponiéndose luego de los recién nacidos, que eran separados de sus madres.

En cuanto a la Brigada de Investigaciones, conocida en la jerga de los represores como «la casita», no solamente constituyó una instancia de admisión, tortura y detención temporaria para un gran número de desaparecidos, sino que también sirvió para llevar a cabo una «experiencia piloto», con detenidos que permanecieron allí a lo largo de un año bajo un régimen especial en razón de la colaboración que podían prestar a la actividad represiva dentro del área 113. Todo parece indicar, no obstante, que esta experiencia limitada a siete personas terminó en un fracaso, y que la suerte corrida por el grupo seleccionado no difirió de la sufrida por la inmensa mayoría de los desaparecidos cuya vida quedó definitivamente a merced de sus captores.

La experiencia se inicia a los pocos meses del secuestro - en la ciudad de La Plata - de siete estudiantes universitarios o jóvenes graduados (Legajos N° 2582-2835-2820-2818).

Sus familiares fueron informados por el Comisario Nogara que estaban detenidos en la Brigada de Investigaciones (Legajos N° 2818-2821-2822-2852-2853), e incluso autorizados a visitarlos, siempre con la recomendación de guardar estricta reserva. Después de un año, cuando la experiencia estaba próxima a culminar, se solicitó a los respectivos padres una suma de dinero, para que al ser liberados clandestinamente los detenidos pudieran viajar al exterior. Incluso uno de ellos fue llevado ante un escribano para autorizar la salida del país a su hijito y de un automóvil de su propiedad.

Ofició como intermediario de estas tramitaciones el padre Cristían Von Wernich (Legajos N° 6893-683- 1277-3944-2818-2820-2821-2822-2852), capellán de la Policía provincial, quien visitaba asiduamente a los jóvenes, y bautizó al hijo de una detenida, nacido en el Centro Clandestino, antes de entregarlo a sus abuelos. Estos jóvenes continúan desaparecidos, presumiéndose que han sido asesinados en un simulacro montado por sus captores, quienes fraguaron la falsa salida al exterior de los mismos.

Otro de los Campos pertenecientes a este circuito funcionaba en la localidad de Lisandro Olmos, cerca de la ciudad de La Plata, en la antigua planta transmisora de Radio Provincia. Era conocido como el Casco y también como «La Cacha», aludiendo a un personaje televisivo, «La bruja Cachavacha» que hacía desaparecer a la gente. Es un edificio de tres plantas que podía albergar a unos cincuenta prisioneros.

El 20 de julio de 1984 miembros de la CONADEP acompañados de varios testigos realizaron una inspección ocular. Pudieron constatar que el edificio principal ha sido demolido, pero se mantiene en pie el lugar destinado a los interrogatorios. Las señoras Nelva Méndez de Falcone (Legajo N° 3021) y Ana María Caracoche (Legajo N° 6392) descubren luego de remover ligeramente un montículo visible a varios metros de distancia, varios jarritos con el sello del Regimiento 7, en los que les daban la comida, así como algunos carreteles de porcelana de alambre de cobre arrollado, que habían visto durante su detención en «La Cacha». También fueron reconocidas unas estructuras de hierro con alambre, que servían de «boxes» para evitar la comunicación de los detenidos entre ellos.

Unos cien metros más adelante pudo constatarse la existencia de dos cavidades de aproximadamente cinco metros por tres, y de un metro veinte de profundidad cada una, que coinciden con el lugar donde estuvieron los sótanos del edificio. Alli también encuentran una baldosa blancuzca con dibujos rojos, que conducía al baño y cocina; por último un cartel con la leyenda «Area Restringida».

Otros testimonios registrados en la CONADEP establecen que el funcionamiento del C.C.D. estaba a cargo de integrantes de las diversas fuerzas de seguridad que operaban en el área 113, es decir, Ejército, Armada, Servicio Penitenciario y SIDE, y por supuesto, Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El traslado de y hacia otros centros era continuo y las legalizaciones se operaban frecuentemente a través de las comisarías de La Plata, pero otras veces los detenidos eran depositados mucho más lejos, en seccionales policiales de Avellaneda, Lanús o del conurbano oeste.

El circuito del área 113 se completó con el «Pozo de Arana».

«Cuando llegué alll, creí que era la entrada al infierno. Los guardias me empujaban de un lado al otro, como jugando al "ping pong"; escuchaba los gritos desgarradores de los torturados y ve a constantemene pasar gente camino a la máquina». (Pedro Augusto Goin, Legajo N° 2846).

Durante el reconocimiento efectuado por la Comisión el 24 de febrero de 1984, los testigos ubicaron perfectamente tanto el entorno físico, en las cercanías de las vías del ferrocarr i l , como cada uno de los detalles del edificio, actualmente ocupado por el Destacamento Policial de Arana, dependiente de la Comisaría 5ta. de La Plata. Esa conexión también existió mientras funcionaba como C.C.D., según surge de varios de los testimonios:

«Tuvimos conocimiento de que el Dr. Fanjul Mahía - dicen sus familiares - estuvo secuestrado en la Brigada de Investigaciones de La Plata; de allí fue llevado a la Comisaría Sta. donde permaneció por varios meses. Posteriormente fue visto en Arana, en la Brigada de Investigaciones, y de nuevo en Arana, donde se pierde su rastro» (Legajo N° 2680).

Por la ubicación del centro en un paraje descampado, el mismo parece haber sido utilizado en forma habitual para ejecuciones. Hay testimonios que señalan el ruido frecuente de disparos, y un liberado que tuvo ocasión de recorrer el lugar, señaló la presencia de impactos de bala en algunas paredes.

«Fui secuestrado a la una de la mañana, en el domicilio de mis padres, por personal militar al mando del Capitán Bermúdez. Me llevaron a Arana, para ser interrogado y torturado. En ese lugar pasaba gran cantidad de gente, especialmente durante la noche. Eran frecuentes los comentarios de los guardias "ése es boleta»" (Néstor Busso - Legajo N° 2095).

Es precisamente a partir de testimonios ofrecidos por dos ex agentes de Policía de la Provincia de Buenos Aires que puede reconstruirse el procedimiento que empleaban para hacer desaparecer los restos de los detenidos que eran asesinados en el propio campo:

«Se los enterraba en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados, disimulando el olor característico de la quema de carne humana, incinerando simultaneamente neumáticos»(...) (Legajo N° 1028).

Por su parte Juan Carlos Urquiza, quien se desempeñaba como chofer del Comisario Verdún, manifestó ante la Comisión, que si bien no puede considerarse al Pozo de Arana especificamente como campo de «liquidación final», él tiene elementos para asegurar - merced al conocimiento que del manejo del campo le proporcionaba su posición al servicio de uno de los responsables del circuito -, que allí se realizaban frecuentes ejecuciones, más allá de las muertes ocurridas durante las sesiones de tortura:

«A la fosa que había la lamaban "capacha" y en otros campos pude ver otras similares. Eran pozos rectangulares de dos metros de largo por sesenta centímetros de profundidad. Allí ponían los cuerpos, los rociaban con gas oil y los quemaban» (Legajo N° 719).